CONTEXTO 110721

Como parte de su política social, el gobierno de AMLO ha recurrido a dar apoyos a la ciudadanía a través de programas sociales, pero serán insuficientes a causa del aumento de la pobreza laboral y de ingresos que ocasionará la pandemia.

2 LETRAS DE MAQUÍO

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

El salario del miedo (Segunda parte)

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

M

ientras elaborábamos el documento de la Nueva Alianza, le enseñamos el borrador del mismo a un funcionario, haciéndole ver que no lo podíamos publicar hasta que se definiera el salario del emergencia, porque nos era difícil, si no imposible, cumplir con los compromisos si éste era superior a nuestros señalamientos. Esa misma tarde se nos citó en Los Pinos y se nos pidió el documento, al que se le dio difusión. Al día siguiente el licenciado Sergio García ramírez nos citó para decirnos que esa misma tarde anunciaría un salario de emergencia del 30, 20 y 10 por ciento. yo no podía creer lo que me decía y sobre todo que nos hubiera burlado de la forma en que se hizo.

Asumo la responsabilidad de haber sido cándido y haber comprometido a mi sector a priori, pensando que existía la buena fe.

No contento con lo que se nos había informado extraoficialmente, sin cita previa fui a ver al licenciado José López Portillo para suplicarle que no tomara la medida del 30, 20 y 10 por ciento. A la entrada le dije que yo tenía fama bien ganada de dos cosas: de ser muy valiente, casi temerario, y de ser muy optimista; y que sin embargo me estaba muriendo de miedo por la medida de aumento salarial desorbitado que se iba a tomar. Le dije, además, que eso nos llevaría (yo tenía los estudios para comprobarlo) a una inflación superior al 60 por ciento y que no había existido país alguno que rebasara los cincuenta de inflación, que no se metiera en problemas sociales y económicos serios.

López Portillo me contestó que los problemas políticos se resolvían aquí y

ahora, que después arreglaríamos la economía; que las calles estaban llenas de manifestaciones y que esto equivalía a tenerlas regadas de gasolina y alguien podía tirar un fósforo. Pienso que la diferencia entre un político y un estadista es que el primero se asusta y el segundo tiene la templanza para hacer lo que tiene que hacer sin asustarse.

Con vehemencia argumenté que nuestra economía no resistiría, que el sector obrero no esperaba tanto, que nuestra situación se tornaría caótica, que tendríamos que volver a devaluar porque la inflación sería muy grande. Supliqué, hablé de mis hijos, apelé a todo lo que pude y se me contestó que era una decisión tomada. Sigo pensando que esta medida fue la que nos dio la puntilla y, aunque comprendo que políticamente tranquilizó al sector obrero y ayudó a sus líderes, de ninguna manera lo justifico.

Todo lo que le dijimos al gabinete económico y al próximo Presidente, sucedió: espiral inflacionaria, más devaluaciones, pérdida de mercados en el exterior y de turismo, entre otros.

En el futuro habrá que hacer entender a los gobernantes que los tontos y “egoístas”, “los malos de la película” y los que no buscamos chamba en el gobierno también sabemos de política, aunque entendemos que ésta es la actividad gestora del bien común y no precisamente la conservación del poder. El primero es el objetivo, el segundo es la consecuencia. El tiempo nos ha dado la razón.

Miércoles 1 de diciembre 1982

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

Pienso que la diferencia entre un político y un estadista es que el primero se asusta y el segundo tiene la templanza para hacer lo que tiene que hacer sin asustarse.

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#NosQueremosVivas La precarización de la vida y el recrudecimiento de la violencia

D

e acuerdo con el documento “Interseccionalidad de las desigualdades de género en México. Un análisis para el seguimiento” publicado por la secretaría de Gobernación en junio de 2020, el 42.2 por ciento de las mujeres mexicanas viven bajo la línea de la pobreza, frente a 41.4 por ciento de los hombres. Y la proporción es casi el doble en las mujeres hablantes de lengua indígena y 1.6 veces mayor entre aquellas que además residen en localidades rurales. ¿Todo esto impactará también en las violencias más crudas: el feminicidio en el hogar, en la calle?

Intersecciones. Ahí donde se juntan diversas vulnerabilidades hay más riesgo de sufrir violencia, y hay más posibilidades de que las violencias permanezcan impunes. Estas intersecciones se desenvuelven en territorios definidos: áreas conurbadas de la ciudades, colonias irregulares, unidades precarizadas donde viven las familias más golpeadas por la violencia estructural, pueblitos “tragados” por las grandes urbes del país; migrantes de los pueblos originarios a la gran ciudad...

L Y D I E T T E

C A R R I Ó N

Cuando la víctima es indígena

Paloma Bonfil es antropóloga; ha trabajado por casi 10 años con redes de mujeres indígenas que trabajan el tema de violencia. Ella resume: “Son tan víctimas como las no indígenas. Pero los mecanismos que tenemos no las hacen tan visibles”.

A partir de estas redes de mujeres indígenas –muchas de ellas, profesionistas, abogadas– los diagnósticos arrojan que la violencia de género en las zonas indígenas más tradicionales se queda en la comunidad. “No se denuncia” penalmente. Es en la comunidad donde “se resuelve o no se resuelve. El estimado de ellas es que nueve de cada 10 casos de todo tipo de violencia, 9 de 10 se quedan en la comunidad”.

A partir de esto, se plantean otros problemas. Por ejemplo, qué mecanismos hay al interior de la comunidad –la mayoría de las estructuras de gobierno están encabezadas por hombres–, y si determinadas formas de violencia están naturalizadas –violencias que no son consideradas como tal: golpear a la esposa, violencia económica– .

Sin embargo, y “pese a todas las restricciones y a la falta de

Sujeta la foto con la imagen de su hija, Maicha Pamela González.

Fotos: María Ruiz

4 instrumentos propios, las mujeres indígenas organizadas tienen mayores chances de ser protegidas dentro de su comunidad, que en la justicia ordinaria”, señala Bonfil.

Esto es porque los jueces, los ministerios públicos están lejos. No hay traductores, o si los hay, no están capacitados en género, la lejanía de las instituciones, los costos de traslado, etcétera. “La violencia contra mujeres indígenas es mucho más fuerte por la omisión de las instituciones y del Estado.

Para muchas mujeres no es opción denunciar. Ser indígena es ser invisible para el Estado”.

Usos y costumbres

Esta joven ya fue localizada, por lo que se omite su nombre real. La llamaremos Tania. Tania vive en un pueblito del municipio Otzolotepec, enclavado en el Cerro Verónica, Estado de México.

A finales del año 2011 a ese pueblo llegaron una madre y un hijo de 20 años. Un habitante del pueblo los conoció en una iglesia del entonces Distrito Federal. La madre dijo que era pasante de Derecho; y el hijo, de nombre Horacio, dijo ser atleta de alto rendimiento. Así que el pueblo era un lugar propicio para entrenar, por sus campos y caminos para correr, y por su relativa cercanía con el Centro Ceremonial Otomí (a una hora distancia), valorado por los corredores, ya que se encuentra a más de 3000 metros de altura. Así que cada cierto tiempo iban al pueblo y se quedaban en una cabañita.

Horacio conoció a Tania. Ella, entonces de 15 años, él de más de 20 años. Se hicieron novios a escondidas, como ocurre en muchos casos, en muchas zonas rurales. Y así tuvieron una relación larga, la cual, para enero de 2013, tomó un giro que pareciera ser de “usos y costumbres”.

Tania acudía a la preparatoria en otro pueblo (no había escuela en el suyo); iba y venía sola. Pero un día no regresó a casa. Huyó con Horacio y se fueron con la madre de él al Distrito Federal. Tania contaba entonces con 16 años.

Robarse a la novia

No sólo entre los miembros de la etnia hñahñu, sino en casi todos ambientes rurales, una costumbre extendida es “robarse a la novia”.

Por lo general en estos lugares los adolescentes viven noviazgos a

Poblado de Otzolotepec desde el Cerro Verónica en el Estado de México. escondidas y cuando quieren irse a vivir juntos, una estrategia es huir.

Al tercer día, la pareja regresa a “pedir perdón” a la familia de la novia, con algún padrino que responda por el joven o con su familia; entonces se pacta una dote y la formalización de la unión.

Usos y costumbres, en un pueblo donde todos se conocen y las familias se conocen de toda la vida, y la pareja también, desde niños. Y también, donde las adolescentes no cuentan con la expectativa de estudiar más allá de la educación básica o media.

Pero las cosas en buena parte de los municipios del país han cambiado. Incluido el municipio de Otzolotepec.

Al día siguiente de la desaparición, la madre de Tania interpuso una denuncia; y fue entonces que se enteró que su hija levantó un acta en la que declaraba sufrir maltrato por su mamá, quien además, acusaba la adolescente, le quitaba su dinero. Pero no había tal dinero, Tania sólo estudiaba, no trabajaba.

Los familiares pronto supieron que estaba con Horacio y la madre de éste en Ciudad de México. Un mes después, a mediados de febrero, recuperaron a la adolescente. La familia de Tania, a

5 pesar de sus limitaciones económicas quiso hacer las cosas bien: la canalizaron a terapias psicológicas; ahí, la muchacha admitió que la idea de levantar un acta para “meterle miedo” a la familia, fue de Horacio y su madre.

