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EN LA BOCA DEL LOBO Con el programa QuĂŠdate en MĂŠxico miles de personas que buscaban asilo en EU han quedado varadas en condiciones de extrema precariedad, en poblaciones controladas por el crimen organizado, sin acceso a la seguridad personal y, en muchos casos, sin la posibilidad de servicio mĂŠdico o condiciones seguras de higiene

3 LETRAS DE MAQUÍO Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Solidaridad y diálogo MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

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l País inicia la etapa que me atrevo a calificar como la más difícil y retadora de su historia. Difícil porque a través de varios años, personas inexpertas, con un tremendo poder, se dedicaron a gobernarlos a base de caprichos personales, sin tomar en consideración que la más importante labor de un político debe ser la de formar a su pueblo.

No es construir edificios y carreteras, ni es manejar adecuadamente la economía, ¡vaya!, ni planear el futuro de la misma, que es tan necesario; lo que es imprescindible es poner las condiciones para que cada vez más ciudadanos maduren, sintiéndose corresponsables de lo que sucede, se sientan solidarios con sus hermanos, los demás mexicanos.

Siempre hemos sostenido la tesis de que libertad y responsabilidad son términos correlativos y que no se puede aspirar a uno prescindiendo del otro. Y solo si se es libre y responsable se puede ser solidario. Lo anterior implica la capacidad de conjuntar las voluntades por encima de las diferencias en el pensar y a pesar de nuestras divergencias para alcanzar un objetivo superior ligado al bien común.

México está urgido de una acción solidaria de todos los mexicanos, para poder afrontar las consecuencias de un despilfarro y un saqueo del que hemos sido víctimas. Para que eso suceda, se requiere de una verdadera autoridad que comprenda que el término es sinónimo de servicio y que el mando solo deben tenerlo aquellos que estén dispuestos a predicar con el ejemplo, a ser congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, a desterrar todo vestigio de

autoritarismo porque este, aunque conlleva al poder, está reñido con el liderazgo que arrastra, en lugar de empujar; porque ser líder significa respetar al débil y sacar de las entrañas de la ciudadanía lo mejor de sí mismo, porque todo lo anterior no lo dan ni la autoridad ni la fuerza o el poder, sino el ejemplo y el diálogo. Ambos contagian e influyen a los demás, motivan y seducen a la acción fraterna.

Cuando un pueblo se encuentra disperso y desconfiado; cuando la lucha de clases, que es lo más antisolidario que puede confrotar un pueblo porque pretende la aniquilación, en lugar de la integración ciudadana, empieza a tomar cartas de naturalización, se requiere, pero con urgencia, el diálogo, que presupone que andie tiene la brujula de la historia o el monopolio de la verdad; que da a las ideas y los sentimientos del de enfrente, la misma importancia que damos a los nuestros; diálogo en el que el más tonto de los ciudadanos puede tener algo que aportar, porque lo importante es integrarnos y esto se logra haciendo a todos participes; diálogo que siempre deberá darse entre iguales, poque nuestra diginidad personal (la de todos) así lo exige, sin prepotencia alguna y mirándonos siempre de frente, porque tanto perjudica el que pisa a los hombres como el que se deja pisar; diálogo que es integración y, porque respeta las libertades, es maduro y no grosero y falta de tacto.

Sí, mis amigos, nuestro pueblo va a requerir de mucho diálogo, sobre todo entre sus líderes, para que estos guíen de buena fe en el difícil camino de la solidaridad.

Miércoles 8 de diciembre de 1982.

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

“Siempre hemos sostenido la tesis de que libertad y responsabilidad son términos correlativos y que no se puede aspirar a uno prescindiendo del otro. Y solo si se es libre y responsable se puede ser solidario. Lo anterior implica la capacidad de conjuntar las voluntades por encima de las diferencias en el pensar y a pesar de nuestras divergencias para alcanzar un objetivo superior ligado al bien común”.

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n silencio, con la mirada a veces de asombro, casi siempre de tristeza, Jill Biden, esposa del Presidente electo de Estados Unidos, caminó entre casas de campaña, ropa tendida en los árboles, niños delgadísimos que jugaban en la tierra.

Escuchó atenta las historias de quienes habitan el improvisado campamento, más de 2 mil personas en Matamoros, Tamaulipas.

Supo del peligroso viaje de miles de kilómetros desde Centroamérica hasta la frontera norte de México.

De la esperanza de conseguir asilo en territorio estadounidense. Y de la cruda realidad que enfrentan.

Todos quienes sobreviven en ese predio terregoso, sin agua potable, alimentos escasos y sin atención médica fueron obligados a permanecer en suelo mexicano por el gobierno de Donald Trump.

Son parte de la política migratoria del todavía Presidente de Estados Unidos y acatada por el gobierno de México.

La visita de la esposa de Joe Biden fue en diciembre de 2019, un año después que la Casa Blanca empezó a aplicar el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

El programa, conocido también como Quédate en México, obliga a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano, mientras sus casos son atendidos en cortes de migración.

Con estimaciones realizadas en la investigación, más de 68 mil personas han buscado asilo en Estados Unidos. No está claro aún cuántas permanecen en México, pero todas las que siguen en el País están en condiciones de extrema precariedad, en poblaciones controladas por el crimen organizado, sin acceso a la seguridad personal y, en muchos casos, sin la posibilidad de contar con servicio médico o al menos condiciones seguras de higiene.

Algo fundamental en la pandemia de Covid-19 que, desde hace algunas semanas, se encuentra en un nuevo momento de crisis, especialmente en las poblaciones donde se concentran estas personas.

Una condición de vulnerabilidad que, en ese diciembre de 2019, entendió Jill Biden. “Es desgarrador.

Es realmente desgarrador”, dijo, mientras miraba las casas de campaña a unos metros del Río Bravo.

“Al otro lado está la Bandera de Estados Unidos. La Bandera ofrece

Serie: Migraciones

Quédate en México: el pro condena a miles a vivir en

Más de 68 mil personas han buscado asilo en Estados Unidos. No está claro cu pero todas enfrentan condiciones de extrema precariedad, en poblaciones co organizado, sin acceso a la seguridad personal y, en muchos casos, sin la posi o condiciones seguras de higiene ALBERTO NÁJAR FOTO: CORTESÍA IMUMI

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P R I M E R O U N A S E R I E

esperanza a la gente”, añadió.

“Todos somos inmigrantes y nuestra nación se construyó con la inmigración y le damos la bienvenida a los migrantes. Pero ese no es el mensaje que estamos mandando aquí en la frontera. Les decimos alto, no vengan. Pero eso no es lo que somos”.

Joe Biden apoyó el mensaje de su esposa y, de hecho, la visita al campamento inspiró una de sus banderas centrales de la campaña electoral: Eliminar la política migratoria de Trump y cancelar, en sus

primeros 100 días de gobierno, el programa MPP. Un año después, Biden es el Presidente electo de Estados Unidos. Y varias organizaciones civiles le recuerdan que se acerca el momento de cumplir la promesa.

‘Encontraron el horror’ Las condiciones de precariedad y abandono de los solicitantes de asilo en Estados Unidos se narran en el informe En la boca del lobo.

Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas

sujetas al Programa Quédate en México.

El documento fue elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

Durante un año, las organizaciones revisaron la forma como se aplica el Programa. El resultado es una serie de abusos a los derechos de

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ograma que n la boca del lobo

uánta siguen en el País, ontroladas por el crimen ibilidad de servicio médico

los solicitantes de asilo, no solo por parte de autoridades, sino por bandas de delincuencia organizada.

Hay, además, varias irregularidades legales en la forma como se implementó la estrategia.

La más notoria es que, en los hechos, se trata de un acuerdo binacional que debió ser avalado por el Senado de la República.

En cambio, el Programa fue autorizado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Cuando se anunció el inicio de

la estrategia el Canciller Marcelo Ebrard dijo que se trataba de una “medida humanitaria”.

Sin embargo, el Gobierno mexicano no ha garantizado a los solicitantes de asilo el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, empleo o seguridad.

Por el contrario, advierte Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, los solicitantes de asilo son enviados a ciudades de la frontera norte del País.

Son lugares que el Departamento de Estado incluye en su lista de

más peligrosos para los ciudadanos estadounidenses y a donde no recomienda visitar.

El Gobierno mexicano se comprometió a no aceptar el envío de mujeres embarazadas, pero el informe documenta decenas de casos a quienes no se les otorga la atención médica que requieren.

Las condiciones de precariedad y abandono del Estado se agudizaron durante la pandemia de Covid-19 La Secretaría de Salud desconoce cuántas personas bajo el Programa Quédate en México han sido atendidas por coronavirus.

Tampoco sabe el número de pruebas PCR se ha hecho en esta población, ni las medidas del Gobierno federal y los estatales para prevenir los contagios.

El riesgo de contraer la enfermedad es particularmente alto en sitios como el campamento de Matamoros, donde los albergados no tienen acceso a servicios de higiene adecuados.

Los testimonios recabados para el informe dicen que, con frecuencia, la única fuente de agua disponible es el Río Bravo.

Las cifras oficiales sobre el impacto de la pandemia entre los migrantes, señalan que hasta octubre pasado había 3 mil 78 casos de contagio de Covid-19.

