CONTEXTO 270621

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Feminicidios: Matar para ser alguien Las mujeres son un territorio donde esta violencia se expresa, y son propiedades de estos hombres. Sus enemigos vienen y expresan estas violencias en ellas.

A eso se agregan la diversificación de las formas del crimen y una saña cada vez mayor sobre los cuerpos

2 LETRAS DE MAQUÍO

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Un viaje anunciatorio

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MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

uizá una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida de dirigente empresarial, fue el viaje que realicé hace un año a Nicaragua y Panamá en compañía de Jorge Chapa y José Luis Coindreau, presidentes de la CONCANACO y la COPARMEX en aquella época.

En Nicaragua fuimos atendidos por los dirigentes del sector empresarial, encabezado por un extraordinario líder, Enrique Dreyfus. Al retornar de nuestra visita, solicitamos una entrevista con el presidente López Portillo para contarle lo que habíamos visto y oído: el sector empresarial de Nicaragua luchó contra Somoza, como un grupo patriota: además, la ciudad sufrió un terrible terremoto. Sin embargo no se desalentaron: rehicieron sus casas y negocios y ahora, sin abandonar su tierra, se enfrentan a un grupo de ideas marxistas que pretende acabar con ellos, con las libertades en Nicaragua. Le contamos al Presidente de nuestras entrevistas con algunos de los comandantes sandinistas y la Junta de Gobierno, la mayor parte de ellos muchachos inexpertos. Algunos habían entrado a la revolución para poder incendiar el rancho de un hacendado que era amante de su madre.

Las pugnas entre los comandantes sandinistas por la hegemonía del poder son enormes y han tratado de asesinarse entre sí, según nos contó una reportera de Barricada, el diario oficial del gobierno. Narramos a nuestro Presidente la entrevista con algunos de los comandantes. Éste nos explicó sobre una empresa que el gobierno había tenido que cerrar por haber repartido utilidades a sus trabajadores, como si esto fuera malo. Le contestamos sorprendidos que en México esto lo teníamos que hacer por ley. En realidad los sandinistas no querían una medida social utilizada por los empresarios. Le informamos a nuestro mandatario que la economía nicaragüense estaba deshecha por las expropiaciones, que el hambre y el racionamiento de alimentos era evidente.

Asimismo platicamos con Pedro Joaquín Chamorro, hijo del mártir nicaragüense, quien dirige el diario La Prensa. Él hace un periodismo honesto y también luchó contra Somoza. El diario ha sido cerrado varias veces por los sandinistas. Lo anterior significa que en Nicaragua no hay libertad de prensa.

También le contamos de nuestra entrevista con Monseñor Ovando, Arzobispo de Managua, y con algunos otros miembros del clero, habiéndonos percatado de que eran acechados constantemente.

Comentamos que, a petición nuestra, Sergio Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno, había liberado a tres dirigentes empresariales. En Nicaragua es costumbre tener presos en calidad de rehenes a empresarios para amedrentar a los demás. En fin, le comunicamos al Presidente que la dirección seguida por el país era el comunismo y que la intervención cubana y soviética eran evidentes, así como la pérdida de libertades. El Presidente nos contestó que había que dejar que la revolución

evolucionara y alcanzara sus cauces normales, y que mientras tanto, era conveniente dejar a ese país sin intromisión alguna de otras potencias, pues provocaría resultados indeseables.

Pocos meses después supimos del encarcelamiento de algunos empresarios que habían sido nuestros anfitriones.

El motivo fue haber publicado una carta abierta denunciando el rumbo hacia el marxismo-leninismo al que se dirigía el país. Esta adhesión al marxismo había sido aseverada por un comandante del Frente Sandinista en un discurso ante las Fuerzas Armadas, que cuentan con más de 100 mil soldados, tanques soviéticos y pertrechos de guerra que no debería poseer un país del tamaño de un estado pequeño de la República mexicana. Después de anunció que el Frente Sandinista invitaba a nuestro mandatario a asistir a ese país para condecorarlo.

Mientras eso sucedía en Centroamérica, en México el peso estaba ostensiblemente sobrevaluado y la fuga de capitales era evidente. Mantener sobrevaluada nuestra moneda equivalía a dar un subsidio a aquellos que se fueran a pasear o a comprar en el exterior. Creo que los gobiernos tienen la obligación de no ser ingenuos ni pueden pensar que, si estimulan algo, esto no sucedería.

El anuncio del viaje de nuestro mandatario a Nicaragua no ayudaba a la confianza que nuestro país requería.

Siempre queremos ser farol de la calle aunque seamos oscuridad de nuestra casa. Me fui a ver al licenciado López Portillo. Desgraciadamente el día que me asignaron para la entrevista fue el mismo en que se tomó la decisión de retirar al Banco de México del mercado cambiario, provocando nuestra primera devaluación del año.

Obviamente yo no lo sabía y horas después de mi visita se anunció esta decisión.

Le dije al mandatario que yo aún ignoraba el peso de la carga que llevaba. Le conté lo que se escuchaba en la calle, que la gente estaba inquieta por su viaje a Nicaragua, sobre todo cuando se trataba de recibir una presea otorgada por gente tan desprestigiada como la mayoría de los comandantes sandinistas. Su reacción fue un tanto violenta y me preguntó: “¿Está usted diciendo, Clouthier, que los dólares están saliendo por mi viaje a Nicaragua?”; le dije que no precisamente (creo que los dólares salieron, como lo expliqué, por mantener el peso sobrevaluado), pero que era evidente que ese viaje no tranquilizaba las finanzas del país, a lo que me contestó: “Escuché mi discurso en Nicaragua y verá cómo éste será tranquilizador”. Sigo sin entender lo que quiso decir, aún después de haber escuchado el discurso.

Lo único que se ganó con el viaje, según yo, fue la liberación de nuestros amigos los empresarios presos.

Horas después de la entrevista, se anunció la primera devaluación de 1982.

En mi siguiente artículo narraré el incidente de aumento salarial del 30, 20 y 10 por ciento que nos acabó de hundir.

Miércoles 24 de noviembre 1982

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

Siempre queremos ser farol de la calle aunque seamos oscuridad de nuestra casa.

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REINSERCIÓN SOCIAL

El demonio de todos La historia de Javier, el niño asesino de Monclova que pone en evidencia el fracaso de la reinserción social que debería implementar el sistema de justicia en Coahuila. A 5 años de cometer el homicidio de Diana, una niña de 11 años, “El Demonio”, como lo llaman en su barrio, lleva 12 detenciones posteriores por robo, drogas y agresiones J E S Ú S P E Ñ A S E M A N A R I O V A NGUARDIA

S

obre la barda de una cancha en una sucia plaza de la colonia Guerrero, en Monclova, resalta un grafiti que dice “Payasos locos”. Enseguida está el dibujo de un arlequín tirando de un churro de mariguana.

Es la placa de los BPL, (Barrio Payasos Locos), la pandilla del rumbo, integrada por hombres de entre 27 y 37 años con la que Javier solía juntarse desde que tenía 11 años o tal vez menos.

En esa “familia”, su otra “familia”, a Javier lo habían instruido en el abuso temprano de drogas, enseñado a manejar la navaja y, según declaró en la Entrevista de Evaluación de Riesgos, realizada por la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes (UMECA), a disparar un arma de fuego.

Entre 2013 y 2014, cuando Javier tenía entre 10 y 11 años, ya había acumulado una decena de ingresos a los separos de la cárcel municipal de Monclova, por inhalar resistol en vía pública, pelearse en la calle y por petición familiar.

Y había sido expulsado de la primaria, justo cuando cursaba el sexto grado, a causa de su constante indisciplina, faltas y consumo de drogas.

A Javier, quien vivía en una familia donde había una madre, una media hermana menor y un padrastro, en una cuadra sin asfaltar de la colonia Lucrecia Solano, no le interesaba el futbol, como a la mayoría de los críos de su edad. Tampoco las clases de guitarra, como a otros de sus iguales que asistían a la Casa Meced del DIF Monclova, la misma a la que Javier iba eventualmente para estudiar la primaria abierta, que, por cierto, en ese tiempo no terminó.

Le decían “El Demonio”. Sus vecinos del sector Guerrero, coinciden en que Javier, aquel niño delgadito, espigado, tez morena, cabello negro, corto y erizo, que le gustaba vestir pantalón y playera tumbados y reunirse en las esquinas con sus “camaradas” del barrio, tenía bien ganada esa fama.

Aun así, a la gente de la Guerrero, un sector localizado al oriente de Monclova, catalogado como conflictivo, dada la presencia de pandillas y drogas, les extrañó enterarse de una noticia que conmocionó a la ciudad.

La mañana del 21 de abril de

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Casa del lugar del crimen.

2016, Javier Oleguiver Hernández Zúñiga, de 13 años, asesinó de 31 puñaladas en el cuello a Diana Lizeth Ramírez Estrada, de 11 años de edad. Una niña con la que, según declaró en su denuncia la madre de la menor (expediente 02124/UIADO/2016), Javier sostenía una relación de noviazgo.

Tras su detención por agentes de la Policía Preventiva Municipal de Monclova y de la Policía Investigadora del Estado, Javier Oleguiver dijo en su presentación ante las autoridades ministeriales que el día de su crimen había ingerido bebidas alcohólicas y consumido drogas.

La Entrevista de Evaluación de Riesgos, realizada meses después por la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes (UMECA), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, reveló que Javier, quien se inició en

el consumo de Resistol 5000 desde los 11 años y continuó con cerveza, vino, tabaco, mariguana y, a últimas fechas, pastillas psicotrópicas, cocaína y cristal, acostumbraba combinar de tres a cuatro drogas en un solo consumo.

Según la opinión de la criminóloga, Daniela Hernández Ruiz, asistente de la organización Documenta AC. en Saltillo, al momento de cometer su delito Javier pudo haber experimentado un brote psicótico (ruptura abrupta de la realidad de forma temporal), agravado por el consumo de sustancias.

Por su parte, Juan Jesús Arriaga Guevara, licenciado en Criminología con más de 35 años de experiencia, piensa que Javier muestra los claros síntomas de una personalidad sociópata. Ésta se caracteriza, entre otros rasgos, por la ausencia de

remordimiento, falta de respeto hacia las figuras de autoridad y las leyes, impulsividad, conducta errática, inestabilidad emocional, carencia de empatía hacia los demás, Inclinación hacia la violencia, escasa tolerancia a la frustración e incapacidad de asumir la responsabilidad de sus actos.

“Es un joven que nació en un ambiente de pobreza, desintegración familiar. No tuvo una figura de autoridad que lo guiara, no lo querían en la escuela, su mismo apodo revelaba que lo veían como un demonio. No tenía alguien que le pusiera límites, que le dijera que su conducta estaba mal. Le faltaba afecto, el apego, el amor, el cariño, esos son sociópatas. La misma sociedad lo fue haciendo un sociópata”.

