Mineras esconden daño que hacen a comunidades: estudio

Más de la mitad de las operaciones mineras metálicas en el país operan sin que exista ni un sólo reporte en los últimos 17 años de las emisiones de contaminantes en agua, aire, suelo o por manejo o disposición final

Detractores utilizan ‘datos inflados’

Esta semana, la calificadora Moody’s indicó que de ser aprobada la propuesta de reformas, se aumentaría la carga regulatoria de los productores y podría forzar a empresas mineras a buscar otros países para invertir. Opositores a la iniciativa han indicado que estas medidas podrían desalentar la inversión del sector minero en México, lo cual no sólo resultaría en menos empleos, sino afectaciones a la contribución de este sector al Producto Interno Bruto del país.

Sin embargo, Merino recalcó la importancia de que exista una regulación para que no persistan infracciones a la Constitución mexicana, que ya contempla el derecho a los pueblos indígenas a decidir sobre sus tierras; a los convenios internacionales suscritos por México, ni las violaciones a derechos humanos.

Las concesiones mineras sólo tendrían una vigencia de 15 años bajo esta nueva ley.

Se ha documentado ampliamente que la actividad minera en comunidades puede resultar en conflictos socioambientales, mientras que ambientalistas que se han opuesto a ésta han sido atacados e incluso han sido desaparecidos o hallados sin vida, como fue el caso reciente de Eustacio Alcalá en Michoacán, reportado como desaparecido el 1 de abril y encontrado muerto cinco días después.

“En el artículo 2 de la Constitución mexicana se reconocen los derechos de pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre su territorio, está también incluido en convenciones internacionales firmadas por México como el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; entonces la Ley Minera vigente contradice esta legislación, que es del mayor nivel”, expuso al respecto la doctora Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM).

“Esta iniciativa presidencial justamente reconoce y es coherente con el rango constitucional que tienen estos derechos. Sin duda, es un paso muy importante”.

“Hay un cambio de 180 grados a una ley profundamente abusiva, una ley que ha generado muchas tragedias humanas, muchos desplazados, mucha destrucción ambiental, muchos problemas de salud pública, de enfermedades neurodegenerativas, de cánceres, y todo está documentado”.

Más de la mitad opera sin reportes de contaminación El análisis realizado por Cartocrítica y presentado este martes halló que en el periodo de 2004 a 2020, el 55 por ciento de las operaciones mineras no tenían ni un sólo registro sobre emisiones

Reintegran a otras 6 víctimas de incendio en Ciudad Juárez

SINEMBARGO.MX al aire, sobre transferencia de contaminantes al agua, transferencia de contaminantes al suelo y sobre contaminantes en manejo o disposición final. De acuerdo con el marco legal vigente, las actividades económicas con emisiones contaminantes deben emitir un reporte anual, publicado en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), sobre qué sustancia y en qué cantidad es emitida derivado de sus operaciones, lo cual significa que las empresas mineras están sujetas a esta obligación. “Esta información (…) es lo que, de buena fe —obligada, pero de buena fe— reportan. En este caso, con los contaminantes, la empresa va y dice cuánto contamina. ¿Por qué nos importa esto? Porque la minería metálica trabaja con y deja como resultado muchos metales pesados que tienen efectos muy graves para el sistema nervioso, para la tiroides, para el cerebro, o son cancerígenos, y están normados (…) con límites permisibles para el agua de consumo humano. Estas empresas, como muchas otras, generan y derraman estas sustancias”, explicó Manuel Llano de Cartocrítica en la presentación del informe.

MÉXICO._ El Instituto Nacional de Migración (INM) coordinó, junto con autoridades federales y locales, la repatriación de 23 cuerpos de personas fallecidas en el incendio ocurrido dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Junto con los 17 guatemaltecos que fueron entregados a dicho país a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), los cuerpos de otros seis migrantes, provenientes de Honduras, fueron enviados esta mañana en el Aeropuerto Internacional “Abraham González”, en la ciudad chihuahuense. Con la repatriación de este día de 23 migrantes fallecidos durante el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, suma un total de 31 víctimas que han sido reintegradas a sus países de origen.

El INM ha reportado que han sido repatriados 31 cuerpos de personas fallecidas en dicho suceso.

Las autoridades consulares se encargaron principalmente de la corroboración de la documentación y acreditación de los expedientes de cada una de las víctimas, por lo que en todo momento estuvieron presentes hasta que los féretros fueron colocados en dos aviones de la FAM.