Pero se refieren al universo de extranjeros atendidos en los servicios públicos de salud. Sobre los contagios entre solicitantes de asilo no hay datos específicos.

Son parte de los abusos que aparecen en el documento.

“El informe da cuenta de los efectos más graves de las políticas migratorias y de los acuerdos migratorios firmados entre México y Estados Unidos”, explica la directora de la FJEDD. “Habla de las vidas de niñas, mujeres, hombres que han sufrido horrores de manos del crimen organizado coludido con el Estado para secuestrar, violar y asesinar a personas solicitantes de asilo que vienen huyendo de su país por cuestiones de seguridad y que se han encontrado en México en la boca del lobo”.

esta política en sus primeros días de gobierno”, explica.

De hecho, en su página oficial, Biden afirma que el programa “ha contribuido a un ciclo de violencia, extorsión y secuestros de personas que están huyendo de la violencia en sus países y están buscando protección”.

La mayor parte de esos crímenes no se investigan, advierten las organizaciones civiles.

Así, el 14 de diciembre presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, por los delitos sufridos por solicitantes de asilo al ser enviados a territorio mexicano.

La denuncia es “por la muerte, posible ejecución arbitraria, desaparición y privación de la libertad de migrantes que forman parte del programa Quédate en México”, señala el documento.

IMUMI, FJEDD, Asylum Acces y Wola documentaron que desde inicios de 2019 y mayo de 2020, más de mil integrantes del programa fueron víctimas de secuestro, abuso sexual, extorsión, tortura o asesinato.

Antes de la denuncia ante la FGR se habían presentado dos amparos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nació y la Corte Suprema de Estados Unidos.

El objetivo es que se declare la ilegalidad del acuerdo binacional.

Y de paso, terminar con los abusos cometidos en México.

“Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el Gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad, desplegadas por la administración de Donald Trump”, señala el informe.

Alberto Nájar Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service .Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.

Promesa pendiente La situación de los miles de solicitantes de asilo bajo el MPP es una de las prioridades del Presidente electo Joe Biden, recuerda Gretchen Kuhner, directora de IMUMI. “MPP es tan grave que ha prometido anunciar la terminación de

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6 S E G U N D O D E U N A S E R I E

Serie: Migraciones Fany: la cara poco conocida de miles de mujeres obligadas a esperar en México… y salvar su vida

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IUDAD JUÁREZ._ Fany, aún se pregunta qué hacen ella y su familia en Ciudad Juárez desde hace 14 meses, sin poder moverse de ahí. Salieron de El Salvador porque unos adolescentes les habían prometido la muerte y lograron escapar una noche, a escondidas. Después, en la frontera norte de México, sobrevivieron a un secuestro a manos de supuestos policías.

Cuando cruzaron el Río Bravo y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos pidiendo asilo, de inmediato los mandaron de vuelta al lado mexicano de la frontera.

“Sé que estamos en una situación bien difícil por lo que vivimos en El Salvador, lo que vivimos acá y no sé ni cómo vamos a hacer ni cómo vamos a solucionar las cosas”, dice Fany, desde el albergue Pan de Vida de Ciudad Juárez, en el estado

Desde hace dos años, miles de personas que pidieron asilo en Estados Unidos han sido obligadas a permanecer en el País, a la espera de que se resuelva su petición. Muchas son mujeres, enfrentadas a una constante situación de riesgo. Aquí la historia de una de ellas y su familia RODRIGO SOBERANES FOTO Y VIDEO: DUILIO RODRÍGUEZ

de Chihuahua.

Llegó hasta ahí, a ese albergue, un día después de que se había lanzado al Río Bravo con su familia “para entregarnos en Estados Unidos”. Su estancia en el país del norte no duró ni dos días completos.

La Patrulla Fronteriza los entregó al Departamento de Seguridad

Nacional, donde se enteraron de que existía algo llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) y que tenían que firmar su entrada a esa polémica estrategia migratoria, impuesta por el gobierno de Donald Trump. el 20 de diciembre de 2018.

Ese programa, también llamado

Quédate en México, consiste en sacar del país a solicitantes de asilo y enviarlos a territorio mexicano para que esperen ahí sus citas ante la corte que les toque, para explicar por qué piden al gobierno de Estados Unidos que los deje permanecer en el país.

El programa fue parte de una

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dura negociación del Presidente Donald Trump con el naciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El magnate prácticamente obligó al Presidente mexicano a aceptar el MPP. Fue el inicio de una controvertida política de AMLO, quien empezó su mandato con un mensaje de puertas abiertas a la migración y terminó por cerrar las puertas y enviar a la Guardia Nacional a contener el flujo de personas que vienen del sur.

Muchos de ellos tenían el proyecto de asilarse en Estados Unidos. No lo consiguieron.

Hasta septiembre de 2020, un total de 68 mil 430 personas fueron trasladadas desde Estados Unidos a la frontera norte de México, de acuerdo con datos de The Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de la Universidad de Syracuse que reúne información sobre justicia federal en Estados Unidos.

Según TRAC, hasta septiembre de 2020 había 24 mil 540 casos pendientes en las cortes de Estados Unidos. Esto significa que de las 68 mil 430 personas que firmaron su entrada el MPP registradas

hasta ese mes, alrededor de 43 mil 890 inmigrantes pudieron volver a sus países.

La información sobre su destino final se desconoce. Ni el gobierno estadounidense ni el Instituto Nacional de Migración de México se han preocupado por recabar los

datos.

En todo caso, si volvieron a sus lugares de origen se enfrentan a un territorio donde son perseguidos.

El momento en que Fany, sus hijos y esposo se presentaron ante las autoridades migratorias estadounidenses fue fugaz.

“Uno de migración nos llamó y nos preguntó si sabíamos lo que iba a pasar con nosotros. ‘No’, le dije.

‘Pues ustedes van para México nuevamente’. ‘¡Cómo!, ¿por qué?, yo no puedo regresar a México’. Fue lo único que alcancé a decir. Me dijo: ‘tienen que firmar unos papeles’. ‘¿Y si no los firmo, qué?’. ‘Los firmes o no los firmes, siempre vas para México’”.

La mujer salvadoreña, que un día antes de cruzar el río había sido liberada por sus secuestradores en Ciudad Juárez, dijo claramente al funcionario que la atendió: “Yo no puedo regresar a México”.

La respuesta del agente de migración fue contundente: “Eso se lo tienen que explicar al juez”. ¿Pero cuándo podría estar ante un juez?

Nadie lo sabía.

Lo que Fany le explicó al gobierno de Estados Unidos, a través de abogados voluntarios que la contactaron cuando ya estaba en el albergue en Ciudad Juárez, es que el 21 de abril de 2019 unos jóvenes “pandilleros” mataron a su tío, que en realidad era como su padre.

Expuso que también a sus hijos los amenazaron.

Les dijo que era inminente un

8 ataque contra su familia si se quedaba en El Salvador.

“Mi tío era como un papá para mí. Tío esto, tío lo otro. Siempre estuvo ahí para darme ánimos y de repente me dicen: ‘mira, mataron a tu tío y no sabemos por qué’. Al siguiente día yo fui y le pregunté a la esposa qué vio. No sabía quiénes eran, pero venían vestidos de policías. Mataron también a los dos cipotes (niños) que vivían con él”.

No hizo falta ningún esfuerzo para saber quiénes eran los matones porque ellos mismos se presentaron después a su casa, exigiendo una suma de dinero con amenazas elocuentes.

“Golpearon a mi esposo, le ponían la pistola a él. Mis niños miraban todo eso. A mi hijo mayor la pandilla lo seguía. Llegaba de la escuela a estudiar y decía: ‘Mamá, ya no quiero estudiar. Están llegando unos cipotes diciendo que me meta a la pandilla o los van a matar a todos’. Lo iba a traer a la escuela y decía: ‘Mire, mamá, ahí están’”.

La noche del 23 de junio de 2019, Fany y su familia salieron de casa.

No le dijeron a nadie, ni siquiera a sus familiares y amigos. Se fueron en la penumbra y tomaron rumbo hacia el norte, con la idea de reunirse con la mamá y hermanas de ella.

Tuvieron la suerte de pasar por todo México sin sobresaltos hasta llegar a Ciudad Juárez.

Ahí se acabó la suerte.

“Llegamos a Juárez. Yo traía un teléfono pequeño y una cartera, de repente vimos unos policías. No corrimos ni huimos. Nos quedamos parados nomás y se acercaron dos a nosotros. Nos preguntó uno de ellos de dónde éramos. Tuvimos que decirle que de El Salvador. Nos llevaron para una oficina. A mi esposo y a mí nos metieron a un cuarto y a mis hijos en una sala.

“Escuché que mis niños lloraban.

Les dije que me dejaran verlos y me decían que se los iban a dar al DIF. ‘¿Por qué, si no los estoy maltratando ni tampoco los he abandonado?’. ‘Pero los estás trayendo a sufrir’. Me quitaron la cartera y el teléfono. Sacó la pistola y la puso en la mesa. Me asusté mucho. ‘¿Qué pasa, por qué no nos dejan ir?’. Mi esposo me dijo que ya no dijera nada. Él estaba muy nervioso. No nos soltaron, nos quedamos esa noche ahí”.

Todo estaba muy raro, pero Fany no tardó en saber la verdad. Al día siguiente “uno de ellos dijo: ‘Vayan, ahora sí se pueden ir de aquí’. Yo pensé ¿cómo así?, dijeron ya es-

Fany barre la estancia de la casa donde viven en Ciudad Juárez, a la espera de la resolución de un juez federal de Estados Unidos, que les permita entrar legalmente al país.

Foto Duilio Rodríguez

tuvo, ya arreglamos las cosas y yo preguntaba qué cosas arreglaron”.

Tomó a sus hijos y abandonaron el lugar donde estuvieron encerrados. La familia se encaminó al Río Bravo para tratar de cruzar a Estados Unidos.

El propósito era entregarse a las autoridades migratorias de ese país.

“Que nos agarren ahí”, le dijo a su esposo, porque en México corrían más peligro.

“Nos quedamos en el muro parados, esperando a Migración”.

- ¿Le contaron a las autoridades esto que me acaban de contar?, se le preguntó.

- No, no pudimos Tan pronto Fany pudo comunicarse con sus parientes que viven en Estados Unidos, su mamá le contó que había recibido una llamada de esos supuestos policías y que pagó 4 mil dólares por su liberación.

Entonces entendió. Habían estado secuestrados.

La familia salvadoreña es parte

de los miles de personas que han sido obligadas a permanecer en México, a la espera de resolver una petición de asilo que, para ellos, representa salvar la vida.

No tuvieron forma de defenderse. Cuando firmaron los documentos que los incorporó al programa Quédate en México, no tuvieron ninguna asesoría legal.

Al regresar a México abordaron una camioneta del Grupo Beta, dependiente del INM que los llevó al albergue, donde ahora se encuentran.

El refugio está en medio de un páramo desértico, con dunas y que tiene una vista privilegiada de El Paso, Texas, y donde, inclusive, se atisban algunos poblados fronterizos de Nuevo México.

Es el territorio donde esperaban refugiarse y encontrar una mejor vida. Un incierto futuro que, hasta ahora, sigue ausente.

El invento de Trump

“El programa Quédate en México es inédito. Fue una política inventada por Estados Unidos. Es una modalidad que se llama Acuer-

do de Transferencia, donde hay peticiones de asilo y las personas esperan en otro país”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración.

Kuhner explicó que, de acuerdo con los lineamientos de MPP, Estados Unidos y México deben asegurarse de que se cumpla “el debido proceso”, es decir, que todas las personas tengan acceso a un abogado, un intérprete, a conocer los detalles de su juicio y a conocer los tiempos y procedimientos que involucran.

“En este caso, ha sido casi imposible para abogadas y abogados representar a personas, sobre todo cuando los mandan a lugares de la frontera extremadamente peligrosos”, opinó Kuhner.

Además, México debería garantizar que se cumpla “el principio de no devolución”, para que ninguna persona que haya dejado “su país de persecución” tenga que volver y arriesgarse a perder la vida. Y por su parte, México tendría que garantizar el mismo debido proceso.

El 19 de octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos in-

9 formó que analizaría casos de migrantes acogidos al MPP, tomando en consideración que esa política pública podría ser ilegal.

La decisión se basó en el antecedente establecido en febrero, cuando una corte local bloqueó la implementación de Protocolo “por violar leyes federales e internacionales”.

En su campaña electoral, el ahora Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a cancelar el MPP en sus primeros días de gobierno.

No está claro si cumplirá. En su lista de cuatro prioridades a atender de inmediato no se encuentra el tema de la migración.

En todo caso, si mantiene el compromiso sería una noticia esperanzadora para miles de personas que, desde hace dos años, esperan estoicamente en poblaciones fronterizas, arriesgando su vida y expuestas a un creciente riesgo por la pandemia de Covid-19.

Pero hay obstáculos en ese camino, recuerda Gretchen Kuhner.

Uno de ellos, por ejemplo, es la crisis económica mundial y que en Estados Unidos ha sido particularmente severa.

Las miles de personas obligadas a integrarse al MPP, entre ellas, las que decidieron volver a sus países, dudan que el Gobierno mexicano hubiera cumplido su compromiso de cuidar a las personas que aceptaron recibir en su territorio.

“Desde nuestra perspectiva, México no ha cumplido”, dijo Gretchen Kuhner.

Así, en tal escenario, el primer paso en el camino a la solución corresponde a Joe Biden. Y para cumplir con su palabra “el primer paso sería anunciar la terminación de MPP. Esto significaría que las personas que llegan a la frontera ya no las van a regresar”, resalta la directora de IMUMI. La segunda etapa sería que las personas que están en frontera y que están bajo MPP tengan los mismos beneficios.

Cómo lo va a hacer Biden, pero sobre todo cuándo, son las preguntas a responder en medio de la emergencia sanitaria porque los temas prioritarios del Presidente electo “van a ser el control de la pandemia, la logística de la vacuna y la recuperación económica”.

‘Mis hijos son lo mejor que tengo’ La familia salvadoreña ha debido adaptarse a su nueva circunstancia.

No ha sido sencillo, especialmente

Vista del muro fronterizo que divide México de Estados Unidos, desde la Colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Foto Duilio Rodríguez

para Fany.

Su esposo, por ejemplo, padece de esa clase de miedo que puede sobrellevarse: cada madrugada sale del albergue para trabajar en la construcción de carreteras.

Un empleo que le da cierta seguridad: en el inhóspito desierto, con el calor extremo que se multiplica por las dunas y que casi derrite el asfalto de las carreteras, es difícil que los secuestradores, policías o delincuentes se animen a cazar víctimas.

Menos entre obreros que parecen fantasmas de negro, cubiertos de pies a cabeza para no quemarse la piel.

Los hijos de Fany salen de su casa hasta una tienda a dos calles del albergue. Lo hacen en relativa paz, después que entablaron una especie de acuerdo con los vendedores de droga que abundan en Anapra.

Desde la primera vez que los abordaron en la calle, dijeron que no, con calma, y dejaron las cosas tranquilas.

Pero Fany está lejos de la calma y paz. Ella padece de ese miedo que paraliza. El que le impide dar

dos pasos en las arenosas calles del refugio.

Su casa está frente a un solar con una cancha de voleibol, con viejas llantas enterradas para entretener a los niños del barrio.

Acostumbrada al clima de Centroamérica, para Fany es raro sentir frío a pesar del sol quemante, sobre todo en otoño e invierno.

A la izquierda del refugio se ve la presa de Anapra. Cerca de ahí está una cruz donde mataron a un hombre. Cuando hace calor, la visten con una playera. Cuando hace frío, le cuelgan un suéter, como si la madera fuera el cuerpo de la víctima.

Frente al albergue pasan los autobuses que llevan a miles de trabajadores de colonias periféricas de Ciudad Juárez a trabajar a las plantas maquiladoras.

Y también, muy esporádicamente, llegan autobuses de transporte público que son abordados por huéspedes del albergue que salen a abastecer sus despensas.

Es la vida de Fany y su familia, desde hace varios meses, cuando engrosaron la lista de miles de solicitantes de asilo en una corte de

El Paso, a unos metros de su casa actual.

Las audiencias se suspendieron durante la pandemia de Covid-19 y aunque paulatinamente parecen reiniciarse la esperanza de que les toque un turno próximo, se mira lejana.

Hay, sin embargo, esperanza, y se reduce a febrero de 2021. En esa fecha está programada la audiencia de la familia, pero también es el mes en que Fany espera el nacimiento de su cuarto hijo.

Algo que sucede con frecuencia entre los albergados en el programa Quédate en México y que en el caso de las mujeres, explica Gretchen Kuhner, les coloca en una situación vulnerable.

“Muchas de las personas que han regresado a través de MPP son mujeres con niñas y niños chiquitos.

Para ellas, el cuidado de la familia es muy diferente que cuando estás sola. Envuelto en este tema de cuidado está la salud, la educación, si van a perder un año de escuela o más” dice.

Es preguntarse “qué hacer con la situación emocional, qué hacer con un secuestro. Está la salud reproductiva, si te puedes embarazar, todos estos temas son importantes”.

Fany, con el embarazo de seis meses, sabe de eso. Todos los días va y viene desde temprano en su casa. Lava y cocina para que sus hijos salgan a tomar clases a un centro de estudios que hay dentro del albergue.

Es difícil verla desocupada. Y más difícil es verla de mal humor.

“Los primeros meses me sentí mal por el embarazo, tal vez por la situación en la que estamos y ahora viene un bebé en camino”, confiesa.

“Pero estoy bien, un bebé es una bendición. Mis hijos son lo mejor que puedo tener”.