La criminóloga Hernández Ruiz, advierte que el desorden de personalidad antisocial, como es

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Blanca Estrada, madre de Diana.

Fotos: Omar Saucedo conocida la sociopatía, no puede ser diagnosticada con certeza en la niñez cuando su personalidad apenas está en formación. La Fracción lll del Artículo 109 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila, dice, en términos llanos, que Javier, por tener 13 años, no puede ser privado de la libertad.

Por eso, el juez de la causa concedió al niño Javier Oleguiver Hernández Zúñiga, quien fue acusado de cometer feminicidio en contra de la menor Diana Lizeth Ramírez Estrada, una “medida cautelar de carácter personal, consistente en la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez o a la autoridad que designe”.

Así se lee en el documento correspondiente a la causa penal número 151 / 2016 - A-6-JO. Es decir, que el juez lo dejó en libertad, porque así lo estipula la Ley. En mayo de 2016, Javier ingresó voluntariamente al Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) en Saltillo, la institución que se encargaría de su contención, evaluación y seguimiento.

Un psiquiatra, ex empleado del Cesame, que conoció de cerca a Javier, resume su historia así:

Diana, la niña de 11 años asesinada, es recordada por sus familiares.

Un niño que viene de una familia disfuncional de clase social baja, con problemas de aprendizaje o de conducta en la primaria, con déficit de atención, hiperactivo, impulsivo.

Una madre que tiene que salir a trabajar y cambiar de turno y que no puede resolver los problemas de conducta del niño, que nunca fue canalizado a ningún sistema de salud por su comportamiento.

Hay abuso de drogas a su corta edad, abandono escolar a edad temprana, vagancia, se dedica a jugar en la calle. Épocas difíciles en las que se asocia con el crimen organizado que lo utiliza como halcón. “Él cometió el homicidio, pero es la sociedad quien los está ejecutando de forma indirecta”, dice el especialista.

El juez había ordenado a Javier, como medida de sanción, además del tratamiento psicológico, permanecer en su domicilio y concluir su educación básica.

“Para nosotros es un caso que concluye, cuando menos, en lo legal. Desafortunadamente hay una jovencita fallecida”, lamenta Rodrigo Cháirez, Delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Centro de Coahuila.

Cuestionado sobre si la Fiscalía ha realizado algún tipo de seguimiento de Javier, Cháirez

respondió que esta dependencia se ha mantenido a la expectativa, dados sus antecedentes.

“Hemos estado al pendiente, pero ya por una función social al haber terminado nuestra función…”: Cuatro meses después de aquel asesinato y mientras Javier se hallaba internado en el Cesame, la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes realizó un Dictamen Técnico donde se analizaban los riesgos de que el menor siguiera en libertad su proceso penal.

En dicho dictamen la UMECA sugería al juez que Javier: “Sea ingresado al Centro de Internación, Diagnóstico y Tratamiento para Adolescentes Varonil de Saltillo”, donde se le brindaría atención psicológica en forma individual y grupal; rehabilitación a su problema de consumo de drogas; continuaría con el tratamiento psiquiátrico que tenía en el Cesame, esto bajo la vigilancia de personal médico y enfermería. Además se inscribiría en el Sistema Educativo Nacional para seguir con sus estudios de primaria y tendría la oportunidad de capacitarse laboralmente e integrarse a las actividades deportivas, culturales y recreativas del Centro. Pero esto no sucedió.

De acuerdo con la Entrevista de Evaluación de Riesgos, realizada

por la UMECA a Javier en el Cesame, el niño continuaba con problemas de autocontrol.

“Pudo haber sido estabilizado en los diferentes diagnósticos, pero la poca red de apoyo, el poco acceso a un nivel de salud, a un tratamiento, a un seguimiento, no le ayudó. No hay una continuidad. La madre siempre estuvo al pendiente de él. Una madre preocupada, angustiada por su hijo sin saber qué hacer con él, queriendo estar cuidándolo, nunca lo abandonó”, dice un especialista en psiquiatría que laboró en este nosocomio en aquel tiempo.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la estancia de Javier en el Centro de Salud Mental pudo haber durado algo así como un año o un poco más, sin que Semanario haya podido confirmarlo debido a la secrecía de los datos.

Javier buscó ayuda antes

Luego de ser expulsado de la escuela, justo cuando cursaba el sexto grado, Javier buscó ayuda en la Casa Meced, un centro educativo para niños, adolescentes y adultos, asignado al DIF Monclova, a fin de terminar su primaria en el sistema abierto.

Javier era un alumno que faltaba a clase con frecuencia y llegaba tarde.

6 Jamás mostró una conducta agresiva hacia sus maestros y compañeros, pero le gustaba rayar los bancos y paredes del salón.

“La verdad que sí nos sorprendió mucho cuando cometió este ilícito”, dice Virginia Elena Garza Díaz, directora de Casa Meced.

La estadía de Javier en este lugar duró no más de mes y medio.

“Después de lo que hizo le perdimos el camino, supimos que andaba mal”, cuenta Virginia Garza.

Alicia Hernández Zúñiga, la madre, había solicitado a Casa Meced asistencia psicológica para Javier, pero éste no acudió a la cita con la especialista.

“No tuvimos la oportunidad de trabajar con él”, dijo.

Por el contrario, la mamá de Javier era asidua participante en el grupo de Escuela para Padres que cada 15 días se reunía en Casa Meced, para escuchar pláticas sobre sexualidad responsable, atención y erradicación del trabajo infantil para niños de la calle, prevención de drogas y buen trato.

“Y la verdad es que la señora era muy participativa, sí siento que la mamá estaba al pendiente de él.

Con mayor razón nos sorprendió mucho lo que pasó con Javier”.

Garza Díaz, relata que la mañana en que Javier cometió el feminicidio su mamá se presentó a Casa Meced para pedir apoyo.

Estaba desesperada.

“Llegó solicitando el apoyo psicológico para Javier, que porque estaba mal, que ella se había dado cuenta de que estaba presentando problemas de adicción y que él le decía a ella que escuchaba voces que le decían que hiciera cosas que él no quería”, comentó la directora de la institución.

Aquel día, el día de su crimen, Javier tampoco se había presentado a clases en Casa Meced.

Virginia dice que después de que Javier fue internado en el Cesame su mamá continuó asistiendo al grupo de la Escuela para Padres.

“El seguimiento se debe de dar sobre todo porque hubo una víctima, el daño no se quita de un día para otro, el chico tiene problemas psicológicos que se tienen que atender”, urge Virginia, también psicóloga.

¿Reinserción social?

A su salida del Cesame, Javier Oleguiver Hernández Zúñiga, mejor conocido en su barrio como “El

Demonio”, volvió a las calles.

Esta vez las redes sociales y la prensa dieron cuenta de peleas callejeras, intentos de asalto y lesiones con arma blanca.

Al respecto, los registros de la Policía Preventiva Municipal de Monclova revelan que desde 2017, un año después que Javier cometió el feminicidio de Diana, a la fecha, ha acumulado un total de 12 detenciones por inhalar Resistol 5000 en la vía pública, portar arma blanca, apedrear una patrulla, intentar lesionar a un oficial y robar el bolso a una señora.

El Artículo 71 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, prevé la creación de una Autoridad Administrativa especializada, dependiente de la Administración Pública Federal o estatal con autonomía técnica, operativa y de gestión, que según el inciso C contará con un Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad, como es el caso

Javier Oleguiver.

De acuerdo con el Artículo 72, apartado III, de la misma Ley, el Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción no privativas de la libertad contará, entre otras, con las siguientes atribuciones: “Supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad administrativa encargue el cuidado de la persona adolescente, cumplan las obligaciones contraídas”.

En este caso, la Unidad de Medidas Cautelares de Adolescentes (UMECA) sería la encargada de vigilar que Javier cumpliera con las medidas de sanción dictadas por el juez de que tomara terapia psicológica, concluyera su instrucción escolar y se mantuviera en resguardo domiciliario.

“Y así se hizo…”, apunta un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública que prefiere no dar su nombre.

¿Por cuánto tiempo?

Me parece que fueron tres años…

Pero Javier sigue delinquiendo…

Sí, la verdad es que es un niño con muy mal pronóstico.

Semanario confirmó al menos, que en el sistema del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), existe un certificado de secundaria a nombre de Javier Oleguiver Hernández Zúñiga, expedido en 2018.

El tipo de seguimiento que realiza la UMECA, es a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, antidoping y otras acciones, de acuerdo con la medida de sanción impuesta por el juez al menor infractor en libertad.

Lo que no necesariamente significa, dice Daniela Hernández Ruiz, de Documenta A.C., que el menor no delinquirá.

Explica que un seguimiento adecuado puede incidir en una reducción de los factores que influyen para que un joven reincida cometiendo conductas antisociales. “(Javier) pudo haber sido incluido en un proceso de terapia, porque en determinado momento el joven dejó de asistir a terapia… Y entonces en ese momento se deja

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Rodrigo Cháirez, Delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Centro de Coahuila. de poner el ojo en esta situación, se cree que ya está concluida, pero…

Creo que el hecho de que no haya habido internamiento y que no se le haya dado un seguimiento adecuado fue como una mala gestión y claramente nadie está conforme ante esto ni la madre del joven ni la madre de la víctima”. Édgar Enrique Herrera Pinales, el esposo en segundas nupcias de Blanca Estrada, madre de Diana, asegura que las autoridades nunca realizaron un seguimiento de Javier.

“Las autoridades nada más dieron la sentencia y se fueron a su casa a dormir. Y siguió ese delincuente igual, haciendo las mismas tonteras, como si no hubiera pasado nada”.

María del Carmen Treviño Cavazos, jefa de psicología del Cesame, advierte que el seguimiento de un menor como Javier no es exclusivo de una sola instancia, sino de varias, lo primero es verificar las condiciones de la familia.

“Qué tanto la familia está apoyando o no, porque a veces uno puede hacer su parte, otra instancia puede hacer lo suyo, pero si no tenemos eco en la participación de la familia…”.

Por su parte Verónica Barreda Alcocer, presidenta de Empresa Constructora de Paz (EMCOPAZ), un proyecto social que durante nueve años ha llevado actividades de reeducación y recreación a los

adolescentes del Centro de Internación, habla de cómo la familia se convierte en origen y destino de los jóvenes que han incurrido en la comisión de delitos y, por ende, de la necesidad de brindar acompañamiento a esos jóvenes hasta lograr su idónea reinserción y reintegración a la sociedad.

“Empezamos a notar que había un hueco en lo que nosotros hacíamos allá adentro y lo que sucedía cuando ellos salían.

