La voz ciudadana contra el empecinamiento del poder

Pocas veces se han desarrollado expresiones sociales como la del domingo 26 de febrero, cuando en diferentes proporciones la sociedad civil se expresó de forma clara y contundente respecto a los intentos que se generan desde el poder para transformar una institución como el INE, convirtiéndola en extensión de operación del partido en el poder, eliminando la autonomía y el esquema de operación que este instituto ciudadano ha puesto en funciones desde 1996 para ofrecer profesionalismo y certidumbre en los procesos electorales.

Es de llamar la atención el hecho de que la manifestación se estableció con una finalidad específica, la defensa del Instituto Nacional Electoral, esto es, no en favor de partido alguno, sino del mantenimiento estructural de la dinámica generadora de certidumbre en los procesos electorales, a través de un órgano ciudadano que ofrezca certidumbre institucional y, con ello, eliminar el viejo lastre que se vivió durante otras épocas, también de corte autoritario, en nuestro país.

Los proyectos de reformas a leyes específicas emitidos por el Poder Ejecutivo federal, contienen, entre otras cosas, suprimir 85 por ciento de las plazas de profesionales en la realización de las elecciones. Al mismo tiempo se reduce la estructura territorial al eliminar 300 juntas distritales en todo el país. Se trata de las estructuras que ponen en funcionamiento todo el entramado electoral que implica la organización ciudadana para recibir, organizar, desarrollar y concluir el proceso electoral

Nuevamente, desde una perspectiva ciudadana, se exige la auténtica autonomía de los poderes, siendo el Judicial el poder en el que recaerá la responsabilidad de determinar la constitucionalidad de los proyectos de reforma de ley en cuanto éstas sean publicadas por el Ejecutivo en todos sus componentes de operación sin la participación de órganos de gobierno o de partidos políticos. Ahí radica, en buena parte, la certidumbre que se ofrece para garantizar jornadas electorales objetivas y confiables.

El principal mensaje que se desprendió de la manifestación es uno en el que se exige la intervención decidida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es donde radicará una parte sustancial en este complejo proceso. Las iniciativas presidenciales ya pasaron por el procesamiento en el Congreso de la Unión, con mayorías del partido en el poder y fueron aprobadas. El gran punto consiste en las discrepancias de fondo con los propios preceptos constitucionales que definen las características de función y operación del INE, dejándolo como un órgano ciudadano autónomo, es decir, con autonomía de operación y autonomía de decisión.

Nuevamente, desde una perspectiva ciudadana, se exige la auténtica autonomía de los poderes, siendo el Judicial el poder en el que recaerá la responsabilidad de determinar la constitucionalidad de los proyectos de reforma de ley en cuanto éstas sean publicadas por el Ejecutivo.

El gran reto será saber si el peso de la construcción institucional que se ha forjado en los últimos tres decenios, logra superar la prueba de volver el control electoral a un partido en el poder. Por otra parte, además de la SCJN, el mensaje es para los partidos de oposición, en la medida en que hasta este momento no han logrado establecer, separada o conjuntamente, un esquema que permita vislumbrar escenarios que convenzan a los ciudadanos de tener una conducción acorde con los intereses ciudadanos, vistos en la pluralidad de opiniones en las que se compone la sociedad.

El gran reto que se plantea a mediano plazo es revisar la relevancia de la representación política en nuestro país, es decir, examinar el funcionamiento y operación de los partidos políticos para poder comprender, con mucha precisión, a qué responden y en qué están sustentados. El instituto electoral es solamente parte del análisis profundo al que, según parece, ni a gobierno ni a partidos les interesa mucho desarrollar, aunque sí se expresa un interés diferente de la sociedad civil.

Hay una presunta línea criminal en el incendio de Volcanes, del bosque La Primavera, acaecido la semana pasada. Pero al gobernador Enrique Alfaro le parece irresistible suponer que todo se debe a sus enemigos políticos, “como ha ocurrido en el pasado”; pues señala que alguien lo puede querer perjudicar al quemar con llantas el bosque, de forma deliberada. Pudiera ser, hay que esperar la investigación y las pruebas de la Fiscalía.

Pero llama la atención la escasa posibilidad que el mandatario jalisciense le da al azar, como si sus enemigos fueran tan poderosos, tan omnipresentes, tan ubicuos... y tan torpes como para también perjudicarse al quemar un bosque que llenará de humo sus pulmones. La Navaja de Occam es una forma de argumentar propia de la escolástica medieval, y provee una muy sana consideración: por lo general, la explicación más sencilla es la correcta. Y lo más sencillo es que un conjunto de azares y la idiotez de uno o más parroquianos haya generado el cuadro... pero es poco emocionante, hay que aceptarlo.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Quirino Velázquez, fue enfático en advertir que hasta hoy se definiría si habría reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, y que sólo si se amarran consensos con los trabajadores. Pero, hasta ayer, según el líder de la Fesijal, Juan José Hernández Rodríguez, consenso no hay. Se buscó a Velázquez para saber si mantenía su dicho, pero estaba muy ocupado con otros temas y pareciera que el tema ya no le quita el sueño. Así que esta Legislatura podría patear la reforma a la siguiente; incluso dicen le pasarían la bolita al próximo gobernador, al cabo aún hay instituto para rato y que el problemón, pos que sea de otros.