Duilio Rodríguez Website Fotógrafo, editor, interesado en arte, cine, arquitectura, literatura, la escalada en roca y de los deportes en general, menos el futbol. duiliorodriguez.com

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Serie: #CaminoAEncontrarles Historias de búsqueda

Buscando nos encontramos: una escuela para buscar personas desaparecidas Desde 2016, la Red de Enlaces Nacionales organiza las brigadas nacionales de búsqueda, que se han convertido en escuelas, donde familiares de personas desaparecidas de todo México aprenden a buscar y comparten sus conocimientos A R A N Z A Z Ú

A Y A L A

M A R T Í N E Z

I L U S T R A C I Ó N L A L E C H U G A I L U S T R A D O R A

E

s sábado por la tarde del 8 de febrero de 2020, justo a la hora en la que el sol es más brillante y deslumbra cuando choca contra la pared de ladrillo de la Casa de la Iglesia de Papantla, Veracruz, y dificulta leer las proyecciones de la peculiar clase de hoy: Cómo registrar los hallazgos en una fosa clandestina.

Las alumnas son mayoría, mujeres que revisan con cuidado las hojas que les entregan. Son cuestionarios donde deberán registrar si lo encontrado es un esqueleto o un resto humano, el tipo de terreno donde lo hallaron, las características de la pieza, la fecha del hallazgo

y el nombre de la persona que lo encontró.

Ellas no son antropólogas forenses. Varias de ellas eran amas de casa hasta que tuvieron que salir a buscar a uno o varios parientes desaparecidos, como ya es costumbre en México donde hay más de 75 mil personas perdidas. Terminada la clase pasarán de la teoría al trabajo de campo y buscarán fosas clandestinas reales. Ellas, y los hombres aquí presentes, forman parte de la Brigada Nacional de Búsqueda.

“He aprendido muchas cosas, de las cosas sobre búsqueda por ejemplo desde leer la tierra. En un

11 terreno lleno de maleza de repente ver el tipo de vegetación, eso se va aprendiendo, y compartir también, porque de repente, como saben algunas, se va sabiendo, quién ha participado en búsquedas, quién se ha quedado en los procesos para vigilar la exhumación”.

Esto lo cuenta Fabiola Pensado, una de las alumnas que ha tomado varias veces esta clase y que se inscribió para buscar a su hijo, Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido en Xalapa, en 2014.

El temario tampoco sorprende a Tranquilina Hernández, quien busca a su hija, Mireya Montiel, desaparecida en Cuernavaca, Morelos, desde 2014, y Yadira González, que está aquí por su hermano, Juan, a quien busca desde 2006, ambas veteranas en este tipo de búsquedas. Saben bien posesionarse del terreno, usar varillas, palas y picos y enterrarlos a cierta profundidad para no destrozar osamentas, identifican las partes de un esqueleto y conocen los procedimientos para resguardar cada hallazgo.

Para Tranquilina Hernández, gracias a estas capacitaciones, ha podido encontrar restos de personas.

“En Amatlán hicimos varios hallazgos, hicimos que el ministerio público, el Fiscal, dijera, ‘sí, son huesos humanos’”, lo dice con orgullo porque recuerda que en las primeras búsquedas, cuando anunciaban algún hallazgo las autoridades de inmediato decían que lo encontrado eran trozos de madera, no huesos.

“Es como frustrante -dice la mujer- porque aparte de que tú les haces la chamba todavía se atreven a decir que no sabemos, cuando nosotros hemos tomado talleres, precisamente por eso nos preparamos antes de ir”.

Es fácil descubrir quiénes son novatas porque se les nota en el rostro. Hablar de entierros clandestinos les resulta insólito, aunque saben que es necesario porque el gobierno no busca a las personas desaparecidas. Una de ellas es Victoria Rosales, quien desde 2017 busca a su hija Nadia Guadalupe, desaparecida en Puebla.

Terminado el curso se dará por inaugurada la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda que este 2020 congregó en esta punta del Golfo de México a 300 personas de 71 colectivos de buscadores del país, de 21 estados de la República y de organizaciones solidarias.

La mayoría viene del sur o del norte del estado, pero hay también

Arranque de la quinta brigada después de la bendición de las herramientas.

Foto: Rodrigo Caballero

Mary Herrera en el zócalo de Poza Rica al inicio de las jornadas públicas de la quinta brigada.

Foto: Rodrigo Caballero

personas provenientes de Guerrero, Puebla, Coahuila, Baja California, Estado de México, Morelos, Querétaro, Michoacán o Jalisco.

El inicio de la red La idea de crear esta escuela teórica y práctica para personas buscadoras surge a partir de la tragedia de una madre: María Herrera Magdaleno.

Doña Mary, o mamá Mary, como le dicen sus compañeras, era un ama de casa y comerciante que vivía en Pajacuarán, Michoacán. El 28 de agosto de 2008 esperaba a

dos de sus ocho hijos para poner su puesto en el tianguis, pero no llegaron. Jesús Salvador y Raúl Trujillo Herrera debían de haber regresado de Guerrero, a donde viajaron con cinco compañeros de trabajo, pero nunca aparecieron.

Durante dos años ella con sus hijos restantes se dedicaron a buscarlos. Denunciaron las ausencias ante las autoridades, gastaron sus ahorros para investigar por su cuenta, llegaron a contratar detectives privados, pero nada dio resultado.

Dos años después vino otra nue-

va pesadilla: el 22 de septiembre de 2010 Gustavo y Luis Armando, otros dos hijos de doña Mary, desaparecieron en una carretera en la zona norte de Veracruz.

“Me pasó lo mismo que había pasado anteriormente, esta vez como la primera me derrumbé totalmente, no sabía qué hacer, a quién acudir, las autoridades no me ayudaron”, cuenta doña Mary sobre esos meses.

En marzo de 2011 se enteró del nacimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, quien comenzó a caminar el País para exigir justicia por el asesinato de su hijo y su protesta se convirtió en un movimiento nacional de víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico, que atravesaron el País con él.

Hacían mítines en plazas públicas, se reunían con autoridades, hablaban con la gente en plazas mientras se sumaban por todo el camino más personas atravesadas por la violencia que estallaba sin control en México.

“Cuando me enteré de este movimiento corrí a presentarme frente a él y le pedí a todo su equipo que me ayudaran”, dice la madre que buscaba cuatro hijos y que se convirtió en un emblema del movimiento.

María Herrera recorrió con cientos de dolientes la caravana que

12 hicieron por el sur de México, la segunda hacia la frontera norte y una tercera por Estados Unidos.

Convenció a sus hijos JuanCarlos y Miguel de unirse con ella al movimiento.

Dos años después, la familia Trujillo Herrera decidió abandonar al movimiento que había logrado victorias como la aprobación de la ley de víctimas, porque sentían que faltaba una organización creada por las propias familias, cuyas necesidades de encontrar a sus familiares guiara sus acciones y que funcionara desde distintos lugares del País.

Juan Carlos se había mudado a la ciudad de México para dedicarse con su madre de tiempo completo a buscar y tuvo la idea de formar una red de colectivos.

“Nosotros pensamos ‘esto no puede estar así’, los enlaces nacionales necesitamos generar un proceso de escuela y que las familias sean los actores principales”.

Empezaron poniendo en práctica lo que habían aprendido con Sicilia: hicieron viajes estilo caravanas a distintos estados en los que invitarían a familias con su misma tragedia a crear una organización nacional.

Al regreso de la visita a Guerrero, Jalisco, Coahuila y Michoacán, cuando Mary y sus hijos pensaron que habían vendido en balde sus automóviles para financiar esos viajes de los que no habían obtenido respuesta comenzaron a recibir mensajes por celular con palabras similares: ¿Cuándo empezamos?

Estamos listos.

En 2013 formaron la organización Familiares en Búsqueda María Herrera y, de manera casi paralela, la Red de Enlaces Nacionales. Sus primeros pasos los dieron por pasillos de instituciones públicas donde hacían cabildeo para la creación de leyes o exigían estrategias de búsqueda en las fiscalías. Pero siempre se topaban con la inacción de las autoridades y quedaban con una tremenda insatisfacción.

En octubre de 2014, un día que Juan Carlos Trujillo vio noticias sobre la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se sintió impactado al ver que muchas otras familias de personas desaparecidas en la zona se unieron para subir a los cerros a rastrear restos humanos.

Entre ellos descubrió la existencia de Mario Vergara, un hombre de Huitzuco que buscaba a su hermano Tomás, secuestrado desde el 5

Familiares se organizan para la búsqueda en campo en el predio La Gallera, durante la quinta brigada nacional de búsqueda en Veracruz.

Foto: Érika Lozano

de julio de 2012 y quien -a partir de las salidas a campo junto al colectivo que bautizaron como Los Otros Desaparecidos- comenzó a hacerse famoso por desenterrar decenas de cuerpos.

Pronto Vergara y Trujillo se conocieron. Uno tenía experiencia en búsqueda, el otro en visibilización política. De inmediato supieron que eran complementarios. El famoso buscador de Huitzuco recuerda el momento en que, a través de redes sociales, se contactaron.

“Fue así como nacieron muchos sueños e ilusiones por parte de ellos (los Trujillo): nosotros éramos nuevos en la lucha y estábamos encontrando cuerpos, ellos eran muy viejos en la lucha y habían aprendido a dominar todo esta parte mesas de trabajo, reuniones, conocer autoridades, pero no encontraban cuerpos. Ustedes están de aquel lado del puente y nosotros de este lado, hay un abismo, pero ustedes están llegando a lo que nosotros queremos llegar”.

