CONTEXTO 061220

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A DOS AÑOS DE SU GOBIERNO… Cinco puntos para entender al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

2 CRECE O MUERE, VENTAS CON ESTRATEGIA ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE www.salexperts.com / Facebook: @Salexperts, @ACAldrete. / Linkedin: Alberto Cárdenas Aldrete

¿P Best bye

O R Q U É BEST BUY DEJA MÉXICO? Va y a q u e esa noticia nos ha sorprendido a muchos. En primer lugar, ha sido una experiencia agradable ir a las tiendas hechas a imagen y semejanza de las americanas, con un surtido extraordinario de gadgets y un buen servicio del personal (quienes fueron los primeros sorprendidos al enterarse por las noticias que pasarán a ser desempleados a partir de diciembre 31). Pero, en segundo lugar, la duda más importante es saber los motivos reales que tienen para dar semejante paso.

Vayamos primero a las declaraciones oficiales.

Fernando Silva, presidente de Best Buy México: “Los efectos de la pandemia han sido profundos y no es viable mantener nuestro negocio en México”.

Corie Sue Barry, Best Buy CEO, en resumen dijo que, como resultado de un análisis “from top to bottom (de arriba a abajo)”, asegurarían que los recursos estén alineados a las oportunidades que ven en el futuro.

En síntesis, oficialmente nos ofrecen dos elementos: Efectos de la pandemia de Covid-19.

Reasig nación de recursos a

oportunidades.

Dentro de las primeras reacciones de especialistas y medios, se han incorporado otros dos elementos.

Transformación de la empresa al ECommerce.

Riesgos en el futuro del País.

Hagamos un breve análisis de cada una de ellas.

Efectos de la pandemia. Como hemos aprendido este año, el término “pandemia” implica que la epidemia se ha vuelto mundial. Hoy en día, Best Buy tiene operaciones en tres países: Estados Unidos, con 991 sucursales; Canadá, 168, y México, 45. ¿Por qué cerrar sólo México, si el efecto es mundial? Hasta donde me quedé, el país más afectado es Estados Unidos. Por otro lado, si el efecto de la pandemia ha sido tan fuerte, ¿cómo es posible que las ventas comparables por tienda hayan subido 27.3 por ciento en México y Canadá? Y para cerrar este punto, ¿Por qué tomar decisiones de efecto de la pandemia justo cuando estamos a semanas de tener varias opciones de vacunas contra el Covid-19?

Reasignación de recursos a oportunidades. Las operaciones internacionales (México + Canadá), quitando las costos por cerrar México, tendrían una utilidad de 5.2 por ciento de las ventas.

No sé cuánto aportó cada país a ese re-

sultado, sin embargo, lo que sí sabemos es que de los Usd 1,000 M de ventas internacionales, México aporta el 40 por ciento de esos ingresos, pero lo hace con el 21 por ciento de las sucursales. Por lo tanto, el ingreso por tienda es alrededor del doble. Seguramente habrá oportunidades dentro de su estrategia de ventas con mejor tendencia que México, pero el País no parece estar quitando recursos a las demás iniciativas.

Transformación de la empresa al ECommerce. Ni siquiera haré el punto de la tendencia al comercio electrónico en cualquier producto y más en los que ofrece Best Buy. Ante la amenaza de grandes jugadores como Amazon y Walmart.com, Best Buy tiene que moverse agresivamente a este canal. Sus ventas crecieron 175 por ciento en este trimestre, lo cual indica que van por buen camino. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, el 40 por ciento de sus ventas en línea son recogidas en tienda. Si la apuesta en México fuera al E-Commerce, no cerraría todas sus tiendas.

Riesgos en el futuro del País. Resulta obvio que afecta el ánimo de las empresas internacionales invertir en un país con alta inseguridad, antagonismo del Ejecutivo con empresarios, bajo estímulo a inversiones, cambiante marco jurídico, toma de casetas y vías férreas,

consejero en varias empresas, y escribir sobre conceptos en ventas y mercadotecnia, dirige la firma de consultoría Salexperts desde 2004. n Graduado de Ingeniería

en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.

etcétera. Sin embargo, en los últimos dos años, el número de tiendas en el País creció de 35 a las 45 que existen hoy. El clima adverso no es de este año, ¿Por qué una decisión tan repentina y drástica? ¿Qué estudio de mercado hicieron?

Después de recorrer los cuatro criterios, no encuentro uno solo que justifique la decisión, lo más probable es que sea una combinación de estos.

Lo que es seguro es que necesitamos más empresas como Best Buy o Lowe's que permanezcan en el País, ofreciendo buen servicio y empleos formales y formativos a nuestros jóvenes.

Todos los problemas traen oportunidades; en este caso confiamos que empresas mexicanas pujantes (Steren, por ejemplo), ocupen el lugar que deja Best Buy.

n Disney institute, IPADE,

Poncho@infocusconsultores.com

1. Si este colaborador no trabajara contigo, pero tú ya sabes cómo

de ventas, escritor, conferencista, empresario y filántropo.

ALFONSO MENDOZA

ALFONSO MENDOZ A

A

n Consultor en estrategia

n Además de participar como

¿A qué te dedicarías? yer recordé las dos preguntas que te tienes que hacer cuando dudas si debes de despedir a alguien o no, que por cierto, vienen en el libro de “Good to great” de Collins.

ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE

Wharton. n Inició su carrera como Con-

trabaja, llega y te pide empleo, ¿lo contratas?

2. Imagínate que este colaborador llega hoy y te dice: “fíjate que encontré un súpertrabajo, me quedaré solo hasta el cierre del mes y me voy. ¿Tú sentirías un descanso porque ya se va?

Siempre me han ayudado esas preguntas. Uno de mis mentores

estos días me sumó una más: Si te cambias de trabajo ¿a quién de tus colaboradores o compañeros te llevarías contigo?

Y te regalo una última pregunta que un director me enseñó el martes, él se la hace a sus entrevistados y me gustó mucho: Si el dinero no fuera problema, ¿a qué te dedicarías?

sultor de Negocios en el 2003, fundador de Infocus Consultores ha contribuido a la simplicidad y crecimiento de más de 500 empresas. n Socio y fundador de Grupo

Merlin, participa en consejos de administración de diferentes industrias.

3 LETRAS DE MAQUÍO Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos, en un espacio al que hemos titulado Letras de Maquío.

Los mayas y los empresarios

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

L

a crisis que padece el País y los múltiples ataques que ha recibido el empresariado nacional me han hecho recordar una vivencia personal que disfruté hace algunos años, cuando seis amigos entrañables, que cursamos juntos la carrera profesional de ingenieros agrónomos en Monterrey, decidimos reunirnos y efectuar una miniconvivencia en el lugar de origen de uno del grupo.

Nos trasladamos, en compañía de nuestra esposas, al sureste del País y visitamos Mérida, Cancún y las ruinas mayas. Al recorrer Chichen Itzá, la guía de turistas nos explicaba sobre el Cenote Sagrado: cómo se lanzaba al mejor guerrero en señal de sacrificio a aquella laguna subterránea. Igual se hacía con la princesa más hermosa y con el más sabio de la tribu.

La broma que a continuación narraré, de ninguna manera presupone intención alguna de minimizar o herir a mis amigos yucatecos, ya que muchísimos de ellos saben que, después de Sinaloa, es su estado el que más aprecio, por la simpatía y sencillez de su gente. Pues bien, uno de nuestros amigos, en plan de broma, obviamente, y tomando en consideración los chistes de don Humberto Cahuich, le dijo a nuestro colega yucateco: “Oye Bolita, ahora comprendo por qué salieron tontos los de Mérida”.

Saco a colación esta anécdota porque en estos momentos en que el empresariado nacional ha sido atacado y vilipendiado como nunca para justificar los errores de la conducción de la economía, debería ser evidente el concurso de los que saben de estas cosas y sin embargo se les pretende sacrificar en el Cenote.

Si la crisis nuestra es económica -y lo es-, resulta por demás obvio que deberán ser los que saben construir y crear, organizar y estudiar, los que jugarán un importantísimo papel en la reconstrucción de nuestras fuentes de trabajo, pero parece que nos empeñamos en criticar y destruir a los más aptos para realizar esta encomienda.

Parece ser que queremos suicidarnos. Es como si todo el pasaje de un avión se pusiera de acuerdo en matar a la tripulación durante el vuelo, porque afuera hay una tormenta y el avión va dando tumbos.

Nuestra definición de empresario es la de aquel que sabe conjuntar los factores de la producción, como son: la fuerza de trabajo, la dirección administrativa, la tecnología y el capital, y que al sumarlos no del cuatro sino cinco o seis. Y es este tipo de gente la que

requiere en estos momentos el País.

Reconocemos que no todos los empresarios son buenos o bienintencionados, como no lo son todos los ciudadanos del País, pero es indudable que México necesita de las capacidades que antes mencionábamos y que posee el empresario. Por otro lado, tenemos al gobierno constantemente recordándonos su rectoría de la economía, pero cuando se trata de responsabilizarse de lo bueno o malo de la misma se culpa al empresariado, se le pretende prohibir que hable de ideología y se le utiliza como chivo expiatorio de las males del país.

Volviendo al símil del avión, yo pienso que el gobierno es como la dirección de la compañía aérea que tiene la obligación de proporcionar buen equipo a la tripulación, hacer eficientes los horarios de la compañía, dar buen mantenimiento a los aviones, etcétera. Los empresarios somos la tripulación en vuelo, y si cada vez que hay tormenta la dirección se dedica a criticar a esa tripulación en lugar de cumplir eficientemente con sus funciones, es muy probable que el avión caiga o la compañía fracase. Los mayas y nuestros antecesores indios y españoles poseían muchas virtudes que vale la pena emular, pero parece ser que las olvidamos y nos dedicamos a resaltar lo negativo. Entre ello está este prurito, tan mexicano, de destruir al más apto.

En el mundo de los negocios se critica mucho al rico, sin importar si su riqueza es bien habida o no.

El pecado es tener sin importar cuánto ha trabajado o arriesgado aquella persona. Se da la impresión de que lo que buscamos no es que más mexicanos vivan decorosamente (lo cual es criticable), sino cómo desarrapados y marginados del progreso y de esa forma darle gusto a los que sustentan estas teorías.

En la política a la mexicana, cuando hay una contienda electoral, lo que pretende un candidato, la mayoría de las veces, es mostrarle al público los defectos de su contrincante, en lugar de las virtudes que él posee. Ejemplos podría dar muchos para demostrar que en México todavía seguimos la vieja costumbre de los mayas de sacrificar a los más aptos, quizá para que de esa forma el resto de nosotros podamos justificar lo que hemos hecho y, peor aún, lo que hemos dejado de hacer para contribuir al bien común, es decir, para hacer política, pero de la buena.

Miércoles 9 de febrero 1983

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

“Si la crisis nuestra es económica -y lo es-, resulta por demás obvio que deberán ser los que saben construir y crear, organizar y estudiar, los que jugarán un importantísimo papel en la reconstrucción de nuestras fuentes de trabajo, pero parece que nos empeñamos en criticar y destruir a los más aptos para realizar esta encomienda”.

