Contexto25102020

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Tiempos militares

La violencia de los sexenios de Calderón y EPN, en hechos de alto impacto donde se involucran militares, bajo una nueva luz frente a las revelaciones del proceso judicial en EU contra el General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de Defensa. Fragmentos del libro La Tropa. Por qué mata un soldado, de Daniela Rea, Pablo Ferri y Mónica González.

LETRAS DE MAQUÍO

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Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal, y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos, en un espacio al que hemos titulado Letras de Maquío.

Libertad política y libertad económica MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN Hoy que están en boga tantas formas de colectivismo, o cuando menos mucha gente piensa que toda la individualización es egoísta, vale la pena meditar en lo bueno y lo malo de la antítesis del colectivismo: el liberalismo.

En primer término, es necesario aclarar qué se entiende por liberalismo, palabra a la que se le han dado significados peyorativos desde diferentes sectores del pensamiento y de la vida social.

Basados en nuestras experiencias históricas, para muchos mexicanos liberalismo significa lucha contra la religión, muy particularmente la católica, y la palabra liberalismo viene a ser sinónimo de irreligiosidad, cuando menos, de anticlericalismo.

Para todos, liberalismo es el equivalente a relativismo doctrinario y en este sentido ha sido utilizado por los papas del siglo pasado en varias encíclicas y, menos frecuente y enfáticamente, por los de este siglo. El liberalismo, bajo esta acepción, es la doctrina que sostiene que en materia social no hay valores absolutos, sino que son mutables, según sea la opinión variable de las mayorías. Según esta tesis, se pueden violar los derechos naturales de la persona humana por el solo hecho de que la mayoría así lo ha acordado.

La palabra liberalismo también trae a la mente el sistema económico político prevaleciente en la primera mitad del siglo pasado, asociado con el movimiento de Mánchester, según el cual había que mantener la libertad irrestricta de contratación entre los factores de la producción, sin intervención alguna del Gobierno, excepto aquella, propia de los gendarmes, que solo se produce cuando las reglas del juego son violadas.

Por último, a la palabra liberal se le ha dado el contenido que tiene en Estados Unidos, exactamente lo opuesto al generalizado en las demás partes del mundo; es decir, mientras en el resto del planeta un liberal es una persona que lucha porque la intervención del Gobierno en la vida económica y social del País se reduzca al mínimo posible, en Estados Unidos un liberal es aquel que tiene como ideal un mayor intervencionismo estatal y una disminución de las libertades económicas del hombre.

El liberalismo, en su correcta acepción, es bandera en el mundo moderno. Tal como lo pregonan los partidos y pensadores liberales

de Europa, América Latina, Japón y otras partes, no es lo más mínimo antirreligioso; por el contrario, sostiene que es libertad inherente a la persona humana tener y profesar la religión en la que cree y darle culto público a Dios según sus propias preferencias, siempre y cuando esto no implique una limitación de este mismo derecho a los que tienen diferente religión.

El liberalismo cree en la libertad de educación; es decir, sostiene el principio de que son los padres de familia quienes deben determinar el tipo de educación que debe dárseles a sus hijos y el Estado no tiene el derecho de imponer un determinado tipo de educación a los alumnos, aun cuando éstos formen parte de una pequeña minoría. Cuando mucho, el Estado podrá dar una educación neutra en materia filosófica y trascendente, por tener la imposibilidad física de dar tantos tiempos de educación cuantas sean las preferencias de los padres. En todo caso, jamás debe imponer una educación dogmática, en contra de la voluntad de algún padre de familia.

Tampoco el liberalismo pretende hoy en día dar plena libertad a los particulares para abusar en sus contratos de trabajo y en los contratos de compra-venta de los ciudadanos más débiles, sino que acepta que el Gobierno puede y debe intervenir en la vida económica para evitar la explotación, para asegurar la libre competencia y para llenar las deficiencias u omisiones de los particulares. Por esta razón, el liberalismo moderno, donde ha triunfado, lleva el nombre de economía social de mercado, porque respeta el derecho fundamental de los individuos para actuar en el campo económico, según las leyes de mercado, pero los limita cuando son vulnerados los intereses de la sociedad. Por esta razón, en la economía social de mercado se sostiene, como principio fundamental, el evitar los monopolios de cualquier tipo, ya sean de empresas particulares, de grupos de empresas (trust, carteles), de cooperativas o de dependencias del Gobierno. Sostiene, invariablemente, la necesidad de un sistema avanzado de seguridad y preconiza que es indispensable la estabilidad monetaria que, a su vez, requiere la independencia de los poderes públicos del Banco Central y la independencia de la banca comercial al banco emisor de dinero.

Jueves 9 de febrero de 1984

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

“Hoy que están en boga tantas formas de colectivismo, o cuando menos mucha gente piensa que toda la individualización es egoísta, vale la pena meditar en lo bueno y lo malo de la antítesis del colectivismo: el liberalismo”.

3 CRECE O MUERE, VENTAS CON ESTRATEGIA ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE www.salexperts.com / Facebook: @Salexperts, @ACAldrete. / Linkedin: Alberto Cárdenas Aldrete

T2-A2.- Toda estrategia parte del MERCADO

L

a frase: “Toda estrategia parte del mercado”, me la vas a escuchar decir muchas veces. Aunque a veces sí soy un poco necio (por lo menos eso me dicen en mi casa), repito continuamente esa frase por la importancia que representa para las empresas. Además, es sorprendente la cantidad de veces que nos hemos encontrado en los proyectos de la consultoría a empresas que no tienen identiicado con claridad su mercado. Pero, el caso más frecuente es el de empresas que sí lo tienen deinido, pero que no pueden contestar preguntas básicas con implicaciones directas sobre su posibilidad de subsistir en el tiempo.

Hace unas semanas iniciamos un proyecto con un entusiasta empresario que se dedica a la limpieza industrial con alta tecnología. Ante la pregunta: ¿A qué mercado vas dirigido?, su respuesta fue: “a cualquier empresa o industria que requiera servicios de limpieza, ya sea una gran fábrica o un restaurante”.

Lo más importante de hacer notar es que, para no irnos con la inta, lo que está deiniendo es lo que hacen, no para quien lo hacen. Lo segundo, si es que está deiniendo el mercado así de ambiguo y por ende enorme, implica un desenfoque monumental.

Con una deinición de esta forma, no podremos responder cuestionamientos estratégicos claves como: ¿Qué parti-

cipación de mercado tengo? ¿Cuánto puedo crecer en mi mercado actual? ¿Cuáles son mis principales diferenciadores? ¿Son realmente decisores de compra? ¿De qué tamaño tiene que ser mi fuerza de ventas?

Suena que deberíamos de conocer esas respuestas, ¿no?

Empieza deiniendo claramente tu mercado.

Para deinir el mercado, propongo cuatro criterios que requieres evaluar para que esta deinición sea viable estratégicamente.

Tamaño. ¿El tamaño del mercado es suicientemente grande para escalar las ventas? Tengo una frase que releja la postura para evaluar este criterio: “El mercado tiene que ser suicientemente grande para que te permita multiplicarte pero lo suicientemente chico para no ser irrelevante”. Determinando el tamaño del mercado, podemos conocer nuestro market share, si tienes un 1.5 por ciento o un 40 por ciento, implica estrategias muy diferentes.

Tendencia. ¿El mercado está en crecimiento o se está reduciendo? Hace muchos años leí una entrevista a José Antonio (Diablo) Fernández (CEO de Femsa) que decía: “el mejor negocio que puedes tener es una embotelladora de Coca Cola bien manejada, el segundo mejor es una embotelladora mal manejada.” Hay que subirnos a las tendencias y esta crisis nos ofrece muchas tenden-

cias a las cuales sumarnos… y otras más de las cuales bajarnos.

Fertilidad. ¿Son nuestras ventajas competitivas valoradas en ese mercado?

Los productos, para los dueños, son como los nietos. Todos son bonitos, simpáticos, deportistas, inteligentes, etc. Ya si de plano el niño no tiene de dónde, pues “tiene ángel”. En 16 años de consultor en ventas, solo un par de veces he recibido un comentario diferente a: “mi producto es el mejor” (lo que esto signiique) o bien “mi producto es el de más calidad” (lo que esto signiique).

Dos fallas típicas en las empresas: La ventaja que dicen tener no es cierta.

La ventaja realmente no es relevante para clientes.

Si no has realizado estudios de mercado recientes o rediseñado tus productos en los últimos meses, es momento de hacerlo.

Competencia. ¿Ese mercado se encuentra especialmente peleado? En los últimos 15 años la tecnología ha eliminado las barreras de entrada a nuevos países y en los últimos 10 los productos chinos han invadido. En los últimos años la competencia de los periódicos es Google y la de Walmart es Amazon, así como en los últimos meses la nueva competencia de los desarrolladores de oicinas y empresas de coworking spaces es el home oice. Antes era mucho más sencillo determinar quién es tu

n Consultor en estrategia

de ventas, escritor, conferencista, empresario y filántropo.

n Además de participar como

consejero en varias empresas, y escribir sobre conceptos en ventas y mercadotecnia, dirige la firma de consultoría Salexperts desde 2004.

n Graduado de Ingeniería

en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.

competencia; si eres independiente, ahora hay tal vez cientos de miles de personas en el mundo que pueden hacer lo que tú haces. Más competencia, menos margen, punto. No entres al mercado si hay un océano rojo (Blue Ocean, W. Chan Kim). ¿Quieres que tu empresa crezca en el tiempo? Son cuatro criterios, no se trata de que escojas dos o tres, tienes que diseñar tu negocio para salir bien en los cuatro.

ALFONSO MENDOZA

El trabajo de todos los días

n Disney institute, IPADE,

ALFONSO MENDOZ A Poncho@infocusconsultores.com Así como los libros, las películas, los videojuegos y las canciones, también hay mensajes que valen la pena volver a leer. Este fue un correo entre mis socios hace un año: Todos los negocios tienen altas y bajas, todos tienen malas decisiones y buenas decisiones, todos tienen errores y aciertos, todos tienen pérdidas y ganancias... el éxito depende de que los aciertos, las buenas decisiones y las ganancias siempre sean mayores. Sin embargo, siempre debemos aceptar que también va a haber errores, malas decisiones

ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE

Wharton.

y pérdidas, esas se deben aceptar cuando es intentando algo nuevo.

Lo que no debemos aceptar es tomar decisiones que impliquen algo no ético, pero no solamente por la parte moral (que es muy importante) sino también por la parte del negocio. Los negocios éticos ganan más dinero a la larga, tienen más permanencia. Seguir el camino no ético, te lleva a mejores resultados y más rápidos, todo en el corto plazo pero no te ayuda a formar una empresa que permanezca, pues le estás enseñando a tus colaboradores que

también te pueden jugar mal, te estás arriesgando a que te quiten de un negocio, te multen o incluso hasta la cárcel.

Entonces, acepto sin pestañear un débito o una pérdida que se hace intentando, ya hemos tenido muchos casos de esos, lo que les pido es, que los débitos no sean por malos manejos, por cruzar esa delgada línea. El hacer lo correcto es un trabajo de todos los días, a veces podemos caer pero debemos seguir intentando, es de todos los días. Algunas veces, alguno va a querer ceder pero

n Inició su carrera como

Consultor de Negocios en el 2003, fundador de Infocus Consultores ha contribuido a la simplicidad y crecimiento de más de 500 empresas.

n Socio y fundador de Grupo

Merlin, participa en consejos de administración de diferentes industrias.

nos tiene a todos los demás para ayudarnos a no hacerlo. -Gilberto Aispuro F. ¡Diviértete!