Pocos días después, Horacio buscó a “su novia” a la salida de la escuela. Pero la familia había decidido que ella ya no se trasladaría sola en transporte público. De nuevo, la familia quería hacer las cosas correctamente, no querían que la hija dejara de estudiar (ella alguna vez habló de ser médica), así que un tío la llevaba y recogía todos los días en su taxi.

Cuando Horacio se percató de que no se la podría llevar, rompió el parabrisas del taxi.

Días después, Horacio y la madre se apersonaron para hablar con la madre de Tania. No la encontraron, pero dejaron dicho que la adolescente estaba embarazada.

Era mentira.

Horacio se presentó una y otra vez en la escuela de Tania. Llegó a jalonearla para que se fuera con él.

Sus compañeros de escuela la defendieron. Pero a partir de entonces, Tania le temió a Horacio.

Pero las autoridades le decían a la madre de Tania: “resígnese, señora, son usos y costumbres”. La madre reviró: “soy de pueblo, de provincia.

Seré muy ignorante, pero sé que las cosas no se hacen así”.

Para abril de 2013, las cosas tomaron un giro fuera de cualquier ambigüedad. El tío pasó por Tania a la escuela. Entonces, un auto gris se le cerró. Era Horacio, quien bajó armado. Amenazó con matarlo y exigió que Tania saliera. Así, a punta de pistola, la cargó por la cintura y se la llevó.

Las autoridades siguieron sin determinar si había delito o no.

Pasaron al menos 3 años para que Tania fuera localizada. No se sabe en qué condiciones.

Las víctimas silenciosas

Inició en la frontera de México con Estados Unidos, en los años noventa. Mujeres que desaparecen, Algunas halladas, semanas, meses después, muertas.

Otras permanecen sin ser localizadas.

Pero esta violencia se recrudeció y se articuló en más territorios.

Paloma Bonfil lo reconoce de manera empírica al menos. Cada vez se habla más de desapariciones, trata, violencias que antes eran lejanas en las

Escena cotidiana en el pueblo de Temoaya, donde la mayoría de los habitantes viven del comercio que proporciona el turismo que atrae a la comunidad el Centro Ceremonial Otomí.

Poblado de Otzolotepec. comunidades ¿Se puede hablar de un cambio en las formas, o en la intensidad de la violencia?, ¿tiene esto que ver con un tránsito de migraciones que van del campo a la ciudad?

Bonfil responde: depende.

Depende de la comunidad de donde se sale y las redes. Hay comunidades muy progresistas, donde las mujeres pueden ser autoridades y heredan tierras. Pero hay comunidades donde el tejido

social ya se destruyó, o no tienen herramientas.

Fridaguerrera Villalvazo es una activista y comunicadora mexicana que en los últimos años se ha dedicado a denunciar los casos de feminicidio. Ella piensa que sí. Que el tránsito a la ciudad es un riesgo.

Advierte:

“La documentación de lo que hacemos es la punta del iceberg de lo que ocurre en cada caso, en cada

historia”; en cada una se conjugan diferentes violencias que culminan en el feminicidio”.

Y en este collage nacional de violencias, las niñas y mujeres indígenas, cuando son violentadas, son invisibles para el sistema.

Como ejemplo, uno de sus primeros casos de investigación: Karina era una niña mixe de la sierra norte de Oaxaca. En 2011, se mudó con su familia al área conurbada de la ciudad de Oaxaca.

Una familia más buscando una vida mejor. Ahí la niña pudo ir a la escuela, aprender español y leer y escribir. Pero un par de años después de migrar el padre murió, “por un tema de alcoholismo”, así que la madre, de nombre Elsa, quedó sola y con varios hijos.

Para 2016, Karina ya tenía 13 años y debía ayudar al gasto de la casa.

Se fue a trabajar con una señora que tenía un estanquillo de comida junto a la carretera, un lugar al que llegaban transportistas, choferes y traileros.

Karina “empezó a tener un comportamiento extraño”, narra Frida. “A la madre le hacen saber que la niña tiene amistad con un sujeto mayor, como de unos 30 años”. Una vecina de la familia, que es psicóloga y se ha ganado la confianza de la niña, le hace saber a Elsa que la niña no está bien. La

6 señora con la que trabaja en el restaurante, también alerta a la madre. Así que Elsa decide que la sacará de trabajar de ahí, ya verá cómo harán para vivir. Quizá lavando y planchando... pero las cosas se complican además porque Elsa está embarazada otra vez.

Era el 5 de abril de 2016. Cuando Elsa fue a buscar a su hija al estanquillo, le dicen que “se la llevó este sujeto e iba mareada”.

Los conocidos le dijeron a Elsa que interpusiera una denuncia, pero ella no sabía dónde, ni cómo. Elsa no sabe leer ni escribir, habla poco español. Tampoco sabe a dónde dirigirse, mucho menos qué camión tomar. Finalmente, 22 días después, su vecina psicóloga la acompañó a levantar la denuncia.

El 6 de abril de 2016, el cuerpo de una mujer fue hallado en la carretera México-Puebla.

Los peritos le calcularon 28 años, al lado de ella habían condones y kleenex. La clasificaron como prostituta. Dos días después la enviaron a la fosa común.

Cuando Fridaguerrera tomó el caso, cotejó la vestimenta señalada por la madre con los hallazgos de varias fiscalías del país. Así lograron identificar a Karina. El cuerpo de la México-Puebla no era el de una mujer de 28 años; era el de una niña de 13. Y no era prostituta. Era una menor de edad de la etnia mixe que debía trabajar, y a quien se la llevó un transportista de nombre Mariano.

“El tipo que mató a Karina está identificado; no hay nadie que lo detenga. Debe seguir engañando y matando niñas”, concluye Frida.

Elocadia es madre de Maicha Pamela González. Desde que asesinaron a su hija se ha enfrentado a una serie de omisiones en la investigación del feminicidio de su hija. Maicha Pamela tenía 16 años, vivían en Temoaya y trabajaba atendiendo una tienda de abarrotes en su casa.

Foto: Maria Ruiz

Pamela

“Eso es lo que pasa. Cuando matan a una mujer indígena para los medios no es tan importante”.

Así lo resume Elocadia, hablante de la lengua otomí y madre de Maicha Pamela.

Pamela era una adolescente de 16 años, que fue asesinada en su propia casa el 9 de mayo de 2020. Aquel día, Elo salió a su trabajo y dejó a su hija en su hogar, en Temoaya, Estado de México. Esta es una comunidad en la parte alta y boscosa del Estado, cerca de las zonas conurbadas, tanto de Toluca, como de la Ciudad de México.

A las pocas horas una sobrina le habló al trabajo. Alguien entró a la casa, maniató a Pamela y la metió viva en un tambo con agua y lo

tapó. El móvil no fue una agresión sexual; nadie sabe cuál fue el móvil.

Tampoco hay sospechosos. “Te da coraje”, explica la madre. “No sabemos”, porque aunque hay indicios y pruebas, no hay investigación. “Sí hay varias líneas de investigación. Se han arrojado”.

[Pero ha pasado] tanto tiempo. No sería así si estuvieran haciendo su trabajo”.

Los costos para la familia han sido muy altos. Elocadia ha perdido su empleo mientras busca justicia para su hija. La tiendita que la familia montó en la casa –y que Pamela atendía– tampoco deja ya.

Los clientes eran los niños que iban a la escuela. Pero con la pandemia, no hay clases ni niños en la calle.

El feminicidio de Pamela ocurrió cerca de donde vivía Fátima Varinia,

una niña de 12 años que fue asesinada el 5 de febrero de 2015, en el municipio de Lerma, cuando regresaba de la escuela. Los asesinos y agresores eran tres vecinos de ella; dos de ellos menores de edad.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, explica que estos lugares eran “pueblitos tranquilos donde no pasaba nada, pero ahora es

7 peligroso”. Aunque, tras una pausa Lorena matiza: quizá siempre fue peligroso pero quedaba oculto.

La llegada del crimen organizado. En el caso de Fátima, los agresores tenían vínculos con policías corruptos y bandas de narcotraficantes. La familia fue amenazada y desplazada a Monterrey. Todo ello implicó más daños: uno de los hermanos tuvo que dejar de estudiar; otro batalló con una depresión terrible y murió el año pasado por negligencia médica, mientras el padre de familia sigue sin poder trabajar. Todos esos daños invisibles...

La intensificación de las violencias

Desapariciones y feminicidios. ¿Un asunto de migraciones?, ¿un producto de choques culturales?, se le cuestiona a Teresa Almada, quien lleva más de 20 años trabajando estos temas en Ciudad Juárez, a través de su organización Centro de Asesoría y promoción Juvenil, A.C. (CASA). Ella guarda silencio unos momentos, y dice: –No me atrevería a hacer afirmaciones tan categóricas. Lo que sí es que hay un nivel muy claro de violencia y de precarización, muy generalizado.En donde muchas de ellas [las adolescentes] han crecido en condiciones de mucho abandono, de mucha pobreza, de violencia, de abuso sexual. Hay un conjunto de condiciones en la ciudad… Por ejemplo en el suroriente [de Ciudad Juárez], donde se han construido casas muy pequeñas. Donde viven familias grandes, a veces familias compuestas con hijos de ambos padres, y también el espacio urbano es altamente degradado: enormes lotes baldíos, una enorme mancha urbana, un déficit importante de espacios educativos; y una falta de infraestructura para dar soporte a la vida de las familias de las personas–.

En esa zona hay una situación más recrudecida. Hay muchos casos de chicas que se encuentra una en las tapias, con situaciones que tienen que ver con esto: chicas que, a los 13 años, y se unen con tipos de 30 años.