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P

olémicos. Es la palabra que define los dos primeros años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se cumplieron el martes 1 de diciembre.

Desde el inicio de su mandato, prácticamente todas las acciones, planes, estrategias y programas de su administración han sido blanco de controversia.

Los escándalos mediáticos, críticas, intentos de sabotaje y hasta amenazas directas son parte del escenario cotidiano.

Al mismo tiempo AMLO, como se conoce en México al Presidente, ha enfrentado problemas para cumplir algunas de las ofertas de campaña que le permitieron obtener la mayor votación en la historia del País.

Un ejemplo es el combate a la inseguridad, que en algunos momentos alcanzó cifras inéditas, como es el caso de los homicidios violentos.

Otro es la estrategia para atender la migración irregular que cruza por México. El País, dicen organizaciones civiles mexicanas e internacionales, se convirtió en el muro que nunca pudo construir Donald Trump.

En todo caso, este primer tercio del periodo presidencial se puede considerar inédito. Es, de entrada, el primer gobierno que se reivindica como de izquierda en la historia del País.

Pero también el más cuestionado según López Obrador, quien varias veces al mes ha dicho que es el Presidente más criticado desde Francisco I. Madero.

Puede que lo sea. Pero los señalamientos no han minado su popularidad. Encuestas como las de Consulta Mitofsky, una empresa de opinión pública, dicen que AMLO tiene el respaldo del 58 por ciento de los votantes mexicanos.

La lista nominal de electores, según datos del Instituto Nacional Electoral, registraba hasta el 31 de octubre a más de 91 millones 500 mil personas.

Es decir, de acuerdo con la estadística de Mitofsky, a López Obrador le apoyan 53 millones de mexicanos. En 2018, el entonces candidato ganó los comicios con 30 millones de votos.

Dos años de AMLO

Cinco claves para entender el gobierno de Andrés López Obrador El primer gobierno considerado de izquierda, en México, cumple sus primeros dos años. En el balance de los 730 días hay varias definiciones: polémica, debate, crisis, violencia…

Y un respaldo inédito, a pesar de la controversia, al Presidente A L B E R T O

N Á J A R

FOTO: DUILIO RODRÍGUEZ / ARCHIVO

¿Cómo explicar ese respaldo?

Una respuesta son los programas sociales del actual gobierno, destinados a atender a la población más vulnerable.

Otra puede ser la comunicación

permanente de López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas, donde no le habla a la élite política y empresarial, sino básica-

mente a sus electores.

El mensaje es constante: en este primer tercio del sexenio se debieran sentar las bases de la Cuarta

Transformación del País. Y en alguna medida se ha logrado.

La mayoría parlamentaria del Movimiento de Regeneración Na-

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can estos dos primeros años del gobierno de López Obrador.

Pie de Página te presenta cinco claves para entender estos inéditos 730 días.

1. Ancianos, estudiantes, microempresarios: los programas sociales

cional en el Congreso federal aprobó varias reformas legales y a la Constitución que no existían antes.

Es el caso de la cancelación del

fuero presidencial o el derecho universal y gratuito a la salud, por ejemplo.

Pero hay otros temas que expli-

Para 2021, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación recientemente aprobado, el gobierno de López Obrador asignó cerca de 304 mil millones de pesos a 11 programas sociales.

Es la mayor inversión en la historia para atender a la población vulnerable del País y marca contraste con la asignación presupuestal en otros gobiernos.

Felipe Calderón, por ejemplo, destinó la mayor parte de los recursos públicos a su guerra contra el tráfico de drogas. Y Enrique Peña Nieto utilizó el dinero para supuestamente combatir la pobreza, pero el destino final del dinero se desconoce.

Ahora es distinto. La estrategia del actual gobierno se enfoca en la población más vulnerable, como indígenas, campesinos pobres, jóvenes desempleados, amas de casa, niños, ancianos y personas con discapacidad.

Para ello se establecieron programas de empleo, créditos financieros sin intereses y precios de garantía para la producción de algunos granos y leche.

Los programas más beneficiados con la asignación presupuestal son, entre otros, la pensión para adultos mayores, el apoyo a niñas y niños hijos de madres trabajadoras, el apoyo a personas con discapacidad permanente y microcréditos para el bienestar, las llamadas tan-

das sociales.

También hay recursos extra para ra becas a estudiantes, producción de alimentos básicos y el programa a Sembrando vida, con el que se preetende reforestar una parte importante de las zonas devastadas por tala en el sureste del país.

Estos programas no están exenntos de críticas. Muchos cuestionan que la distribución de dinero públilico es una estrategia populista.

López Obrador responde: en el ejercicio de su gobierno, como lo anunció en las tres campañas presidenciales donde ha participado, apoyar primero a los pobres es prioridad.

2. Inseguridad el reto incumplido El 1 de diciembre de diciembre de 2018 López Obrador recibió al país con la mayor ola de violencia de su historia reciente.

Cambiar el escenario en corto plazo fue uno de sus compromisoss de campaña. Pero apenas al asumir ir el gobierno fue necesario cambiar la oferta.

Para combatir la violencia AMLO O modificó la estrategia de gobiernos os anteriores, basada fundamentalmente en operaciones militares contra bandas de delincuencia organizada.

El plan contempla atacar las cauusas de la delincuencia con programas de empleo y becas a jóvenes, así como un amplio programa contra adicciones.

También se creó la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por policías militares y navales que serían el eje del combate a la delincuencia en el terreno.

El objetivo es sustituir paulatinamente al Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública que desempeñan. Hasta ahora, sin embargo, esto no ha sido posible.

De hecho las autoridades promovieron una reforma legal para que las fuerzas armadas puedan cumplir labores policíacas, algo que desde 1997 llevan a cabo pero a partir de decretos o peticiones ex profeso en tareas específicas.

La estrategia no ha rendido los frutos esperados. El presidente López Obrador reconoce que es una de sus tareas pendientes, llevar la seguridad a las calles de pueblos y ciudades.

Las cifras son contundentes. Entre diciembre de 2018 y mediados de noviembre pasado, más de 60

6 Una de las consecuencias de la política de austeridad fue la desaceleración de una parte de la economía, afectada de por sí por un entorno internacional complicado por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China.

A este proceso se sumó el impacto por la pandemia de covid-19, que en el caso de México provocó una histórica caída en el Producto Interno Bruto de 18.9 por ciento en julio pasado.

La tendencia negativa empezó a revertirse paulatinamente, aunque de acuerdo con especialistas la recuperación económica a niveles anteriores a 2018 se podrá obtener en varios años.

mil personas han sido asesinadas en el país.

3. Cruzada contra la corrupción La frase se repite casi a diario en las conferencias de prensa matutinas del presidente: el principal objetivo de su gobierno es erradicar la corrupción.

El primer paso fue modificar el código penal del país para clasificar al delito como grave, algo que no existía desde 1994. Los acusados por esa práctica deberán, desde ahora, enfrentar sus procesos judiciales en prisión.

La siguiente medida fue revisar los programas y contratos del gobierno. El resultado fue la cancelación de cientos de convenios irregulares.

Los más conocidos se refieren a la compra de medicinas para el sector público de salud. Una área donde se invertían más de 70 mil millones de pesos anuales y que beneficiaban a cinco empresas proveedoras.

No fue la única medida. La cruzada anticorrupción implicó además la investigación por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El dinero, según las autoridades, se utilizó para financiar campañas políticas y comprar el voto de legisladores en favor de la Reforma Energética.

El escándalo involucra a políticos de todos los partidos políticos, inclusive el del oficialista Morena.

No ha sido el único caso. En el saldo de la batalla se incluyen exsecretarios como Rosario Robles, encarcelada por el caso llamado Estafa Maestra.

La pesquisa incluye, recientemente, al ex poderoso secretario de Hacienda y canciller Luis Videgaray.

Las consecuencias del programa central de la 4T aún no terminan.

Hasta ahora han sido vinculados políticos, empresarios, intelectuales, académicos, universidades, organizaciones civiles y periodistas.

El impacto de la cruzada se siente a diario en las críticas y campañas de desprestigio y ataques en redes sociales contra el presidente, familia y colaboradores.

López Obrador dice que es una muestra de que el camino seguido en su proyecto político es el correcto.

“Si me piden que exprese en una

5. Pandemia, el mayor reto

frase cuál es el plan del gobierno, es acabar con la corrupción y la impunidad”, insiste.

4. Austeridad y crisis económica Hace dos años fue uno de los primeros decretos del nuevo gobierno: ningún servidor público podría obtener un sueldo mayor al del presidente.

El salario de López Obrador es de 108 mil pesos mensuales, unos 5 mil 400 dólares.

La orden presidencial se convirtió después en la Ley federal de austeridad republicana, que fundamentalmente prohíbe gastos innecesarios o compras lujosas por parte del gobierno.

También contempla reducir los contratos de servicios y obra pública, cancelar los contratos de asesores y personal con honorarios y la venta de activos oficiales, como el lujoso avión presidencial que compró Felipe Calderón.

La determinación presidencial implicó una reducción en el gasto público que afectó a algunos sectores que ya padecían una severa crisis, como el de la construcción.

El mayor desafío, y que más consecuencias tendrá en los dos primeros años del gobierno de López Obrador, es la pandemia de Covid-19.

Hasta el pasado 30 de noviembre, el reporte oficial de muertos por la enfermedad supera las 105 mil personas, y más de un millón de casos confirmados.

La cantidad de víctimas, en términos porcentuales con base en la población, es menor a la de otros países.

Pero las estadísticas que diariamente se publican han servido para alimentar la estrategia en contra de López Obrador.

El gobierno enfrentó la emergencia sanitaria con un sistema de salud virtualmente en ruinas, con hospitales abandonados y un déficit importante de médicos para combatir la pandemia.

La decisión fue reconvertir hospitales y comprar equipo especializado en mercados internacionales.

Pero la estrategia, como otras del actual gobierno, ha sido severamente cuestionada, e inclusive una decena de gobernadores se declararon en rebeldía y amenazaron con adoptar un plan distinto al federal para combatir la pandemia.

A ello se suma una permanente campaña de desinformación, alimentada inclusive por exsecretarios de salud, académicos, intelectuales y periodistas.

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno mexicano muestran una evolución de la pandemia más positiva que en otros lugares del mundo, como Europa y Estados Unidos.

Pero la percepción que se pretende crear en México camina en sentido contrario.

Al final lo que queda son los datos duros: a las personas fallecidas y contagiadas por la Covid-19 se suma un millón de empleos perdidos y miles de negocios cerrados por la crisis económica.

La tendencia empezó a revertirse a partir de septiembre, pero con el cambio de estación climática -ya casi es invierno- y el inicio de la epidemia anual de influenza, es previsible que la emergencia sanitaria se intensifique.

Ya se nota en estados como Chihuahua, donde las autoridades restringieron la movilidad de las personas y su sistema de salud está rebasado.

La Secretaría de Salud advierte de un repunte en la pandemia, con escenarios muy parecidos a los peores momentos de contagio y fallecimientos.

