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LA MINERÍA acecha el futuro de los bosques De las más de 200 hectáreas de bosque y selva que hay en el País, el 39% de su territorio está concesionado a la minería

3 LETRAS DE MAQUÍO

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca. Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Necesidad de modernización MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

l Presidente De la Madrid ha expresado recientemente, en forma reiterada, que aquellos grupos o instituciones que no sean capaces de modernizarse están condenados a desaparecer. Evidentemente que lo expresado por nuestro Presidente es valedero para el sector empresarial. Si no somos capaces de evolucionar positivamente y comprender que la economía social de mercado, a la cual aspiramos, tiene la ley de la bicicleta -el que no pedalea se cae- y nos sentamos temerosos a contemplar la solución de la crisis, habremos de desaparecer. Nosotros, los empresarios, somos los creadores de riqueza; los que por vocación estamos impuestos a enfrentarnos a la adversidad; los innovadores al introducir nuevas tecnologías; los organizadores del trabajo humano. Integramos socialmente al que produce y satisfacemos socialmente al que consume. Por ello somos el sector social de la economía. En fin, somos los más capaces de convertir en resultados los planes y políticas económicas ideadas por el Estado, si el Estado es pueblo y gobierno. Para darle trascendencia a nuestra vocación de empresarios, debemos hacer nuestra la frase de Juan Pablo II: “La propiedad privada tiene una hipoteca social que la subordina al bien común” y actuemos solidaria y subsidiariamente por el bien de nuestra patria, que es el apellido que nos hermana con el respeto del pueblo mexicano. Pero regresemos a la frase del primer servidor de la nación, quien reiteradamente ha exaltado la figura de Morelos -“Siervo de la nación”- y pensemos que su mensaje

sobre la necesidad de modernizarse también incluye a otros sectores o grupos, partidos políticos e instituciones educativas y culturales. Qué duda cabe de que la democracia es a lo que todos aspiramos o cuando menos decimos aspirar. Pero vale la pena preguntarnos si no requerimos evolucionar un buen tramo para ir perfeccionando nuestros sistemas democráticos y poder interpretar fielmente y el sentir de las mayorías al respetar la dignidad de las minorías. Y permítaseme profundizar un poco en este concepto. Cuando se efectúa una votación y alguien gana, no significa que los perdedores tienen que subordinarse abyecta e ignominiosamente a los ganadores. Sería pensar que los hombres somos moscas donde mil valen o pesan más que 100. No, lo que significa es que el pensamiento de los ganadores debe ponerse en práctica y la política debe conducirse de acuerdo a lo votado. Si en un tiempo razonable lo ensayado no da resultado, habrá que volver a votar y, seguramente, si se respeta el voto, las mayorías decidirán algo diferente. Me atreví a tratar el tema porque no me cabe duda de que la crisis, como lo dijera el Presidente, obligará a modernizar no sólo nuestra economía, sino también nuestro sistema educativo para formar hombres libres y responsables, así como nuestra política para que sea realmente gestora del bien común, más democrática y participativa. Miércoles 22 de junio, 1983

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

Me atreví a tratar el tema porque no me cabe duda de que la crisis, como lo dijera el Presidente, obligará a modernizar no sólo nuestra economía, sino también nuestro sistema educativo para formar hombres libres y responsables, así como nuestra política para que sea realmente gestora del bien común, más democrática y participativa”.

EL EJIDO NARIGUA

UN SITIO ARQUEOLÓGICO

EN EL OLVIDO

por falta de inversión pública

Autoridades municipales y federales no han invertido un solo peso en el sitio arqueológico más importante de Coahuila en lo que va del año. El Gobierno de la República retiró el presupuesto para que los arqueólogos del INAH pudieran hacer trabajos de campo. Y, cuando el lugar recibe visitantes, se van decepcionados. ¿Cómo se puede solucionar esta situación? J E S Ú S P E Ñ A / V A N G U A R D I A I L U S T R A C I Ó N : E D G A R D O B A R R E R

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Ubicado a 20 kilómetros de General Cepeda, el Ejido Narigua enfrenta condiciones adversas. Si bien el lugar tiene un potencial de turismo enorme, a decir de expertos y funcionarios, no hay inversión pública. Fotos: Omar Saucedo y Homero Briones Amaya

OAHUILA._ El 30 de julio, la imagen de Narigua, a través de sus petroglifos, dio la vuelta a todo el País plasmada en un billete de la Lotería Nacional. Esto sorprendió gratamente a la comunidad coahuilense, sobre todo a la región sureste del Estado. Grupos de excursionistas, amantes de la cultura, la historia y la naturaleza, deslumbrados por la publicidad, visitaron el lugar, ubicado a unos 40 kilómetros de Saltillo, en el municipio de General Cepeda. Apenas llegaron los recibió un camino de terracería lleno de hoyancos. Un sitio arqueológico descuidado: sin guías, ni señalética, sin cédulas explicativas, sin andadores adecuados. Los recibió un estacionamiento deteriorado y dos baños… bueno, dos fosas sépticas que hace años se construyeron con recursos del gobierno federal y estatal, pero que actualmente están clausuradas. El ayuntamiento de General Cepeda ejerce 50 millones de pesos cada año para el funcionamiento de sus diferentes áreas. Así lo confirmó la oficina del ayuntamiento. De ese monto, apenas el cuatro por ciento, es decir, dos millones, son destinados a la promoción de sus sitios históricos. Pero esta

cantidad incluye los insumos de la oficina de la Dirección de Turismo y los sueldos de sus empleados. Es por ello que Narigua, el más grande e importante sitio arqueológico de Coahuila, famoso por sus más de 8 mil glifos labrados en cerca de mil rocas de diferentes tamaños, se ha mantenido, por décadas, en el más absoluto olvido. Esfuerzos aislados se han emprendido para tratar de dignificar esta zona. Sin embargo, tales esfuerzos no han sido suficientes para lograr un desarrollo sustentable de las cerca de 20 familias que, pese a las condiciones de pobreza en que viven, habitan el ejido del mismo nombre y su anexo: El Mogote. Son el municipio de General Cepeda y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los que tienen bajo su responsabilidad la conservación y resguardo de este sitio. En él, los vestigios y grabados datan de 2 mil 500 años. El problema es que no hay dinero para infraestructura y promoción. Estos reclamos cobran mayor relevancia si se considera el potencial para el turismo que advierten especialistas en el tema. “En Narigua la realidad es que es poco (lo que se ha invertido)”, confirma Juan Salas Aguirre, el alcalde saliente de General Cepeda.

Sin pavimentar ni indicaciones claras. Así es el camino principal que conecta la carretera de General Cepeda con el sitio arqueológico más importante de Coahuila. El pavimento y la mano de obra para arreglar el camino costaría 120 millones de pesos, según el Ayuntamiento, pero no cuentan con ese presupuesto. Según la versión de la profesora Gloria Ibarra Cruz, no se ha gastado, al menos en este año, un solo peso en la promoción del sitio arqueológico de Narigua, cuyo valor, coinciden arqueólogos, es equiparable al de las pirámides de Mesoamérica. La profesora Ibarra Cruz encabeza cuatro áreas diferentes en General Cepeda: es directora de educación, directora de cultura, directora de deporte y directora de turismo. “El presupuesto es muy poco para lo que deberíamos de ocupar, porque están a nuestro cargo zonas importantes como Narigua, las huellas de dinosaurios en el ejido Porvenir de Jalpa, Rincón Colorado. Para promocionar es muy poco. En Narigua no se ha invertido”, señala. Salas Aguirre, quien a finales de 2021 concluirá su encargo como edil de General Cepeda, detalla que durante su gestión, específicamente en 2019, sólo consiguió rehabilitar el pequeño puente que atraviesa el arroyo y conecta a El Mogote con el cerro donde se encuentran los petrograbados. También se realizaron labores de limpieza por medio de un programa de empleo temporal. Solamente en esas acciones, sólo en ese año, el municipio erogó unos

500 mil pesos. “Pero no hay una inversión real”, reiteró el munícipe. Él mismo precisa que en el sitio de los petroglifos faltan cámaras para vigilar que no haya saqueo. Hace falta señalética y lo más importante, un camino adecuado para el tránsito de los habitantes y turistas de Narigua. Estima que para lograr lo anterior es necesaria una inversión de 120 millones de pesos. Pero el ayuntamiento asegura no estar en condiciones de invertir esa cantidad. “Es lo que, aproximadamente, cuesta pavimentar, ya sea con concreto asfáltico o hidráulico. El recurso en General Cepeda es muy limitado. No podemos invertir un recurso unilateral, siempre el INAH debe de intervenir con nosotros”, expuso. Y si el tema de los recursos municipales es difícil, agrega, la falta de apoyo federal también es complejo. La situación ya era complicada antes de la pandemia, pero desde que el virus llegó se paralizó la actividad económica. Es decir, hasta principios de la administración federal actual el Centro INAH Coahuila tenía un presupuesto anual de dos millones de pesos para sus tareas de conservación, regulación e

6 investigación del patrimonio histórico. Incluso invirtiendo por completo ese monto, apenas sería el 1.6 por ciento de lo necesario para pavimentar.