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Durante sexenios de Calderón y EPN: al menos una balacera diaria con militares involucrados

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esde 2006, cuando iniciaron los operativos ordenados por el Presidente Felipe Calderón, hasta octubre del 2018, se registraron al menos 4 mil 272 balaceras de militares y civiles (armados o no armados). La cifra anual de enfrentamientos creció de manera consistente hasta el año 2011, para luego disminuir y tener un repunte en 2017. México registró de media al menos una balacera entre militares y civiles todos los días durante 11 años.

Según los propios registros de las fuerzas armadas, 200 militares y 3 mil 907 civiles murieron en los eventos registrados desde diciembre de 2006 hasta abril de 2014, año hasta el que se tiene registro de civiles muertos. En promedio, un civil muerto en cada enfrentamiento durante ocho años, 20 civiles por cada militar: cifras monstruosas.

Después de esa fecha no sabemos cuántos civiles han muerto, la Se-

Desde diciembre de 2006 hasta abril de 2014 hubo una balacera diaria. Por cada militar muerto en estos enfrentamientos, 20 civiles murieron. Después de abril de 2014, la Sedena dejó de informar estas estadísticas. La violencia de estos sexenios cobra nuevos significados, ahora frente a las revelaciones del proceso judicial en EU contra el General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de Defensa D A N I E L A

R E A

Reportera. autora del libro ‘nadie les pidió perdón’ y coautora del libro ‘la tropa. por qué mata un soldado’. dirigió el documental ‘no sucumbió la eternidad’. escribe sobre el impacto social de la violencia y los cuidados. cretaría de la Defensa Nacional dejó de informar sobre civiles muertos y heridos.

El número de personas no uniformadas que murieron en los tiroteos con soldados mexicanos supera el número de muertos en tiroteos con otras fuerzas de seguridad como la Policía Federal y la Marina.

Por ejemplo, en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, la Policía

Federal tuvo 498 choques con civiles en los que murieron 7 personas no uniformadas por cada policía.

En el caso de la Marina, que tuvo 235 choques, murieron 8 personas no uniformadas por cada marino.

Es importante señalar que su despliegue en las calles ha sido menor: la Policía Federal tuvo en ambos sexenios entre 20 mil y 30 mil elementos, mientras que la Marina tu-

vo alrededor de 17 mil.

La relación de militares muertos versus civiles muertos no es normal para una guerra. Según el “índice de letalidad”, una fórmula empleada en países como Brasil, Argentina y Venezuela para calcular la fuerza mortal de los ejércitos o las policías en distintos conflictos, los soldados mexicanos que patrullan las calles del País matan más que muchos de

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Fotos: Noroeste

sus pares en el mundo: 8 personas por cada una que resulta herida, cuando lo deseable es una persona muerta por cada persona herida. ¿Incide en ese nivel que, a diario, un pelotón del Ejército Mexicano se involucre en un tiroteo en un cuarto de los municipios del País?

Los militares no responden -todos nuestros pedidos de información y entrevista fueron negados por la Sedena durante tres años- y la evidencia de que fenómenos oscuros rodean numerosos operativos es incontestable. En muchos casos, esas acciones han involucrado violaciones rampantes a los derechos humanos, crímenes disimulados con mentiras y montajes, ajusticiamientos, desapariciones de personas y asesinatos.

Sobran brutales ejemplos de esos cruces de caminos.

El 30 de junio del 2014, cuando Salvador Cienfuegos ya era Secretario de la Defensa Nacional, un convoy de militares asesinó a un grupo de civiles, algunos armados, en Tlatlaya. En una bodega de ese paraje del Estado de México, un grupo de soldados mató a 21 hombres armados y a una adolescente.

Los soldados adujeron un enfrentamiento normal, los atacaron y ellos respondieron. Pero según la investigación de la CNDH, de las personas que murieron esa noche, entre 12 y 15 fueron asesinadas cuando ya se habían rendido.

Matar, mentir Durante estos cuatro años de investigación hemos escuchado relatos parecidos de boca de numerosos soldados: vas con una mi-

DETENCIÓN El jueves 15 de octubre, en el aeropuerto de Los Ángeles, fue detenido el General Salvador Cienfuegos, quien se desempeñó como Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le fincó al menos cinco cargos relacionados con el narcotráfico, entre los que se le acusa de dar protección al Cártel de los Beltrán Leyva. Fue trasladado a Nueva York, donde se le seguirá un proceso legal.

sión, pero acabas en otra historia.

Vas a defender la ley y terminas quebrándola.

Las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las sentencias judiciales contra soldados muestran una sucesión de episodios similares: una acción militar que debía asegurar la legalidad desemboca en una crisis donde las fuerzas armadas violan la ley que juraron defender.

Esas ilegalidades suceden por diferentes motivos.

Porque los jefes han ordenado a La Tropa acabar con todo lo que se les cruce: no quieren soldados muertos.

Por falta de pericia y formación de los soldados.

Porque pasan demasiado poco tiempo en entrenamiento de combate donde intervienen civiles -o, porque al combatir en las ciudades, los civiles pueden ser daño cola-

teral- o porque pasan demasiado poco tiempo practicando tiro.

Porque disparan pocas salvas de entrenamiento a blancos fijos y menos aún a blancos móviles.

Por el miedo, el estrés o la ansiedad.

Por pánico.

Por la confusión que generan los disparos.

Por el tipo de armamento -los soldados usan calibre 5.56 y 7.62, con fusiles como el FX-05 que tiene una capacidad de disparo de 850 tiros por minuto con un alcance de hasta 800 metros y en años recientes comenzaron a usar calibre 50, capaz de tumbar blindajes.

O por la burocracia del enfrentamiento -un soldado nos contó que matar a una persona era menos engorroso que dejarla herida: con el herido debían llamar a una ambulancia, trasladarla, llenar formularios, responder preguntas en hospitales y, claro, si el herido es un tipo malo de verdad, un buen día también podría vengarse.

Por el relato de sospechas que los soldados han construido sobre aquellos a quienes enfrentarán, a los que los soldados han asumido como un enemigo: alguien que camina sospechoso, conduce una camioneta sospechosa con vidrios polarizados sospechosos, parece que, sospechosamente, sacará un arma.

Por el deber marcial de acabar con ese enemigo. Por la determinación patriótica de defender a México del crimen organizado. Porque, claro, son soldados: La Tropa está allí para obedecer órdenes de sus jefes.

Las variables que posibilitan que un soldado dispare y asesine son numerosas. ¿Cuáles de esas variables emanan de la formación militar? ¿Cuáles condicionan la predisposición a matar? ¿Cuáles son inherentes al nervioso proceso de decisión de un muchacho de poco más de 20 años que siente que si no mata puede morir? ¿Cuáles son inherentes a, tal vez, un retorcido deseo?

El Ejército ha sido la punta de lanza en la estrategia de seguridad de tres gobiernos sucesivos de México desde 2006: el de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y, tras sus anuncios una vez convertido en Presidente, el de Andrés Manuel López Obrador.

En diciembre de 2006, el Presidente Calderón estrenó su mandato ordenando el despliegue de miles de militares por todo el País, en sustitución de unos cuerpos policiales corrompidos. Comenzó por Michoacán, a donde envió 4 mil efectivos y ordenó sobrevuelos con helicópteros y el cerco naval de sus costas. Le llamó Operación Conjunta Michoacán y su propósito era recuperar “los espacios públicos que la delincuencia organizada había arrebatado”. El plan: erradicar plantíos de marihuana y amapola, realizar cateos, ejecutar órdenes de aprehensión, desmantelar puntos de ventas de droga y controlar las carreteras y costas de todo tráfico.

La ascensión de Enrique Peña Nieto a la Presidencia en 2012 no supuso una modificación en la estrategia de seguridad. Por el contrario, la presencia militar en las calles aumentó.

En 2018, antes de asumir su mandato, Andrés Manuel López Obrador dijo que resultaba imposible para él mandar a los militares de vuelta a los cuarteles, dada la crisis de inseguridad que sufre el País. López Obrador dijo que los soldados, adscritos en Gobierno a la Guardia Nacional, seguirían haciéndose cargo de la seguridad de las ciudades mexicanas. *Este texto está elaborado con fragmentos del libro La Tropa. Por qué mata un soldado (Aguilar 2019), de Daniela Rea, Pablo Ferri y Mónica González.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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Las aguas subterráneas son casi invisibles; si a eso se le suma una clasificación poco clara de los usos que se les da al ser concesionadas y la incapacidad de la autoridad para verificar su adecuado uso, se entiende por que se encuentra sobreexplotada y distribuida inequitativamente

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ualquiera puede ver cuando un río se seca, oler la fetidez de un lago demasiado contaminado o darse cuenta que el agua de una presa enferma a los animales que beben de ella. En el caso de las aguas subterráneas, nadie lo nota. Esto ha permitido su acaparamiento privado para generar riqueza a costa de la sobreexplotación de los recursos hídricos e ignorando el derecho humano al agua, lo cual incrementa la desigualdad social y económica.

Cuando se habla de estos temas, la respuesta recurrente de la Comisión Nacional del Agua desde hace dos décadas es que son los agricultores quienes usan más agua.

En efecto, “si vemos las concesiones de extracción subterránea, hasta el 2019, entre el 70 y el 75 por ciento de ellas son agrícolas, pero si dividimos por deciles, el 10 por ciento de concesionarios más ricos en caudal subterráneo consumen más del 60 por ciento de toda el agua que está concesionada”, explica el académico de la UNAM y ambientalista

Samuel Rosado.

Buena parte de esas concesiones se encuentran en el norte del País. De igual forma, entre los cinco estados de la frontera norte, más Durango, Sinaloa y Coahuila, concentran 50 por ciento de la producción agrícola del País, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Es muy curioso que en las zonas donde hay más escasez de agua es donde más PIB se genera” expone el académico e investigador de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera.

Esto se debe a que dicha región cuenta con grandes planicies que permiten sembrar cultivos con alto rendimiento.

El problema es que esos estados apenas cuentan con 38 por ciento de las aguas superficiales, así que el riego se realiza con aguas subterráneas.

La desigualdad es tan amplia que “Entre los últimos dos deciles de los concesionarios agrícolas concentran

el 85 por ciento de toda la extracción de agua subterránea”, comenta el investigador Samuel Rosado.

Esto indica que la gran mayoría solo tiene acceso al 15 por ciento del agua concesionada y es que como explica el también director del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del campus León de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera, quienes ocupan ese 85 por ciento de “la extracción del agua, son los agricultores organizados y los grandes productores, no los campesinos, ni los ejidatarios, sino los grandes propietarios agroindustriales”.

Entender lo que explican ambos especialistas es más fácil si superponemos el mapa de concesiones de la Comisión Nacional del Agua con los mapas de pobreza, pobreza extrema y el de accesibilidad carretera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

A simple vista, se puede observar que las zonas de mayor marginación física, económica y social coinciden con aquellas que menos concesiones de agua tienen. Mientras que las

7 regiones con más concesiones de agua, son también las mejor conectadas, dedicadas principalmente a los sectores agrícola, agropecuario, industrial, extractivo y turístico. Cabe mencionar que, de acuerdo con datos del INEGI, ambas zonas tienen una densidad poblacional similar.