Es el escenario de este 1 de diciembre, la bienvenida a los primeros dos años del gobierno de López Obrador.

Alberto Najar Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service.

Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie. Duilio Rodríguez Website. Fotógrafo, editor, interesado en arte, cine, arquitectura, literatura, la escalada en roca y de los deportes en general, menos el futbol. duiliorodriguez.com

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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C

Desaprecidos: Memoria y verdad La arriesgada búsqueda de un novio, un esposo y un papá, desaparecidos en Tamaulipas Las personas que desaparecen en ese estado fronterizo corren el riesgo de no ser buscados por nadie. Pocas familias se aventuran a viajar a una de las entidades más peligrosas del País para seguir las diligencias.

Este es el relato del largo, solitario y peligroso viaje de cuatro mujeres, dos de ellas aún niñas, en la búsqueda de sus seres queridos T E X T O

Y

F O T O S :

J O S É

I G N A C I O

D E

A L B A

IUDAD VICTORIA, Tamaulipas._ Este viaje se postergó casi un año. Desde que inició el año, Maricruz Córdova y Aurora Hernández querían viajar a Tamaulipas para buscar pistas de Ignacio y Benjamín, sus compañeros, desaparecidos en Nuevo Laredo, en diciembre de 2019.

Pero a las dos mujeres, primero les costó tiempo tomar valor para viajar a un sitio desconocido. Luego, llegó la pandemia de Covid-19, que detuvo el trabajo de las autoridades locales y dejó en el limbo las búsquedas de personas.

Solo ahora y con la orientación de un colectivo de familiares de desaparecidos, lograron viajar al Estado en búsqueda de sus seres queridos: Maricruz de su novio, Ignacio Márquez, con quien estaba a punto de casarse.

Y Aurora, de su esposo y padre de sus dos hijas, Benjamín Mendoza.

Benjamín era el conductor de un autobús que fue contratado para llevar a un grupo de migrantes de Tapachula, Chiapas, a la frontera norte. Ignacio era su asistente. Los dos fueron desaparecidos al llegar a Nuevo Laredo.

Ahora, las dos mujeres y las hijas de Aurora y Benjamín, de 12 y 14 años, iniciaron el viaje más largo de sus vidas para acudir por primera vez a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a preguntar por sus desaparecidos.

Zona de peligro Tamaulipas es un estado quebrantado por la lucha entre cárteles, que se han convertido en los señores de las carreteras. Desde el 2009, la entidad quedó convulsa por la secesión entre el Cártel del Golfo y los Zetas.

Más de 10 años después, la región está lejos de recuperarse, las carreteras siguen controladas por grupos criminales que prosperan con el paso de mercancías y personas indocumentadas a Estados Unidos.

Es también el estado que tiene el mayor registro de personas desaparecidas en México. Hasta el día de hoy existen más de 77 mil personas desaparecidas en el País y solo en Tamaulipas se concentran 11 mil 207 casos, según la Secretaría de Gobernación.

En un informe publicado en 2018, por la organización México Evalúa, Tamaulipas es la entidad del País con más impunidad: de 100 casos, 99.9 no son resueltos en la entidad.

Pero muchos de los casos no son denunciados por los familiares por el riesgo que significa viajar a la región.

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al autobús rumbo a Ciudad Victoria.

Las mujeres abordaron un camión de pasajeros no muy distinto al que conducían sus parejas cuando desaparecieron.

El vehículo semivacío partió hacia el norte de Veracruz para adentrarse en Tamaulipas. El objetivo era llegar a la capital del Estado, donde las autoridades ministeriales las habían citado para entrevistarlas y tomar pruebas de ADN a las dos niñas, para cotejar los perfiles genéticos con los cuerpos encontrados en la localidad.

El autobús de Poza Rica hasta Ciudad Victoria recorrió caminos solitarios, el trayecto duró casi 10 horas.

Muy pocos vehículos circulan esas carreteras y menos de madrugada.

Son trayectos en los que mucha gente ha desaparecido, a veces a plena luz del día. Y los camiones de pasajeros son el blanco común de las organizaciones criminales. Es un Estado que se recorre sin garantías.

Aurora y Maricruz lo saben. O al menos lo perciben en las luces de la noche, las repentinas paradas del camión. El frío. La noche se pasó casi en vigilia. Las cuatro mujeres durmieron sin abandonarse.

La entrevista

El viaje El viaje de Aurora y sus hijas inició en Tlaxcala, donde viven. Ahí tomaron un camión para reunirse con Maricruz en Poza Rica, Veracruz.

“Nunca he ido a un lugar tan lejos”,

confesó Aurora, nerviosa, al encontrarse con Maricruz.

Ver la entrada Viajaron de noche, porque las dos mujeres tenían que terminar sus jor-

nadas de trabajo antes de iniciar el largo viaje. Aurora cosió parte de los 150 vestidos, que tiene encargados, antes de partir; mientras que Maricurz trabajó como ruletera hasta las 10 de la noche, minutos antes de subir

Aurora, Maricruz y las dos niñas llegaron por la mañana a la central de camiones de Ciudad Victoria. Cada una pagó 5 pesos para entrar a los baños, ahí se echaron agua en la cara, se lavaron el pelo y se pusieron un perfume para llegar arregladas a la Fiscalía.

9 Querían estar a las 10 de la mañana, la hora de la cita en la Fiscalía de Personas No Localizadas.

Antes de llegar a la cita encontraron una papelería donde imprimieron fotografías y documentos que pudieran servir en la búsqueda.

“Es que no tuve tiempo de hacerlo antes, porque trabajo todo el día”, dijo Maricruz. Justo antes de llegar a la Fiscalía, a las mujeres les surgió una duda sobre las niñas: “¿No importa que no estén desayunadas para que les tomen las pruebas?”. Aunque importara, no había tiempo.

En la Fiscalía, las mujeres fueron entrevistadas durante toda la tarde.

Las niñas, en cambio, se acompañaron en los pasillos de las oficinas gubernamentales. Como era lunes, las chicas por algún momento dudaron si deberían tomar sus clases en línea, pero con las dificultades del lugar prefirieron no hacerlo. Mejor esperar, matar las horas jugando en el celular o comer galletas.

El asombro por los desaparecidos Cuando Maricruz y Aurora llegaron a la Fiscalía, se encontraron que dentro de las instalaciones había decenas de fotografías de personas desaparecidas. Caminando entre los pasillos, las cuatro mujeres examinaron las fichas de personas que llevan años perdidas.

Asombradas, comentaron casos que les llamaron la atención. Algunos de fotografías de niños o adolescentes que fueron desaparecidos no muy lejos de ahí.

Aurora se detuvo frente a un póster que recomienda a familiares de personas no localizadas: “Si tu familiar está desaparecido NO esperes 72 horas para denunciar. ¡No te dejes engañar, las primeras 24 horas son vitales para la búsqueda!”.

“Ojalá este letrero estuviera en las calles y no dentro del edificio donde nadie lo puede ver”, dijo con enfado, tras recordar que a ella, en Tlaxcala, la hicieron esperar varios días antes de poner la denuncia.

mental a veces hay que arriesgarse.

La otra opción era que tomaran las pruebas a las niñas en Tlaxcala y que las autoridades se coordinaran para recibir el ADN en Tamaulipas, pero advirtieron que eso “será muy tardado”.

En la búsqueda no hay tiempo que perder, así que ellas prefirieron acortar los pasos. Aún así, las mujeres deberán esperar 10 meses.

Maricruz, quien estaba a punto de casarse con Ignacio cuando este desapareció, lamentó de que la familia de su novio no pudiera viajar hasta Tamaulipas para que les tomaran muestras de ADN. “Ya están grandes los señores (los padres de Ignacio), además están enfermos”, explicó la mujer que hoy se dedica a buscarlo y trata de ayudar a la familia del joven, a presionar en las investigaciones.

Las pruebas Personal de la Fiscalía le dio de comer a cada una de las cuatro mujeres cinco tacos sudados y un refresco.

Horas más tarde, a las niñas les pincharon un dedo para obtener el ADN de su sangre.

Tuvieron que atravesar uno de los estados más peligrosos del País para que a cada una le extrajeran unas cuantas gotas de sangre, un procedimiento sencillo que se podría hacer en prácticamente cualquier sitio. Pero ninguna autoridad pensó en ellas, para superar la burocracia guberna-

copiloto pensaron que se trataba de un retén militar por el tipo de armas y los uniformes. Pero luego de intercambiar palabras, los pasajeros se dieron cuenta que era un grupo delictivo.

Del camión se llevaron a Benjamín, Ignacio y Olga Luna, la agente de viajes que contrató los servicios de transporte. Los 46 pasajeros, de origen africano, quedaron varados junto con el camión, hasta que llegaron las autoridades.

Según las investigaciones, todos los pasajeros del camión tenían permiso del Instituto Nacional de Migración para transitar por el País. Los migrantes fueron trasladados a un albergue.

Del posible paradero de Benjamín, Ignacio y Olga no hay más datos, aunque llama la atención que el delito consignado es el de desaparición forzada.

otro largo y peligroso recorrido, las mujeres aprovecharon para pegar carteles con las fotos de Benjamín e Ignacio en las puertas de la estación de camiones.

También pegaron carteles con las fotografías de otros desaparecidos.

José Ignacio De Alba Fue educado en escuelas católicas hasta que se volvió ateo. Es huraño y trotamundos. Estudió periodismo y nunca se graduó. Suele tener más fe en las viejas narrativas que en las nuevas. Le gusta escribir historias.

Las investigaciones La sorpresa positiva es que sí hay una carpeta de investigación. De acuerdo con los testimonios acumulados en la carpeta, Benjamín e Ignacio conducían un camión de pasajeros hasta la frontera tamaulipeca, cuando cinco camionetas con gente armada detuvieron el camión de pasajeros en un retén, en Nuevo Laredo.

En un principio, según uno de los sobrevivientes que pudieron entrevistar las autoridades, el chofer y su

El regreso Después de estar en la Fiscalía durante toda la tarde, las cuatro mujeres volvieron a la central de camiones para volver a Tlaxcala y esperar una nueva cita o información de los resultados. El trabajo y la precariedad económica las obligaban a volver de inmediato, pues al día siguiente tendrían que cumplir con sus obligaciones.

Pero antes de partir de vuelta a

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente.

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S

on finales de 2012. José Manuel Mireles es médico en el Centro de Salud de Tepalcatepec, tierra caliente, Michoacán. Este es un municipio árido y, como el nombre lo indica, caluroso y reseco. Tiene la particularidad de que comparte frontera con Jalisco y a pesar de lo árido del lugar, el riego programado ha convertido la tierra en campo fértil para la ganadería y los monocultivos. La gente ahí no pasa hambre: hay trabajo, hay cultivo; la tierra deja, y bien.

Hay dinero, producto del ganado, del mango, de limón. Incluso del trasiego de droga, hay que decirlo… esta es tierra narca hace muchas décadas; al menos desde los 80.