De ese encuentro de saberes nació la idea de convocar a personas buscadoras de todo el país y organizar una búsqueda de fosas clandestinas, donde pudieran com-

partir conocimientos, técnicas y herramientas desarrolladas ante la desesperación de que la persona amada no aparece.

El 8 de abril de 2016 surgió la primera escuela de personas buscadoras, bautizada como Primera Brigada Nacional de Búsqueda, inaugurada en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y de donde partieron cerca de 50 personas recién capacitadas en técnicas forenses a Amatlán, Veracruz, el primer lugar elegido para el entrenamiento.

Desde Morelos, Tranquilina Hernández llegó a esa capacitación decidida a solo escuchar las clases, pero sin participar en las exhumaciones. “(Juan Carlos) Me dijo que tendríamos un taller y dije: ‘bueno, nada más voy a ir al taller, pero no voy a ir a la búsqueda’. Cuando tomé el taller, el taller se trata de cómo ver la tierra, cómo se ve la tierra cuando está removida, entonces me interesa más, y dije ‘mejor sí me voy, porque yo quiero ver esto ya en vivo, quiero aprender bien, quiero llevarlo a la práctica, no nada más así’”.

Aún recuerda cómo en ese viaje aprendió a distinguir huesos humanos de animales, a saber cómo se veía la tierra cuando había sido removida, a analizar el terreno. De regreso a casa comenzó a enseñar a otras compañeras también sobre los derechos de las familias de las víctimas.

En las primeras generaciones de esta escuela improvisada pasaron por sus clases personas con técnicas variadas, como los coahuilenses del Grupo VIDA que empleaban drones para buscar en zonas prohibidas; paisanos de Estados Unidos que habían aprendido a recorrer desiertos en busca de migrantes perdidos; campesinos que habían desarrollado varillas en forma de T para atravesar la tierra sin lastimarse las manos; gente citadina que ideó técnicas para buscar personas retenidas en cárceles, redes de trata o centros de rehabilitación, y rancheros que se presentaron como expertos en sacar información a cuidadores de ganado de la ubicación de campamentos de criminales.

La quinta brigada, en Papantla, en febrero de 2020, parecía una feria de saberes desde rastreo de fosas, cabildeo con autoridades, acompañamiento psicológico y emocional a familias de víctimas, capacitación a niños y niñas sobre el problema, obtención de información y creación de protocolos de seguridad para zonas riesgosas. En cada brigada surgen nuevos conocimientos.

Aprender, enseñar y compartir El domingo 9 de febrero las y los buscadores se despiertan temprano para llegar a las ocho de la mañana a la misa en la Parroquia de Papantla. La iglesia, con una amplia escalinata de piedra y un tradicional palo de Voladores en el atrio, está llena. Los feligreses no caben en las bancas y aunque está nublado el calor se siente más.

Este no es un servicio religioso como cualquiera: los forasteros cargan lonas con fotografías de sus familiares desaparecidos y tapizan con sus rostros la escalinata del altar. Las palabras del sacerdote son cortadas por el grito ¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están? que retumba en la parroquia. “¿Qué es la quinta brigada? Somos todos. Somos un mundo de familias de familiares desaparecidos, cuando no tuviera por qué ser así”, explica alguien desde el púlpito.

13 Le siguen testimonios. La voz más potente es la de doña Mary que suplica a la gente información.

“Hoy deposito un poco de esta confianza esperando de ustedes un gesto de misericordia para que nos digan, nos apoyen y hagan realidad este sueño que llevamos tantas madres, familiares, que tenemos a nuestros hijos desaparecidos. De ustedes depende que nosotros nos vayamos con estos tesoros que son para nosotros nuestros hijos. Sabemos que vamos a encontrarlos quizás en restos. Ayúdennos para darles una cristiana sepultura”.

Terminada la misa, las personas que integran la brigada marchan por el centro de la ciudad, empapada en un calor húmedo, cobijada en el horizonte por espesos cerros.

De regreso a la parroquia dos sacerdotes bendecirán los picos, las palas, los machetes, las cuerdas, los arneses y las varillas con las que limpiarán el terreno húmedo lleno de maleza, removerán la tierra blanca, picarán piedras, perforarán superficies, deseando encontrar al familiar amado.

Al día siguiente, el lunes, comenzó la jornada de 15 días en la que estas personas buscaron entierros y cadáveres en terrenos baldíos, ranchos, lagos y cerros, indicados por algún informante. Como los lugares que explorarán han sido sitios de campamentos de criminales, lugares de exterminio, espacios de tortura, no los visitarán sin que una comitiva haga un trabajo previo de reconocimiento del lugar para asegurar que existan condiciones adecuadas para un rastreo sin arriesgar a las personas de la brigada.

Cuando se anuncia que el terreno ya es explorable los y las brigadistas se encomendarán a sus dioses, deidades y santos. Pedirán protección en la búsqueda, un día fructífero de hallazgo, y que su familiar desaparecido pueda regresar a casa. Que los cuerpos de personas que les esperan en un lugar oscuro, debajo de la tierra, puedan ser hallados.

“Vamos ahora sí directo a fosas, a lugares a donde nos dicen que vieron algo extraño, que vieron subir camionetas con determinadas características. Vamos algunas veces al azar, nada más porque nuestro sentir y nuestro pensamiento nos lleva ahí, en otras ocasiones porque ya vamos con un indicio”, explica María Herrera.

Estas semanas de febrero rastrearán y peinarán principalmente un predio conocido como La Galle-

Marcha de inicio Quinta Brigada Nacional de Búsqueda por el centro de Papantla.

Foto: Rodrigo Caballero

ra, donde -según saben- los criminales calcinaban los restos humanos de sus víctimas para no dejar rastro. Donde será más probable encontrar fragmentos que esqueletos. Doña Mary describe el horror cometido en ese lugar.

“Revolvían los restos de los animales, es decir, los huesos de los animales con los de las personas.

Para nosotros todos los talleres que hemos estado tomando con los antropólogos han sido una bendición porque nos han enseñado a reconocer los huesos, pero ahí encontramos todo revuelto. Fue por eso que nos dimos cuenta de que ahí masacraban nuestros hijos, porque encontramos restos, lo otro fue porque encontramos muestras evidentes de que los sacrificaban, porque había una pared de manos ensangrentadas que quedaron ahí plasmadas y que pese que se ve que las han estado lavando y han estado queriéndolas borrar, no han podido”, explica.

La búsqueda en centros de exterminio como La Gallera, dice ella, “es más cruel, más rudo, más fuerte”.

El primer día de búsqueda, las familias se organizan por grupos.

Las acompañantes solidarias, entre ellas antropólogas forenses, junto con buscadoras más expertas como la queretana Yadira González o el guerrerense Mario Vergara, quienes explican cómo dividirse el terreno para recorrerlo.

Y repasan; primero tienen que limpiarlo, después inspeccionarlo, marcar puntos donde encuentren algo sospechoso: tierra removida o bultos de tierra, vegetación de otro

color, fauna o insectos que se alimentan de la descomposición. Una vez confirmado un hallazgo llamarán a los perros especializados.

Terminarán la faena poco antes del atardecer; cuando el sol y el calor tropical llegan a su máximo punto. Entonces se subirán a los autobuses que los llevarán de vuelta a la Casa de la Iglesia. Después de cenar, antes de dormir, compartirán sus hallazgos en el campo o la ciudad. Las clases no han acabado: algunas personas sacarán sus cuadernos para anotar los aprendizajes del día.

‘Buscando nos encontramos’ Desde el inicio de la Red, en 2013, se sumaron organizaciones que se definen como “acompañantes solidarias” como Reverdeser Colectivo, Brigada de Paz Marabunta e Iglesias por la Paz, que en Papantla han ayudado con la logística, apoyado en las búsquedas en campo y desarrollado otra gama de actividades como difundir la cultura de paz, que busca la sensibilización sobre el problema y la recuperación del tejido social para evitar que más gente siga desapareciendo.

Estos años las brigadas han ido aumentando sus ejes de trabajo: ya no sólo buscan fosas, ahora también buscan en vida. Por eso, mientras un grupo excava en La Gallera otro visita, cárceles y centros de rehabilitación. Otro, se reunirá con las autoridades y con personas en iglesias y escuelas para hablarles sobre el sufrimiento que causan las desapariciones.

Es viernes. La lluvia, que amena-

zaba con caer desde hacía varios días, no se contuvo y cayó sobre Papantla, desalentando a varios integrantes del grupo de rastreo a subir al cerro. Fabiola Pensado y Tranquilina Hernández se suman con los jóvenes de Marabunta a las actividades en escuelas.

En el patio de una primaria cuelgan un mecate que servirá para apoyar lonas con las fotografías de personas que están siendo buscadas. Ante niños y niñas reunidos, las mujeres hablan por micrófono de las búsquedas de sus hijos. En los intermedios ven espectáculos de malabares, payasos y músicos que con arte educan sobre las desapariciones y la cultura de paz.

“Si tú tienes muchas ganas de gritar: ¡Hasta encontrarlos!”, canta un músico. Su público infantil corea: “¡Hasta encontrarlos!”

“Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar: ¡Hasta encontrarlos!”, canta juguetón. “¡Hasta encontrarlos!”, responden en coro las y los pequeños que se despiden de sus visitantes con un abrazo grupal.

El 22 de febrero, la brigada finaliza y cada participante regresa a su lugar de origen, después de encontrar pocos restos y muchos fragmentos óseos, y trazar un plan para que los colectivos locales sigan buscando en La Gallera.

Seguirán en contacto, pendientes de la siguiente convocatoria a una búsqueda para seguir compartiendo experiencias. Como indica el lema de la brigada: “Buscando nos encontramos”.

Este texto forma parte de la serie “Camino a encontrarles: Historias de búsquedas”.

Un proyecto de podcasts y reportajes escritos y coproducidos por A dónde van los desaparecidos, IMER noticias y Quinto Elemento Lab.

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente.

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Bosques de Durango, en donde se realiza manejo forestal comunitario desde hace cuatro décadas.

Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.

Crisis forestal

Cuatro décadas de lecciones comunitarias desde los bosques de Durango Hace casi 44 años se fundó la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata, organización que ha hecho del manejo forestal una herramienta para crear proyectos productivos que benefician a 10 mil 500 familias, además de garantizar la conservación de un millón de hectáreas de bosque en el noroeste de Durango MARCO A . H E RNÁN DEZ T.

Q U I N T A

P A R T E

15

C

omienza julio y las lluvias se integran al paisaje de Santiago Papasquiaro, en el Estado de Durango, al norte de México.

Para los habitantes de la región, eso indica que la reforestación anual de sus bosques está por empezar. Este año no será la excepción, pero el trabajo no transcurrirá como antes: el vivero de la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales General Emiliano Zapata no produjo árboles para la temporada 2020 y las 76 organizaciones que integran esta agrupación tendrán que comprar a viveros particulares las plantas que solían recibir casi sin costo.

El vivero de Unecofaez, que en sus mejores momentos ha llegado a producir un millón y medio de árboles al año, no recibió los fondos que la Comisión Nacional Forestal le otorgaba de manera recurrente y se vio obligado a suspender operaciones.

Para Chea Soto, ingeniera forestal que trabaja en la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia, una de las empresas comunitarias que surgió a partir de la Unecofaez, la situación, aunque difícil, no es insuperable. Durante tres décadas en la región se han implementado acciones para conservar sus recursos forestales, por lo que confía en que se tendrá una buena regeneración natural de los bosques y solo tendrán que adquirir una cantidad mínima de plantas.

Pero la problemática del vivero es para José Raquel Ramírez Nevárez, presidente de Unecofaez, una señal de alerta: si los recortes de fondos federales se convierten en una práctica recurrente se afectará el manejo sostenible de casi un millón de hectáreas de bosques, propiedad de los 76 ejidos y comunidades que integran la Unión.

La alerta que existe entre los integrantes de la Unecofaez se intensificó aún más en los últimos meses, cuando la pandemia de Covid-19 provocó que se cayera 80 por ciento la venta de madera. En este difícil contexto, en agosto, la Unecofaez celebró 44 años de su nacimiento.

En estos años de existencia, la Unecofaez ha consolidado un modelo de gestión forestal del que hoy dependen 10 500 familias -que trabajan fabricando triplay, atendiendo proyectos de ecoturismo, conservando caminos o en la operación de los criaderos de truchas instalados en los cauces de los ríos- y que ha permitido garantizar la conservación de 970 mil hectáreas de bosques de Durango. ¿ C ó m o l o g ró l a U n e c o f a e z

Edificio sede de la Unecofaez en Santiago Papasquiaro, inaugurado en 1987.

Foto: Cortesía Andrés Carrera

La planta de generación de energía con biomasa, inaugurada en las instalaciones de Sezaric (noviembre de 2018), es la primera en su tipo instalada en una empresa forestal comunitaria en México.

Foto: Cortesía Grupo Sezaric

conformar una compleja red de proyectos productivos al tiempo que garantizaba un manejo sustentable de sus bosques?

La semilla de una organización

A sus 71 años, Andrés Carrera recuerda con precisión los orígenes y la

consolidación de la Unión; su historia personal se entrelaza con la de ese movimiento, del que fue protagonista central durante 33 años.

El primer punto de entrecruzamiento lo marca el año de su nacimiento, 1949; el mismo en que el gobierno federal decretó una veda

sobre dos millones de hectáreas de bosques en el noroeste de Durango, que incluían los correspondientes al ejido en que transcurrió la infancia de don Andrés: Salto de Camellones.

Crecer en una región cubierta en 87 por ciento por bosques de pinos y sometida a una veda le dejaba solo dos opciones de futuro laboral: trabajar en las minas de la zona o irse “de alambre” (cruzar a Estados Unidos desde Tijuana).

A los 19 años, después de probar suerte en la minería, Andrés emprendió el viaje al norte en compañía de su amigo, Alejo Vizcarra Parra.

Era 1968; apenas unos meses antes, el 11 de noviembre de 1967, se había publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ponía fin a la veda en esos bosques y creaba un organismo público descentralizado, Productos Forestales Mexicanos, al que le asignaba la exclusividad del aprovechamiento de sus recursos forestales.

Después de varios contratiempos Andrés y Alejo se establecieron en Los Ángeles, California; ahí los despertó un gran sismo el 9 de febrero de 1971. Alejo decidió regresar a México de inmediato; Andrés se quedaría hasta 1972, trabajando como lavaplatos.

A su regreso a Salto de Camellones, Andrés encontró a Alejo convertido en presidente del comisariado

16 ejidal y activo opositor a la actividad de Proformex. En cinco años de operación, la empresa consolidó lo que el doctor Gonzalo Chapela, activista e investigador forestal, califica como un régimen feudal: “era una república dentro de la república, el director vivía en Ciudad de México y viajaba a la zona en avión privado. De él dependía toda la vida de la región: la empresa controlaba no solo el aprovechamiento forestal, también los caminos, la educación, los servicios de salud; incluso el abasto cotidiano, no podía ingresar un refresco sin su autorización”.

La única opción que tenían ejidatarios y comuneros era vender su madera al precio que fijara Proformex o negarse a hacerlo, dejar de recibir ingresos y ver cómo el abandono del bosque iba multiplicando las plagas y la muerte de los árboles: “nosotros nomás veíamos sacar nuestros pinos y no podíamos trabajar, no podíamos tumbar el árbol, venderlo en rollo y ponerle precio”, recuerda don Andrés.

Para 1972, sin embargo, un hueco legal, el trabajo de capacitación del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en la zona y las gestiones de Alejo Vizcarra lograron que el gobernador del estado accediera a la instalación de un aserradero comunitario en Salto de Camellones, a condición de que procesara solo trocería de mala calidad y bajo supervisión permanente de un representante de Proformex.

Administrar ese aserradero fue el primer trabajo forestal que tuvo Andrés Carrera: “yo solo tenía mi certificado de sexto año de primaria pero ahí aprendí a cubicar la trocería, para que el encargado de Proformex pudiera hacer la documentación forestal que nos autorizaba a venderla”.

Salto de Camellones consiguió así una mínima autonomía en el aprovechamiento de sus recursos, un logro suficiente para despertar el interés de las comunidades vecinas en un proceso de organización que culminó el 20 de agosto de 1976, con el registro oficial de Unecofaez, que entonces solo agrupaba a 20 ejidos y comunidades.

No se trataba de un proceso aislado. Proformex era una de las paraestatales y empresas privadas a las que se les habían entregado concesiones para explotar los recursos forestales del país. En varios estados, sobre todo Oaxaca, se habían generado movilizaciones sociales para exigir que el aprovechamiento y el mantenimiento de los bosques estuviera en manos de los ejidos y comunidades que eran sus legítimos propietarios.

Unecofaez impulsó la creación de cinco Unidades de Conservación y Desarrollo Forestal Integral, que proveen a los integrantes de la Unión los servicios técnicos forestales que garantizan el aprovechamiento sustentable de los bosques.

Foto: Cortesía UDDFI Topia

Andrés Carrera, durante una reunión informativa con ejidatarios en Los Altares, en 1988.

Foto: Cortesía Andrés Carrera

El impulso a la silvicultura comunitaria La formación de Unecofaez coincide con la llegada del ingeniero

Cuauhtémoc Cárdenas a la Subsecretaría Forestal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del ingeniero León Jorge Casta-

ños (actual titular de la Conafor) a la Dirección General de Desarrollo Forestal, justo en 1976.

Como reconoce el doctor Chapela, eso implicó el primer ensayo de una política de la silvicultura comunitaria que buscaba promover el desarrollo de las capacidades organizativas y técnicas que requerían la formación de empresas forestales comunitarias competitivas.

La idea de que solo cuando los bosques fueran administrados por sus habitantes se podría aspirar a su conservación empezó a cobrar fuerza, incluso al interior del Estado mexicano.

En 1980, el desempeño de Andrés Carrera en el aserradero lo llevó a convertirse en comisario ejidal de Salto de Camellones, y desde ahí a participar de manera activa al lado de su amigo Alejo en la Unecofaez, de la que se convertiría en presidente en 1983.