Esas prácticas generadoras de desigualdad no son exclusivas del norte. En todo el país “a los pueblos originarios se les negó siempre el acceso al agua para las necesidades más urgentes de las comunidades, mientras se le repartía a los grandes usuarios”, denuncia el doctor Pedro Moctezuma Barragán, miembro de la coalición Agua para Todos, y como ejemplo pone lo sucedido en Valles Centrales de Oaxaca, donde asegura que se entregaron 3 mil concesiones, las cuales incluían a instancias especuladoras, esto es fondos de inversión operados por bancos y empresas financieras.

¿Quién recibe el agua?

Para poder administrar las aguas nacionales, en su mayoría subterráneas, México dividió el País en 13 regiones hidrológicas. Tres de ellas tienen aportes billonarios al PIB nacional, que son Aguas del Valle de México, Lerma-Santiago-Pacífico y Río Bravo.

Las tres están sobreexplotadas y sin disponibilidad para nuevas concesiones de agua, un problema que va en aumento en varias zonas del País, como parte de un fenómeno que la academia ha llamado la invisibilidad social del agua.

El organismo encargado de otorgar concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y permisos para la descarga de aguas residuales es la Conagua, a partir de dos lineamientos jurídicos: la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aguas Nacionales, esta última, como explica Alex Caldera, ve el agua como un bien de valor económico para generar riqueza, principio que se contrapone con la actual visión constitucional que la considera un derecho humano.

Aunque hay excepciones a la norma, una condición fundamental que debe cumplirse para el otorgamiento de títulos de concesión y aprovechamiento de aguas es que la disponibilidad media anual del cuerpo hídrico en cuestión no sea nula o deficitaria.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en varias ocasiones que no siempre se respetan la disponibilidad ni las vedas.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas realizó una comparación de los títulos de concesión registrados en las bases de datos del Registro

Público de Derechos de Agua desde abril de 2015 hasta diciembre de 2018 contra la información sobre la disponibilidad media anual de los acuíferos, publicada en un decreto en el Diario Oficial de la Federación también en abril de 2015. En ese periodo, la Conagua otorgó 77 títulos en acuíferos sin disponibilidad que se concentran en tres regiones: LermaSantiago (61 por ciento), Río Bravo (26 por ciento) y Baja California Sureste (13 por ciento).

En el tema del acaparamiento y sobreexplotación del agua juegan un papel importante las élites económicas y los grupos de poder, tanto nacionales como locales, estos últimos compuestos en varios casos por familias enteras.

Entre sus investigaciones, Samuel Rosado aplicó el índice de Gini para medir la entrega de las concesiones en México. Este instrumento es el estándar internacional para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para cualquier forma de distribución desigual.

Lo que encontró Rosado es que la entrega de concesiones de agua en el País es más desigual e inequitativa que la distribución del ingreso, rubro en el que México está entre el 25 por ciento de países más desiguales del

mundo, de acuerdo con el Banco Mundial.

Las concesiones prohibidas De las 77 concesiones reportadas por Ethos, las más controversiales resultaron ser las que superan los 10 mil metros cúbicos anuales, lo que equivale a 10 millones de litros. Para poner en contexto dicho volumen, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que para garantizar el derecho humano al agua se debe proveer entre 50 y 100 litros diarios por persona, como mínimo. Si tomamos la cifra más alta, se requieren 36 mil 500 litros anuales por persona.

En total, las 77 concesiones suman más 4 mil 708 millones de litros anuales, si usáramos ese volumen para cumplir con el derecho humano al agua, contemplado en el artículo 4º de la Constitución mexicana, se podría abastecer anualmente a 129 mil personas. Para ponerlo en perspectiva, esa era la población de la

ciudad de Zacatecas según el censo de 2010.

Además, “un detalle al que le debemos poner atención es que se conocen los volúmenes de extracción permitidos por la ley, pero no se conocen los volúmenes realmente extraídos”, señala el doctor Edgar Talledos, investigador del programa Agua y Sociedad de la Universidad de San Luis. En una nota de trabajo pública, la Conagua reconoce que solo tiene capacidad para medir 25.3 por ciento del volumen total concesionado a usuarios de aguas nacionales subterráneas, de los usos servicios, industrial y agroindustrial.

En la región Baja California Sur, se encuentran 10 de las 77 concesiones irregulares. Sumadas acumulan más de 558.4 millones de litros anuales; de ellos, la mitad fueron entregados a unidades de riego (principalmente organizaciones de campesinos), a un ejido en disputa, al aeropuerto de La Paz y al Sistema de Aguas Públicas de La Paz, que tiene autorizados 108 millones de litros anuales para abastecer del líquido a los hogares de ese municipio conectados a la red municipal de agua potable.

La segunda parte de dichas concesiones fue entregada a particulares, la más grande de ellas, con 200 millones de litros anuales, fue otor-

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gada a Rosa María González Gámiz, ex Diputada suplente en la LVII Legislatura federal por el PRI y actual presidenta de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche en el municipio de La Paz. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, la producción y venta de leche son las principales actividades económicas de González Gámiz.

Otra de las concesiones otorgadas en esta cuenca sin disponibilidad y detectada por Ethos corresponde a Fernando Andrés Kuroda San, por un volumen anual de 25 millones de litros. Su familia es dueña de Grupo Kuroda, empresa con 54 años dedicada a la venta de insumos para plomería, acabados, equipos de bombeo y soluciones relacionadas con el agua.

Al buscar los apellidos Kuroda San en el Repda, se encontró que entre varios miembros de esta familia acumulan concesiones por un volumen de casi 238 millones de litros para aguas subterráneas y aprovechamientos de aguas superficiales por 81 mil 359m2, cantidad con la que 6 mil 520 personas cubrirían sus necesidades básicas en un año.

Para dimensionarlo, cualquiera de estas concesiones podría paliar en buena medida los problemas de comunidades indígenas marginadas, como los pueblos originarios kiliwa, tipai, kumiai, cucapá y pa ipai, que habitan en Baja California y que recientemente fueron noticia por el asesinato del activista kumiai a favor del agua, Oscar Eyraud Adams.

La sobreexplotación En la cuenca Río Bravo, el volumen de extracción de agua autorizado en zonas sin disponibilidad dentro de la lista de las 77, es cercano a los 680

millones de litros anuales, todas en Coahuila, aunque una buena parte de las y los concesionarios tienen reportadas sus empresas o sus domicilios en el vecino estado de Nuevo León.

También cabe destacar que la mayoría de quienes tienen autorizada la extracción de altos volúmenes de agua dentro de esta lista, poseen más de una concesión de manera personal o bien: las filiales de sus empresas; personas de su círculo familiar cercano; si se trata de empresas grandes, algunos de quienes integran sus consejos de administración, que si bien es algo legal, también es muestra del acaparamiento y de la distribución desigual de la que hablan las personas entrevistadas para este reportaje.

Ejemplo de lo anterior es la Constructora Davi S. A. de C. V., que dentro de la lista de las 77 tiene una concesión por un volumen de 120 millones de litros anuales. La empresa tiene entre sus dueños a Víctor Fuad Mohamar Abugaber, quien personalmente tiene tres concesiones agrícolas por 720 millones de litros anuales y es presidente del consejo de grupo Davisa, una de las principales constructoras de naves industriales y zonas residenciales de Nuevo León, y que previamente obtuvo, en la misma región hídrica, una concesión para descarga de residuos y dos más para extracción de agua subterránea que suman poco más de 923 millones de litros anuales.

También está el caso del Consejo de Administración de Arca Continental, productores de la famosa agua Topo Chico, emblema de Nuevo León. De dicho consejo, al menos 12 personas consejeras o ex consejeras, varias de ellas pertenecientes a

la misma familia, tienen concesiones dentro del marco de la ley por un volumen autorizado de 3 mil 218 millones 209 mil 500 litros anuales, lo que permitiría cubrir el derecho humano al agua de las 91,195 personas que, de acuerdo con el INEGI, no tienen servicio de agua potable en Coahuila.

Eso sin contar que varias filiales de la empresa, como Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V., acumulan concesiones por más de 12 millones 713 mil litros anuales.

“La Conagua en muchos casos no ha cumplido con su función de hacer respetar la sustentabilidad de los acuíferos y fuentes superficiales y ha sobre concesionado”, explica la especialista en manejo de aguas y activista de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), Gloria Tobón Echeverri. Su preocupación no solo se basa en su experiencia local, el World Water Report 2014 de la Unesco señala que México es el séptimo país del mundo que extrae más agua subterránea.

La sobreexplotación hace que las aguas subterráneas bajen de nivel, esto obliga a perforar cada vez más profundo, explica Tobón y agrega “los concesionarios grandes pueden comprar bombas de mayor capacidad, pero hay usuarios que no pueden y prácticamente se quedan sin agua”. Un segundo efecto negativo de la disminución de las aguas es que se ha llegado a las llamadas aguas fósiles, que son altas en arsénico y flúor. Tal es el caso de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Al respecto existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127, que se encarga de regular la calidad del agua para uso y consumo humano; sin embargo, dicha NOM permite que el agua contenga químicos y metales

nocivos para la salud en cantidades mayores que las que están recomendadas por los organismos internacionales, específicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica Julieta Lamberti, directora de investigación de la ONG PODER. En febrero de 2012, el Congreso mexicano elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y le dio 360 días al legislativo para realizar y publicar una Ley General de Aguas que garantizara, en la práctica, el artículo 4º recién modificado.

Ocho años después, esa ley sigue sin existir; alrededor de 10 millones de personas no tienen acceso al agua potable ni cuentan con drenaje. De momento, ya se prepara una iniciativa que se espera se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados antes de que termine el actual periodo de sesiones.

Al investigar sobre la NOM 127, PODER descubrió que había empresas del sector farmacéutico, fertilizantes y de agroquímicos “que estaban muy interesados en que la legislación no cambie y yo supongo, que en el tema de la Ley General de Aguas, la industria de bebidas, las refresqueras, las cerveceras y también la industria minera están interesadas en que no se les impongan regulaciones más restrictivas para llevar adelante su actividad”, comenta Julieta Lamberti.

El uso agrícola De acuerdo con el artículo 192 de Ley Federal de Derechos, están exentos de pago “los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes”. Además, como en principio la agricultura no produce aguas residuales, tampoco están sujetos a solicitar un permiso de descarga.

Esto ha hecho que el uso agrícola se convierta en el gran comodín de las concesiones de agua en México, dado que, como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación y diversas investigaciones periodísticas y académicas, existe un alto número de concesiones agrícolas que en realidad son usadas por industrias o por grandes inmobiliarias.

En el caso de la cuenca LermaSantiago, 3,446 millones de litros anuales fueron concesionados en zonas sin disponibilidad. La concesión más grande fue por 297 millones de litros anuales entregada a Desarrollos y Construcciones Del Centro S.A. de C.V., mejor conocida como Grupo San Cristóbal, la principal construc-

9 tora de vivienda de Aguascalientes.

De los nueve títulos de concesión que posee actualmente el grupo, dos son con fines agrícolas.

“En cualquier zona periurbana hay concesiones de ejidos que se vendieron a inmobiliarios y estas se quedaron con el título agrícola, aunque su uso haya cambiado a urbano”, señala Edgar Talledos, de la Universidad de San Luis. Lo anterior no es del todo ilegal, la Ley de Aguas Nacionales permite el intercambio de títulos, incluso la posibilidad de modificar el uso con tan solo notificar a la Conagua, pero algunas personas prefieren no notificar y aprovechar los vacíos legales de la LAN, por lo que, asegura Talledos, “lo que se tiene que cambiar es la ley”.