“Encontramos muchos casos de chicas con esta falta de seguridad, de soporte, de protección. Y también hemos encontrado muchos casos de niñas que son abusadas en estas mismas condiciones familiares, por otros

Hogar de Maicha Pamela, en este espacio fue asesinada. Los peritajes no se realizaron de manera adecuada con el pretexto de la pandemia.

Adriana Segovia en su consultorio en casa donde da terapia familiar. niños. De 12, 13 años. Sí hay esta condición de forma muy recrudecida”, dice Almada.

A pesar del tema del feminicidio,

no hay políticas públicas en relación con toda esta población infantil de niñas y adolescentes. [Las niñas] también tienen mucho esta presión

de responsabilidades [no acordes a su edad] de hacerse cargo de los hermanitos, de las tareas del hogar.

Muchas adolescentes están huyendo de lo que viven al interior de sus casas.

Y esto también las hace más vulnerables. Vulnerables al crimen; son chicas que están buscando huir, explica Tere. Este es un tema que no ha sido suficientemente reflexionado en la ciudad… y que es la base de estas violencias. “La punta del iceberg es el feminicidio, pero debajo hay muchas violencias previas.”

De acuerdo con el informe de Data Cívica, más de la mitad de las mujeres reportadas como desaparecidas por el Cenapi eran menores de edad al momento de su desaparición (51.2%). Y el 75 % tenían 23 años o menos. Y es en este grupo de edad en el que se localiza a la mayor cantidad de mujeres con vida: el 32% del total de mujeres localizadas con vida tienen ese mismo rango de edad.

La otra intersección: violencia familiar y violencia en la calle

H

ace tres años, cuando ganó la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió dos cosas en materia económica: una transformación para desterrar los vicios del modelo neoliberal, como lo son la desigualdad social y la corrupción; y un impulso productivo para romper con la inercia de bajo crecimiento económico de los últimos 35 años.

Hoy, a mitad de sexenio, el talón de Aquiles de su administración sigue siendo el crecimiento económico, que lo ha quedado a deber, en gran medida, por el clima de recesión por el que atraviesa el país desde principios de 2019, mismo que se acentuó con la pandemia de Coronavirus, en un contexto en que la recuperación económica —que ya empezó— se extenderá más allá de 2021, considerando que aún regresando a los niveles previos a la pandemia, la economía mexicana estará anclada por los factores de bajo crecimiento económico que había previo a la pandemia.

Sin embargo, uno de los cambios que prometió —y que está en movimiento— es la implementación de una política económica con un enfoque de bienestar con justicia social, que en los hechos se ha materializado a través de una serie de transferencias o subsidios sociales que contrasta con lo que hicieron anteriores administraciones, en que se dio prevalencia al rescate de grandes agentes económicos —como lo son empresas del sector privado— aún a costa de un mayor endeudamiento público.

Para analizar el comportamiento de la política económica del actual sexenio hay tres puntos de quiebre: el periodo antes de la pandemia, la pandemia y la etapa postpandémica, de acuerdo con la doctora Nayeli Pérez Juárez del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Este medio tiempo del actual sexenio no se puede explicar sin esos antecedentes”, dijo en entrevista la economista, ya que si no se consideran y sólo se revisan los indicadores económicos, obviamente el resultado será “bastante negativo”.

Por ejemplo, el Producto Interno

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CRECIMIENTO ECONÓMICO El gasto social palió la crisis; el reto ahora es generar economía A tres años de la victoria de López Obrador, los programas sociales y la austeridad presupuestaria han sido suficientes para sobrellevar la recesión que ya estaba, pero que se agravó con la pandemia de Covid-19. Sin embargo, hay dudas de qué hará la administración en turno para fomentar la inversión que le permita sostener los apoyos sociales a largo plazo E F R É N

F L O R E S

SINEMBARGO.MX

Bruto (PIB) del primer trimestre de 2021 fue 4.8 por ciento inferior al del mismo trimestre de 2019, que incluye una disminución de las actividades industrial, de servicios y de comercio; y la masa de inversiones (pública, privada y

extranjera) como porcentaje del PIB al cuarto trimestre de 2020 fue 18.4 por ciento más baja que la registrada en el cuarto trimestre de 2018, indican cifras de la Secretaría de Economía (SE) y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática (Inegi).

En ese sentido, Pérez Juárez explicó a SinEmbargo que “no podemos desligar el comportamiento económico de una crisis sanitaria que evidentemente se convirtió en una crisis

9 El PIB en el sexenio de AMLO

pasado repuntó 28.7 por ciento.

Esto implica que aún no se recupera del golpe de la pandemia.

Al igual que Pérez Juárez, el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco refirió que la administración de AMLO tendrá que balancear la relación público-privado para evitar una contraposición o aislamiento de la política económica que pretende seguir implementando, con respecto al modelo económico con que operan las economías a nivel internacional, incluida la de México, que tiene acuerdos multilaterales y multinacionales (como el T-MEC) orientados a favorecer una economía de mercado.

Austeridad y gasto público

económica”, por lo que los aciertos y desaciertos del actual Gobierno tendrán que ser analizados a la luz de la coyuntura de los últimos años.

“Es un sexenio que se está moviendo con antecedentes de recesión y de crisis económica, y los resultados que ha dado […] en términos generales son positivos hasta cierto punto, porque lo tendríamos que medir en corto y mediano plazo”, abundó la economista del IIE-UNAM. Uno de los factores que permite entender el manejo de la economía de México por parte de la actual administración es precisamente el uso de instrumentos de política social —en este caso los subsidios o transferencias del sector público— que aunque tienen un carácter de tipo proteccionista, son estímulos que —al menos desde el punto de vista teórico— están relacionados con el incremento del consumo, que asimismo habría de tener un efecto positivo en términos de inversión y de crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, coincidió el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, especialista en financiamiento para el desarrollo del IIE-UNAM.

“En términos de reordenación del gasto público a gasto social — incluida la inversión en infraestructura pública— con una visión de autonomía productiva, el resultado ha sido relativamente bueno, sobre todo pensando que el objetivo es el crecimiento del poder adquisitivo, por lo menos a partir del salario mínimo, sin considerar la inflación”, explicó el economista.

Pero más allá del gasto en programas sociales y en infraestructura pública para reactivar la inversión, los economistas consultados refirieron que el enfoque de bienestar con justicia social que está siendo implementado enfrenta «problemáticas y trabas» que impone el actual sistema económico.

Al respecto, la doctora Nayeli Pérez Juárez dijo que a pesar de que a corto plazo funciona la intervención del Estado, en cambio a largo plazo, la pregunta es si el fomento a la inversión será suficiente como para sostener programas y transferencias sociales, sobre todo si se consideran factores como las variables climáticas que van a

impactar la economía familiar, como lo es el periodo de sequías que se ha venido extendiendo y profundizando desde mediados del año pasado y que detonó un proceso inflacionario en productos agropecuarios.

“No puedes estar teniendo o estar incrementando transferencias sociales sin estar incrementando la recaudación y sin estar incrementando los niveles de inversión, porque si no, ahí sí van a generar un problema mayor”, explicó la investigadora de la UNAM, quien también mencionó que una de las principales problemáticas del actual Gobierno es que la inversión se está fomentando a partir de la inversión pública, que aunque «es correcto y está bien”, no sustituye a otras variables como lo es la inversión privada, sin la cual y de no ser fortalecida, el Gobierno «puede estar generando rigideces dentro de la economía interna”.

Las cifras del Inegi refieren que la inversión privada cayó 42.6 por ciento real entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, mientras que en los dos últimos trimestres del año

En el «Proyecto de Nación 20182024”, López Obrador y los integrantes de su movimiento político recogen varios proyectos y propuestas para reactivar y transformar la economía de México.

Entre los principales pilares de cambio están aquellos que hoy forman parte de los objetivos transversales de su política económica.

Primero, la austeridad en el ejercicio de recursos públicos, que implica no aumentar el gasto y limitar el endeudamiento; segundo, el fortalecimiento a la inversión pública y privada, que incluye gasto capital en infraestructura, así como aquél para el fomento de las industrias y la diversificación de exportaciones; y tercero, desarrollo social, que agrupa los compromisos de aumentar el poder adquisitivo, reducir las desigualdades y fomentar la economía social y solidaria (o creación de cooperativas).

Con relación a los puntos uno y dos, en materia de austeridad y del fortalecimiento de las inversiones, los economistas consultados refirieron que existe un grado de tensión que la actual administración tendrá que resolver para concretar su proyecto de desarrollo. Ello supone un balance entre el recorte y reajuste de gastos para no minar las inversiones existentes, en yuxtaposición con el uso eficiente y estratégico de recursos públicos.

Un ejemplo de ello es lo que que refiere el empresario Carlos Chavira Rodríguez al mencionar que lo que “ha salido bien” con esta

10 Economía: 3 años de AMLO

administración es el no endeudamiento y el manejo prudente de las finanzas públicas, así como el combate a ciertos intereses creados en algunos sectores económicos como el farmacéutico y el energético, que son estrategias que —junto con el discurso de combate a la corrupción— mejoran el panorama económico del país, pero que contrastan con otros factores pendientes que van de la mano con estas estrategias, como en los casos del fomento a pequeñas y medianas empresas, o la apertura de nuevos mercados y la mejora de las condiciones de competencia económica a nivel nacional, toda vez que en México aún hay sectores con acotados competidores, por ejemplo el energético, el de transporte, de servicios financieros y de telecomunicaciones.