Pero era como en las películas viejas: los narcos de códigos de honor; que no se meten con la familia, ni con civiles. O así lo recuerdan.

Pero, narran, dejó de ser así desde años atrás: el origen de todo, aseguran, fue la llegada de Los Zetas con el cambio de siglo: violaciones, secuestros, cobro de piso.

JOSÉ MANUEL MIRELES

El polémico portavoz de las autodefensas Fue un hombre que tuvo que transitar las armas y las relaciones públicas en una zona de guerra. La historia de las autodefensas es la suya propia L Y D I E T T E

C A R R I Ó N

FOTO: CUARTOSCURO

Los zetas, la familia, los templarios…

La historia la narra mejor el periodista Alberto Nájar: “La banda, que fue el brazo armado del Cartel del Golfo, aterrizó en Michoacán en los primeros años después del nuevo milenio. En 2003, dicen algunos.

Eso marcan las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República.

“Al inicio el cartel se asoció con grupos rivales, pero después la disputa por el creciente mercado, sobre todo de drogas sintéticas, les llevó a una ruptura.

“Parte de los grupos locales se unieron para combatir a los Zetas.

Nació entonces la llamada Familia Michoacana, una mezcla de bandas locales que tenía como eje de unión algunas causas sociales, como el combate a las adicciones y el alcoholismo.

“Era el cariz de su fundador, Nazario Moreno González, El Chayo o El más loco. El grupo se dividió y nació entonces la organización conocida como Los Caballeros Templarios. El nombre no es gratuito.

Corresponde a la mezcla extraña como nació el grupo original, un batido entre traficantes de droga, justicieros, paladines de la justicia para sus pueblos y religión.

“Se nota en algunos de sus líderes como José Alfredo Hurtado Olascoaga, La Fresa. Era predicador en centros de rehabilitación para personas con adicciones. De-

cía que esa era su misión: salvar a los jóvenes de las drogas. Este era el Michoacán que vivía el doctor Mireles”.

Pero Los Templarios, con todo y que tenían libros ideológicos, mantas, banderas, e inclusive, mallas medievales, se han convertido en lo que atacaban. Ahora son ellos quienes secuestran, matan, violan…

Esto de las violaciones a niñas fue quizá lo que más denunciaron a finales de 2012. Mireles lo dirá una y otra vez en diversas entrevistas:

“El secuestro y asesinato de su sobrino, su propio secuestro, el de sus hermanos. Pero las niñas que llegan por montones al Centro de Salud: 11, 12 años, ‘levantadas’ por

los caballeros templarios, retenidas por días, semanas, violadas y luego abandonadas, embarazadas.

Lo dirá Mireles en entrevistas, con esa convicción que lo caracterizaba y que no dejaba lugar a interpretaciones.

Y luego, durante toda la jornada de autodefensas, lo repetirán en cada pueblo alzado o liberado; se escuchará en una y otra entrevista radiofónica o en las crónicas de los diarios.

Las niñas embarazadas. Eso

11 nos hartó, repetían Mireles, y luego otros y otros más…

Una tarde, ¿o era de noche?

La leyenda habla de una tarde o una noche y una pickup. Es incomprobable, pero al menos como historia revela a quienes estuvieron en la conspiración. Dicen que la idea nació a bordo de esa camioneta pick up, tres hombres hablan y discuten la posibilidad de alzarse en armas.

Este pacto secreto es entre tres hombres. Dos son oriundos de Tepalcatepec: Juan José Farías, alias El Abuelo, un hombre muy querido de Tepalcatepec, y también temido, con un pasado cercano al narcotráfico, el otro hombre es menos conocido. Saldrá poco en medios de comunicación, le dicen El Kiro, de mediana edad, baja estatura, cuerpo sólido y ágil; alguien que se pierde en la multitud, pero quien tuvo más poder que muchos de los televisados.

El tercero en la reunión es Hipólito Mora, ranchero oriundo de La Ruana, un poblado pequeño del municipio vecino de Buenavista. El nombre La Ruana es en honor a una yegua indomable. El nombre oficial es Felipe Carrillo Puerto, pero los oriundos jamás se identificaron con el gobernador yucateco; les interpeló más la leyenda de la yegua que jamás se dejó montar.

La Ruana y Tepalcatepec, apoyados por gente de Apatzingan, se levantaron el 23 de febrero de 2013.

Las ganas de librarse del crimen organizado, siempre coludido con fuerzas municipales o estatales, estaba en el aire.

Un par de meses después se incorporó Mireles; antes, decía que su padre de 83 años, no quería. Pronto lo designaron vocero; dirían periodistas que cubrieron en aquel momento, lo eligieron porque hablaba bien y porque ningún otro quería dar la cara. Además, por haber sido médico militar, pensaban que podría llevarse bien con el Ejército.

En un año levantaron al menos una decena de municipios de Michoacán. En Tepalcatepec, el rostro visible es Mireles: un hombre muy respetado en la comunidad. Y el pueblo se alzó.

Ese primer año será distinto y difícil. Por meses, por ejemplo, los templarios sitiarán Tepalcatepec.

No dejarán entrar combustible o alimentos. Entonces los alzados deberán hacer pactos con grupos antagónicos: el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Pero ese año es quizá el más heroico. El siguiente, 2014, las cosas habrán cambiado.

Enero, 2014 Las autodefensas se vuelven a alzar. Y casi inmediatamente se desploma una avioneta en el que viajaban Mireles y su pareja de 17 años de edad. Sufren lesiones leves.

Este accidente es una muestra de la vida pública del doctor: la duda de haber sido traicionado, pero también su escandalosa vida privada, un franco machismo, común y afincado en la tierra caliente, la muerte siempre cerca…

Es el Abuelo quien toma la vocería; habrá quién dice que aprovechan el momento para desembarazarse del doctor, que ya les incomoda. Esto en la cara pública; pero también hay cambios en la estrategia militar: es la gente de Buenavista -al frente va El Americano, un hombre muy cuestionado- la que toma la estrategia de guerra.

Esta gente disputará el poder con Hipólito Mora.

Van con sus camisetas blancas, sus hileras de camionetas y sus armamentos: camionetas blindadas, rifles de la revolución y lanzagranadas.

Liberan regiones aguacateras, llegan hasta Nueva Italia. Pero hay un aspecto interesante y cada vez más obvio: la Policía federal, el Ejército, están en esos lugares.

Se apostan a las afueras de los poblados. Se saludan, incluso, con algunos líderes de autodefensas.

Los dejan hacer.

Algunas tomas son muy violentas. Nueva Italia, por ejemplo. ¿Cuántos muertos y heridos? Nadie

lo sabe a ciencia cierta. Las autoridades eligieron no detener un enfrentamiento entre civiles.

Era como si hubieran decidido que las autodefensas hicieran su trabajo sucio: matar delincuentes o retenerlos. Al menos por unas semanas.

Pero para mediados de enero, Alfredo Castillo Cervantes, policía mexiquense, muy cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, es designado comisionado para la seguridad y pacificación en Michoacán. Ese es el signo de que van a cambiar las cosas.

Para el primer aniversario del alzamiento, a finales de febrero, Mireles y El Abuelo están más que distanciados.

Al médico le pesa la práctica que han adoptado de sumar a las autodefensas a delincuentes “arrepentidos”. Mireles pinta su raya. Y el Abuelo, que nunca perdió –ni a la fecha ha perdido– el cariño de su gente, pinta la suya.

Unos meses más tarde, las autodefensas de Tepalcatepec destituyen a Mireles como vocero. Lo acusan de acoso sexual.

Pero otros periodistas dan otra razón: no se pliega a los verdaderos operadores de las autodefensas. Y tampoco a Alfredo Castilo.

Todo lo demás también se descompone: Hipólito Mora es detenido, acusado de homicidio por gente de El Americano (en este enfrentamiento, por cierto, quien también muere es el hijo de Hipólito).

Mora será liberado poco después y de nuevo es un ejemplo de la relación del gobierno con las autodefensas: acercamientos, golpes, encarcelamientos, apapachos, a veces da; a veces reprime…

Castillo Cervantes y el Gobierno federal deciden “dar las gracias” a las autodefensas y les proponen que algunos de sus miembros se sumen a la guardia rural, una antigua suerte de guardia blanca que fue utilizada después de la Revolución Mexicana para apaciguar alzamientos.

Muchos aceptaron. Pero otros se enojaron. Muchos se opusieron.

Entre ellos Mireles, quien para entonces ya había ido a la Ciudad de México y pactado un movimiento de Autodefensas Nacional junto con Hipólito Mora y apoyados por actores sociales como el Obispo Saúl Vera, Alejandro Solalinde, entre otros.

Mireles estaba avecindado en La Mira, una tenencia del municipio Lázaro Cárdenas, y a donde pensa-

ba alzarse también.

Había propuesto la llegada de las autodefensas al puerto de Lázaro Cárdenas (punto estratégico de comercio y trasiego) y la propia capital de Michoacán.

El 24 de junio de 2014, Mireles fue detenido junto con la mayoría de sus seguidores. Los cargos que le imputaron fueron: posesión de armas de fuego. Estuvo preso durante tres años.

Para 2017, cuando Mireles fue liberado, las autodefensas eran ya otra cosa. En Tepeque ya no tenía una base; su hogar ahora estaba en La Mira.

Siguió siendo figura pública; criticaba la situación de las autodefensas. Seguía generando escándalos con su pareja y su ex esposa.

Mientras, la descomposición y luchas intestinas no pararon al interior del movimiento. Muchos comandantes, luchadores de las autodefensas, estaban muertos o alejados.

De la treintena de municipios que en algún momento se alzaron, pervivieron y resistieron, aquellos con población con componente indígena: lograron hacer comunidad.

En Michoacán ya no había Caballeros Templarios. Pero el Cartel Jalisco Nueva Generación se expandía; prosperaba. Y no solo en Jalisco, Tepalcatepec o Apatzingan (tierra caliente michoacana), sino en toda la tierra caliente de Guerrero y el Estado de México, Jalisco.

Luego, por el resto del País.

El periodista Arturo Cano escribió alguna vez que Kiro, ese líder discreto del alzamiento, dijo sobre Mireles: ‘‘está loco’’. ¿Por qué?

Está diciendo muchas verdades y en la política no todo es verdad.

Lydiette Carrión Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios.

Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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Un tren realiza maniobras en Tierra Blanca, Veracruz, un lugar con fuerte afluencia de migrantes.

Serie: Migrar bajo las reglas del Covid

Las rutas oscuras impuestas por el Covid y la xenofobia C U A R T A

D E

C I N C O

P A R T E S

‘Ahorita como venimos en el tren, venimos todos sucios’, se excusó Roberto Gómez de manera espontánea, consciente de que la presencia de la población migrante no es bien vista entre los locales, debido a los rumores que los señalan como portadores del virus. Enseguida mostró su frasco casi vacío de gel antibacterial R O D R I G O

S O B E R A N E S

QUINTO ELEMENTO LAB Fotos y videos: Javier García

L

as maniobras de la locomotora para ir acomodando vagones atraían a personas salidas de las sombras y los escondrijos de los alrededores de las vías férreas de Tierra Blanca, Veracruz. Eran migrantes atentos a cazar el tren para seguir su camino.

“Nosotros venimos cuidándonos. La gente migrante tiene su precaución. Llevamos gel, venimos lavándonos las manos, bañándonos bien”, comentó detrás de su cubrebocas Roberto Gómez Hernández, de nacionalidad hondureña. Estaba al pie de las vías, con una mochila como único equipaje y un impermeable improvisado con una bolsa negra diseñada para guardar basura.

Gómez pasa de los 40 años y ejerce de líder de un puñado de migrantes que se fueron encontrando durante su recorrido desde la frontera sur mexicana hasta este peligroso punto de la ruta migrato-

13 ria en Veracruz.

“Ahorita como venimos en el tren, venimos todos sucios”, se excusó Roberto Gómez de manera espontánea, consciente de que la presencia de la población migrante no es bien vista entre los locales debido a los rumores que los señalan como portadores del virus. Enseguida mostró su frasco casi vacío de gel antibacterial.

Mientras los maquinistas continuaban las maniobras de ensamblamiento de vagones cayó la noche y llegó una lluvia que atenuó el sofocante calor de la zona cañera de Tierra Blanca, que espantaba a los viajeros de permanecer ahí. El otro factor era la inseguridad. Se trata de una zona conocida por los secuestros y violentos asaltos. A estos riesgos se le sumaba la posibilidad de agarrar el virus que también asesina.

Las medidas sanitarias en Tierra Blanca -el albergue cerrado, el primer cuadro de la ciudad y sus principales calles también cerradas y bajo estricta vigilancia policial- mostraban la gravedad de los contagios en esta zona del sur veracruzano, un paisaje repetido en los lugares que el grupo de migrantes liderados por Gómez había atravesado.

A mediados de julio de 2020, Roberto Gómez alcanzó una comunidad guatemalteca llamada La Técnica, al borde del río Usumacinta, frente a la frontera de México.

Para llegar ahí, debió recorrer al menos siete horas en terracería trepado sobre uno de los pequeños camiones que salen de pueblos con nombres bíblicos del extenso departamento de El Petén.

Esos camiones suelen detenerse en sitios donde polleros esperan reunir un cargamento de personas.

También son interceptados por camionetas que recogen a sus clientes, quienes cambian de transporte a toda prisa y se pierden veloces en algún paraje fronterizo.

Cuando el grupo liderado por Roberto Gómez cruzó el río Usumacinta, del lado mexicano, entró a la comunidad de Frontera Corozal, zona de vestigios arqueológicos para los turistas, pero de controles sanitarios y migratorios para los viajeros sin visas.

“Entre Guatemala y México había una brigada de médicos, ahí nos chequearon y todo, nos tomaron la temperatura, nos dieron pastillas.

Ahí caminamos tres días hasta Palenque (Chiapas). Ahí está fuerte la migra, lo corretean a uno y ahí

Un grupo de migrantes se resguarda de la lluvia en Tierra Blanca, esperando la hora de salida del tren hacia el norte del País.

La entrada de personas a Ixtepec era controlada en un puesto de medidas sanitarias.

en Honduras muriendo de hambre?”, explicó Gómez humedecido bajo la lluvia. Su improvisado impermeable de hule no lo protegía.

En ese momento, su grupo estaba formado por cuatro inquietos hombres que aparecían y desaparecían del paisaje, en un vaivén incesante de la esquina de la purificadora donde les regalaban agua y comida, la búsqueda de sombras, el chequeo de las maniobras en las vías. Con el paso de las horas una veintena de personas se unirían.

“Ahí vamos, con poco de nervios pero ahí venimos. Por lo que veo, esa enfermedad existe. Se han dado varios casos, ha habido muchas personas infectadas. Las personas lo toman a juego”, dijo Kevin José Enrique Reyes, un joven integrante del grupo conocedor de que en Tierra Blanca el semáforo epidemiológico estaba en rojo. El peligro máximo de contagio.

Tras los pasos de la migración agarramos el tren hasta acá”, contó el hondureño el 24 de julio cuando nos topamos en las vías.

Pese a la amenaza del Covid-19 la migración forzada no se ha detenido, aunque sí ha cambiado e impuesto nuevas dificultades a quienes se atreven a cruzar México en busca de la frontera con Estados

Unidos, como constató Gómez y su grupo.

“El covid es real, es un virus que está a nivel mundial y uno sinceramente tiene que irse adaptando. El covid vino a quedarse, no se va a ir. Uno no puede estar esperando a que se vaya porque no se va a ir. ¿Qué vamos a hacer quedándonos

Antes de llegar a Tierra Blanca, el tren pasó por Medias Aguas, una comunidad del municipio de Sayula de Alemán señalada como foco de secuestros. Es una zona ganadera donde se juntan dos rutas migratorias: las que comienzan en el norte de Chiapas y cruzan Tabasco -la que tomó Roberto Gómez- y la que

14 inicia en el sur de Chiapas.

Ahí, sobre las vías, se encontraba el joven paramédico de la Cruz Roja, Francisco Javier Beatriz, quien comentaba con los guardias de la estación el descarrilamiento de un tren apenas unos días antes, la tercera semana de julio. Fueron ocho vagones que transportaban varillas de metal, le dijo uno. Ningún migrante resultó lesionado porque, de pura suerte, no viajaban sobre el techo de los vagones volcados.

El descarrilamiento hizo visible la presencia de la migración en trenes de carga -según el paramédico- porque, al estar cerradas las vías por las obras de reparación, los polizontes que viajan en los trenes comenzaron caminar por las vías.

Una escena que no se veía desde la llegada de las caravanas migrantes a finales de 2018.

“Aquí en Medias Aguas estuvimos atendiendo persona por persona, migrante por migrante. Hubo un aproximado de 70. Hicimos restauración de contacto con llamadas a sus domicilios en Centroamérica. Se les apoyó con víveres, suero y medicamento”, contó durante nuestra entrevista. El cansancio, la sed y el hambre que presentaban las y los viajeros obligaron a dar esta respuesta de emergencia.

La brigada del paramédico Beatriz venía atendiendo a lo largo de cinco municipios en este sofoco sin brisa a migrantes que -según sus cálculos- tienen “un 90% más de vulnerabilidad” frente al covid que las personas establecidas en casas o albergues. .

“Hasta el momento no nos ha tocado ni un migrante con síntomas de covid. La verdad, nos sorprende, porque sabemos que son personas que están vulnerables a contagiarse. Toman agua de donde pueden, comen y descansan donde pueden”, dijo.

El descarrilamiento y los hallazgos de migrantes en lugares que ya no eran frecuentados reveló lo que ya sospechaban personajes claves en la atención humanitaria: el Covid-19 volvió a empujar a muchos a viajar colgados de los trenes. En tramos como este, esta peligrosa modalidad se convirtió en la principal opción de transporte.

Con este cambio se desvanecía la manera segura de traslado, inaugurada en octubre de 2018, cuando integraban caravanas en las que miles de personas caminan juntas, sin pagar coyotes y esconderse. Ahora tenían que volver a la soledad, la clandestinidad y, con

Un migrante se cubre de la lluvia, en espera del tren, al lado de las vías en Tierra Blanca. ello, volvían a enfrentarse a riesgos que se creía habían quedado en el pasado.

Una persona, quien lleva años monitoreando el tránsito de migrantes y pidió ocultar su nombre, dijo que en marzo la organización donde trabaja contó cerca de mil personas viajando en trenes. Cuando la pandemia estaba en su pico máximo de contagio -entre abril y junio- no vieron más de 10 por mes.

Sin embargo, a finales de julio ya notaban un repunte de personas migrantes sobre los vagones. Habían contado más de 200.

En Tierra Blanca, aunque el albergue no daba hospedaje a personas migrantes, sí ofrecía comida y agua a quienes después se podía ver apoltronados en algún rincón sombreado de la ciudad, resguardandose del calor.

La noche del 24 de julio, los migrantes guiados por Gómez fueron saliendo de los rincones de Tierra Blanca. El grupo fue creciendo y cerca de la media noche podía verse una veintena de personas esperando bajo algún techo, protegiéndose de la lluvia, a que el tren enfilara hacia el norte.

A 187 kilómetros de ahí, Gloria García Zamora, presidenta del Comité de la Cruz Roja en Acayucan, notó también que la población migrante llegó con “un poco de temor” por el rechazo social aunque, ella sabe que “en términos generales también están tomando las con-

sideraciones de las secretaría de Salud”. Usan cubrebocas, se lavan las manos y toman otras medidas de higiene.

Los dos voluntarios de la Cruz Roja coincidieron en que la población migrante tomó su “sana distancia” con respecto a gente mexicana que encontraba en el camino. Esa toma de distancia la orilló a buscar las vías del tren y caminos despoblados, donde realizaban caminatas kilométricas de varios días.

Como si fueran apestados.

Cuando inició la pandemia, en México ocurrieron episodios violentos contra los migrantes. El 27 de febrero una turba enardecida de habitantes de Oluta amenazó con linchar a 74 salvadoreños liberados de la estación migratoria de Acayucan, que fueron acogidos en el albergue Monseñor Guillerno Ranzahuer. La policía se vio forzada a intervenir para protegerlos. El 3 de marzo, un grupo de migrantes resguardados en un auditorio de Palenque, Chiapas fue desalojado de forma violenta. Los migrantes sobrevivieron, pero sus pertenencias fueron quemadas por la turba.

La Casa del Migrante Monseñor

15 Guillermo Ranzahuer se encuentra en un paraje oculto de Ayaucan. Su director, José Luis Reyes Farías, nos explicó sentado en un potrero frente al refugio que el miedo al contagio por la pandemia, el rechazo de la población local y el aumento de controles migratorios aventaron a las y los migrantes a lo que llamó “la ruta de la oscuridad”.

Obligados a viajar en trenes de carga y a cruzar selvas, potreros, ríos, lagos y hasta el mar, rodeando a las autoridades que quieren detenerlos, y sus revisiones carreteras y evitando también la desbordada desconfianza en los pueblos que encuentran en su camino, según Reyes.

Hacia las ‘rutas de la oscuridad' Siguiendo por la ruta migratoria hacia el sur, ya en el estado de Oaxaca, la postal de calles y negocios cerrados, sumados a la reducida y silenciosa presencia de personas en las calles, incluso en horarios laborales, mostraban que el temor al covid era cosa seria en los municipios de Matías Romero, Juchitán e Ixtepec, la cintura de la República. El cambio con respecto a Veracruz y sus ruidosos negocios en ebullición era notorio.

Para entrar a la ciudad de Ixtepec había que pasar un puesto de sanitización donde cada persona debe dejarse tomar la temperatura.

En el caso de vehículos procedentes de la zona de Juchitán, los ocupantes tenían que justificar su presencia con un buen motivo -cuestiones de trabajo, visitas al doctor, citas importantes- de lo contrario, policías y funcionarios municipales impedían la entrada.

El albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec y fundado por el famoso padre Alejandro Solalinde, cerró el 6 de abril aunque no habían detectado casos sospechosos entre sus usuarios. Cuando se instaló el semáforo rojo en la zona permitió quedarse a los pocos migrantes que se encontraban dentro. Por seis meses no permitió nuevos ingresos y sólo ofrecía orientación jurídica, pero fuera de las instalaciones.

“En un principio en marzo y abril hubo una reunión entre el Comité Municipal de Ixtepec y el albergue.

Al comité se hacían llegar esos comentarios, en el sentido de que temían que el albergue fuera un foco de infección”, explicó la asesora jurídica del albergue, Diana Mendoza. “Si de por sí ya antes existía un rechazo, lo del virus lo marcó más.

En las calles de la ciudad de Ixtepec era frecuente ver señales de advertencia colocadas por las autoridades.

No tendría por qué ser así. El virus es comunitario, ya está en el municipio”.

En la ruta del sureste mexicano, además del oaxaqueño albergue Hermanos en el Camino, en Chiapas cerraron sus puertas los Albergue Belén (que al momento de esta publicación ya acepta 20 personas al día) y El Buen Pastor, de Tapachula; la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, de Arriaga; en Veracruz, el Albergue Decanal Guadalupano, en Tierra Blanca. Todos ellos formaban una especie de oasis de descanso en el camino de

la migración forzada.

Por el momento, ante la pinza que forman la xenofobia, el virus y los retenes, grupos como el liderado por el hondureño Roberto Gómez no tienen más opción que las peligrosas rutas de la oscuridad.

“Es lamentable y duele no poder dar el acceso al espacio seguro que ellos requieren”, nos confió la asesora jurídica Diana Mendoza.

Un sentimiento compartido por todas las personas que en esta zona llevan años intentando hacer que la travesía de aquellas personas forzadas a huir de sus países sea, al menos, un poco menos arriesgada, menos trágica, y algo más llevadera.

Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.

Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual “Sacbé Producciones”, enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México.

En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente. https://quintoelab.org

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Serie: #CaminoAEncontrarles Historias de búsqueda

Los archivos que ayudan a devolver identidades En el norte de Sinaloa hay un colectivo de mujeres que ha encontrado más de 200 cuerpos en fosas clandestinas y ayudado a identificar a por lo menos 80 de ellos, gracias a su método de sistematización de información y colección de detalles y secretos de las personas desaparecidas POR MARCOS VIZCARRA

C

uando una mujer pierde a su hija, esposo, hermana o cuñada suele portar una playera de color blanco, símbolo de la promesa de buscar hasta encontrarle.

Esa camiseta la usará todos los días y la cambiará por otra del mismo color. A veces tendrá la fotografía de su persona desaparecida y otras solo la leyenda “Te buscaré hasta encontrarte”.

Al cumplir esa promesa, cambiará de playera.

Escucha nuestro primer capítulo de la serie Camino a encontrarles: Historias de Búsquedas”, dedicada a contar diferentes métodos de búsqueda de personas desaparecidas en México.

En la radio local se escucha la noticia: “Integrantes de Las Rastreadoras han encontrado los cuerpos de dos personas”. Es el 21 de mayo de 2020.

El locutor se escucha serio, de corte fúnebre.

Se refiere a Las Rastreadoras de El Fuerte, un colectivo formado por más de 600 familias que buscan a personas desaparecidas en el norte de Sinaloa. Ese día encontraron los dos cuerpos gracias a la llamada de un informante anónimo que de-

17 lató la ubicación a Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de la organización.

Un par de horas después de ese hallazgo en Los Mochis, detrás de una zona conocida como La Cartonera, las mujeres encontraron el cuerpo de otra persona en otra fosa clandestina. Este colectivo ha encontrado a 200 personas con el mismo método durante seis años: aceptar la colaboración de mensajeros anónimos.

Ese método, sin embargo, no serviría de nada si no hubieran creado antes una base de datos.

Es un archivo tan extenso y efectivo que cualquier agencia forense podría envidiar. En este guardan detalles, secretos y descripciones muy detalladas de personas desaparecidas que puedan ayudar a su identificación, como cicatrices, marcas de accidentes, tatuajes, lunares o cualquier marca de nacimiento. Cosas que hacen únicas a esas personas.

La información que han recopilado Las Rastreadoras es tan importante como lo son las búsquedas en campo, pues no sólo encuentran cuerpos, también han ayudado a identificarlos.

En territorio sinaloense hay al menos 4 mil 977 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. El panorama es poco alentador: de 2018 a julio de 2020 se habían encontrado al menos 151 fosas clandestinas, de donde fueron desenterrados 253 cuerpos de personas.

Este estado es el quinto con el mayor número de casos por desaparición y el segundo en el registro de fosas clandestinas en México.

Entre 2010 y 2019 la Fiscalía estatal registró la exhumación de 547 cuerpos y más 10 mil restos de huesos humanos.

La mayoría de esos hallazgos los hicieron grupos de familiares de personas desaparecidas que han tenido que aprender técnicas forenses como Las Rastreadoras de El Fuerte.

Los perpetradores, según dijo en entrevista el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos, son principalmente grupos criminales. Aunque un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, basado en el análisis de 338 expedientes, señala que al menos en 142 involucran a policías municipales, estatales o miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y hasta funcionarios de la SEP. La falta de coordinación entre la Fiscalía estatal y el Sistema Estatal de Seguridad se traduce en po-

En la oficina de Las Rastreadoras están puestas las fichas de búsqueda de cada una de las personas desaparecidas.

FotoS: Marcos Vizcarra

cos hallazgos por las autoridades.

Mientras tanto Las Rastreadoras del Fuerte -nombradas así por el periodista Javier Valdez- siguen en sus urgentes búsquedas por encontrar sus hijos e hijas desaparecidas.

Solas, sin protección, han recorrido Ahome, Choix, Guasave y El Fuerte, en parajes donde operan grupos criminales dedicados a la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica con un saldo de 10 mil asesinatos en 10 años, el desplazamiento forzado de más de 34 mil personas, y casi 10 mil desaparecidos.

Desde su fundación en 2014, Las Rastreadoras comenzaron a recibir mensajes de voz o de texto, mapas hechos a mano o imágenes de celulares de fuentes anónimas que se condolían al verlas con picos y palos buscando cuerpos en los cerros, guiadas solo por su intuición hacia puntos y zonas geográficas donde podían encontrar entierros.

“Nosotras no sabemos quiénes son los que nos hablan, pero nos imaginamos que muchas personas son la¿s que se llevaron a nuestros hijos, pienso que hasta policías hay

involucrados”, señaló Mirna Nereyda Medina Quiñónez, quien buscó durante tres años a su hijo Roberto Corrales Medina, y lo encontró en 2017 gracias a uno de esos informes.

-¿Y si esas personas son las agresoras?, se le pregunta a la fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte.

“A lo mejor eso pasa y ya no pueden con la conciencia, no están tranquilos ¿y nosotras qué vamos a hacer?, no somos la policía y lo que queremos es encontrar a nuestros tesoros desaparecidos”, responde sentada frente a un escritorio en el que ha colocado una docena de expedientes con fotografías, números de teléfono y los nombres de personas que fueron arrebatadas de sus familias.

Mujeres como Reyna Isabel Rodríguez Peñuelas, madre de Eduardo González Rodríguez -desaparecido con su cuñada Zumiko Lizbeth Félix Ortega el 9 de febrero de 2016 en Guasave- sospechan por la inacción de las autoridades no buscan.

“Al gobierno no le interesa, no le importa buscar a nuestros desaparecidos y pues nosotras somos las más interesadas, (de que aparezcan)

de una u otra manera, pero que aparezcan”, señala la mujer rastreadora.

La inacción de las autoridades empujó a que este grupo de mujeres hiciera dos tipos de búsquedas: en campo y en oficina.

En 2016 rentaron un local en una plaza comercial de Los Mochis como bodega donde almacenar herramientas, después se dieron cuenta que podía tener otro uso.

En la entrada un cartel indica: “Derechos Humanos”. Las ventanas están tapizadas con papeles de color blanco, fichas de búsqueda, decenas de fotografías donde se alcanza a leer: “¿Has visto a?” y seguido de un memorial improvisado donde se leen estos nombres: José Francisco Ramírez García, desaparecido el 10 de junio de 2017. Jesús Izaguirre Valenzuela, la última vez que se le vio fue el 3 de mayo de 2015, en Sonora.

Antonio Alan Rubio Escalante, de Choix. Pedro Ventura Medina Quevedo, de Culiacán.

“Decidimos hacer un banner donde estuvieran las personas que habían sido localizadas. En este caso en esta pared al fondo están las fotos de los que hemos encontrado”, cuenta

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Las Rastreadoras de El Fuerte han encontrado hasta 200 cuerpos en fosas clandestinas en el norte de Sinaloa.

Mirna mientras toma una carpeta de color beige. Su hijo Roberto está entre esos retratos.

En esa oficina Mirna muestra carpetas apiladas en su escritorio. Las tiene clasificadas por año, por sexo y por municipio. Algunos casos son investigados por la Fiscalía local y otros por la Fiscalía General de la República.

De una caja toma unas libretas: contiene anotaciones sobre hechos importantes. Se alcanza a leer una lista: “llamar a los familiares para que les hagan exámenes forenses”; otra: “pedir más información sobre la desaparición”.

En los archivos anotan cada actividad donde intervienen abogadas, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarias de las comisiones de búsqueda y de víctimas, y registran cada uno de sus rastreos de fosas y llevan un diario de campo.

Coleccionan fotos, videos y audios de cada hallazgo.

Michelle García Parra, una joven voluntaria de 21 años, graduada en 2019 como Licenciada en Mercadotecnia, es la encargada de alimentar el archivo. Ella también debe estar atenta para cuando Las Rastreadoras le hablen para preguntarle características de las personas desaparecidas.

“Lo que hago son las fichas de los desaparecidos, todo el proceso que fue cómo desapareció una persona”,

describe la joven al abrir una de estas carpetas que tiene digitalizada y que clasifica en columnas en tablas de excel.

“Se le pregunta la fecha de nacimiento, la fecha de desaparición, las características principales como si llevaba placas, si tiene brackets, si tiene tatuajes, que es principalmente con lo que se le identifica. Algunos (familiares) vienen personalmente a hacer su denuncia aquí, otros simplemente es por el contacto por internet, por celular”, dice.

Michelle alimenta y revisa la base de datos al mismo tiempo que contesta el teléfono para registrar nuevas denuncias y elabora fichas de personas con características de personas desaparecidas y pide datos del trabajo de campo de Las Rastreadoras así como de los datos que obtienen en la Fiscalía. La voluntaria manda correos electrónicos, compra boletos de avión o de camión para que las mujeres acudan a las oficinas de Gobierno en donde sean requeridas, y organiza sesiones virtuales para charlas con organizaciones nacionales o entrevistas con periodistas.

Cada tanto el cotejo de las características de un cuerpo recién exhumado con la detallada información que tienen sobre las personas desaparecidas arroja coincidencias y enciende la esperanza de que un cuerpo sin nombre podrá ser

identificado.