Sin presupuesto y sin plan de proyecto

Y eso no es todo. La situación para el INAH ha ido de grave a peor. Los recortes presupuestales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han dejado a los arqueólogos de este instituto sin viáticos para salidas a campo. “Es que (lo de la infraestructura) debería ser función de nosotros, el camino es un tema que le compete al Ayuntamiento, la cosa es que con el tema de la pandemia se retiraron todos esos recursos”, comentó José Francisco Aguilar Moreno, director del Centro INAH Coahuila. Lo de la asignación de recursos tiene que ver también, señala, con que Narigua no está muy cerca de la capital del País. Así es: nuevamente un tema de centralización. Ana Isabel Pérez Gavilán, doctora en historia del arte y coordinadora de la maestría en promoción y desarrollo cultural del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, piensa lo mismo: “La historia se ha construido desde el centro. Por eso ha habido una desatención hacia todo lo que es del norte. Hay una historia del arte muy centralista a la que le cuesta mucho trabajo entender las manifestaciones del desierto. Incluso desde épocas muy remotas, no sólo virreinales, sino desde Europa, el desierto ha sido catalogado como un espacio donde no hay nada”. Por su parte, Yuri de la Rosa Gutiérrez, arqueólogo adscrito al INAH Coahuila, expone que las culturas del norte, particularmente los cazadores-recolectores que habitaban el desierto, son tan importantes como los egipcios, como los Mayas de Chichen Itzá, como los Mexicas de Tenochtitlán o como los habitantes de la monumental zona de Teotihuacán. A pesar de que no hicieron pirámides en esta zona, dice, llegaron a un grado de especialización tan avanzado viviendo en el desierto, que no necesitaban esas grandes

Tallados mediante la técnica de percusión (golpes con herramientas parecidas a martillos y cinceles), los petrograbados tienen un carácter religioso. Entre ellos se pueden encontrar imágenes como chamanes levitando, cruces solares, venados cola blanca, espirales y peyotes.

“El cerro de los sueños” es donde se ubican casi todos los grabados. Se estima que existen más de 8 mil labrados en más de mil rocas. Los glifos tienen más de 2 mil 500 años. construcciones para desarrollar su cultura. “La importancia histórica que

reviste el desierto es como la de cualquier otra cultura a nivel

universal. Pocas culturas se desarrollan a lo largo de miles de años y permanecen tanto tiempo como una sociedad viva. Estamos hablando de cinco mil, ocho mil, 10 mil años”, declaró. “Se dice que los Olmecas son la cultura madre y que de ahí vinieron todas las culturas de Mesoamérica, pues los cazadores-recolectores del desierto estaban miles de años antes que los Olmecas allá en el sur, ya con una cultura bien desarrollada y bien definida. La arqueología y las culturas que vivieron en esa región son tan importantes como cualquier otra”. Por esa razón, el director general del INAH en México, Diego Prieto, firmó un convenio de colaboración con la Lotería Nacional y con otras dependencias para la expedición de un billete con la imagen de un petroglifo de Narigua. La intención era puramente promocionar el sitio, ya que no había ninguna ganancia económica de por medio. Rosa Alicia Lira Vázquez, como la mayoría de sus coterráneos en

7 Narigua, ni se enteró. En 2013, el INAH se había limitado únicamente a construir unos andadores adyacentes al sitio de los petroglifos. A pesar de la pandemia, de las malas condiciones enunciadas al inicio de este reportaje y la falta de promoción cultural, los registros de la Dirección de Turismo de General Cepeda indican que hay turistas de los siguientes estados: Nuevo León, Chihuahua, Durango, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, San Luis, Zacatecas, Querétaro, Tamaulipas, Quintana Roo, Guadalajara, Puebla y Sonora. “Todo mundo quiere ir, pero nadie le quiere invertir. Siempre nos echan la bolita al Instituto de Antropología, pero nadie se preocupa. Los únicos que se preocupan por la conservación es o la prensa o el INAH. Cuando pasa algo, que de repente tenemos un billete de Lotería Nacional, entonces sí, todo mundo se acuerda de Narigua, mientras, nadie se acuerda de que está ahí”, reprocha el arqueólogo Yuri de la Rosa. Semanario buscó, por más de 15 días, a Azucena Ramos Ramos, secretaria de turismo y desarrollo de pueblos mágicos de Coahuila, para que hablara sobre las acciones de promoción del sitio arqueológico de Narigua. Pero una y otra vez la funcionaria se excusó por motivos de agenda.

Comprar la tierra de ejidatarios, ¿una solución?

José Francisco Aguilar Moreno, el director del Centro INAH Coahuila, dice que la única manera de rescatar a Narigua y convertirlo de sitio a zona arqueológica, es que el gobierno federal compre a los ejidatarios las tierras donde se ubica la mayor concentración de petroglifos. De esa manera, afirma, se podrían destinar recursos a un proyecto integral de infraestructura y conservación. La federación les ha dicho que sólo puede apoyar iniciativas que se lleven a cabo en terrenos que les pertenezcan. De llegar ese futuro, de darse este escenario, Narigua sería una zona arqueológica con todas las de la ley: baños adecuados, andadores, un área de recepción de visitantes, un guardabultos, etcétera. “Si tuviéramos recursos, otro

La única señalética con información para los turistas está en mal estado y algunas partes son ilegibles. No hay guías que ofrezcan recorridos o den explicaciones de la riqueza cultural del lugar, ni siquiera un lugar dónde cubrirse el sol. gallo nos cantaría”, dice Aguilar Moreno. Hace 15 años la Comisión Nacional de las Zonas Áridas y el DIF estatal, instalaron, en colaboración con los ejidatarios del lugar, dos baños de fosa séptica y dos palapas con asadores. Todo esto muy cerca del cerro de petrograbados. Dicha obra, a decir de la gente de Narigua, vino a aliviar un poco las carencias, pero al director del Centro INAH Coahuila no termina de gustarle la idea. “Yo estoy en contra de que haya asadores en una zona arqueológica, porque genera basura”, sentencia Aguilar Moreno. Situado a unos 40 kilómetros de Saltillo y a 20 de General Cepeda, Narigua, fundado el 1 de mayo de 1937, es un pueblo donde habitan cerca de 20 familias. Todas viven de la crianza de cabras y vacas, de la elaboración de quesos, de la talla de lechuguilla y, cuando llueve, de la siembra de maíz, frijol y forraje, pero nunca del turismo, aunque cuenten con un patrimonio histórico y cultural que son los petrograbados del cerro conocido como “de los sueños”. Lo mismo que en otros ejidos del semidesierto, la mayoría de los habitantes de Narigua, sobre todo los jóvenes, ha salido a buscarse la vida por otro lado. “Hemos pasado de la

autosuficiencia a la dependencia alimentaria. En lugar de exportar alimentos, como antaño lo hacíamos, exportamos migrantes en busca del sueño americano”, recrimina Homero Briones Amaya, profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, adscrito al departamento de Extensión Agropecuaria. Cuando Francisco Dávila Ramos, otrora líder del Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo del Semidesierto Coahuilense de la UAAAN, llegó a Narigua en 2006, llevando un programa de desarrollo denominado de Economía Solidaria, no encontró en el sitio arqueológico ni un cobertizo donde atajarse el sol. “La gente nada más ve que no hay dónde ir a orinar y dice ‘no’. Y luego con el solazo que hace aquí… No hay ni un árbol donde se pueda esconder alguien. Los sanitarios están mal, muy mal, porque no les dan mantenimiento”, comentó el académico. Lo dice por experiencia. En varias ocasiones le tocó ver camiones llenos de niños que terminaban decepcionados. Sin un lugar dónde descansar, dónde comer, dónde ir al baño. Por eso responsabiliza al municipio y al INAH de no emprender acciones tangibles.

