Contexto29112020

ConTexto

ANIMALES: CONCIENCIA Y ¿DERECHOS? Un ensayo socio-documental, cuyo objetivo es motivar a las nuevas generaciones de artistas visuales, reporteros y periodistas, a contemplar en su trabajo los derechos de los animales, no solo desde la perspectiva de la creación, de la crítica y de la documentación, sino principalmente desde la del compromiso personal. Tenemos una deuda por saldar.

2 ALFONSO MENDOZA

Astronauta

n Disney institute, IPADE,

ALFONSO MENDOZ A

Wharton.

Poncho@infocusconsultores.com

A

noche, a Diego, después de cenar y bañarse, le iba a contar un cuento y me dice: “Papá, yo te voy a contar un cuento a ti”. Quedó más o menos así: Había una vez un niño que quería ser astronauta y empezó a construir su nave espacial para ir a Marte con el Mickey verde. Trabajó mucho en su proyecto (sí, no entiendo de dónde sacó la palabra proyecto). ¡El niño estaba muy contento porque su nave sí pudo volar! Su nave también disparaba rayos láser y goma de mascar para defenderse de los

n Inició su carrera como

malos. Cuando llegó a Marte descubrió que quería ir más lejos y tuvo que reparar su nave y su traje para poder ir y le pidió ayuda a sus amigos y pudo llegar más fácil.

- Papá, yo también quiero ir a Marte, pero me da miedo, me dice.

- Has tu proyecto para que vayas, aunque tengas miedo hijo, le contesté.

Papá espera, me faltó contarte algo más del cuento: el astronauta eras tú.

Consultor de Negocios en el 2003, fundador de Infocus Consultores ha contribuido a la simplicidad y crecimiento de más de 500 empresas.

n Socio y fundador de Grupo

Merlin, participa en consejos de administración de diferentes industrias.

3 LETRAS DE MAQUÍO Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos, en un espacio al que hemos titulado Letras de Maquío.

Una sabia lección MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

G

obierna al País siendo recto. Haz la guerra siendo astuto, pero gánate al imperio no entrometiéndote. ¿Cómo sé que esto es así?

Cuanto más tabúes hay en el imperio, más pobre es el pueblo.

Cuantas más afiladas herramientas tiene el pueblo, más despreocupado está el Estado.

Cuantas más habilidades tiene el pueblo, se multiplican más las innovaciones.

Y cuantas mejores leyes y decretos se conocen, más bandidos y ladrones hay.

Y por eso el sabio dice: No tomo acción y el pueblo se transforma por sí mismo.

Prefiero la quietud y el pueblo se corrige por sí mismo.

No me entrometo y el pueblo prospera por sí mismo...

Al encontrar estas palabras escritas por un oriental hace 2 mil 500 años no pude menos que sorprenderme de la sabiduría y sapiencia que encierran. Es definitivamente una lección de sabiduría que hoy en día nos enseña la doctrina social de la Iglesia.

Los padres de familia absorbentes, que pretenden tener sujetos toda la vida a sus hijos, siguen pensando que el paternalismo y la sobreprotección es la mejor manera de educar, sin comprender que sólo educando en la libertad se forman personas responsables.

Lo mismo sucede con los gobiernos estatistas que inhiben la capacidad creativa de los ciudadanos; se llenan de burocracia improductiva y acaban castrando al pueblo. (Perdonen la palabra, pero eso es lo que sucede con una autoridad absorbente).

Cuantos más tabúes hay en el imperio, más pobre es el pueblo, decía Lao Tzu. En México tenemos el tabú de la Reforma Agraria. Sesenta años de hablar del mismo tema. Reconozco que al principio tuvo sus efectos positivos, pero seguir con el mismo sonsonete se me figura carencia de imaginación, al mismo tiempo que antirrevolucionario (revolución significa cambio).

Tenemos también el tabú de las utilidades. En nuestro país es malo ganar dinero. Se perdona la ineficiencia y la flojera, el derroche y el despilfarro; se critica el trabajo y el ahorro, el éxito y las utilidades, que no son otra cosa más que la medida de la eficacia productiva de una empresa.

Y qué decir del tabú del presidencialismo. El señor es un ser extraterrestre que jamás se equivoca y al cual jamás hay que contradecir porque grandes maleficios caerán sobre nosotros si tenemos esa osadía. Por eso tuvimos el famoso aumento salarial del 30-20-10 el año pasado, que dio al traste con nuestra economía sin que ninguno de los miembros del gabinete económico tuviera las agallas para decírselo al señor presidente, aunque en el fondo todos, absolutamente todos, esta-

ban convencidos de que era un error.

Pero también contamos con el tabú de la izquierda.

Yo no creo en la geometría política, pienso que hay gente bienintencionada y constructiva, por un lado; y por el otro están los destructivos y negativos. El PSUM obtuvo solo el 3.6 por ciento de la votación pasada y sin embargo la mayor parte de sus postulados (no anunciados en la plataforma del partido oficial) ya se implantaron, expropiación de la banca, control cambiario, expropiación del transporte urbano, etcétera.

Pero también nos dice Lao Tzu: “Y cuantas mejores leyes y decretos se conocen, más bandidos y ladrones hay”. Con pocas frases pudiera estar más de acuerdo.

En México las leyes son de forma, no de espíritu.

Hay que llenar un sinnúmero de forma y permisos y después se puede hacer lo que a uno le pegue la gana; el espíritu de la ley poco cuenta. Ejemplos hay miles. El revisado de los automóviles, que se supone lleva como espíritu el que sólo los vehículos en buen estado transiten por las calles, se cumple llenado una forma y pagando una cuota. El carro nadie lo revisa.

La licencia de manejo se otorga si llevas una fotografía, llenas unas formas y pagas. A nadie le importa si sabes o no manejar.

Pero qué duda cabe de que estamos llenos de leyes.

Cada final de año el Poder Legislativo entre un carnavalito de leyes que se aprueban a vapor y luego nadie cumple. La propia Constitución de la República fue enmendada recientemente para llenar las formas de la arbitrariedad cometida cuando se expropió la banca.

Yo prefiero los abusos por falta de controles de los excesos que se comenten en nuestro país para controlar todo. Para todo hay que pedir permiso. Para todo hay que pagar. Para todo hay que llenar formas y cumplir requisitos. ¿Cuándo acabaremos de entender que la buena autoridad es imperceptible? que existe. El ideal de un grupo debería ser que cada quien hiciera lo que debe sin pedir tanto permiso y pagar por tantas cosas.

Francamente pienso que el pueblo mexicano ya está harto de todo esto y espera que aires renovadores soplen con el nuevo régimen. Para que lo anterior suceda las autoridades deberán comprender que suposición es para servir y facilitar las cosas, no para controlar y dar permisos.

Como ciudadanía, deberemos empezar a actuar como adultos responsables que cumplen con sus obligaciones, al mismo tiempo que reclaman sus derechos.

Deberemos también entender que el título de ciudadano dignifica más y tiene más importancia que el de gobernador, secretario de Estado o presidente de la República. ¿No lo cree usted así?

Miércoles 30 de marzo de 1983

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

“Siempre hemos sostenido que el mejor lubricante para cualquier economía... es la paz o tranquilidad en el orden y, por ende, el buen político es aquel que sabe proporcionarla armonizando a todos los sectores o grupos para que estos puedan desarrollarse integralmente”.

4

#CrisisForense

Las fosas de Durango: cuando las máquinas desmembraron a los muertos Entre abril de 2011 y 2012, los años de más profunda violencia en Durango, se encontraron fosas clandestinas en casas sin habitar, predios ejidales y lotes abandonados, donde fueron exhumados 383 cadáveres; 26 eran de mujeres. Las retroexcavadoras que usó el Estado para sacarlos de la tierra desmembraron a los cuerpos e imposibilitaron su identificación QUINTO ELEMENTO LAB ILUSTRACIONES: ALEJANDRA SA AVEDRA

A

quel lunes 11 de abril de 2011, en la calle Constituyentes del fraccionamiento Las Fuentes, al noroeste de la ciudad de Durango, policías federales y militares cercaron con dos camionetas, una tanqueta y con cinta amarilla un precario taller donde se reparaban radiadores. Adentro, el ruido de la retroexcavadora nos impedía escuchar la conversación entre unos agentes ministeriales que usaban guantes y que, encima de sus uniformes negros, traían puestas batas blancas. A esos agentes les tocaba apilar los cadáveres que, de un hoyo del tamaño de una tina de baño, extraía la pala dentada con la que muerde la máquina retroexcavadora, mejor conocida como mano de chango.

Al operador del armatoste amarillo se le notaba su falta de pericia a la hora de flexionar el brazo mecánico, pero era más evidente a la hora de sacar los cuerpos porque los despedazaba. Junto con los terrones de tierra, caían cuerpos partidos por

la mitad, cuerpos que, en unos casos, todavía parecían estar frescos, cuerpos mutilados, pedazos. Ese día rescataron cuatro cadáveres pero, conforme pasaron las horas, fueron saliendo más.

“Interrogamos a unos detenidos y ahora sabemos que hay un chingo de fosas regadas por toda la ciudad”, nos dijo en aquel entonces uno de los comandantes de la Policía Federal que custodiaba la fosa y que había sido enviado a Durango, no sólo porque en ese tiempo se atravesaba por una crisis de secuestros y desapariciones, sino porque también habían arreciado los asesinatos entre narcotraficantes de un mismo cártel.

Uno de esos detenidos, de los que hablaba el comandante, era Bernabé Monje Silva, el M14, un expolicía ministerial de Chihuahua que había empezado su carrera delictiva con La Línea y que en ese año, el 2011, era uno de los hombres fuertes de Joaquín el Chapo Guzmán.

Aquel comandante de PF no nos mintió respecto a las fosas:

La mañana del jueves 14 de abril, tres días después del descubrimiento de la primera fosa en el noroeste de la ciudad, una pareja de profesionistas se despertó con el ruidajo que sonaba afuera de su casa, en un fraccionamiento de interés social. Cuando se asomaron a la calle Hacienda del Coyote, una que aún ahora es poco transitada en el barrio de Provincial, observaron que unos militares intentaban entrar a la fuerza a la casa. “Necesitamos excavar”, les ordenaron sin darles mayor explicación. El matrimonio abandonó la propiedad antes de que la máquina rompiera el piso del patio. No supieron que se extrajeron 12 cadáveres, ni vieron cuando los agentes ministeriales amontonaron los cráneos y los cuerpos. Mucho menos vieron cuando otros agentes del Servicio Médico Forense echaron los cadáveres a unas camionetas.

Fue así como se supo que la temporada de fosas en la ciudad había empezado y que a los muertos los estaban sacando como si fueran

cascajo.

Un ex perito federal, de cuyo nombre no debemos acordarnos, nos contó que en la primera fosa que encontraron, o sea, la del taller de radiadores, la retroexcavadora desmembró la mayoría de los cuerpos en los dos primeros días. Que las señas particulares de los cuerpos se perdieron por las dentelladas de las máquinas amarillas. Que el daño que sufrieron los cuerpos por la mano del chango, además, pendió del tiempo de putrefacción. Que de ninguno de los cuerpos se pudo saber, bien a bien, la causa de muerte (o quizás no se quiso saber).