Las Rastreadoras llaman “tesoro” a cada cuerpo encontrado.

“Al momento en que las Rastreadoras encuentran un tesoro me dicen: ‘(el cuerpo) trae placa en la pierna izquierda’, y rápido voy a una ficha y reviso quiénes son los que traen una placa en una pierda, quiénes son los que van más apegados a la descripción del tesoro y así ir descartando poco a poco y así llegar a la conclusión que dos o tres son posiblemente ellos”, asegura la joven, Lo que sigue es acudir al Ministerio Público y presentar esa información para confirmar o descartar si se trata de esas personas de las que sospechaban o no.

“Entonces si ya la familia se hizo el ADN es más fácil (confirmar) que sea o no”, asegura.

Michelle García Parra ha sabido continuar un proyecto creado por la socióloga Carolina Robledo Silvestre, Coordinadora del grupo de Investigación en Antropología Social y Forense del CIESAS, quien colaboró en 2016 y 2017 con Las Rastreadoras para documentar su trabajo y encontró que contaban con información importante, histórica, necesaria de preservar.

“En realidad gran parte de este trabajo está situado en la memoria de Las Rastreadoras, especialmente en la cabeza de Mirna, que se acuerda de todos los detalles, desde la

primera búsqueda que hizo hasta la última, pero también era necesario propiciar una metodología que permitiera otros formatos para tener esta memoria en el tiempo y también para que estuviera compartida con otras personas, sobre todo con los mismos buscadores, para que ellas pudieran producir búsquedas mucho más estratégicas considerando un análisis del patrón de las desapariciones”, narra Robledo Silvestre.

Poco a poco ordenó con Las Rastreadoras libretas y cajas, acumulando cada detalle en una hoja de cálculo dividida en dos bases de datos.

Una de esas bases se dedica a detallar las fosas clandestinas encontradas por ellas que incluye pormenores de los hallazgos que les permitieran analizar el contexto geográfico de los lugares donde ocurrieron los hallazgos, la temporalidad y las características físicas de los cuerpos desenterrados y las pertenencias que les rodeaban.

El otro archivo es sobre personas desaparecidas, con todas sus características, detalles, secretos, de forma que sirviera como un documento histórico para comprender el fenómeno de las desapariciones en el norte de Sinaloa.

“Esta base de datos permitía, en primer lugar, medir la magnitud del fenómeno, pero también consideramos muy importante que nos permitiera identificar el perfil de la persona

19 desaparecida”, dice la doctora en Ciencias Sociales.

Gracias a este archivo ha logrado conocer el perfil de las víctimas de desaparición.

“Eran sobre todo personas que vivían en condiciones de precariedad las que estaban siendo desaparecidas, jóvenes que no habían tenido oportunidades escolares, oportunidades laborales, que realizaban trabajos a destajo en el campo o que también hacían parte de las economías ilegales en las bases de las pirámides, arriesgando sus vidas y ganando poco”, explica Robledo, como uno de sus hallazgos.

Este trabajo es fundamental y clave para lo que han logrado Las Rastreadoras. Su método no tiene mayor complicación que la de entrevistar a familiares, hacer notas de campo, prender la computadora, sumar más casos y guardarlos en distintas memorias electrónicas. Lo que cualquier fiscalía debería de hacer, pero no hace con el empeño y la minuciosidad de estas mujeres con una promesa pendiente.

A Ofelia Flores Moreno le desaparecieron a su esposo, José Candelario Espinoza, en 2017. Ese año se unió a Las Rastreadoras. Con ellas aprendió a dar seguimiento y acompañamiento para la identificación de cuerpos ante las autoridades.

Se reúne con los fiscales y lleva un seguimiento puntual de los avances en las identificaciones de cada uno de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas.

“Se les pide (en la Fiscalía) que hagan un cruce de ADN más rápido con las personas -por ejemplo- registradas como que tenían una placa en el brazo o la pierna, y ya van descartando. Inclusive una misma lo puede hacer, porque puedes ir descartando, haz de cuenta que dices ‘éste solo lo tiene en la pierna izquierda y la pierna que se encontró es la pierna derecha’, y así no tardas mucho tiempo en aparecer los resultados de ADN y saber quiénes son”, explica en entrevista.

Gracias a ese seguimiento ella logra presionar para que los procesos de identificación no se eternicen. “Ya ves que hay muchos que cuando son osamentas puedes tardar hasta seis meses para que sean identificados, es muy difícil, entonces así se hacen los procesos más rápido”.

Su labor también consiste en registrar cuáles cadáveres continúan en la morgue, cuáles fueron enviados a las fosas comunes o se quedaron en las funerarias porque las autoridades dicen que les falta espacio y

Las Rastreadoras de El Fuerte usan una camiseta verde cuando encuentran a su familiar desaparecido. personal.

La rapidez en los procesos de investigación es difícil de alcanzar en un estado donde apenas 16 agentes del Ministerio Público especializados en la búsqueda deben volver la identidad de casi 5 mil personas que están desaparecidas.

Las muestras genéticas que requieren para la identificación de los cadáveres únicamente pueden realizarse en el laboratorio de genética forense de la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, la capital sinaloense -a tres horas de Los Mochis- donde en los últimos cuatro años se han tomado 880 muestras a cuerpos de personas no identificadas: una cuarta parte corresponde a los hallazgos de Las Rastreadoras.

Aunque la búsqueda inicia en el campo, sigue en la oficina, al momento de la identificación genética Las Rastreadoras pasan la estafeta a la Fiscalía.

En julio de 2017 Mirna Medina siguió la ubicación que recibió de parte de un mensajero anónimo. Junto a sus compañeras encontró los huesos de un brazo, un húmero, el cúbito y el radio que estaban semienterrados junto con empaques de accesorios de carros, los mismos que vendía su hijo -Roberto Corrales Medina- la tarde en que lo desaparecieron.

Un mes después, con pruebas genéticas, esos restos confirmaron y

recuperaron su identidad.

“Desde ese día me dediqué a buscarlo, le hice aquella promesa de que iba a buscar hasta encontrarlo y se lo cumplí aquel día, un 14 de julio de 2017. Mis compañeras y yo encontramos los restos en esa fosa… algunos de los restos, porque igual todavía no los encontramos”, cuenta esta fuerte mujer.

Roberto vendía discos compactos, USB con música regional y accesorios de carros. La tarde del 14 de julio de 2014, un grupo de hombres se lo llevó, lo asesinó y lo enterró en una fosa clandestina. Una semana después de la desaparición, Mirna se juró encontrarlo como fuera necesario. Preguntó en El Fuerte, La Constancia, San Blas y Mochicahui, pueblos de una ruta carretera conocida por Roberto, pero no encontró ni una pista. Fue al Ministerio Público y se inició una carpeta de investigación con su nombre, señas particulares y el relato de la última vez que fue visto.

En la búsqueda Mirna Medina conoció a otras mujeres que también tenían a sus hijos, hijas, esposos o hermanos desaparecidos.

Hablaron, se escucharon, lloraron juntas mientras platicaban de sus casos y dos meses después, el 12 de septiembre de 2014, fundaron el colectivo. Salieron a rastrear guiadas por su instinto con palas, picos y varillas sin tener éxito, hasta que co-

menzaron a recibir llamadas de informantes sin nombre que las llevaron hacia tumbas clandestinas. Después de haber destapado la primera, esto ya no paró.

En seis años de incansable búsqueda las Rastreadoras de El Fuerte han encontrado hasta 200 cadáveres y han logrado identificar a más de 80 personas gracias a ese archivo creado con datos recopilados en libretas, expedientes y el disco duro de una computadora.

En la oficina de Las Rastreadoras no solo hay fotos y fichas de las personas desaparecidas, también ahí cuelga una manta, donde están los rostros de las personas localizadas Ahí está el de Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna, el de Alejandro López Serna, hijo de Reyna Serna, el de Belisario Quintero Medina, joven de Chihuahua, hijo de Don Belisario Quintero. El de Ernesto Vega Robles, hijo de la señora Rosario Robles. Todos ellos fueron encontrados en fosas y recuperados por sus madres.

Con las fotografías de sus hijos encontrados animan a las otras compañeras, sean veteranas o recién llegadas a la organización, para que sigan buscando en un estado donde las personas no dejan de ser desaparecidas y sólo colectivos como este han logrado encontrar, identificar y devolver a las personas con sus familiares.

Son más de 50 rostros que forman parte de un memorial en honor a cada uno de los “tesoros” localizados.

Colocar las fotografías ahí es también es la señal para poder cambiar de playera, una de color verde, en la que se lee “Promesa Cumplida”.

Este texto forma parte de la serie “Camino a encontrarles: Historias de búsquedas”. Un proyecto de podcasts y reportajes escritos y coproducidos por A dónde van los desaparecidos, IMER noticias y Quinto Elemento Lab.

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente.

Indígena rarámuri que fue obligado a dejar su comunidad, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo.

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Foto: Thelma Gómez Durán

Serie: Radiografía forestal de México

Desplazamiento forzado en la Tarahumara: obligados a dejar su comunidad y su bosque En el estado de Chihuahua, al norte de México, la expansión de los grupos dedicados a la producción de drogas ha provocado el desplazamiento forzado de, por lo menos, 400 personas P A T R I C I A M A Y O R G A MONGABAY

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S E G U N D O U N A S E R I E

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n la Sierra Tarahumara, el pinole es un alimento vital. Es tanto el aprecio que se le tiene a esta harina elaborada con maíz que las mujeres indígenas la utilizan para “alimentar” a los aguajes: la esparcen en los lugares donde hay agua, para que no dejen de dar vida a las comunidades. Con el pinole también “alimentan” a los pinos, porque ellos traen el agua. Este ritual dejó de hacerse en los poblados donde sus habitantes fueron obligados a dejar sus ríos, sus bosques y sus tierras.

Desde 2017, por lo menos 410 personas fueron forzadas a desplazarse de sus comunidades en la Sierra Tarahumara -la cadena montañosa y área forestal que se extiende a lo largo de Chihuahua, al norte de México-, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.

Tan solo en 2019, alrededor de 100 familias (300 personas) fueron obligadas a desplazarse de tres comunidades del municipio de

Casa de una familia desplazada de la comunidad El Manzano, en el municipio de Uruachi.

Foto: Cedehm

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En algunos municipios de la Sierra Tarahumara, donde la violencia y amenazas han provocado desplazamiento forzado, los grupos del crimen organizado son quienes deciden si se realiza o no el manejo forestal Guadalupe y Calvo, de acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2019, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Testimonios de personas desplazadas, así como lo documentado por organizaciones no gubernamentales y dependencias estatales, señalan que el principal detonante del desplazamiento forzado en la región es el control del territorio por parte de los grupos que se dedican al tráfico de drogas; los cuales, además, han diversificado sus actividades y ahora también manejan la tala ilegal.