En 2014 la investigadora Teresa Souza pidió al organismo de cuenca del Río Bravo, dependiente de la Conagua, que se le entregara la información correspondiente a los contratos realizados entre concesionarios y terceras personas o empresas a quienes les hubiesen vendido el agua, el costo del intercambio y cuánto había recibido el Estado por ello. La respuesta del órgano fue que de acuerdo con el artículo 27 Constitucional y el reglamento interno de Conagua, las aguas nacionales son inalienables y no se encuentran sujetas a actos de comercio, por lo que la Conagua no tiene competencia en dichos intercambios. A pesar de ello, se ha documentado que existe un mercado negro de títulos de agua en México.

Usos poco claros En la actualidad, los usos para la explotación del agua en México contemplados por la Conagua son los siguientes: agrícola, agroindustrial, domestico, acuacultura, servicios, industrial, pecuario, público-urbano, múltiples, generación de energía eléctrica, comercio, conservación ecológica y otros. Para el académico Samuel Rosado, estas categorías son muy limitadas, “la autoridad del agua debería usar el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), pero no quieren” asegura el también activista, para quien resulta preocupante dado que “la actual metodología que tiene la Conagua no corresponde con la realidad del país”.

Un ejemplo de esto lo encontramos en Coahuila, estado que ocupa el sexto lugar nacional en producción de maíz forrajero y alfalfa verde, “hay varias familias que reportan como uso agrícola el agua que usan para estos cultivos, que luego va a servir para alimentar a las vacas” explica Gloria Tobón. El comentario no es trivial, Coahuila exporta cada año 70 mil cabezas de ganado y es el cuarto

estado con mayor cantidad de vacas lecheras según datos del INEGI, Sader y del gobierno estatal.

También existen reportes periodísticos y de varias ONG desde el 2002 que indican que en Coahuila hay más concesiones de agua para la producción de leche y ganado que para el consumo humano. Es de llamar la atención que el segundo y tercer estados con más cabezas de ganado productoras de leche se encuentren igualmente en la región hídrica del Río Bravo, que es donde se encuentra asentada la principal productora de leche de México y una de las más importantes de América Latina.

Por ejemplo, de la lista de 77 concesiones en zonas sin disponibilidad elaborada por Ethos, en Coahuila se encuentra una concesión agrícola a nombre de cuatro personas: las hermanas Samira Barragán Juárez y Gianna María Barragán Juárez, así como la madre y el padre de ambas: Matilde Juárez Rodríguez y Rodrigo Fernando Barragán Villarreal, este último hijo del fundador y miembro del consejo de administración –al igual que Samira– de Arca Continental, la segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina, entre cuyas marcas se encuentran los lácteos Santa Clara.

La concesión detectada es por

140 millones de litros anuales. Las coordenadas proporcionadas por el Repda para el punto de extracción de dicho pozo, coinciden con el Rancho Santa Rosa, en el municipio de Monclova, Coahuila, dedicado a la producción bovina, según datos del padrón de beneficiarios del Secretaría de Agricultura.

El uso de categorías más precisas, coinciden las y los especialistas consultados, sirve para conocer mejor el uso que se le dará al agua, así como a categorizar la extensión e intensidad del uso de los recursos hídricos. “En el sector agropecuario puede permitir establecer la extensión agrícola aproximada y si ese uso corresponde a la precipitación y tipo de cultivo, así como estimar si hay desviaciones del uso o subarrendamientos ilegales de la concesión”, explica Samuel Rosado.

Una de las ventajas del SCIAN usado por México, Canadá y Estados Unidos, es que se basa principalmente en los procesos de producción y la función de esa producción. En los usos industriales, el SCIAN ayudaría a diferenciar el ramo automotriz, del químico, metalmecánico, petroquímico, etc. “Cada una con usos distintos de agua y con descargas muy específicas de residuos, los cuales no son analizados actualmente” comenta Rosado, quien está conven-

cido que “un sistema preciso sería un primer paso para combatir la corrupción y manejo de los derechos de agua”.

Por su parte, la doctora Tobón Echeverri asegura que para solucionar el problema de la sobreexplotación no basta con impedir que se entreguen nuevas concesiones en los acuíferos sin disponibilidad, “sino que hay que buscar la forma para que los acuíferos estén en equilibrio y buscar la forma de reducir las concesiones existentes”.

Ethos es un think tank que transforma investigaciones y experiencias en recomendaciones claras y acciones concretas de política pública que atienden los problemas más relevantes y los principales retos para el desarrollo y progreso de México y América Latina.

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H

ay páginas de redes sociales dedicadas a exhibir a aquellos mexicanos que salen a fiestas o realizan actos considerados imbéciles en plena emergencia sanitaria.

Páginas que exhiben a los llamados “covidiotas”.

En estos perfiles la gente comparte videos, fotos, capturas de pantalla de publicaciones de mensajería como WhatsApp donde los usuarios se organizan para bailes, fiestas de cumpleaños y actividades que en general suponen un alto riesgo de contagio o están en ellas.

En Pie de Página hablamos con el doctor Malaquías López Cervantes, cuyos estudios de maestría se centraron en la Epidemiología. El médico tiene una amplia trayectoria en el área de la salud, durante el sexenio pasado fue director general de Planeación y Desarrollo en la Secretaría de Salud.

- ¿Cómo podríamos definir estos actos?

- La transmisión ha sido intensa a través del año contra lo que se pensó originalmente. Había un supuesto no dicho de que íbamos a tener transmisión al principio durante unas semanas o meses, que después de eso iba a disminuir hasta desaparecer. No fue el caso. Hemos tenido una transmisión bastante alta y se ha sostenido por un tiempo mucho más largo. No fuimos ejemplo, como China, donde subió y bajaron los contagios porque la gente realmente se pudo asilar. En México no.

En México se han renovado las cadenas de contagios, por nuevos casos susceptibles que van pasando a otros que siguen siendo susceptibles y que está muy relacionado con la movilidad poblacional. Nunca tuvimos más allá del 50 por ciento de la reducción nacional y luego empezó a subir otra vez.

Ahorita estamos viendo las consecuencias.

Otra vez están aumentando los casos; no nada más en Europa. Ya estamos viendo en México también un incremento de casos que poco a poco va a ir alcanzando otras partes del territorio; ahorita ya hay una curva de aumento de contagios en Chihuahua. Pronto vamos a ver que en otras regiones va a ir subiendo el contagio porque la población se mueve a través del espacio y va diseminando el contagio.

- ¿Qué comportamiento ha sido acentuado en cuanto a los contagios en México?

- Por una parte se ha exhibido una

COVID-19

¿Covidiotas?, la realidad mexicana de los contagios FOTOS: Adan Valdovines

Entre las nuevas palabras que surgieron durante estos meses de pandemia por el Covid-19 está el término ‘covidiotas’, además de ‘coronnials’ y ‘zoompleaños’ V A N I A

P I G E O N U T T

PIE DE PÁGINA

característica muy importante de la epidemia en México: los contagios entre la gente joven son por lo general benignos y los pasan relativamente rápido y pocas complicaciones. Esto ha hecho que haya segmentos de la población que dicen: ‘¿A mí por qué me tienen inmovilizado si a mí prácticamente no me pasa nada? Yo voy a librar la infección sin consecuencias’.

Entonces esto va creando una especie de rebeldía entre grupos poblacionales que sienten que no es justo tenerlos limitados.

Son jóvenes por lo general los que no tienen miedo a exponerse, los que están dispuestos a acudir a lugares donde se pueden dar los

contagios. Yo creo que deberíamos reconocer esto a través del tiempo.

- ¿Qué hace falta a la estrategia a estas alturas?

- No sabíamos el comportamiento epidémico de esta infección. Los que realmente deben estar aislados y protegidos somos los de la tercera edad, personas que tenemos mayor edad, a veces tenemos enfermedades crónicas que nos vuelven más susceptibles al daño y que en todo caso, en una vivienda se pueden mezclar generaciones y la exposición de una generación de gente joven con gente grande puede acarrear contagio de personas de mayor edad. Genera esta

desigualdad en la vivienda, donde la restricción no nos afecta igual a todos.

Un joven tiene más ganas de salir, se desespera más rápido y busca salir de la vivienda, mientras el viejo, que es el que tiene miedo, se queda dentro de la vivienda, pero los flujos de contagio pueden fortalecerse cada que la gente sale.

Otros efectos de la pandemia: psicológicos El haber suspendido las clases en las escuelas primarias es parte de una medida que es horizontal, todos se quedan en su casa, y los niños son los que menos peligro tienen de contagiarse. Pero dejar a los niños aislados de la casa lo que produce es que los niños van a ser afectados por la falta de socialización. Muchos niños por estar en las escuelas van desarrollando capacidades adaptativas, sociales; hay familias que les pegan a los niños,

11 “En México se han renovado las cadenas de contagios, por nuevos casos susceptibles que van pasando a otros que siguen siendo susceptibles y que está muy relacionado con la movilidad poblacional”.

“Se ha exhibido una característica muy importante de la epidemia en México: los contagios entre la gente joven son por lo general benignos… esto va creando una especie de rebeldía entre grupos poblacionales que sienten que no es justo tenerlos limitados. Son jóvenes por lo general los que no tienen miedo a exponerse, los que están dispuestos a acudir a lugares donde se pueden dar los contagios.

Malaquías López Cervantes Médico epidemiólogo, ex director general de Planeación y Desarrollo en la Secretaría de Salud no tienen manera de comunicarse con otros niños. Son víctimas proporcionadas del aislamiento, se está evitando el contagio, pero se propician estas circunstancias.

El experto advierte: “Se tendría que haber buscado un camino que permitiera una ruta más rápida hacia la inmunidad de grupo, pero a partir de la creación de barreras que impidan el contagio hacia los más susceptibles. En el pasado ya hemos visto cosas al revés: en el sarampión si están todos vacunados, niños de mayor edad y adultos si estamos todos vacunados, somos una barrera que impide que a los demás les dé el contagio”.

Considera que no necesariamente tendríamos que vacunar tempranamente a los bebés. “Pero si generamos barrera de inmunidad porque tenemos resistencia, esa es una especie de embudo que prote-

ja a los jóvenes. En el caso del Covid es al revés, necesitamos tener una especie de embudo que proteja los mas grandes”.

- ¿Cuáles son las expectativas cuando ya esté la vacuna?

- Cuando llegue la vacuna eso va a cambiar. Se vacuna selectivamente a los más viejos y se les quita del grupo de susceptibles. La enfermedad puede correr entre los más jóvenes y ni siquiera llegar a hospitalizaciones.

Yo no he visto a las autoridades con la capacidad ni disposición de entender. Ha habido una postura fija, necia que conduce a estancamientos en las acciones sociales

y al limitar las posibilidades de oposición. Por ejemplo: esto de no querer usar el cubrebocas; es tan estúpido pensar que es algo político. Es algo biológico, de limitar el contagio.

“Yo creo que ha faltado la organización social impulsada por las autoridades de los tres niveles. Que se abran canales de búsqueda de soluciones que de un lugar a otro serán distintas. No se va manejar el problema de la movilidad social y de la distribución y desigualdad de la población que en Chihuahua igual que la de Morelos”.

Prevé: “Vamos a tener una epidemia dilatada. Ha sido un espejismo esto de que va bajando. Que eventualmente vamos a tener un repunte que no necesariamente lo debemos caracterizar a una segunda o tercera ola, de grupos que han entrado en la probabilidad y ola de contagios. Gente que al principio pudo resistir el encierro y que ahora sale, y gente que no lo pudo resistir, pero que ahorita tienen inmuni-

dad y salen. Los caminos que va a seguir el contagio van cambiando […]; la intensidad de la epidemia se mantiene alta, lo de la bajada ha sido un espejismo; y hay una proporción muy alta de personas susceptibles. El contagio encuentra nuevas formas, nuevas vías, va llegando a los susceptibles”.

