El gran inamovible

Una agenda abandonada por esta administración estatal ha sido el sistema penitenciario.

A la clase política no le importan las personas privadas de libertad (PPL) y esto tiene que ver esencialmente porque este tema no es atractivo para la obtención de votos.

Debemos comprender que el sistema de justicia penal cuenta con grandes deficiencias y, derivadas de ellas, se encuentran personas inocentes en la cárcel; se dice que son las y los pobres los que se encuentran privados de su libertad al no contar con recurso económico para la contratación de una defensa técnica y adecuada particular, además no pueden pagar actos de corrupción a juezas y jueces, en todo caso la reinserción social es inexistente. Las cárceles en Jalisco son lugares en los que de manera sistemática se violan los derechos humanos de las PPL, de sus familias, visitantes y de las personas que laboran en el complejo penitenciario.

Según la Encuesta de Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, se estima que la población privada de la libertad en el estado durante 2021 fue de 13.4 mil personas, de las cuales 95.7 por ciento son hombres y 4.3 por ciento son mujeres. Se estima que 28.3 por ciento de las PPL pagó dentro del centro penitenciario por tener dispositivos electrónicos de comunicación; 7.7 por ciento de las PPL señaló que ha visto situaciones de internos que realizan actividades de autogobierno y/o cogobierno.

Justo estos datos reflejan la realidad que se vive en el complejo penitenciario de Puente Grande y de diferentes incidentes como la comisión de homicidios dolosos en contra de PPL por internos, el autogobierno que impera particularmente en el reclusorio metropolitano y el preventivo, a la sustracción de mujeres privadas de la libertad para llevarlas a participar en fiestas al preventivo con internos hombres y regresarlas en estado de ebriedad, y recientemente mujeres custodias violadas por internos a complacencia de autoridades penitenciarias, esto último negado fehacientemente por el gobernador del estado y por el director de Prevención y Reinserción Social; sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares ante la investigación que se realiza y con ello se suspendió a dos servidores públicos.

Aún con todos estos acontecimientos el director de Reinserción Social no ha sido separado de su cargo. La gran pregunta es ¿por qué es el gran inamovible de esta administración? Una hipótesis justo es que quienes designan quién se queda o se va son los líderes pertenecientes a cárteles de la delincuencia organizada, quienes ejercen el autogobierno; son ellos los que verdaderamente manejan los centros de reclusión, por ello para mantener al titular del sistema penitenciario a pesar de muertes y violaciones al interior del complejo penitenciario se requiere del aval de ellos.

Es preciso decir que todo al interior de Puente Grande es un ministerio ante la amenaza que existe hacia las personas que laboran ahí, particularmente en el caso de las custodias. Sus condiciones laborales son sumamente complejas, se enfrentan al acoso sexual, a extenuantes jornadas laborales, a la intimidación de ser reubicadas a centros de justicia integral al interior del estado, a la incomunicación y a la ausencia de protocolos de protección. Por ello no resulta sorprendente que en la “investigación interna” que, se dice, se realizó por parte de las autoridades penitenciarias, ninguna de las mujeres custodias transgredidas sexualmente se haya atrevido a denunciar, y es que no existen las condiciones de garantía para ellas; al contrario, existen los obstáculos institucionales y la intimidación de perder su trabajo si se atreven a alzar la voz. Se requiere entonces crear las condiciones de seguridad y protección a las mujeres que laboran en las áreas administrativas, técnicas y operativas, pero sobre todo se necesita urgentemente que sea removido de su cargo el titular de Reinserción Social y que el Ejecutivo estatal se tome en serio la agenda del sistema penitenciario.

Desde La Dignidad

ANNA KAROLINA CHIMIAK anna.chimiak@gmail.com

Herramientas para la verdad

En Jalisco nunca ha habido certeza sobre la estadística oficial de personas desaparecidas. Los errores, las discrepancias y la desactualización de registros, la manipulación de cifras para presentar una realidad distinta o la opacidad y negativas de compartir información vía transparencia, año tras año sólo han reafirmado el uso político y manipulado de registros, sin dimensionar sus funciones.

Los registros de personas desaparecidas son herramientas clave para la búsqueda de personas desaparecidas, así como los procesos de investigación y acciones de prevención. En lo particular han servido para generar acciones de búsqueda generalizada, un tipo de búsqueda establecida en el Protocolo Homologado de Búsqueda, que se basa en la recopilación, organización y cotejo sistemático de información, incluidos los cruces masivos entre distintas bases de datos, partiendo de la pregunta ¿quiénes están aquí?

