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HALLAZGOS QUE INDIGNAN

El programa nacional de exhumaciones de cadáveres no identificados deja un desolado panorama a quienes buscan a parientes desaparecidos.

2 Crece o Muere. Ventas con estrategia ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE

www.salexperts.com/ Facebook: @Salexperts, @ACAldrete/ Linkedin: Alberto Cárdenas Aldrete

Foxitis

n una de esas “raras” ocasiones en que mi esposa decidía qué veríamos en la TV (léase en tono irónico), puso las noticias por CNN. Durante una nota, apareció el término que refiere el título de este artículo. Lo primero que me saltó a la mente fue alguna ocurrencia de Chente Fox, nuestro ex presidente. Al escuchar con atención la nota, me di cuenta que tenía que ver con las peripecias de otro ex presidente; no menos ocurrente, pero no precisamente de nuestro país. El término se relacionaba con el día que los manifestantes (o insurgentes) proTrump asaltaron el capitolio cual si fuera cualquier país bananero. Los abogados de Anthony Antonio, uno de esos alborotadores, argumentaron que su defendido presentaba un caso de “Foxitis”. Alegan que fue ocasionado por estar muy expuesto al contenido de la cadena informativa Fox, que falsamente argumentaba que las elecciones habían sido robadas, entre otras noticias por el estilo que afectaron “gravemente” el estado mental de su cliente. Por un lado, no podemos negar la irresponsabilidad de la cadena Fox, ya que publicaba notas tan absurdas como que Hugo Chávez había fundado Smartmatic, empresa que proveyó los sistemas para operar las elecciones. Pero por otro lado, la falsedad de la información de Fox news… ¿Justifica a esos alborotadores a asaltar el Capitolio? ¿Los convierte en inocentes víctimas de un medio de comunicación? A partir de ahora, Foxitis significará el síndrome de evadir importantes responsabilidades culpando alguna idea, persona, elemento, etcétera a la cual el sujeto imputable haya estado expuesto. Así que no te preocupes; si te despiden del trabajo, sería la culpa del capitalismo voraz que sólo persigue beneficios económicos. Si las ventas de tu empresa van mal, serían los chinos y los productos baratos que inunden al mercado. Si tu tienda cierra, no fallaste como comerciante, la culpa es de Mark Zuckenberg y su desgraciado

Facebook que ahora es una plataforma de comercio electrónico gigante. Si tu empresa truena, tampoco te preocupes; no es que seas un mal directivo, sucedería por la falta de apoyos del gobierno y la 4T que no promueve la inversión. Así que, ¡Gracias por existir Capìtalismo, China, 4T, Facebook y, desde luego, ¡Foxitis! Por ustedes, ahora nos sentimos y somos menos culpables. Y por lo tanto, ¿Más exitosos? Las estrategias exitosas se basan en datos reales. La Foxitis parte de un hecho real, eso está bien, lo que no es correcto es que bajo este hecho se evada y transfiera la responsabilidad de nuestros propios actos y pensamientos. Imposible cambiar los hechos, pero sí puedes cambiar la forma en que reaccionas ante ellos. Durante esta pandemia, han cerrado algo así como 100 mil restaurantes en México. Sin embargo, otros 500 mil han logrado sobrevivir. Una buena parte de ellos gracias a redefinir su menú y sus empaques para detonar un negocio nuevo, creciente y rentable de servicio a domicilio. Entre enero y marzo de este año, 21 ramas manufactureras del país (dos terceras partes del total de ellas, aproximadamente) han crecido respecto a la etapa prepandémica. Si sigues acusando al Covid de la caída en tus ventas, es probable que así sigas por algunos años más. Tal vez tengas Pandemitis. ¿Eres un vendedor con Foxitis? ¿Cuáles de estas frases has dicho después de las palabras: No vendí porque..? El cliente no quiere comprar. La competencia está regalando el producto. Los clientes no valoran la calidad de nuestros productos. El vendedor de la competencia está dando moche. ¿No será mejor que aprendas mejores tácticas para entender las necesidades de tus clientes y configurar soluciones más poderosas para tus productos? Si no logras cambiar algo externo que te afecta negativamente, no debes sentir culpabilidad. Pero si no cambias tú mismo en consecuencia, entonces sí deberías sentirla...y mucha.

ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE Consultor en estrategia de ventas, escritor, conferencista, empresario y filántropo. Además de participar como consejero en varias empresas y escribir sobre conceptos en ventas y mercadotecnia, dirige la firma de consultoría Salexperts desde 2004. Graduado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.

LETRAS DE MAQUÍO

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca. Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Diálogo, más diálogo

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

a semana pasada la dediqué a dar tres charlas sobre la situación económica del país a grupos estudiantiles. Primero asistí a la Universidad de las Américas en Puebla, donde más de 500 estudiantes y algunos maestros hicieron interesantísimas preguntas. Al día siguiente, en el Tecnológico de Monterrey, me tocó hablar sobre el mismo tema ante 350 alumnos de Ingeniería Química. Finalmente, mi hija Tatiana me llevó a platicar con un grupo de una preparatoria particular en la misma ciudad de Monterrey. De estas tres experiencias se pueden sacar varias conclusiones. a) Los jóvenes universitarios tienen una enorme avidez de conocer lo que está pasando. Qué duda cabe de que la demagogia y la mala información ha llegado a ellos. b) Por las preguntas que se me plantearon, noto que hoy más que nunca la incertidumbre sobre su futuro es grande. Que el estudiante a punto de abandonar las aulas ha sumado a este temor el de qué país será el de mañana. c) Existe un deseo en el sector estudiantil de que se castigue a los culpables de esta situación. Creen, y no están equivocados, que a base de engaños y corrupción en todas sus formas algunos se han aprovechado en detrimento de los mexicanos trabajadores que están tratando de aportar algo para superar la difícil situación que nos dejaron. A estas tres grandes interrogantes que sistemáticamente me fueron planteadas contesté lo siguiente: primero, que el alza de los precios no es la causa de la inflación, sino el efecto de haber gastado más de lo que producíamos como nación; que la borrachera del petróleo tendrá una cruda difícil pero necesaria; y que la inflación no es que los precios suban, sino que el valor de nuestra moneda baje. Diocleciano fue un emperador romano que para sostener la enorme burocracia que requería administrar al imperio empezó a gastar mucho más de lo que recaudaba en impuestos. Como en aquel tiempo las monedas eran de oro y plata, las redujo a la mitad de su tamaño para acuñar más con el mismo material. El truco no se lo tragaron los romanos, y lo que antes valía una moneda después se reduciría a la mitad: valía dos, y así sucesivamente. Solamente en el año de 1982 nuestro país aumentó el circulante monetario más de lo que este había crecido desde la fundación de la casa de moneda en 1537 hasta el inicio del año de marras, lo que provocó una enorme inflación y todas las devaluaciones que hemos padecido. La crisis, les decía yo a los estudiantes, significa que las empresas van a ganar menos y muchas de ellas perderán (es decir, los empresarios y los accionistas trabajarán sin ganar su salario, que son las utilidades); los obreros verán reducido su poder de compra ya que los aumentos salariales que deberían dárseles para restituir el deterioro por la inflación no podrán otorgárselos ni las empresas que están quebradas, ni el gobierno, que tiene enormes deudas. Finalmente, los precios subirán para que la planta

productiva pueda pagar sus deudas contraídas en dólares. Resumiendo: todos los mexicanos tendremos que bajar nuestro estándar de vida y volver a la realidad. En cuanto a la incertidumbre sobre su futuro, les decía a los jóvenes que desgraciadamente el paternalismo en la familia, en la escuela y en el gobierno está formando mexicanos dependientes de otros -los padres, los maestros y papá gobierno. Además, esta dependencia nos está llevando a la pérdida de libertades. Es muy cómodo dejar que otros decidan por uno y no tener responsabilidades. Es el arma que usan los padres para domesticar, no educar, a sus hijos. Es lo que hacen los gobiernos para perpetuarse en el poder, decidir y dar limosnas a todos para mantener el control. Lo que debemos comprender es que sólo una sociedad libre puede ser responsable y viceversa, que el objetivo de la educación es formar personas independientes que se basten a sí mismas, que los gobiernos deberían tener como meta no construir y hacer cosas, sino ayudar a formar un pueblo libre y responsable que sea capaz de formar su propio destino, siendo sujeto activo y no objeto pasivo de la historia. El reto para la juventud es precisamente participar más, exigir y dar mucho más, ser responsable porque sólo así podrán aspirar a un México libre. En cuanto al último punto que se me planteó -castigar a los culpables que nos llevaron a esta situación-, mi respuesta fue que -estando de acuerdo en que deberían castigarse para ayudar a restituir la confianza, que tendrá que ser el mejor lubricante de nuestra economía- no pienso que esto sea lo más importante. Aunque, no soy de los que piensan que el borrón y cuenta nueva es el mejor remedio, sobre todo cuando el borrón pudiera significar muchos millones de dólares en el extranjero de funcionarios corruptos, creo que se le está haciendo más daño al país con la campaña de desprestigio en contra de los dirigentes empresariales, y que, conste, no creo que el objeto de desprestigiarnos se esté logrando, porque afortunadamente mucha gente nos conoce y sobre todo hay pocos que creen en la demagogia de los pistoleros seudointelectuales. Esta campaña crea más desconcierto y desconfianza de la existente. El hombre de la calle, el que trabaja y pone su ingenio para crear y construir, el que quisiera ver un México mejor, se está deteniendo ante estos ataques y preguntando: ¿Qué es lo que pretenden? ¿No desean disidencia alguna? ¿Nos quieren llevar por el mismo camino en que nos llevó la decena trágica? Sinceramente pienso que lo que se pretende hacer para enderezar el rumbo del país es lo correcto, pero pienso que hay inexperiencia política en el quehacer diario que aumenta las tensiones. Lo que requerimos es más diálogo, pero con deseos de escuchar al de enfrente e influirlo, dejándose influir. Miércoles 23 de febrero de 1983.

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

Lo que debemos comprender es que sólo una sociedad libre puede ser responsable y viceversa, que el objetivo de la educación es formar personas independientes que se basten a sí mismas, que los gobiernos deberían tener como meta no construir y hacer cosas, sino ayudar a formar un pueblo libre y responsable que sea capaz de formar su propio destino, siendo sujeto activo y no objeto pasivo de la historia.

Esta danza simboliza el triunfo del pueblo yaqui sobre los militares. Así fue el renacimiento de la danza del coyote.