Que usaron maquinaria pesada porque ninguno de los peritos sabía cómo estaban enterrados los cuerpos. Que en esa fosa, la del taller, se hallaron 89 cadáveres; tres eran de mujeres. Que el cuerpo que más tiempo había estado escondido bajo la tierra tenía, como máximo, un año de asesinado. Que también encontraron cuerpos que tenían un mes enterrados. Que, hasta donde se

5 acuerda, el equipo interdisciplinario depositaba a los cuerpos en bolsas mortuorias y que se les identificaba por cuadrantes, cuadrantes en los que tuvo que ser dividida la fosa por la cantidad de cadáveres. Que luego se transportaban a la Fiscalía y que, en caso de contar con el tiempo y con el espacio disponible, se realizaba la necropsia.

Que, pese a todo, se tomaron muestras de ADN en cabello, encías y en sangre. Que se raspaba el hueso y eso lo mezclaban a los reactivos para el análisis e identificación. Que, en los casos donde sólo se contaba con huesos, se obtuvo información genética de la médula. Que para todas las fosas se destinaron cinco médicos legistas y el doble de peritos. Que las jornadas de trabajo eran de 36 horas por 48 de descanso. Que nada que ver con ahora, donde existe todo un grupo de especialistas.

El ex perito federal nos contó, además, que los exámenes de ADN para familiares de las personas desaparecidas los pagaron los gobiernos estatal y federal. Que no se hicieron muchos exámenes porque eran muy caros. Que, como el hallazgo de fosas fue masivo, la Fiscalía rentó dos contenedores de refrigeración, como los que se usan para transportar carne, y que estuvieron parados en el estacionamiento de la Fiscalía casi cuatro meses. “Los contenedores representaron tal foco de infección que hubo funcionarios y familiares de las víctimas que se enfermaron del estómago y de la garganta”.

Nos dijo que muchos de los cuerpos de Durango fueron a dar a la fosa común que abrieron en la sección sur del panteón Valle de los Sabinos. “La Fiscalía exhumó los cuerpos porque el nivel de descomposición del material genético no era confiable para la compatibilidad con personas a las que se les habían tomado muestras de ADN”. Y también nos contó que el gobierno del estado argumentó que no pudo identificar varios cuerpos porque el suelo contaminó la cadena genética. “Pero hubieran podido hacerla con la médula de un hueso”.

Al final, el ex perito nos resumió su experiencia en Durango en una frase: “No tuvimos ni la capacidad humana ni técnica para preservar los cuerpos”.

El antropólogo Jorge Arturo Talavera lo dijo de otra manera en julio de 2013, durante una reunión entre la entonces PGR y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) donde anunciaron la colaboración forense: “Una excavación es como leer un libro: si le arrancamos hojas, no sabremos cómo empezó, qué sucedió

Familiares de personas desaparecidas sufren al pensar que sus seres queridos se pueden encontrar enterrados en las fosas clandestinas encontradas en la Colonia Valle del Guadián.

Foto: Jorge Valenzuela.

Peritos del Semefo buscan en los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas alguna identificación que les pueda ayudar con la investigación.

Foto: Jorge Valenzuela.

en medio y cómo terminó la historia.

En el caso de (las fosas clandestinas de) San Fernando (Tamaulipas) y Durango, se destruyó el libro completo”.

Después de varios años y de varias solicitudes de información a la Fiscalía de Durango, hoy se sabe algo más de ese libro destruido: Que fueron 383 los cuerpos -357 de hombres y 26 de mujeres- desenterrados entre abril de 2011 y 2012, los años de profunda violencia en el estado. Y que, hasta 2019, seguían sin ser identificados 259: 186 hombres, 15 mujeres y 61 “restos óseos” que no alcanzaron la categoría de cuerpo.

La mayoría regresó al suelo, enterrados en una fosa común.

La siguiente fosa clandestina, la cuarta -pero es probable que antes hubiera otras-, fue la que apareció en la colonia San Vicente, al sur de la ciudad, el 3 de mayo de 2011. En esa fosa,

la retroexcavadora amarilla sacó y desmembró 53 cuerpos, entre ellos cuatro de mujeres. El entonces vocero del gobierno, Héctor Vela, dijo que había cuerpos de policías que habían sido asesinados por negarse a trabajar para el crimen. “A los policías se les obliga cuidar a los secuestrados”, dijo durante una rueda de prensa. Lo que no dijo, porque entonces nadie lo sabía, era que en esa fosa, la de la colonia San Vicente, entre los cuerpos extraídos se encontraba el de Armado Rodríguez Morales, mejor conocido como El Cheyenne, fundador del Partido Duranguense. Al Cheyene lo habían secuestrado mes y medio antes, el 16 de marzo de 2011, cuando se encontraba en su casa.

La quinta y sexta fosas fueron localizadas entre el 7 y el 16 de mayo, en la popular colonia Valle del Guadiana.

La del día 7 fue encontrada detrás de una refaccionaria pequeña sobre la avenida Teresa de Calcuta, esquina Jorge Rivero. De los 45 cadáveres que se extrajeron, uno de ellos -se supo casi un año después, en marzo de 2012- pertenecía al panista Alfonso Peña, quien hasta mediados de 2010, cuando fue secuestrado junto a sus escoltas, era alcalde con licencia del municipio serrano de Tepehuanes, en los linderos del famoso Triángulo Dorado del narcotráfico mexicano.

La fosa del día 16 de mayo fue hallada en un predio bardeado de la calle Valentín Trujillo, un terreno donde sólo entraba y salía gente por las noches. Algunos vecinos, molestos por el escándalo y el olor, no dormían.

Otros se resignaban a ver el polvo que removía la máquina y que se alcanzaba a observar por encima de la barda. Los camarógrafos de las televisoras locales alzaban sus equipos para conseguir la mejor maniobra de las máquinas. Los federales obligaban a los ministeriales a seguir con el rescate de cadáveres y los operadores de las máquinas trabajaban sin pestañear. El barrio estaba desierto.

Los automovilistas tomaban otra ruta para evitar los terrenos cerrados por militares y policías.

No todos los días, en el patio de tu casa, encuentran enterradas los cuerpos de siete mujeres y de 40 hombres.

En un mes de la temporada de fosas sumaban 246 cadáveres, la mayoría de ellos recuperados por retroexcavadoras. En ese entonces, algunos peritos de la extinta PGR hablaron con los corresponsales de medios nacionales y se quejaron de los métodos. Uno de ellos, el 20 de mayo de 2011, dijo a Excélsior que en la exhumación no se habían aplicado los procedimientos adecuados.

“Sustrajeron los cuerpos con maquinaria, como si fuera cascajo. Destrozaron cadáveres sin ningún respeto y sin protocolos”, se quejaba el perito y estimaba, en ese momento, que por ese salvajismo más de 100 cuerpos no serían identificados.

Pese a que en las fosas clandestinas de Durango el número de cuerpos encontrados era todo un récord, la cobertura periodística se fue a las fosas de San Fernando, Tamaulipas, donde se rescataron 193 cadáveres durante abril de 2011. Quizá porque San Fernando quedó apestado después de los 72 migrantes asesinados por los Zetas.

El edificio de la Fiscalía General del Estado de Durango es una construcción rectangular, pero sobre todo fría. Muy fría. Al menos eso nos dijo Luz, una mujer que viajó de Torreón a Durango apenas supo del

6 descubrimiento de las tumbas clandestinas. Su hijo, un gendarme en la Comarca Lagunera, había desaparecido un mes antes, y ella, Luz, no había dejado un solo día de buscarlo. Por eso estaba parada en una de las rampas de la fiscalía, esperando a que a un agente investigador se le ablandara el corazón y le dijera que sí, que iniciaría con el protocolo de cotejo de ADN para saber si el gendarme se encontraba en alguna de las fosas. Pero con lo que se encontraba Luz, como encontraron decenas de mujeres que buscaban a sus hijos o esposos o hermanos, era con evasivas de los agentes. “Es muy caro el proceso, señora”. “No hay lana para los exámenes”. “¿Para qué le busca?, mejor no saber”. “No tenemos el equipo”. “No tomamos fotos”. “No tenemos el archivo”.

“Puras largas nos dan, lo que quieren es que nos desesperemos y nos vayamos”, nos dijo en ese entonces Juana, una mujer de baja estatura a quien era común verla en la entrada principal de la fiscalía. A Juana le habían tomado muestras a regañadientes y le habían dicho: “váyase a su casa, aquí nos encargamos”. Pero Juana no se fue. Todos los días cruzaba media ciudad (vivía en la colonia Benjamín Mendez) y esperaba horas a ser atendida. “No hay nada todavía, nosotros le hablamos”. Los agentes parecían gozar cada negativa que le daban.

“Yo sólo quiero que me enseñen los cuerpos, sé que identificaría a mi hijo, pero no quieren, siempre se niegan”, nos dijo Juana, a quien le perdimos la pista.

Se desconoce cuántos, de los 383 cuerpos que se encontraron en dos años, fueron sacados con retroexcavadoras. Lo que sí se sabe es que el descubrimiento de fosas se dio en la medida de que confesaban el M14 y otros seis ex agentes ministeriales de Chihuahua que trabajaban para el Chapo, quien permitió o que ordenó esconder bajo la tierra a las personas desaparecidas de la ciudad de Durango. Eso nos lo dijo el mismo comandante de la Policía Federal que nos alertó de la temporada de fosas.

Y fue así como, mes a mes, se descubrieron fosas clandestinas en todo el estado: El lunes 22 de agosto de 2011, por ejemplo, en el municipio de Cuencamé, una ruta importante para el tráfico al sureste del estado, se encontraron tres cuerpos. Uno de ellos era de una mujer.

Otros tres cuerpos, todos de varones, se hallaron en septiembre de 2011, en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, a menos de dos horas de camino desde la capital donde

cidas. Lo que existe es un dato: 497 personas siguen sin ser localizadas en 2020, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Y existe María Guadalupe Delgado, la coordinadora en Durango del Grupo Vida, un colectivo de familiares de desaparecidos, asentado en Torreón, Coahuila. “Empezamos con el trabajo de acompañamiento a nueve familias de Gómez Palacio, Lerdo y Cuencamé. Ahora representamos a 58 familias”, nos dijo Delgado cuando la entrevistamos.

Delgado nos contó que, en aquel año, 2011, los familiares sí denunciaban, pero no regresaban a la Fiscalía porque los propios funcionarios eran quienes los amedrentaban. “Con el paso de los años, las familias fueron perdiendo el miedo de hablar y de denunciar, y empezamos a darle seguimiento a las carpetas de investigación”.

Diversos cráneos, extremidades y cuerpos fueron encontrados en una de las fosas clandestinas en la ciudad de Durango, el 20 de abril del 2011.

Foto: Fermín Soto.

las refriegas entre traficantes eran recurrentes. De esas batallas, aún ahora quedan las osamentas de las camionetas que fueron incendiadas.

En octubre sólo se descubrieron fosas en la capital.

Pero el lunes 7 de noviembre, en el municipio lagunero de Lerdo, vecino al también violento estado de Coahuila, el ejército abrió dos nuevas fosas y recuperó nueve cuerpos. Todos varones.

Ese mismo noviembre, la madrugada del domingo 20, en el municipio de San Juan del Río, se localizó otra fosa con otros nueve cadáveres. Dos eran mujeres.

Y el lunes 19 de diciembre, en el ejido Cristóbal Colón, a orillas de la capital, fue descubierta la fosa clandestina número 12 con 79 cuerpos.

En esa exhumación se encontraron a 6 mujeres.

