Juez ordena juicio oral contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

MÉXICO._ La apertura de juicio oral en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionados al caso Odebrecht, fue ordenada el lunes por Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La Fiscalía General de la República formalizó su solicitud de imponer una pena 46 años y 6 meses de prisión a Lozoya Austin e interpuso un recurso de apelación por la exclusión que hizo el juez de diversos elementos probatorios clave en el caso, que fueron presentados por la defensa del ex funcionario federal, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, quien explicó que con dicho recurso y un amparo presentado, se suspendía la materialización del auto de apertura del juicio oral.

El litigante explicó que el amparo tenía como propósito que se definiera cuál institución tenía la personalidad jurídica para ser la receptora de los fondos que suponen la reparación del daño al erario público, con el fin de ratificar la voluntad resarcitoria de Lozoya Austin a las instituciones del Estado y seguir colaborando con las autoridades. Durante la audiencia intermedia, la defensa del ex director general de Pemex pidió cancelar 48 de los 67 datos y medios de prueba que ofreció la FGR para el juicio y logró que el juez excluyera 21 por ilícitas y cancelara 12 en forma parcial. Por su parte, la FGR pidió excluir 28 de las 38 pruebas que presentó Lozoya Austin en su descargo, pero Alarcón López rechazó todas las solicitudes.

Ontiveros Alonso dijo que, además de promover un amparo, su cliente reiteró su petición para que la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaran un acuerdo reparatorio y con ello

Rechaza FGR acuerdo reparatorio con Lozoya; pide 46 años de prisión

MÉXICO._ Durante la audiencia intermedia, llevada a cabo el 10 de marzo de 2022, para desahogar pruebas por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó llegar a un acuerdo reparatorio con Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que pidió Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ir a juicio e imponer una pena 46 años y 6 meses de prisión, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. La defensa del ex funcionario federal, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, había anunciado que buscarían llegar a un acuerdo reparatorio con la institución de procuración de justicia -cuyo titular es

Alejandro Gertz Manero-, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Pemex, por un total de 200 millones de pesos por el caso de Odebrecht y buscar un criterio de oportunidad, a fin de continuar colaborando con las autoridades.

Casi al mediodía, el litigante defensor declaró ante los repre- evitar el juicio por los delitos que se le imputaban a Lozoya Austin no solo en el caso Odebrecht, sino por el caso Agronitrogenados. Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte ordenó notificar, en un plazo de cinco días, a un tribunal de enjuiciamiento, para que fije fecha para el juicio del ex funcionario. Por su parte, los fiscales federales anunciaron a Alarcón López sentantes de medios de comunicación, que Lozoya Austin solicitaría que se fijar una fecha y hora para firmar el convenio con el que se comprometería a pagar más de 200 millones de pesos por concepto de reparación del daño al erario público. que apelarán su decisión, en la que declaró ilegales y excluyó la información bancaria entregada por Suiza y Brasil para juzgar a Lozoya Austin por el caso Odebrecht.

“La postura del señor Emilio Lozoya Austin es que se solicitará que se fije fecha y hora para los efectos de la firma del convenio de reparación del daño a favor de las instituciones del Estado, que han señalado montos específicos”, dijo el abogado.

Por su parte, Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, determinó que era ilegal toda la información financiera que entregó Suiza a México, para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director general de PEMEX, porque no había pruebas de que los helvéticos obtuvieron los datos mediante orden judicial.

En el caso Odebrecht, la FGR pidió imponerle a Lozoya 46 años con 6 meses de prisión, la inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos públicos, el pago de una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares y una multa de 7 mil 950 días, equivalente a 87 millones 252 mil 442.

La Fiscalía General de la República pide a Lozoya Austin una reparación del daño de un millón 385 mil dólares por el delito de lavado de dinero; y, de 5 millones 951 mil dólares por el delito cohecho, ambos relacionados con el caso Odebrecht.

Molina, durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE.

“Hay un que punto que no es ocioso resaltar, los litigios del 17 transitorio no son simples controversias jurídicas por la persona o la permanencia o no en un cargo público, tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un estado de Derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios, así como los derechos humanos conferidos para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos”, agregó. “Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales erosiona progresivamente la función social de derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa; deberemos esperar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] definan si la reforma electoral se apega o no al marco constitucional, de ello dependerá la forma en la que se organicen las elecciones”.

MÉXICO._ El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Gobierno de Israel de proteger a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos, todos relacionados con el caso Ayotzinapa. El ex funcionario federal está acusado de ser uno de los artífices de la “verdad histórica“, la versión presuntamente fabricada por las autoridades mexicanas para encubrir la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. “Hacemos un llamado a las autoridades de Israel, porque están protegiendo al señor Zerón, que participó en México en fabricar los supuestos hechos en los que desaparecieron a jóvenes de Ayotzinapa. Él fue uno de los que participó en la llamada verdad histórica, y él tuvo que ver con torturas que hicieron”, señaló López Obrador. México solicitó la extradición de Zerón de Lucio desde que se refugió en Israel, pese a que ambos países no tienen tratados en dicha materia.

Madre de Lozoya critica no actúen contra EPN

MÉXICO._ Gilda Margarita

Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, cuestionó a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque presume tener pruebas de la presunta corrupción del ex Presidente Enrique Peña Nieto y no procede en su contra. En videoconferencia, durante la audiencia intermedia presidida por Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la mujer dio lectura a una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que criticó que su hijo estuviera preso y no los ex funcionarios y legisladores a los que denunció. En su misiva, Austin y Solís manifestó al Mandatario que seguía sin saber por qué hace un año el Gobierno federal reculó cuando estaba a punto de firmarse un acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad que significa la suspensión condicional de los procesos, así como la libertad para ella y su hijo.

“Señor Presidente: ¿Por qué mi hijo siendo testigo colaborador y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, está en la cárcel? Y ¿por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer?”, preguntó Austin y Solís al final de la audiencia intermedia.

“¿por qué señor presidente, si en más de dos ocasiones, también en la mañanera, el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes en contra del ex presidente Peña Nieto y no se ha procedido, dejando pasar un tiempo muy valioso?, dijo.