ÓTAM, Sonora._ La iglesia tradicional del pueblo yaqui de Pótam consiguió todo lo necesario para volver a realizar la danza del Coyote con su debido ritual de velación en la sagrada Sierra del Bakatete. No solo se trata de dinero. El témasti mol (o mayor) tuvo que identificar al último yaqui que la realiza, y vive en Vícam. Las mujeres cantoras. Los carros para trasladar a las personas. La comida para más de 150 personas. El consentimiento de la Guardia Tradicional, quienes no habían convocado a hacer el ritual. Las velas, las banderas, las vírgenes, los elementos sagrados. Clementina, cantora de la iglesia de Pótam cuenta que la recuperación inició con Raquel Padilla Ramos. La antropóloga y etnohistoriadora, asesinada en noviembre de 2019, realizaba investigaciones y trabajo de campo sobre arte sacro en todo el estado de Sonora. Su amor y pasión por el pueblo yaqui la llevaron a especializarse en la mística de las iglesias de los ocho pueblos. Así, Raquel conoció a Clementina, quien explicó lo que sucedía con la Danza del Coyote. La antopóloga habló con las autoridades y les hizo notar que ya había pasado mucho tiempo sin ir al cerro sagrado. “¿Tú qué dices, Esteban? Si de mí nace, el que yo les ponga los

Parte fundamental de la ceremonia o ritual es la preparación de la comida a modo de ofrenda y alimentar a todas las personas que participen.

SOBREVIVENCIA YAQUI

(Segunda parte de una serie de reportajes)

RECUPERAN LA DANZA DEL COYOTE

Pasaron 10 años desde la última vez que el pueblo Yaqui realizó la Danza del Coyote. Una danza tradicional de guerra que dejaron de realizar por la falta de recursos, desinterés de las autoridades tradicionales y el desplazamiento de su modo de vida. Ahora solo los viejos la saben. Pero en uno de los ocho pueblos, la danza renació D A L I R I

O R O P E Z A

PIE DE PÁGINA

La historia del pueblo Yaqui es de resistencia. Desde la colonización, hasta las misiones jesuitas, pasando por la Guerra del Yaqui y su recrudecimiento en el porfiriato, pasando por la castellanización masiva y la globalización, nada ha logrado acabar con sus formas de existencia. Esta investigación es una serie de reportajes que explora el pasado, presente y futuro la existencia del pueblo Yaqui, sus exigencias de justicia y la defensa de su dignidad.

El ritual de velación inicia al atardecer, cuando el último rayo de sol se esconde entre las montañas. Termina cuando sale el primer rayo de sol, el cual da pie al comienzo de la Danza del Coyote. alimentos, el que yo les ponga los carros, el que yo les busque todo para que esa tradición renazca y no se pierda”, describe Clementina que le dijo Raquel Padilla a su esposo, quien respondió que eso sería significativo para él y para su pueblo. “Clementina ¿Tú que dirías mija, como cantora?”; ‘Perfecto doña Raquel, ¡vamos!, le dije”. Clementina tuvo un sueño y por soñarse cantando es que decidió consagrar su voz a ser cantora de la iglesia de su pueblo. Tiene 10 años de cantora, los mismos que este ritual no se hacía. Con el consentimiento del entonces gobernador de Pótam, comenzaron a planear la recuperación. Raquel consiguió los recursos para ir a la tumba del guerrero Juan Maldonado Tetabiate, reconocido líder de las agrupaciones que se refugiaron y defendieron de la Guerra del Yaqui, construyeron un cuartel que se encuentra en un espacio estratégico para mirar toda la sierra. Ahí cayó el guerrero y donde cayó lo enterraron. Y donde cayó es el lugar en que el pueblo yaqui recupera la danza del coyote en honor a Tetabiate y en esta ocasión también en honor a Raquel Padilla, a quien asesinaron dos semanas antes de realizarlo. Por el reconocimiento que hace el pueblo yaqui a la labor de Raquel Padilla Ramos, la sembraron a un lado de este respetado guerrero. Ahí realizaron la danza junto con su

La relación con este tipo de seres no humanos se entabla, según su cosmovisión, desde distintas dimensiones. ritual de velación en honor a Tetabiate y a Raquel. “Se necesita de que enseñemos (la danza del coyote) a más, más niños, más personas”, asegura Chiriki, como le dicen de cariño a Clementina. Junto con su compañero, Esteban el Témasti mol de Pótam, se propusieron realizarla cada año pues son conscientes de la pérdida del ser yaqui, determinante para la extinción de sus propios rituales. “En todos los pueblos estamos tratando de renacer las tradiciones, se están renaciendo. Pues ahora sí,

como dicen, la tribu Yaqui nos pusimos fuerte, nos ponemos fuerte”, asegura Clementina. Así la danza del Coyote pudo renacer. El ritual de velación inicia al atardecer, cuando el último rayo de sol se esconde entre las montañas. Termina cuando sale el primer rayo de sol, el cual da pie al comienzo de la Danza del Coyote. Parte fundamental de la ceremonia o ritual es la preparación de la comida a modo de ofrenda y alimentar a todas las personas que participen. Hay guisos tradicionales

hechos con carne de res y miles de tortillas sobaqueras de harina de trigo. Durante la ceremonia limpian y arreglan el lugar donde sembraron al guerrero y a la antropóloga. Colocan un altar y 12 velas en cada tumba. Así comienza la velación. “La relación con este tipo de seres no humanos se entabla, según su cosmovisión, desde distintas dimensiones: el juya ania o mundo del monte, el batwe ania o mundo del agua, el sewa ania o mundo flor, y chokim ania o mundo de las estrellas (el firmamento) (idem). En el primero, los saberes estratégicos para la guerra y la persistencia se conjugan con la historia de persecución y muerte que los ha marcado profundamente, pero también remite al origen de la Tribu como tal, por el hecho de que en su territorio el cerro denominado Omteme (el que está enojado) es quien al levantarse sobre la planicie estableció la división entre el agua del río y el agua del mar; el segundo mundo representa el principio y fin, origen y destino.”Cita del peritaje antropológico de Raquel Padilla Ramos respecto al impacto social y cultural del megaproyecto de Acueducto Independencia. Resuenan tres aullidos de coyote a lo lejos, en medio de la noche, en medio de la sierra semidesértica del Bakatete, en medio de las estrellas. No hay luna. El viento anuncia con su movimiento, golpeando los

pómulos, que viene algo importante en la ceremonia. En el sonoro silencio del monte, como eco vienen las voces de las cantoras que parecen la voz del todo que nos rodea en una lengua incomprensiblemente grecolatina. El fuego ya está encendido al rededor de la tumba de Tetabiate. Tiene 12 velas. La Virgen de Loreto en el altar luce en tonos anaranjados en medio de la tintineante oscuridad. Las guitarras dan ánimo a la danza de los matachines. Resuenan los tambores de agua y los pasos del venado. Su presencia significa la trascendencia del espíritu. Rezan el padre nuestro. Danzan la pascola y el venado. “Aún bajo la jefatura de Tetabiate, los yaquis insumisos mantuvieron cierta cohesión grupal, la misma que se perdió a su muerte, acaecida en las montañas sagradas del Bacatete en 1901. A partir de este hecho los yaquis establecieron una guerra de guerrillas, atacando y “merodeando” en grupos pequeños y cometiendo actos de rapiña y pillaje para su subsistencia. Además, algunos yaquis se asalariaron en ranchos, haciendas y minas para coadyuvar económicamente con la guerra”, Raquel Padilla Ramos en Yaquis itinerantes entre el campo de batalla,batalla, lala sala de un

museo y el sepulcro de honor (2015). Aquí hay rezos al Juya ania, dios del monte. Suena el tambor. Rezan el ave María. El tambor llama a los que rezan. Una mujer mueve la bandera roja. Es para bendecir, es para que le llegue a todas las personas presentes por eso la ondean. Es un ritual para la trascendencia. En honor a los guerreros. Y en esta ocasión es también el cabo de año de Raquel Padilla. Hay 12 velas en su tumba. Es el momento en que despiden su alma después del periodo de luto.

Es el momento en que su ser trasciende, justo al amanecer, cuando deja de bailar el venado. El Coyote comienza a aullar su danza cuando las estrellas ya se fundieron en el cielo inundado poco a poco por los rayos de sol. Es una danza de honor. A los guerreros y sus familias. A quienes ejercieron el cargo de gobernador de su pueblo. Hacen movimientos específicos cuando el primer rayo del sol ilumina la punta del monte. Con esta danza, el pueblo yaqui reivindica y renace su lucha, transmite su memoria.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

MORDAZA LEGAL EN LATINOAMÉRICA

Demandan a defensores ambientales por proteger su territorio Los defensores son denunciados y hasta apresados como parte de su protesta contra proyectos mineros, agroindustriales y energéticos. En la mayoría de los casos es el Estado el que los ha denunciado por obstrucción de vías públicas o disturbios, pero también por extorsión y terrorismo. Los expertos señalan que la criminalización cumple un objetivo: desmovilizar a los defensores mediante el miedo, el agotamiento, la estigmatización e incluso la ruina social y financiera. M I C H E L L E

M o n g a b a y

C A R R E R E

V A N E S S A

R O M O

beimar Cetina recuerda con una claridad estremecedora los 14 meses en la Cárcel de Arauca, en Colombia, aislado y sin poder recibir visitas por la pandemia. Entre esas cuatro paredes recreaba los últimos momentos vividos con su familia. También volvía una y otra vez sobre los eventos del 10 de febrero de 2020, el día en que un grupo de policías armados con fusiles llamaron a la puerta de su casa para llevárselo preso. Lo acusaron de financiar y ser parte de la guerrilla colombiana. Cetina dice que quien protesta contra la empresa petrolera en Arauca, se convierte de inmediato en un aliado de la subversión. Siete meses antes, en su Arauca natal, Wbeimar Cetina lideró una gran marcha, como presidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, contra lo que ellos consideran abusos ambientales y laborales de la

empresa petrolera Occidental de Colombia (Oxy), la que opera en la zona desde la década de 1970. “En este tiempo han acabado con un santuario indígena, han desplazado comuneros y hemos denunciado constantemente derrames de crudo”, dice el líder comunal. La última de estas protestas, la de julio 2019, lo llevó a prisión. Junto con Wbeimar Cetina, otros seis líderes de Arauca están siendo procesados por rebelión y hasta terrorismo por esa misma protesta y cuatro de ellos están en prisión. Esto le costó al dirigente comunal no solo catorce meses de privación de libertad sino también la ruptura del vínculo familiar. Por eso repite que la cárcel le arrebató hasta su hogar. Ahora espera con temor el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la apelación presentada por la contraparte, pues sabe que su libertad depende de esa decisión. Lo que ocurrió con Wbeimar Cetina no es un caso aislado.

enfrentan hoy procesos judiciales y construyó una base de datos para dibujar el rostro de esta criminalización. ¿Quiénes son? ¿Qué recursos defienden? ¿Quiénes los denuncian y por qué?