Concluye: “Esto de las fiestas Covid ¿a quién se le ocurrió? Me parece imbécil: van a llevar el contagio a sus familias, son los grupos sociales que mantienen el contagio.

Pensemos en el impacto del Día de las Madres, luego viene Navidad”.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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Series de Mongabay: ESPECIAL | Mares Saqueados

La flota china que cercó Galápagos arrasa con el mar y evade regulaciones Esta investigación rastreó los nombres y las compañías de 139 barcos de bandera china que pescan en las cercanías de Galápagos. Las naves pertenecen a 34 empresas aunque apenas 10 operan 95 de ellas M Ó N I C A

T E R C E R A

A L M E I D A

D E

U N A

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MONGABAY

S E R I E

Tiburón ballena Foto: Jonathan Green/Galapagos Whale Shark.

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L

legaron como una poderosa cuadrilla de largos troncos de acero acechando los límites de las zonas exclusivas de Galápagos y del Continente. Se ubicaron en las aguas internacionales intermedias y pescaron durante varias semanas, al borde de lo permitido, hasta que poco a poco se alejaron del radar. Son parte de la flota china oceánica que recorre el mundo capturando los recursos que en sus mares ya son escasos. Su presencia desnudó un problema complejo: una actividad poco regulada, controles insuficientes y un marco legal anticuado. El telón de fondo es la escasez de la pesca.

Su presencia desnudó un problema complejo: una actividad de pesca poco regulada, controles poco eficaces y un marco legal anticuado.

El telón de fondo es la escasez de la pesca.

Se sabe que arribaron en junio y que muchos pescan calamar gigante, se les llama poteros. Sin embargo, es muy difícil distinguir lo que sucede dentro de esa gran masa que supera las 300 naves de más de 55 metros de largo cada una, ni siquiera se conoce su número exacto.

“El año pasado estuvieron en la costa norte del Perú, tendrían que haber estado en sur de Ecuador, pero esta vez se acercaron demasiado al santuario de las Islas Galápagos”, aseguró Alfonso Miranda, presidente del gremio Calamasur, del que Ecuador es parte.

Miranda considera a la flota china de ultramar como los “alumnos malos permanentes” de las organizaciones internacionales de regulación de pesca.

La Reserva Marina de Galápagos (RMG) se ha convertido en un gran semillero de especies, pero los animales cruzan fronteras y en cuanto se alejan del santuario se vuelven presa fácil, cada vez hay más barcos para capturarlos, explicó el biólogo Alex Hearn, profesor del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito.

Diario El Universo y Mongabay Latam identificaron al menos 140 embarcaciones y las compañías a las que pertenecen, una de ellas cotiza en la Bolsa de Nueva York, y otras que han violado normas de pesca en Argentina.

Las empresas “Galápagos es un ‘gran exportador’ de pelágicos grandes de importancia comercial y de megafauna marina”, aseguró Pablo Guerrero, director de conservación marina del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Esta publicación forma parte del Especial Pesca ilegal: la gran amenaza a los santuarios marinos de Latinoamérica coordinado por Mongabay Latam en alianza con Ciper de Chile, Cuestión Pública de Colombia y El Universo de Ecuador.

Sin embargo existen algunas especies amenazadas por la presión pesquera. El caso crítico es el tiburón martillo. El 1 de junio pasado, se anunció la prohibición de comercializarlo.

“Eso es un paso adelante porque ahora los pescadores no van a tener ningún incentivo para desembarcarlo”, dijo Hearn.

Los operadores turísticos señalan que un espécimen muerto cuesta

200 dólares pero la tarifa de una semana de buceo para verlos en su hábitat es de 7 mil por persona, fuera de gastos de viaje. Su desaparición sería una tragedia biológica y económica.

La “exportación” de Galápagos es tan abundante que en los mapas satelitales se aprecia cómo los pesqueros industriales, entre ellos las embarcaciones chinas, se instalan como una muralla bordeando los límites de la zona económica exclusiva insular para alzarse con las capturas.

La magnitud de la flota china y su cercanía a Galápagos prendieron todas las alertas mundiales. La flota potera recorre el Atlántico sur y luego sube por Chile, Perú y el sur de Ecuador, son viajes de muchos meses. A mediados de agosto, la Armada ecuatoriana anunció que la escuadrilla constaba de unas 325 unidades. “En este periodo 149 buques han apagado su sistema satelital, eso también se encuentra registrado… incluso algunos buques han cambiado de identificación”, dijo el comandante de la Marina, Darwin Jarrín.

El Universo pudo confirmar con el Comando de Operaciones Insular (Galápagos) los nombres de al menos 139 barcos que componen la

escuadra, más de una tercera parte.

Se partió de una lista proporcionada por el especialista en conservación marina argentino Milko Schvartzman con 280 barcos. De acuerdo con el Comando de Operaciones, el resto de las 141 embarcaciones no aparecía en su sistema o navegaba por otro lugar.

Todos tienen bandera china, están registrados en la Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) del Pacífico Sur (SPRFMO que regula la captura del jurel y del calamar gigante). De acuerdo con la información de la Organización Marítima Internacional (OMI), las naves pertenecen a 34 empresas, la mayoría con sede en Zhoushan, en la provincia de Zheijang, en el Mar de China Oriental. Muchas de estas compañías incluyen en su nombre la ciudad o provincia donde están inscritas.

Diez de estas empresas operan 95 de los 139 barcos identificados en la escuadrilla y algunas operan también más naves registradas en otras OROPs. En general, las compañías los inscriben con un nombre genérico seguido de una cifra.

Así, Fujian Pingtan County Ocean,

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con sede en la provincia de Fujian, es propietaria de 21 barcos que operaron cerca de Galápagos, casi todos construidos en 2019 y cuyo costo puede llegar a los 4 millones de dólares por nave si está muy bien equipada. Sus buques llevan por nombre “Fu Yuan Yu” y una secuencia numérica: Fu Yuan Yu 7602 o Fu Yuan Yu 7890. En la OMI registra 77 unidades en total. Esta firma funciona en la sede de Pingtan Marine Enterprise Ltd., una de las mayores empresas de servicios marinos que cotiza en la Bolsa de Nueva York. En su página web, la multinacional informó que sus ingresos en el primer semestre de 2020 fueron 40.8 millones de dólares y que su lotilla opera en India e Indonesia.

Le siguen las empresas Zhoushan Ningtai Ocean Fish con 18 buques llamados Ning Tai; China Aquatic Products con los denominados Zhou Yu y la irma Zhoushan Jinhai Deep-Sea con los Jin Hai, con diez unidades cada una, y la compañía China Yantai Marine Fisheries con ocho.

A estos 139 se suma el carguero panameño Yong Xiang 9 que fue

inscrito en la OROP del Pacíico Sur (Sprfmo) por Hong Kong Yong Xiang Shipping Limited (con sede en las instalaciones de East Maritime Services Co. Limited, en Hong Kong).

La nave fue grabada en un video a principios de agosto en las aguas internacionales frente a Ecuador, pero según el portal Marine Traic, la última vez que había actualizado su ubicación era en marzo y se encontraba frente a las costas de Japón.

Entre el grupo de empresas, pero solo con el barco Chang Shun No.1, está China Kingdom Shipping Ltd., que funciona en la sede de China National Fisheries Corp. (CNFC), controlada por China Agricultural Development Co., el gran conglomerado estatal. CNFC produce unas 100 mil toneladas al año y está presente en África a través de empresas mixtas.

En marzo de 2016, la marina Argentina le hundió el potero Lu Yu Yuan 10, perteneciente a su ilial Shandong Yantai Marine Fisheries Co., según el portal SeefoodSource.

En la escuadrilla navegan dos barcos que ya fueron señalados por la

Marina Argentina y Revista Puertos de Argentina, por invadir la Zona Exclusiva de ese país en abril pasado, señaló Schvartzman, de la organización Círculo de Políticas Ambientales. Se trata del Run Da 613, de la compañía Zhoushan Run Da Ocean Fish, y el Hai Yang 2, de la empresa RongCheng Marine Fishery Co. Schvartzman dirigió un programa sobre la incidencia de la lota china en el puerto de Montevideo. Algunos operadores utilizan esas instalaciones para reabastecimiento, como la empresa Qingdao Haoyang Ocean Fishery (los Lu Qing Yuan Yu). Varios poteros atracan por razones humanitarias: desembarcar tripulantes enfermos o fallecidos. Desde 2019, algunos de estos barcos fueron el Dong Yu 1519, el Fu Yuan Yu 7614 y el Lu Qing Yuan Yu 276, que integran la lotilla que navegaba cerca de Galápagos.

Dos años antes, la irma propietaria de un barco chino fue denunciada en Uruguay por malos tratos a los tripulantes y en otra ocasión cuatro marineros de nacionalidad indonesia

se escaparon de una nave porque no les habían pagado su salario durante seis meses. La Embajada de Indonesia tuvo que intervenir y repatriarlos.

La Marina de Ecuador indicó que no tiene registros de arribos forzosos de estas naves a puertos ecuatorianos.

En la costa del Pacífico Sur, el principal punto de abastecimiento es Chimbote (al norte de Perú), donde hacen astillero alrededor de unos 300 barcos chinos cada año.

Calamasur impulsa en Perú una regulación para que cuando se reciba a una nave se pueda analizar su sistema de rastreo satelital al menos seis meses antes de su llegada, una norma que ya tiene Chile. El objetivo es asegurarse de que los buques no hayan pescado en zonas prohibidas.

15 La postura de China ines de agosto, el Embajador A chino en Ecuador, Chen Guoyou, aseguró a la Asamblea Nacional en Quito que los barcos reportan cada hora su ubicación y que se le ha pedido “que no pueden entrar por ningún motivo a la zona económica exclusiva de las islas Galápagos”.

El diplomático rechazó que los barcos de su país violen normas internacionales. “Sobre los recientes reportajes de los medios de comunicación privados, de que los barcos chinos han apagado su posicionamiento por satélite, podemos decir que según nuestro monitoreo, excepto unos retrasos o pérdida temporal de la señal, todos los barcos se mantienen operando y utilizando el sistema de seguimiento”, insistió.

Finalmente dijo que “no hemos encontrado ningún caso de que los barcos chinos hayan apagado su posicionamiento por satélite, como ha declarado el Gobierno ecuatoriano y el ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín)”.

Este Diario pidió en dos ocasiones una entrevista con el Embajador Chen Guonyou para hablar sobre el tema pero no la concedió.

Varios directores de programas de conservación entrevistados por El Universo coinciden en el poco control que ejerce el Gobierno chino sobre su lota oceánica y en su récord de “malos alumnos” ante las organizaciones de regulación pesquera (OROPs). Una actuación negligente si se considera que China posee la lota más grande del mundo y es el primer exportador global de productos pesqueros.

En 2018 se alzó con el 15 por ciento de las capturas marinas del mundo y fue el primer exportador con 14 por ciento del total (seguido por Noruega con el 7 por ciento), según el informe de la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) de este año.

El gigante asiático anunció en 2017 su compromiso de reducir su lota a solamente 3000 barcos para el 2020, meta que aún no se ha evaluado.

Las razones enumeradas por los entrevistados son varias. Señalaron que no llevan observadores cientíicos independientes, que recolectan información sobre días de pesca, tipo de capturas, pesca incidental, desechos y transbordos, para enviar sus informes a las entidades intergubernamentales. En el caso de los poteros, la OROP del Pacífico Sur (Sprfmo) aprobó que a partir del 1 de enero de 2021 deberán llevar observadores en el 5 por ciento de las naves.