Podíamos decir avanzamos y hubo un cambio y lo veías desde su corporalidad, desde lo que expresaban, pero a veces sucede que afuera la familia se convierte en origen y destino.

Es el origen de porque los muchachos pueden estar ahí, pero saber que regresa ahí nuevamente y regresa a la misma esquina donde se juntaba, con el mismo padrastro con el que se golpeaba, con los mismos enemigos… No se trata de que salió y ya ‘pórtate bien’, y darle la palmadita. Tendrían que tener un acompañamiento, quizás hasta obligatorio, emocional psicológico, de adicciones”.

El Artículo 251 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su apartado lll, habla de la prevención terciaria del delito, “las medidas específicas para los adolescentes que habiendo sido sujetos del Sistema de Justicia y habiendo

Juan Jesús Arriaga Guevara, licenciado en Criminología. cumplido una medida de sanción se implementan para evitar la reincidencia delictiva”.

Reincidencia agravada

Datos del Centro de Internación Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil y Femenil de Saltillo, indican que al menos el 5 por ciento de los menores que, habiendo cumplido su medida de sanción dejan el Centro, reinciden en la comisión de delitos, siendo los delitos porque vuelven mayores a los que cometieron antes de su primer ingreso al Centro.

“Si vino por algún delito menor, alguna lesión, entonces va en aumento. O sea vino por lesiones y luego a lo mejor ya llega por homicidio; o a lo mejor ingresó por robo y luego fue lesiones y luego homicidio”, dijo una fuente adscrita al Centro de Internación Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes Varonil de Saltillo, que pidió el anonimato por razones de seguridad.

En torno a si el Centro realiza un seguimiento de los jóvenes que egresan, la fuente respondió que esta institución termina su función cuando el juez decide que ya concluye el proceso del adolescente.

“Ya no hay un seguimiento, por parte de los departamentos, del equipo multidisciplinario del Centro, no, porque el equipo multidisciplinario se encarga del

seguimiento en internamiento”.

Ana Yadira Flores García, coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, Región Sureste, argumenta que la ley busca ante todo la reincorporación y la reinserción del niño o adolescente a la sociedad y no una sanción ni un castigo.

“No voy a castigar al adolescente, sino a tratar de reinsertarlo o de reincorporarlo. Socialmente hay que entender, primero, qué buscamos con este sistema de justicia. La justicia de adolescentes es bien bonita, pero mucha gente no la entiende, dice ‘ay es que a los adolescentes no se les hace nada’.

Entendamos que a los adolescentes conflictuados con la ley los hemos perdido, descuidado, abandonado, no como papás sino como un todo”. ¿Funcionó esta ley en la reinserción y reintegración en el caso de Javier?

La sociedad, el gobierno, – reprocha Ana Yadira–, no han hecho su parte, en el tema de la prevención.

En la estadística del Poder Judicial de Coahuila sobre los procesos legales en los que se ven involucrados adolescentes, destacan los casos de Monclova y Saltillo. En Monclova aumentaron de nueve en 2016; a 72 en 2020.

Mientras que en Saltillo el incremento fue de 20 en 2016; a 68 en 2020.

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Rosa María Gil; Verónica Guadalupe Méndez y Dionicia Avilés son parte del grupo de mujeres que erradicaron la pesca ilegal de callo de hacha en La Paz Baja California Sur.

CONSERVACIÓN EN OCÉANOS

Mujeres que protegen al amenazado callo de hacha La vigilancia realizada por 14 mujeres en la Ensenada de La Paz Baja California Sur emprendida en 2016 resultó tan efectiva que lograron erradicar la pesca ilegal del callo de hacha, disminuir los robos y mejorar el ecosistema del Estero el Conchalito A D R I A N A M O N G A B AY

N A V A R R O

R A M Í R E Z

M

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aría Dionicia Avilés es una de las 14 Guardianas del Estero El Conchalito; un enorme paraje de arena, manglar y mar, ubicado en La Paz, Baja California Sur. Ella, junto con otras 13 mujeres de la comunidad El Manglito, se unieron en 2016 para hacer frente al robo cada vez más frecuente del callo de hacha (Atrina maura), una especie de molusco bivalvo que se encuentra en el fango costero y uno de los productos del mar más codiciados por su textura y sabor.

La economía de la familia de María Dionicia así como la de Martha, Verónica, Ruth, Guadalupe, Rosa María, Adriana, Ana, Claudia, Yadira, Graciela, Daniela, Erika y Sandra, depende principalmente del callo de hacha porque tiene buen valor comercial. Por eso, cansadas de ver cómo los pescadores furtivos sobreexplotaban el recurso, decidieron organizarse para realizar rondas de vigilancia por tierra y evitar su saqueo, restaurar su ciclo de vida, así como el del estero donde se reproduce.

Defender la ensenada

Las mujeres pertenecen a la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE), una sociedad de producción rural constituida en 2016 por 15 cooperativas pesqueras y 20 pescadores libres, que obtuvo en septiembre de 2017 un título de concesión para la pesca comercial del callo de hacha entre otros productos. El título facultó a las 109 personas (87 hombres y 22 mujeres) de OPRE a realizar, por 20 años y con el uso de cinco embarcaciones menores a 12 metros, actividades en 2048 hectáreas dentro de la Ensenada de La Paz, una especie de gran bahía de 5000 hectáreas, que está unida al Golfo de California por una estrecha boca y que está rodeada de manglares y pequeños esteros.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó ese permiso a los pescadores de OPRE —todos del Barrio de El Manglito— después de que ellos se encargaran, desde el 2012, de proteger de la pesca furtiva a las especies que habitan en la Ensenada de La Paz. En esos tiempos, debido a la escasez de productos pesqueros, solo había tres permisos de pesca.

María Dionicia Avilés, pescadora, madre de pescadores y una de las 14 Guardianas del Estero El Conchalito.

“Las especies estaban extintas”, asegura el biólogo Alejandro Robles, director de la asociación civil Noroeste Sustentable (NOS) y quien impulsó, junto con los pescadores de OPRE, la restauración biológica, social y económica de la ensenada. “Por ejemplo, la almeja catarina tenía 40 años que no se veía”, cuenta Robles y agrega que “para el callo de hacha estimamos —en 2012— que había 60 mil, lo que significaba el 0.6 por ciento de la capacidad de población considerada en 90 millones en las condiciones idóneas de la ensenada”, dice. Por eso, explica el experto, quien pescara ahí, a excepción de quienes tenían los tres permisos de pesca, “significaba robarle a la nación y luego de 2017 que se entregó el título de concesión significaba robarle a los pescadores de OPRE”, dice Robles.

Bajo un árbol y mientras se cubre del sol, María Dionicia Avilés señala

el enorme estuario El Conchalito que desemboca en la Ensenada de La Paz y relata: “Nosotras veíamos que varios hombres venían a las orillas del estero a robar el callo de hacha y lo mataban tras los manglares. Después se los llevaban en sus automóviles para venderlo más barato en las calles. De 600 pesos (30 dólares) que cuesta el kilo, lo daban en 200 (10 dólares)”, dice.

“Cuando venían a robarnos, que era a todas horas, les hacíamos frente. A veces les ponchábamos las llantas de sus carros. Nos gritaban: ‘Vayan a su casa a lavar trastes, que andan haciendo aquí de mitoteras y chismosas’”, cuenta Avilés, quien se ha dedicado a la pesca desde hace 36 años.

Sus esposos, hijos, amigos y vecinos del Barrio El Manglito llevaban tiempo tratando de controlar la pesca ilícita por mar, pero no podían recorrer los canales del manglar pues sus pangas se

varaban con la vegetación. Fue entonces que ellas se hicieron cargo de la vigilancia por tierra.

Sin embargo, Verónica Méndez recuerda que no fue fácil llegar a ser Guardianas. “Los hombres no querían que nosotras como mujeres hiciéramos lo que ellos hacen, tal vez porque se sienten mal o se sienten menos y por eso batallamos para que nos metieran a la organización de OPRE”, dice.

“No nos querían, decían que teníamos que estar en la casa lavando los trastes”, dice Avilés.

Pero ambas mujeres aseguraron que el rechazo no era por parte de todos, sino solo de algunos.

“Nosotras tuvimos el apoyo de nuestros esposos”, aseguran.

Finalmente, la mesa directiva de OPRE les ofreció un sueldo inicial de 350 pesos a la semana por la vigilancia, es decir, unos 17.5 dólares aunque los hombres ganaban 700 pesos (35 dólares) por el mismo periodo de tiempo y por la misma

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Dos mujeres guardianas hacen limpieza y recorrido por la Ensenada, una mañana de marzo de 2021. labor.

Hubert Enrique Méndez Camacho, miembro de la mesa directiva de OPRE, explica que esa diferencia se debió a que, en un inicio, no había el suficiente presupuesto para pagar nuevos sueldos, pero que después de ocho meses tanto ellas como ellos ganaron lo mismo.

“Recuerdo que a la reunión llegaron las 14 mujeres y ellas nos decían: ‘Queremos estar todas trabajando, sino no entramos’, pero para las 14 no había lugar. Entonces se les propuso que se dividieran el sueldo hasta que hubiera la oportunidad de igualarlo. No es que las hiciéramos menos”, aclara Hubert Méndez.

Las mujeres entonces se organizaron y se dividieron en dos grupos para cubrir los horarios de toda la jornada y con apoyo de la Marina limpiaron la ensenada.

El trabajo de guardianas no ha sido fácil. “Nos pasaron cosas fuertes”, dice Verónica Méndez, quien relata que “una vez, uno de ellos sacó un cuchillo y se fue contra Martha, una de nuestras compañeras.

Ella le dijo: ¡No tengo miedo, a mí no me asustas! ¡Vete!”, María Dionicia Avilés continúa el relato, “en otras ocasiones llamábamos a la policía y se iban, pero al poco tiempo regresaban. Pero nosotras nunca bajamos la guardia, eso fue

lo que nos ayudó”.

La llegada de NOS

Avilés nació en el barrio de El Manglito, uno de los más antiguos de la ciudad de La Paz, ubicado en la orilla de la playa y a unos metros de la ensenada. Su historia y su herencia familiar está marcada por la búsqueda de perlas y por la venta de moluscos, almejas y ostiones.

Gran parte de los habitantes de ese barrio tienen un mismo origen familiar, por ello comparten el apellido Méndez. Por generaciones han extraído productos del mar por buceo tipo hooka, es decir, por medio de un compresor a bordo de la lancha que provee de aire al buzo. También extraen los recursos mediante una motobomba de agua a presión que se usa para desenterrar los moluscos.