De acuerdo con el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, “uno de los puntos que implica tanto una fortaleza como una debilidad de este Gobierno es el gasto público”.

Al respecto, el investigador del IIEUNAM refirió que aunque la austeridad siempre es necesaria, en extremo puede desestabilizar las

operaciones regulares del aparato gubernamental, e incluso ralentizar el desarrollo de inversiones privadas que dependen de flujos de capital público.

Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que en los primeros 12 meses del sexenio actual, el gasto neto del sector público tuvo un recorte de 0.4 por ciento real mientras que, como consecuencia de la pandemia, este gasto aumentó 9.3 por ciento en 2020.

Con respecto a la austeridad, la doctora Nayeli Pérez Juárez enfatizó que el no endeudamiento de esta administración es y seguirá siendo un acierto mientras que permita que la economía siga creciendo, a pesar de que en casos de crisis económicas como la que atraviesa México se espera que el endeudamiento sea utilizado para fomentar a empresas —sobre todo a las más grandes— mediante una política fiscal (o estímulos sobre impuestos) con la finalidad de que no caigan en quiebra.

“Se ha cometido un acierto en no endeudarse para hacer este tipo de rescates. De hecho, parte de la teoría económica que se sustenta

dentro del marco de la propia economía de mercado, es que si las empresas no sobreviven a estos choques macroeconómicos, pues deben de desaparecer y deben entrar nuevos actores a los mercados, porque si no estás fomentando empresas que son nocivas para la economía”, explicó Pérez Juárez.

Hasta mayo de 2021, el saldo total de la deuda neta del sector público federal —que incluye al endeudamiento interno y externo— equivalió al 47.7 por ciento del PIB de México, de acuerdo con datos de la SHCP. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que por la pandemia, a finales de 2021 el saldo sea cercano al 60.5 por ciento del PIB. Los especialistas consultados refirieron que la actual administración está actuando de manera responsable, además que es positivo que el Gobierno en lugar de subsidiar a grandes empresas esté subsidiando gasto social. Sin embargo, advirtieron que este último tipo de gasto tiene sus limitantes ya que sólo funciona a corto plazo.

Para Pérez Juárez, “si no tienes

recaudación, si no tienes crecimiento de inversión públicaprivada, no te va a dar para seguir fomentando eso. Se ha hecho mediante recortes […]. Es un acierto. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la solución puede terminar convirtiéndose en un problema. Ahí es donde el estímulo a la inversión sí se debe de aplicarse”.

El problema de la recaudación fiscal es uno de los más grandes pendientes del Gobierno del Presidente López Obrador, ya que aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha ocupado de aplicar la ley para que los grandes contribuyentes paguen impuestos, el programa actual ha sido insuficiente por la gran cantidad de contribuyentes que no lo hacen.

«Allí es donde seguimos atorados, me parece, y no le permite al Gobierno dar el cambio que se espera, sobre todo para distanciarse en materia macroeconómica de lo que se venía haciendo”, indicó Cruz Blanco, quien asimismo adelantó que de no resolverse esta situación, las alternativas de la actual administración para aumentar sus ingresos serán subir impuestos o contraer más deuda.

De acuerdo con la SHCP, aunque el monto de los ingresos tributarios en los primeros 24 meses del actual sexenio es el más elevado en comparación con el mismo lapso de los sexenios anteriores a partir del año 2001, con un nivel equivalente al 14.4 por ciento del PIB al cierre de 2020, hoy en día casi dos terceras partes de la población económicamente activa es informal y no paga impuestos. En ese sentido, los datos del Inegi indican que en marzo de 2021, la tasa de informalidad laboral se situó en 56.8 por ciento, que es una cifra inferior en 1.1 puntos porcentuales en comparación con la de marzo de 2020.

Pendientes y vulnerabilidades

Además de fortalecer el gasto público en inversión —que al cierre de 2020 equivalió al 2.5 por ciento del PIB y que es insuficiente para detonar el crecimiento económico nacional— y de fomentar la recaudación tributaria, el Gobierno

11 Inversión en México (2018-2020)

actual tiene pendiente la diversificación de exportaciones y la generación de empleos con mejor poder adquisitivo.

En la opinión del doctor Moritz Alberto Cruz Blanco del IIE-UNAM, el apoyo a las exportaciones es indispensable no sólo por un tema de superávit comercial, sino también porque es un generador de empleos muy importante a nivel nacional. Al respecto mencionó que “cualquier importación generalmente implica una pérdida de empleo, sobre todo cuando eso que no se produce sí se puede producir” en un determinado país.

Por ello, el economista explicó que “desarrollar industrias es generar empleos y entra en lógicas que no son del todo de libre mercado”.

Las cifras del Inegi refieren que entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020, a la par que aumentó la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas repuntaron 12.3 por ciento real, de modo que el nivel de exportaciones del cierre del año pasado fue 3.8 por ciento real superior al nivel del mismo trimestre de 2019.

Aunque las exportaciones comienzan a recuperarse y a impulsar a los sectores primario (agropecuario) y secundario (industrial) de la economía

mexicana, toda vez que la balanza comercial tiene un balance positivo, Cruz Blanco señaló que el reto a mediano plazo es aprovechar los acuerdos comerciales de México — sobre todo en lo tocante al T-MEC— para impulsar la recuperación que está viviendo actualmente el país, así como tejer nuevos mercados que propicien la generación de industrias a nivel nacional, máxime considerando que la mayor parte de la economía depende del sector terciario (servicios) que ha sido al que más le ha costado recuperarse, en buena medida por la lenta reapertura del turismo nacional e internacional.

En ese sentido, la diversificación de exportaciones —como detonante de inversiones en otros sectores productivos— serviría para amortiguar de mejor manera los efectos de futuras crisis económicas.

En cuanto al poder adquisitivo, los economistas consultados explicaron que existe una situación complicada, ya que a pesar de los aumentos al salario mínimo, estos aún son insuficientes para garantizar el desarrollo de los mexicanos que en su mayoría —74 por ciento de la población ocupada con ingresos especificados, de acuerdo con el Inegi— tienen remuneraciones mensuales de no

más de dos salarios mínimos y cuya capacidad de adquisición se ha visto muy reducida por factores macroeconómicos como la inflación.

“La tasa de inflación de la primera quincena de junio fue alta, fue de seis por ciento. Eso hay que tenerlo en cuenta porque impacta directamente al ingreso de las familias”, dijo al respecto la doctora Nayeli Pérez Juárez.

La economista de la UNAM explicó que aunque el Gobierno aumente los salarios, la inflación continuará anulando los incrementos si no existe un control de las variables macroeconómicas —como el PIB, la inflación, la tasa de interés, el empleo y el desempleo— que afectan al ciudadano de a pie.

A modo de ejemplo recordó que «una caída del dos por ciento del PIB te va a generar un elevación del desempleo del uno por ciento. Eso ya está impactando el consumo y todas las demás variables”. Algo similar ocurre con el efecto dominó de la tasa de interés y de la inflación.

De acuerdo con la doctora Pérez Juárez, el tema de la inflación es preocupante y es un tema que tendrá que estar vigilando el Gobierno de manera constante.

Una forma de controlarla es con la tasa de interés: aumentarla sirve para evitar fuga de capitales y atraer inversores (por el potencial incremento de rendimientos), además de que ayuda a mantener la estabilidad del tipo de cambio, mientras que reducirla tiende a estimular el consumo de personas físicas y morales (ya que las cargas crediticias se ven reducidas) y puede ayudar a fomentar empleos e inversión.

En todo caso, la situación actual es un cuello de botella, ya que de uno u otro modo la tasa de interés tendrá un impacto sobre la inflación. Y si el banco central no juega bien sus cartas, a fin de cuentas habría una disminución del salario real de todos los mexicanos, que más que impactar en términos numéricos, tendrá consecuencias negativas en materia de bienestar y de la línea de pobreza a nivel nacional.

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PROGRAMAS SOCIALES

La pandemia exigirá más ayudas; la duda es si llegarán a todos

A

fuera de la sede de la Secretaría de Bienestar en Avenida Reforma, en la Ciudad de México, cientos de adultos mayores realizaron hace unos días largas filas sin sana distancia que llegaron hasta el Monumento a la Revolución o a la Plaza de la República.

Después de las elecciones, se abrió la oportunidad a los de 65 años y más de acceder a una pensión de 3 mil 100 pesos bimestrales. Algunos han pernoctado o madrugado para alcanzar ficha. La sobredemanda orilló a la dependencia federal a anunciar que en breve se abrirán más módulos en las alcaldías de la capital.

Los apoyos monetarios a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y sembradores han sido la base de la política de desarrollo social del Gobierno federal. Sin embargo, no llegan a todos los que lo requieren.

D U L C E

O L V E R A

SINEMBARGO.MX

Como parte de su política social, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recurrido a transferencias monetarias sin intermediarios para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y agricultores, las cuales fortaleció por la crisis sanitaria y económica.

Sin embargo, la entrega de estos programas sociales no es universal

tanto por un reducido presupuesto como por la falta de un padrón único de beneficiarios a nivel nacional.

Además, estos apoyos serán insuficientes a causa del aumento de la pobreza laboral y de ingresos que ocasionará la pandemia de la Covid-19, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) y organizaciones civiles.