Las naves -dijeron- tampoco son

Tortuga marina en la reserva marina de Galápagos.

Foto: Parque Nacional Galápagos

controladas debidamente a su arribo, China no ha irmado el “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada”, de la FAO. El tratado es clave, explicó Jorge Guerrero, de la WWF, porque crea protocolos para tener una trazabilidad de las capturas: quién pescó qué y dónde.

Además prohíbe el uso del puerto para transbordo de pesca.

El traspaso de pesca es lo que permite a la lota recorrer el mundo porque entrega su pesca en altamar a cargueros, que la llevan a puerto, mientras sigue navegando.

Otro problema es que apagan la localización satelital, como se probó con el carguero Fun Yuan Yu Leng 999, capturado en Galápagos en 2017, añadieron. En el caso de la lota que cercó Galápagos, algunos barcos no aparecen con su posición real en el portal Marine Traic, no la han actualizado desde hace varias semanas. Sin embargo, el Embajador chino aseguró que según su monitoreo no existe este problema.

En un reporte de China a la OROP del Pacíico Sur sobre capturas de calamar, de octubre de 2019, se incluyen los movimientos de los barcos entre 2016 y 2018. Siempre durante junio, julio y agosto navegaron entre Ecuador continental y Galápagos, y bordearon la zona exclusiva insular.

En esa OROP, China tiene registradas 694 naves con un promedio de 59 metros de eslora.

El informe es una constatación de la escasez: aumentan los barcos pero cada vez capturan menos pesca por nave. Así, en 2014 con 264 barcos lograron alzarse con 325 mil toneladas de calamar gigante, dos años después con 276 barcos alcanzaron 223 mil y en 2018 con 435 naves capturaron 346 mil toneladas. La pesca promedio por barco en 2014 fue de 1231 toneladas y en 2018, 796 toneladas.

La otra OROP, es la Comisión Interamericana del Atún (CIAT), en la que los asiáticos impiden pasar re-

gulaciones más exigentes para los barcos de palangre. En la CIAT, de la que Ecuador también es miembro, las decisiones se adoptan por consenso, es decir con el acuerdo de todos los miembros.

En la Comisión, los barcos cerqueros atuneros (que lanzan una gran red que luego se recoge con ayuda de una grúa) tienen reglas más estrictas que los de palangre, que largan extensas líneas con otras verticales con anzuelos. Para los cerqueros de más de 373 toneladas está prohibido el transbordo en altamar y es obligatorio llevar observadores, mientras que para los de palangre no.

“Los países asiáticos siempre se han opuesto a llevar observadores independientes en su lota palangrera atunera“, comentó un funcionario de la CIAT que pidió la reserva. Estos países tienen el 74 por ciento e esa lota: China con 413 barcos, Corea 193, Japón 189 y Taiwán 134. Ecuador, en contraste, solo ha matriculado a 22 palangreros, ya que la mayoría de su escuadra es cerquera (112 naves).

Pablo Guerrero relató que desde hace cinco años los científicos de la CIAT piden que el porcentaje de observadores suba del 5 por ciento al 20 por ciento, pero la propuesta no tiene consenso. En 2019, el 25 por ciento de los buques ecuatorianos palangreros llevó observadores, mientras que para los chinos, ese porcentaje llegó a 0.07 por ciento.

El palangre tiene un alto índice de pesca incidental porque no solo los atunes quedan atrapados en los anzuelos. La CIAT declaró como especies de vulnerabilidad máxima a la mantarraya gigante y a los tiburones zorro ojón, zorro pelágico, martillo y sedoso.

Los problemas de la lota no son ajenos al Gobierno de China. Si bien recibe subsidios estatales, su crecimiento exponencial genera conlictos. China anunció en junio pasado una veda para el calamar en el Pacíico al oeste de Galápagos, entre julio y septiembre, y en el Atlántico sur, entre septiembre y noviembre.

De acuerdo con el portal Diálogo Chino, que publicó el mapa donde imperaba la veda, eso permitiría la reproducción del molusco. Para entonces, la cuadrilla de 300 barcos ya estaba subiendo hacia Ecuador y se quedó en aguas internacionales donde no se aplicaba la veda.

“Lo ideal sería que China comparta sus estadísticas con la OROP del Pacíico Sur para que esta dicte las medidas de manejo para todos; las medidas de conservación no pueden declararse olímpicamente de forma unilateral”, criticó Guerrero.

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Los tiburones martillo se congregan en las Islas Wolf y Darwin de Galápagos.

Foto: Pelayo Salinas de León

En Galápagos el mar emite sus alertas ás allá de cualquier rastreo saM telital, los galapagueños constataron la llegada de la cuadrilla por

Zonas de veda de pesca de calamar anunciadas por China pasa su flota de ultramar.

Mapa: El Universo Fuente: Diálogo chino

la basura que comenzó a fluir desde fines de junio por el sur. Así como la corriente de Humboldt trae la vida, en los últimos años también nos trae mucha basura: botellas de plástico, zapatos, baldes y hasta redes de pesca, explicó Sofía Green, bióloga que trabaja en el archipiélago. “Las botellas son inconfundibles por los caracteres asiáticos y sabemos que vienen del sur, no llegan desde Asia”, acotó. Otro biólogo aseguró “hemos encontrado palangres y radio boyas con siglas chinas”.

A mediados de agosto se realizaron protestas en las islas y se colgaron decenas de botellas plásticas como una exhibición vergonzosa del daño provocado. ¡Buques de muerte! y ¡SOS Galápagos! fueron las consignas. “Es nuestro capital natural el que está siendo destrozado”, reclamó Nicolás Vera Schies

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Banco de tiburones martillos jóvenes en Galápagos.

Foto: FCD/Pelayo Salinas de León

del Colectivo Frente Insular Reserva Marina Somos Todos.

Solo desde enero de este año, Ecuador está mejor equipado para vigilar sus zonas económicas exclusivas. El capitán de navío, Patricio Mora López, comandante de Operaciones Insular con sede en Puerto Baquerizo Moreno (Galápagos), explicó que la Armada cuenta con un sistema de rastreo marítimo satelital.

Hasta el año pasado esta vigilancia era muy deficiente. Aun así, en 2017 se capturó el carguero Fun Yuan Yu Leng 999, que según el registro de la OMI pertenece a la firma china Fuzhou Honglong Ocean Fishing. La nave había incursionado en la reserva y tenía en su bodega 300 toneladas, en su mayoría tiburones (6223 especímenes). Las investigaciones confirmaron que el carguero tuvo interrupciones en su transmisión satelital. Al término del proceso judicial, Ecuador confiscó el barco valorado en 6 millones de dólares.

Si algún barco no lleva pesca ilegal y solo tiene un problema con sus documentos, por ejemplo, se aplica el Código de Policía Marítima, que data de 1960 y cuya máxima multa es de 5 mil sucres

o 20 centavos de dólar, explicó el capitán Mora. En 2018 se presentó un proyecto de Ley de Navegación, pero aún no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional.

Ecuador deberá presentar cualquier reclamo ante las organizaciones internacionales: la OMI, CIAT y la OROP del Pacífico Sur. El tinte político ya está presente.

No es un secreto que el país atraviesa una crisis económica y que China es uno de sus acreedores con más de $5400 millones. Las sanciones sanitarias impuestas al camarón ecuatoriano han contraído las exportaciones en decenas de millones de dólares. A finales de septiembre, las autoridades propusieron habilitar parte de la flota

pesquera ecuatoriana para capturar calamar gigante y vendérselo a China.

En diplomacia imperan los silencios, sin embargo, Estados Unidos quiere jugar un rol en esta obra que enfrenta al minúsculo Ecuador con el gigante asiático. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha pedido a través de su cuenta Twitter que China controle la “pesca ilegal” de su flota. En el último tuit, posteado el 27 de agosto, Pompeo exigió a China “ser transparente y cumplir su propia política de cero tolerancia a la pesca ilegal”.

Así como el Fun Yuan Yu Leng 999 se convirtió en un símbolo de las amenazas a la RMG, el decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón en Hong Kong, procedentes de Ecuador, el año pasado, es una prueba más del acecho que ronda al oasis. El biólogo Jonathan Green calculó que esos 26 mil kilos de aletas representarían 17 mil tiburones.

“Vamos hacia un colapso genético de ciertas especies y eso ya no es recuperable”, advirtió. ¿Cómo proteger a Galápagos de la presión pesquera? Se barajan varios ases. Se considera una ampliación de la Reserva Marina y el presidente Lenín Moreno lo anunció el año pasado en Madrid. Eso sig-

nificaría una disminución de las 148 millas de Zona Económica Exclusiva por lo que deberá incluir una difícil negociación con la industria pesquera artesanal e industrial que allí opera. La Armada debe completar un estudio geológico para que se reconozca la plataforma entre las Islas y el perfil costero como una sola extensión, y así garantizar la soberanía sobre el subsuelo. Finalmente, se avanza en los estudios científicos para declarar otro oasis oceánico: una migravía entre Galápagos e Isla de Cocos (Costa Rica) para proteger a tiburones, mantarrayas, atunes y otras especies.

Es poco probable que todo se logre hasta junio del próximo año, cuando la cuadrilla de troncos de acero acorrale nuevamente a Galápagos.

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#CrisisForense

La tortuosa búsqueda en los archivos de la muerte Aunque en México hay más de 75 mil personas desaparecidas y 39 mil cuerpos sin identificar, en 7 años las fiscalías del País han ingresado menos del 10 por ciento de esta información a la base de datos nacional que facilitaría encontrar las coincidencias.

Las familias de las víctimas tienen que recorrer morgues de distintos estados del País y someterse a un cruel proceso de reconocimiento de cadáveres debido a la indolencia gubernamental M Ó N I C A

C E R B Ó N

QUINTO ELEMENTO LAB

Ú L T I M O

Ilustración: Alejandra Saavedra

D E

U N A

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uando la luz se apaga, el silencio llena el salón de clases de la Academia de Policías de Puerto Vallarta, Jalisco. En el pizarrón un trabajador del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) proyecta fotografías de personas asesinadas, cuerpos olvidados, no reconocidos, resguardados en la morgue en espera de su identificación desde 2011.

La primera imagen es la de un hombre de unos 40 años. El cuerpo tiene tatuado un guerrero en el pecho, y en el brazo una mujer con un bebé. Lleva “Orgullo mexicano” escrito en el abdomen. En la espalda, la Virgen de Guadalupe. Tiene símbolos mayas y un escudo nacional en la pierna. Viste ropas viejas, rotas y llenas de tierra.

El IJCF muestra la imagen a cuatro familiares de hombres desaparecidos, tres son de Aguascalientes. Está María de Jesús de León que busca a su hijo José Guadalupe Rodríguez, desaparecido hace nueve años en el puerto junto con Arturo Muñoz, hijo de Angélica Romo, también presente. Se encuentra Javier Espinosa, quien busca desde hace 13 años a un hijo que lleva su mismo nombre.

Laura Orozco viaja desde Michoacán en busca de su padre y dos hermanos desaparecidos en 2008 y 2012. Les acompañan ocho activistas que pertenecen al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).

María de Jesús mira las fotografías. Respira profundo y rápido. Javier Espinosa observa atento y de vez en cuando, ante el horror que acompaña a las muertes, baja la mirada. Angélica Romo prefiere no ver.

Una mueca de enojo se dibuja en la cara de las activistas.