Los agentes de investigación de la Fiscalía, acompañados de los policías federales, continuaron la exhumación de cadáveres.

Después de un par de solicitudes de información -folios 00136417 y 00136717- hoy sabemos que en julio de 2012, en el Cañón del Cerro las Noas, en Lerdo, desenterraron seis más. Y que en diciembre de 2012, en la capital de Durango, en la Colonia Morga, encontraron otros 12 en dos fosas.

En 2013, la Fiscalía sólo reconoció que habían sido 351 los cuerpos exhumados entre 2011 y 2012. Las respuestas ofrecidas en diversas solicitudes de información pública han sido contradictorias. Tanto que

a la Fiscalía le falta contabilizar 31 cuerpos.

Aquella vez, la vidente Claudia López, una mujer de cara redonda que suele trabajar bajo una luz mortecina para conectar con las fuerzas ocultas, echó las cartas sobre la mesa, se concentró en los mensajes que le envió el espíritu y cuando entrelazó las manos de Georgina, madre de Carlos, un adolescente de 17 años desaparecido en octubre de 2010 de la calle Constitución, en pleno centro de la ciudad de Durango, le dijo: “El muchacho está bien”. Georgina quiso saber más. Claudia tiró las cartas de nuevo. Pero no salió nada.

Claudia se hizo famosa en Durango por la supuesta puntería para dar con el paradero de personas desconocidas. Cada viernes tomaba carretera por un interminable mosaico de tierras de cultivo, intentando toparse con el camino bien metido en la sierra por donde la vidente le dijo que estaba Carlos.

Un día que Georgina regresó a su pueblo, Santiago Papasquiaro, los amigos, que luego le ayudan, le dijeron que entre las raíces de las plantas había aparecido una camisa a cuadros, como la que llevaba Carlos cuando desapareció. Un cinturón adornado con pita, sin embargo, les confirmó que el cadáver que yacía en la tierra no era.

Sigue sin encontrarlo El miedo y la desconfianza son las principales causas para que en Durango no exista ninguna agrupación de búsqueda de personas desapare-

Pero no fue tan fácil “A familiares y a Grupo Vida nos llevó más de tres años de pláticas con funcionarios y hasta con la misma fiscal Ruth Medina Alemán”, nos contó Delgado y luego nos contó que fue hasta agosto de 2018 cuando la Fiscalía las autorizó para, por fin, revisar los archivos fotográficos y tener contacto con el equipo forense.

“Pero las fotos eran de mala calidad (mal enfocadas, sin detalles) y no nos sirvieron”. Por eso, Grupo Vida ha estado solicitando que reabran las fosas comunes para analizar los cuerpos enterrados en los panteones y que les den acceso a la base de datos de los centros penitenciarios, pues en las cárceles ha sido encontrada gente desaparecida.

Delgado también nos dijo que con la sorpresa que se están encontrando ahora es de que las carpetas de investigación “desaparecieron”. “El argumento de la Fiscalía es que el mal procedimiento que realizaron gobiernos anteriores ocasionó que muchas carpetas ‘se perdieran’; dicen que hay que comenzar de nuevo.

“Es lo más trágico que he escuchado”.

Una mañana del verano de 2012 conocimos a Sandra, mientras le peinaba las trenzas a su hija. Sandra había cruzado toda la ciudad (venía desde La Virgen, una colonia popular construida en un cerro que fue invadido) y había llegado a la Fiscalía, donde pudo subirse a dos contenedores de refrigeración. Sandra nos contó que, entre cuerpos que colgaban sujetos por arneses y cuerpos tirados en el piso, buscó y buscó los tatuajes de la Santa Muerte y de números y de grecas que Ignacio, su esposo, se había rayado, pero no los

7

Crédito: Omar Bobadilla. Información: quintoelab.org/crisis-forense/v

encontró. Sentada, peinándole las trenzas a su hija, Sandra esperaba su turno en la dirección estatal de Atención a Víctimas de Violencia.

En la espera nos contó que el primero en desaparecer fue su cuñado.

Era albañil y no volvió después de una borrachera con los amigos donde trabajaba. Eso sucedió a mediados de febrero de 2009. Al día siguiente, dos hombres armados entraron a la casa en obra negra donde vivían ella e Ignacio, y a él se lo llevaron a empujones.

Ignacio había llegado apenas de San Dimas, la zona más agreste del estado conocida como Las Quebradas, donde aquellos años era común ver a hombres armados que se hacían pasar por militares y detenían a los conductores para robarles sus autos. Ignacio tenía instrucciones de destruir plantíos de marihuana y de amapola.

Sandra había ido esa mañana a la Comisión Atención a Víctimas de Violencia para registrar, tres años después, la presunción de muerte de Ignacio, un paso obligado para cobrar las prestaciones que el Ejército mexicano debe darle a ella y a su hija como familiares de un militar desaparecido. No supimos si Sandra lo consiguió. Pero sí sabemos, gracias a la investigadora Doria Vélez Salas, directora del Observatorio Nacional Ciudadano, los efectos de los juicios de presunción de muerte que se tramitaron ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. “Si bien la figura sirvió para que algunas familias recibieran las prestaciones o el seguro de la persona desaparecida, también se prestaba a la interpretación y sirvió

de escudo para que el gobierno dijera: ‘yo ya no tengo ninguna responsabilidad sobre esos desaparecidos’”.

Al hablar sobre exhumaciones mal hechas, Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y representante de familiares de personas migrantes encontradas en fosas en el norte del país, nos dice que la falta de documentación y fotografías sobre cómo y dónde fueron encontrados cuerpos genera una crisis en dos dimensiones: “una, la de la familia, porque se le imposibilita acceder a la verdad sobre el destino o la muerte de su pariente; y dos, la legal, porque era una obligación de todas las autoridades imputar un homicidio y luego documentar de manera sistemática una cadena de pruebas que comenzaba desde el hallazgo de las fosas”.

Delgadillo está convencida de que durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ni las fiscalías estatales y federal tenían metodologías para hacer levantamiento de cuerpos. Experta en el caso de San Fernando en el que no hubo personal especializado durante las exhumaciones, al igual que en Durango, nos dice: “Militares y marinos no tienen la preparación ni los estándares para llevar a cabo los levantamientos (de cuerpos) y el manejo de la evidencia, y esto perjudica a las investigaciones”. (En una nota de Reforma, la Sedena reconoce haber encontrado 198 fosas, siete de ellas en Durango, del 1 de marzo de 2011 al 4 de abril de 2013).

“Cuando se está investigando un homicidio se requiere que haya un

levantamiento adecuado, cadena de custodia, y una actuación de acuerdo a los estándares internacionales. Sin un trabajo sistemático y cuidadoso pones en riesgo la imputación del homicidio y el debido proceso”, dice.

Esa falta de interés por reconocer los cuerpos de las fosas no sólo era de Durango. La investigadora Vélez recuerda que en una Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en 2011, se habló de aplicar un Protocolo Homologado de Tratamiento e Identificación Forense. “Pero no se pudo concretar porque se detectó que sólo seis estados contaban con esos datos forenses. Durango, por supuesto, no estaba en esa pequeña lista”.

Para Vélez, el mal manejo forense en las fosas de Durango causa vacíos en las investigaciones. “Destruyeron las pruebas con las que se pudieron conocer las causas de muerte. La forma en la que extrajeron los cuerpos impactó al acceso a la justicia”.

Vélez se acuerda que la Fiscalía de Durango respondió en solicitudes de información que su equipo forense contaba con todo el material para la identificación de personas. Y dice que fueron tales las deficiencias procesales que en muchos casos ni siquiera se cuentan con los elementos para iniciar una carpeta de investigación. “Si no sabe de qué murió, muy difícil será llegar a sentencias condenatorias. Por eso mismo son pocos los enjuiciados por el delito de desaparición”.

Vélez, sin embargo, entiende a los peritos y a los agentes del Ministerio Público. “Trabajan sin el respaldo institucional, trabajan hasta 36 ho-

ras seguidas y trabajan presionados por la delincuencia organizada. En Durango, no sólo se tuvieron que atender los hallazgos de las fosas, también los homicidios que rompieron récord en 2011 (se reportaron mil 63); eso colapsó la capacidad de atención”.

Capacidad de atención que está lejos de resolverse: hoy, según el Inegi, hay mil 120 médicos forenses, 53 menos que en 2018, para un país que bate registros en mortalidad por la covid-19, en los homicidios diarios y en el descubrimiento de fosas. Al cierre de 2019 -según datos obtenidos por Quinto Elemento Lab- habían casi 2 mil 600 especialistas dedicados a la identificación de cuerpos en los Semefo del país. Pocos para el tamaño de la crisis forense.

Durante varios años expertos del INAH han alertado sobre el complejo proceso para recuperar e identificar un cuerpo.

De carecer de equipos, se camina por la zona con una varilla, la cual se va introduciendo en el suelo para ubicar hundimientos inusuales y ubicar cambios repentinos de la vegetación. “Sólo entonces, antropólogos forenses, arqueólogos, geólogos y entomólogos debemos empezar la excavación”, ha dicho el antropólogo Talavera, el mismo antropólogo que ha definido a las fosas clandestinas de Durango como un libro al que le faltan páginas. “La búsqueda se realiza con herramientas propias de una excavación arqueológica; brochas, espátulas y cucharillas, con las que puede cavar sin afectar los restos”.

En las fosas de 2011 en Durango, el trabajo se los dejaron a las retroexcavadoras. *Por cuestiones de seguridad este texto no ha sido firmado por sus autores. *Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Visita www.quintoelab.org/crisis-forense

Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Visite www.quintoelab.org/crisis-forense

8

Desaprecidos: Memoria y verdad

‘Todos queremos encontrar a nuestros hijos’ Los avances en el hallazgo de personas desaparecidas en Veracruz son obra, principalmente, de familiares y colectivos, a pesar de errores, omisiones y bloqueos de las autoridades.

Las familias buscan sentar precedentes de rendición de cuentas de los funcionarios D A N I E L A

R E A

Fotos: Marcelo Bermúdez y Victoria Razo / Archivo Pdp

Arbolillo.

Foto: Marcelo Bermúdez / Archivo PdP

9

D

espués de año y medio de que la Fiscalía de Veracruz exhumó fosas en el terreno conocido como Arbolillo, dio carpetazo. Sumó 237 cuerpos en 48 fosas clandestinas. Era el mes de septiembre del 2018.

Las familias de personas desaparecidas en la entidad estuvieron excluidas de los procesos que encabezó el entonces fiscal Jorge Winckler y, cuando éste fue destituido de su cargo, las familias solicitaron acceso al terreno, ubicado a 10 kilómetros del centro de Alvarado.

Entraron en noviembre del 2019 y hasta marzo de este año, cuando suspendieron el trabajo por la emergencia sanitaria de covid-19, ya habían encontrado 500 restos óseos y 3 cuerpos, entre otras cosas.

“Nosotras, como familias, decidimos revisar cada una de las fosas que exhumó la Fiscalía sin nuestra participación.

Una por una y en varias hemos encontrado evidencia: extremidades inferiores, huesos largos, cortos, un cráneo; encontramos una dentadura postiza y un celular con chip, una placa dental, cosas individualizantes que permitían identificar personas”.

Lucía Díaz Integrante fundadora de Solecito

“Todo esto después de que se fueron ellos. Y tres cuerpos completos que dejaron ellos, son cuerpos que tienen la misma temporalidad que los restos exhumados en su mandato, estaban justo donde ellos pararon la exhumación. Ya no podemos confiar.