El proyecto en el que participaban varios profesores de la Narro tenía la encomienda de empoderar a los campesinos mediante la explotación de una capacidad creciente de autogestión. Eso con el fin de que fueran impulsores de su desarrollo, “que los empresarios fueran los mismos campesinos, sin estar esperando que vaya a llegar el gobierno o la universidad a ayudarles”, explica el arquitecto Dávila. El primer paso era concientizar a los pobladores sobre el valor del sitio arqueológico que poseían. En segundo lugar enseñarlos a cuidarlo, aprovecharlo y administrarlo adecuadamente, a partir de la creación de una organización que se hiciera cargo del resguardo y protección de ese patrimonio. Después deberían ser capaces de sobrevivir cobrando una cuota módica a los turistas y plasmando las figuras de los petrograbados en diferentes artículos de tela, madera, vidrio, piedra y cartón para su venta. “Todos estos trabajos se han enfocado a que la gente se organice, aproveche ese patrimonio y tenga elementos productivos para sostenerse, porque no puedes ser un custodio o un guardián de ese patrimonio histórico sin tener elementos que te ayuden a vivir bien”, añade Dávila Ramos. Los letreros que todavía persisten en el sitio arqueológico los puso el mismo arquitecto, con ayuda de estudiantes y la asesoría de un historiador y un arqueólogo. “Servían para responder las preguntas que hacía la gente, ‘bueno y ¿qué significa eso o por qué acá está lleno de estrellas y acá de gusanos?”, complementó. María Angélica Lira Vázquez, nacida en Narigua, había contemplado desde niña esas extrañas piedras en el cerro que tenían dibujos encima, pero desconocía su significado, hasta que “vino uno que sabía más que nosotros y nos dijo que era de los antepasados. Que aquí era tierra de indios”, contó la mujer.

‘La esperanza’, una idea que no prosperó

Los profesores formaron entonces un grupo de mujeres llamado “La esperanza de Narigua”,

8 que se dedicaba, entre otras actividades, a pintar playeras, gorras y artesanías con los glifos pintados en las rocas por los antiguos. Estos objetos eran vendidos a los turistas que solían ir de excursión al sitio arqueológico, toda vez que la gente de Narigua cobraba una cuota, de entre 15 y 25 pesos, a los estudiantes y público en general por entrar a admirar los petrograbados. “Hicimos una investigación de los recursos naturales que tenían. Nos dimos cuenta de que no valoraban el patrimonio cultural que poseían. Para ellos eran piedras comunes y corrientes y por lo tanto no las cuidaban”, narró Homero Briones, el maestro investigador de la Narro. A la postre, las mujeres de Narigua establecieron una tienda de artesanía dentro de unos locales en ruinas, propiedad del ejido. Esos locales luego fueron remodelados por una bienhechora originaria del pueblo que vive en Estados Unidos. Al mismo tiempo preparaban y vendían comida para los paseantes. Pero las rencillas entre los pobladores de Narigua y su anexo El Mogote, echaron por tierra el sueño de las mujeres de la “Esperanza”. Los lugareños de El Mogote se hicieron con el usufructo del sitio arqueológico y Germán Ramírez, el anterior comisariado del pueblo, mandó cambiar las chapas de la puerta de la tienda de artesanías, para impedir que las mujeres entraran a elaborar y comercializar sus productos. “Nosotros de la zona arqueológica no nos beneficiamos en nada, porque siempre en el ejido hay problemas. Aquí nada más son dos familias las que se benefician, que son del otro ranchito”, dijo Martha Galindo Jasso, una de las pocas integrantes que aún quedan de “La esperanza”. Además de la insuficiencia de infraestructura, Narigua, que está registrado como sitio arqueológico ante el INAH desde los años 80, se ha visto afectado, a través del tiempo, por el saqueo reiterado de su patrimonio cultural. Se trata de petroglifos y otros artefactos, como puntas de flecha, fabricados por los antiguos nómadas que durante más de 10 mil años recorrieron este desierto. “Si uno se va a caminar alrededor

Las mujeres fueron quienes más se involucraron en el programa de desarrollo económico, participando en la elaboración de mercancía como playeras, gorras y artesanías con los glifos. Se les conoció como “La esperanza de Narigua”. Foto: Homero Briones / Cortesía del cerro, ya no va a encontrar chuzos, no va a encontrar lascas, no va a encontrar nada, porque por décadas han venido grupos de visitantes que van y se llevan un recuerdo. Algo que implica un saqueo hormiga”, explica Laura Cristina Martínez García, maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC. Una vez que los artefactos han sido movidos de su sitio poseen ya muy poca información que facilite a un arqueólogo trabajar para contar la historia de los grupos que estuvieron ahí. Al respecto, el arqueólogo Yuri de la Rosa comenta que por las características de los vestigios arqueológicos en el desierto y la extensión de los mismos, es un tanto difícil la conservación. “No podemos poner un policía en cada roca”, suelta. En cambio, el INAH le ha apostado, desde hace más de 15 años, a educar a la gente, para que

sepa que esos vestigios arqueológicos son importantes, “Que se cuiden porque ya no tenemos nativos que nos vuelvan a hacer pinturas, grabados, flechas, lanzas, buriles, cuentas y todos esos geoglifos”, remata Rufino Rodríguez Garza, aficionado a la prehistoria y a la arqueología. Elisa María Siller García, directora de Bemotion, una empresa dedicada al turismo de negocios, revela que actualmente existe un boom turístico derivado de la necesidad de la gente de salir, tras el encierro por la pandemia. “Hay que prepararnos para la demanda que viene. Estábamos preparados para las épocas vacacionales nada más”, expone. “Ahora ya no hay picos, ahora el flujo de turistas es continuo. Y mientras esté la pandemia creo que va a ser así. La gente no trae lana para viajar muy lejos, viaja y viaja corto y hay que aprovechar”. Pero mientras los conflictos

ejidales, mientras las autoridades municipales, estatales y federales no se comprometan a destinar recursos que permitan impulsar a Narigua como un lugar turístico con condiciones dignas, ocurrirá lo que ha pasado a la fecha. Personas que llegan, miran el cerro, miran alrededor y se decepcionan. *Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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PARA 2035 SE DEJARÁN DE VENDER AUTOS DE COMBUSTIÓN

Los vehículos a gasolina tienen los días contados… en 20 años En Glasgow se firmó un acuerdo mundial para terminar con la producción de autos de combustión interna para 2040, entre gigantes automotrices como Ford y General Motors, así como por gobiernos como Estados Unidos, Reino Unido y México. En el borrador de la COP 26 prevén avances insuficientes para alcanzar los objetivos planteados A R T U R O

C O N T R E R A S

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C A M E R O

LASGOW, Escocia._ Más de 100 actores de la movilidad mundial acordaron acelerar la muerte de los automóviles que usan combustibles fósiles. Para 2035 los países más desarrollados que se sumaron a este tratado dejarán de vender autos de combustión interna y se espera que para 2040 el resto de los países dejen de hacerlo y los sustituyan por autos eléctricos o con baterías de hidrógeno. El acuerdo incluye a por lo menos 30 países, entre ellos México, Argentina, Chile y Paraguay. en Latinoamérica, y países como India y Canadá; también a seis de los productores de autos más importantes del mundo: Ford, General Motors, Volvo, Mercedes Benz, BYD y JLR; algunos de los dueños de las flotillas de vehículos más grandes del mundo Uber, Leaseplan y Siemens. Fuera del acuerdo quedaron otras de las compañías que tienen mayor presencia en el mercado como Toyota, Hyundai. Volkswagen, que ya inició una apuesta por autos híbridos con conexión a la corriente eléctrica dijo que no se sumaba al acuerdo por no tener el mismo compromiso de las ensambladoras chinas. El transporte representa una quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Entre los países más desarrollados y los dueños de flotillas suman más de 11 millones y medio de vehículos que serán sustituidos, mientras que con la totalidad de los firmantes se alcanzará a un tercio de los vehículos mundiales. Se calcula que en el mundo hay cerca de mil 400 millones de vehículos automotores. Según el acuerdo firmado, los esfuerzos no solo se enfocarán en sustituir los vehículos privados, sino que también se apoyan esfuerzos para renovar los vehículos del transporte público y los usados para el traslado de mercancías. Este tipo de vehículos son llamados de cero emisiones, sin embargo, no se cuentan las emisiones de carbono emitidas durante su manufactura o las que se usan para generar la electricidad con la que se cargan