Lo que dicen los datos

Enfrentamiento entre las comunidades campesinas y la policía por proyecto Las Bambas en Perú. Foto: Observatorio de Conflictos Mineros.

América Latina es un lugar peligroso para los defensores ambientales no solo porque los matan, sino también porque los demandan o criminalizan. Según Front Line Defenders, este es el tercer ataque más recurrente cuando se habla de las amenazas contra líderes y lideresas de la región. La información que da cuenta de este problema, sin embargo, se encuentra muy dispersa. Laura Furones, líder de campaña de Global Witness, reconoce que harían falta muchos más recursos para poder identificar y sistematizar los casos en cada uno

de los países de Latinoamérica. Un tema adicional —dijo a Mongabay Latam, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU)— es el subregistro de actos de criminalización de quienes defienden el medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional”. Mongabay Latam rastreó en Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de Colombia, México, Ecuador y Perú los casos de defensores ambientales que

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la criminalización de defensores ambientales ocurre precisamente cuando “el sistema penal de justicia es manipulado” para impedir que estos realicen su labor de defensa de los territorios y del medio ambiente. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú (IDL), añade que en estos casos hay dos elementos que deben estar presentes: que la persona denunciada tenga una relación directa con el reclamo o protesta y que los hechos imputados a la persona sean por la defensa de los intereses de una comunidad. “Esto ayuda en un porcentaje importante —explica Rivera— a identificar un acto de represión por la condición de dirigente, por haber levantado su voz de protesta o haber expuesto públicamente los intereses de algún grupo económico contrarios a su comunidad”. Siguiendo los criterios de la CIDH y de IDL, Mongabay Latam revisó los listados de casos detectados por

más de una decena de organizaciones de derechos humanos en Colombia, Perú, Ecuador y México. Luego de filtrar la información y de corroborarla identificamos que por lo menos 156 defensores ambientales tienen procesos judiciales activos en estos cuatro países por ejercer su labor como activistas. La investigación reveló que en Perú existen 77 casos activos, 36 en Colombia, 22 en México y 21 en Ecuador. Del total de defensores judicializados, 132 son hombres y 24 son mujeres, y 37 de ellos son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador. La situación es tan agobiante y peligrosa en algunos casos, que 13 de los demandados han solicitado mantener en reserva sus nombres por miedo a las represalias y la estigmatización que viven por ser víctimas de esta criminalización. También identificamos que los sectores más problemáticos que derivan en conflictos ambientales con casos de criminalización asociados, son la minería y la agroindustria, con 58 y 34 personas respectivamente que tienen procesos penales activos. Los delitos más frecuentes por los que se les acusa son obstrucción de vías públicas, disturbios, daño agravado o sabotaje. “La criminalización de los defensores del medio ambiente en América Latina ha sido un problema

9 desde que he trabajado con defensores de derechos humanos”, aseguró Lawlor y agregó que “desde que comencé con el mandato, defensores y la sociedad civil me han señalado repetidamente estos casos”.

Minería: el sector que más demanda a los defensores

En la casa de Virginia Pinares, en Cotabambas, sierra de Perú, se vive en constante tensión desde hace seis años. Ese es el tiempo que ha pasado tras la protesta que encabezó junto a otros dirigentes contra la mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes del mundo. Seis años en los que los pobladores de las comunidades aledañas al proyecto han exigido se detenga el daño ambiental al que aseguran están expuestos por el paso constante de camiones que cruzan sus tierras cargados de residuos y minerales. También es el tiempo que lleva Pinares recorriendo un largo camino cada mes para firmar ante un juzgado un documento que certifique que sigue viviendo en el mismo domicilio, una de las reglas de conducta que demanda el juez mientras dure el proceso. Seis años en que no han cesado las denuncias que se abren en su contra y se cierran por falta de fundamentos. “¿Qué has ganado con todo esto?”, cuenta que le dice siempre su hija de 13 años. Pinares la escucha, pero resiste en la defensa del territorio, aunque ya no desde un puesto dirigencial.

has ganado con “Qué esto?”

Hija de 13 años de Virginia Pinares

Defensora ambiental caso las Bambas “Esto es lo que causan las judicializaciones”, dice David Velazco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). Desde la judicialización a más de 21 dirigentes por la protesta realizada en septiembre de 2015 contra Las Bambas, nadie quiere ser dirigente por miedo a represalias. MMG Las Bambas, subsidiaria de la china MMG Limited y la contraparte en este conflicto, no

El campamento minero La Esperanza de la empresa con capitales chinos Explorcobres. Foto: José María León

respondió hasta el cierre de este reportaje a las preguntas enviadas por Mongabay Latam. El escenario peruano es particular, no solo porque es el país donde se encuentra la mayoría de defensores judicializados, 77 personas, sino porque más de la mitad de ellos, 44 para ser precisos, enfrentan demandas relacionadas a conflictos con proyectos mineros. El caso de Virginia Pinares es uno de los más emblemáticos por la cantidad de procesados que tiene. De los 21 defensores con los que inició el caso, quedan 18 dirigentes con procesos activos que desde el 2015 tienen que enfrentar cargos de usurpación agravada y asociación ilícita para delinquir. Pero también otros 11 defensores están acusados de extorsión, disturbios y violencia contra la autoridad tras protestar en 2012 en contra del proyecto Conga de la Minera Yanacocha S.A. Según dicen los defensores, sus fuentes de agua más importante desaparecieron como fue el caso de la laguna Yanacocha. Además, otras cinco personas enfrentan cargos tras ser acusados de entorpecer el funcionamiento de servicios públicos durante las manifestaciones de 2011 en contra de las actividades de la minera canadiense Bear Creek Mining Corporation. El temor de los comuneros era que el proyecto Santa Ana, el cual iba a ser desarrollado por esa compañía, contaminara el agua con el que

desarrollaban agrícolas.

sus

proyectos

A esta lista se suman 10 indígenas awajún que han sido demandados por mineros ilegales en el Cenepa, en la selva norte peruana. El único nombre que se puede mencionar es el de Agoustina Mayán, por su liderazgo público. El acoso constante de los mineros ilegales a los indígenas awajún los obliga a tener un perfil bajo al resto de dirigentes y mantenerse en el anonimato. En Ecuador, 14 personas, todos indígenas shuar, enfrentan procesos penales por defender la tierra y el agua de las operaciones de dos empresas mineras: Ecuacorriente S.A (ECSA) y Explorcobres S.A, ambas pertenecientes al consorcio chino CRCC-Tongguan. La mitad de los conflictos mineros que han dejado a su paso defensores criminalizados han ocurrido en la Amazonía y todas esas víctimas, 31 en total, son indígenas. Según, Lawlor “en muchos países han sido los indígenas, los afrodescendientes y los defensores de zonas remotas los que han sido atacados con mayor frecuencia”.

Los pueblos indígenas que defienden la Amazonía

En Nankints, una pequeña comunidad en la Amazonía sur del Ecuador, vivían 32 indígenas shuar. Ahora, no queda nada, ni una sola casa, ni un solo vestigio de la vida

que allí tuvieron las ocho familias que se vieron obligadas a refugiarse en poblaciones vecinas. El 11 de agosto de 2016, un piquete de policías con una orden judicial desalojó a la comunidad con el argumento de que la tierra en la que habían vivido toda su vida era de propiedad de la compañía minera Explorcobres S.A. y, por lo tanto, la estaban invadiendo. Cuatro años después, ninguna de las 32 personas ha logrado regresar a lo que fue Nankints. Ni los reclamos ni protestas permitieron cambiar el rumbo que había tomado la pequeña comunidad shuar, hasta que un día los líderes decidieron dar lo que llamaron “un golpe” al campamento minero que se había instalado en sus tierras. Hoy, 12 indígenas shuar, entre líderes y comuneros, enfrentan proceso judiciales por delitos que van desde paralización de servicios públicos e incitación a la discordancia entre ciudadanos hasta asesinato. “Nankints es un caso paradigmático de criminalización de defensores ambientales porque se anularon las libertades civiles e individuales”, comenta Lenin Sarzosa, abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Por esa protesta, cada dirigente contaba con cuatro a cinco expedientes judiciales. Además, “si existían asambleas o actos de protesta, los dirigentes eran notificados de inmediato para

10 acudir a la fiscalía. La judicialización se convirtió en una herramienta de chantaje constante a defensores”, dice el abogado.

existían asam“Sibleas o actos de pro-

testa, los dirigentes eran notificados de inmediato para acudir a la fiscalía. La judicialización se convirtió en una herramienta de chantaje constante a defensores”. Lenin Sarzosa Abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador

Explorcobres S.A, por su parte, señaló que “no hemos desalojado arbitrariamente a ninguna familia ni persona shuar, muy por lo contrario, la justicia ecuatoriana ha demostrado que los terrenos invadidos fueron adquiridos legalmente a propietarios mediante escrituras de compraventa”. Además, agregó que el campamento minero ha sido víctima desde el 2006 de “múltiples ataques armados e incendios”, siendo el último ataque armado en el año 2020. Por esos últimos hechos, la empresa aseguró que inició nuevos procesos legales. Tanto en los casos de Ecuador como Perú, los delitos que se les imputa a los pobladores indígenas amazónicos son a raíz de las manifestaciones que las comunidades realizaron en contra de las actividades de empresas privadas o de políticas públicas que han buscado facilitar el ingreso de proyectos extractivos en la Amazonía. Otro ejemplo que grafica lo mencionado es el Baguazo, uno de los mayores conflictos ambientales en el Perú. Este ocurrió el 5 de junio 2009, cuando miles de indígenas wampis y awajún se reunieron en un sector llamado la Curva del Diablo y tomaron una estación petrolera para protestar en contra de dos decretos legislativos promulgados por el gobierno del expresidente Alan

García y elaborados en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Ambos decretos apuntaban a reducir la capacidad de decisión de los indígenas amazónicos y campesinos sobre sus tierras frente a la instalación de proyectos extractivos. Ese día, 10 policías y 23 civiles murieron durante el enfrentamiento y 53 indígenas fueron acusados por los delitos de homicidio calificado, desorden público y obstaculización a los servicios públicos. Hoy, 11 años después, seis indígenas wampís y awajún mantienen procesos penales activos. Tres de ellos son denunciados por entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín por la toma de la estación petrolera 6 del Oleoducto Norperuano, de la empresa estatal Petroperú. “Las protestas sociales no deben tener una respuesta judicial, sino una respuesta política. Si el Estado hubiese atendido las demandas legítimas de los indígenas, como lo que pasó en el Baguazo, ese enfrentamiento se pudo evitar”, dice Juan Jose Quispe, el abogado de IDL que lleva el caso.

Los conflictos con la agroindustria

Después de la minería, la agroindustria es la actividad que tiene más defensores ambientales demandados: 34 casos entre Perú y Colombia. La mayoría de estos conflictos involucran a empresas productoras de palma aceitera, uno de los monocultivos responsables de la deforestación de grandes extensiones de bosque en América Latina. La historia de la comunidad shipibo Santa Clara de Uchunya, en Perú, es uno de esos casos. Sus dirigentes llevan más de 20 años pidiendo que el Estado les reconozca la ampliación de su territorio hacia zonas consideradas ancestrales. Mientras tanto, se enfrentan desde el 2014, a invasores de tierras que no solo deforestan los espacios que la comunidad demanda, sino que consiguen constancias de posesión sobre los terrenos. Según señalan los líderes shipibo y su defensa, sobre esas tierras luego se han expandido cultivos de palma. Algunos de los invasores que han ocupado los territorios que demanda la comunidad, han denunciado a seis indígenas shipibo

por hurto agravado, lesiones leves y daños a la propiedad. “A veces los dirigentes han recibido denuncias de los mismos invasores porque decomisaron una motosierra dentro de propiedad indígena”, dice Álvaro Másquez, abogado de IDL. “Ellos están ejerciendo justicia indígena y están amparados por la constitución para hacerlo. Pero no están protegidos contra eso, sino que se les abre procesos para impedir su labor de defensa”, asegura.

están ejercien“Ellos do justicia indígena

y están amparados por la constitución para hacerlo. Pero no están protegidos contra eso, sino que se les abre procesos para impedir su labor de defensa”. Álvaro Másques Abogado de IDL

El abogado agrega que la contraparte en el conflicto también es la empresa Ocho Sur P SAC. Este conflicto se originó por un reclamo tanto de la comunidad como de la empresa por las tierras del fundo Tibecocha, las que actualmente son utilizadas para el cultivo de palma. “La empresa Ocho Sur P SAC señala que tiene 222 contratos de compra venta como prueba de esta legitimidad sobre las tierras. Sin embargo, estas personas que vendieron esas tierras fueron denunciadas por la comunidad por tráfico ilegal de tierras”, dice. Mientras tanto, añade Másquez, la comunidad de Santa Clara de Uchunya reclama esas tierras a través de derechos ancestrales que se le reconocen a los pueblos indígenas. “IDL y la comunidad creemos que el criterio lo marca el derecho y este establece que debe preferirse en estos casos el reconocimiento territorial de los pueblos indígenas que han estado en esas tierras desde antes de la creación de la República”, señala. Ocho Sur P SAC, por su parte, asegura que el 100% de sus tierras fueron adquiridas en subasta pública en una entidad fiduciaria del sistema bancario nacional, “la cual

hizo un análisis exhaustivo respecto de la situación legal de las tierras”. Además, asegura que la empresa no ha aumentado la frontera agrícola y que “con la tecnología satelital hoy disponible es completamente posible verificar la verdad de esta declaración”. “Rechazamos toda forma de actividad ilícita, particularmente, cualquier acción que atente contra los derechos humanos de los pueblos indígenas”, señaló la empresa mediante un correo electrónico. La empresa asegura que no ha invadido terrenos. Pero además de la agroindustria, otros defensores están judicializados por defender el ambiente de la extracción de hidrocarburos, como es el caso de Arauca con el que iniciamos este reportaje, y de ciertos proyectos energéticos como el del Proyecto Integral Morelos, en México. Otros sectores como el de construcción y hasta el textil también tienen conflictos ambientales donde los defensores están actualmente criminalizados.

La participación del Estado

Según el análisis de los datos, en 118 de los 156 casos, las demandas contra los líderes se originaron por conflictos ambientales con empresas privadas. Sin embargo, en la mitad de esos casos, es el Estado el que los denuncia la mayoría de las veces por atentar, durante las protestas o manifestaciones, contra el orden público. Carlos Rivera de IDL señala que existe una relación consolidada entre particulares, empresas, grupos económicos y el Estado. “Esta surge del modelo económico en el cual las compañías cuentan con una fuerte relación institucional en defensa de sus intereses”, apunta el abogado. El caso de los defensores colombianos en Arauca es probablemente el que muestra de manera más evidente la participación del Estado en los conflictos. La Fiscalía General de la Nación firmó, en 2001, un convenio de cooperación con la Policía Nacional y la petrolera Ecopetrol, para crear las llamadas Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos que tienen el propósito de investigar delitos que atenten contra los proyectos de ese sector. La razón de esta alianza surge, según explica Oscar Ramírez, abogado de CSPP, debido a que los

La fiscalía y la policía realizaron una inspección el 17 de septiembre del 2020 en el territorio de Santa Clara de Uchunya y encontraron evidencia de tala ilegal al interior de sus tierras.

Enfrentamiento del Baguazo. Foto: IDL EPA/STR

grupos armados que existen en el país y que operan al margen de la ley, atentan periódicamente contra empresas del sector mineroenergético robando hidrocarburos, atentando contra la infraestructura e incluso extorsionando a los empresarios. Según la Fiscalía colombiana, esos convenios “han permitido obtener resultados de gran relevancia contra los grupos armados organizados, las disidencias y distintas organizaciones delictivas vinculadas al apoderamiento de hidrocarburos, terrorismo, secuestro, homicidio y extorsión, entre otros delitos”. El problema, explica Ramírez, es que con esa justificación se termina judicializando a campesinos y defensores del medio ambiente. Durante 2017 y agosto 2019, estas Estructuras de Apoyo colombianas han investigado y acusado a 22 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contra las empresas petroleras, asegura el informe de CSPP y agrega que en 15 de esos casos, la Fiscalía promovió medidas restrictivas de la libertad. Cinco de ellos son del caso de Arauca y de esos, tres, enfrentan acusaciones por terrorismo. “La Fiscalía señala que estas manifestaciones benefician a la insurgencia de las guerrillas. Como Arauca es una de las zonas donde el conflicto armado interno es más álgido, se suele imputar a los defensores ambientales que tienen el mismo fin”, precisa Marcela Cruz, abogada de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. “Es una forma efectiva de deslegitimar los procesos sociales en Arauca”, agrega.

Foto: Iván Flores.

Al respecto, la Fiscalía aseguró a este medio “todas las actuaciones de los fiscales tienen control judicial en las diferentes etapas procesales para velar por la protección de los derechos humanos y el debido proceso de las personas investigadas”. Además, aseguró que desconoce el origen de las afirmaciones de CSPP así como también el informe de dicha organización. Al mismo tiempo que la relación entre el sector público y privado se ha consolidado en el tiempo, según coinciden los abogados consultados para este reportaje, también “se ha ido pervirtiendo, lesionando, la labor de protección de los derechos humanos que debería tener el Estado”, dice Rivera. “Nosotros vemos que el Estado y la empresa instrumentalizan el derecho penal para perseguir a los defensores, para desmovilizarlos y que no protesten. Para hacer escarnio de ellos frente a los que siguen protestando”, apunta Velazco, el abogado de Fedepaz. “El Estado peruano no tiene una política de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”, respondió el Ministerio de Justicia en un correo electrónico y precisó que “en los casos en que estas son incriminadas de manera ilegítima, tienen la posibilidad de contar con un patrocinio por parte de los abogados de la defensa pública”. El Ministerio Público, por su parte, aseguró que “en pocos casos las denuncias contra defensores se han judicializado”, y que a través de la Coordinación de la Fiscalía Especializada en derechos humanos se han venido generando documentos dirigidos a los Fiscales “con la finalidad de

hacer de su conocimiento los roles y las acciones que despliegan los defensores de derechos humanos”.

Las consecuencias de la criminalización

Tras siete años de acoso en su vivienda por parte del Ejército y la policía, el líder campesino colombiano Dixon Torres decidió dejar sus tierras hace dos meses para mudarse con su familia al casco urbano de Arauca. “Prácticamente soy un desplazado de la criminalización”, cuenta Torres. El dirigente narra que su casa estaba a pocos metros de una base militar y cada vez que pasaba por ella, lo requisaban y tomaban fotografías. Él es uno de los siete líderes denunciados por las protestas en Arauca en julio de 2019 y aún no sabe si la Fiscalía solicitará su detención.

soy “Prácticamente un desplazado de la

criminalización”.

Dixon Torres Líder campesino caso Arauca, Colombia La criminalización no solo genera problemas familiares, provoca rupturas dentro de las organizaciones o reprime a la larga las protestas, hay que considerar también la carga económica que implica afrontar un proceso judicial durante años. “En el tema económico muchas veces es David contra Goliat”, dice Laura Furones de Global Witness. “Si tú estás como persona defensora oponiéndote a una minera y la empresa tiene un bufete

de abogados detrás, frente a tu posible apoyo legal, modesto, no hay quien lo sostenga”, asegura. El problema de costear un abogado particular es que “se trata de gastos fuertes”, dice Pablo Abdo, abogado de Grufides, una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en Perú. “Un abogado para trabajar tu caso cuesta al menos 300 soles (83 USD) para una consulta y 3000 soles (828 USD) para una audiencia”, precisa. Oscar Ramírez de la CSPP añade que aunque los defensores ambientales suelen encontrar un apoyo legal en las organizaciones de derechos humanos, esto no siempre ocurre. La gran cantidad de casos sobrepasa las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, comentan los abogados. Esta ausencia de defensa desde el inicio del caso puede llevar a algunos defensores a prisión antes de ser sentenciados. Mongabay Latam pudo verificar que doce defensores en Colombia, Perú y México están actualmente privados de su libertad mientras su proceso sigue abierto.

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ACUERDO DE ESCAZÚ

Busca garantizar en México los derechos a defensores ambientales T H E L M A

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G Ó M E Z

D U R Á N

*Este reportaje es parte de la alianza periodística con el proyecto Tierra de Resistentes.