Winckler nos tenía bloqueadas, no podíamos entrar, participar”, dice la madre de Luis Guillermo, desaparecido en el 2013.

No era la primera vez que familias de personas desaparecidas se enfrentaban y reaccionaban a la in-

eficacia del gobierno.

El antecedente que tenía el colectivo de Solecito en Veracruz fue justo Colinas de Santa Fe. Autoridades federales de la Subprocuraduría de Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada exhumaron cinco cuerpos en el año de 2015 de ese terreno y cerraron la investigación. No rastreó más en este lugar.

En agosto del 2016, cuando las familias de Solecito recibieron un croquis que les señalaba ese terreno como un sitio de exhumación clandestina, las familias entraron a buscar y su búsqueda dio como resultado lo que se conoce como el hallazgo de la fosa clandestina más grande del país. Después de 3 años de trabajo de Colinas de Santa Fe se exhumaron 298 cráneos de 156 fosas clandestinas, además de 22 mil fragmentos óseos.

Antropólogos que trabajaron en la zona cuentan que la extensión del terreno y la cantidad de fosas era tal, que los binomios caninos no funcionaban, los perros no alcanzaban a procesar la información, el olfato los conducía a distintos lugares.

Otro error que las familias de Solecito debieron ajustar en las exhumaciones de Colinas, realizadas por la Fiscalía estatal, fue la ubicación de las fosas.

Parte de la participación como familias que acompañaban fue recuperar la ubicación de las fosas y los cuerpos. Uno de los integrantes de la brigada de Solecito explicó que las autoridades los marcaban con su GPS, pero el GPS tiene un error de ubicación de 5 metros. “Al final de la exhumación ellos dejan una botella con los datos de la fosa, los recuperamos para corregir la correcta posición de las fosas”.

Una tercera falla en las exhumaciones de Colinas de Santa Fe fue

que las excavaciones de las fosas estaban mal realizadas. En un inicio se hacían en forma de cuenco y eso imposibilitaba registrar información como el número de excavaciones que pudo haber en una misma fosa y su temporalidad; esas excavaciones deben hacerse de manera vertical, insistieron las familias de Solecito, asesoradas por antropólogos independientes.

Para el año de 2019, cuando se cerraron los trabajos en Colinas de Santa Fe, la Fiscalía sólo había identificado a 24 personas, de las cuales 18 se habían entregado a sus familiares.

Por eso las integrantes de Solecito, en enero de 2020 y después de esperar cinco meses sin identificación de personas, hicieron pública una lista de nombres de personas obtenidos a partir de credenciales y tarjetas de presentación encontradas en las fosas clandestinas.

“Publicamos las credenciales, salió mucha gente, mucha gente se acercó a preguntar, a dar pistas para identificar a las personas. Le habíamos dado todo el tiempo del mundo a la Fiscalía para que identificara, buscara. Las encarpetó, las encajonó y no notificaron. No hicieron el menor esfuerzo por identificar y nosotros las tuvimos que sacar a la luz pública para encontrar a sus familiares”, explica Lucía Díaz.

Un estado de desaparecidos

En Veracruz desde el año 2000 a julio del 2020 se han registrado 4 mil 660 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, según la última información dada a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda. De ese total, el 79 por ciento del total sigue sin ser encontrada; el 20 por ciento fue localizada, 978 personas, de las cuales 96 fueron encontradas sin vida. Del total, dos terceras partes son hombres y una tercera parte mujeres.

Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos son los municipios con mayor número de personas desaparecidas.

Al mismo tiempo, Veracruz es uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas en el país (aunque no el mayor con número de cuerpos).

Entre 2006 y 2016 el gobierno local ha registrado 332 fosas clandestinas. Tan solo en Colinas de Santa Fe se encontraron 156 fosas y en La Guapota (a 40 kilómetros de distancia de Colinas) se exhumaron 72 fosas clandestinas.

La Fiscalía de Veracruz informó por solicitudes de información realizadas por Pie de Página desde el

año 2006 al 2019 se han abierto 15 carpetas de investigación por desaparición, de ellas 9 carpetas son por desaparición forzada, es decir, con involucramiento de la autoridad, y 6 carpetas son por particulares. (En el registro se refiere que sólo 3 personas del total están vinculadas a una desaparición forzada).

El inicio

“Cuando empezamos el trabajo en Colinas, era tedioso, monótono, porque nos traían como chamaquitos, casi nos querían llevar de la mano, enseñarnos a buscarlos, los señores de búsqueda, y pues nosotros veníamos aquí porque sabíamos a lo que veníamos, no veníamos a que nos enseñaran. Nosotros llegamos el 3 de agosto aquí de hace 3 años”, dice Guadalupe Contreras, quien durante 3 años fue uno de los integrantes del equipo de excavación en Colinas de Santa Fe. Guadalupe es originario de Guerrero donde se inició como buscador, buscando a su hijo Iván desaparecido en Iguala, en el año 2012.

“El caso de los muchachos de Ayotzinapa fue el que dijo ‘hasta aquí’, fue el que tumbó barreras y el que dio valor a la gente que tenía desaparecidos para salir a buscar”, dice Guadalupe. “Pienso que a la mejor si estos muchachos no hubieran desaparecido a lo mejor no se hubiera hecho este movimiento a nivel nacional, porque a raíz de que desaparecen todos decimos ‘ya no hay miedo, vamos a echarle, vamos a buscar’. Y subimos cerros, con machetes, con varilla. Comenzamos a buscar a los chamacos de Ayotzinapa y así también a nuestros familiares”.

Cómo buscar entierros clandestinos lo aprendieron de campesinos, jornaleros y albañiles de la región como Simón Carranza y Miguel Ángel Jiménez, líder de la UPOEG asesinado en el año 2015.

“Quien nos enseñó cómo hacer una varilla, cómo meterla, cómo enterrarla, cómo olerla, a qué huele, fue él, Miguel Ángel. No sabíamos nada, este cuate nos enseñó técnica de buscar, desgraciadamente no lo dejaron hacer gran cosa, porque también ya lo mataron”, recuerda Guadalupe.

Las integrantes de Solecito se enteraron que había hombres y mujeres buscando a sus hijos en el campo, excavando fosas clandestinas. En abril del 2015, recuerda Rosalía Castro Toss, quien busca a su hijo Roberto Carlos, ella y Lucía Díaz viajaron a Iguala Guerrero para aprender de ellos.

10 “Ellos allá ya habían empezado a trabajar, ya subían foto en el face, y nosotros no sabíamos cómo. Entonces Lucy y yo nos fuimos a Iguala, a que nos enseñaran. Estábamos interesadas en ir a aprender, que nos dijeran cómo buscar, porque ya teníamos muchos puntos, ya habíamos ido a algunos y encontrado evidencia, pero no sabíamos interpretar.

Como cuando yo fui al Kilómetro 13.5 y encontré zapatos, ropa, basura, infinidad de cosas, pero no lo supe interpretar”, recuerda Rosalía.

Con todas esas experiencias previas, con esas dudas y con ese interés de aprender, viajaron a Iguala y les propusieron organizar una búsqueda en Veracruz, les mandaron fotos del terreno.

Así fue como don Lupe, como le dicen a Guadalupe, viajó a Veracruz a enseñar a las mamás de Solecito a buscar fosas clandestinas en el terreno de Colinas de Santa Fe y se quedó tres años a trabajar como parte de la brigada que Solecito financia (con los recursos que obtiene de rifas y venta de ropa usada) para las exhumaciones en las distintas fosas encontradas.

“Eran días de trabajo de todo el día escarbar, todo el día estar oliendo la putrefacción. Sacar un cuerpo y acomodarlo en la bolsa, cae sangre molida todavía… el bochorno de estar dentro del hoyo, el calor que vaporiza todos los olores desde el suelo… trabajábamos como 20, 30 minutos y volvíamos, porque no aguantas más. Era trabajo pesado, pero estábamos acostumbrados a eso, yo por ejemplo en mi profesión soy albañil, y como albañil hay que joderle todo el día”.

“Al principio la búsqueda y la excavación fue muy duro”, agrega Rosalía. “Yo me decía ‘¿qué hago acá?, mi hijo está con vida. Nosotros creíamos, pero a la vez ya estando en el lugar … fue muy duro, para mí fue muy duro imaginarlos ahí y también el contexto, después de ser odontóloga, y estar trabajando en un consultorio dental, a partir de 2011 me vine acá. Teníamos la idea de meter la varilla, y olerla, también teníamos la idea de las evidencias que puedes encontrar cerca, de una fosa, como botellas, basura en un lugar donde no debe haber, bueno eso fue lo que nos trajimos de allá”.

Desde el inicio de la exhumación las familias, acostumbradas a cargar libretas y plumas a todos lados, crearon un método para el registro de los hallazgos, paralelo al que hacía la autoridad: número y ubicación de fosa, hora de hallazgo, indicios den-

tro de la fosa (por capas en que se fueron encontrando). “Todo lo que se encontraba se apuntaba, está documentado, tenemos nuestro propio archivo. Es más, había compañeros que encontraban una etiqueta y hasta el dibujito de la etiqueta hacían”, dice Rosalía.

18 oficios, solicitando que nos dieran acceso y así los obligamos a abrir Arbolillo 2”, explica Lucía Díaz.

El trabajo que las familias hacían dentro de Arbolillo con la Fiscalía, hasta antes del confinamiento, era levantar de nuevo las fosas que la Fiscalía anterior exhumó, cribar y revisar. “Vamos revisando todos los cuadrantes, uno por uno los que ellos ya exhumaron”.

Lo que sigue

Desde antes de cerrar Colinas de Santa Fe el Colectivo Solecito inició otros rastreos. Entre octubre del 2018 y enero del 2019 recorrieron el recinto portuario de Apiver conocido como Kilómetro 13.5 (habían recibido un mapa de posibles fosas en esa zona). Insistieron en la posibilidad de registrarlo, pese a la negativa de Miguel Ángel Yunes Linares, el entonces gobernador.

“Llegamos a este terreno por un anónimo, se escuchaba que este lugar lo usaron para llevar a los desaparecidos antes de Colinas de Santa Fe. Se escuchaba que había hasta 500 cuerpos. Pero quizá nos pusieron mal las coordenadas y pues seguimos buscando”, dice Rosalía.

Para Solecito fue más fácil lograr el acceso localizando directamente a los dueños de los terrenos (calculan más de 20 dueños distintos en las 300 hectáreas y uno de los permisos demoró 5 meses) que esperar a la Fiscalía. Y así entraron en distintos momentos del 2019 a hacer búsquedas, pero no hubo hallazgos.

Buscar en un terreno rural-urbano, como lo es el Kilómetro 13.5 tiene complejidades. Por ejemplo, a diferencia de buscar en el “aire libre” aquí se trata de terrenos privados y bardeados. Se debe contactar a cada dueño y solicitar el permiso de acceso. Además, este terreno en particular está en constante movimiento por la ampliación del puerto de Veracruz. Día y noche hay trascabos que remueven material, escombro o que sacan arena para vender como material de construcción. Esto, además de complicar la búsqueda, les come el tiempo a los buscadores.

Un día de búsqueda en esa zona, recuerda Guadalupe, cavaron 3 metros de profundidad y no encontraron nada; ya sea porque fueron rellenadas o porque fueron removidas para construir cimientos de hasta 10 metros de profundidad.