“Nuestra recomendación —y que en varias reuniones de trabajo lo hemos comentado— es delinear de manera más adecuada la población objetivo, porque esta delimitación pudiera permitir, por un lado, focalizar en mayor medida los esfuerzos presupuestarios y, en segunda instancia, para que estos recursos tuvieran un mayor efecto

13 en la crisis sanitaria”, dijo a SinEmbargo el Secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.

La batuta de «primero los pobres» al inicio de esta administración la llevó la actual Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, y desde septiembre de 2020 el titular de Bienestar es Javier May Rodríguez. También hubo relevo en la Coordinación General de Programas de Desarrollo del Gobierno federal. Posterior al proceso electoral, el exoperador político de Morena y Jefe de los superdelegados y servidores de la nación, Gabriel García Hernández, dejó el cargo para regresar al Senado.

En una visita a Oaxaca, el Secretario Javier May expuso que reconocer en la Constitución a las personas más vulnerables como sujetos de derechos «es uno de los avances más importantes de la historia» porque con ello se dejó atrás el clientelismo. «Las pensiones y apoyos para el bienestar representan un ingreso vital para las familias más vulnerables de México», dijo.

No obstante, la política de desarrollo social no debe «reducirse» a las transferencias monetarias que, además, no llegan a poco más de la mitad de los estratos más bajos, sino que debe ampliarse a garantizar los principales derechos sociales como el acceso efectivo a la educación (ya afectado por las clases en línea) y a la salud, así como un trabajo bien remunerado para mitigar la pobreza laboral, dijo Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

«No se tomaron medidas efectivas para proteger a los hogares más pobres o que se quedaron sin ingresos durante la pandemia, por lo que todos los datos muestran que tendremos un incremento de pobreza en los primeros dos años de Gobierno», expuso en entrevista. «En los primeros meses de la COVID-19, el Coneval estimó que los programas sociales no podrían cubrir [la crisis económica], y se ha venido confirmando con los datos».

Aumento de pobreza

Los datos sobre personas en situación de pobreza por diversas carencias el Coneval los publicará

en la primera quincena de agosto.

Pero cifras previas indican un aumento sobre todo por ingreso y trabajo precario derivado de la pandemia.

En el primer trimestre de este año el 39.7 por ciento de los trabajadores tuvo un ingreso insuficiente para acceder a una canasta básica, casi cuatro puntos porcentuales más que en mismo periodo de 2020. Quintana Roo y Baja California Sur, estados turísticos golpeados por la pandemia, son los más afectados por esta pobreza laboral, observó el Secretario ejecutivo José Nabor Cruz.

Esta semana Acción Ciudadana Frente A La Pobreza presentó el semáforo del trabajo donde advirtió que de 75 millones de mexicanos en edad productiva, sólo 9 millones cuentan con un trabajo digno, esto es, con todas las prestaciones.

Además, la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19)

de la Universidad Iberoamericana mostró que en marzo sólo cuatro de cada 10 hogares en el país recibieron algún programa social, principalmente la pensión para adultos mayores y la becas Benito Juárez. A la par, el 64 por ciento de los hogares declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia y la seguridad alimentaria bajó de 33 por ciento en diciembre de 2020 a 27 por ciento en marzo, es decir, en el primer trimestre del año hubo más personas con hambre.

Apoyo sin padrón nacional

Emilia vive en Ometepec, Guerrero. Tiene gemelos y se dedica a bordar ropa con hilo y chaquiras, a la manera tradicional de su pueblo amuzgo. «Compro su ropa y también su alimento.

Compro su fruta, frijoles y también jabón», dijo sobre el apoyo de mil 600 pesos por hijo.

En la comunidad mixteca de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, Brenda se dedica al telar de cintura.

Con esa actividad artesanal y la

pensión para personas con discapacidad (es sorda) compra comida y otros productos para ella y su hijo.

Asimismo, este año Sembrando Vida se extiende a 20 entidades entre 420 mil sembradores como Ana, de la Costa Chica guerrerense.

Su madre la llamó Anatolio, pero ella es feliz como mujer y le alegra que el programa donde labora en el vivero comunitario sea inclusivo.

Sin embargo, estos programas no llegan a todos los hogares que lo requieren. De abril de 2019 a julio del 2020, el Coneval evaluó a los 17 programas prioritarios mediante entrevistas tanto a los beneficiarios como a los operadores y a los funcionarios públicos que los implementan en campo, entre ellos, el apoyo a hijos de madres trabajadoras, pensión a personas con discapacidad y Sembrando Vida, así como los dirigidos para apoyar en educación, agricultura, vivienda y empleo.

Además de que recomendó utilizar el indicador de pobreza

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como criterio de elegibilidad para así no solo llegar a los territorios más necesitados sino a las personas que presentan mayores carencias, también observó la urgencia de un padrón único de beneficiarios a nivel nacional.

«Más allá del Censo del Bienestar con el que se empezó en 2018-2019, hay estados como Aguascalientes, Yucatán y Jalisco que sí tienen su padrón único de beneficiarios. Pero eso no escapa de que nuestra propuesta sea que haya un padrón único de beneficiarios a nivel

nacional y, el escenario ideal, es que estuviera alimentado por los tres niveles de gobierno para detectar los requerimientos geográficos y sociodemográficos de localidades vulnerables», afirmó el Secretario ejecutivo de Coneval José Nabor Cruz.

Los hallazgos generales de la evaluación también arrojaron que en muchos casos el diseño del programa se fue definiendo a la par de su implementación y se empezó a operar con poca infraestructura física o recursos humanos

insuficientes en un contexto de austeridad.

Esto obligó a desarrollar estrategias de innovación y adaptación como plataformas en línea y utilizar la información disponible hasta el momento (no un padrón único) como base para acercarse a los beneficiarios. De hecho, varios programas utilizaron el Censo del Bienestar como fuente de información para identificar su población objetivo, no obstante, cada uno tuvo que realizar ajustes por falta de precisión.

Además, pese a las sedes del Banco de Bienestar, el buscar entregar sin intermediarios encuentra como limitante la baja penetración bancaria principalmente en zonas rurales, lo que encarece o atrasa el acceso.

Las recomendaciones de Coneval coinciden con observaciones de organizaciones sobre población objetivo.

En 2018, antes de la pandemia y el inicio de esta administración federal,Oxfam México que el Consejo registró a 52.4 millones de personas en pobreza, el 41.9 por ciento de la población. Pero 32 millones (el 60 por ciento de la población en pobreza) no cumplían con los requisitos para ser beneficiarias de los programas prioritarios como las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y las becas para el Bienestar Benito Juárez. «¿Quiénes son las personas que no reciben apoyo de estos programas? 19 millones de ellas son trabajadoras ocupadas con promedio de ingresos por hogar de 7 mil 173 pesos al mes, y casi 900 mil desocupadas. El 88.6 por ciento (28.3 millones) no tiene acceso directo a la seguridad social, por lo que muy probablemente está en informalidad laboral y una de cada tres se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, tiene tres o más carencias sociales y sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas», documentó la organización en abril del año pasado cuando comenzaba la Covid-19.

El Instituto de Estudios Sobre Desigualdad agregó que en 2020 en el decil I (el 10 por ciento de los hogares con menos ingresos) sólo el 60 por ciento cupo dentro de los requisitos de estas transferencias. Y, en el caso de los hogares cubiertos, no recibieron suficiente protección, ya que los ingresos promedio del decil I por estos apoyos son de 842 pesos mensuales, equivalentes a 12 por ciento del total de ingresos del hogar.

«No es posible afirmar que las personas en mayor situación de pobreza se encuentran protegidas por los programas de bienestar de la 4T, ya que apenas garantizan uno de cada 10 pesos que reciben», planteó el Instituto en mayo de 2020.

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INSEGURIDAD

La violencia es pendiente en rojo para AMLO, a 3 años de su triunfo

L

as cifras y los indicadores de delitos de alto impacto representan aún un desafío para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien ha reconocido que la violencia es uno de sus pendientes, pese a que ha referido que está “contenida’. Por su parte, analistas en seguridad aseguran que a dos años y medio no hay avances sustanciales o significativos en el combate a la delincuencia organizada.

Los hechos de violencia que han sacudido a diferentes estados del país, como los de Tamaulipas y

Los hechos de violencia que han sacudido a diferentes estados del país, como Tamaulipas y Zacatecas, son un botón que muestra cómo la inseguridad persiste y se ratifica como uno de los pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador S U G E Y R Y

R O M I N A

SINEMBARGO.MX

Zacatecas, son un botón de muestra de cómo la inseguridad persiste como uno de los pendientes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles cumple tres años de salir victorioso en la

G Á N D A R A

elección presidencial de 2018 con el respaldo de 30 millones de votos.

Tan sólo en una semana se registraron en ambas entidades al menos cuatro matanzas que dejaron más de medio centenar de personas muertas en hechos

atribuidos a integrantes del crimen organizado. En Tamaulipas, apenas ayer nueve personas murieron luego de un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada en el municipio de Miguel Alemán, lo que

16 se suma al sangriento saldo de 19 personas muertas –15 de ellas inocentes– en diversos ataques dirigidos a civiles al azar en ciudad Reynosa.

En Zacatecas, un enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa dejó al menos 18 muertos el viernes pasado, aunado al asesinato de dos policías de San Luis Potosí en la ciudad de Zacatecas, y a la ejecución de siete personas en el municipio de Fresnillo.

Pero estos casos son sólo la punta del iceberg. México ha registrado los dos años más violentos de su historia en el primer tramo del Gobierno de López Obrador, con un total de 86 mil 370 víctimas de homicidio doloso entre diciembre de 2018 a mayo de 2021, de los cuales, 34 mil 681 víctimas de asesinato se registraron en el año 2019 y 34 mil 554 en 2020, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Si volteamos a ver los datos oficiales, las cosas nunca habían estado peor. Los peores dos años cumplidos en materia de violencia son 2019 y 2020. El peor año fue 2019 y en 2020 hubo apenas una reducción mínima del delito, pese a que con la pandemia los delitos comunes cayeron”, comentó en entrevista Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

En 30 meses de la actual administración —es decir, de diciembre de 2018 a mayo de 2021— al menos 2 mil 471 personas fueron víctimas de secuestro; 21 mil 575 de extorsión y al menos 3 mil 169 mujeres fueron asesinadas, cuyas investigaciones se abrieron por el delito de feminicidio.

Sólo en lo que respecta a mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México reportó 2 mil 963 homicidios, cifra con la que se apuntó en el mes más violento en lo que va de 2021 y uno de los 10 más sangrientos en lo que va de la administración.

Los indicadores en esta materia representan un desafío para el Gobierno de López Obrador, quien ha reconocido que la violencia es uno de sus pendientes, pese a que ha referido que está “contenida».

No obstante, luego de los episodios registrados en los últimos días, el

Presidente aseguró que el país “está en calma”, que “hay gobernabilidad y hay tranquilidad”.

Una postura que no comparten algunos observadores.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, destacó que aunque en los últimos meses no se ha registrado un incremento cuantitativo de la violencia, lo cierto es que cualitativamente se mantiene, pues los eventos de alto impacto siguen registrándose constantemente, tal como lo demuestran hechos como los ataques a civiles indiscriminadamente en Tamaulipas, la violencia en Zacatecas, los bloqueos y drones con explosivos así como las desapariciones masivas en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, entre otros.

“Si bien es cierto que en los últimos meses no se ha registrado un crecimiento marcado de los índices de violencia tampoco se puede decir que está contenida; es muy pronto para decir que se frenó el crecimiento, porque tampoco hay una disminución significativa de la inseguridad. Y entonces, derivado de que no existe una

disminución significativa, sí se puede afirmar que en este momento ha habido más violencia en los últimos años, es decir, hoy México es más violento que en las peores etapas de Peña Nieto e incluso que las de Felipe Calderón”, refirió el investigador en entrevista con SinEmbargo.

“Cuando las autoridades hablan de resultados, yo no sé a qué se refieren porque no hay una mejora sustantiva […] Los números oficiales no respaldan lo que las autoridades dicen. […] No hay ningún elemento que podamos considerar como satisfactorio en materia de seguridad. Hoy vemos la cantidad de víctimas de homicidio que tenemos mes a mes y estamos hablando que por lo menos en nuestro país mueren diariamente 90 personas víctimas de homicidio doloso; eso a mí no me parece ninguna contención, ni ningún logro”, comentó a su vez Rivas Rodríguez.

¿Promesa incumplida?

Reducir la violencia ha sido la gran promesa de López Obrador desde su campaña electoral y a lo largo de dos años y medio de administración, en la que en diferentes momentos ha

establecido plazos; la última vez que lo realizó fue en enero de 2020 cuando, luego de ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el Presidente puso fecha para la reducción de la violencia el 1 de diciembre de 2020.

“Va a haber solución, pronto. Yo estoy comprometiéndome. El día primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país, este año van a haber resultados en esto (la violencia) que es el tema más difícil”, dijo López Obrador ese día.

El plazo llegó y el Presidente reconoció que su administración no había logrado reducir considerablemente el número de homicidios dolosos y de feminicidios en el país.

“Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio, la extorsión, que han aumentado el 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento, respectivamente”, apuntó el mandatario durante su Informe de Gobierno por el segundo año de su administración, el día que se venció el plazo que él mismo puso.

Lo cierto es que la comparación de las cifras anuales muestra que en el año 2020 hubo una reducción mínima en materia de homicidios

17 dolosos, ya que el número de personas asesinadas disminuyó un 0.36 por ciento con respecto a las víctimas de 2019; mientras que los feminicidios subieron ligeramente en un 0.61 por ciento.

El pasado 24 de abril, el Presidente López Obrador aceptó de nueva cuenta que, aunque la incidencia en general presentaba una reducción, los homicidios, los feminicidios y las extorsiones en México no habían podido bajar notablemente.

“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general casi en todos los delitos desde que estamos en el Gobierno, pero hay dos o tres delitos donde apenas se han contenido, es el caso del homicidio; claro había ido incrementado año con año, llegamos y se ha establecido, incluso hay una disminución mínima aceptada y demostrada por el Inegi”, agregó.

Los asesinatos registrados en México de enero a mayo de 2021 (14 mil 243) disminuyeron apenas un 2.93 por ciento en comparación con las víctimas de homicidio doloso registradas en el mismo periodo del año anterior; en tanto que las víctimas de secuestro (342) bajaron un 28.7 por ciento.

Por otra parte, los feminicidios registrados en los primeros cinco meses del presente año (423) crecieron 7.08 por ciento con respecto a enero-mayo de 2020, y las extorsiones tuvieron un ligero incremento de 4.82 por ciento.

Un problema heredado

El Presidente López Obrador ha argumentado en distintas ocasiones que la violencia que aún no termina por resolverse fue heredada de sexenios pasados cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.

“Ha sido una herencia muy dolorosa. Todo esto que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con la violencia, cuando se declara la guerra y se dejan de atender las causas que originan la violencia, cuando se le da la espalda al pueblo, cuando se abandona a los jóvenes y se desata la violencia en nuestro país como nunca se había visto. Entonces todavía no se termina de resolver por completo este grave asunto”, comentó López Obrador en abril pasado.

Los especialistas aclararon que, si bien la crisis de inseguridad que heredó la actual administración no

se resuelve a medio sexenio, sí resaltaron que tampoco se ven avances en la materia. Tanto Sánchez Valdés como Rivas Rodríguez coincidieron en que a dos años y medio se esperaría al menos una reducción de la violencia con un porcentaje visible, lo cual no ha ocurrido.

“Sabemos perfectamente que los problemas de seguridad son complicados y no pueden resolverse de la noche a la mañana; se necesitan incluso décadas, pero sí es importante recalcar que en estos procesos sí se pueden presentar avances y lo lamentable es que no vemos ningún avance, es decir, uno no espera que los homicidios dolosos se acaben, pero sí espera que haya bajado el porcentaje. Tampoco esperamos que en dos años y medio baje el 50 por ciento de los homicidios dolosos, pero sí esperábamos una reducción de a lo mejor un 10 por ciento y ni siquiera eso estamos viendo”, expresó Víctor Sánchez.

“Lo que deberíamos ver a estas alturas son por lo menos mejoras en indicadores. Yo estoy de acuerdo de que en dos años no resuelves un problema complejo […] Si no vamos a ver una reducción del 20 o 40 por ciento de los homicidios, pues sí deberíamos estar viendo mejoras sustanciales en el país; pero, al contrario, estamos viendo empeoramiento”, expresó Franscico Rivas.

Y cuestionó: “¿Dónde hay una evidencia de que algún territorio importante del país haya mejorado, donde digas, por ejemplo: bueno antes Guanajuato estaba mal y ahora está bien, Michoacán antes estaba mal y ahora está bien;

¿Estado de México antes estaba mal y ahora está bien? No hay ningún estado que haya mejorado sustancialmente».

El delito de secuestro es el que presentó uno de los mayores descensos durante el 2020 al registrar una disminución de 36.01 por ciento con respecto al 2019. El titular del Observatorio Ciudadano de Seguridad atribuyó la disminución de estos delitos a las medidas restrictivas por la pandemia y no a una estrategia de seguridad.

“Pues bajó porque es muy difícil robarle a alguien que está guardado en la casa […] No están secuestrando porque todavía la población sigue en sus casas, pero no hay ninguna evidencia de que (esa caída) sea efecto de alguna política”.

El especialista destacó que, por el contrario, cada año se ha disminuido el apoyo en recursos económicos para combatir la inseguridad.

Víctor Sánchez agregó que el Presidente López Obrador ni siquiera ha podido implementar de manera correcta parte de la estrategia de seguridad que prometió en su campaña y al inicio de la administración, pues recordó que cuando inició el Gobierno tenía un plan de seguridad basado en segmentar las distintas zonas del país en 150 áreas operativas que estarían al mando de un representante de la Guardia Nacional, lo cual, tampoco se ha logrado.

“A mí como a otros especialistas en temas de seguridad no nos pareció mala idea la regionalización porque sectorizar ha tenido buenos

resultados; sin embargo, ese plan no se ha aterrizado, es decir, se habló de la sectorización, pero nunca se llevó a cabo», dijo Sánchez.

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila precisó que un indicador de mejora en la seguridad sería ver más enjuiciamientos —no sólo detenciones— de personas con alto perfil ligadas a la delincuencia organizada, desarticulación de grandes redes de criminalidad y corrupción, así como una mayor limpia en los cuerpos de seguridad, que en muchos casos están filtrados por el crimen, sin embargo, tampoco ha ocurrido así.

“Hay una parte muy importante del país que está en manos de la delincuencia organizada. El país está absolutamente dejado a sí mismo porque no hay estrategia, no hay recursos. […] No hay evidencia de que los delitos se estén persiguiendo y que estén sancionando a los delincuentes”, abundó Francisco Rivas.

¿Qué sucede en Tamaulipas y Zacatecas?

Los actos de violencia masivos que cometen las organizaciones delictivas motivadas por la impunidad son otra muestra de la falta de avances en el tema de seguridad y que impactan en la percepción ciudadana, otro indicador para evaluar si hay o no avances, detalló Víctor Sánchez.

“Lo que deberíamos esperar es que no se generen eventos de alto impacto como lo que pasa en Reynosa, los bloqueos en Michoacán y la ola de asesinatos en Zacatecas. Lo que deberíamos ver en un escenario donde se aplica la Ley es que las propias organizaciones se autorregulen y traten de tener una operación menos vistosa, lo que contribuye a un mayor ambiente de seguridad”, indicó.

Y añadió: “El hecho de que haya zonas del país donde pareciera que los criminales tienen más poder que las autoridades debe preocuparnos” .

Tamaulipas se ha convertido en las últimas semanas en un escenario de guerra que se ha agudizado por el recrudecimiento de la pugna entre las organizaciones de la delincuencia organizada. En esta entidad, los cárteles locales mantienen una

18 pelea soterrada por el arribo del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la región, según explicó el vocero del Grupo de Operaciones Especiales de la policía del estado de Tamaulipas a Proceso.

“Fuentes de seguridad consultadas en Texas y miembros del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), quienes hablaron con Proceso bajo la condición de reservar sus identidades, aseguraron que existe una guerra soterrada en Nuevo Laredo, ya que el líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, ‘El Huevo‘, se alió recientemente con Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, actual jefe del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, para frenar el ingreso del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas”, escribe Juan Alberto Cedillo en el semanario mexicano.

La violencia registrada en las últimas semanas en Tamaulipas, así como en Zacatecas, Michoacán y otras entidades, impacta en la percepción que tienen los mexicanos sobre los lugares donde viven: el 66.4 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2021 publicada por el Inegi.

Precisamente en las ciudades ubicadas en Zacatecas y Tamaulipas, entidades donde la violencia se ha recrudecido en los últimos días, los ciudadanos perciben más inseguridad. Por ejemplo, en Reynosa, el 76.3 por ciento de los habitantes se siente inseguro; en Tampico el 25.2 por ciento y en Nuevo Laredo el 67.2 por ciento. Lo mismo ocurre en Zacatecas, donde el 85.4 por ciento de la población se siente insegura viviendo en la capital del estado.

Las mismas cifras oficiales muestran que en Tamaulipas la violencia se ha incrementado este año. De enero a mayo de 2021 — según datos del SESNSP— han ocurrido 298 homicidios dolosos: 59 en enero, 55 en febrero, 59 en marzo, 62 en abril y 63 en mayo.

El secuestro es otro delito que ha ido al alza en esa entidad gobernada por Francisco Javier Cabeza de Vaca, investigado por la

Fiscalía General de la República (FGR). De enero a mayo se han registrado 16 secuestros. Las extorsiones también se han mantenido, con un total de 41 víctimas.

En Zacatecas la violencia se duplicó en lo que va del presente año, pues de enero a mayo de 2021 los asesinatos (774) crecieron un 118 por ciento en comparación a los registrados en los primeros cinco meses de 2020.

Fue justo a partir del año anterior cuando la violencia —con mil 65 víctimas de homicidio doloso— se disparó hasta un 67.98 por ciento en aquella entidad, que desde el año 2016 a 2019 mantenía un promedio anual de 636 homicidios.

El caso de Michoacán

Mención aparte, es lo que sucede en Michoacán donde se ha abierto un nuevo ‘frente de guerra’ en las inmediaciones de Uruapan, donde los comuneros han decidido levantarse en autodefensas para repeler al Cártel Jalisco.

Esta entidad, conocida por su producción de aguacate y la lucha de autodefensas, ha mantenido una tendencia al alza de la violencia en los últimos años. En un lustro, los homicidios crecieron al menos un 155.56 por ciento, pues de 952 que se registraron en el año 2015; para el 2020 la cifra de víctimas se

incrementó a un total de dos mil 433.

La espiral sangrienta ha convertido a la región de Tierra Caliente en lo que ya muchos llaman una verdadera “zona de guerra”. Ni siquiera la visita del Embajador de El Vaticano, Franco Coppola, en abril pasado, dio tregua a la región, pues el mismo día en que el nuncio apostólico visitó la zona para dialogar con víctimas del narcotráfico se registró un enfrentamiento entre civiles armados sobre la carretera Apatzingán-Aguililla.

Previo, el pasado 5 de abril, un convoy de integrantes del CJNG fuertemente armados llegó hasta la cabecera municipal de Aguililla y provocó que algunos pobladores abandonaran sus hogares por el terror. Un mes antes, en marzo, un video divulgado por el periodista Jacobo García, en un texto de El País, sugirió un hecho que quizá sea inédito: el Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una fuerza que viene de otro estado, había tomado Aguililla.

Aguililla es la joya para la corona de esta organización criminal: de ahí es Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, su líder, pero además es un punto estratégico al ser la entrada a Tierra Caliente, la zona donde se elaboran drogas sintéticas, explicó Rodrigo

Elizarrarás, consultor y analista político en Humint.

Los enfrentamientos en Michoacán no son menores, pues los grupos criminales utilizan rifles de asalto AK-47 y AR-15, ametralladoras, lanzagranadas, vehículos blindados de forma artesanal, según han detectado las autoridades. Sin embargo, en el caso del CJNG, este ha empleado incluso nueva tecnología, como como el uso de un dron con explosivos para atacar a policías de Michoacán el pasado 19 de abril.

Hace apenas unos días, el sacerdote Salvador Sánchez, de la diócesis de Apatzingán, dijo al diario La Voz de Michoacán que la problemática de Aguililla continúa con mayor fuerza, ya que desde hace semanas el operativo policiaco que mantenía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la región ya no está, con lo que los enfrentamientos de grupos rivales del narco continúan.

De acuerdo con el diario local, el Gobierno federal conjuntará esfuerzos con el Gobierno estatal y la Arquidiócesis de Morelia para trazar un plan de acción sobre la crisis de seguridad por la que atraviesa la zona, pero principalmente el municipio de Aguililla, el cual se planea poner como zona prioritaria.

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ECOLOGÍA

Bosques tropicales: cada día es más urgente su conservación La deforestación sigue siendo una preocupación para los bosques tropicales en Latinoamérica.

También es indispensable hacer más estudios sobre el fenómeno de degradación que aqueja a las selvas pero que, según expertos, es más difícil de monitorear.

Brasil, Bolivia, Perú y Colombia están entre los 10 países que más perdieron este tipo de bosques en el 2020 según Global Forest Watch. La ampliación de la frontera agropecuaria y el acaparamiento de tierras siguen entre las principales causas de deforestación. La restauración es importante pero, en el Día Internacional de los Bosques Tropicales, uno de los mensajes prioritarios de los investigadores es insistir en la conservación.

A N T O N I O

M O N G A B AY

J O S É

P A Z

C A R D O N A

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Deforestación en los bosques de Colombia.

Foto: Fundación Natura

E

l planeta sigue perdiendo bosques tropicales a un ritmo acelerado. De acuerdo con datos publicados por Global Forest Watch, en el 2020 se perdieron 12.2 millones de hectáreas de estos ecosistemas. De esas hectáreas, 4.2 millones, una superficie del tamaño de los Países Bajos, pertenecían a bosques primarios tropicales húmedos, los cuales son especialmente importantes para el almacenamiento de carbono y la preservación de la biodiversidad.

La pérdida de bosque primario fue un 12 % mayor que la de 2019, y 2020 fue el segundo año consecutivo en que esa pérdida empeoró en los trópicos. Además,

las emisiones de carbono producto de esa deforestación representaron 2,64 gigatoneladas (GT) de CO2, lo que equivale a las emisiones anuales de 570 millones de carros.

Cinco de los 10 países que más cobertura arbórea primaria perdieron se encuentran en Latinoamérica: Brasil (en el puesto 1), Bolivia (3), Perú (5), Colombia (6) y México (10). “Los seres humanos hemos olvidado algunas nociones fundamentales respecto a cómo funciona el planeta en el que vivimos y una de esas ideas es que existen límites y si los excedes, pierdes la vida. Lo otro que no hemos terminado de entender es que existen procesos irreversibles y que no se pueden echar para atrás.

Por ejemplo, no importa cuánta tecnología le metas a un bosque de 500 años, no puedes reponer esos árboles, solo puedes hacer una restauración aproximada”, comenta Ernesto Ráez, ecólogo y director ejecutivo de la organización Instituto del Bien Común en Perú.

Atención urgente a la degradación

La mayor parte de la cobertura boscosa perdida durante 2020, en cuatro de los cinco países más afectados en Latinoamérica, corresponde a bosques amazónicos. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) destaca algunas de las principales causas en

su informe Amazonía Bajo Fuego, donde indica que “más de la mitad de las unidades de análisis en la Amazonía (65,8 %) se encuentran sometidas a algún tipo de presión instalada o en curso: sean actividades extractivas como la explotación de petróleo y minerales, el desarrollo de infraestructura vial, la actividad agropecuaria o la presencia de hidroeléctricas”.

Para Ráez, un flagelo que ha caído sobre casi todos los países de Latinoamérica es el de la minería aurífera aluvial e ilegal. Según dice, en algunos lugares se ha convertido en la principal causa de deforestación, como en el caso de la Amazonía suroriental peruana, en

21 haya un mayor acercamiento de los gobiernos nacionales hacia los locales para aplicar adecuadamente las políticas ambientales y seguir fortaleciendo las capacidades, no solo de las comunidades que viven del bosque, sino de las industrias que se abastecen de materias primas.

“También se necesita generar condiciones para que las alternativas económicas que generan menor impacto a los bosques [como el aprovechamiento sostenible de madera, frutos, resinas, etc] sean una realidad y no solo se queden en el papel o en un pequeño proyecto piloto”, comenta.

Otro asunto que llama la atención de los investigadores es que tanto en deforestación como en degradación se está viendo una participación creciente del crimen organizado que ha llegado a los bosques y es responsable de la pérdida de ecosistemas valiosos.

El bosque perdido en Colombia, Perú y Bolivia

Lotes deforestados en el parque Sierra de La Macarena, contiguo al parque Tinigua, Colombia.

Foto: FCDS

Madre de Dios, donde se concentran bosques de altísima biodiversidad que se están perdiendo y donde no solo se está afectando la cobertura vegetal sino que se contamina el agua y se movilizan mercurio y otros metales que avanzan en la cadena trófica y llegan al ser humano.

Detrás del creciente fenómeno de deforestación en América Latina hay otro problema que no suele tener el mismo protagonismo pero que cada vez preocupa más a los expertos: la degradación.

Este es un problema generalizado pero que es muy difícil de monitorear, a menos que los investigadores estén realizando trabajo en campo. “Por encima ves cobertura boscosa pero debajo nuestros bosques están cambiando, con consecuencias que aún no

están bien medidas pero que, sin duda, tienen impactos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”, comenta Carmen Josse, directora de la Fundación Ecociencia en Ecuador.

Algunos de los principales motores de la degradación suelen ser la tala ilegal selectiva, la minería ilegal e incluso el tráfico de fauna silvestre.

“Suponemos, erróneamente, que si vemos árboles desde un satélite entonces el bosque está en pie y no tiene problema, pero ocurren muchas cosas por debajo. La degradación más importante ocurre justamente en las fronteras agrarias de deforestación: el bosque que queda enfrentado al nuevo desbroce es el que más rápidamente empieza a degradarse, a secarse y es más propenso al fuego”, asegura

Ernesto Ráez y agrega que los bosques no son solamente árboles y definirlos así es un error en el que caen, incluso, algunos organismos internacionales.

Para Miguel Pacheco, coordinador de Recursos Naturales y Medios de Vida de WWF Colombia, la degradación va en aumento día a día pero no se hace tan evidente. Según dice, un bosque tiene funciones ecológicas como la captura de carbono, la evapotranspiración, la provisión de alimentos, además de ser corredores para muchas especies.

Cuando un bosque es degradado esas funciones ecológicas se pierden, “es como un reloj, si le quitas una pieza ya no da la hora real, aunque el resto de sus partes sigan funcionando”.

Para Pacheco, es importante que

Colombia venía con una tendencia de disminución en la deforestación durante 2018 y 2019.

Sin embargo, los datos de Global Forest Watch muestran que la pérdida de bosques primarios en 2020 aumentó y se ubicó en 166 485 hectáreas, mientras que en 2019, según datos oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación en el país fue de 158 894 hectáreas.

Próximos a terminar el primer semestre del 2021, el IDEAM aún no ha publicado la cifra oficial de deforestación de 2020. Fuentes del Ministerio de Ambiente le confirmaron a Mongabay Latam que esta información la darán a conocer en el mes de julio.

“La deforestación continúa profundizándose en la selva amazónica colombiana, así como en varias áreas protegidas, como los Parques Nacionales Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena. Los grupos armados tomaron el control en varias de las áreas protegidas del país y el personal se vio obligado a abandonar 10 parques en febrero de 2020 debido a amenazas a su seguridad”, dice Global Forest Watch en su reporte.

Miguel Pacheco de WWF Colombia afirma que hay acciones

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Los indígenas amahuacas que viven en las comunidades colindantes a estos nuevos focos de minería en Perú llamaban a este sector de creciente deforestación ‘La nueva Pampa’.

Foto: FEMA Madre de Dios que se vienen desarrollando entre Conservación y el Desarrollo serie de nuevos caminos de tala a lo avanzando al interior de la selva y el gobierno, autoridades Sostenible (FCDS) desde hace largo de la selva amazónica se deje la tierra degradada a las ambientales, ONG, organizaciones algunos años llama la atención por peruana en 2020. Históricamente, espaldas. de la sociedad civil, comunidades y el tema de infraestructura “y esto el país ha enfrentado tasas altas de “Esto viene ocurriendo hace la cooperación internacional. “Sin tiene un orden lógico: para que extracción ilegal de madera”, dice el tiempo pero se está acelerando embargo, la pregunta acá es si eso entren los acaparadores se reporte de la institución. porque ya se han ido incorporando es suficiente. Como organización necesitan vías y estas están Para Ernesto Ráez, la principal varios cultivos comerciales como nos acercamos a territorio y todavía creciendo en la ilegalidad sobre causa por la que se tumba bosque café, cacao, e incluso coca, vemos una economía que gira todo en los departamentos de en Latinoamérica suele ser la principalmente destinada al tráfico alrededor de agentes de Caquetá, Meta y Guaviare. Luego se ampliación de la frontera ilícito de estupefacientes”, asegura deforestación como la ganadería y utilizan estas vías para entrar a agropecuaria por parte de grandes Ráez. la agricultura. Necesitamos más zonas más alejadas y acaparar más grupos económicos. Sin embargo, Y no solo preocupan los bosques acción, no solo en desarrollo de tierras”, menciona. en Perú la principal causa inmediata amazónicos sino que el país políticas sino en su desarrollo en De acuerdo con Global Forest es la agricultura a pequeña escala. también viene, históricamente, con campo y su financiamiento”.

Watch, Perú ocupó el quinto lugar Según dice, pobladores de zonas una proporción muy pequeña de Pacheco asegura que el en el listado de países con mayor altoandinas se vienen movilizando cobertura original de bosques acaparamiento de tierras, la pérdida de bosques tropicales y hacia la Amazonía para abrir secos, que antes se distribuían a lo agricultura y la ganadería siguen gran parte de esa deforestación pequeñas chacras (pequeños largo de toda la costa peruana. estando entre los principales (190 199 hectáreas) se debe a campos agrícolas) que poco “Ahora solo quedan prácticamente agentes de deforestación, pero actividades agrícolas y ganaderas. tiempo después dejan de ser en el norte y están constantemente menciona que la Fundación para la “Los datos también muestran una productivas, haciendo que se siga amenazados”, afirma el director del

23 Instituto del Bien Común.

El caso de los bosques altoandinos peruanos es el más dramático porque ahí solamente quedan relictos, “incluso ecológicamente inviables, con su biodiversidad muy degradada”, dice Ráez, quien añade que es muy importante conservar lo que se encuentre de esos últimos refugios llenos de endemismos, sobre todo porque los incendios causados por quemas agropecuarias los han venido afectando mucho en los últimos años.

Otro país que sufre fuertemente por la deforestación es Bolivia.

Según el Global Forest Watch, a pesar de una leve caída en la pérdida de bosques primarios con respecto a 2019, Bolivia ascendió al número tres en la lista de países con una mayor pérdida de bosques primarios tropicales húmedos en 2020 (con 276 883 hectáreas), y superó a Indonesia por primera vez.

“Al igual que en 2019, los incendios forestales jugaron un papel importante. En particular, afectaron varias áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Al igual que en Brasil, la mayoría de los incendios en Bolivia probablemente fueron provocados por personas para limpiar el suelo, pero se descontrolaron debido a las condiciones de sequía y al clima caluroso. La actividad agropecuaria a gran escala también afectó a los bosques, incluidos numerosos claros nuevos en el departamento de Santa Cruz”, dice el reporte.

Estudios recientes han analizado los impactos de los fuertes incendios de 2019 y 2020. Uno de ellos estimó que casi seis millones de animales murieron durante los incendios forestales de 2019, solo en la Chiquitanía. Este número es el resultado de una investigación realizada por el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, que fue publicada recientemente en la revista Ecología en Bolivia.

Sixto Angulo, investigador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) señala que un aspecto importante a considerar es el efecto borde, que es el desplazamiento de animales a zonas que no se quemaron, por tanto, en los lugares a los que migraron los animales

Zona devastada en Ñembi Guasu, Bolivia.

Foto: Nativa

anterior al COVID-19 pero agravada por la pandemia, puede estar impulsando la migración de más personas de las ciudades a las zonas rurales, lo que repercute en el aumento de la tala de bosques.

Por su parte, Carmen Josse de la Fundación Ecociencia resalta que la situación de los bosques ecuatorianos podría ser aún más preocupante si se considera que la degradación es la causa de la pérdida de cerca del 78 % de la biomasa forestal y “ni siquiera entra en los números del Estado porque

Así se ve la finca en el Parque Nacional Chiribiquete, Colombia, de donde sale ganado que ha llegado a varios supermercados.

Foto: EIA

sobrevivientes posiblemente aumentó la densidad de las especies, lo que genera un impacto en el ecosistema y puede significar una mayor mortandad para aquellos animales que son el alimento de los que huyeron del incendio.

Aunque Ecuador no aparece en el listado de Global Forest Watch

de los 10 países más deforestados en 2020, con un aumento del 68 %, su Amazonía experimentó el mayor incremento en la pérdida de bosque primario, en términos porcentuales, entre los países amazónicos.

Bolier Torres, investigador de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, piensa que la crisis económica de Ecuador,

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