En el informe elaborado por la CMDPDH, y publicado en agosto de 2020, se señala que “los desplazamientos de comunidades indígenas, ocasionados por disputas territoriales entre grupos delictivos, suelen ser comunes en la región serrana de Chihuahua, debido a que se trata de una zona de siembra de amapola y es parte de la región conocida como el Triángulo Dorado (ubicada entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa), caracterizada por la presencia de grupos ligados al narcotráfico”.

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Chihuahua -entre ellas Consultoría Técnica Comunitaria, la Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres- han documentado que el desplazamiento

La casa de Cruz Sánchez, en la comunidad El Manzano, fue saqueada, después de que la familia fue obligada a desplazarse.

Foto: Cedehm

forzado en la Tarahumara comenzó a ser más evidente a partir de 2011.

La CEAVE tiene registrados casos de desplazamiento forzado en 56 comunidades de municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi. A ese mapa se suman los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna, de acuerdo con lo documentado por organizaciones no gubernamentales.

Dejar la comunidad y el bosque Desde hace poco más de cinco años, Cruz Sánchez Lagarda, indígena rarámuri, conoce lo que es el desplazamiento forzado. Su familia y otras más tuvieron que dejar El Manzano, en el municipio de Uruachi, al oeste de Chihuahua.

En entrevista, desde la ciudad donde está refugiado con su familia, Cruz Sánchez cuenta que el desplazamiento de los habitantes del Manzano comenzó a gestarse desde principios de 2015, cuando

miembros de uno de los carteles de narcotráfico amenazaron a jóvenes de la comunidad que se negaban a ser reclutados por ese grupo. En febrero de ese año, uno de los hijos de Cruz Sánchez fue asesinado.

Un mes después, alrededor de 50 hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en El Manzano, comunidad que forma parte del ejido Rogoroyvo. Los habitantes se defendieron y se dio un enfrentamiento que duró alrededor de siete horas. Los miembros del cartel advirtieron que regresarían.

Fue por eso que alrededor de 36 personas, entre ellas la familia de Cruz Sánchez, fueron la primeras en dejar El Manzano.

Las amenazas contra la comunidad no cesaron. Por lo que, durante 2016 otras familias salieron del poblado.

Las personas desplazadas del Manzano dejaron sus casas, sus cultivos, su ganado y su bosque comunitario. Aquellos que, como Cruz Sánchez Lagarda, son ejidatarios de Rogoroyvo también dejaron vacío su lugar en las asambleas ejidales.

Sánchez Lagarda fue comisariado ejidal de Rogoroyvo de 1999 a 2000. Durante ese tiempo, una de las acciones que realizaron los integrantes del comisariado fue impulsar el aprovechamiento forestal en su territorio colectivo.

El indígena rarámuri recuerda que, además de contar con un plan de manejo forestal, se impulsó la

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En la carretera que va de Creel a la comunidad de San Juanito es común observar camiones que transportan madera.

Foto: Patricia Mayorga

compra de un aserradero para dar valor agregado a la madera que producía la comunidad.

“Producíamos madera y la vendíamos a empresas de Parral y Delicias… Todos ganábamos”, cuenta Cruz Sánchez. El dinero que se obtenía por la venta de la madera se distribuía entre los ejidatarios.

A la par, cada uno tenía su parcela donde sembraba principalmente maíz y otros productos, según la temporada.

Los ejidatarios tuvieron diferencias por cambio de sus autoridades; aun así, el trabajo forestal siguió adelante. Entre 2010 y 2011, decidieron adquirir un nuevo aserradero, a través de un programa del gobierno estatal que les permitía pagar la mitad del costo.

Sin embargo, apunta Cruz Sánchez, fue durante esos años que la situación comenzó a descomponerse en la región. La violencia, los asesinatos y las amenazas se incrementaron.

El proyecto forestal que tenía la comunidad El Manzano se paralizó hace poco más de tres años. De los 445 ejidatarios de Rogoroyvo solo quedaron alrededor de 300. La mayoría dejó la comunidad por la violencia y otros más por la falta de trabajo.

El territorio comunitario comenzó a resentir los nuevos tiempos: “Empezaron a derribar pinos para sembrar amapola (flor de la cual se extrae el látex con el que se produce la goma de opio)… Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta Cruz Sánchez.

Bosques en la Sierra Tarahumara.

Foto: Thelma Gómez Durán

El desplazamiento forzado no solo golpea la vida de las comunidades y de las personas. Su onda expansiva también la resienten los bosques.

Cuando una comunidad que ha realizado manejo forestal se ve obligada a dejar su territorio, “no hay quien cuide en forma ordenada el bosque”, resalta Federico Mancera-Valencia, investigador del Centro de Investigación y Docencia, que depende de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Para tener un bosque sano, explica el investigador, es necesario realizar diversos trabajos, entre ellos la poda de los árboles. Si no tienen ese cuidado, los bosques están expuestos y más vulnerables

a incendios y plagas.

En Uruachi, el municipio donde se encuentra el ejido de Rocoroyvo, desde hace cinco años no se realiza aprovechamiento forestal; por lo tanto, tampoco se ha reforestado en los bosques de la zona, de acuerdo con Refugio Luna García, director forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua.

Lo mismo sucede en los municipios de Guazapares y Urique, donde comunidades completas -de indígenas y mestizos-, han huido porque les han arrebatado sus tierras, como lo han documentado organizaciones como el Cedehm y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

También se desplaza el manejo forestal En todo el estado de Chihuahua, 1017 predios tienen permisos para aprovechamiento forestal: 226 son ejidos, 28 comunidades y 763 predios particulares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Personas de Urique y Uruachi, que pidieron el anonimato por seguridad, señalan que miembros del grupo delictivo que controla la región dieron la orden de no ejecutar los permisos de aprovechamiento forestal. Eso provocó que ejidos y comunidades detuvieran las actividades relacionadas con el manejo de los bosques.

Del total de autorizaciones para

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En el municipio de Bocoyna, los bosques son talados en forma ilegal y después se prende fuego al lugar.

Foto: Patricia Mayorga

manejo forestal en el estado, 18 están en Urique (16 ejidos y dos predios particulares); siete en Uruachi (seis ejidos y un predio particular) y 12 en Guazapares (siete ejidos, una comunidad y cuatro predios particulares). Así que, de acuerdo con estas cifras, 37 predios no pueden ejecutar los permisos para hacer uso legal del bosque.

En esos tres municipios se inhibió la actividad forestal y comenzó la corta de árboles para abrir “tierras mahueches”, como les llaman a los terrenos preparados para la siembra de amapola.

En Bocoyna, municipio donde también se han registrado casos de desplazamiento forzado, es común el robo de “guías” y otros documentos que permiten transportar la madera y demostrar que tiene un origen legal, asegura en entrevista el delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Manuel Chávez Díaz.

De acuerdo con testimonios de personas desplazadas de Bocoyna -quienes pidieron permanecer en anonimato por seguridad-, los grupos delictivos cortan la madera, van y la entregan a un aserradero.

A varios dueños de aserraderos los obligan, con amenazas, a comprar madera que no tiene documentación.

En lo que va del año, en el municipio de Bocoyna han asesinado a varios líderes ejidales, entre ellos a Joel Zamarrón, presidente ejidal del Retiro y Gumeachi, a su hermano Adán Zamarrón, quien era ex presidente del mismo ejido. También mataron al tío de ambos, Juan Zamarrón. Las familias de Joel, Adán y Juan se encuentran desplazadas.

En el ejido y sus alrededores se han

Cruz Soto fue obligado a dejar su comunidad en el municipio de Guazapares. En octubre de 2019 fue asesinado cuando fue al municipio a realizar trámites agrarios.

Foto: Cedehm

registrado actividades de tala ilegal y, posteriormente, incendios.

En julio de 2020, el fiscal general de Chihuahua, César Agusto Peniche Espejel, declaró que las ganancias de la tala clandestina se estiman entre los 75 mil (3 mil 500 dólares) y 220 mil pesos (10 mil 300 dólares) por cada camión cargado con madera.

Regresar al bosque A finales de 2016, la Secretaría de Desarrollo Rural detectó una comunidad que tenía permiso de aprovechamiento forestal y que fue desplazada por un grupo delictivo: se trata del ejido de Yoquivo, localizado en el municipio de Batopilas.

Refugio Luna García, director forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, explica que a esa comunidad se le había otorgado apoyo para la modernización de su aserradero.

En una de las visitas que realizaron

los funcionarios de la dependencia estatal encontraron que solo unos pocos habitantes permanecían en el ejido.

“Las autoridades comunitarias ya no vivían ahí. Unos estaban en una ciudad y otros en otra. Como pudimos, los localizamos. Encontramos la manera de apoyarlos para que regresaran. De ese ejido son como 300 personas; la mayoría ya regresó, otros no”, asegura Luna García.

En la actualidad, la Secretaría de Desarrollo Rural apoya a la comunidad para que recupere el manejo forestal comunitario; es decir, que no solo realicen aprovechamiento de la madera en forma legal, sino que además realicen trabajos de reforestación, restauración y vigilancia para evitar incendios y plagas en el bosque.

En el municipio de Batopilas hay cinco ejidos que tienen permisos de aprovechamiento forestal; además de otros cinco predios que son de particulares.

El delegado de la Conafor en Chihuahua, Manuel Chávez Díaz, asegura que la dependencia federal tiene entre sus objetivos impulsar y fortalecer el manejo forestal comunitario en el estado. Aunque reconoce que no existe un plan específico para trabajar con las comunidades forestales que enfrentan el problema del desplazamiento forzado.

El Ejido Yoquivo, cuyos habitantes han podido regresar a su territorio, es un caso aislado. Una posibilidad que se mira muy lejana para otras comunidades y personas que viven desplazadas.

Por ejemplo, las personas desplazadas del Manzano, en el muni-

cipio de Uruachi, desde 2015 han presentado denuncias en varias instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no han tenido avances.

“Antes teníamos, por lo menos, reuniones más seguidas con el fiscal y otros… Yo siento que como que ya no quieren atender. No les vemos interés”, dice Cruz Sánchez.

Hace dos años, un grupo de desplazados del Manzano y de la comunidad de Monterde -Ejido de Ocoroyvo, en el municipio de Guazapares- pidió apoyo a la Fiscalía General del Estado para visitar sus propiedades. La visita les dejó claro que no hay condiciones para regresar: después de que estuvieron en la zona, fueron asesinados familiares de los desplazados de Monterde.

En octubre de 2019 se corroboró, una vez más, que no hay condiciones para que regresen a la Tarahumara: Cruz Soto Caraveo, desplazado de la comunidad de Monterde y quien denunció amenazas de grupos criminales que utilizaban sus tierras para sembrar droga, fue asesinado cuando visitó su municipio para realizar trámites agrarios. Ahora su familia trata de reconstruir su vida en una ciudad del estado, lejos del bosque.

Lo mismo buscan hacer las familias de indígenas desplazados de sus comunidades de diferentes municipios, quienes se organizan para impulsar la construcción de viviendas en la periferia de la ciudad donde hoy se encuentran. Entre sus planes está nombrar a un gobernador indígena para preservar sus tradiciones, sus ritos, aunque se encuentren lejos de la Tarahumara y de sus bosques.

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