Se espera que para el 2040 haya sólo autos eléctricos o con baterías de hidrógeno. sus baterías. Al día de hoy, según apunta un comunicado del gobierno del Reino Unido, en este país es más barato tener un auto eléctrico que uno de combustibles fósiles y se espera que su costo caiga drásticamente durante los próximos años. Junto al anuncio de sustitución de vehículos, el Reino Unido anunció un modelo de estaciones de carga de vehículos eléctricos que, dicen, será tan icónico como sus casetas rojas de teléfonos públicos, sus autobuses rojos de dos pisos o sus taxis negros.

El esfuerzo de los transportes limpios

Este miércoles, el tema central de las discusiones en la COP 26 fue la adaptación de las ciudades y los esfuerzos que se deben hacer para tener comunidades que reduzcan en mayor medida

sus huellas ecológicas. En ese marco, el director del Metrobús de la Ciudad de México, Roberto Capuano, asistió a la COP 26 para participar en un pequeño foro sobre los esfuerzos en electromovilidad sostenible. Si bien puede que el fin de los autos impulsados por combustibles fósiles se mire lejos en la capital del país, Capuano resaltó los esfuerzos del gobierno de la ciudad para crear más opciones sostenibles en el transporte público, como la meta de que la Línea 3 del Metrobús, la creación de dos líneas de teleférico o Cablebús (que funcionan con energía eléctrica) y la recuperación del tren ligero y del sistema de trolebuses. Fuera de China, la región con mayor cantidad de autobuses eléctricos es Latinoamérica, en donde resaltan los ejemplos de

Sao Paulo, Bogotá y la Ciudad de México que, a pesar de tener una larga historia de electromovilidad, como dice Capuano en entrevista, fue olvidada por mucho tiempo y a penas empieza a recobrar terreno en el tema. El tema, es más complicado que solo comprar camiones o metrobuses eléctricos, según dice. “Vinimos a aprender, mucho es escuchar qué es lo que está pasando en otros países. Noto que hay una lucha común y constante de las ciudades para lograr migrar a la movilidad eléctrica. Pareciera que lo que se necesita, es solo tener el dinero, pero implica un cambio en toda la logística. Las concesiones de camiones eléctricos tienen que ser más largas que las convencionales para permitir que el modelo se adapte, porque tienes una cadena de valor nueva

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que no existe en el país. Esos son los retos que todas las ciudades están intentando superar”.

Prevén avances insuficientes en la COP26

La mañana de este miércoles también Reino Unido publicó el primer borrador del documento final en el que se plasmarán los resultados de las negociaciones que iniciaron el 31 de octubre. Si bien se reconoce que hubo avances en algunas materias, estos no serán suficientes para alcanzar los objetivos que se esperaban. La meta de mantener el calentamiento global en un límite de 1.5 grados Celsius parece desvanecerse a medida que la Cumbre de las Partes de Glasgow llega a su final. A tres días de que terminen las negociaciones, el pronóstico más alentador indica que el rumbo del planeta apunta a un aumento de la temperatura de 2.4 grados, algo muy lejos de las metas esperadas, según un informe publicado por la organización internacional Climate Action Tracker. A las seis de la mañana de este miércoles la presidencia de la COP 26 publicó el primer borrador del documento con los acuerdos más importantes que se han tenido a lo largo de estas semanas. Muchas de las delegaciones y de las organizaciones sociales que se dieron cita en Glasgow celebraron su publicación para poder incorporar cambios y enmiendas al mismo cuando aún faltaban tres días de negociaciones, sin embargo, el borrador incluye más de 240 reservas que deberán desahogarse en lo que queda de la Conferencia. A continuación enumeramos algunos de los puntos claves del borrador:

Fuera combustibles fósiles

Entre los logros alcanzados hasta el momento destaca el acuerdo mundial para la disminución gradual del carbón en la generación eléctrica, que fue suscrito por potencias como Estados Unidos o por países que actualmente dependen de este energético en gran medida. Así mismo, se reconoce de manera formal que la quema de combustibles fósiles es

documento no hay más que esa mención.

Las reacciones de la sociedad civil

“No se trata de pagar para sanar culpas, de construir proyectos de energías limpias, con contratos sucios, ni de pagar los daños después de haber contaminado y afectado a toda una población. Hay cosas que no podemos obtener con dinero, así que la flora y la fauna de nuestro País no debería tener precio porque los dueños somos todas y todos”. MARÍA LUISA ALBORES S E C R E TA R I A D E M E D I O AMBIENTE DE MÉXICO

responsable del calentamiento climático, algo que ya se sabía pero no había sido reconocido en ningún documento. Además, se integra una petición para que todos los países que forman parte de las discusiones dejen de dar subsidios a la extracción de combustibles fósiles.. La organización Climate Action Network criticó que en el acuerdo de disminución gradual de carbón no se incluyeran otros combustibles como el petróleo o el gas.

Objetivos más duros

También se concluyó que para el próximo año las partes deben presentar metas de disminución de emisiones más ambiciosas, que estén plenamente alineados a las metas del acuerdo de París, es decir, alcanzar la meta del ansiada de los 1.5 grados. El cálculo de las Contribuciones Determinadas por las Naciones, los NDC por sus siglas en inglés actuales no cumplen con ese objetivo y ponen al planeta en una trayectoria a 2.4 grados. Países insulares del mundo como Barbuda y Tuvalu reclamaron que

”

un aumento mayor a los 2 grados representa una “sentencia de muerte” para sus ciudadanos.

Más financiamiento, que no es suficiente

Desde hace ocho años se acordó un fondo de mil millones de dólares que deben entregar los países más desarrollados a los menos desarrollados para que puedan paliar los efectos de los fenómenos meteorológicos que cada vez son más catastróficos. A pesar de que muchos países aumentaron sus promesas de financiamiento para este fondo, la meta de los cien mil millones aún está a un tercio del camino. Por si fuera poco, a este fondo le faltan rutas de acceso y asignación de esos recursos. Esa era una de las peticiones más fuertes de los países menos desarrollados, sin embargo, no se desarrolló un mecanismo para su asignación transparente. En el texto principal también se reconoce la necesidad de un fondo sobre pérdidas y daños, lo que apuntala la responsabilidad de los países más desarrollados en cuanto a los cataclísmicos meteorológicos que afectan a los más pobres, sin embargo, en el

En una conferencia de prensa la organización Climate Tracker celebró que el reconocimiento pleno del papel de los combustibles fósiles pone a la mayoría de los países en la misma ruta de acción, sin embargo, es necesario aumentar la ambición de las metas nacionales. “El texto no es suficientemente bueno, tiene procesos viciosos. Hay mucha mención sobre la reducción de emisiones, pero no mucho sobre la solidaridad y la justicia. Es importante que ya estamos en el camino correcto, algo que no se mencionaba en el Acuerdo de París, pero es necesario hacer que suceda más rápido, y de forma equitativa para los países menos desarrollados, aseguró Mohamad Adow, director de energía y clima en Power Shift Africa (Cambio de energía África), una de las organizaciones que forman parte de la Red de Acción Climática, CAN, por sus cifras en inglés.

‘No se trata de pagar para sanar culpas’

La secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores participó este miércoles en la reunión del Segmento de Alto Nivel de la Cumbre Ambiental. Durante su participación destacó que la actual administración no ha entregado ninguna concesión para minería y destacó la prohibición del uso de glifosato y la reglamentación del gas metano. La funcionaria enfatizó que si bien la responsabilidad de los países por el cambio climático es compartida, es tan bien diferenciada, por lo que no es correcto seguir culpando a las naciones más necesitadas.

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Mina Pinos Altos, en Ocampo, Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra cerca del Área Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Esta imagen fue seleccionada como parte del concurso Así se mira la minería en México, convocado por el CCMSS. Foto: Autor Anónimo

IMPULSAN INICIATIVA PARA REFORMAR LEY MINERA

La sombra de la minería acecha el futuro de los bosques comunitarios De los 13 mil 422 ejidos y comunidades agrarias con más de 200 hectáreas de bosque y selva que hay en el País, 39 % tiene una parte de su territorio concesionado para la minería. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha otorgado nuevas concesiones mineras, pero tampoco ha cancelado las ya existentes, entre ellas las que se localizan en territorios forestales. Comunidades, académicos y organizaciones no gubernamentales impulsan una iniciativa para que se reforme la Ley Minera y se deje de considerar a esta actividad como de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso del territorio A N D R E A

M O N G A B AY

V E G A

n el norte de México, un grupo de mil 723 ejidatarios protege el bosque que se extiende en sus tierras de uso común. Lo libran de incendios, sequías y plagas. También viven de él, pero sin sobreexplotarlo: mantienen una empresa forestal comunitaria, con un manejo sustentable, que les ha permitido colocarse entre los principales productores madereros en el País. El ejido El Largo y Anexos aporta el 17 por ciento de la madera de pino y encino que se comercializa en el estado de Chihuahua. Sin embargo, todos estos logros están amenazados por la minería. Entre 2009 y 2011, el Estado mexicano otorgó 16 títulos mineros que se encuentran total o parcialmente en el subsuelo del Ejido El Largo y Anexos, ubicado en el municipio de Madera. En total, esas concesiones abarcan 8143 hectáreas, es decir, el 3 por ciento del territorio de la comunidad. Además, en los alrededores del ejido, en un radio de 10 kilómetros, se han otorgado 51 títulos que, en conjunto, abarcan 51 mil 161 hectáreas. Y aunque las concesiones no especifican el tipo de minerales que se pretende explotar, sus titulares, tanto empresas, como personas físicas, podrían empezar trabajos de exploración en cualquier momento y, con ello, poner en riesgo el futuro del bosque, el ejido y su exitosa empresa forestal comunitaria. El artículo sexto de la Ley Minera establece que ésta es una actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso del territorio, incluido el forestal. El artículo 19 de esa misma ley, aprobada en 1992 (en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos), otorga a los titulares de las concesiones el derecho de expropiar, ocupar temporalmente o recurrir a la servidumbre de los terrenos (que obliga a los dueños a permitir el uso de su tierra) más allá de los derechos de propiedad previos. También les brinda derechos preferentes sobre las concesiones de agua que existan en la zona y los bienes comunes, entre ellos los bosques.

¿Aquí hay una concesión minera?

El ejido El Largo y Anexos se

Bosques en el estado de Chihuahua. Foto: Thelma Gómez Durán

formó en mayo de 1955, cuando una resolución del entonces presidente Luis Echeverría dio la dotación de tierras, que antes eran de la empresa Bosques de Chihuahua, a poco más de 1700 ejidatarios: primero les dieron 9 mil 500 hectáreas, las cuales aumentaron hasta las 263 mil 558, gracias a dos ampliaciones. Hoy es el ejido con la mayor extensión territorial. Cuando les dieron las tierras, los ejidatarios tomaron el control del bosque y se volvieron proveedores de la empresa Bosques de Chihuahua, pero la compañía consideró que así no le era rentable el negocio y dejó de trabajar en la zona. La gente de la comunidad se hizo cargo de la extracción de madera, su procesamiento y transformación en los aserraderos. A diferencia de la empresa, que hacía una sobreexplotación, los ejidatarios decidieron trabajar el bosque de manera responsable. “Son gente nacida aquí, así que quieren conservar el lugar donde viven, no solo para ellos, sino para

La compañía Cales y Morteros del Grijalva opera dentro de los márgenes territoriales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. Foto: Alejandro Ariel Silva Zamora

sus hijos y los hijos de sus hijos”, cuenta Roque Estrada, secretario del Consejo de Administración de la empresa comunitaria El Largo y

Anexos. El ejido tiene un programa de manejo forestal que se renueva cada diez años y que está

Osos negros en el Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde, muy cerca del Ejido El Largo, en Chihuahua. autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en él se determina los volúmenes de madera que se pueden extraer y de qué zonas, para no dañar el bosque. “Se le da tiempo suficiente al bosque para que se recupere, para que tenga los crecimientos debidos (…) Hay árboles padres que conservamos para que de sus semillas salgan nuevos pinitos, de mejor calidad. A esa forma de trabajar es lo que llamamos bosque para siempre”, explica Estrada. Por su forma de trabajo, en 2001, El Largo y Anexos obtuvo la certificación internacional Forest Stewardship Council, la cual avala que el manejo forestal permite la conservación de la diversidad biológica y se beneficia a población, asegurando, al mismo tiempo, la viabilidad económica. Para mantener la certificación, el ejido debe pasar por diversas auditorías todos los años. Estrada explica que se han instalado dos viveros forestales, con capacidad para producir 800 mil plantas, las cuales se utilizan para reforestar las áreas donde se hace manejo o que han sido afectadas por siniestros, como incendios o sequías extremas. “En 2018, por ejemplo, tuvimos un incendio grande, perdimos 500 hectáreas. La mayor parte del combate al incendio lo hizo el ejido,

Los ejidatarios de El Largo participan en el monitoreo del oso negro. Foto: APFF Campo Verde/CONANP

concesiones mineras que existen en su territorio quisiera comenzar los trabajos de exploración.

Cinco mil comunidades forestales en riesgo

Los bosques de Calpulalpam de Méndez, en Oaxaca, en los que se han otorgado más de 10 concesiones mineras sin consentimiento de la comunidad. Foto: Nadir Quiroz/CCMSS

las dependencias de gobierno ayudaron quizá en un 15 % de las labores, el resto fue trabajo de los ejidatarios y los comuneros”. Al conservar el bosque, en el que habitan diversas especies de fauna como el venado cola blanca, el oso negro, puma, coyote, entre otras, el ejido asegura la supervivencia de estos animales, pero también la

provisión de agua para alrededor de ocho pueblos y 15 rancherías de la región. Además, los ejidatarios se benefician al tener una empresa comunitaria rentable de la que todos ganan. El manejo forestal comunitario que realiza el Ejido El Largo y Anexos podría empezar a tambalearse en caso de que alguno de los 16 titulares de las

En México, el otorgamiento de los títulos de concesión es tan poco equitativo entre las partes que los ejidatarios ni siquiera saben que su territorio ha sido concesionado a una empresa. El Estado mexicano da estas concesiones sin avisar, mucho menos consultar, a quienes viven y trabajan arriba del subsuelo concesionado para la minería en el país. Roque Estrada, por ejemplo, se sorprende al saber que en los terrenos del Ejido El Largo y Anexos hay 16 concesiones mineras. “A las mineras les han dado concesiones hasta en territorios conservados, donde se tiene un buen manejo forestal, donde se están generando empleos, haciendo conservación con buenas prácticas y el gobierno no tiene sensibilidad al respecto”, resalta Leticia Merino, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. “Como el sistema de concesiones mexicano no exige acuerdo con los dueños de la tierra para dar una concesión, es como si en realidad no tuvieran la posesión de ese territorio. Y los esfuerzos,

15 por ejemplo, de buen manejo forestal no cuentan”, explica Merino, quien también forma parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. En mayo de 2021, esta organización publicó la investigación Bosques comunitarios y minería en México en la que destaca que, de los 13 mil 422 ejidos y comunidades agrarias con más de 200 hectáreas de bosque o selva que hay en el país, 5 mil 222 (39 %) tienen una parte de su territorio concesionado para la minería. Además, ofrece otro dato que permite dimensionar el riesgo en que se encuentran las comunidades forestales: en esos 5 mil 222 ejidos y núcleos agrarios hay 12 mil 616 concesiones mineras, lo que representa 48.2 por ciento de todas las otorgadas en el país (26 mil 142 en total). Esas concesiones mineras, incluso, se han entregado en 90 comunidades que han obtenido la certificación FSC, como es el caso del Ejido El Largo y Anexos. Es cierto que un título de concesión no se traduce de inmediato en una mina, pero es el primer paso. Este es un instrumento con vigencia por 50 años y que, de acuerdo con la ley actual, puede renovarse por otro medio siglo. La empresa o persona que tiene un título de concesión minera puede realizar trabajos de exploración, con solo presentar un informe preventivo a la Semarnat. Si en esa fase determina que el proyecto minero es rentable, se procede a la explotación. El título de concesión abre la puerta al resto de las etapas de los proyectos mineros, “y es una amenaza en primera instancia para las comunidades, ejidos, terrenos forestales, propiedad social. Tan solo del 2015 al 2020 se identificaron 396 permisos de cambio de uso de suelo forestal para minería”, explica Sol Pérez, investigadora que participó en el estudio del CCMSS y que hoy forma parte del programa de Tierra y Territorio de la organización no gubernamental Fundar – Centro de Análisis e Investigación.

Comunidades que defienden el bosque

Silvio Nolasco Flores, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María

La mina Pinos Altos, ubicada en la región forestal de Chihuahua. Fotografías de la Documentación Colectiva Así se ve la minería en México. Foto: Autor anónimo

Los habitantes de Magdalena Ocotlán acusan en sus murales a la minería de matar a los animales y contaminar el medio ambiente. Foto: Roxana Romero

Zapotitlán, una comunidad indígena chontal, situada en el municipio de Santa María Ecatepec, al sur del estado mexicano de Oaxaca, cuenta que ellos tampoco sabían que había una concesión en el corazón del bosque que cuidan y protegen. “Es una reserva comunitaria interna, de unas 50 hectáreas, no

Ejido Cruz de Ocote, en Puebla. La comunidad forestal rechaza la minera. Foto: Marlene Martínez

tiene registro federal, pero la comunidad decidió en asamblea, hace 15 años, resguardar los recursos naturales, porque ya empezaba el cultivo de maíz, la tala ilegal y la cacería en este bosque de encinos y con muchos ojos de agua”, explica Abel Sánchez, poblador de Santa María Zapotitlán. A partir de la protección de esa

área, Sánchez asegura que se ha visto que los ojos de agua se mantienen estables y los animales llegan, “vemos venados y otra fauna”. La comunidad supo de la concesión minera cuando los integrantes de Tequio Jurídico, una organización de la sociedad civil, impartieron talleres en la región.

16 A través de una solicitud de acceso a la información pública, que presentaron en 2018 a la Secretaría de Economía, la comunidad de Santa María Zapotitlán confirmó que en el territorio de la reserva existía una concesión, otorgada en 2011 a la empresa Salamera. La comunidad empezó la batalla por defender su bosque. En diciembre de 2018, presentó un recurso de amparo contra la concesión, pero también por la inconstitucionalidad de la Ley Minera, al considerar esta actividad como prioritaria y de utilidad pública y no realizar una consulta a las comunidades afectadas. En febrero de 2020, señala Araceli Olivos, coordinadora de la Vereda de Defensa Colectiva del Territorio en Tequio Jurídico, se dictó sentencia: el juez otorgó un amparo histórico a toda la región chontal, en el que reconoció el derecho colectivo al territorio y a protegerlo. Además, ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efecto el título de concesión. Sin embargo, Olivos asegura que, en una treta jurídica, la empresa desistió de la concesión un mes antes de que se dictara la sentencia. “Es una estrategia para que los juicios de amparo se queden sin materia y los tribunales no entren a fondo a analizar la Ley minera”. Además, el juez no la declaró inconstitucional, así que la comunidad interpuso un recurso de revisión, que continúa en proceso de desahogo.

Bosque de una comunidad en Veracruz donde se realiza manejo forestal. Foto: Óscar Martínez

La urgencia de reformar la Ley Minera

La lucha legal que enfrenta la comunidad chontal de Santa María Zapotitlán en contra de la minería no es la única que está en marcha en el país. Desde hace meses, organizaciones de la sociedad civil, académicos y comunidades impulsan la iniciativa “CambiémoslaYa”, con la que se busca una reforma a la Ley Minera. Miguel Soto Treviño, director de vinculación estratégica y campañas de incidencia en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), explica que esta iniciativa busca eliminar el carácter de utilidad pública y preferente de las actividades mineras; hacer efectivo el derecho de las comunidades y pueblos a decidir con respecto al

Bosque de niebla que se encuentra dentro del territorio de Analco, en Oaxaca, comunidad que realiza manejo forestal. Foto: Carmen Pacheco

otorgamiento de concesiones y que estas no puedan renovarse hasta por 100 años. Además, plantea quitar los

derechos preferentes de acceso a la tierra y al agua para los dueños de esas concesiones; blindar las áreas naturales protegidas, los sitios

sagrados y arqueológicos de la minería y que las empresas transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros. “Hay un documento legal que hemos elaborado con los artículos que se deben derogar, qué cambios se deben establecer y hay una propuesta de iniciativa que se está presentado a legisladores y legisladoras. La han recibido bien, pero el lobby de la Cámara de la Industria Minera es muy agresivo”, dice Soto. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se darían más concesiones mineras; sin embargo, tampoco ha presentado un plan para retirar las que ya existen, ni ha dicho que tenga la intención de hacerlo.

Beneficios contra impactos

Sol Pérez, de Fundar, explica que desde la fase de exploración, un proyecto minero tiene ya impactos en el medio ambiente. “Se hacen cientos de

Ejido Caborachi, en Chihuahua, donde se realiza manejo forestal.

En el Ejido Cruz de Ocote, en Puebla, se han movilizado en contra de la minería.

perforaciones, en las que prácticamente inyectan unos tubos para sacar muestras de lo más profundo que se pueda del sustrato, y hacer los análisis de concentración de minerales. Perforan hasta en mantos freáticos (acumulación de agua subterránea); por eso es muy común que se contaminen o se sequen los manantiales”. Por supuesto, señala Pérez, también hay deforestación. “Tiran árboles para pasar toda la maquinaria a los puntos donde quieren explorar, que generalmente son regiones montañosas”. Si en la exploración se determina que el proyecto es viable económicamente y que se hará un proyecto minero, los dueños de las concesiones presentan la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat, dependencia que tiene en sus manos aprobar o no el proyecto. En caso de que requieran deforestar, las empresas piden el permiso de cambio de uso de suelo, de forestal, por ejemplo, para minería. En cuanto a los dueños de los terrenos, la empresa puede elegir comprarles o rentarles. Si estos se niegan, es posible que se abran procesos de expropiación de las tierras, ya que con la ley vigente a la minería se le considera una actividad de utilidad pública. La actividad minera, subraya

forzado entre un ejido forestal y la minería: “el manejo comunitario del bosque sí tiene mucho beneficios, no solo para la comunidad que la maneja y a la que le da trabajo, sustento, cohesión, también hay beneficios generales para el ambiente, para la mitigación del cambio climático, para la preservación de agua, eso sí es utilidad pública. En cambio, la minería es una actividad en la que se benefician unos pocos particulares y no es sustentable, es altamente contaminante y generadora de desigualdad”.

Foto: Cortesía ejido

Foto: Víctor Abreu/CCMSS

Panorámica de la zona forestal en donde se encuentra el ejido Cordón Grande. Foto: Cortesía Cordón Grande

Leticia Merino, requiere grandes superficies, produce una enorme destrucción de los ecosistemas, los recursos naturales y la salud de la población expuesta a la contaminación por metales pesados, y también daña el tejido social. “Llegan y dividen a las comunidades, compran voluntades, se acercan a unos, tratan de comprar terrenos y si no lo logran, amenazan o les prometen muchas cosas, y hay casos que la gente dice que sí, y luego tiene condiciones muy adversas”. Sol Pérez resume así el encuentro

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Pedro Arrojo Agudo, en foro sobre Agua y Derechos Humanos del ITESO, en 2014.