Desde esa posición, Andrés Ca-

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Las empresas forestales comunitarias en la región noroeste de Durango trabajan con un enfoque de paisaje, que busca conciliar el aprovechamiento de madera con la conservación del bosque.

Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.

de la madera. La Unecofaez había conseguido su primer gran triunfo histórico.

El segundo logro, compartido con otras organizaciones, llegaría el 21 de abril de 1986, con la promulgación de una nueva Ley Forestal que daba por terminado el régimen de concesiones y abría la posibilidad para que las comunidades se hicieran cargo de los servicios técnicos y el aprovechamiento de los bosques.

De ejidatarios a socios de empresas forestales

Desde los años 80, Unecofaez tiene reuniones de delegados cada dos meses; en ellas se abordan la problemáticas forestales de la región y se toman acuerdos sobre obras a realizar y la manera de financiarlas.

Foto: Cortesía Andrés Carrera

rrera logró convencer a los ejidos que conformaban la Unión para que aportaran a la organización un porcentaje de los ingresos que recibían por la venta de material a Proformex.

Unecofaez inició así una práctica

que, de acuerdo con don Andrés, explica la continuidad de la organización: financiar sus iniciativas con recursos que van generando los proyectos impulsados por la propia Unión.

Informada de manera oficial de ese acuerdo, Proformex se comprometió a depositar en la cuenta de la Unión las cantidades correspondientes y, por tanto, a entregar información sobre la comercialización

Con Proformex ya en proceso de desmantelamiento, la Unión detectó que la empresa adeudaba a ejidos y comunidades casi 158 millones de pesos y procedió a exigir su pago. El miércoles 12 agosto de 1986, después de varias negociaciones fallidas, la Unión decidió bloquear los accesos a la planta industrial; cinco días después la empresa reconoció el adeudo y accedió a pagar 50 millones de pesos y establecer un calendario para cubrir el resto. Unecofaez se anotaba un éxito más.

Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, la Unecofaez se consolidó, en buena medida, gracias a su participación en la Unión

18 Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Fue a partir de esos años, cuando los ejidos y comunidades socias compraron la planta de transformación de madera que antes manejaba Proformex y formaron Silvindustria General Emiliano Zapata, Asociación Rural de Interés Colectivo, Grupo Sezaric.

“Desde entonces nos quedamos trabajando libremente”, recuerda don Andrés Carrera, quien en 1993 finalizó su segundo periodo como presidente de Unecofaez. Por reglamento, la asamblea no podía reelegirlo, pero lo nombró presidente del consejo de administración del Grupo Sezaric.

Don Andrés explica la clave que les ha permitido seguir operando: “Lo que nos valió fue la decisión de formar un consejo de administración autónomo, casi desde que tuvimos la oportunidad de adquirir la empresa; definir una división clara de responsabilidades y una organización independiente”.

La administración de Sezaric desarrolló una estrategia empresarial que fue generando tanto utilidades para sus 5000 ejidatarios y comuneros asociados como recursos para seguir creciendo.

El primer paso fue ser fiel a su lucha inicial y darle a sus asociados la libertad de vender su madera a quien quisieran, pero ofrecer comprársela al precio del mercado (no más barato) y con una cantidad adicional por metro cúbico para beneficio de los ejidatarios. Los recursos generados por la industria comenzaban transferirse de manera evidente a las comunidades.

Gracias a las asesorías técnicas con que contaron desde un principio, Unecofaez y Grupo Sezaric entendieron que si no desarrollaban infraestructura en la región, cualquier avance en la planta industrial tendría alcances limitados.

Por eso, impulsaron un proyecto carretero, formaron siete comités de caminos para dar mantenimiento a las vías de comunicación entre las comunidades, promovieron la instalación y operación de 15 líneas de electrificación en seis municipios y reforzaron el sistema de comunicación por radio entre las comunidades.

Otro frente estratégico que decidieron atender de inmediato fue el de los servicios técnicos forestales.

Conscientes de que, como lo expresa el doctor Chapela, “la llave del monte es el permiso de aprovechamiento”, y que ese tiene que ser gestionado por un ingeniero forestal, impulsa-

En 1990 Unecofaez había reactivado por completo las instalaciones de la antigua fábrica de triplay de Proformex, ya bajo la razón social Grupo Sezaric.

Foto: Cortesía Sezaric tratan la elaboración de los planes de aprovechamiento forestal para los bosques de sus asociados, pero que han sido clave, además, para un proceso de capacitación de las comunidades en el manejo sustentable del bosque.

Con todo este soporte, Grupo Sezaric fue sumando proyectos que añadían valor a la madera: crearon Atym (Aserraderos Tableros y Molduras), para procesar la madera secundaria que no puede aprovechar la fábrica de triplay; fundaron otra empresa dedicada al abastecimiento de trocería y crearon Mudi (fábrica de muebles y dimensionado).

Hoy, el complejo industrial de Grupo Sezarik tiene capacidad para procesar 85 mil metros cúbicos de madera en rollo, y de hacerlo con el mínimo impacto ambiental gracias a una inversión constante en tecnología.

La crisis económica provocada por el Covid-19 hizo evidente, sin embargo, lo que el doctor Chapela conManejo sidera el gran pendiente de todo ese forestal impulso empresarial: el desarrollo comunitario de una estrategia para integrarse al en Durango. mercado de manera más competitiva y más diversa, con menos depenFoto: Cortesía UCDFI Topia, S.C. dencia de los grandes intermediarios del mercado de la madera. ron la creación de cinco unidades Estas unidades pronto se transfortécnicas para el manejo de recursos maron en empresas independientes Proyectos comunitarios forestales. a las que ejidos y comunidades conpara quitar presión al bosque

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En 1990 la Unecofaez logró que el gobierno federal rentara a 40 de sus agremiados la planta industrial que había operado la paraestaral Proformex; dos años después la adquirieron. Imagen del área donde se realizan los trabajos de descortezado.

Foto: Cortesía Grupo Sezaric

Si a partir de 1993 el trabajo de Andrés Carrera consolidó la dimensión empresarial de la organización; la llegada de Roberto Vidaña a la presidencia de Unecofaez ese mismo año le inyectó a la organización un impulso diversificador en su generación de valor económico y social.

Una vez más, el acompañamiento de los asesores fue clave para que don Roberto desarrollara, durante seis años, proyectos como el establecimiento del vivero, la creación de un colegio de Bachilleres, la formación de la unión de crédito, el impulso de talleres de costura y de mantenimiento de maquinaria a la construcción, así como la integración de empresas ecoturístcas, de procesadoras de frutas y de 16 granjas para la producción de trucha en los cauces de sus ríos. Todo esto con la doble intención de generar empleo y reducir la presión sobre el bosque.

Don Roberto realizó dos viajes de estudio a Estados Unidos, a su regreso a Durango llegó con una de las iniciativa que, para entonces, era novedosa: impulsar la certificación de la sustentabilidad del manejo de sus bosques: “Es algo que descubrí en Washington, en las oficinas de la Rainforest Alliance, cuando acá en México no se hablaba todavía de eso, y yo regresé muy entusiasmado con esa idea”, recuerda.

En la actualidad, la mayoría de los ejidos y comunidades miembros de la Unecofaez cuentan con el certifi-

Durante 10 días, las cuadrillas de prestadores de servicios técnicos forestales se internan a los bosques para levantar información de campo necesaria para el diseño de los planes de manejo forestal que permiten un aprovechamiento sustentable del bosque y el combate a plagas e incendios.

Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.

cado internacional por el buen manejo de sus bosques, otorgado por el Forest Stewardship Council.

El doctor Chapela es escéptico sobre los beneficios de la certificación, un proceso que él mismo llegó a impulsar en algún momento.

“La certificación ha tenido una parte muy positiva: la elaboración de los planes de manejo, ordenamientos o inventarios que son necesarios para obtener y mantener una certificación internacional, ha hecho

que el personal de las comunidades desarrolle una capacidad técnica muy valiosa para lograr un manejo sustentable de los bosques y, sin embargo, esa inversión no ha podido traducirse en mayores ingresos para las comunidades”.

Nuevos retos para el manejo forestal El 12 de enero de 2020, ejidos y comunidades socias de Unecofaez eligieron a José Raquel Ramírez Nevárez como presidente de la Unión.

Durante tres años tendrá ese cargo.

Por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, Ramírez Nevárez tuvo que posponer las visitas a los ejidos y comunidades, así como las reuniones con funcionarios para poder definir la lista de prioridades para el tiempo que durará su gestión al frente de la Unecofaez.

Además, también se tuvieron que cancelar los torneos deportivos, la carrera de cinco y diez kilómetros por Santiago Papasquiaro, así como la asamblea y la comida para celebrar los 44 años de la creación de la Unecofaez.

Lo que los ejidos y comunidades no pueden suspender son los trabajos para conservar sus recursos forestales, como las acciones de prevención de plagas y de incendios. Los años les han enseñado que mantener la salud de sus bosques es la garantía de continuidad de su modelo forestal.

Esa continuidad también depende de que en un futuro próximo, la Unecofaez -así como otras organizaciones forestales en el País- logren sortear algunos de los desafíos que la pandemia de Covid-19 hizo aún más visibles. Entre ellos, el que la madera producida por las comunidades forestales pueda comercializarse a un precio justo, en el que se reconozca la labor que se hace para conservar el bosque.