Estos registros también tienen un rol fundamental para entender lo que está pasando y generar diagnósticos confiables sobre la situación. Conocer la información concentrada ha posibilitado la rendición de cuentas, construcción de memoria colectiva, contrastar los discursos que minimizan la problemática y contribuir a su reconocimiento oficial y social. Además, facilitan la identificación de patrones o características de las víctimas, sentando bases para la construcción de políticas públicas como medidas de no repetición.

En marzo del año pasado se detectó una reducción considerable del número de personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), situación que alertó y generó preocupación sobre el manejo de los registros por parte de las autoridades y su intención de manipular la estadística. A partir de lo ocurrido, los colectivos de familias, el Cepad y el Consejo Ciudadano de Búsqueda han realizado una serie de acciones públicas de exigencia a fin de aclarar la situación y abonar a la certidumbre sobre los datos.

Desde entonces, el gobierno de Jalisco emprendió acciones encaminadas a la “consolidación estadística” mediante la verificación y los cruces de información de los registros. Durante este proceso se han detectado casos de duplicados o reincidentes, errores en las capturas de registro o información desactualizada y de poca calidad. Estas deficiencias se deben tanto a malas prácticas al introducir la información, como también a las fallas en las metodologías y diseño de los registros, particularmente del Rnpdno.

Es importante recordar que en Jalisco desde el 4 de junio de 2021 sigue pendiente la construcción del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, proceso en el que es necesario considerar las lecciones aprendidas. Dicho registro debe estar interconectado con otras herramientas de búsqueda, actualizado en tiempo real por el personal capacitado y contar con una versión pública, accesible y abierta para su consulta y verificación. Debido a la relevancia de este registro y el retraso generado, resulta fundamental que pronto sea público y que cuente con las características mencionadas. El proceso de consolidación de las cifras fue socializado con el Consejo Ciudadano de Búsqueda, que ha reconocido la disposición de la Comisión de Búsqueda de Jalisco para transparentar y brindar seguridad sobre la actividad realizada. Sin embargo, para avalar estas acciones queda pendiente que se cumplan los acuerdos sostenidos, mismos que buscan que haya más certeza mediante la revisión del proceso y de constancias de localizaciones, así como la participación en las reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda. A pesar de los esfuerzos de consolidación y verificación de los registros, la desconfianza en las cifras es un reto que persiste. La recuperación de la credibilidad es un proceso de largo aliento; sin embargo, frente a décadas de resistencias de compartir la información, un proceso socializado y transparente puede detonar un cambio. Toca que se transformen las bases de datos para que realmente puedan cumplir con sus funciones y, en vez de ser instrumentos de propaganda, puedan convertirse en herramientas efectivas para la verdad y la justicia que miles de víctimas anhelan.

Apenas el pasado viernes 24 de febrero, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que no se hacía política con el medio ambiente, tras felicitar a los 300 brigadistas que combatieron el fuego en el bosque La Primavera. Tal vez sea confesión de parte, porque si algo debemos señalar con los magros presupuestos que tienen los temas ambientales, es que no alcanzan un estatus pleno de política. En el caso de La Primavera es más dramático porque, como todo lo ambiental, está vinculado a la salud de los seres humanos; y aquí está en juego la calidad de vida de 5.3 millones de personas. De manera que sería muy sano que sí se pusieran a hacer política ambiental verdadera. Empezar por invertir más en un bosque cuyo beneficio económico para la urbe tapatía es desmesurado. Y para el propio combate de incendios que sí merece tener más dinero que los espectáculos y las promociones de dudoso buen gusto, en los que aplican tanto presupuesto público. v v v

Uno de los mensajes que mandó la Plaza Liberación al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que Jalisco, aparentemente, se mantiene como bastión opositor a su gobierno. Al menos eso parecen decir los manifestantes, en su mayor parte de las clases medias profesionales y comerciantes que suelen ser históricamente músculo de esta ciudad. La calidad de los gobiernos locales pasa a segundo término. El tapatío, como lo fue hace un siglo, es reacio a los extremos ideológicos; cree hasta cierto punto en la autoridad mientras ésta no invada sus espacios privados, y mira con desconfianza las políticas sociales y el excesivo celo fiscal.