MEDIO AMBIENTE

‘HAGAMOS LAS PACES CON LOS RÍOS Y ACUÍFEROS’: Pedro Arrojo, relator del agua por parte de la ONU El mexicano fue nombrado en 2020 como el Relator Especial sobre los Derechos Humanos del agua y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas S U S A N A

R O D R Í G U E Z

PERIMETRAL

“

Hagamos las paces con los ríos y acuíferos”, afirmó Pedro Arrojo Agudo, relator de la ONU en agua, al dirigirse al Presidente de México en el evento donde el gabinete del Gobierno federal visitó a Temacapulín, para iniciar el Plan de Justicia, tras acordar la no inundación por la Presa Zapotillo. Arrojo Agudo fue nombrado en 2020 como el Relator Especial sobre los Derechos Humanos del agua y saneamiento en Naciones Unidas. “La crisis mundial del agua debe afrontarse con dos acciones clave: hacer las paces con los ríos y acuíferos y generar una gobernanza democrática del agua, donde el vital líquido no sea un negocio sino un reto democrático, dijo Pedro Arrojo Agudo, al tomar la palabra el 10 de noviembre de 2021 en Temacapulín. El Relator Especial agregó que esta crisis global se da en el Planeta que está compuesto, en su mayoría, por agua, e implica que 2 mil 200 millones de personas no tienen acceso a ella. Son personas empobrecidas que viven junto a un río o acuífero contaminado por la “codicia humana” casi siempre de los más ricos, afirma.

Viejo aliado de Temaca

Pedro Arrojo Agudo ha sido aliado de la resistencia de Temacapulín contra la Presa El Zapotillo, desde hace 13 años. En una reunión privada en la Casa Iteso Clavijero, “apostó” con la comunidad el triunfo. Después volvió para la exposición Agua, Ríos y Pueblos que se exhibió en el Parque Rojo y, en consecuentes oportunidades, participó en foros, presentaciones de libros, expresando siempre, el razonamiento de los pueblos a no dejarse inundar y defenderse. En su intervención advirtió que le sería difícil hablar sin que se le estrechara la garganta.

Un ejemplo de resistencia y diálogo

“Hagamos las paces con los ríos y acuíferos” fue la frase más contundente a manera de mensaje a las autoridades, de parte de Pedro Arrojo, Relator de

19 ¿Quién es Pedro Arrojo Agudo n Pedro Arrojo Agudo es

Pedro Arrojo Agudo fue nombrado como el Relator Especial sobre los Derechos Humanos del agua y saneamiento en la Organización de las Naciones Unidas, en 2020.

la ONU en agua. Un elemento fundamental en la resolución del problema que arrastraron por 16 años quienes viven en estos tres pueblos fue el diálogo, agregó Arrojo Agudo. El Estado de Jalisco tiene no sólo la riqueza del Río Verde, sino también, en varios acuíferos que parecen no tan visibles a primera vista. Arrojo los llamó el pulmón de la naturaleza. Lo que sucedió en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dijo el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento, “es un ejemplo a nivel mundial de resistencia y negociación entre autoridades y ciudadanía”. Pedro Arrojo Agudo mantendrá visitas no oficiales con autoridades del Gobierno federal y volverá a Temacapulín a acompañar el proceso comunitario de cada a la reparación del daño.

el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020 e inauguró su mandato el 1 de noviembre de 2020. n Anteriormente, de 2016 a 2019, Arrojo fue miembro electo del Parlamento español en su undécima y duodécima legislaturas, periodo en que formó parte de la Comisión de Cooperación Internacional de Derechos Humanos. Asimismo, fue profesor del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza (de 1989 a 2011), en la que es profesor emérito desde 2011. n En 2002, fue cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una organización sin fines de lucro de la península ibérica compuesta por más de 200 miembros del mundo académico, la administración pública y los interesados del sector de los recursos hídricos, que tiene por objetivo promover un cambio hacia una nueva cultura del agua. Esta fundación se centra especialmente en los derechos humanos, la transparencia y la participación pública en la gestión y planificación del agua y los ecosistemas acuáticos. n Como presidente de la

Fundación Nueva Cultura del Agua, coordinó los dos primeros Congresos Ibéricos de Planificación y Gestión del Agua, celebrados en Zaragoza en 1998 y en Oporto en 2000, y la Conferencia Latinoamericana por la Nueva Cultura del Agua, celebrada en Fortaleza (Brasil) en 2005. n Es cofundador de la Red de Agua Pública, que forma parte de Aqua Pública Europea (la asociación europea de los operadores de aguas públicos) y promueve el derecho humano al agua y al saneamiento en la Unión Europea con iniciativas como Right2Water. n En 2003, fue galardonado con el Premio Medioambiental Goldman por sus contribuciones a la conservación de los ecosistemas hídricos y su participación en conflictos relacionados con el agua que afectan a los derechos humanos de las comunidades en situaciones vulnerables. n De 1997 a 2010 fue miembro del Comité Científico Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. n Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería de Fluidos. Durante los últimos 30 años, sus investigaciones se han centrado en la economía y la gestión del agua. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros. n Pedro Arrojo Agudo habla inglés, español, francés y portugués.

Ilustración de portada: ICCAR/UNESCO / Coalición LAC

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

‘CIUDADES INCLUYENTES’,

un desafío en puerta para acabar con desigualdades de la población con discapacidad En América Latina y El Caribe hay alrededor de 70 millones de personas con alguna discapacidad, sin embargo, este sector de la población es uno de los más excluidos en la región, así lo informó Dorian Rommens, titular de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanas en la Oficina de la UNESCO en México. En el marco del Tercer Encuentro Internacional de Cultura Auditiva, organizado por PAP Escucha México y Cultura auditiva del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el coordinador expuso que frente a esta realidad uno de los mayores desafíos que enfrenta Latinoamérica es garantizar ciudades incluyentes y accesibles para todas las personas que viven con discapacidades. D A L I A

S O U Z A

ZO N A D E N OTA S

n el mundo hay más de mil millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud; por ello, las ciudades requieren de una planificación urbana accesible e inclusiva, afirmó Dorian Rommens titular de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanas en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura en México. Rommens fue invitado al Tercer Encuentro Internacional de Cultura Auditiva para hablar sobre la importancia de promover la inclusión social en las ciudades, específicamente, para las personas con discapacidad, desde un enfoque de igualdad de género, los derechos humanos, la lucha contra el racismo y la discriminación En su intervención expuso que, de estos mil millones de personas con alguna discapacidad en el mundo -y que representan el 15 por ciento de la humanidad-, al menos 70 millones se encuentran en América Latina y el Caribe; mientras que, en México, existen 6 millones 179 mil 800 personas con estas condiciones, lo que representa el 4.9 por ciento de la población total del País, de acuerdo con el último CENSO 2020. “Una persona sobre 20 y sobre todo en las ciudades, vemos muchas personas que padecen algún tipo de discapacidad y por eso es importante que podamos crear esas ciudades accesibles e inclusivas”, manifestó. En el caso puntual de quienes viven con algunos grados de pérdida auditiva, la OMS calcula que hay cerca de mil 500 millones de personas con esta condición y alrededor de 430 millones requieren servicios de rehabilitación. Además, se estima que una de cada cuatro personas en el mundo, casi 2 mil 500 millones, vivirá con algún nivel de pérdida auditiva en 2050. Son “más de mil millones de adultos jóvenes los que corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente y evitable debido a prácticas auditivas poco seguras”, expresó Rommens. De manera contrastante expuso que, a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, “es una realidad que en muchos países existen pocos servicios

21 alto nivel posible de salud sin ningún tipo de discriminación” como lo determina el artículo 25 de dicho documento. Además, está comprometido a presentar informes periódicos al comité para rendir cuentas sobre los avances al cumplimiento de esta convención. De cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, ambas presentadas en 2016, Dorian Rommens manifestó que uno de los desafíos más grandes que mantienen América Latina y México son las desigualdades existentes entre los distintos grupos de la población. A ello, se suma que ésta es la región más urbanizada en el mundo “casi el 80 por ciento de la población vive en ciudades” precisó, lo que se vuelve en un nuevo desafío y pone sobre la mesa uno de los cuestionamientos más importantes “¿cómo podemos desde la ciudad trabajar el tema de accesibilidad e igualdad para las personas con discapacidad?”, señaló. Si bien, la Nueva Agenda Urbana construida por ONU Hábitat, busca definir “los principios de planeación urbana con cero discriminación e incluyendo las ventajas para personas con discapacidades que permitan que todos y todas puedan gozar de los beneficios que tienen las urbes”, resulta vital que para su puesta en marcha:

adecuados y de calidad para las personas con discapacidad”, situación que se recrudeció con el inicio de la pandemia por Covid-19 y que generó a su vez una “crisis multidimensional” que afectó especialmente a este grupo de la población. Al respecto, Dorian recordó la declaración de Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, quien reconoció que “las personas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en términos de víctimas mortales”. Guterres instó también a los gobiernos a incluir a las personas con discapacidad en sus actividades de respuesta a la

