El gasto social bajo la 4T

JORGE G. CASTAÑEDA

@JorgeGCastaneda

Sergio Sarmiento siempre encuentra y divulga datos interesantes que además son confiables, lo cual permite sacar conclusiones interesantes de los mismos. Hoy retuiteo una tabla de la OCDE, reproducida por Informal Economy, y que mide el porcentaje del PIB que cada país miembro de la organización desembolsa en “gasto social público” (Public Social Spending). La definición de este término viene en el sitio de la OCDE y es la siguiente: “El gasto social comprende las prestaciones en efectivo, la provisión directa de bienes y servicios en especie y las exenciones fiscales con fines sociales. Los beneficios pueden estar dirigidos a hogares de bajos ingresos, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados o jóvenes. Para ser considerados ‘sociales’, los programas deben implicar la redistribución de recursos entre los hogares o la participación obligatoria. Los beneficios sociales se clasifican como públicos cuando el Gobierno general (es decir, los gobiernos central, estatal y local,

EDITORIAL Alto a la impunidad

incluidos los fondos de seguridad social) controla los flujos financieros relevantes. Todos los beneficios sociales no proporcionados por el gobierno general se consideran privados. Las transferencias privadas entre hogares no se consideran ‘sociales’ y no se incluyen aquí. El gasto social total neto incluye tanto el gasto público como el privado. También da cuenta del efecto del sistema tributario por impuestos directos e indirectos y por exenciones fiscales con fines sociales. Este indicador se mide como un porcentaje del PIB o USD per cápita”. Para un mayor desglose, conviene aclarar que este rubro incluye el gasto en educación pública hasta los seis años de edad -excluye el gasto de primaria, secundaria, media superior y superior- y en salud, cuando se trata de instituciones gubernamentales, es decir, Ministerio de Salud, seguridad social, etcétera. Este dato, en principio, debiera permitirnos comparar la realidad mexicana con la de otros países, en particular con las otras naciones de América Latina o Turquía, miembros de la OCDE y que no son países ricos, y también la evolución del gasto mexicano. No es del todo el caso, por desgracia. En la tabla del 2022, retuiteada por Sergio, el dato de México, junto el de varios otros países, trae un asterisco al lado. El asterisco significa que el dato no es necesariamente para el 2022 sino para el último año disponible, que en el caso de México es el 2019. Busqué en el sitio de la OCDE las cifras correspondientes para 2020 y 2021, y aparece México con una raya al lado, es decir, sin datos nuevos. Esto es problemático porque significa que, o bien las autoridades mexicanas no han sacado la cuenta, o bien la tienen pero no se la han entregado a la organización radicada en París, o bien ésta nos las ha incluido en su sitio hasta ahora por no considerar que sea un dato comparable con los demás. Cualquiera que sea el caso, conviene analizar la tabla de 2022 que en realidad, en el caso de México, es de 2019. México gastó en el 2019 7.4 por ciento del PIB en gasto social público. Es obviamente la cifra más baja de la OCDE, y solo muy ligeramente superior a 2018, donde el gasto fue de 7.1 por ciento. El país con la proporción más elevada, como podía esperarse, es Francia con 31 por ciento; el promedio de la OCDE es 20 por ciento; y los países no ricos de la OCDE figuran significativamente más altos que México. Chile erogó el 19.6 por ciento de su PIB en gasto social público en 2022; Colombia 15.2 por ciento; Costa Rica 14.5 por ciento; y Turquía, país con un PIB per cápita parecido al de México, 12.4 por ciento. En otras palabras, México, con su gasto social correspondiente al estado asistencial de la Revolución mexicana, o del neoliberalismo moderno, es decir, desde Solidaridad hasta la Tarjeta Rosa de Alfredo del Mazo, pasando por Progresa, Oportunidades, el IMSS, el ISSSTE, la Pensión para Adultos Mayores desde el sexenio de Calderón, y con todos los nuevos programas de López Obrador, gasta cuatro veces menos en programas o rubros sociales que Francia. No estamos hablando de cantidades absolutas, obviamente un país rico gasta más que un país de ingreso medio, y un país viejo, por concepto de pensiones y de gasto en salud -como Francia- gasta más que un país viejo -como México-. No, se trata de porcentajes del PIB. Por eso la comparación con los demás países latinoamericanos miembros

En medio de la violencia sistemátIca en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, resulta inédita la publicación de un comunicado de la Fiscalía General del Estado, en el que precisa que se ofrece un millón de pesos para quien brinde información para localizar y detener a los presuntos homicidas del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. El boletín identifica a los autores material y e intelectual del homicidio de Ramírez Ramos.

Éstos serían, de acuerdo a la ficha emitida, Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, y que por la información proporcionada para localizarles se ofrece la recompensa de un millón de pesos por cada uno.

Esto marca un avance en la senda de impunidad que habían transitado los asesinatos de periodistas en el estado, ahora, con la pesquisa emitida por la Fiscalía, se pondría un precedente a la búsqueda de justicia para los comunicadores asesinados durante décadas, Ramírez Ramos fue asesinado el 5 de mayo de 2022 en la ciudad de Culiacán.

Sobre su homicidio se encontraba en proceso Bryssia, acusada por el delito de encubrimiento, quien de acuerdo a lo vertido en las audiencias era pareja sentimental del autor intelectual.

Sin embargo, la detenida fue dejada en libertad al ser considerada también víctima de la confabulación para matar al periodista.

Incluso, sobre la decisión del juzgador, el Gobernador Rubén Rocha Moya declaró el domingo que el Juez actuó correctamente al absolver a la única detenida por el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.

Respecto a ello, la Asociación de Periodistas y Comunicadores “7 de Junio” advirtió un día antes que el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez podría quedar en la impunidad.

El organismo señaló a través de un comunicado que recibió la noticia de que la única persona implicada en el caso quedaba exonerada, lo que abre la posibilidad de que no haya castigo, como ha sucedido con los asesinatos de otros periodistas sinaloenses como Óscar Rivera, Humberto Millán y Javier Valdez.

Ahora, con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado, se espera que este caso se esclarezca y sean castigadas las personas implicadas. Los comunicadores caídos merecen que se ponga un alto a la impunidad.