Paralelamente al rastreo en la zona portuaria, las familias de Solecito exigieron el acceso a Arbolillo. Se trata de la otra gran fosa descubierta a 10 kilómetros de Alvarado, al sur del puerto de Veracruz.

En noviembre del 2019 las familias lograron entrar a este terreno don-

Sin las familias no

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada señala en su artículo 138 que las familias de las víctimas de desaparición tienen derecho a “participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda” que realicen las autoridades; además de proponer diligencias para llevarse a cabo con la autoridad, entre muchos otros derechos.

de la Fiscalía exhumó -sin su participación- y luego abandonó. Es un terreno de mangle al que, según las familias de Solecito, los cuerpos eran llevados de madrugada, en lanchas.

Era una distancia de 30 kilómetros desde el puerto de Veracruz. Los cuerpos que se han encontrado aquí, a diferencia de la mayoría de restos encontrados en Colinas de Santa Fe, son fragmentados.

Arbolillo había sido exhumado en el 2017 por la Fiscalía estatal y, posteriormente, en septiembre del 2018, en esta ocasión por autoridades federales. En la primera exhumación se encontraron 8 fosas con 47 cráneos, en la segunda 15 fosas con 190 cráneos; en total se sacaron 237 cuerpos de 48 fosas.

Hasta noviembre del 2019 que se volvieron a abrir a solicitud de las familias. Por la desconfianza en el trabajo de la Fiscalía, por errores previos, por la falta de acceso en esas exhumaciones y porque se les hizo extraño que el proceso de exhumación durara apenas unos meses, cuando con Colinas tardaron 3 años.

“El seguimiento es vital, el seguimiento a las autoridades. No hay que pensar que las autoridades van a hacerlo. Porque no hay recursos, porque abandonan las fiscalías”, dice Lucía Díaz. “Lo que hemos encontrado a la fecha nos muestra eso. Llevamos más de 2000 restos óseos, artículos personales individualizantes, entre ellos un teléfono, ropa y tres cuerpos completos”.

“Por eso después de la primera fase de Arbolillo metimos papeles,

“Lo que queremos es sentar precedentes de rendición de cuentas, que el trabajo que hicieron mal sea revisado y sancionado.

Puede llegar un colectivo y pedir sanciones, porque hay una ley de exhumaciones, hay también responsabilidad de funcionarios, entonces nosotros, uno de los trabajos grandes es establecer paradigmas de rendición de cuentas y también que el trabajo que se haga sea riguroso, ético”.

Lucía Díaz

- ¿Cuál es la importancia de pensar en un precedente de rendición de cuentas por parte de los funcionarios que no han hecho bien su trabajo en lo que respecta a la exhumación, identificación?

- Las omisiones son imputables.

Lo que sigue es tener la evidencia, registrarla e implicarlos. Las autoridades de Fiscalía que han hecho las

11

Predio de Colinas de Santa Fe, sitio que dejó un total de 298 craneos y más de 22 mil restos humanos enterrados en fosas clandestinas.

Foto: Victoria Razo / Archivo Pdp

exhumaciones ya tenían protocolos que cumplir y aún así no hicieron lo que tenían que hacer. Tenemos que construir instituciones que sean confiables y si podemos hacerlo para que no se repita, hay que hacerlo.

Las familias argumentan que lo que sucedió en Arbolillo fue un abandono de una escena del crimen. Una nota publicada por el reportero Miguel Ángel León Carmona señala que la directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía local, Marcela Aguilera Landeta, es quien estaría investigando ese abandono.

“Si no haces el trabajo de fiscalizar a las autoridades, no tiene caso que hagas las búsquedas. Tener verdad y justicia es un trabajo integral, por eso queremos darle seguimiento hasta la identificación y entrega de las personas, porque es necesario hacerlo”, dice Lucía Díaz.

Guadalupe, uno de los integrantes de la Brigada de exhumación en Colinas de Santa Fe de parte de Solecito, destaca el entusiasmo y la necesidad de encontrar en el trabajo de las familias.

“Nosotros contagiábamos a los demás, a los funcionarios para que ‘órale canijo, a darle’. Somos buscadores y hay que jalar parejo porque uno solo no va a detener una marejada; pero entre todos podemos hacer un muro para que esa marejada no siga. Ese siempre ha sido mi consejo: únanse en colectivo y exijan a la autoridad, porque al final de cuentas todos tenemos desaparecidos. Hasta los policías tienen desaparecidos.

Y todos queremos que nuestros hijos vuelvan”.

Daniela Rea es reportera. Autora del libro “Nadie les pidió perdón” y coautora del libro “La Tropa. Por qué mata un soldado”.

Dirigió el documental “No sucumbió la eternidad”.

Escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. Quería ser marinera.

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente.

12 Acuarios. El infame negocio de los acuarios.

Los delfines, debido al estrés y la depresión que les provoca por no estar en libertad, se llegan a quitar la vida de forma consciente.

Animales: conciencia ¿y derechos?

La autora de este ensayo gráfico considera que la causa por los derechos de los animales es el movimiento social más importante de este siglo incipiente.

Se juega, dice, algo más que la sobrevivencia, de ellos y nosotros…

T E X T O

Y

F O T O S :

E L I D E T H

PIE DE PÁGINA

F E R N Á N D E Z

13

E

n algún momento de la historia, fue casi imposible imaginar movimientos como la abolición de la esclavitud, la lucha por los derechos de las mujeres o los derechos de la comunidad LGBTTTQI+. Pues lo mismo ocurre hoy con el movimiento por la liberación animal; es probable que muchos no alcancen a comprender del todo el sentido de nuestra lucha. Pero hemos aprendido a no claudicar y a seguir soñando.

En un intento de reconciliación conmigo misma, comencé este ensayo socio-documental, cuyo objetivo es motivar a las nuevas generaciones de artistas visuales, reporteros y periodistas, a contemplar en su trabajo los derechos de los animales*, no solo desde la perspectiva de la creación, de la crítica y de la documentación, sino principalmente desde la del compromiso personal. Tenemos una deuda por saldar.

Crear un género fotográfico documental y artístico hacia la defensa de los derechos de los animales, debe, sin lugar a dudas, coadyuvar a la reflexión. Mirar a los animales como los individuos que son y no como simples componentes de un ecosistema que se defiende desde utilitarias y desdeñosas posiciones antropocéntricas, es decir, exclusivamente para satisfacer una necesidad humana.

Expandir nuestra esfera moral y nuestro círculo de compasión, incuestionablemente, es emprender el camino de la evolución y acercarnos a la verdad, lo cual en lo inmediato se traduce en protección y justicia para los animales, y a mediano plazo en supervivencia para todos.

Surgirá el cuestionamiento inevitable: Que si los espectáculos e industrias que utilizan y explotan a los animales son parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura… Ya lo dijo la filósofa e historiadora del Arte, Tatiana Espinasa: “la cultura implica necesariamente un momento de ruptura con su pasado en nombre de una posibilidad creadora diferente…”.

Ahora bien, ¿por qué considero que la causa por los derechos de los animales es el movimiento social más importante de este siglo incipiente?

Más allá de la inequidad e inexcusable injusticia que supone para ellos considerarlos meros instrumentos a nuestro servicio, usándolos, explotándolos y destruyéndo-

La autora de este ensayo gráfico considera que la causa por los derechos de los animales es el movimiento social más importante de este siglo incipiente. Se juega, dice, algo más que la sobrevivencia, de ellos y nosotros…

Los rastros. Adentrarte en los rastros clandestinos o en los que supuestamente cumplen con la “normatividad” (la cual no sucede con frecuencia), puedes mirar el rictus de los carniceros, así como los rostros de los que luchan por sus vidas entre ruidos estridentes, tanto por las herramientas diseñadas ex profeso para el suplicio, como por los chillidos de la zozobra, el pánico y dolor de las víctimas. los, esta perspectiva menoscaba las poblaciones y grupos sociales; pone en riesgo la supervivencia de comunidades, la de sus especies, la del planeta mismo y, fatalmente, la

de todos sus habitantes (suficientes estudios lo documentan).

Es por lo tanto imprescindible y apremiante generar una revolución basada en la empatía y la concien-

cia; un movimiento social a gran escala.

Está demostrado que el trato no equitativo que se le da a una persona por motivos étnicos, de

18

Tauromaquia: “Torturar a un toro por placer, para la diversión, es mucho más que torturar a un Transporte de animales. La transportación de los animales animal, es torturar a una conciencia”. Víctor Hugo. La víctima está agonizando lentamente porque hacia su destino final, los aterra, los congela, les rompe el matador perforó otros órganos por su falta de destreza o porque están aprendiendo a matar. las patas, los deshidrata, los hacina, los desesperanza.

La Charrería. “Es un deber ético y moral que los representantes de la UNESCO excluyan de las nominaciones a la categoría de Patrimonio de la Humanidad a todas las manifestaciones que cosifiquen, causen daños físicos o psíquicos y sometan a cualquier clase de castigo y tormento a todo individuo de las especies de la fauna, sean estas domésticas o silvestres. Más allá, resulta una obligación deontológica derogar La aves. Las maravillosas aves dotadas de hermosos todas aquellas declaradas como tales con anterioridad”. plumajes, capturadas y encerradas en estrechos armazones, que apenas les permiten revolotear.

Solo una mente perversa pudo concebir la idea de enjaularlas.

15

Los zoológicos. ¿Se han detenido a mirar a nuestros hermanos los primates tras las rejas, estrujando con fuerza los barrotes que los mantienen prisioneros? Lo mismo en el caso de otros animales que adquieren comportamientos antinaturales porque los han sustraído a la fuerza de su hábitat o han nacido en cautiverio, condenados a un encierro perpetuo, sin haber cometido delito alguno. En los zoológicos aprendemos desde la educación básica a dominar, construir e imaginar cárceles para inocentes.

Los peces (en bolsas). Peces, anfibios y reptiles en diminutas bolsas de plástico o en peceras, en donde seguramente morirán asfixiados o agonizarán para satisfacer a quienes los compran por novedad y moda.

La fauna silvestre, convertida en mascota, es señal de los acomplejados e ignorantes, quienes dan sentido a su vida con extravagancias a costa del padecimiento del otro. Así fueron educados. identidad sexual, religión, etcétera, es altamente perjudicial y hoy sabemos que también lo es la discriminación por especie.

Y no se trata aquí de humanizar a los animales, pues no somos iguales a ellos, ellos a nosotros, ni lo son ellos entre sí. No obstante, todos tenemos algo en común: cada uno, en diferentes grados y niveles en

función de nuestra naturaleza y especificidades individuales, somos seres dotados de sensibilidad, de sentimientos, de pensamientos y de conciencia.

Más importante aún, todos estamos aferrados con fervor a la existencia, todos deseamos ardientemente la vida. Por lo tanto, todos tenemos derechos esenciales: el

derecho a vivir, el derecho a no ser privados de nuestra libertad, a no ser arrancados de nuestro entorno, a no ser utilizados, explotados o esclavizados, a no ser violentados, torturados ni asesinados.

En ese sentido, en 1948, la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que sigue ahora, en nuestro tiempo, es

adoptar un compromiso en lo que toca a los deberes de la humanidad.

Finalmente, y como dijera John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura en el año 2003, en una conferencia en el Museo Reina Sofía de Madrid, parafraseando al filósofo alemán Arthur Schopenhauer: “Los animales no necesitan de nuestro amor, sino de justicia”.

