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Ya de plano el gobierno de Jalisco ni el intento hace por atender la crisis forense y de desaparecidos. El gobernador Enrique Alfaro afirma (asegura, se afana, reitera) que año con año dan y dan más presupuesto, pero es claro que este no es suficiente, pues no se avanza; por el contrario, en 2022 se tuvieron peores resultados en un tema clave: la identificación de cadáveres encontrados.

Eso sí, arrancó operaciones el Centro de Identificación Humana; sí, también hubo más presupuesto; sí, se contrató más gente, pero no están identificando a los desaparecidos que, lamentablemente, terminan en una fosa clandestina. El año pasado solo cuatro de cada 10 cuerpos encontrados en puntos ilegales de inhumación fueron identificados. Así, la crisis forense solo se agravará más, alargando el dolor de miles de familias.

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Y en más de lo mismo, las dependencias que previenen y atienden a las víctimas de violencia, principalmente mujeres, operan por gracia de Dios, pues el presupuesto no alcanza. En una encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica, las dependencias reconocieron que falta personal, las instalaciones no son las aptas, el dinero no alcanza y, en muchas ocasiones, ni siquiera tienen recursos propios. Esto se acentúa fuera de la zona metropolitana. Así es como se atiende la violencia de género, la familiar y sexual en el estado, sin recursos, sostenida de alfileres y a fuerza de rezos, porque a las autoridades no hay modo de encomendarnos.

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Se abrió un nuevo capítulo sobre la polémica crisis de la basura en la ciudad.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente admitió una denuncia popular contra la ampliación del basurero de Picachos, que administra el Ayuntamiento de Zapopan.