Pero esa comunidad comenzó a cambiar su relación con la ensenada un 3 de octubre de 2008, cuando abrió sus puertas la oficina de Noroeste Sustentable (NOS), una organización civil en la que participan principalmente biólogos marinos y que tiene como propósito contribuir al desarrollo de comunidades sostenibles.

“Las ensenadas por lo general tienden a ser muy productivas debido a que cuentan con esteros, manglares, son refugios de peces y tienen variedad de nutrientes.

Pero al paso del tiempo, la

Claudia Reyes Hernández, guardiana y buza monitora del callo de hacha.

Ensenada de La Paz se fue acabando por el desarrollo de la ciudad, la pavimentación, la contaminación de las aguas, la tala de manglares y la sobrepesca.

Nosotros queríamos restaurarla y lograr que la comunidad trabajara por medio de la pesca sustentable”, dice Alejandro Robles, director de la organización.

Silvia Ramírez, bióloga marina, experta en recursos pesqueros y ex miembro de NOS, detalla que la Ensenada de La Paz es un ecosistema donde históricamente habían sido muy abundantes las conchas del bivalvo como almejas, caracoles, y los callos de hacha. “En los años cincuentas y sesentas, los bivalvos fueron los recursos más importantes para la gente de El Manglito”, dice. “Pero conforme fueron incrementando las zonas urbanas, aumentó la demanda de recursos marinos”, agrega.

Además, la llegada del Huracán Liza en 1976 hizo que las condiciones del fondo de la ensenada cambiarán al recibir un exceso de sedimento lo que afectó las condiciones ambientales de los moluscos, explica la experta. Todo eso, junto a “la mala visión de las políticas públicas que consideraban a los recursos del mar como inagotables, fue lo que terminó por acabar con ellos”, asegura Ramírez.

La unión de los pescadores

“Antes de NOS, éramos muy felices. Hacíamos lo que queríamos, pero no nos dábamos cuenta de que nos estábamos perjudicando”, dice Hubert Méndez, originario de El Manglito, quien desde niño se ha dedicado a la pesca y quien a los 13 años aprendió a bucear con hooka.

“Recuerdo que solo había tres permisos en esos tiempos (2008).

Si uno tenía un permiso de 100 kilos, sacaba una tonelada. Quienes no teníamos, sacábamos lo que queríamos. Cuando limpiábamos la ensenada (cuando se acababan los organismos), nos íbamos a otros lugares.

Honestamente pescábamos ilegalmente”, cuenta.

Por eso, Robles asegura que al principio había mucha tensión entre NOS y los pescadores. “Me decían ‘no queremos ser ilegales, pero no hay permisos de pesca’”, dice. De hecho, Méndez reconoce que la comunidad pensaba que NOS se había instalado en su barrio para perjudicarlos. Pero con el tiempo el pescador fue viendo que el director de la organización limpiaba la playa y ayudaba a los jóvenes con el equipo de fútbol, entonces cambió de opinión. Además, a Méndez le gustaba la idea de ver una ensenada saludable como la habían conocido sus abuelos y sus padres.

En 2012, tanto Hubert Méndez como su hermano Guillermo se involucraron con NOS en censar la población de organismos de la

11 ensenada donde contabilizaron solo 60 mil callos de hacha. “Le dijimos a la palomilla (un grupo de 10 pescadores) que había poco molusco.

No nos creyeron.

Entonces los invitamos al segundo censo para que lo comprobaran”, cuenta Méndez.

Al saber de la escasez, NOS impulsó en ese mismo 2012, junto a los pescadores de la palomilla, un proyecto de fomento de acuicultura de almeja catarina en 12 hectáreas dentro de la ensenada y con esas acciones lograron el repoblamiento de 125 mil organismos.

Méndez describe que los demás pescadores del barrio “eran como niños chiquitos, nos preguntaban qué hacíamos en la ensenada, y así se fue corriendo la voz de que la estábamos restaurando”.

La bióloga y experta en el manejo de recursos naturales Liliana Gutiérrez, ex directora ejecutiva de NOS, indica que en 2012 la comunidad hizo sus propios acuerdos, primero de palabra y luego imprimieron su firma. Los convenios estaban enfocados a evitar la extracción por medio de compromisos de no pesca, desincentivar la extracción ilegal mediante acciones de vigilancia, permitir el repoblamiento en forma natural y monitorear el incremento poblacional mediante censos participativos. La idea era pasar de un estado de escasez a uno de abundancia donde los mismos pescadores restauraran a su patrimonio, explica Gutiérrez.

Al cabo de 2015, se registraron 2 366 000 callos de hacha, detalla la bióloga Silvia Ramírez. “Todos estábamos felices”, agrega Gutiérrez. “Pero ese año también detectamos algo terrible”, indica.

“Unos bichos llamados tunicados crecieron en la boca de los callos de hacha y mataron el banco (de moluscos)”.

Una nueva amenaza

Esta especie exótica, que se cree llegó a principios de 2015 en las aguas de sentina de los barcos, empezó a extenderse rápidamente en la ensenada provocando la muerte del 88 % de la población del callo de hacha.

“A las hachas las inmovilizó, les impidió abrir sus valvas para alimentarse, sufrieron por inanición, problemas metabólicos y deficiencias en todo el proceso de maduración y reproducción;

Manglares en la Ensenada de la Paz. además ejerció una presión para desenterrarlas hacia la arena (pues viven en el fondo de la ensenada) debilitándolas aún más”, cuenta Ramírez.

A inicio de 2016, los pescadores estaban muy inquietos porque veían el incremento de la invasión, pero no podían sacar el tunicado debido a que en este tiempo no tenían aún los derechos de acceso para el callo de hacha.

“Era muy difícil que hubiera credibilidad por parte de las autoridades de que los pescadores iban a entrar a la ensenada a sacar solamente las conchas muertas. No fue hasta mediados de 2016, cuando ya están conformados como OPRE, que Conapesca autoriza la limpieza”, cuenta la bióloga.

Iniciaron entonces un proceso intensivo de saneamiento que consistió en sacar la concha, retirarle la especie exótica y enterrarla en la arena.

“Han sido años difíciles pero estamos retomando”, dice Ramírez.

Para el 2020 la población de callo de hacha mostró un incremento al registrarse 1 376 000 individuos mientras que Hubert Méndez detalla que la cuota de captura fue de 163 000 callos.

El pescador cuenta que, además, para hacerse con recursos financieros extras, en 2019 nació el proyecto Manglitour donde los pescadores ofrecen recorridos

Mujeres vigilantes de la Ensenada. dentro de la ensenada. “Los visitantes viven la experiencia de sacar el callo de hacha que van a comer. El proyecto turístico iba bien, pero nos pegó la pandemia del Covid y además provocó que bajaran la venta y el costo del callo de hacha”, dice.

Pero a pesar de todas las dificultades los habitantes del Manglito persisten en la pesca sustentable y en el cuidado de su entorno por que, según explica Liliana Gutiérrez, “la comunidad ha logrado percibirse de otra manera y cambiar la imagen de sí misma. Hoy se descubren como un espacio donde las personas reciclan, restauran y protegen”. En ese camino, las Guardianas del Estero El Conchalito han sido una pieza clave, asegura la bióloga, porque “a pesar de los peligros ellas se levantan todas las madrugadas a caminar el inmenso Estero para protegerlo de los robos”, dice y esa presencia, agrega, “dio confianza a la comunidad”.

Lo que sueñan “Lograr la restauración de la Ensenada de la Paz donde se encuentra el Estero El Conchalito fue un proceso muy largo”, dice María Dionicia Avilés. Dicho proceso, ha incluido capacitarse en el funcionamiento del manglar, en las características de las aves, de los peces, en buceo con tanque y en cómo dirigirse a las personas.

“Aquí nosotras si vemos una

persona tirando escombro o basura nos acercamos y le decimos cómo eso afecta a los mangles. A las personas que vienen a caminar con sus perros les damos bolsitas que recojan las heces”, dice Verónica Guadalupe Méndez Camacho, pescadora y otra de las guardianas.

Para Claudia Reyes Hernández, ser guardiana y la única mujer buza monitora en su comunidad le cambió la vida. “Antes era una persona insegura, me daba miedo acercarme a la gente. Las capacitaciones nos han servido para hablar correctamente, a ser mejores personas, a cambiar nuestra actitud. Además, gran parte de nuestro cambio ha sido por el apoyo que nos damos entre nosotras”, dice.

Según Gutiérrez, la ventaja de las mujeres es que no les da pena decir “no sé”. “Ellas admitieron muy rápido que no sabían manejar una computadora, escribir bien o que les daba miedo hablar en público”.

Luego de eso fueron conquistando logros y el reto actual es ganarse un lugar en su propia organización, pues “los hombres siguen sin reconocerlas y las excluyen”, asegura.

Las Guardianas del Estero El Conchalito sueñan y tienen el deseo de ofrecer servicios turísticos: avistamiento de aves, senderismo, paseos por kayaks y en bicicleta, para seguir construyéndose como personas y desarrollando su independencia económica.

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#NosQueremosVivas

Más que matar porque puedo, matar para ser alguien ¿Cómo fue que pasamos de hablar de “las muertas de Juárez” a contar mujeres asesinadas en todo el territorio del país? ¿Cómo pasamos de los feminicidios íntimos a los cuerpos de mujeres expuestos?

D A N I E L A P A S T R A N A PIE DE PÁGINA

S

agrario González Flores desapareció el 16 de abril de 1998, dos meses antes de cumplir 18 años. Su cuerpo, martirizado, se localizó semanas después en el desierto de Chihuahua.

Sagrario era la cuarta de los siete hijos del matrimonio de Paula Flores y Jesús González. Originaria de Durango, la familia había llegado tres años antes a Ciudad Juárez con el sueño de mejorar sus vidas en la ciudad donde prosperaban las maquiladoras.

En febrero de 2005 la familia logró que la policía detuviese a José Luis Hernández, El Manuelillo, un coyote del barrio, quien había desaparecido de la zona poco después del crimen. En su primera declaración, Hernández dijo que dos hombres le pagaron 500 dólares por entregar a la joven, a la que interceptaron al salir de la maquiladora cuando la cambiaron de turno y su padre ya no pudo acompañarla. En el juicio cambió su declaración y dijo que actuó solo.

Lo condenaron a 28 años de prisión.

Jesús González, el padre de Sagrario, se suicidó en 2006, incapaz de superar la pena.

Paula Flores, su madre, se quedó en Juárez y se convirtió en un ícono de la lucha por la justicia en los feminicidios de esa ciudad fronteriza. Su historia fue llevada al cine en el documental dirigido por José Bonilla ‘La Carta. Sagrario nunca has muerto para mí’. Paula llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La última audiencia que ha tenido fue en septiembre de 2019, es decir, 21 años después del asesinato de Sagrario.