El investigador puntualizó que el análisis hecho fue realizado a partir de información disponible en bases de datos oficiales de dependencias como la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el RETC, entre otros. Actualmente, el 23 por ciento de las operaciones mineras metálicas en producción no cuentan con información sobre los depósitos de jales que tienen, siendo que las operaciones de fierro y otros eran las principales infractoras. Además, el 62 por ciento de las operaciones no tenían una concesión de aprovechamiento de agua. La legislación actual en la materia permite que las empresas con concesiones mineras hagan uso del agua que se encuentre en el terreno concesionado sin necesidad de reportar el volumen utilizado, por lo cual no todas las empresas cuentan con una concesión de agua aparte. La mayoría, precisamente el 72 por ciento, de las operaciones se realizaron sin un permiso de descarga de aguas residuales.

Con respecto a otros tipos de requisitos, la organización identificó que 51 por ciento de las operaciones mineras metálicas trabajan en acuíferos sin disponibilidad de agua, incluidas 51 operaciones en acuíferos sobreexplotados. Dos terceras partes de los proyectos que se realizan en acuíferos que no tienen disponibilidad de agua o están sobreexplotados no tienen una concesión de agua.

Sin embargo: el 61 por ciento del total de operaciones de minería metálica no publicó ni un sólo registro en 17 años sobre emisiones al aire; el 80 por ciento no informaron en ese mismo lapso de tiempo sobre contaminantes al agua, entre ellas la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, responsable del desastre ambiental de 2014 en el cual se derramaron 40 mil metros cúbicos de minerales tóxicos en el Arroyo Tinajas y con afectaciones a los ríos Bacanuchi y Sonora, y la presa Molinito que surte de agua a Hermosillo, Sonora. El 82 por ciento omitió reportar sobre contaminantes al suelo y el 73 por ciento no entregó un reporte sobre contaminantes en manejo o disposición final.

Llano apuntó que empresas mineras podrían argumentar de diversas maneras la razón por la cual no cuentan con la documentación requerida para su operación en territorio mexicano, pues algunas de las disposiciones se generaron posterior al otorgamiento de la concesión, lo cual deja a las autoridades “atadas de manos” ante los vacíos para reforzar la ley.

“Moody’s decía que si (…) México iba a dejar de ser un lugar atractivo para la inversión minera. Pero ahorita es un lugar atractivo para la inversión minera porque no tiene límite, porque la ley permite especular y no consultar a los dueños del territorio”, expuso la académica. “Yo no creo que queramos ser un lugar atractivo para la inversión a costas de violar la ley y los derechos humanos”. “Indudablemente ha habido un saqueo, pero además ha habido mucha violencia, Ha habido un despojo de la gente de sus tierras, de sus aguas, de sus propios medios de vida y de su salud. Entonces, no es que se lleven nuestros minerales, que sí es un tema, pero yo creo que el tema más fuerte es que se despoja, se destruye, se mata, y eso es legal en el marco de la Ley Minera actual”. Además, indicó que las cifras utilizadas por detractores de la iniciativa son inexactas o son “infladas”. “Se manipulan mucho las cifras. Se dice repetidamente que la minería contribuye con el 2.85 por ciento del PIB y con cerca del 3 por ciento del empleo, y lo que sucede es que se confunde todo lo que son industrias extractivas con minería metálica, que lo que sí es el 2.80 por ciento del PIB y el 3 por ciento de los empleos es toda la extracción, pero aquí lo que pesa más es la extracción de hidrocarburos”, aclaró Merino.

“Ellos engordan los datos. El PIB sería del 1 por ciento, creo que del 0.95 por ciento 2021 y el empleo generado es alrededor del 1 por ciento. Además, la mitad de los empleos se dan por outsourcing, cuando es la actividad más riesgosa; la mayor parte de las muertes en el trabajo ocurren en la minería y la minería tiene a la mitad de sus trabajadores sin derechos laborales y sin prestaciones laborales”.

“Siempre pueden dar algún argumento astuto, alguna vueltita en la ley, de por qué no cuentan con el trámite”, señaló el director de Cartocrítica.

Denuncian A Funcionaria Que Dio Orden

Mutilan a rayas y mantarrayas; aparecen muertas en Sonora

NOROESTE / REDACCIÓN

SONORA._ Autoridades en el norte de México informaron que han presentado denuncias en contra de una funcionaria local que ordenó a los pescadores que les quitaran los aguijones a las rayas para proteger a los turistas durante la semana de Pascua.

El Gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que se trató de una “lógica cavernícola para proteger a los turistas” en la ciudad de Huatabampo.

“¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mundo viven?”, preguntó el Gobernador, añadiendo que había reportado la ofensa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La gente quedó impactada cuando comenzaron a circular videos de las mutilaciones esta semana. En ellos se ve a algunos pescadores mientras arrancan los aguijones con las manos enguantadas, arrojando a las rayas de regreso a las aguas del Pacífico.

En la zona de playa de Huatabampo aparecieron rayas muertas.

Aunque algunos aseguraron que las rayas podrían sobrevivir y que sus aguijones volverían a crecer, se desconoce si eso es cierto o cuántos ejemplares sobrevivirían al brutal maltrato.