Carlos Márquez Oyorzábal lo mataron la noche del sábado 3 de abril de 2021. Un grupo de hombres lo interceptó en uno de los caminos de la sierra de Guerrero, al sur de México, cuando iba en su cuatrimoto con dos de sus hijos (de 18 y 12 años) de regreso a su comunidad Las Conchitas, después de comprar víveres. Antes de liberar a los muchachos, los obligaron a mirar cómo torturaban y asesinaban a su padre. Carlos Márquez tenía 43 años y cuatro hijos. Era comisario municipal de Las Conchitas, una pequeña población del municipio de San Miguel Totolapan; zona serrana donde aún es posible encontrar tierras habitadas por árboles, pese a la expansión de los cultivos de amapola y la presencia del crimen organizado que, durante los últimos años, ha hecho de la tala ilegal parte de sus negocios. Hace poco menos de un año, Márquez y otros habitantes de pequeños poblados de San Miguel Totolapan se organizaron para crear su propia policía comunitaria y defenderse del grupo que, además de controlar el cultivo de amapola, entra a sus bosques para talarlos y —en asociación con empresarios de aserraderos de la zona— comercializa esa madera con documentos falsos, de acuerdo con integrantes del Observatorio para la paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero. Desde finales de 2019, integrantes de ese Observatorio informaron sobre la urgencia de contar con presencia institucional en la zona para proteger a las comunidades y sus bosques. Sus denuncias no se escucharon. Ahora, el nombre de Carlos Márquez Oyorzábal se suma a la lista de defensores de medio ambiente y territorio asesinados en México. Tan solo durante los primeros cuatro meses de 2021 se han contabilizado seis casos; cinco de ellos en Paso de la Reyna, Oaxaca. El asesinato de Carlos Márquez sucedió 19 días antes del 22 de abril de 2021, fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el tratado de América Latina y el Caribe que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados

En México, el innovador tratado para América Latina y el Caribe que nace para garantizar el acceso a los derechos de información, participación y justicia ambiental, buscará tener vida más allá del papel en un contexto donde no cesan las agresiones contra quienes defienden el ambiente y el territorio. Tan solo en 2020, en el país fueron asesinados 18 defensores de derechos humanos en temas ambientales

Campesinos de San Miguel Totolapan crearon una policía comunitaria para defender sus bosques. En la imagen, el primero a la izquierda es Carlos Márquez, asesinado el 3 de abril de 2021. Cortesía: Observatorio para la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero. a protegerlos. El Acuerdo de Escazú, además de impulsar la protección de los defensores de ambiente y territorio, tiene como objetivo que los Estados de la región garanticen el acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales. En México —uno de los doce países que ratificó el tratado y con ello impulsó su entrada en vigor— el Acuerdo de Escazú buscará implementarse en un contexto en el que historias como la de Carlos Márquez también se encuentran en zonas como la Tarahumara o la sierra de Jalisco; en una nación donde se han documentado más de 500 conflictos ambientales, en

donde los mecanismos de participación ciudadana —como las consultas— se han transformado en meros trámites; en un país donde las dependencias ambientales intentan funcionar con el presupuesto más bajo de toda su historia y en donde el gobierno federal es el principal promotor de megaproyectos. “El Acuerdo de Escazú llega en un contexto nacional bastante complicado, un contexto hostil e impune, sobre todo para los defensores”, reconoce Tomás Severino, director de Cultura Ecológica, una de las organizaciones de la sociedad civil que, desde hace más de una década, impulsaron la existencia del

tratado regional. Pese al contexto adverso, Tomás Severino confía en que Escazú será una herramienta poderosa para la defensa del medio ambiente, que no se quedará en el papel como ha sucedido con otros tratados ambientales. “Este es un acuerdo de derechos humanos y eso hace una gran diferencia. Escazú es un paraguas mucho más amplio”.

Un primer paso: acceso a la información ambiental

Las organizaciones de la sociedad civil jugaron un papel vital para impulsar el Acuerdo de Escazú. Fueron ellas las que, hace ya algunos años, promovieron la creación de un instrumento para

14 América Latina y el Caribe que se enfocara al cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el cual señala que toda persona debe tener acceso a la información, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. Para esto se tomó como ejemplo el Convenio de Aarhus, que adoptaron los países europeos desde 1998. La bióloga Olimpia Castillo, de Comunicación y Educación Ambiental, recuerda que fue durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas del 2012, conocida como Río+20, cuando se promovió la creación de un tratado para América Latina y el Caribe. Tuvieron que pasar seis años para que, en marzo de 2018, se concretara lo que formalmente es el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, pero que se conoce coloquialmente como el Acuerdo de Escazú, nombre de la ciudad de Costa Rica donde se adoptó. En países como Perú, Chile o Paraguay, los sectores empresariales y políticos presionaron para que Escazú no prosperara. En México eso no sucedió. Integrantes de la sociedad civil que impulsó el tratado coinciden en que en el país su ratificación tardó dos años por el cambio en la administración pública y la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Hoy son las mismas organizaciones civiles que promovieron el acuerdo las que, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizan una evaluación sobre cómo se encuentra México y sus leyes ambientales respecto a lo que establece el Acuerdo de Escazú. Un primer diagnóstico muestra que el país tiene un camino recorrido en el tema de acceso a la información, al contar con una ley sobre el tema y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero aún se tienen pendientes para garantizar el derecho al acceso a la información en temas ambientales.

En la comunidad de Cedros, municipio de Mazapil, Zacatecas, muchas familias dependen del agua que les distribuye la mina; la empresa es la que tiene las concesiones para la extracción de agua. Foto: Adolfo Valtierra.

Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú señala que es obligación del Estado contar con sistemas de información ambiental actualizados, los cuales incluyan, entre otras cosas, el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización. Esta información no está disponible en México. El Estado también deberá promover el acceso a la información ambiental que se encuentre en manos de privados y que tenga que ver con concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado e involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos. Xavier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), recuerda que con la entrada en vigor el Acuerdo de Escazú, México también debe construir un sistema de alerta temprana relacionado con amenazas inminentes a la salud pública o al medio ambiente. Además, el país tendrá que presentar, por lo menos cada cinco años, un informe sobre el estado del medio ambiente. Toda esa información debe difundirse en forma accesible para todas las personas. Las acciones que el país debe realizar para garantizar el acceso a

la información en temas ambientales son mínimas si se comparan con los grandes retos que tiene para cumplir con lo que marca el Acuerdo de Escazú en temas de participación ciudadana, justicia ambiental y protección a los defensores de ambiente y territorio.

Rescatar el derecho a participar

Cuando el Acuerdo de Escazú aún era una promesa, cuando estaba en el periodo de firma y no había certeza sobre su futuro, en tribunales mexicanos ya se le invocaba para exigir derechos. Así sucedió en, por lo menos, dos casos. Uno de ellos fue en la denuncia contra la construcción de una presa de jales de Grupo México, cerca de la comunidad de Bacanuchi, en el estado de Sonora. Cuando se presentó esta demanda, los habitantes del poblado localizado al norte del país ya conocían bien los efectos negativos de la minería. En 2014, una mina perteneciente a Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi. En el caso de la nueva presa de jales, los habitantes de Bacanuchi reclamaron que esta se construyó sin un proceso previo de información y consulta a la comunidad. Durante el proceso

legal, se citó el Acuerdo de Escazú, explica la abogada Victoria Beltrán, coordinadora del área legal de PODER, organización civil que acompaña en sus demandas a la comunidad. En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la comunidad de Bacanuchi, al señalar que se violó su derecho a participar de manera informada en decisiones que pudieran afectar el medio ambiente sano. Los jueces reconocieron, por primera vez en México, el derecho de consulta previa para una comunidad no indígena; además, ordenaron al gobierno realizar una reunión pública de información para explicar el alcance del proyecto. Aun así, la lucha de Bacanuchi continúa, porque hasta ahora está pendiente el cumplimiento de la sentencia. Para Beltrán, el Acuerdo de Escazú abre la puerta para comenzar un rescate y reapropiación del derecho a la participación, “un derecho que en algún momento se desvaneció”. Un ejemplo de lo que señala Beltrán es el caso de la consulta pública que se realizó entre noviembre y diciembre de 2019 para uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el llamado Tren Maya que se construye en la

15 sucede con el otorgamiento de los permisos de cambio de uso de suelo, las concesiones mineras o las concesiones de agua”. Entre mejor se implemente el Acuerdo de Escazú en la parte de información y participación, destaca la abogada Victoria Beltrán, “se podrán disminuir los conflictos ambientales”.

Construir el acceso a la justicia ambiental

Panorámica de la Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas, México. Desde 2008, autoridades mexicanas entregaron a la mina concesiones de agua, basándose en estudios realizados por la propia empresa. Foto: Lucía Vergara.

La presa de jales en Bacanuchi se construyó sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad. Foto: Archivo PODER.

Península de Yucatán, al sur de México, en un territorio donde se encuentra uno de los bosques tropicales más importantes en América Latina y el Caribe: la selva maya. La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que la consulta para el Tren Maya no cumplió con los estándares internacionales. Victoria Beltrán destaca que para garantizar el derecho a la participación, esta tiene que ser “significativa, efectiva y que influya en la toma de decisiones”. Para lograrlo, apunta, se tendrá que poner el acento en revertir los desequilibrios de poder en el momento de implementar el Acuerdo de Escazú. Para el abogado Xavier Martínez, del CEMDA, el Acuerdo de Escazú tendrá que ayudar a impulsar la participación “en espacios donde tradicionalmente se ha ignorado la voz de las comunidades; como

El Acuerdo de Escazú propone “una transformación de la gobernanza ambiental”, han señalado organizaciones que acompañan a comunidades en su defensa del ambiente y el territorio, entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La entrada en vigor de este tratado, destacó Fundar en un comunicado en enero pasado, es una oportunidad para que el Estado mexicano avance y muestre voluntad de cumplir con los derechos humanos ambientales, “asignando los recursos necesarios”. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el sector ambiental enfrenta una disminución importante en su presupuesto. Esa tendencia se agudizó con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si en 2016 se destinaron poco más de 55 mil millones de pesos a todo el sector ambiental; para 2021 esa cantidad disminuyó a 31 mil 348 millones de pesos. A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que tiene como tarea vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales, este año se le destinaron poco más de 742 millones de pesos. En 2020 recibió 793 millones de pesos. Esa falta de presupuesto ha provocado que se tenga “una institucionalidad (ambiental) muy mermada”, resalta Tomás Severino. Además, en lo que va del sexenio de López Obrador, la dependencia con más cambios es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): en dos años ha tenido tres diferentes titulares. La falta de estabilidad en la Semarnat ha provocado, entre otras cosas, que se hayan cerrado espacios de participación ciudadana en temas ambientales. Olimpia Castillo, de Comunicación y

16 Educación Ambiental, menciona que los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable o del Consejo de Educación Ambiental “solo existen de nombre”. Si en la participación ciudadana en temas ambientales, México “está mal, en acceso a la justicia ambiental estamos muy mal”, resalta Mauricio Limón, abogado especialista en derecho ambiental y autor del libro Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú, un análisis comparado con el Convenio de Aarhus y sus implicaciones para México (publicado por Editorial Tirant lo Blanch, en marzo de 2020). Un ejemplo que ilustra la afirmación del abogado Mauricio Limón: en la actualidad, los ciudadanos pueden presentar denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero la dependencia no informa a los denunciantes el resultado de su investigación o de sus procedimientos, por lo que no es posible impugnar la resolución. Además, Olimpia Castillo recuerda que desde 2013 la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala que el Poder Judicial de la Federación deberá contar con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental. Estos juzgados tendrían que haberse establecido a más tardar en 2015. Eso no ocurrió. Tomás Severino señala que México podría evaluar las experiencias en otros países, como Chile, en donde los tribunales ambientales se componen por dos personas que tienen formación en leyes y por un especialista en ciencias ambientales o ciencias exactas. “Esto —resalta— permite tener visiones más amplias para resolver problemas ambientales”. El Acuerdo de Escazú, considera el abogado Mauricio Limón, debe ser una “hoja de ruta para el acceso a la justicia ambiental en México” y para tener mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales. Esa es una de las grandes deudas que se tienen en el país en temas ambientales: las sentencias judiciales no se cumplen. Mauricio Limón recuerda el caso de la Laguna del Carpintero, en

Mina Pinos Altos, en Ocampo, Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra cerca del Área Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Esta imagen fue seleccionada como parte del concurso Así se mira la minería en México, convocado por el CCMSS. Foto: Autor Anónimo.

CEMDA, explica que en los litigios se pide que sean las comunidades las que demuestren, por ejemplo, que un río contaminado daña la salud o que la llegada de una mina transforma su forma de vida; a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, eso podrá cambiar, porque la carga de prueba deberá presentarla quien esté en posibilidades de realizar los estudios.

La urgencia: proteger a los defensores

En México, además de las organizaciones, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, impulsó la ratificación de Escazú. Foto: Cortesía Relaciones Exteriores.

Tampico, Tamaulipas, al norte del país. En 2013, el gobierno municipal promovió la creación de un “Parque Ecológico”, el cual se construiría con recursos públicos y privados. Para hacer esa obra se taló el manglar, lo cual está prohibido por la legislación mexicana. Vecinas de la Laguna del Carpintero presentaron un amparo en contra de esta obra, al señalar que con su realización se violaba su derecho a un ambiente sano. El caso —donde también se invocó al Acuerdo de Escazú antes de que entrara en vigor— llegó hasta la

Suprema Corte de Justicia de la Nación. En noviembre de 2018 los jueces resolvieron que sí se causaron daños ambientales, pero se dejó en manos de las autoridades municipales, que fueron las que desmontaron el manglar, la supervisión de las obras de restauración. El Acuerdo de Escazú también ayudaría a eliminar una de las trabas que hoy existen para el acceso a la justicia ambiental y que es lo que en términos jurídicos se conoce como “la carga de prueba”. El abogado Xavier Martínez, de

Si algo hace innovador al Acuerdo de Escazú es que se trata del primer instrumento jurídico vinculante que reconoce a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, remarca que los Estados tienen la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en temas ambientales; así como realizar la debida investigación de las agresiones y la eventual sanción de los responsables. En México, la figura de los defensores de ambiente y territorio comenzó a reconocerse a partir de 2015, explica Lucía Velázquez, colaboradora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y quien

Comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en el centro de México, se han organizado para impedir la instalación de una hidroeléctrica. Foto: Cortesía Fundar.

desde hace siete años investiga y documenta las agresiones en contra de los defensores de ambiente y territorio. Entre 1995 y 2019, la investigadora contabilizó 147 defensores ambientales asesinados

en México; en ese mismo periodo documentó 503 casos de defensores ambientales agredidos. Para el año de 2020, se registraron 18 asesinatos de personas defensoras de ambiente y territorio, de acuerdo con un

Reunión pública en la comunidad de Bacanuchi, Sonora, donde se construyó una presa de jales. Foto: Cortesía María Fernanda Wray/PODER

informe realizado por el CEMDA. Y en los primeros tres meses de 2021, reportes periodísticos daban cuenta de seis asesinatos a defensores, entre ellos el de Carlos Márquez, en la sierra de Guerrero. En el Informe sobre la situación

de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, publicado por CEMDA, también se menciona que de los 65 ataques documentados en ese año, nueve fueron casos de estigmatización realizados por parte de autoridades del Estado mexicano, entre ellos el propio presidente de la República, quien en más de una ocasión ha realizado señalamientos públicos en contra de los defensores del medio ambiente y el territorio. Para Xavier Martínez, de CEMDA, para avanzar en la construcción de un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales y de territorio es necesario detener su estigmatización y su criminalización, además de garantizar su participación real en la toma de decisiones. Otra medida urgente es revisar a fondo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que existe desde 2012 y depende de la Secretaría de Gobernación. En los hechos, este instrumento que no ha sido una herramienta eficaz para proteger y evitar los asesinatos de los defensores ambientales y de territorio. Así lo muestra la historia de Julián Carrillo, indígena rarámuri que denunció cómo personas ajenas a su comunidad, Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, talaban sus bosques para sembrar amapola. Por su defensa al ambiente y territorio, Carrillo y otros habitantes de Coloradas de la Virgen

18 recibieron amenazas. Fue por eso que en 2014, cuatro personas de esta comunidad ubicada en la Sierra Tarahumara —entre ellas Julián Carrillo— ingresaron al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La protección que se le otorgó a Julián Carrillo se limitó a entregarle un teléfono satelital y darle acompañamiento policiaco durante sus traslados fuera de la comunidad. Esas medidas no sirvieron. A Carrillo lo asesinaron el 24 de octubre de 2018; las amenazas contra los habitantes de Coloradas de la Virgen siguieron e, incluso, muchos de ellos fueron obligados a dejar sus casas y sus tierras. “El mecanismo deja mucho que desear —señala la investigadora Lucía Velázquez—, a los defensores no se les da un seguimiento adecuado. No ha servido para protegerlos”. A partir del Acuerdo de Escazú, apunta Xavier Martínez del CEMDA, “el Estado mexicano va a tener que transformar estructuras, como el mecanismo, y alojar presupuestos para garantizar la protección de los defensores”. El abogado Mauricio Limón resalta que de todos los temas que se deberán trabajar a partir del Acuerdo de Escazú, el de la protección a los defensores ambientales es el “punto más delicado y urgente, porque no solo está en juego el tema ambiental o socioambiental; está en juego la democracia, el Estado de derecho y la vida de personas y comunidades”. Camila Zepeda, directora general de temas globales de la subsecretaría de Relaciones Exteriores, asegura que se han dado reuniones con la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, los procuradores y otros actores para hacer un diagnóstico del mecanismo. De hecho, Zepeda asegura desde finales de enero pasado, después de que México depositó la ratificación del Acuerdo de Escazú ante las Naciones Unidas, se comenzaron a tener mesas de trabajo con diferentes dependencias para construir una hoja de ruta que permita la implementación del tratado. “El Acuerdo de Escazú tiene el potencial de permitir que México

La comunidad de Coloradas de la Virgen se localiza al sur de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Por la defensa que han hecho de sus bosques y territorio, sus habitantes han recibido amenazas y varios, entre ellos Julián Carrillo, han sido asesinados. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

actualice sus instituciones e instrumentos normativos para enfrentar con mejores herramientas las crisis ambientales y climáticas que ya están presentes”, insiste Tomás Severino. Para Olimpia Castillo el primer paso para hacer que el Acuerdo de Escazú funcione es que se conozca su contenido y el potencial que tiene. “Fuera del ámbito ambientalista no se conoce. Tenemos que darlo a conocer y ayudar a que la gente se apropie del acuerdo”. En la comunidad Las Conchitas, en San Miguel Totolapan, Guerrero, nada saben sobre el Acuerdo de Escazú. Los cerca de 40 habitantes del lugar solo saben que por

defender el bosque y el territorio asesinaron a su comisario municipal, Carlos Márquez. Después del asesinato de Márquez, funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llegaron a Las Conchitas. Escucharon a la viuda de Carlos decir que no dejaría su casa, que se quedaría en Las Conchitas. La mujer y sus hijos pidieron lo mismo que meses atrás solicitó su esposo y otros habitantes de comunidades de la región: que las dependencias federales y estatales hagan su trabajo, que no los dejen solos en su lucha por defender su territorio y detener la tala de sus bosques.

*Este reportaje es parte de la alianza periodística con el proyecto Tierra de Resistentes. *Este reportaje forma parte de Tierra de Resistentes, un proyecto coordinado por Consejo de Redacción con la financiación de Ambiente & Sociedad.

DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Inicia desolador plan de exhumaciones masivas

OAHUILA.- El alba que se asoma detrás de la sierra de las Noas en Torreón apenas ilumina el panteón 2, al suroriente de la ciudad, donde en minutos comenzarán los trabajos para exhumar cadáveres que fueron enviados por la fiscalía de Coahuila a fosas comunes entre 2004 y enero de 2012, y que posiblemente puedan ser entregados a alguna de las 2 mil 279 familias que denunciaron la desaparición de parientes en la entidad o de las más de 80 mil que en México buscan a alguien. La mañana fría de este 8 de marzo no impide que desde temprano lleguen María Elena Salazar, Luz Elena Montalvo y

En el panteón 2 de Torreón se llevó a cabo la mega exhumación de cadáveres no identificados enterrados en una fosa común. Cuerpos dentro de costales de croquetas, siete encimados en un mismo hoyo o casi a la intemperie fueron algunos hallazgos que indignaron a quienes buscan a parientes desaparecidos. El gobierno federal anunció que éste es el inicio de un programa nacional de exhumaciones “con enfoque masivo” F R A N C I S C O

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R O D R Í G U E Z

Ángeles Mendieta, cada una con el retrato de su hijo desaparecido colgado al cuello: Hugo González Salazar, Daniel Dávila Montalvo e Iván Núñez Mendieta, y un cubrebocas con la pregunta ¿Dónde están? Ese trío que forma parte del

colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que aglutina a un centenar de familias en búsqueda, presenciará la exhumación que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de

Gobernación, publicitará como “los cimientos de un nuevo modelo de intervención del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas”, lo que llama la búsqueda con enfoque masivo. Esperan a su compañera Marcela Balderas, madre de Cosme

20 Humberto Alarcón Balderas, desaparecido el 5 de mayo de 2011 en Torreón. El motor de la exhumación es ella, quien desde 2018 ha exigido a las autoridades estatales que recuperen el cuerpo de su hijo adolescente que le extraviaron en una fosa común de este panteón. Tan lo perdieron que antes de la publicitada “exhumación masiva” ya se habían realizado dos búsquedas fracasadas, en las que desenterraron a dos cuerpos para localizar el de Cosme Humberto. El caso de Cosme y Marcelaindicarán las familias de Fuundec en un pronunciamiento- es uno de los cientos que evidencian las sistemáticas violaciones a los derechos humanos hacia las familias de personas desaparecidas. Del desorden forense culpan a las fiscalías estatal y federal, a instituciones forenses y a gobiernos municipales encargados de los panteones. En tiempos de la llamada narcoguerra, cuando los Zetas y el cártel de Sinaloa se disputaban Torreón, de dos a tres personas eran asesinadas cada 24 horas. Marcela Balderas se paraba en el Servicio Médico Forense para preguntar si uno de esos cuerpos encontrados era el de su hijo. Siempre le aseguraron que no había ningún cadáver con la descripción que daba: 16 años, más de 1.80 de estatura, tenis blancos, mezclilla negra… Pero ahí siempre estuvo. Hasta que lo echaron a una fosa común. El error forense, se enteraría años después, fue que los peritos de la morgue estimaron que el cadáver de su hijo, hallado el 5 de mayo a las 8:40 de la noche, era el de un hombre de al menos 25 años. Como ella buscaba a uno de 16, nunca se lo mostraron. Así como Cosme, más de 800 cuerpos no identificados desde 2004, fueron enviados a fosas comunes de Coahuila. En Torreón, la Dirección de Panteones indicó -en respuesta a una solicitud de información- que habían sido enterrados 172 cuerpos en un número inexacto de fosas de este panteón. Uno de esos cuerpos -se supone- es Cosme Humberto. Este mismo 8 de marzo en la mañana, el fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, culpa de la pérdida del cuerpo a los sepultureros: “La falta de información por parte de los

Las fosas comunes del panteón 2 de Torreón se encontraron sin señalización y dispersas entre tumbas particulares. panteones ha impedido tener una ubicación exacta de la fosa, y por eso no se ha recuperado el cuerpo”. Fuundec en su comunicado exige la renuncia del fiscal Herrera por “actos de acción, omisión y aquiescencia por las desapariciones de Cosme y los más de dos mil desaparecidos en el Estado”. Después en entrevista, el funcionario dice que no renunciará. Y reconoce que hay otras dos familias en Torreón y 10 en Saltillo, que -al igual que Marcela con Cosme- han identificado a sus familiares desaparecidos, cuyos cuerpos también fueron enterrados en fosas comunes. Estas cifras son apenas unas piezas de un rompecabezas llamado crisis forense: una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que en México 38 mil 891 cuerpos no identificados entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefo del país; un 70 por ciento terminaron enterrados en fosas comunes. Para el subsecretario Encinas los trabajos realizados en Torreón son un modelo de exhumación para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que “permitirá empezar a remontar el rezago en las capacidades forenses del país y dar una respuesta eficaz y digna a los familiares”, según

escribió en una columna. Esto significa que ya no buscarán a una sola persona, enterrando de nuevo a los demás cuerpos encontrados en la misma fosa común, sino que desenterrarán y analizarán a todos. Pero el modelo de exhumación no ha sido del todo exitoso en Coahuila. Si bien es la primera con enfoque masivo en Torreón, no es la primera del Plan Estatal de Exhumaciones, creado en 2017 por las autoridades locales para dar identidad a los cadáveres enviados a fosas comunes. La anterior con enfoque masivo fue en 2019 en Saltillo y exhumaron 53 cuerpos. Pero aquella ocasión como ahora, la exhumación masiva se dio por la presión de Lorena Vallejo, madre de Cristian Daniel Mundo Vallejo, un joven de 18 años que desapareció en Piedras Negras en 2011. Las autoridades estatales y federales tenían registro de dónde habían enterrado el cuerpo pero tardaron ocho años en recuperarlo. Un plan que en tres años apenas ha identificado a 13 de 80 cadáveres desenterrados, según registros de la fiscalía estatal. Esto significa un 16 por ciento. “En tres años de exhumaciones del estado veníamos súper lentos, estábamos de uno en uno, de cuatro por semana. No es suficiente. México

es una gran fosa clandestina y fosa común, porque ante la incapacidad lo único que hacían era enterrar a las personas y olvidarse de ellas”, dice Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Fernández, quien está al frente del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, menciona que es necesario el ejercicio de exhumación masiva, pues de lo contrario no alcanzará la vida para recuperar todos los cuerpos. “Aunque se oiga horrible pero como línea de producción: uno tras otro, sin detenerse en los procesos”. Fernández es hermana de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en Torreón el 19 de diciembre de 2008.

Las angustias de lo que sale a la luz

El panteón 2 de Torreón es un poco más grande que una cancha de fútbol. No tiene puerta de entrada y cualquiera puede acceder a todas horas. Las bardas pegadas a las casas de la colonia Sierra de las Noas tienen menos de dos metros de altura. A un costado hay una carretera que separa este panteón de otro cementerio particular. Aquí se encuentran expertos de la Fundación de Antropología Forense

21 de Guatemala, además de arqueólogos, criminólogos y excavadores que trabajan en cuatro equipos. Las familias de colectivos como Fuundec, Grupo Vida, Voz que Clama Justicia, Buscando Desaparecidos México, Búscame, e integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se reparten en cinco mesas de trabajo para observar las exhumaciones debajo de carpas instaladas para la ocasión. Este 8 de marzo decenas de buscadoras y buscadores de personas desaparecidas presencian una operación que se repetirá por 16 días: desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde los equipos de recuperación remueven la tierra de las fosas desperdigadas entre tumbas particulares. Excavan hasta encontrar huesos o bolsas de algún cadáver o costales de harina rellenos de restos. Como se hace en cada toma de cine, en una pizarra apuntan los datos de control de cada hallazgo: “Panteón 2 Torreón, Coahuila. CRIH001-16. 12/03/2021”, y toman fotografías de la pizarra dentro de la fosa. Un arqueólogo limpia la tierra hasta desenterrar los huesos o las bolsas. Si los restos están limpios los colocan en una lona a un costado del pozo: primero, los restos de un pie hasta llegar al fémur. Documentan y resguardan en bolsas de estraza, de las de color canela. Siguen con el otro pie. Documentan y resguardan. Siguen con vértebras hasta el cuello. Documentan y resguardan. Luego las extremidades. Al final, el cráneo en otra bolsa. Todas las bolsas con los huesos van a parar a cajas que embalan, cierran y depositan en un tráiler con caja de refrigeración. Un criminalista apunta la coordenada de la fosa y detalles como los nombres de los muertos enterrados en tumbas particulares vecinas. Todo es documentado por los colectivos, algunos como Voz que Clama Justicia, apuntan incluso- la hora del hallazgo. El informe final del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) indicará que de 50 fosas recuperaron 25 cuerpos o restos en bolsas para cadáveres, 39 en cobijas o costales y 84 sin envoltorio. Se exhumaron apenas 148 cuerpos no identificados de más de 800 enterrados en Coahuila.

Exhumando negligencias

Jesús Lamas, que busca a su hija Irma Lamas López, acudió los 17 días que duró la exhumación masiva en Torreón. Es el segundo día de las jornadas de exhumaciones. Jesús Lamas está sentado fuera del perímetro de las fosas comunes donde se realizan las labores. Una sombrilla y una gorra de pescador lo protegen de los 33 grados que azotan con enjundia. Es padre de Irma Lamas López, desaparecida en Torreón. Carga con pluma y cuaderno, una bitácora donde documenta los trabajos, las trincheras, las fosas. En este día por ejemplo, su bitácora indica: 8:42: Acercan plástico a trinchera lado Ote. 8:45: Empieza con extracción de huesos. 8:54: Toma foto lado oriente. Para el señor Lamas, las condiciones de los esqueletos recuperados en la exhumación denuncian el trabajo forense que no hizo en su momento la autoridad: la falta de registro de huellas, tatuajes, cicatrices y perfiles genéticos. “No sacaron nada”, recrimina. “Los apilaban y los echaban al montón”, lamenta. En más de 30 cuerpos desenterrados en la exhumación

masiva, la fiscalía no cuenta con carpeta de investigación. La misma información entregada por la fiscalía estatal refleja ese trato descuidado hacia los cadáveres que pasaron del Semefo a la fosa: de 889 cuerpos no identificados desde 2006 en Coahuila, en 20 la fiscalía no tiene registro de la fecha de hallazgo; en 87 no tienen información de la ciudad donde fueron encontrados. A 181 nunca se les hizo necropsia. “No hubo el más mínimo control”, critica Grace Fernández. En cada día de trabajo, al examinar cada cuerpo o resto recuperado, las familias presencian esas negligencias y omisiones de las autoridades. Esa cadena de errores que conforma la “desaparición administrativa” que impide devolver la identidad a esos cuerpos. Un día de la primera semana de trabajos cuando el excavador apenas da la primera palada en una fosa, la pala topa con un cuerpo. “Ya se encontró”, se escucha decir a alguien. Nadie lo puede creer: un cuerpo está apenas a unos centímetros bajo tierra, cuando el

Reglamento de Panteones de Torreón establece una profundidad de 1.50 metros. “¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hacían así?”, cuestiona María de la Luz Castruita, de Voz que Clama Justicia cuando reconstruye esa escena. Marcela Balderas describe las inhumaciones como un desastre, pues en una fosa encuentran tres cuerpos en un costal. “¿Cómo es posible semejante negligencia, si se supone salieron de la morgue?”, critica. Para su compañera María Elena Salazar, es duro ver los cadáveres envueltos en cobijas o en costales de comida para perro o de harina. “Viene ese dolor emocional de estar pensando”, dice. “Es inhumano”, lo califica María de la Luz, Lucy, como la llaman. Pero Jesús Lamas, quien junto a su esposa Lucy Castruita han realizado búsquedas y recorridos en cárceles y Semefo de todo el país, refiere que la misma situación la han vivido en estados como Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán y Jalisco. “Solo tienen

22 una ficha técnica que dice que (el cuerpo) se levantó en tal lado, edad aproximada, hombre o mujer y traía tal ropa. Y ya”. A pesar de los corajes y frustraciones, el padre asegura que la exhumación es un alivio y esperanza porque quizá en el panteón pudieron haber enterrado enterrar a su hija, o, podría estar viva si no la encuentran, podría ser señal de que está viva. Las familias tienen un remolino de emociones. Pese a las tortuosas revelaciones del trato a los cuerpos, entre las y los buscadores hay también miradas de esperanza porque, quizá, entre esos restos puestos a la luz, están los hijos o hijas que no han vuelto a casa. Pero también ese deseo de no encontrarlos allí. “Es esperanza y miedo”, resume Lucy. Para Marcela Balderas es también un miedo que no la deja vivir en paz. “Al final buscamos para encontrar a nuestros hijos e hijas. Como sea, pero encontrarlos”, explica Lucy. Para Lucy ésta es una exhumación diferente a las otras que ha presenciado porque aquí le permiten acercarse y mirar cómo limpian “los huesitos” cuando los sacan, y reciben explicaciones del arqueólogo. -Está doblado porque nomás lo aventaron y cayó -escuchó decir a un especialista que explicaba que unos cadáveres fueron echados al pozo sin cuidado. -Creemos que es mujer por la cadera chiquita -les dijeron sobre otro resto desenterrado. La palabra mujer le retumbó en la cabeza a Lucy. Su hija Irma Lamas López desapareció el 13 de agosto de 2008. Era mujer. Por eso se le atragantó la explicación del perito. -Había un arete… al parecer tenía cabello largo. Y Lucy volvió a tragar las palabras.

Búsquedas en panteones

Un día durante las dos primeras semanas de la exhumación, los expertos desentierran los restos de una persona que lleva puestos zapatos y calcetines. Dentro de un calcetín están 200 pesos. -¿Qué hicieron con los 200 pesos? -pregunta un familiar en la junta informativa del mediodía. -También se embaló -asegura el informante. Diálogos como éste se viven cada mediodía porque un experto de la Fundación de Antropología Forense

Bajo las carpas, las familias de diversos colectivos miraron los trabajos de exhumación con la esperanza y miedo de que allí estén sus seres queridos desaparecidos. ´ Foto: cortesía colectivo Voz que Clama Justicia

de Guatemala da un informe a las familias sobre lo encontrado el día anterior y lo acumulado. El equipo guatemalteco ha logrado recuperar a más de 8 mil víctimas en distintos países e identificar a más de 3 mil 700 personas. Y para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) el grupo puede aportar mucho “para construir capacidad en México (…) y poder empezar a combatir esta crisis forense”, como declara, 14 días después de concluidos los trabajos en Torreón, el 8 de abril, la titular de la CNBP, Karla Quintana, en la conferencia matutina del presidente. La comisionada explica que un problema nacional son las exhumaciones sin enfoque masivo, las cuales explica así: “Yo sé o tengo información como fiscalía que probablemente la persona Pedro Pérez se encuentra en esa fosa y se abre la fosa y hay muchos cuerpos. Entonces, se busca sólo a Pedro Pérez y si no da un match con la familia de Pedro Pérez no se hace mucho más allá en la investigación forense”. Para familias como Lucy Castruita, esta estrategia de dejar de

buscar a una sola persona y enfocarse en devolver la identidad de quiénes están en esa fosa le trae esperanzas de que identificarán a muchos desaparecidos de ‘larga data’ como su hija, ya con casi 13 años sin verla. Los casos de larga data son las desapariciones que principalmente se dieron en la época de más violencia en Coahuila de 2007 a 2013. Aunque el reporte de desaparición más antiguo en el Estado es de 1994 según la Comisión de Búsqueda de Coahuila. Otro de los desaparecidos no recientes es Hugo Marcelino González Salazar. Su familia no lo ve desde el 20 de julio de 2009. El 11 de marzo, el cuarto día de los trabajos en el panteón, es el más doloroso para su madre, María Elena Salazar. Ese día dio luz a Hugo. Pero en lugar de festejar el cumpleaños 35 de su hijo acude al cementerio a ver cómo cavan entre tumbas para sacar restos del fondo de la tierra. “Es triste. Doloroso estar ‘festejando’ en un panteón, recuperando restos que quizá son los de él”, dice la integrante de Fuundec.

Que regresen a casa

Los trabajos en Torreón son los primeros desde que se puso en marcha en agosto pasado el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), el primer centro en materia de identificación humana en México y con los que el gobierno federal pretende enfrentar la crisis forense. El de Coahuila es una obra con costo de más de 100 millones de pesos que cuenta con depósito de huesos, laboratorio de genética, cuartos fríos para la conservación y resguardo de cadáveres, así como área de antropología forense, criminalística, medicina y odontología forense. “La entrega del CRIH representa un replanteamiento de todo el sistema de los servicios forenses del país”, aseguró el día de la inauguración, el 26 de agosto de 2020, el subsecretario Encinas. La comisionada Quintana refirió en la conferencia de prensa del 8 de abril, que lo hecho en Coahuila busca replicarse en todo el país: exhumar masivamente todos los cuerpos, sacar la información genética de todos los restos, tomar muestras genéticas con los grupos familiares y hacer cruces masivos, ya no por individuo.

23 El problema actual para lograr identificaciones, recalcó, es que la información está atomizada, es decir, no se comparte entre fiscalías y gobierno federal, cuando alguna tiene un cuerpo y otra un reporte de desaparición de esa persona, y por eso no hay identificaciones masivas. Compartir información es un reclamo viejo de los colectivos de familias de personas desaparecidas en el país. Además, el rezago no sólo es en la identificación de cadáveres en fosas, también de fragmentos óseos hallados en ‘zonas de exterminio’ o ‘lugares de inhumación clandestina’, como las autoridades de Coahuila nombran a los terrenos con fragmentos óseos, muchas veces calcinados, regados a la intemperie. Desde 2015 los colectivos han encontrado más de 100 mil restos óseos salpicados en campos coahuilenses. Esos números se sumarán a las 500 muestras óseas que la coordinadora del CRIH, Yezka Garza, proyecta procesar este año de las exhumaciones en el panteón 2 y panteón 1 de Torreón, y el panteón La Paz de Saltillo. Sin embargo, la base de datos de perfiles genéticos de familiares está muy lejos de alcanzar precisamente el enfoque masivo. Según información que entregó el CRIH para esta investigación, son apenas 950 perfiles importados a la base de datos de Coahuila. Faltan mil 329 para completar el número de familias que han denunciado. En los 17 días de trabajo de la mega exhumación se recolectaron, según autoridades estatales, 298 muestras de sangre de familiares que llegaron al panteón, muchos de ellos que no habían denunciado ante las autoridades la desaparición. Las autoridades federales refirieron que fueron 342. La coordinadora del CRIH anuncia que los cuerpos recuperados tendrán nichos individuales en un panteón forense, que son gavetas para resguardar los cadáveres hasta su identificación; ya no serán amontonados con otros en una fosa. Las familias no quieren que cambien de una fosa a un nicho, sino que regresen a casa. “Todos tienen una familia, quizá en La Laguna, quizá del Estado o de la República o inclusive más allá. Pero todos esos cuerpos merecen

La exhumación con enfoque masivo busca remontar el rezago forense en el país. Fotos: Francisco Rodríguez

La pizarra en la fosa indicaba que se había llegado hasta los huesos o bolsas con restos. ser regresados a sus casas y que las familias tengamos más tranquilidad. Los restos también merecen esa paz y tranquilidad”, dice María Elena Salazar, la madre de Hugo.

La espera

El último día, el 25 de marzo, el panteonero de este cementerio informa de la existencia de una tumba donde enterraron a una “colegiala” a la que pusieron encima una lápida. La describió como “colegiala” porque vestía la falda del uniforme escolar. Cuando la exhuman los peritos descubren que los huesos de las piernas llevan calcetas. Está dentro de una bolsa negra para cadáver. Lucy Castruita, como otras madres, se quiebra en llanto cuando

se entera. -Se nos hace tan duro porque era fácil de investigar. ¿Por qué no fueron a donde pertenecía ese uniforme? La dejaron como un animal -reclama la señora Castruita, con impotencia, porque pudo tratarse de su hija. Todos se preguntan quién puso encima la lápida como si estuviera identificada, si la colegiala no identificada sí tiene carpeta de investigación. Ese día, el número 17, se da el informe final: 63 cuerpos y 3 mil 130 restos óseos desenterrados en la jornada que juntos podrían completar al menos 148 individuos. El último día de la exhumación, las familias celebran una misa dentro del panteón. Pero Marcela Balderas no acude al cierre de los trabajos. La

depresión la golpeó. Vive estos días con la zozobra de que le hablen y le informen que -otra vez- su hijo no fue encontrado. El 5 de mayo se cumplieron 10 años de la desaparición y muerte de su Cosme Humberto. “Daba la vida entera porque mi hijo regresara y me dijera ‘mami, ya vine’. Pero son falsas ilusiones. Solo quiero que regrese a casa”, dice Marcela. Pero la angustia de ella y la de decenas de familias de personas desaparecidas tendrá que esperar. Lo siguiente es hacer un análisis postmórtem de cada cadáver, trabajo que implica un estudio para definir el perfil biológico (sexo, edad, estatura y afinidad ancestral, huellas de enfermedades, tipo de lesiones), así como un proceso de radiología forense que ayuda a la identificación humana, (estimación de edad, causa de muerte, ubicación de proyectiles en el cuerpo u osamenta), y finalmente la muestra osteológica para procesamiento de ADN. El 27 de marzo, los 63 cuerpos y 3 mil 130 restos exhumados, llegan en un tráiler al CRIH, en Saltillo, donde colectivos de familias de personas desaparecidas se congregan para recibirlos. “Desaparecidos. ¡Presentes!”, gritan para honrar a esos restos aún sin nombre. Días después de la exhumación masiva, en el panteón 2 ya no hay carpas ni el tráiler ni excavadores. Un grupo de albañiles levantan un pequeño mausoleo sobre una tumba particular. El panteonero Apolinar Pérez muestra la lápida que colocaron sobre el cadáver de la colegiala enterrada como no identificada en mayo de 2011. Según recuerda la hizo el DIF municipal con todo y un epitafio que dice: “Que nuestras oraciones sirvan para quien se pregunta por ti y llora tu ausencia encuentre la paz”.

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