“No me quiero morir sin saber que realmente se hizo justicia”, expresó la mujer frente a cinco comisionados del organismo internacional el viernes 27 de septiembre, cuando se desahogó una diligencia pública del caso 13 mil 337, abierto contra el Estado mexicano por seis feminicidios ocurridos en Juárez entre 1995 y 2003. El año en el que mataron a Sagrario hubo en Juárez otras 35 mujeres asesinadas. Para el cierre de ese 1998, ya sumaban 179 asesinatos de mujeres en esa ciudad, que vivió un auge de empresas maquiladoras a partir del establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del

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Retrato de Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, víctima de feminicidio en 1998.

Norte (TLCAN).

Muchas de las víctimas eran, como Sagrario, jóvenes que vivían en las colonias periféricas y trabajaban en la maquila. La prensa nacional comenzó a referirse a ellas como “Las muertas de Juárez”. La investigadora Marcela Lagarde le puso nombre al delito: feminicidio.

Un intento por nombrar La definición de los asesinatos de mujeres cometidos por hombres desde una superioridad de grupo ya existía. En la década de los 70, la estadunidense Diana Russell acuñó la expresión de “feminicio” para reconocer y visibilizar la discriminación, opresión, desigualdad y violencia sistemática contra las mujeres en su forma más violenta hasta entonces: el asesinato que ocurría, por lo general, dentro del núcleo familiar.

Juárez y sus maquilas cambiaron el paradigma: las mujeres desaparecían y sus cuerpos eran localizados en la vía pública o se esfumaban en el desierto. Lagarde agregó al concepto un significado político para denunciar la falta de respuesta del Estado y definió el feminicidio como un crimen de Estado: “una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad”. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el asesinato de tres mujeres en Campo Algodonero. Fue el primer fallo de su tipo en el mundo y estableció reparaciones con perspectiva de género.

Pero los crímenes por violencia de género no sólo no se detuvieron.

Por el contrario: Juárez escaló al país.

Para 2019, el año en que Paula Flores acudió a su última audiencia en la CIDH, los asesinatos de mujeres en Juárez sumaban mil 884 desde 1993, según los registros de la Fiscalía de Chihuahua. Sólo en 2010 hubo 304, es decir, nueve veces más que en el año del asesinato de Sagrario.

Y de acuerdo con el estudio Homicidios y Desapariciones de Mujeres en México, elaborado por Data Cívica, entre los años 2000 y 2017 fueron asesinadas en México 34 mil 846 mujeres.

El estudio precisa que los asesinatos de mujeres representan apenas el 11 por ciento de los homicidios registrados en el país en ese mismo tiempo. Y destaca un dato: las tasas de homicidio y

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Archivo de acompañamiento de la doctora Julia Monárrez en actos de protesta contra la desaparición y feminicidios en Ciudad Juárez. desaparición de mujeres siguieron dos trayectorias distintas: La primera se mantuvo en un rango más o menos constante, mientras que la segunda se disparó.

¿Qué pasó?

¿Cómo fue que pasamos de hablar de “las muertas de Juárez” a contar mujeres asesinadas en todo el territorio del país?

Laura Baptista, consultora en seguridad y experta en temas de género, no tiene dudas de que el análisis de los feminicidios está cruzado con la violencia provocada por la expansión y fragmentación de los grupos del crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón.

‘Se rompió un pacto’, dice Baptista. Lo que en su momento fue llamado guerra contra las drogas provocó un cambio, tanto de las formas de participación de las mujeres dentro de las organizaciones criminales, como de ver a las novias o esposas de delincuentes del grupo contrario como un botín de guerra.

“Las mujeres son un territorio donde esta violencia se expresa, y son propiedades de estos hombres.

Sus enemigos vienen y expresan estas violencias en ellas”.

A eso se agregan dos elementos: la diversificación de las formas del

crimen (tráfico de órganos, trata) y una saña cada vez mayor sobre los cuerpos.

“El feminicidio se encontraba en casa. Pero hoy está en el espacio público y tiene una narrativa de lo que piensan los asesinos sobre sus víctimas: son nada, basura, un despojo. Es una descomposición brutal, de chavos que tienen poco aprecio por su vida porque a nadie importa su vida. Y se ha ido sofisticando. La forma más brutal son las desapariciones”, dice.

La investigadora feminista Emanuela Borzacchiello coincide en el diagnóstico y agrega un elemento: el autorreconocimiento dentro de una comunidad violentada.

“Cuando el contexto de violencia cambia y se vuelve más violento, ellos tienen que ser más violentos para ser reconocidos. Ya no sólo es que mata porque puede, sino para sentirse alguien, para retroalimentar su propia existencia en un contexto en el que a nadie le importa”.

La exposición de los cuerpos, dice Borzacchiello, es más que lanzar un mensaje hacia sus pares.

Es matar el recuerdo, la afectividad.

“Es para decir: ‘Yo tengo poder y ejerzo la voluntad de matar’. Y para demostrar ese poder no sirve solo matar a una desconocida, sino a una mujer deseada. Y hay que

hacerlo con más violencia, para reconocerse y ser más reconocidos”.

Borzacchiello piensa que es necesario un análisis del fenómeno distinto al que se ha hecho, y que está enfocado, sobre todo, en la impunidad de los crímenes.

“Necesitamos un paso metodológico más atrevido”, dice.

“Es decir, sí la impunidad, pero no sólo la impunidad. Porque si siguen diciendo que la impunidad es el problema no vamos a avanzar”.

A partir del trabajo que hizo de violencia de género entre 2007 y 2009 en Guanajuato, donde estudió este cambio en las violencias hacia las mujeres en Silao, un municipio en proceso de industrialización similar al que tuvo Juárez, la investigadora enlista algunas pistas: “Tenemos que revisar lo que ocurre entre lo público y lo privado, porque las matan en la casa, pero no las dejan en la casa. Y no se está registrando donde las mataron, sino donde las dejaron. Tenemos que volver a revisar Juárez, porque los feminicidios están bajando y las desapariciones aumentando y la desaparición con fines de trata es la máxima esclavitud desde un concepto económico neoliberal.

Hay un modus operandi que se está gestando en eso y que tiene que ver con las cadenas productivas,

con la desigualdad que se crea a partir de la precarización laboral y del modelo económico se inserta en la competencia. Tenemos que pensar de otra forma el concepto para la reparación del daño, que ahora está reducido a dar dinero a las familias”.

Trabajar con los más chiquitos

En 2002, Paula Flores fundó en Lomas de Poleo el jardín de niños María Sagrario Flores González.

“Tenemos que trabajar con los más chiquitos, para que todo cambie”, decía en 2010, cuando se presentó el documental.

Por esos días también dirigía la Fundación Sagrario, que buscaba articular una propuesta cultural como alternativa a la violencia. Pero esa, como otras alternativas culturales en Juárez, fueron arrasadas por la violencia que desató la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y que en 2010 colocó a Juárez en la cima de las ciudades más violentas del continente.

Para entonces, también, la gente en Juárez y en el país se había acostumbrado al tema del feminicidio y comenzaba a normalizarlo. Y ya desde entonces, las organizaciones reconocían un fenómeno emergente: la

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desaparición de niñas y mujeres.

A la distancia, Borzacchiello y Baptista destacan que la búsqueda de justicia opacó un tema que Paula Flores veía desde 2002: la incidencia en los espacios formativos de los posibles agresores.

“Tenemos políticas siempre enfocadas en las víctimas y no en los victimarios”, dice Borzacchiello.

“Necesitamos volver a crear un vínculo entre las personas afectadas y los victimarios. No se trata de personas sino de un proceso de escucha y reconciliación. Y por supuesto, la educación de los niños es fundamental”.

Laura Baptista, quien tiene un amplio trabajo en prisiones y con policías y ministerios públicos, tiene una visión menos optimista: “El problema es enorme. No es solo un problema de impunidad: es de estructuras sociales. Porque los policías y los oficiales piensan como los agresores y los ministerios públicos también. El tipo penal está mal hecho y mete a los ministerios públicos en la necesidad de demostrar cosas muy difíciles,

como la intención. Son zonas grises que no se ven, y no hay capacidad de atender el problema”.

Para poder salir del atolladero, dice, se requieren muchos cambios, incluso de los medios de comunicación, de las organizaciones de víctimas y de los propios colectivos el movimiento feminista.

“Grupos de mujeres han tenido información valiosa, pero se quedan en el activismo. Y está súper abandonado el tema de las masculinidades. Los talleres que hay son poco asertivos, en general, parece que ellos deben ir para ser regañados. En otros lugares hay experiencias más exitosas, o que han logrado algún avance, como en Medellín (Colombia), donde los programas se concentraron en

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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CASAS DE EMERGENCIA

El primer resguardo para mujeres violentadas ¿A dónde puede ir una mujer, con todo y su familia, si necesita escapar de una situación de violencia en su hogar? Esos lugares se llaman Casas de Emergencia y dan resguardo desde una noche hasta tres días, con todo lo que se pueda necesitar I T X A R O A R T E T A ANIMAL POLÍTICO

N

alleli Otilio recibió en la Ciudad de México la llamada de una asociación civil de Guerrero que pedía ayuda urgente ante un caso de violencia de género y comunitaria: una chica de 15 años con una bebé recién nacida necesitaba salir de su pueblo, en la sierra, y en cuestión de horas. Su madre, con otros dos hijos varones menores de edad, fue quien buscó apoyo e hizo el plan para escaparse del hombre que maltrataba a la adolescente y que formaba parte de la organización que tiene el control y dicta las normas de la comunidad. O salían en ese momento, o no lo harían nunca. ¿A dónde puede ir una mujer, con todo y su familia, si necesita escapar de una situación de violencia en su hogar?

El 67% de las mujeres que han sufrido violencia no sabe dónde pedir ayuda, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.

La respuesta existe y ha surgido de asociaciones de la sociedad civil que han creado Refugios para mujeres. Pero los Refugios como tal son mucho más que un techo de urgencia, tienen reglas y un plan de atención que considera tres meses de estancia. ¿Cuál es la opción si solo hace falta salir huyendo y encontrar dónde dormir, un primer lugar dónde valorar su propia situación de peligro y pensar en qué van a hacer a partir de ese

momento con el resto de su vida?

Esos lugares se llaman Casas de Emergencia y dan resguardo desde

una noche hasta tres días, con todo lo que se pueda necesitar: cama, comida, ropa y artículos de higiene

personal. Pero además, con una primera atención médica, psicológica y asesoría jurídica, para

17 que la mujer sepa qué opciones tiene y empiece a decidir de qué manera quiere salir de esa vida de violencia.

Estas Casas son uno de los cuatro espacios que conforman el modelo de atención integral a mujeres víctimas de violencia que diseñó la Red Nacional de Refugios (RNR) y que fue aprobado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde 2011; los otros tres son las Casas de Transición, los Centros de Atención Externa y los Refugios propiamente. Aunque solo los dos últimos están considerados para ser financiados por el Estado con presupuesto federal, que no desapareció ni se redujo en este gobierno, como aseguraron muchos candidatos y varios partidos en las pasadas elecciones.

En 2020, un financiamiento de la Unión Europea de 7.3 millones de pesos permitió la apertura de 8 nuevas Casas de Emergencia y de Transición de la Red de Refugios para concretar el modelo de atención completo en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima y Morelos, además de la Ciudad de México.

que fue la pionera en crear Refugios para mujeres en Nuevo León, pero que actualmente ya no pertenece a la RNR. Diseñaron este concepto con lugares efectivamente pintados de violeta para que cualquier mujer los identifique fácilmente. Abrieron la primera en el municipio de Apodaca (y no en Escobedo, como presumía como logro propio la ex alcaldesa de esa demarcación y ex candidata a gobernadora Clara Luz Flores), y hoy tienen ya siete en el área metropolitana de Monterrey.

Entre 2019 y los primeros cuatro meses de 2021, las Puertas Violeta resguardaron en Casas de Emergencia a 493 mujeres.

Este fue el concepto que la Secretaría de Gobernación (Segob) prometió replicar en todo el país cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que no se diera más dinero público a asociaciones civiles (orden que finalmente hizo una excepción con los Refugios). Sin embargo, el plan no funcionó: solo se abrieron cinco, sujetas a voluntad de los estados o municipios, a que se les asignara presupuesto local, personal voluntario o de otras dependencias, la mayoría no crearon refugios sino que se vincularon a uno ya existente de la sociedad civil, y finalmente han tenido que abandonar el nombre por no apegarse al modelo original.

Primera atención, una puerta de ayuda

Los primeros Refugios para acoger a mujeres en México se crearon en los años 90, pero quienes trabajaban en ellos se dieron cuenta con el tiempo de que necesitaban cambiar dos cosas: que la ubicación fuera secreta, para que los agresores no supieran dónde ir a buscar a sus víctimas, y que entonces ellas necesitarían otro lugar que sí fuera público, donde supieran que podían llegar a pedir ayuda y resguardarse.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, cuenta a Animal Político que se enteraban de mujeres que después de salirse de su casa no tenían a dónde ir y terminaban quedándose afuera del Ministerio Público al que fueron a denunciar o en algún parque. Entonces lo primero que hicieron las organizaciones fue rentar un cuarto de hotel y quedarse con ellas, hacer la primera intervención y revisar sus opciones de irse con algún familiar, a otro estado o ingresar a un Refugio.

Así surgieron los Centros de Atención Externa, alrededor de 2003, que fue el primer año que

Del enfoque centrado en la denuncia al centrado en la mujer

desde el gobierno se empezó a dar subsidios a estas organizaciones, a través de la Secretaría de Salud.

Este es el único de los cuatro espacios que siempre tiene una ubicación y un teléfono públicos, porque son una oficina de primera atención, y también de seguimiento: si la mujer no está en riesgo extremo, si tiene dónde vivir o si ya salió de un Refugio, el Centro Externo es el lugar a donde acudirá a recibir terapia psicológica durante el tiempo que la necesite, a recibir asesoría si tiene un proceso legal abierto, o simplemente a que la orienten y acompañen para volver a tramitar documentos personales, buscar trabajo o hasta rentar un nuevo departamento.

Durante 2020, cuando el confinamiento por la pandemia de

Covid-19 disparó la violencia intrafamiliar, la RNR atendió en total a 46 mil 514 personas, 39% más que un año antes, la gran mayoría a través de estos Centros. Aunque las oficinas tienen un horario, la línea telefónica es 24 horas y ahora también atienden por redes sociales, por lo que una tercera parte de esas atenciones fueron por estas vías.

Los Centros de Atención Externa son además donde se valora si la vida de una mujer corre peligro y tiene que ser resguardada, por lo que son la puerta de entrada a una Casa de Emergencia o a un Refugio.

Con esta idea de servir como acceso a otros servicios fue que en 2017 hubo una organización que les puso de nombre “Puertas Violeta”.

Se trata de Alternativas Pacíficas,

Cristina Alfaro vivió violencia extrema de su pareja hace ya 10 años. Le pegaba, lanzaba amenazas de muerte sobre ella y sus hijas, hasta que un día le rompió la boca.

Fue a denunciar a su violentador pero la respuesta que encontró fue el descrédito.

“No sirvió de nada… Incluso cuando la estaba levantando (la denuncia), el ministerio público me decía: ‘ay, ¿está segura?, ¿de verdad? Ay, ¿pero no está exagerando?’... Estaba minimizando lo que él hacía. Incluso teniendo el teléfono ahí a un lado y llamándome él sin parar”, recuerda.

Esta actitud de hacerlas dudar de su propia intención de demandar a un hombre que es violento, el prejuicio de que a los pocos días se van a arrepentir y lo van a perdonar, se siguen repitiendo hoy en día, coincide

18 personal de distintas asociaciones civiles entrevistado por Animal Político.

Sin embargo, el modelo de atención a la violencia de género de los gobiernos está centrado en la parte judicial y en que haya una denuncia legal.

“No les creen. Desde que llega la mujer al espacio y no le crees, pues oye, obviamente ella ya tampoco va a estar a gusto en ese espacio. Si no les crees y aparte empiezan con esto de ‘¿para qué va a denunciar si al rato va a regresar con el agresor?’, y empiezan todos estos estereotipos y tonterías, pues obviamente la mujer dice: ‘ay, ¿qué hago aquí?’”, señala Jonathan Villalba, director de la organización Creativería Social, que tiene los cuatro espacios del modelo en Morelos.

“Las instancias no dan el acompañamiento jurídico (...) ‘te digo cómo hacerlo, pero no voy contigo’. Entonces si de por sí el gobierno no te da la atención, y luego no vas acompañada o acompañado con un asesor, asesora jurídica, pues peor tantito”. Óscar Yáñez, trabajador social de la RNR, es contundente en que la denuncia legal es un derecho, pero no un requisito para acceder a otros derechos. E incluso, que en la valoración de riesgo que se hace cuando una víctima llega a pedir ayuda, se analiza si ir ante la policía puede empeorar la situación, si su agresor tiene contactos con autoridades, o si es miembro de la delincuencia organizada, porque una denuncia podría hacerla ubicable.

La asesoría jurídica en todo el modelo de las asociaciones civiles es un servicio que se da a la par que la atención psicológica y el acompañamiento de trabajo social.

Las mujeres tampoco tienen que quedarse si no quieren la primera vez que van a un Centro Externo o que terminan una noche en una Casa de Emergencia. La idea que mantiene el personal de estos lugares es que si ya dieron el primer paso de buscar opciones, es cuestión de tiempo, de su propio proceso personal, que se decidan a salir de esa vida. Por lo que, sin juzgarlas, les dan toda la información de las opciones que tienen y les ofrecen terapia psicológica para que, una vez que tengan bien identificada la violencia que sufren, den el siguiente paso en

noches, quedarse en una Casa de Emergencia mientras visualizan si lo que ellas quieren es un Refugio o lo que quieren es irse con familiares que se encuentran en otros estados o en otros municipios. (...) Es básicamente un tiempo de reflexión, o bien es un tiempo de sentirse seguras para tomar otras decisiones”.

Sociedad civil, al rescate de espacios de emergencia del gobierno

el momento en que estén listas.

“Hay muchas mujeres que no quieren ingresar a un Refugio. A veces ha sido tan fuerte la situación de violencia que han vivido que no quieren ingresar a Refugio, lo que

quieren es retirarse totalmente del agresor”, explica Mayela Chávez, directora del Centro de Apoyo Opciones Dignas, de Coahuila.

“Muchas veces en este caso ellas solo quieren dos noches, tres

Casi al mismo tiempo que se estableció el modelo de atención de la Red de Refugios, en 2010 se crearon como estrategia gubernamental contra la violencia de género los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Además de que deben tener junto al Ministerio Público atención psicológica y trabajo social, sus lineamientos establecen que deben contar con un espacio de albergue temporal para quien llegue a pedir ayuda y no pueda regresar a su casa ni tenga a dónde ir, es decir, el mismo concepto de Casa de Emergencia.

Pero en la práctica, ni todos tienen este espacio, ni los operan aunque los tengan, y lo peor, es que funcionan con horarios del Poder Judicial. Durante la pandemia, cuentan activistas, se notó mucho que estos servicios estaban cerrados y subió la demanda de Casas de Emergencia. Ha sido la sociedad civil quien ha salido al rescate de esa obligación de dar un lugar seguro en los primeros días.

Así le pasó a la asociación Con Decisión Mujeres por Morelos. Su directora, Ana María Gutiérrez, recuerda que cuando se abrió el Cejum en el sexenio pasado, la directora del DIF dijo que ya tenía muchas cosas que atender y no tenía capacidad para tener habilitados con sábanas, requerimientos básicos o personal de planta los cuartos de refugio temporal.

“Entonces pregúntame quién atiende, quién equipó, quién les tiene ahí cosas: las asociaciones civiles. (...) La misma directora del Centro de Justicia te hablaba: ‘van a ingresar ahorita una familia, por favor manda a alguien’. Obvio no tenemos dinero para estar pagando una persona ahí todo el tiempo,

19 pero sí teníamos la manera de mandar de aquí una enfermera ya capacitada y decirle ‘oye, llega una familia, atiéndela’. Y entonces esa familia ya podía ingresar ahí y estar 24 o las horas que necesitara, cuidada. Y ya le empezábamos a hablar del Refugio, etcétera, al mismo tiempo empezaba ya todo el mecanismo del Centro de Justicia, que denunciara”, explica.

En Chiapas ha pasado algo similar, relata Irene Balcázar, de la asociación Por la Superación de la Mujer, y al final lo que siempre pasa es que la policía les llama para mandarles a las mujeres que necesitan un lugar de resguardo.

“El Cejum trabajan de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes; sábados y domingos no, días festivos no, aparte está súper lejísimos de la ciudad, el transporte las deja a orilla de carretera y tienen que caminar como un kilómetro y medio, no hay árboles, es un solazo impresionante, nosotros acá manejamos de 38 a 40 grados, es un calor impresionante, entonces ¿cómo pretende el gobierno brindar una atención así? Las violencias no son de lunes a viernes ni en horarios. (...)

Lo único que les ofrecen es agua o café, y aunque la usuaria esté denunciando 3, 4, 5 horas ahí”, reclama Balcázar.

Ella coordina una Casa de Emergencia de sociedad civil que empezó a operar apenas en diciembre pasado. Calcula que de cada 10 mujeres que han pasado en estos meses, solo una ha regresado a su casa con el agresor, dos han emprendido el proceso de atención que les ofrecen pero de manera externa, y las otras siete, la gran mayoría, ha optado por ingresar a un Refugio después de que se les explica que tienen esa opción para estar ahí tres meses, sin ningún costo.

Del primer resguardo a un lugar seguro

La Casa de Emergencia a la que llegó hace unos meses la chica de Guerrero con su mamá, sus hermanitos y su bebé, fue la primera que creó la Red de Refugios, en 2013, en la Ciudad de México.

Su ubicación no se puede dar por seguridad, ni a las propias usuarias, para evitar que en la confusión del momento en que huyen y por presiones del agresor o la familia vayan a revelar a dónde

van. Para llegar ahí, la Red envió un Uber, empresa con la que hizo un convenio en 2020 para facilitar viajes de urgencia, del que solo se recibió un mensaje con las placas, pero no la dirección de destino. En el año de la pandemia, la organización rescató a 40 mujeres a las que de plano fue a buscar con traslados como este, un 300% más que un año antes.

Al llegar al destino, hay un vigilante las 24 horas. En la planta baja de la Casa hay una pequeña cocina y una lavadora, por si hace falta. Al subir la escalera, dos habitaciones, una con dos camas matrimoniales y otra con una y un sofá cama. Para que la mujer o familia refugiada se distraiga, ya que durante su estancia no podrán salir, cuentan con televisión que solo tiene servicio de entretenimiento, y no canales para evitar que vean noticias, por ejemplo, que causen más estrés.

También hay una oficina donde se almacenan los productos básicos que pueden necesitar y se les da la atención que necesiten. Ahí está Nallei Otilio la trabajadora social, un área clave porque da acompañamiento, que a veces implica solo contar con alguien que ya sabe cómo hacer las cosas o que puede resolver situaciones cuando ellas no pueden ni pensar.

Con la familia que venía huyendo de Guerrero, además de que se mantuvo en contacto por teléfono desde el Centro Externo, la recibió en la Casa de Emergencia y se quedó ahí todo el tiempo.

Aunque dejaban todo atrás, sí tenían a donde ir, ya que el papá de la adolescente vive en un estado del norte del país, y por ello solo necesitaban llegar a la capital a un lugar dónde poder dormir y tomar un avión. A Otilio le tocó acompañar a la familia al aeropuerto, ver que la bebé fuera registrada para poder viajar en brazos, resolver el hecho de que las pocas pertenencias que pudieron sacar no venían en maletas sino en costales y había que encontrar el modo de que la aerolínea aceptara documentarlo como equipaje.

Estos casos en los que sí tienen a dónde ir, también son la minoría, aclara Otilio, ya que las redes familiares suelen estar debilitadas y alrededor del 70% de mujeres opta por ingresar a un Refugio, el siguiente paso en este camino para salir de la violencia doméstica.

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EN LAS AGUAS DE SEYCHELLES

Vierten barcos atuneros residuos con impunidad Al atún le encanta reunirse alrededor de objetos a la deriva en el mar, por lo que los buques pesqueros industriales liberan al mar miles de dispositivos de concentración de peces (DCP) artificiales con alto contenido de plástico todos los años para reunir atún M A L A V I K A M O N G A B AY

V Y A W A H A R E

E

n 2019, cuando Jeremy Raguain se presentó en una campaña de limpieza en el atolón de Aldabra, un sitio patrimonio mundial de la UNESCO, embolsó una monstruosidad marina sin igual: un dispositivo de concentración de peces o DCP encallado.

Se trataba de una maraña inmensa de boyas, redes y cuerdas de pescar que pesaban cientos de kilogramos.

Esa estructura de pesca, como la mayoría de los DCP, estaba hecha de una balsa flotante y una parte colgante sumergida, que suele . Más del 80 % de la basura de plástico que se arrastró hasta la costa del atolón del océano Índico, hogar de las icónicas tortugas gigantes de Seychelles, estaba relacionado con la pesca o residuos de pesca, estimaron Raguain, ecologista marino seychellense, y su equipo.

Los buques de España y Francia han explotado durante décadas la población abundante de atún de Seychelles y, detrás de sí, dejaron residuos en sus aguas.

“No es que queramos decir que son los únicos culpables, pero, con diferencia, son los mayores”, dijo Raguain, quien codirigió el trabajo de limpieza en Aldabra.

Los buques atuneros que trabajan con red de cerco lanzan miles de DCP al mar todos los años y abandonan muchos de ellos allí. Cuando los DCP abandonados van a la deriva hasta la orilla, la limpieza de lo que dejan las flotas de la pesca industrial recae en los voluntarios y ambientalistas como Raguain. Él y cinco integrantes de su equipo pasaron un día entero bajo el sol abrasador seychellense desarmando ese DCP monstruoso.

“Aldabra está tapado de basura porque hay una industria pesquera de atún gigante en la región, constituida en gran parte por grandes empresas de la Unión Europea que exportan todo este atún allí y a todo el mundo”, dijo April Burt, científica marina de la Universidad de Oxford que codirigió la recolección de basura con Raguain.

“Han estado tirando toda esta basura pesquera con impunidad”.

Los cerqueros europeos transportan el atún; una fábrica de conservas tailandesa en Seychelles procesa la mayor parte de este y luego lo exporta a Europa.

Los interrogantes sobre los DCP integran un debate más amplio sobre la sostenibilidad de las pesquerías industriales del atún. Las pesquerías del océano Índico son uno de los proveedores principales del mercado

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Una tortuga enredada en cuerdas y redes de plástico en el atolón de Aldabra. internacional de atún enlatado de $8.5 mil millones anuales. Al menos una población, la del atún de aleta amarilla o rabil (Thunnus albacares), está a unos pocos años del colapso, y los DCP tienen parte de la culpa.

“Adictos a la pesca con DCP” Los DCP revolucionaron las pesquerías de atún; en lugar de perseguir al atún, los pescadores ahora pueden atraerlo con los DCP. Dondequiera que haya pesca industrial de atún hay DCP. En el océano Índico, cerca del 80 % del atún se atrapa con DCP en la actualidad.

Funcionan porque al atún y a los de su clase les gustan los residuos flotantes. Impulsados por un instinto indescifrado, los peces se amontonan alrededor de los DCP de a miles. Esto los convierte en objetivos fáciles para los pescadores que, de lo contrario, tendrían que peinar grandes extensiones oceánicas para detectar a los cardúmenes que nadan libremente. Los DCP los libraron del trabajo rutinario y los avatares de este modus operandi.

Hasta hace unas décadas, a los pescadores les complacía usar madera flotante natural para atraer a los peces. Sin embargo, con el tiempo, los buques pesqueros industriales comenzaron a hacer uso de los DCP

con mayor frecuencia y las ayudas a la pesca se volvieron cada vez más sofisticadas. Ahora muchos DCP están equipados con transmisores de GPS y sensores de sonido de eco, que retransmiten sus ubicaciones y la cantidad de peces en sus órbitas en tiempo real. Los buques luego pueden dirigirse a los DCP más prometedores.

“Es una pesquería cómoda; puedes observar tu posible pesca, seguirla y nunca fallar”, dijo Alain Fonteneau, experto en el sector de la pesca del atún que trabajó durante décadas en el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sostenible (Institut de recherche pour le développement, IRD) de Francia.

La comodidad trae un costo aparejado. Los DCP han invadido los océanos de todo el planeta, lo que contribuye al aumento de la marea de contaminación de plástico.

Los buques con red de cerco que dependen de los DCP son unos de los barcos pesqueros industriales más grandes del mundo. Las redes de cerco, que tienen hasta dos kilómetros (1.2 millas) de longitud si se las extiende sobre una superficie plana, rodean el cardumen y se cierran en la parte inferior como un monedero que se ata con cordón. Un solo buque con red de cerco de gran tamaño puede

desplegar cientos de DCP. No hay datos suficientes sobre la cantidad de DCP que se liberan al mar a nivel mundial, pero los investigadores estiman que la cifra alcanza cerca de los 100 000 al año.

Los expertos afirman que incluso podría ser superior.

La delegación europea en Mauricio y Seychelles afirmó en una declaración por correo electrónico enviada a Mongabay que no podía compartir información sobre la cantidad de DCP que su flota del océano Índico usaba debido a la “confidencialidad comercial”.

Un informe de la Comisión del Atún del Océano Índico (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) analizó el origen de 115 DCP recuperados en la zona económica exclusiva de Seychelles en 2015 y rastreó más de tres cuartos de ellos hasta buques españoles. El resto provenía de barcos cuyos propietarios eran franceses.

España y Francia operan flotas con red de cerco en aguas seychellenses desde mediados de la década de 1980. Actualmente, hay 15 cerqueros de bandera española y 12 de bandera francesa en el océano Índico. Sin embargo, el dominio europeo del sector pesquero del atún en la región también se explica mediante el control

22 europeo de buques que portan banderas de otros estados.

De los 13 buques con red de cerco que navegan con la bandera de Seychelles, 11 tienen usufructuarios en España y los otros dos en Francia. Un estudio de 2019 halló que este tipo de buques con bandera seychellense pesca casi exclusivamente con DCP. “Los españoles son muy adictos a la pesca con DCP porque la pesca con DCP es muy eficiente. Ahorran combustible, dinero y tiempo”, le dijo a Mongabay Nirmal Shah, gerente ejecutivo de la organización sin fines de lucro Nature Seychelles y expresidente de la Autoridad Pesquera de Seychelles.

Se cobran víctimas no deseadas

Es más que un problema de cifras.

Desde hace milenios, los inmensos cardúmenes de atún giran entre las zonas donde se alimentan y aquellas donde desovan.

Al hacerlo, redistribuyen nutrientes por todo el océano. Algunos científicos afirman que los DCP que proliferan en sus hábitats pueden alterar todo, desde sus patrones de migración hasta la conducta de desove, y distorsionar así instintos que se han forjado durante millones de años de evolución.

También podrían desorientar a otros peces.

Los DCP no solo atraen al atún, sino también a otras especies de peces. Se estima que los buques con red de cerco que pescan cerca de los DCP atrapan cinco veces más peces de especies que no son objetivos, es decir, realizan captura incidental, que cuando pescan atún de cardúmenes libres.

Lo que es incluso más preocupante es que atraen a peces juveniles que no alcanzaron la madurez sexual. La captura de demasiados juveniles que nunca se reproducirán deja a las poblaciones en peligro del colapso.

Este es uno de los motivos por los que la población de rabil del océano Índico podría desplomarse dentro de unos pocos años.

La IOTC, el organismo intergubernamental regional que regula las pesquerías de atún, estableció límites de pesca para el rabil a partir de 2016. Tanto las flotas europeas como las seychellenses han infringido estos límites en los últimos años.