16 Los perros. La impasibilidad de las personas hacia un individuo que siente la soledad y el abandono, con el ferviente deseo de una caricia, nos bloquea peligrosamente la empatía por el prójimo cualquiera que este sea. La indiferencia es una forma de envilecer nuestra alma desde pequeños.

Los gallos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo 163/2018 a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, en sesión del 31 de octubre de 2018, en la cual se establece que «si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución». ¿Qué nos preocupemos de las personas? ¿Cuántas veces no oímos esta conminación obtusa y necia, con toda la carga insidiosa de ignorancia, hipocresía y solapada provocación que conlleva, machacada una y otra vez a lo largo de los días?

Como dice en su texto el gran activista de las letras Julio Ortega, precisamente “eso hacemos cada vez que luchamos por desterrar la violencia del comportamiento humano”. La violencia, pero también la indiferencia y el egoísmo, que son el corazón mismo y luciferino de la barbarie.

Elegí la fotografía en blanco y negro porque el color me estorba para formular el mensaje que quiero transmitir. Mi idea no es retratar la sangre, esta solo distrae la atención del espectador. Quiero dejar la sangre fuera de la foto y potenciar otros elementos como la expresión de la zozobra, de la angustia, del tormento.

Para enfatizar la atmósfera y la mirada, el blanco y negro es fundamental. La falta de color nos permite introducirnos mucho más en la imagen, adentrarnos en el espacio y en la escena que se desenvuelve ante nosotros; pero sobre todo nos

Mercado de animales ¿Has visitado un mercado de animales vivos?

Los animales se arrinconan y se protegen entre ellos porque son conscientes del sufrimiento del otro.

Son vendidos de forma vil desde que nacen: son atados, amarrados, ultrajados. permite profundizar y sumergirnos en lo que realmente está sucedien-

do, empaparnos en su realidad, penetrar en la psiquis profunda, en el alma del individuo sufriente en todos los estados de su suplicio y en la tiniebla muda y profunda de su abandono y de su soledad.

Así, lo que se desarrolla frente a la lente no es tan solo el espectáculo macabro de una cabra o de una res a la que están degollando para su posterior consumo. Lo que está perpetrándose allí es el asesinato premeditado, sistemático, metódico y a sangre fría de un individuo inocente y totalmente inerme que tenía el deseo inagotable de vivir.

Un anhelo infinito e imposible, incluso bajo las oleadas mismas de su sangre vertida a raudales en las losas y cunetas infectas de un matadero.

La autora, Elideth Fernández, es miembro de la Red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia, una gran iniciativa de Movimiento Consciencia–Fundación Internacional por el Reconocimiento de la Consciencia y los Derechos de los Animales- junto con la promotora cultural Gloria Maldonado Ansó. La Red se está integrando, entre otros, por personajes icónicos de la cultura en México y el mundo, conscientes de la importancia del tema y de la necesidad de condenar las corridas de toros como cualquier otra forma de exaltación y normalización de la violencia.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

*Nota de la redacción: En el Derecho Internacional no hay un consenso aún sobre la viabilidad de aceptar el concepto de “derecho animal”. La principal crítica a esta propuesta, desde la teoría jurídica, es que los derechos animales solo pueden ser elaborados a partir de una subjetividad humana. Es decir, un sistema jurídico parte de un contrato social que establece derechos y obligaciones (el derecho a la vida va acompañado del deber de no matar, por ejemplo), lo que, en el caso de los animales, es imposible de cumplir. Este cuestionamiento no defiende el sufrimiento innecesario de los animales, solo rechaza la pretensión de atribuir derechos a entes no humanos que no podrán ejercerlos de forma autónoma y necesariamente tendrían que ser “representados” por personas que se autoasignan esa representación. Algunas preguntas que los críticos han planteado son: 1. Los derechos para los animales, ¿son una extensión de los Derechos Humanos o se trata de nuevos derechos?

2. ¿Cómo deberían dirimirse conflictos normativos entre derechos humanos y animales (por ejemplo, en el caso de las investigaciones científicas)?

3. ¿En qué consistirá la legitimidad de las personas humanas que implementarán derechos de los animales en su nombre?

17

Serie: Radiografía forestal de México

Tala ilegal inunda el mercado de la madera en el País Algunas estimaciones señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el País tiene un origen ilícito.

La presencia del crimen organizado, la impunidad, el exceso de trámites burocráticos y la falta de políticas y presupuesto para fortalecer la silvicultura han hecho, aún más difícil, el panorama para las comunidades que producen madera legal A G U S T Í N

D E L

C A S T I L L O

Y

T H E L M A

MONGABAY

P R I M E R O

D E

U N A

S E R I E

G Ó M E Z

D U R Á N

17

H

asta hace unas horas, el árbol con tres décadas de vida se erguía poderoso, incólume y frondoso. Ahora es una ruina, solo quedan sus ramas que yacen a la vera del camino hacia la comunidad de Bioto, en la costa del Pacífico occidental de México. Su grueso tronco va camino a uno de los aserraderos de la zona.

El derribo de la parota (Enterolobium cyclorarpum), como en estas tierras se llama a ese árbol y cuya madera se considera semipreciosa, se realizó sin que existiera algún permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Así es como sucede con casi todos los árboles que se talan en la región boscosa del municipio de Cabo Corrientes, en la costa norte de Jalisco.

“Ellos -el Gobierno en cualquiera de sus niveles- no tienen poder aquí… El que decide lo que se tira y lo que permanece es don Guty, Agustín Hernández (informes policiacos señalan que su verdadero apellido es González Chavarín), él es el verdadero gobierno en esta costa; van con él y le piden el favor.

Si él no lo da, ningún papel te sirve”, comenta con certeza un campesino de la zona.

La parota que se derribó es un árbol fácil de reproducir y que crece con celeridad, a diferencia de la caoba pacífica -casi extinta de la región- y del granadillo y el tampicirán, maderas duras, muy apreciadas en el mercado chino, que han sido saqueadas de forma selectiva en todo el litoral desde 2010. “Hasta dejarnos solamente los palos más jóvenes”, comenta un experto forestal que pide el anonimato.

Lo que sucede en la costa norte de Jalisco también se replica en otras regiones del país, en donde la tala ilegal es ya parte del negocio de los grupos que controlan el tráfico de drogas.

En el centro, sur y norte de México, además de los grupos de la delincuencia organizada, otros actores -incluso, comunidades completas- han visto en la tala ilegal un negocio fácil.

Y mientras los bosques se quedan sin árboles, los cerca de 1300 ejidos y comunidades que han creado empresas forestales, para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la expansión del crimen organizado.

También deben lidiar con el exceso de trámites para realizar manejo forestal, con el débil impulso a la

Bosques de Durango con manejo forestal comunitario.

Foto: Cortesía UCDFI Topia, S.C.

silvicultura comunitaria y, sobre todo, con la impunidad que existe alrededor de la tala ilegal.

En todas las regiones del país, actores involucrados en el tema forestal coinciden en que cada vez es más difícil que la madera que comunidades y ejidos producen en forma legal y, sobre todo, cuidando el futuro de los bosques, se coloque a un precio justo en un mercado inundado por productos de origen ilegal.

El negocio de la madera ilegal De los cerca de 9 millones de metros cúbicos de madera que se producen en forma legal en el país (información de 2017, el último dato oficial disponible), 76 por ciento proviene de bosques comunitarios, los cuales pertenecen a ejidos y comunidades que cuentan con programas de manejo forestal. El 24 por ciento restante se cosecha en predios privados o plantaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal.

Para satisfacer la demanda del mercado nacional, México importa alrededor de 16 a 19 millones de metros cúbicos de madera. Estas cifras corresponden a los años 2015 y 2016; son los datos más actualizados y que están disponibles en el informe “El Sector Forestal Mexicano en Cifras 2019”, de la Conafor.

Ese mismo documento señala que el “consumo aparente” de madera en el país es de poco más de 27 mi-

llones de metros cúbicos.

Esta cifra “no considera el consumo ilegal (de madera), el cual si se contabilizara nos daría una cifra aproximada del consumo real de madera en el mercado mexicano”, apunta Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).

Especialistas de la academia y de organizaciones de la sociedad civil señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal.

Si se buscan los datos oficiales, se encontrará que ninguna dependencia del sector ambiental cuenta

con información actualizada y pública sobre el universo de la tala ilegal en México.

El Programa Nacional Forestal de la Conafor, en 2014, señalaba que un equivalente al 38 por ciento del volumen de madera comercializada era de origen ilícito. En su informe “El Estado que Guarda el sector Forestal en México 2019” cita un dato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: la ilegalidad es del 70 por ciento.

Si se toma ese porcentaje y se cruza con el valor de la producción maderera que se incluye en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal del 2017 (el último año disponible en versión pública) es posible dimensionar el negocio de la madera ilegal: al año puede rondar en 7 123 millones de pesos (327 millones de dólares).

Comunidades y bosques dañados En el sur de Jalisco -donde 20 mil hectáreas han dejado de ser bosques y se han transformado en campos de aguacate, según datos del gobierno estatal- los explotadores de madera fueron citados, en septiembre de 2019, por los jefes de los grupos locales que controlan el tráfico de drogas y les entregaron un reglamento. El mensaje fue: protección a cambio de una “cuota”.

“Podrían bajar la madera que quisieran siempre que dieran un pago por camión. Con documentos, una cuota por metro cúbico; sin

19 documentos, otra mayor”, señala un testigo. La garantía sería no ser “molestados” ni por esos grupos ni por las autoridades.

En Guerrero, las mafias locales aprovecharon las diferencias internas de los ejidos que habían desarrollado proyectos forestales comunitarios exitosos. “Hoy son ellos los que deciden todo”, comenta un ejidatario de la región de Tierra Caliente.

“Se llevan todo (la madera) y no piden permiso, y si se les ponen al brinco, nos levantan (desaparecen) a nuestros campesinos”, señala al otro lado del auricular una integrante de la red de las autodefensas que opera en Michoacán y Guerrero. Tan solo en los últimos meses, la mujer reporta 28 dirigentes locales desaparecidos en Guerrero.

En Puebla, en la zona de la ribera del río Atoyac “baja cantidad de madera que no se sabe de dónde viene, no podemos competir ni por volumen ni por precio”, señala un integrante de un ejido que hace manejo forestal.

Otro silvicultor del estado sostiene que “hay muchos grupos armados, y es difícil que puedas defender tu predio (forestal)”. El hombre, que también pide el anonimato, habla de lo que cada vez es más recurrente en los bosques de Puebla: el robo de la madera a las comunidades.

Los costos de producir madera legal Otras comunidades forestales del país no enfrentan una amenaza externa, la tala ilegal se da como parte de los “usos y costumbres”.

En muchas de esas poblaciones no se contempla la opción de recorrer el largo camino, lleno de trámites y costos, que implica contar con un Plan de Manejo Forestal, uno de los varios documentos necesarios para realizar aprovechamiento maderable en forma legal.

En México, una comunidad que desea aprovechar sus bosques en forma sustentable debe recorrer un sendero lleno de trámites burocráticos. Esa travesía por la “tramitología”, necesaria para obtener los permisos y realizar aprovechamiento forestal en forma legal, puede durar hasta dos años.

El biólogo Salvador Anta Fonseca, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y de la organización Política y Legislación Ambiental, destaca que disminuir el número de trámites es un paso urgente si se quiere abatir la ilegalidad en el mercado de la madera.