Gustavo García López, investigador portorriqueño que dedicó a la zona forestal de Durango su tesis doctoral, resalta que las imágenes de satélite ofrecen una evidencia incuestionable: cuatro décadas después de que los ejidos y comunidades tomaron en sus manos el manejo de esos territorios, sus bosques gozan de salud.

“Los mexicanos”, resalta García, “deberían estar bien orgullosos de que la gente de los ejidos hagan un esfuerzo monumental por manejar sus bosques bien y por tener una vida digna asociada al bosque. Eso es algo que no se ve con mucha frecuencia en otras partes”.

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Serie: Desaparecidos, memoria y verdad

‘Estamos haciendo lo que sea por encontrar a nuestra sangre’

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E

l 9 de noviembre del 2019, vecinos del centro de Irapuato atestiguaron una marcha peculiar. Un pequeño grupo de mujeres con fotografías de personas desaparecidas caminó exigiendo la búsqueda de los ausentes. Comenzó un grupo de 5 personas al que se le fueron sumando más y más.

“Un día en Facebook me entero que iba a haber una marcha del DIF a la Fiscalía para quienes tuvieran un desaparecido, yo voy, me presento sin conocer a nadie y me sentía cohibida porque pensé que todos se conocían. Nos fuimos caminando a la Fiscalía de Irapuato y ahí conozco a Pepe y ahí veo que piden información en la Fiscalía, no nos querían dejar pasar, dar información, y quedamos de no irnos de ahí hasta que nos atendieran”, relata Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Mendoza, desaparecido en enero del 2018.

Irapuato es una ciudad que no marcha. La última marcha de la que se tiene registro sucedió en la década de los 90 cuando el equipo de futbol de Irapuato perdió el pase a primera división contra el Zacatepec y los aficionados salieron a descargar la frustración por la avenida Guerrero.

Por eso llamó tanto la atención la marcha de las familias de desaparecidos y algunos medios la transmitieron por Facebook y otras familias la vieron y así fue como poco a poco se fueron enterando y sumando al reclamo de la búsqueda de los desaparecidos, como la señora Verónica Salas que busca a su hijo Javier Reséndiz y se bajó de la moto en la que iba para sumarse.

Ese día Bibiana y Verónica fueron parte de lo que se convertiría en el colectivo A tu encuentro, que busca a personas desaparecidas en Irapuato. “Empezaron como cinco personas y ese día ya éramos como 40. Hoy las familias dicen: ‘si yo no estuviera en el colectivo seguiría en casa de mi hijo llorando’…”, dice José Gutiérrez, un criminólogo que acompaña a las familias en su exigencia de búsqueda y justicia.

“De ahí yo comencé a unirme al colectivo, éramos poquitas al inicio en esa marcha, luego como 20, 25, mujeres y desde ahí me quedé en el colectivo porque hemos creado lazos de amistad, independientemente de que encontremos o no a nuestros familiares. Eso gané, un grupo de personas que sufren lo mismo que yo”, dice Bibiana.

Esta conversación con Bibiana

En este siglo, en Irapuato no había habido manifestaciones hasta que la violencia explotó y las familias salieron a las calles a buscar a sus desaparecidos.

Un año ha pasado desde que los familiares de las víctimas de desaparición se encontraron y se organizaron en el colectivo A Tu Encuentro T E X T O

Y

F O T O S :

D A N I E L A

R E A desaparecido en noviembre del 2019, y con Karla Martínez, quien busca a su hermano, Juan Valentín.

El encuentro ocurre en un espacio que era un lote baldío en la colonia San Martín de Porres, que fue recuperado por los vecinos para hacerles una cancha de futbol a los niños de la zona y que después invitaron a las familias de desaparecidos a hacer un jardín de la memoria.

El plan es que entre todos, vecinos y familiares, con intereses un poco distintos cuiden un lugar común.

El domingo 8 de noviembre, las familias de A Tu Encuentro marcharon en las calles de Irapuato.

La descomposición de una ciudad En julio de este año 24 jóvenes fueron asesinados en un anexo en Irapuato. Ese hecho prendió las alertas a nivel nacional de una violencia que tenía ya algunos años mermando la vida en la ciudad.

Luego, a finales de septiembre de este mismo año se encontraron 8 fosas clandestinas en la presa El Conejo, en la zona rural de la localidad.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas desde el año 2000 a noviembre del 2020 en Irapuato hay 322 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 239 son hombres y 49 mujeres.

En total en el estado de Guanajuato la Comisión Nacional de Búsqueda registra 2 mil 487 desaparecidos.

sucede también con la señora Lupita Alejandre que busca a su hijo, José de Jesús Mireles Alejandre,

desaparecido en noviembre del 2017, y con la señora Verónica Durán que busca a su hijo, Iván Arturo,

“Desconocemos cuándo inició la explosión de la violencia, de las desapariciones, no podemos saberlo con exactitud porque apenas en junio tenemos tipificación de lo que es una persona desaparecida. Antes se le consideraba no localizada o retención de menor.

Sentimos que este problema explotó hace mucho tiempo,

22 pero estuvo mucho tiempo manipulado, crece el problema cuando crece el huachicol”.

José Gutiérrez, criminólogo que acompaña a las familias de A Tu Encuentro.

El colectivo suma a 60 familias, casi todas de Irapuato, pero otras de Pénjamo, Salamanca, Abasolo, Cuerámaro, Valle de Santiago.

José Gutiérrez recuerda que el 3 de diciembre del año pasado salió una nota periodística donde se decía que se había encontrado una fosa clandestina en el Venado de Yostiro, sin tener más información de la Fiscalía de Guanajuato. Cuando las familias se organizaron en el colectivo comenzaron a recibir información de otras fosas encontradas.

“Ya juntas nos dio fuerza pedir más información a las autoridades, si somos colectivo vamos todas y nos cuidamos entre todas y exigimos entre todas”, dice la señora Lupita. Y es que el colectivo A tu encuentro ha denunciado reiteradamente que las autoridades de Guanajuato no buscan a los desaparecidos.

“Por ejemplo, el caso de Javier Reséndiz, quien desaparece, las autoridades encuentran su moto, pero no al hijo; o el caso de los hermanos Salvador y Daniel Alejandro González Rodríguez, encuentran la camioneta incinerada y nunca se hacen búsquedas; o en el caso de Alejnadro Gazca, le entregan el cráneo de su hijo y no se realizan búsqueda para encontrar el resto del cuerpo”, dice José Gutiérrez.

Búsqueda y criminalización En julio de este año colectivos de familiares de desaparecidos protestaron en la glorieta Santa Fe por la designación de Héctor Díaz como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respondió reprimiendo a las familias con elementos de la policía estatal, quienes detuvieron a 5 personas: 3 de ellas integrantes de A tu encuentro, Karla Martínez, Verónica Durán y Olimpia Montoya; otra era del Colectivo Guanajuato Despertó y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se iniciaron carpetas de investigación contra las personas detenidas por lesiones contra la policía

estatal, las cuales siguen vigentes, según denunció A Tu Encuentro.

Además de las consecuencias

judiciales por la investigación en contra, Verónica Durán y Karla Martínez fueron despedidas de su trabajo, la primera como personal de limpieza de la empresa Promali; y la segunda como guardia de seguridad de outsourcing en el Hospital Materno Infantil.

“A partir de la carpeta en la empresa me advirtieron que o buscaba a mi hijo o me dedicaba a mi trabajo, y el 18 de octubre me despidieron. En medio de la pandemia es difícil encontrar trabajo, de por sí, y más ahora con la carta de antecedentes penales”, dice la señora Verónica.

‘Ha sido un camino largo’ En septiembre pasado las familias recorrieron la presa de El Conejo, en la zona rural de Irapuato, con las comisiones estatal y nacional de búsquedas, y encontraron 8 fosas clandestinas con restos humanos, algunas prendas de vestir y casquillos. Ese hecho es considerado por

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las familias de A Tu Encuentro como un logro de la organización.

Bibiana relata que organizarse con otras familias ha obligado a las autoridades a reconocer la problemática de los desaparecidos.

“Antes de organizarnos mi caso estaba en ceros y era muy desesperante tener que hacer todo sola. La Fiscalía no ayuda, pura revictimización: que si mi hermano estaba en malos pasos, que la que tenía que investigar eran mi mamá y yo… Yo me imaginaba, cuando desapareció, que a más tardar en un mes iba a estar mi hermano conmigo, pero ha sido un camino largo”.

Karla, quien busca a su hermano Juan Valentín, relata que la búsqueda ha sido un proceso difícil, doloroso y lleno de esperanza y lleno de incertidumbre.

“Crecimos juntos, solitos porque mi papá siempre estaba trabajando, él me

cuidaba, me enseñó a andar en bici, me daba de comer, ahora me toca a mí buscarlo”.

“Este es un dolor muy grande, estamos haciendo lo que sea por encontrar a nuestra sangre”, dice la señora Lupita que busca a José de Jesús.

Daniela Rea Reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón”; y coautora del libro La Tropa. Por qué mata un soldado”. Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”. Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.

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