“Un gran porcentaje de la pesca española corresponde a juveniles; pescan millones de ellos. Es un escándalo”, dijo Shah. “En nuestras

Tortuga golfina muerta, atrapada en un DCP. propias pesquerías a pequeña escala, hace años que les decimos a los pescadores locales que hay límites respecto del tamaño. Sin embargo, permitimos que los buques gigantes vacíen el océano Índico de juveniles”.

Seychelles yace justo en el centro de la ruta de migración del atún en el océano Índico occidental. El país consta de más de 100 islas que conforman una zona económica exclusiva de 1.37 millones de kilómetros cuadrados (529 000 millas cuadradas). Es una región marina que tiene más de tres veces el tamaño de California y proporciona la captura de atún más grande del océano Índico.

Los límites estatales no disuaden a los DCP a la deriva, la clase que los cerqueros más usan; los límites de las reservas marinas como Aldabra tampoco los repelen. Hay poco incentivo para que los buques vayan tras ellos si se pierden o no logran atrapar peces. Cuando estas ayudas a la pesca o DCP se alejan hacia las áreas marinas protegidas, los barcos no pueden seguirlas.

Eso implica que los DCP y sus partes pueden permanecer en el mar durante meses o años.

Están hechos para durar: su estructura flotante está elaborada a partir de bambú, redes de plástico, corcho y caños de PVC. El apéndice sumergido consta de montones de redes de nylon. Su capacidad de duración, una bendición para los pescadores, es un desastre para el ambiente marino.

Los DCP abandonados pueden terminar en cualquier lugar: arrastrados hasta las playas, atracados

Residuos relacionados con la pesca en el atolón de Aldabra, un sitio patrimonio mundial de la UNESCO.

en arrecifes de coral o engalanando manglares. En un estudio se estimó que uno de cada 10 DCP usados por la flota francesa en el océano Índico entre el 2007 y el 2011 acabó finalmente encallando.

Aldabra está constituido por arrecifes de coral antiguos que ahora subsisten por encima del nivel del mar y encierra una laguna cuyo tamaño triplica el de Manhattan. Su lejanía — hay que tomar un vuelo chárter y un barco chárter desde la isla seychellense principal de Mahé para llegar hasta allí— dificulta los trabajos de limpieza. Los DCP atascados en los arrecifes de coral mar adentro son incluso más difíciles de sacar.

Los que permanecen en el mar también representan una amenaza.

Sus componentes plásticos pueden desintegrarse en partículas más pequeñas e ingresar a la cadena trófica marina.

Sin embargo, cuanto más tiempo los dispositivos permanecen intactos, más posibilidades hay de que atrapen víctimas no deseadas. Las tortugas verdes (Chelonia mydas) hembras en peligro de extinción emprenden migraciones traicioneras todos los años y suelen recorrer miles de kilómetros para llegar a las costas de Seychelles y anidar allí. Algunas de ellas terminan su recorrido atrapadas en las redes de un DCP. En las aguas seychellenses también habitan unas 60 especies de tiburones, entre ellos los tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis). Al quedar enmarañados en los DCP y no poder moverse, es probable que los tiburones sedosos juveniles se

sofoquen hasta la muerte. Como sucede con muchas especies de tiburones, las hembras de esta especie alcanzan la madurez sexual tarde, pasan por extensos períodos de gestación y dan a luz a pocas crías, por lo que la pérdida de tiburones juveniles a causa de los DCP afecta fuertemente a las poblaciones.

Según se estimó en un artículo de 2013, cada año los DCP a la deriva se cobran la vida de alrededor de 500 000 a 1 millón de tiburones sedosos en el océano Índico.

Los DCP proliferan, las regulaciones se quedan atrás

Las regulaciones relativas a los DCP no siguen el ritmo del uso creciente de estos ni del reconocimiento cada vez mayor de los problemas que representan para la vida marina.

Una serie de acuerdos firmados a partir de 1987 entre Seychelles y la Unión Europea (en ese entonces todavía era la Comunidad Económica Europea o CEE) rige los barcos de bandera europea que operan en la zona económica exclusiva de Seychelles. Un nuevo pacto de seis años para la pesca entró en vigencia en 2020. Este y otros acuerdos de colaboración de pesca sostenible (sustainable fisheries partnership agreements, SFPA) que la Unión Europea firmó con varias naciones en vías de desarrollo en la región del océano Índico han recibido muchas críticas por considerarse explotadores, conducentes a la sobrepesca y la inseguridad alimentaria, así como a sofocar el desarrollo de las flotas pesqueras nacionales.

23 Aun así, estos acuerdos evolucionaron a partir de tratos previos del tipo “pagar, pescar y marcharse”. Después de más de tres décadas, se incluyeron las consideraciones medioambientales por primera vez en el SFPA entre la Unión Europea y Seychelles firmado el año pasado.

El nuevo SFPA dice que los buques europeos “usarán” material natural o biodegradable y diseños que no se enmarañen en la elaboración de los DCP y que recuperarán los DCP cuando ya no sirvan. Sin embargo, el uso de los DCP biodegradables (o BioFAD, en inglés) actualmente no es vinculante y parece que se encuentran atascados en la fase de desarrollo.

En una respuesta por correo electrónico, un portavoz de la Unión Europea dijo que se espera que su uso sea obligatorio “para el 2022”, y agregó que “la UE llevó y todavía lleva a cabo y financia varios proyectos y estudios para materializar los DCP biodegradables”.

Julio Morón Ayala, director gerente de OPAGAC, una organización que representa a las empresas que pescan atún con red de cerco, describió el objetivo de 2022 como “una fecha imposible”.

“Estamos intentando hallar el diseño de los DCP biodegradables que pueda adecuarse a nuestra pesca, y está llevando más tiempo del previsto porque después de varios años de experiencias con científicos en un proyecto financiado por la Unión Europea en el océano Índico, se ha demostrado que es más difícil de lo esperado”, escribió Ayala en un correo electrónico a Mongabay.

Las disposiciones respecto de los DCP biodegradables en los SFPA no se extiende a los 13 buques con red de cerco de propiedad europea que navegan con bandera seychellense.

“¿Qué es biodegradable?”

Asimismo, no existe un consenso respecto de lo que realmente es un DCP ecológico. La Unión Europea lanzó un proyecto en 2017 para probar materiales naturales biodegradables para la elaboración de los DCP de estas características. Participaron institutos clave de investigación en el continente, entre ellos el IRD de Francia y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), así como la Autoridad Pesquera de Seychelles y la Fundación Internacional para la Sostenibilidad de los Alimentos Marinos (International Seafood Sustainability Foundation, ISSF).

Ilustración de la pesca con red de cerco de jareta.

“Todavía estamos definiendo cuestiones básicas: ¿Qué es biodegradable?”, dijo José Carlos Báez, experto en pesquerías marinas del IEO. “Si bien la transición hacia los DCP biodegradables comenzó, puede llevar un tiempo hasta que todos los componentes de los DCP puedan hacerse biodegradables”.

No todos están convencidos de que los DCP biodegradables sean el camino correcto. “Podemos fijar cuotas, podemos hablar sobre los DCP biodegradables, pero muchos ecologistas que quieren que las pesquerías sean sostenibles no ven que los DCP se estén haciendo sostenibles ni que formen parte de la pesca sostenible”, dijo Raguain, el ecologista marino seychellense.

Shah de Nature Seychelles dijo que los DCP biodegradables solo pretenden despistar. Quiere que los DCP se eliminen por completo.

La IOTC, la organización de gestión de pesquerías regional, limitó la cantidad de DCP en uso a 300 por buque. Si bien la intervención de la IOTC hizo cierta diferencia, controlar el cumplimiento representa un problema.

Fonteneau del IRD expresó que parte de la dificultad radica en que no hay consenso entre los propietarios de buques europeos sobre qué hacer con los DCP. Tras bambalinas, los franceses y los españoles se pelean por las normas, dijo. El uso de DCP ecológicos incrementaría el costo para todos los propietarios y operarios de las

embarcaciones.

Una relación desigual

Para Raguain, la “relación desigual” con la Unión Europea dificulta la regulación, en especial para Seychelles, un país pequeño con un territorio marino muy, pero muy extenso y muchas flotas que operan en sus aguas.

La responsabilidad de implementar las disposiciones de los SDPA, entre ellas las relacionados con los DCP, recaerá en Seychelles, afirmó la delegación regional de la UE en una respuesta por escrito a las preguntas de Mongabay. En la declaración se agregó que los buques de bandera europea “cooperarán con ellos”.

“Podemos sancionar leyes, pero si no se puede controlar a las empresas involucradas, abusarán de ello; la historia lo demuestra”, expresó Raguain.

El programa de observadores de la industria pesquera de Seychelles implica que haya personal que acompañe a los buques pesqueros para controlar las capturas y garantizar el cumplimiento con las normas. El programa, financiado en parte por la industria, se lanzó apenas en 2013. En un informe de la IOTC donde se documentó la implementación del programa en los 13 cerqueros con jareta de la flota seychellense se halló que el trabajo se vio entorpecido por los observadores poco capacitados y la falta de recursos humanos.

La Autoridad Pesquera de Seychelles no respondió ante los varios intentos de conseguir su comentario.

En el caso de las pequeñas naciones isleñas de todo el mundo, las tarifas de las licencias de pesca contribuyen significativamente a las arcas del gobierno, lo que pone en duda su capacidad de regular adecuadamente los barcos de los países más grandes y más poderosos.

En Seychelles, las tarifas y los pagos representan cerca del 3 % de los ingresos totales del gobierno.

Según el último acuerdo, la Unión Europea pagará 5.3 millones de euros ($6.3 millones de dólares estadounidenses) anualmente en tarifas de acceso a la pesca, y los propietarios de barcos europeos pagarán entre 80 y 85 euros (de $97 a $102) por tonelada de atún pescado.

También reservarán unos 175 000 euros ($208 000) adicionales al año para ayudar a Seychelles a salvaguardar su abundante riqueza marina.

Raguain señaló que los términos del acuerdo con la Unión Europea ni siquiera cubren el costo de deshacerse de la basura.

“En el caso de Aldabra, nos cuesta $10 000 por tonelada quitar la contaminación de plástico en el mar.

Los 85 euros por tonelada de atún no reflejan los factores externos reales de estas actividades”, afirmó. “Los consumidores, la mayoría de los cuales están en Europa, deben darse cuenta de que cuando compran esa lata de atún, no refleja el costo total de su impacto”.

Este es el segundo artículo de una serie de dos partes sobre el efecto que la pesca europea del atún produce sobre la economía y el ecosistema marino de las Seychelles, una nación archipelágica en el océano Índico.

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