“También se deben optimizar costos para extraer madera legal -señala Anta-, porque el pago de numerosos trámites y estudios, a cuenta del propietario del bosque, hace que el precio que se paga por su madera no compita con la madera que se extrajo sin ninguna regulación”.

Los datos muestran que son contadas las comunidades que han logrado sortear todos los obstáculos para producir madera en forma legal: de los 15 584 ejidos y comunidades que tienen, por lo menos, 200 hectáreas con bosques, selvas o matorrales, solo alrededor de 2943 realizan algún tipo de aprovechamiento comercial de sus recursos forestales; de ellas 176 cuentan con maquinaria que les permite realizar una primera transformación de la madera y tan solo 294 cuentan con un aserradero.

Competir con la ilegalidad En lugares como Chiapas, quienes apuestan por la silvicultura han visto cómo en los últimos años se ha incrementado la tala ilegal, sobre todo en lugares como el municipio de Teopisca o en Comitán, cerca de la frontera con Guatemala.

El dueño de un aserradero ubicado en el sureste de Chiapas cuenta que, hasta hace cinco años, distribuía madera en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Hoy, los vendedores de madera ilegal se han apoderado de casi todos sus antiguos clientes: “Antes, movíamos tres camiones por semana, con 12 mil a 14 mil pies; ahora, cuando mucho, mandamos uno a la quincena. Nos comieron el mercado del sureste”.

El empresario dedicado al negocio de la madera desde hace ya décadas, y quien ha sido amenazado por presentar denuncias, ha visto cómo de la noche a la mañana se instalan madererías sin ninguna autorización.

A diferencia de los ejidos forestales, las madererías no enfrentan una regulación tan estricta -coinciden varios entrevistados-, por lo que se han convertido en uno de los eslabones más débiles de la cadena productiva y de comercialización.

Es ahí, en las madererías, donde se realiza buena parte del “lavado de madera”.

El dueño del aserradero que se encuentra en Chiapas es una de

las pocas voces que ofrecen datos sobre los precios que se manejan en el mercado ilegal de la madera en una zona como Cancún, Quintana Roo. Para que él pueda pagar a los productores legales la madera y, además tener ganancias, ofrece los polines para construcción (madera cuadrada con un largo de 2.5 metros) a 55 pesos (2.4 dólares), más flete. Quienes comercializan la madera ilegal venden los polines a 40 pesos (1.7 dólares). “Así es imposible competir: no pagan IVA, no pagan plan de manejo y cortan los árboles que les da la gana”, señala el empresario.

En el norte de México, la región que produce casi la mitad de la madera del país, las empresas forestales que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, no la pasan mejor: la madera clandestina abarata el mercado, y los fletes terminan de matar el precio.

El gerente general de las empresas de Grupo Sezaric, en Durango, Alfredo Corral, explica: “En México es muy difícil, aquí toda la gente te pelea precio. Yo no puedo vender madera aserrada en el centro del país, porque tengo que competir

20 con otros productos que traen otra procedencia, desgraciadamente al cliente lo único que le interesa es el precio. No tenemos un mercado para productos certificados”.

En el documento titulado “Estado que guarda el sector forestal en México. 2019”, presentado por la Conafor en febrero de 2020, se señala que uno de los objetivos de la dependencia es implementar un programa nacional para abatir la tala ilegal y el contrabando forestal, “con la concurrencia de dependencias y entidades para combatir la ilegalidad, frenar el deterioro de los recursos forestales y evitar la competencia desleal a los productores y silvicultores del país”. Hasta mediados de septiembre del 2020, ese programa no se había presentado.

Impunidad enraizada En el norte, centro y sur del país hay coincidencia en señalar permisividad gubernamental para la tala ilegal. En Chiapas, durante las dos administraciones inmediatas anteriores, la instrucción a los inspectores de la Profepa era “no intervenir”, asegura un activista. Eso no es privativo de esa entidad.

El informe “La actividad forestal en México, estrategias y acciones contra la deforestación” -elaborado en 2019 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria para el Congreso de la Unión- maneja estadísticas de la Profepa durante tres administraciones federales.

En 2001, primer año del gobierno de Vicente Fox Quesada, el organismo federal incautó 56 777 metros cúbicos de madera ilegal; para 2017, solo 18 mil 339 metros cúbicos. Si se revisan los años intermedios, la Profepa tuvo cada vez menos incautaciones.

“La presencia y apoyo de las instituciones ambientales en las regiones forestales está cada vez más diluida. El debilitamiento de estas instituciones es muy grave, ya que este sector requiere de una intervención gubernamental comprometida que coadyuve con los dueños de los tierra en sus esfuerzos por proteger los bosques y las selvas, ya que éstos enfrentan fuertes amenazas como incendios, plagas, desmontes y tala ilegal”, señala Sergio Madrid Zubirán, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

En julio de 2020, durante el Foro “Los retos de la estrategia de atención a la tala ilegal y tráfico de madera en Chiapas” -organizado

por la Red Mocaf, Bosques y Gobernanza, Cooperativa AMBIO, entre otros-, la titular de la Profepa, Bertha Alicia Mendoza Vera, reconoció que los operativos realizados durante su gestión han sido de efectos mínimos porque “se dan filtraciones” desde el organismo federal hacia los grupos de delincuencia organizada. Y los escasos

detenidos “salen libres y vuelven a delinquir”.

Enrique Jardel Peláez, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del CCMSS, señala que el Estado “no puede hacerse a un lado” y dejar que las comunidades resuelvan sus problemas. “Es fundamental que se generen políticas de gobierno adecuadas para que salgan adelante esquemas institucionales que permitan el control de los predios, su vigilancia con tecnología y la solidez del estado de derecho, a efecto de que comunidades apoyadas de forma directa se sumen al trabajo de enfrentar la tala ilegal”.

Sobre las acciones para combatir la tala ilegal, Mongabay Latam solicitó entrevistas con la Profepa y la Conafor. Ninguna de las dos dependencias respondió.

Y mientras la impunidad cobija a la tala ilegal, en varias regiones del centro y sur del país se registra el naufragio parcial o total de proyectos forestales comunitarios.

Uno de ellos es el del ejido Barranca del Calabozo, en Jalisco, una comunidad que en 2009 obtuvo la certificación internacional, por par-

te del Forest Stewardship Council, y en 2012 la Conafor le entregó el reconocimiento al “mérito forestal” por ser un caso de éxito. Además, la producción de madera legal le permitió crear 32 empleos directos, establecer una caja de créditos y tener recursos para construir caminos para la comunidad.

Los problemas internos, la presión de grupos del crimen organizado que operan en la zona, cambios en sus autoridades tradicionales y el vencimiento de su Plan de Manejo Forestal, en 2018, confluyeron para que hoy su aserradero esté abandonado.

Otro caso es el del ejido El Balcón, en Guerrero: “Fue una experiencia exitosa y emblemática de lo que podía ser el desarrollo forestal; hace unos cinco años, las cosas se pusieron difíciles, incluso hubo gente que murió por los conflictos regionales y locales”, explica el consultor Pablo González. Hoy la región está paralizada y a merced de los grupos delictivos.

Sergio Madrid, del CCMSS, reconoce que la tala ilegal no solo termina con los bosques, también daña las estructuras comunitarias.

21 Si a esa impunidad se le añade que el Estado ha desatendido y debilitado las estructuras ejidales y comunitarias, la situación se complica: “Hoy -asegura Madrid- 53 por ciento de los núcleos agrarios no tienen órganos de representación actualizados. Muchos de los padrones ejidales están desactualizados, ya que muchos ejidatarios ya han muerto o se han ido. Si queremos tener una estrategia fuerte de freno a la tala clandestina, necesitamos fortalecer a las instituciones ejidales y comunales”.

Quienes desde hace más de treinta años han trabajado y acompañado procesos de manejo forestal comunitario, han comprobado que los ejidos y comunidades organizadas son los que mejor protegen y conservan los bosques.

“Existe avance en el mercado ilegal de la madera, porque la institucionalidad agraria fue debilitada, y las instancias gubernamentales también”, remarca Madrid.

En Michoacán, los comuneros de Nuevo San Juan -una de las comunidades más exitosas en el país cuando se habla de manejo forestal- coinciden en que solo se puede ganar en esa disputa desigual contra la madera ilegal con una fuerte organización.

“Desde que defendimos el territorio por primera vez [a finales de los años 70] generamos organización y procesos de defensa; tenemos ranchos ganaderos en todo el predio para tener presencia, no tanto como negocio. Se crearon brigadas permanentes de control y vigilancia que dan rondines todo el día, y tenemos infraestructura de comunicación. Con esto controlamos el ingreso de las personas, no solo las que van por madera sino por extracción de flora y fauna, de musgo y de otras especies”, señala Héctor Anguiano Cuara, responsable de ventas y comercialización de Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Control en aserraderos y madererías En 2006, Sergio Madrid, junto con otros miembros del CCMSS, propusieron crear un sistema de certificaciones de madera legal: “Estuvimos promoviendo la creación de un certificado de la legal procedencia; la iniciativa buscaba generar un instrumento que pudiera dar certeza al consumidor de que estaba comprando madera realmente legal. Se trataba de un sistema voluntario que incluía un conjunto de auditorías, a los alma-

Imagen de uno de los bosques de Guerrero que han sido talados y afectados por incendios.

Foto: Cortesía

cenes de madera, realizadas por entidades autónomas acreditadas”. ¿No existe ya una trazabilidad con las guías de madera que debería garantizar un control? Sergio Madrid subraya que “efectivamente, en el país se tiene un sistema avanzado para el control de la madera que se transporta y se comercializa, el cual incluye diversos componentes sofisticados, como el uso de papel de seguridad. Sin embargo, los actores del mercado ilegal han encontrado caminos para utilizar las guías y remisiones legítimas para blanquear la madera ilegal. También se habla de un mercado negro de esas guías.

Hay algunos predios que tienen un plan de manejo autorizado pero, en lugar de extraer y vender madera, venden la documentación forestal”.

Y aunque la propuesta de auditorías a la industria forestal se presentó ante diversas dependencias desde 2006, no prosperó.

Diversas fuentes confirmaron que los empresarios del sector forestal la boicotearon, pues temían que el costo del proceso recayera en la industria, además de que lo vieron como una sobrerregulación.

Otras propuestas -impulsadas por organizaciones y comunidades- apuntan a la necesidad de buscar mecanismos para que los grandes consumidores de madera (industria de la construcción, de fabricación de muebles, tarimas y embalajes, así como a los contratistas del gobierno para obras de infraestructura) se comprometan a adquirir solo madera legal.

En estados como Chiapas, tam-

bién se han presentado proyectos para combatir la tala ilegal; propuestas que tienen como base el impulso del manejo forestal comunitario. Hasta ahora, siguen esperando su aplicación: “La atención a este ilícito tiene que ser gradual, empezando por lugares y municipios con mejores condiciones o posibilidades de éxito”, señala René Gómez Orantes, coordinador de Bosques y Gobernanzas de Chiapas.

En un momento de crisis generada por la pandemia del Covid-19 -destaca Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mocaf-, en el que es necesario reactivar la economía y crear empleos, impulsar un mercado legal de madera permitiría fortalecer el mercado interno; “sobre todo si se toma en cuenta

que se produce legalmente menos de la tercera parte de la madera que se consume en el país”.