Vimos pocos, y fueron muy discretos, los políticos presentes en la manifestación. Por ahí se vio, por ejemplo, al ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña. El Grupo UdeG, a través del partido Hagamos, hizo alharaca; algunos activistas blanquiazules incluso se presentaron al estrado, como Santiago Baeza, pero en general el perfil fue discreto. Los ciudadanos no se sintieron atosigados, aunque los viandantes de la Vía RecreActiva y los asistentes al concierto del Teatro Degollado, entre ellos algunos morenistas, solamente observaban. Eso sí, la oposición anti4T y antiPlan B, mostró mejores bíceps movilizadores. Un ejemplo es el Zócalo repleto de la Ciudad de México.

En los partidos ya empezó a calentarse la contienda. El sábado pasado se destapó el coordinador de los diputados locales del PRI, Hugo Contreras, quien ante unos 400 priistas reunidos en Tecolotlán confirmó que quiere que lo tomen en cuenta para la candidatura al gobierno estatal. Así que a la promoción que la dirigente estatal Laura Haro y su equipo hacen para asegurar que la candidatura será para una mujer, se suma el diputado guzmanense.

El 28 de febrero es la fecha fatal para que los diputados locales aprueben la distribución del gasto de 2023, y aunque apenas presentaron el proyecto es notorio que no hay reducción en nómina. Si bien aún no se establece un plan de retiro voluntario, jubilación anticipada o retiros con opción a pago, la nómina aumenta 11 mdp y sólo mantienen estáticas las partidas de sueldos de legisladores y de honorarios. De tener voluntad política, ya estarían cuadrando todo para cuando aprueben el gasto. Si estuvieran de acuerdo en un recorte, ya habrían convencido a los sindicatos y empezado por su personal supernumerario, para poner el ejemplo. Los empleados de base se quejan y se alarman porque prevén que la tijera sólo los recorte a ellos y no a los eventuales, que casi los duplican en la nómina. La queja principal de los legisladores es que ese personal de base sólo quiere trabajar su horario, no da el extra de laborar hasta tarde y que sólo pueden confiar en la gente que ellos meten. ¿Serááááááááá?

GUADALAJARA

Sin socializar, ponen topes en la colonia

Independencia

EDGAR FLORES GUADALAJARA

De un día para otro en la calle Sierra Nevada al cruce con Monte Albán, en la colonia Independencia, en Guadalajara, se colocaron dos nuevos topes. A la fecha nadie sabe quién los instaló ni el motivo, pero ya generan molestias.

Locatarios y vecinos aceptaron que la zona es de gran afluencia de peatones, pero recordaron que desde hace más de 20 años ya hay dos topes que previenen accidentes y exceso de velocidad.

Con los dos nuevos reductores de velocidad, en un tramo no mayor a 100 metros ya hay cuatro en total, lo que genera conflictos viales debido a que por Sierra Madre también transitan unidades de transporte público.

Aunado al tráfico, los topes se instalaron sin ningún tipo de balizamiento, lo que ya provocó daños en al menos cinco vehículos. Cruzaron sin haberlos visto y sufrieron afectaciones en rines y suspensión.

“Aparecieron de un día para otro y ni cuenta nos dimos de que los instalaron, ya había dos topes y no era necesario instalar dos más con diferencia de 20 metros cada uno. O sea, ya son cuatro que no tienen razón de ser, lo único que generan es que los peatones ahora sí de plano no puedan cruzar del templo hacia la otra banqueta”, compartió don Luis, locatario de la zona desde hace más de 20 años.

Si los reductores de velocidad no son retirados, los vecinos pidieron que al menos se balicen para prevenir accidentes.

“Lo que pasa es que quienes comúnmente transitan por aquí no sabían que los topes estaban, luego de repente aparecen de la noche a la mañana y se lo saltan, o hacen frenar repentinamente y eso ya ocasionó un choque por alcance”, aseveró la señora Margarita, vecina de la zona.

Aparecieron de un día para otro y ni cuenta nos dimos de que los instalaron, ya había dos topes y no era necesario instalar dos más con diferencia de 20 metros cada uno”

LUIS

LOCATARIO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA

AFECTACIÓN. Al no estar balizados, los topes ya generaron daños a vehículos.

SE REÚNEN. En la protesta hubo gente de todas las procedencias sociales, pero predominaron los de las clases medias.