La nómina del Congreso local sigue siendo obesa y hoy será la prueba de fuego para ver si hay voluntad política para disminuirla, porque se aprobará la distribución del gasto. Si los diputados no establecen programas para hacerlo o se refleja en el presupuesto de egresos alguna disminución, sólo será jarabe de pico. Ni siquiera quieren aprobar el acuerdo de congelar las plazas de base, porque actualmente se las siguen repartiendo entre fracciones, secretaría general y sindicato mayoritario. Las ocupan con interinatos y ahí es donde reparten a los cuates.

Con estas mañas no hay para cuándo vayan a hacer efectivo un recorte. Los trabajadores temen que sólo a los de base les reduzcan el salario, les cambien el nombramiento y los jubilen anticipadamente, pero sin condiciones atractivas; aunque los sindicatos se montaron en su macho de que no lo van a permitir. Falta ver si los dos sindicatos están en la misma postura o uno ya cedió.

Las medidas de seguridad en la Universidad de Guadalajara (UdeG) se están revisando, revalorando y reajustando. El acceso a los planteles y a las áreas colectivas está en la agenda, además de otras medidas como el cambio de horario para entrar, como en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud o el uso de tecnología digital que permita un buen control. Por ahora se refuerza la seguridad en la Preparatoria Jalisco, luego de que la semana pasada un ex alumno agrediera sexualmente dentro del plantel a una estudiante. El atacante fue detenido. Un grupo de alumnos se manifestó con carteles. Donde los riesgos continúan es en el exterior de la universidad, con acosos sexuales y asaltos. El miedo social se extiende por las calles de Jalisco.

Empieza la cacería… recaudatoria. Mañana comenzarán los operativos de multas a quienes no verificaron en enero y febrero los vehículos con placas terminadas en 1. Que un centenar de agentes viales ya están prestos, con boletas de infracción en mano.

TEQUILA

CRT invertirá $8 millones en centro de investigación

LAURO RODRÍGUEZ GUADALAJARA

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) anunció una inversión de 8 millones de pesos (mdp) en la creación del Consorcio de Investigación por la Sustentabilidad del Agave-Tequila, espacio que tendrá como finalidad generar información que ayude a innovar tecnológicamente para fortalecer la sustentabilidad de la agroindustria.

El consorcio de investigación operará bajo proyectos. La convocatoria para la recepción de propuestas será lanzada en marzo y podrán participar todos aquellos que estén relacionados con temas ambientales, sociales y económicos, como el tratamiento de vinazas, la no deforestación, la captura de carbono por agave, la reutilización del bagazo, prácticas agrícolas sustentables, modelos de planeación estratégica del agave y análisis y proyección de la cadena agave-tequila.

“Estamos convencidos que de la mano de los gobiernos estatales que conforman la Denominación de Origen Tequila, la agroindustria, las universidades, los centros de investigación y los organismos público y privados, podemos fortalecer y seguir posicionando a nuestro tequila como un producto sostenible en todo el mundo”, mencionó en su intervención el presidente del CRT, Miguel Ángel Domínguez Morales

Para la gestión y operación del consorcio se contará con dos comités que garantizarán la ejecución, seguimiento y cumplimiento de los proyectos seleccionados: el Comité de Evaluación de Pertinencia y el Comité de Evaluación de Proyectos, mientras que el Consejo Regulador del Tequila será el responsable de la gestión administrativa.

Los beneficiarios de los proyectos que resulten seleccionados firmarán un convenio de colaboración en el que se establecerán los términos y condiciones, los objetivos, las acciones concretas a realizar, los calendarios de actividades, los presupuestos requeridos y cualquier otra cuestión que resulte necesaria para la ejecución del proyecto.

El consorcio forma parte de la estrategia de sustentabilidad para la cadena agave-tequila que impulsa el CRT y plantea metas para el año 2030, como reducir la huella de carbono directa por unidad de tequila producido en un 25 por ciento, entre otras.

Estamos convencidos que de la mano de los gobiernos estatales que conforman la Denominación de Origen Tequila (…) podemos fortalecer y seguir posicionando a nuestro tequila como un producto sostenible en todo el mundo”

MIGUEL ÁNGEL

DOMÍNGUEZ MORALES

PRESIDENTE DEL CRT

BAJA. El gasto 2023 del Congreso local quedaría en 909.9 millones de pesos.

MODALIDAD. El centro de investigación operará bajo proyectos.