Y sigue el desfile de fotografías: “Génesis and Camila”, se lee en otro cuerpo. Su cuello está lleno de moretones. Otro lleva un tatuaje en medio de los hombros con el nombre de un municipio michoacano: Jiquilpan.

Lo asesinaron a balazos. Luego una mujer con un tatuaje de sirena, un corazón y en la pierna un pez espada.

Torturada. Tenía 25 o 30 años.

Son cuerpos irreconocibles. Rostros desvanecidos. Algunos todavía tienen cabello. Uno se tiene que imaginar en dónde estaban los ojos, la nariz, la boca. Después, huesos negros, casi calcinados. Imposibles de distinguir.

Y el silencio

Es imposible encontrar a José Guadalupe, el hijo María de Jesús, ”Chuy”, como le dicen, un muchacho delgado con ojos negros y pequeños, o Arturo Muñoz, hijo de Angélica, de

Búsqueda entre fotografías de personas fallecidas no identificadas en los archivos del IJCF. Fotos: Mónica Cerbón.

orejas grandes y labios reducidos, entre imágenes de osamentas calcinadas y cuerpos incompletos.

Es lunes 17 de agosto. Los familiares observan la presentación de PowerPoint sobre 45 cuerpos y osamentas no identificadas entre 2011 y 2020. La mayoría son hombres de entre 45 y 50 años, solo hay una mujer.

A través de un proyector viejo, la perito Mar Tovar Peña, representante del IJCF en el puerto, muestra una fotografía de extremidades humanas acomodadas encima de una mesa metálica y explica: “De esta persona solo se encontró la mitad del cuerpo, del abdomen para abajo”.

La luz se enciende.

Y el silencio se rompe en reclamos

Javier Espinosa se pregunta cómo podrá identificar a su hijo, si sólo ve cuerpos a la mitad, huesos y rostros desfigurados. “A tu familiar se lo llevaron bien. Que lo vayas a ver de esa manera te trastorna. Hay gente que no aguanta. Nos dañan”, se lamenta. Su hijo Javier llevaba una playera negra sin mangas, un pantalón de mezclilla y tenis blancos el día que desapareció. Era bailarín de breakdance. En abril del 2007 fue a recoger el último pago de un trabajo temporal como albañil cuando un comando armado se lo llevó con otras ocho personas.

Violeta Sabás, del OVSGA, critica

la “tortura” a la que son sometidas las familias obligadas a ver una pasarela de víctimas desfiguradas de las que “solo el 10 por ciento es identificable”.

“No hay madre o padre que pueda reconocer a su familiar en cuerpos irreconocibles”.

Pese a ello, las familias tienen que apechugar y mirar atentas el desfile de horror con la esperanza de encontrar algo conocido: un tatuaje, una cicatriz, una prenda. Y, al mismo tiempo, con el deseo de no encontrar.

La sospecha de que el familiar desaparecido haya sido llevado a una entidad diferente a la de origen es siempre una posibilidad que hace que la búsqueda se vuelva tortuosa e infinita. Las fiscalías estatales oca-

sionalmente intercambian datos, y poca gente tiene dinero para viajar, visitar morgues, abrir gavetas con cuerpos o revisar los archivos de la muerte con la información de cada cadáver ingresado.

Eso motivó el viaje de la primera Caravana Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre Aguascalientes y Jalisco, que recorrió las fiscalías y semefos de Puerto Vallarta, Guadalajara y Lagos de Moreno, en el centro del país, donde hay, al menos, una decena de carpetas de investigación abiertas por la desaparición de personas originarias de Aguascalientes buscadas por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia: Sergio de Lara, de 28 años, salió de viaje en 2011 al municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, y no regresó a casa.

Paola Álvarez, de 16 años, desapareció en 2015 en la comunidad La Lumbrera, Cieneguilla, un ejido golpeado por la pobreza a 15 minutos de territorio jalisciense. Un testigo dijo haber visto cuando un hombre, trabajador del Circo Olímpico, se la llevaba. El testigo, presuntamente amenazado, no dio más información.

En esa misma comunidad, en 2017 se perdió el rastro de Cristian y José Ángel Vázquez, de 22 y 23 años.

El 10 de mayo del 2018, Maricela Aguirre desapareció en Encarnación de Díaz, a 20 minutos de Aguascalientes. De su caso no hay mayor in-

20 formación.

“No hay estrategia de coordinación ni protocolos estandarizados de búsqueda, eso los ha hecho ineficientes”, explica Sabás, coordinadora del OVSGA, asociación que organiza el trabajo del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. Si hubiera coordinación las familias no tendrían que peregrinar entre fiscalías y servicios médicos forenses (semefos) de distintos estados.

La caravana recorrió mil 161 kilómetros para incrustarse en salones reducidos donde se proyectaron imágenes de personas sin nombre y apellido, convertidas en cuerpos descompuestos, asesinados a balazos, molidos a golpes.

Esta es la tercera vez que Chuy busca en un anfiteatro a su hijo. La primera vez fue hace seis años en la Ciudad de México, la segunda en 2018, cuando acudió al forense de San Pedro Tlaquepaque para buscar entre los cuerpos de los tráileres.

Otro peregrinar ha sido el de Angélica Romo y su esposo Arturo, que estuvieron en el semefo de Puerto Vallarta y después en el de Nayarit. Luego en los de Monterrey, Michoacán y Ciudad de México.

“Una se siente afectada, con nervios, es muy triste. Mi esposo casi se desmaya en el forense de Ciudad de México, le afectó mucho”, recuerda Angélica.

Desapariciones transfronterizas José Guadalupe Rodríguez luce una playera azul y Arturo Muñoz una camisa a cuadros café. Posan juntos en el malecón de Puerto Vallarta.

Es de noche. Detrás les acompañan luces adormiladas y el mar. La foto es del 8 de mayo del 2011, el día en que hombres uniformados como policías, con rostros cubiertos y armas largas, llegaron en una camioneta blanca sin placas a los Condominios Cocorit y apuntándoles en la cabeza los sacaron con violencia. En el lugar quedó un zapato de Arturo, una gorra de José y dos cervezas que no alcanzaron a destapar. Tenían 15 y 17 años.

“Yo lo vi todo. Los golpearon. El mío se resistió. Estaban en la terraza.

A mí me apuntaron con una metralleta”, cuenta Angélica Romo, madre de Arturo.

“A mi niño le gustaban mucho las gorras”, platica Chuy, madre de José Guadalupe, y se lamenta porque tardó 15 días en enterarse de la desaparición: “No saberlo antes me dolió mucho”.

La foto es la más reciente que tienen las madres, la tomaron durante esas vacaciones. Nueve años después, la llevan impresa en camisetas para la búsqueda de sus hijos.

A 14 años del inicio de la “guerra

Familiares de víctimas de desaparición colocan carteles de búsqueda en la puerta de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Costa de Puerto Vallarta, Jalisco. aguacate.

Fotos: Mónica Cerbón.

Familiares y activistas llevan miradas de angustia, de impotencia.

Apenas se hablan entre sí. Y así sigue el camino rumbo a San Pedro, Tlaquepaque.

El paisaje de la carretera son árboles frondosos, flores tropicales y plantas enredadas entre los troncos, escenario de crímenes, fosas clandestinas y desapariciones de personas. “Venía maravillada. Luego pensé: ¿cuántos cuerpos estarán perdidos ahí?”, dice, antes de caer contra el narco”, emprendida por el aunque la Fiscalía estatal reconoce la noche, Gloria Romo, defensora ex Presidente Felipe Calderón y prosolo 110. jurídica de las víctimas. longada por sus sucesores, a las faAdemás de 150 kilómetros de milias de personas desaparecidas las frontera, estos estados comparten Las técnicas de desgaste une la esperanza de encontrar a sus proyectos económicos, víctimas de a las víctimas hijos, las empodera la colectividad violencia y crimen organizado. De Es martes 18 de agosto, segundo y las rodea un estado que las orilla acuerdo con información de la Unidía de búsqueda. En el estacionaa realizar sus propias indagaciones. dad de Inteligencia Financiera de la miento de la sede central del InstituPor eso esta mañana, Chuy y AngéliSecretaría de Hacienda el triángulo to Jalisciense de Ciencias Forenses ca revisan la carpeta de investigación territorial entre estos dos estados y (IJCF) en San Pedro Tlaquepaque, de sus hijos en la Fiscalía de Vallarta.

Zacatecas es disputado por el Cártel familiares y activistas esperan sentaEn nueve años las autoridades miJalisco Nueva Generación y el Cárdas en la banqueta. El olor de los quínisteriales han acumulado 572 hojas tel de Sinaloa, principalmente. Pero micos para el tratamiento de cuerpos de oficios de colaboración con otras también hay presencia de Los Zetas, que sale del edificio provoca dolor instituciones y apenas 21 páginas de el Cártel del Golfo, el del Noroeste y de cabeza. Han pasado dos horas investigación. la Familia Michoacana. desde que Sergio Palacios, perito de “Los oficios de poco han servido, A las afueras de la Fiscalía de la Dirección de Búsqueda, se negó a el avance es nulo”, afirma Chuy, quien Vallarta las familias de víctimas se permitirles el ingreso con la excusa se dice determinada a encontrar a su aglutinan para pegar en la puerta de que no podían entrar quienes no hijo “como sea”. los carteles de búsqueda con los rosfueran familiares directos.

En Jalisco hay oficialmente 3 mil tros de sus parientes desaparecidos.

La espera detona una discusión 682 personas sin identificar, una terEn esa labor está Laura Orozco, una con los funcionarios: cera parte de las 11 mil 97 personas abogada de 30 años, hija de Leonel “Los papás de Paola están enferdesaparecidas en ese estado hasta Orozco y hermana de Leonel y José mos, ¿les van a pedir que vengan? octubre del 2020. En contraparte, Iván, desaparecidos en Michoacán ¿Quieren aquí a las familias de las 70 Aguascalientes tiene un registro en 2008, 2009 y 2012, respectivamil personas desaparecidas? Venide 255 personas desaparecidas, mente. La familia es productora de mos a buscarles”, reclama al funcio-

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Gráfico: Omar Bobadilla nario Mariana Ávila, integrante del Observatorio y representante de la familia de Paola Álvarez, desaparecida en 2015.

“Solo familiares con número de carpeta (de investigación)”, responde molesto Palacios.

Al colectivo se unen las hermanas Silvia e Iraís Urrutia. Entraron en contacto con la caravana por redes sociales. Ellas buscan a su hermano Ángel, de 35 años, y al hijo de Silvia, Luis Ibarra, de 24, desaparecidos en Jalisco el 22 de junio del 2019. El último punto registrado por la geolocalización de sus celulares marcó en San José de Gracia, Michoacán, a 20 minutos de los límites con Jalisco. Es la primera vez que podrán hurgar en un archivo forense.

En medio de la espera y discusión con los funcionarios, víctimas y activistas deciden presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco por el mal trato, y a punto de formalizarla, Palacios accede a que ingrese la caravana.

Antes retienen celulares.

Palacios les lleva a un cuarto de paredes blancas y sillones azules.

Ahí, está a punto de transmitirse

una película de horror: la cara más cruda de la violencia mexicana. El aire huele a muerto, para ser precisos a 575 muertos, que están ahí, en otros salones. En el cuarto contiguo, funcionarios cantan Las Mañanitas.

Aplauden y ríen.

El perito presume a las y los buscadores el Sistema para el Archivo Básico de Personas Fallecidas, creado en octubre del 2018 por el gobierno de Jalisco. “Sólo podrán ver fotos tomadas desde esa fecha”, advierte.