También hay propuestas desde el exterior que piden fortalecer el combate directo a la tala ilegal.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por ejemplo, ha recomendado al gobierno mexicano: “incluir la comisión de delitos contra la vida silvestre y los bosques entre las actividades realizadas por delincuencia organizada. Si esta inclusión no se realiza, difícilmente podrá perseguirse la delincuencia organizada vinculada con el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre, pues tendría que perseguirse indirectamente a través de la investigación, persecución y sanción de otros delitos que no necesariamente tendrían como objetivo proteger los recursos naturales”, señala el documento “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques”.

Desde 2014 no han sido escuchados.

Mongabay es una página de información con noticias sobre conservación y ciencias ambientales.

Gran parte de Mongabay funciona como parte de nuestra organización sin ánimo de lucroMongabay.org -desde 2012.

22

Julia Ramírez trabaja para que todo funcione en el refugio a pesar de la poca afluencia de personas migrantes.

Serie: Migrar bajo las reglas del Covid

Las Patronas sobreviven y se reinventan durante la pandemia T E R C E R O

D E

U N A

S E R I E

Una pequeña capilla recién construida en el comedor de Las Patronas, ubicado en Guadalupe La Patrona, Amatlán de los Reyes, Veracruz, para que las personas migrantes tuvieran dónde orar, se convirtió en el único refugio disponible para las personas migrantes que llegan después de largos recorridos en medio de la pandemia del Covid-19 R O D R I G O

S O B E R A N E S Fotos: Javier García

L

a famosa cocina ubicada en el centro de Veracruz, donde diariamente se ha preparado comida para multitudes de migrantes, ha ido cambiando a lo largo de sus 25 años de historia. Pasó del fogón de leña a las hornillas de gas. De las ollas pequeñas a los grandes recipientes. De un par de cocineras a nutridos grupos de voluntarias.

Al lado de la cocina se construyeron cuartos para ofrecer hospedaje a voluntarias y voluntarios, así como albergue a migrantes en casos puntuales. La última reforma ha sido la construcción de una capilla de piedra, financiada por la orden franciscana, que se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del vigésimoquinto aniversario de Las Patronas.

Sin que lo supieran, al inaugurar la capilla estaban estableciendo el que se convertiría en el único albergue para migrantes abierto en cientos de kilómetros a la redonda. Días

después de su inauguración, cuando ya habían noticias que hablaban sobre los estragos en América del virus originado en China, los demás centros de ayuda humanitaria para la población en tránsito comenzaron a cerrar sus puertas.

De hecho, el mismo día de la inauguración el gobierno de México inició un diagnóstico de la capacidad hospitalaria ante la inminente llegada del virus y el 28 marzo inició la Jornada de Sana Distancia, que fue el instrumento de las autoridades para pedirle a la población que se quedara en casa.

El 2020 había comenzado con un fuerte incremento del flujo mi-

23 gratorio, según muestran las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Durante los tres primeros meses, la COMAR había registrado un incremento del 34 por ciento de solicitudes de refugio recibidas con respecto al mismo periodo del 2019.

“Eso quiere decir que las tendencias de incremento continuaban este año. Se sabía del covid pero todavía no impactaba en México”, dijo el coordinador de la COMAR, Andrés Ramírez Silva.

Pero el cierre de las fronteras en el norte y el sur de México trajo “un cambio tremendo” que se reflejó en abril, cuando la cifra de solicitudes bajó en 86% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La disminución de las peticiones, en opinión de defensoras y defensores de Derechos Humanos consultados en distintos puntos de la ruta migratoria, no significa que la migración haya parado, sino que un brusco cambio de escenario obligó a la población en tránsito a hallar otros caminos y soluciones.

La nueva normalidad de Las Patronas Desde mediados de marzo Las Patronas cerraron la entrada a las habitaciones donde se da hospedaje a hasta 30 personas, y mantuvieron la preparación de comida para quien llegara a pedir alimento.

La capilla, ubicada fuera de las bardas que delimitan el espacio de la cocina y el albergue, pasó de ser un lugar de culto a un lugar de cuarentena donde ese mismo mes fueron llegando sus primeros inquilinos viajeros.

Las medidas se hicieron estrictas: La toma de temperatura al entrar, el confinamiento dentro de la capilla por 14 días, el uso separado de trastes, el lavado de ropa, manos e higiene personal son algunas de las reglas impuestas en el albergue.

“Se quedan en la capilla porque tenemos que cuidarnos nosotras también”, explicó Julia Ramírez el 23 de julio, a nuestro paso por el refugio. Acababa de atender a un guatemalteco que había llegado caminando.

Julia Ramírez le llevó un plato con arroz, frijoles y una pieza de pollo, y un vaso con agua. El migrante comió sentado en una galera fuera de la cocina. Norma Romero, la fundadora del lugar, le ofreció que entrara a la capilla a descansar pero él prefirió seguir. Después de dejar sus datos registrados en la libreta donde Las Patronas llevan el control de personas atendidas

Desde la llegada del Covid-19, el comedor de Las Patronas redujo su actividad y luce en completa calma.

Una llamada para saber qué pasa

La capilla se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del 25 aniversario de Las Patronas.

-José Luis Basurto, nacido el 13 de enero de 1989- siguió su camino.

“Hemos visto que los migrantes nos llegan caminando. Ahorita con esta enfermedad hay muchos albergues que cerraron. Aquí viene uno que otro caminando y los recibimos con reglas de higiene”, contó Julia Ramírez Rojas, integrante del grupo humanitario, desde la cocina de las Patronas, donde habían más

bolsas con pan de las necesarias y las grandes ollas para el arroz estaban en desuso.

“Esto nos agarró de sorpresa a todos”, dijo Norma Romero, iniciadora del grupo. Con un cuarto de siglo de experiencia, las voluntarias tenían ante sí un escenario totalmente nuevo. “No estábamos preparadas para este tipo de situaciones”.

El 23 de julio, Norma Romero, con numerosas interrogantes sobre la situación en la ruta migratoria, tomó el teléfono e hizo una llamada a otra persona que se dedica a dar ayuda humanitaria en la ruta.

-Aquí han pasado de regreso algunos que dicen que donde está muy duro es en Orizaba otra vez.

Están teniendo muchos asaltos- dijo la voz al otro lado de la línea.

-Es que ahí ya no hay nadie que apoye. Por eso yo digo, bueno, ¿ahora cómo le hacemos?, nos vamos enterando de lo que ellos nos van diciendo- replicó Norma Romero.

-Sí, así está ahorita. Coatzacoalcos nada más está dando comida.

En Oluta, como tienen refugiados y están en cuarentena, nada más están dando de comer por afuera a los que pasan. Palenque estuvo cerrado y están empezando a atender a los que están lastimados. Salto de Agua -en el norte de Chiapas, en otra ruta migratoria- sí está funcionando, creo que están recibiendo por una noche nada más. Es que esa zona está muy contaminada. ¿A ustedes no les ha tocado ningún caso?

-No, nos ha tocado nada, bendito sea Dios.

-Bendito Dios, qué bueno.

-¿Ustedes están bien?

18 -Sí, en el equipo se enfermaron dos personas pero no por el albergue, sino que la pescaron por afuera. Dentro del albergue gracias a Dios hasta ahora no. Ahí vamos, aunque aquí en la ciudad de Tierra Blanca la pandemia está en el pico.

-Está complicado. No hay que desanimarnos, hay que ayudar en lo que podamos, ¿no?

-Pues sí, claro que sí. Yo hasta donde sé sí ha afectado bastante, en Oluta hubo un caso dentro del albergue, en Coatzacoalcos también, en Palenque tuvieron algunos casos. A mi me dijeron que está muy, muy difícil. Sé que está muy difícil en la zona de Tapachula, que hay mucha gente contaminada.

Hay mucho riesgo en el viaje.

-Nosotros con los que llegan estamos poniéndolos en cuarentena porque se quedan, se les da alimento pero no pueden ingresar al albergue, hay que estar a las vivas con ellos. Es importante tomar nuestras debidas precauciones- respondió Norma Romero.

Esta región, donde Las Patronas ofrecen alimento y comida a los viajantes, lleva años siendo un foco rojo por los ataques a migrantes. Es uno de los tramos de la ruta migratoria de donde salió la información que usó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar en 2009 la maquinaria de secuestro de migrantes que se instaló en la región.

La capilla recién construida es un lugar de refugio para los migrantes que llegan a Las Patronas, debido a que el resto de los albergues de la región están cerrados. a hacer un par de kilos, y a dejar el café enfriar. Lo calientan, se vuelve a enfriar y lo vuelven a calentar en espera de migrantes que lleguen a tocarles la puerta.

Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.

‘Esto no se puede paralizar’

En el comedor de Las Patronas, los alimentos que reciben en donaciones se acumulan ante la poca llegada de migrantes.

A diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, durante la contingencia llegaban al comedor de Las Patronas personas solas o en grupo muy pequeños, luego de caminar distancias enormes. Hasta antes de marzo lo habitual eran grupos de decenas de migrantes llegados en trenes de carga.

“Están pasando muchas cosas de las cuales tenemos que estar muy atentas. Esto tiene que seguir, no se puede paralizar”, dijo Norma Romero, en referencia al descontrol en la ayuda humanitaria causado por la contingencia.

En las habitaciones había dos migrantes hondureños llegados antes de la pandemia que se quedaron a trabajar en los campos cañeros de Amatlán, en espera de la resolución de sus trámites de refugio en la COMAR. También, relataron las voluntarias, han debido atender a personas mexicanas expulsadas de sus comunidades de México por las carencias económicas causadas por

la pandemia.

Julia Ramírez contó que el tren ya no pasaba con frecuencia durante el día. Había empezado a pasar por las noches, y pese a que iban migrantes sobre los vagones, no podían salir a su encuentro y entregarles comida. Los migrantes iban extenuados y eso podría causar una caída a la hora de intentar alcanzar las bolsas con agua y comida con el tren en movimiento. “Ya van cansados y se nos pueden caer del tren”, explicó Ramírez.

Las grandes ollas para cocinar cantidades industriales de arroz y frijol que antes alimentaban a cientos de personas al día se encontraban en desuso. El rol de actividades en la cocina que cuelga en una pared ya no se sigue al pie de la letra porque la carga de trabajo había disminuido drásticamente.

Ante la falta de afluencia de población migrante aprovecharon para dar mantenimiento a sus instalaciones.

Antes del Covid, según explicó Norma Romero, “eran dos trenes a los que se les daba atención diario y ahí iban los migrantes, posteriormente [con la llegada de la pandemia] empezamos a ver que los trenes comenzaron a cambiar de horarios”. En la nueva situación lo habitual era un único tren diario a la medianoche. Ha habido momentos, dijo Romero, “en que no vimos trenes en una semana”.

Según explicó Juliar Ramírez, antes de la pandemia recibían una llamada desde Tierra Blanca -la parada anterior- cuando salía un tren con migrantes para que estuvieran preparadas con la comida. “El tren se hace tres horas de Tierra Blanca para acá. Hay que hacer el arroz, el frijol y empaquetar”, explicó.

Desde la aparición del Covid en la zona esa llamada dejó de llegar, al igual que los trenes. La cuenta atrás de tres horas se detuvo. Las patronas, que preparaban hasta 12 kilos de arroz diarios, empezaron

Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007 fundó el Colectivo Audiovisual Sacbé Producciones, enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México.

En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.

Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes: Migrar bajo las reglas del Covid

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente. https://quintoelab.org