Covid-19 y de recuperación posterior, así como a que fueran consultadas e invitadas a colaborar en estas medidas. “Cuando garantizamos los derechos de las personas con discapacidad estamos invirtiendo en nuestro futuro común”, dijo Guterres. En ese sentido, Dorian expuso que la pandemia ha afectado a más de mil millones de personas con discapacidad. Reconociendo que México es uno de los casi 150 países que han ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, advirtió que está comprometido a garantizar que las personas con alguna discapacidad tengan derecho a “gozar del más

1) Se incluyan todas las discapacidades en todos los contextos, sectores, legislaciones y estructuras regulatorias de los países y 2) Se garantice la participación de las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas. “Estas dos agendas nos crean un marco a nivel internacional, sobre todo una óptica crítica para que los tomadores de decisión puedan formar este futuro urbano más accesible para todas y todos” advirtió.

1 Ciudades incluyentes

A través del trabajo que realiza la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina de la UNESCO en México, Dorian compartió que han creado una plataforma de “redes de ciudades”, también llamadas “ciudades

22 creativas” y que ahora mismo hay nueve alrededor del País, cada una con diferentes objetivos; por ejemplo, en Guadalajara se encuentra la Ciudad Creativa Digital y en Mérida la Ciudad Creativa en materia de Gastronomía. También existen las redes de ciudades de aprendizaje con enfoque en educación, éstas tienen la característica de ser incluyentes y sostenibles y forman a su vez parte de una coalición internacional con capítulos regionales. En el caso de América Latina está la “Coalición de ciudades latinoamericanas y caribeñas contra la discriminación, la xenofobia y el racismo”. En México hay dos: Ciudad de México y León. Su fin es intercambiar buenas prácticas de las grandes urbes en materia de inclusión social y sostenibilidad. “Es importante la creación de estas redes para que se compartan buenas prácticas, conocimientos y desafíos para fomentar la inclusión en sus propias ciudades”. Por ejemplo, en febrero de 2021 se llevaron a cabo los “Diálogos por la inclusión” en el municipio de León, Guanajuato, espacio donde se generaron a través de varias sesiones de trabajo, escucha y reflexión, recomendaciones de políticas públicas y principios claves para el desarrollo inclusivo de las ciudades, entre los cuales destacan:

Debe ser una prioridad en las políticas urbanas y rurales como mecanismo para medir entornos no discriminatorios. Políticas y programas urbanos inclusivos. Este principio llama a armonizar las legislaciones y reglamentaciones internacionales y locales existentes en materia de accesibilidad.

2 No discriminación

5 Desarrollo de capacidades

Reconociendo el principio de “no dejar a nadie atrás”, establecido en Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, debe de privilegiarse la creación de políticas urbanas inclusivas, que incorporen el acceso equitativo y asequible y con la infraestructura física, social y digital en las ciudades para todos y todas.

3 Participación

Este principio busca garantizar la creación de mecanismos de participación para la ciudadanía, que sean capaces de reducir las barreras de comunicación que existen entre sociedad y gobiernos. En estos, advirtió Dorian, “se debe incluir a las personas con discapacidad para que puedan compartir con las personas tomadoras de decisiones los desafíos, las realidades y los contextos que enfrentan dentro de las ciudades”.

4 Accesibilidad

6 Datos para el desarrollo

Estos dos últimos principios consideran importante la creación de indicadores y registros, que permitan observar y cuantificar el avance de los Estados en las condiciones de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en las ciudades y el acceso a servicios. Por otro lado, Dorian expuso que, como respuesta a la carencia de información actualizada y comparable que facilite hacer intervenciones en situaciones de crisis dentro de los Estados que conforman la región, se presentó en agosto de 2020 el informe Respuesta inclusiva al Covid-19 con perspectiva de discapacidad en Latinoamérica y el Caribe: Buenas prácticas y propuestas para la acción. La investigación buscó mapear y conocer cómo los gobiernos y las

organizaciones de la sociedad civil han logrado dar una respuesta inclusiva a las personas con discapacidad en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. “Se trata de un mapeo de mejores prácticas y programas identificados y sobre todo recomendaciones, un cierto plan de acción que pueda ayudar a nuestros países y ciudades a fomentar la inclusión social para las personas con discapacidad”. Se identificaron 77 buenas prácticas en 12 países que se han agrupado en categorías claves para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, entre los desafíos se identificó “una predominancia del modelo asistencialista en la aplicación de iniciativas para las personas con discapacidad” sentenció Dorian, contrario al enfoque en derechos humanos y a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los elementos que se deben incluir todas aquellas iniciativas o acciones que pretender ser consideradas como prácticas realmente inclusivas? En opinión de Dorian, “la respuesta a las diversas crisis como la pandemia, debe considerar la marginación, la discriminación, la exclusión y las desigualdades

preexistentes de las personas con discapacidad para garantizar que no se queden atrás”. También, deben contemplarse los principios de interseccionalidad y multidisciplinariedad para generar respuestas apropiadas y verdaderamente incluyentes. Desde la UNESCO se ha establecido un listado de elementos con disposiciones específicas para hacer más sencilla la tarea a los Estados, estos son:

Consulta y participación activa de las personas con discapacidad

Las organizaciones de la sociedad civil y los Estados realizan acciones de manera articulada y coordinada. Existen espacios sostenidos y horizontales de diálogo con personas con discapacidad y sus organizaciones. Se dispone de mecanismos de consulta accesibles.

Enfoque de Derechos Humanos

Se realizan acciones basadas en al menos uno de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las prácticas que se desarrollan promueven la difusión y el cumplimiento del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Se desarrollan prácticas que permiten la codificación, conocimiento y autodefensa de los derechos de las propias personas con discapacidad.

Accesibilidad universal para su difusión e implementación

La información es difundida en diferentes formatos y/o con accesibilidad universal: lengua de señas, subtítulos, voz en off y lectura fácil, y por canales más utilizados por las personas con discapacidad: WhatsApp red social más utilizada. Se implementan prácticas en entornos accesibles, tanto físicos como digitales.

Descentralización

Los gobiernos realizan acciones articuladas para garantizar el alcance de políticas públicas en todo el territorio.

Los gobiernos locales de las ciudades desarrollan acciones articuladas para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de los programas sin necesidad de desplazarse a la capital del país.

Desagregación de datos por discapacidad y género

Todos los formularios de registro incorporan la dimensión de discapacidad para el levantamiento de data. Se dispone de un registro nacional de personas con discapacidad en el que se compila de forma unificada y sistematizada la información desagregada de esta población. Los instrumentos que se utilizan para la medición de la discapacidad incorporan los estándares internacionales recomendados para este fin.

De acuerdo con Dorian, los beneficios de implementarse estas consideraciones garantizaran: 1) El empoderamiento de las personas con discapacidad. 2) La equiparación de oportunidades y resultados. 3) Respuestas al impacto interseccional. 4) Accesibilidad universal. “Si tomamos en cuenta estas consideraciones, desde UNESCO creemos que se volverán más viables y operativos los derechos de las personas con discapacidad. Creo que los temas muy importantes que buscamos como sociedad es el empoderamiento de las personas con discapacidad, pero también, las respuestas inclusivas, interseccionales que podamos lograr esa inclusión social de las diferentes poblaciones más

vulnerables y lograr la disminución de las desigualdades”, finalizó. En su experiencia, “existen varias barreras para la inclusión efectiva de todas las poblaciones y personas con discapacidad”, tales como la falta de acceso a servicios como el transporte, los espacios públicos y el empleo, de aquí que se busque trabajar con los gobiernos locales para fomentar escenarios sociales inclusivos para todas las personas, particularmente para quienes viven con discapacidad.

Somos un proyecto de periodismo documental y de investigación cuyo epicentro se encuentra en Guadalajara, Jalisco.