No contiene ningún registro de años anteriores porque, acepta, no saben cómo digitalizar “las libretas” con información de personas asesinadas.

Las libretas son carpetas llenas de fotografías impresas de personas fallecidas no identificadas desde, al menos, 2008. “Es el mismo horror, pero impreso en hojas de máquina”, cuenta Javier Espinosa, que buscó a su hijo entre esas fotografías en 2010, cuando visitó las instalaciones de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuen-

cia Organizada (SIEDO), en Ciudad de México. Esta es la primera vez que busca en el semefo de Jalisco.

“No sé cuánto tiempo tardemos en migrar todos los archivos al nuevo sistema”, comenta Palacios. Y tiempo, saben las familias, es lo que menos tienen.

En la pantalla cada registro está clasificado por estado del cuerpo (si fue encontrado completo o no), causa de muerte (desconocida en la mayoría de los casos), fecha de hallazgo y género. Además, hay cuatro íconos de colores en el extremo: amarillo si tiene tatuajes, negro para señas particulares, rojo para fotografías del físico o la osamenta, y azul para las pertenencias con las que fueron encontrados.

No se puede filtrar, por ejemplo, por rango de edad aproximada, lo que implica que, si Chuy y Javier Espinosa quieren buscar a sus hijos, que este 2020 tendrían 24 y 30 años, deben pasar por 13 mil 364 fotografías de fémures y torsos calcinados, caras

amoratadas, cuerpos incompletos, cráneos con tiros de gracia, huesos manchados de tierra o de sangre.

Cabezas encima de mesas metálicas y hasta fetos olvidados.

“Es una técnica de desgaste”, susurra Laura Orozco, miembro de Familiares Caminando por Justicia.

Quienes escuchan asienten.

A las fotografías las antecede un aviso de “Advertencia” en letras rojas, anticipando el horror. Cuando comienzan a desfilar por la pantalla, hay silencio y sólo se escuchan caer gotas de agua de un filtro para desinfectar el salón por la pandemia de Covid-19.

Palacios parece dictar una clase de anatomía. Ejemplifica el proceso de descomposición humana con un trozo de carne: la putrefacción es diferente si le da el sol directo, o si se entierra, o si se hunde en el agua. “¿Se atreven a ver lo que había en esta fosa?”, reta el funcionario. Nadie responde. Las caras son de angustia, de dolor. Enfrente, otra vez, el horror traducido en huesos y rostros carcomidos, desfigurados.

De pronto aparece un cuerpo parecido a Diego Portocarrero, de 44

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Integrantes de Buscando Personas, Verdad y Justicia, y familiares de víctimas de desaparición en la Fiscalía de Lagos de Moreno, Jalisco.

Fotos: Mónica Cerbón.

años. Diego es de Aguascalientes y desapareció en un viaje de trabajo a Puerto Vallarta en abril del 2020.

“A ver, otra vez la foto”, pide Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio. La mira, anota el número de reporte, y el desfile de fotografías sigue.

Después la activista Mariana Ávila exige saber si las muestras de ADN de las familias siguen en resguardo y si cotejan con cuerpos o restos no identificados.

Una década perdida y sin documentación forense

Han pasado 14 años desde la estrategia militarizada de la “guerra antidrogas” calderonista, y aún no se tiene un sistema eficiente de perfiles genéticos que permita cotejar restos de los 38 mil 891 cuerpos sin identificar de los anfiteatros del país, con las muestras de las 75 mil familias que buscan a una persona desaparecida.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la obligación del Estado Mexicano de utilizar perfiles genéticos para la identificación de víctimas, a través de la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero. Durante los úl-

timos años de la administración de Calderón se anunciaron al menos tres diferentes proyectos de identificación a través de muestras de ADN: la Base de Datos en Genética Forense, anunciada en 2010, la implementación del sistema CODIS, un año más tarde, y el programa Genética Forense, que iniciaría en 2012.

En contraste, durante esos tres años se acumularon -al menos- 6 mil 853 cuerpos sin identificar en todo el país, de acuerdo a respuestas obtenidas vía solicitudes de información.

En 2013, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) donó a México una plataforma tecnológica llamada sistema AM/PM (Ante Mortem/ Post Mortem), que “permite gestionar información de personas desaparecidas (AM) y restos humanos (PM) para facilitar la identificación”, estandarizando la forma de registro y facilitando el cotejo entre los datos.

En octubre del 2015 -cuando ya había en México 16 mil 221 personas desaparecidas y 2 mil 374 cuerpos sin identificar- la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció la puesta en marcha del sistema en todo el país. Pero para marzo de 2020 todavía no había sido instalado en dos estados y apenas

22 de las 33 fiscalías tenían conexión con la base unificada que administra la actual FGR. Información entregada por la FGR indica que, para marzo de 2020, la base de datos del Sistema AM/PM apenas contaba con datos de 6 mil 789 personas desaparecidas y 5 mil 400 registros de cadáveres. Siete meses después, las cifras incrementaron otros mil 100 (7 mil 889), largas entrevistas sobre las características de personas desaparecidas, y mil 400 formatos sobre cuerpos humanos (6 mil 817). El rezago es enorme: Quinto Elemento Lab documentó que casi 39 mil cuerpos que ingresaron los últimos 14 años a anfiteatros siguen sin ser identificados.

Un ejemplo, Sinaloa tiene mil 217 cadáveres y osamentas sin identificar, y únicamente ha ingresado a la base de datos AM/PM, que permite hacer el cotejo a nivel nacional, la información de 78.

A nivel nacional sólo se tiene información de tomas de muestras genéticas a 6 mil 550 familiares de las personas desaparecidas, sin que sea claro si las muestras corresponden a más de una persona del mismo núcleo familiar.

Las autoridades forenses y de la

fiscalía de Jalisco apenas registraron alrededor de 162 tomas de ADN, mientras que en Aguascalientes fueron 17.

Ante la falta de ese sistema prometido desde hace una década, las familias de todo el país se ven condenadas a recorrer morgues, observar cuerpos almacenado, mirar las libretas de registros, carpetas con fotografías, periódicos que exhiben muertos, una y otra vez, todos los días de su vida, esperando encontrar la playera azul de José Guadalupe, los tenis blancos de Javier Espinosa, la camisa a cuadros de Arturo Muñoz.

Una tortura

En 2018, cuando fueron descubiertos dos tráileres que deambulaban por Jalisco con 344 cuerpos almacenados, las autoridades de Aguascalientes anunciaron que a través de muestras genéticas se logró identificar a dos de los cuerpos.

Y han sido los únicos.

“El horror echa a andar la imaginación de lo que pudo pasarle a nuestros hijos”, dice Javier Espinosa al salir decepcionado del ICFJ de Tlaquepaque. Y ese horror, quizá, hace que parezca estar siempre despierto o que Angélica Romo no pueda dor-

23 mir; que por la noche mientras el Colectivo duerme en una casa oscura y de renta en Guadalajara, se escuche el rechinido de las puertas y pasos a media noche. Que nadie quiera hablar de los archivos de la muerte.

Lagos de Moreno: el horror y la precariedad Lagos de Moreno, a 40 minutos de Aguascalientes y alejado de la zona conurbada con Guadalajara, es un pueblo mágico color ocre en el que han sido localizadas 29 fosas clandestinas entre 2012 y 2020. Su Fiscalía está rodeada por caminos empedrados. Tiene un moño negro en la entrada y una morgue saturada.

Catalina Mireles, madre de Ana Elvira de 23 años y desaparecida en Lagos en 2015, recibe a la caravana.

Está también Jaime López, un hombre mayor de ojos grandes y llorosos.

Jaime busca a sus “muchachos”: Gilberto y Jorge López Reyna, de 44 y 42 años, mecánicos industriales de profesión. En septiembre de 2019 les ofrecieron trabajo en un rancho de Encarnación de Díaz, a 30 minutos de Aguascalientes. No regresaron.

La región Altos Norte de Jalisco, a donde pertenece Lagos de Moreno, es una de las más violentas del estado. De acuerdo con datos del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, en ese municipio han desaparecido 323 personas desde 2013. Pero se cree que son más, la gente vive atemorizada, no denuncia por temor a represalias. La razón principal de la violencia es la conexión con Aguascalientes, Zacatecas y la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, con sede en León, Guanajuato, el estado con mayor número de homicidios en 2019.

En la zona sólo existe un investigador: Ricardo Arias Mesa, quien llegó en abril del 2020 a trabajar como Agente del Ministerio Público Distrito 3.

La oficina de Arias es pequeña y desordenada, hay pilas de cajas por todos lados, archiveros adornados con bolsos de mano, un calendario escolar, una grabadora vieja, una estampa del Sagrado Corazón, un teléfono de cable encima de tres cajas.

Sillas rotas y polvorientas.

- ¿Qué necesita que le demos para que haga su trabajo? ¿Para buscar a mis hijos?- pregunta, indignado, Jaime López.

- Falta personal para tantas carpetas de investigación. Víctimas y testigos no quieren declarar. Hay poca confianza entre las corporaciones policiacas -reconoce Arias. “Se esperan hasta que encontremos fosas”, dice alguien en la oficina.

A las familias en Lagos de Moreno

Para el reconocimiento de cuerpos, familiares de víctimas se amontonan en un estrecho pasillo de la Delegación del IJCF en Lagos de Moreno.

Fotos: Mónica Cerbón.

no se les permite hacer búsquedas en campo, como ocurre en otros puntos del estado. En Aguascalientes tampoco se permite. A casi un año de la desaparición de “sus muchachos”, esta es la primera vez que Jaime López podrá entrar el instituto forense para buscarlos.

“Uno se siente presionado, nervioso, no sé qué va a pasar si reconozco algo”, se sincera.

La caravana entra a la delegación del IJCF en Lagos de Moreno, donde hay cuerpos que pertenecen a personas de Guanajuato, Michoacán o Estado de México, pero el personal no sabe explicar por qué siguen en esa morgue que, además, está saturada: resguarda 102 cuerpos aunque le caben 87. No sólo retienen, también pierden. El instituto jalisciense tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones, como admitió ante una solicitud de información.

En un pasillo estrecho, familiares escuchan una explicación que bien podría reflejar el rompecabezas de restos humanos en los que se ha convertido el país:

“Estamos viendo, de acuerdo con su perfil genético, qué cabeza le corresponde a cada cuerpo”, explica Enrique Camberos López, delegado del IJCF. Y por las mejillas de algunas mujeres se escapan pequeñas gotas de agua.

A diferencia de los semefos de Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque, en Lagos de Moreno las fotografías de los cuerpos no identificados muestran las escenas del crimen: campos abiertos, patios traseros de casas, brechas rurales. Los cuerpos amarrados con cuerdas, dentro de bolsas negras, semi enterrados, repletos de golpes, calcinados.

Jaime López está concentrado en la imagen de un hombre con el rostro hinchado y golpeado de unos 40 años, casi la edad de sus hijos. Se acerca a la computadora, mira por unos segundos, da unos pasos hacia atrás y concluye: “No, no es”.

Mientras, Chuy y Angélica esperan en la camioneta. Dicen que no pueden pasar otra vez por el mismo proceso: tortuoso, revictimizante.

Este día nadie de la caravana pudo reconocer alguno de los cuerpos.

Chuy a veces siente que no hay esperanza. Mirar imágenes de cuerpos

irreconocibles la pone triste. Y la esperanza sólo regresa, dice, cuando sueña a su José Guadalupe. Vivo.

Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Próximos lanzamientos visita www.quintoelab.org/crisis-forense

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente.