CONTEXTO 080821

INUNDACIONES, RIESGO DE SIEMPRE

Por su localización geográfica y condición socioeconómica, México es vulnerable a inundaciones que dañan a la población, vivienda e infraestructura.

2 LETRAS DE MAQUÍO

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Proposiciones de la Coparmex para salir de la crisis

((Última de dos partes)

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

C

on motivo de la crisis moral, económica y política que hemos venido padeciendo en el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana, a través de sus juntas de estudio, elaboró un documento que da respuesta a la invitación que se hace a través del Plan Nacional de Desarrollo para participar y aportar sus puntos de vista.

Analizando estas aportaciones, como ciudadano preocupado y ocupado en el mejoramiento del país, me permito apuntar algunas ideas: 3 El tercer punto que menciona la Coparmex está ligado al anterior y dice textualmente: “El Gobierno debe actuar en las áreas que le corresponde”.

Agrega el documento: En la medida en que el gobierno se constriña a realizar sus responsabilidades propias -en lo que es insustituible-, las cumplirá mejor y los ciudadanos más fácilmente asumirán sus propias obligaciones. Porque el gobierno hace muchas funciones que deberían hacer los particulares, el costo de la administración pública es mucho más elevado como proporción del producto interno bruto, que en otros países donde el progreso es evidente.

Ya en múltiples ocasiones he insistido en que el gobierno nada tiene que hacer manejando hoteles y cabarets o fábricas de bicicletas y tiendas Conasupo.

Respecto a esto último basta y sobra decir que el problema no es de tiendas, sino de qué vender en ellas.

Si el problema del alto costo de la vida se resolviera haciendo tiendas bastaría con crear muchas para que los precios bajaran y no es así. Sobre todo si las producciones del país son bajas.

Por otro lado, el hecho de que los gobiernos federal y estatal invadan el área de los particulares hacen que éstos descuiden su función primordial.

Ejemplos hay muchos; en Sinaloa no existe seguridad pública y todos los días se asesinan y violan señoritas, porque el gobierno del estado mantiene paraestatales improductivas, como Fibrasin, que se dedica al proceso industrial de fabricar páneles de bagazo de caña con millonarias pérdidas diarias, en lugar de atender sus obligaciones primarias.

Y qué decir de la falta de drenaje y agua potable en las colonias proletarias de las principales ciudades de mi estado.

Como los gobiernos le juegan al empresario, los particulares tienen que atender las obligaciones que le

competen al Estado.

Mucho está al revés en nuestro México querido.

4 La participación de los particulares en el proceso real de los mexicanos.

En este punto el documento de la Coparmex es tan completo que sólo me permito copiarlo textualmente: El progreso y desarrollo de cada mexicano es, en primer lugar, su propia responsabilidad. Los hechos demuestran que los ensayos paternalistas y socialistas, independientemente de las buenas intenciones, ha tenido resultados negativos. Es un hecho comprobado que la libertad de emprender y la confianza constituyen el insustituible motor del desarrollo. La meta del progreso real de los mexicanos demanda la decidida participación de los particulares y la maximización de potencial emprendedor y de inversión a todos los niveles, desde la miniempresa hasta la gran empresa mexicana, capaz de competir internacionalmente.

Porque particulares son todos los mexicanos, se requiere ampliar las oportunidades para iniciar miniempresas. Específicamente es necesario un estatuto jurídico -legal, laboral, fiscal y mercantil-, radicalmente simplificado, que verdaderamente facilite la proliferación de microempresas.

Así, el fortalecimiento y democratización de la economía libre con responsabilidad social es la vía para lograr suficiente empleo productivo, mejor nivel de vida y ampliación continua de oportunidades accesibles.

La productividad y crecimiento del esfuerzo de los particulares dependen de marco jurídico adecuado del combate decidido al burocratismo reglamentismo, y de la favorable voluntad política de las autoridades, que públicamente se manifieste en el reconocimiento del derecho a ejercer la libertad de emprender, de la justificación del éxito de quien ahorra, de la libertad de disponer de lo ahorrado, y de que la creatividad sólo se da cuando se premia la iniciativa y el riesgo, cuando se reconoce y respeta el resultado positivo de los esfuerzos y se respeta la búsqueda del legítimo beneficio personal.

A continuación, la Coparmex habla de las condiciones que deben prevalecer para la recuperación económica, pero eso lo dejamos para nuestro próximo artículo.

Miércoles 29 mayo 1985

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

En la medida en el gobierno se constriña a realizar sus responsabilidades propias en lo que es insustituible-, las cumplirá mejor y los ciudadanos más fácilmente asumirán sus propias obligaciones.

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INMUNIZACIÓN

Los que no son prioritarios en la vacunación

INMUNIZACIÓN

Los que no son prioritarios en la vacunación

S

AN SALVADOR.-Las personas con cáncer y con VIH quedaron relegadas por el gobierno de El Salvador durante los primeros dos meses de la vacunación contra la covid-19.

Aunque el aparato de publicidad estatal saturó las redes sociales con fotos y videos de los centros de vacunación, el país que más vacunas ha administrado en Centroamérica no tuvo una estrategia para inmunizar con celeridad a sus enfermos crónicos.

Desde que inició la vacunación, el

El gobierno salvadoreño ha centrado sus esfuerzos en alimentar la percepción positiva de la opinión pública con la difusión de muchas imágenes de los vacunatorios.

Sin embargo, no existe un registro detallado en el que se pueda observar el avance de la vacunación o los criterios adoptados.

No se sabe, por ejemplo, por qué durante la inmunización los pacientes con enfermedades crónicas, como cáncer o VIH, no fue prioridad L O I D A

M A R T Í N E Z

R E V I S TA FAC T U M

A V E L A R

4 17 de febrero de 2021, hasta el 7 de julio pasado han ingresado al territorio salvadoreño 6.8 millones de dosis de vacunas, según los registros oficiales, y con ellas se ha vacunado al 20.4% de la población.

Sin embargo, las asociaciones que ayudan a las personas con cáncer y con VIH no tienen registros de cuántos pacientes están protegidos contra el coronavirus.

Estos pacientes suelen tener un sistema de defensas debilitado, lo que puede aumentar considerablemente la probabilidad de enfermarse gravemente a causa de covid-19.

A diario, según las autoridades, son administradas más de 50 mil vacunas; sin embargo, no existe un registro público que fundamente ese dato con detalles del número de personas vacunadas por municipios, su edad y la marca de vacuna administrada. El gobierno oculta esa información por medio de la figura legal de reserva; una herramienta que le proporciona la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por esa reserva, los ciudadanos no podrán conocer durante los próximos cinco años los procesos de adquisición de vacunas y tampoco tendrán información documentada, durante tres años, del plan de despliegue de vacunación.

La vacunación fue dividida en grupos de edad, empezando por los mayores de noventa y, aunque se añadieron algunas otras personas con enfermedades recurrentes en el país, como la diabetes y la hipertensión, el Gobierno tardó en agregar a los pacientes crónicos.

La segunda versión de los Lineamientos Técnicos para la Vacunación contra el Sars-Cov2 colocó en quinto lugar de prioridad para la vacuna a las personas mayores de 18 años con enfermedades no transmisibles, como el cáncer. La ambigüedad del protocolo de atención ha generado confusiones entre el personal de salud, pues el documento establece que las personas con VIH pueden iniciar su inmunización si están en tratamiento antirretroviral controlado y “forman parte de un grupo recomendado para la vacunación”. Sin embargo, el Ministerio de Salud no aclara quién debe hacer la recomendación en caso de que sea médico de referencia del paciente o alguna asociación que proporcione la información.

El primer lote de vacunas contra el coronavirus, 20 mil dosis de Covishield, fabricada por el Serum Institute de la India, en colaboración con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, llegó a El Salvador el pasado 17 de febrero de 2021. Ese día, no hubo detalles del cronograma de vacunación, ni fechas de la llegada del próximo lote. Tampoco se revelaron los criterios que llevaron a El Salvador a comprar vacunas fabricadas en uno de los principales proveedores de medicamentos y vacunas en el mundo.

Hubo un gran despliegue de fotografías, videos, aplausos, tuits, militares, camiones rotulados con el logo gubernamental y abrazos entre el ministro de Salud, Francisco Alabí, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monrroy y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, tres

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funcionarios promovidos en el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Fue hasta cuatro meses y 17 días después del inicio de la vacunación en el territorio que el ministro de Salud en una conferencia de prensa hizo un llamado a las personas de grupos de riesgo a vacunarse.

La declaración del funcionario ocurrió el pasado 4 de julio de 2021, día que llegó a El Salvador un lote de 1.5 millones de vacunas de la marca Moderna, donados por el Gobierno de Estados Unidos. Horas antes del lote, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Jean Manes, enfatizó que las vacunas fueron regaladas para ser administradas a los salvadoreños.

Para las personas que viven con cáncer y con VIH existe un hecho importante que marcó su situación antes de la vacunación: durante 89 días de encierro obligatorio para reducir la circulación del virus, entre los meses de marzo y junio de 2020, el Gobierno salvadoreño cerró las consultas y las farmacias de los hospitales nacionales para concentrar toda su energía en la atención de la pandemia. No hubo distinción a pesar de que para estos pacientes el hecho de no tener su tratamiento puede ser una condena de muerte.

“El ministerio de Salud debió tener equipos que estuvieran planeando la liberación de algunos servicios para garantizar que personas con otras enfermedades no murieran. Muchos murieron por el abandono del sistema, en especial aquellas personas con enfermedades crónicas que requerían de servicios profesionales

médicos, que su vida depende de un procedimiento o una pastilla”, dice William Hernández, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña Entre Amigos.

El reconocido activista, con una trayectoria de 25 años en defensa de los derechos humanos, destaca los esfuerzos que hicieron médicos y enfermeras del sistema público, quienes por iniciativa propia administraron tratamientos e hicieron gestiones para que fueran despachadas recetas, casi en la clandestinidad, para frenar complicaciones. Él hizo su parte. Junto a sus amigas y activistas, Dorys Acosta e Irma Hernández, llevaron 90 tratamientos antirretrovirales a los enfermos con VIH confinados, y que no podían desplazarse hasta los hospitales, a falta de transporte público. Ellos, con su propio dinero, pagaron la gasolina y sus gastos de alimentación.

“Era un momento de solidaridad, los médicos nos ayudaron a gestionar las recetas y a liberar las medicinas. Estábamos en riesgo de contagiarnos, pero lo hicimos, hay personas que la pasaron muy mal”, relata Hernández, quien concedió esta entrevista en la sala de espera de un hotel de San Salvador, después de escuchar un conversatorio sobre la importancia del trabajo de la sociedad civil para cuidar el Estado de derecho en el país.

El activista sigue trabajando en red con las organizaciones y confiesa que es la primera vez que habla con una periodista sobre lo que vivieron las personas con VIH durante el confinamiento.

En la memoria de Carolina

Aguilar, de 59 años, quedó grabado el momento de la pandemia que dio un giro en su tratamiento contra el cáncer, que padece desde 2016. Ella recuerda que en septiembre de 2020, una empleada del Seguro Social, institución que forma parte del sistema de salud nacional y donde son atendidos empleados y sus familiares, le dijo que ya no podían seguir aplicándole quimioterapia, pues la empresa donde trabajaba su esposo como agente de seguridad lo despidió y dejó de hacer el pago de las cotizaciones que le permitían recibir atención médica en esa institución.

La seguridad social la remitió a un centro público, el centenario Hospital Nacional Rosales, el más importante en atención de especialidades médicas. Pese a su relevancia, según el relato de varios pacientes y médicos junto a información de la farmacia del hospital recabados en marzo de 2021 por la Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos y la Fundación Edificando Vidas, desde diciembre del pandémico 2020, ese centro de atención carece de 10 medicamentos esenciales para administrar quimioterapias.

Carolina se siente impotente porque no tiene dinero para comprar las medicinas y el deterioro en su salud se percibe desde su tono de voz pausado. Además, camina despacio, tiene ojeras marcadas y padece muchos dolores. Narra que lleva la enfermedad sola, pues se separó de su esposo y su hijo vive lejos.

Su madre, a quien mencionó varias veces durante esta conversación, murió en 2017. Sus dos hermanos menores también

murieron. No puede trabajar porque se siente muy mal y subsiste con el dinero que le deja la renta de una casa pequeña que le heredó su madre. Sus inquilinos le pagan 175 dólares mensuales y con ese dinero cubre los gastos de los servicios fijos de su vivienda y su alimentación.

Una mañana de julio de 2021, Carolina salió de su casa para comprar un frasco de solución salina para hacerse sus terapias respiratorias y accedió a concedernos una entrevista. Ese día se delineó sus cejas y se puso polvos compacto en el rostro; también pudo ponerse de pie y animarse para seguir con su filosofía de vivir un día a la vez.

“Dios nos da enfermedades de ricos… a los pobres. La libré con el cáncer de seno en 2016, pero esta vez no se quiere ir”, dice al resumir el sufrimiento que atraviesa por el cáncer en las glándulas salivales que padece. Ella también tiene un linfoma que varias veces la ha llevado al quirófano.

Carolina ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus,

6 marca Sinovac, de procedencia China. Se la aplicaron en junio pasado, cuatro meses después de iniciado el proceso de vacunación en El Salvador. Sus complicaciones para respirar y movilizarse sola en el transporte público, no le permitieron vacunarse en mayo. Un ataque de asma la postró en su casa en Mejicanos, un municipio al norte de San Salvador, donde vive sola y ha librado varias batallas por la vida.

Cuando se recuperó fue al megavacunatorio instalado en el Hospital El Salvador, ubicado a siete kilómetros de su lugar de residencia.

Fue al lugar donde el presidente Bukele ofreció mil camas de UCI en el que era el hospital covid-19 más grande de Latinoamérica, pero que, un año después de la promesa, solo disponía de módulos de vacunación y un número indeterminado de camas, pues el dato es modificado con frecuencia por los funcionarios.

Carolina no tiene quejas ni denuncias a pesar de no contar con su tratamiento contra el cáncer en el sistema público, un derecho que según el artículo uno de la Constitución de la República debe ser proporcionado por el Estado a los salvadoreños.

“Amo la vida y estoy agradecida por cada día, no vine para quedarme eternamente, pero he hecho un trato con la muerte. Le he dicho que no le voy a huir, pero que no venga a buscarme”, recalca.

Carolina es disciplinada y a eso le atribuye no haberse contagiado de coronavirus hasta este momento.

Usa mascarilla todo el tiempo, evita salir a hacer sus compras de alimentos en horas de aglomeraciones y, en su cartera, lleva un frasco pequeño de alcohol de 70 grados para rociarse en las manos constantemente. *** “Llevar la vacuna a la gente y no la gente a las vacunas, como está ocurriendo”, así lo resume el médico salubrista y catedrático universitario, Guillermo Argueta. El Salvador cuenta con una red de más de 700 unidades de salud disponibles donde pudo haber sido administrada las vacunas y así facilitar el acceso a la población, según Argueta.

En sus análisis, durante toda la pandemia, el médico ha enfatizado que las vacunas tuvieron que haberse acercado a las infraestructuras ya instaladas para que los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos y

personas que no tienen dinero para pagar el transporte pudieran ser vacunados rápidamente.

Argueta, que se ha especializado en epidemiología y en servicios comunitarios, también lamenta que se haya desbaratado el sistema de atención que acercaba los servicios médicos a los salvadoreños, incluidos los de vacunación, y que los esfuerzos se concentren únicamente en la atención en hospitales y en la publicidad del Gobierno.

Para frenar la expansión de la epidemia de covid-19, a escala nacional, El Salvador debería vacunar a 4 millones 780 mil 28 de sus habitantes, equivalentes al 70 por ciento de la población. Esa es la proyección en la que coinciden

cuatro médicos salvadoreños de gran trayectoria que han analizado las vacunas contra el coronavirus que están siendo producidas en la actualidad.

Hasta el 16 de julio del año en curso, un total de 1,323,958 de salvadoreños han recibido las dos dosis prescritas, situación que ha sido posible por las vacunas adquiridas con el laboratorio Sinovac de China. Es decir, a la fecha, el 20.4 por ciento de la población está protegida contra el virus.

El Salvador ha adquirido vacunas fabricadas en China tras el fortalecimiento de los lazos diplomáticos. Además, también se administran las vacunas Covishield, AstraZeneca y Moderna. La de

Pfizer llegó al país por medio del mecanismo Covax, el plan liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca el acceso mundial y equitativo a las vacunas del coronavirus y a un donativo de Estados Unidos.

Bajo ese plan, la OMS negocia precios con las farmacéuticas para adquirir las vacunas y luego donarlas a los países beneficiados con el subsidio del AMC (Compromiso Anticipado de Mercado). Los países que las reciben no pagan nada. Tomando en cuenta el fenómeno global de escasez de vacunas, a criterio de varios expertos, lo ideal es que los Gobiernos diseñen una política de priorización que defina cuál es el orden en el que deben ser aplicadas las vacunas.

Un estudio sobre la vacunación contra covid-19 en Latinoamérica y el Caribe, publicado por Oxfam en marzo pasado, reveló que no existía información sobre planes de vacunación contra el coronavirus en Venezuela, Cuba, El Salvador, Haití, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, o de existir, no se encuentra disponible para ser consultada en internet.

Entre febrero y junio de 2021, este equipo periodístico recorrió cinco vacunatorios, dos hospitales y tres unidades de salud para conocer de primera mano la modalidad de vacunación. Hablamos con siete

7 médicos, diez enfermeras y más de una docena de pacientes. Todos apuntan a que no existió una estrategia para priorizar la inmunización de los pacientes con enfermedades crónicas.

“La verdad es que como pacientes o sobrevivientes no hemos sido incluidos en ningún grupo (de vacunación), porque yo soy sobreviviente de cáncer y no aparecí en ningún listado hasta que le correspondió a mi edad”, dijo una beneficiaria de la Fundación Edificando Vidas, quien prefiere que no se publique su nombre para evitar problemas con “tinte político” que podrían surgir al ser malinterpretadas sus declaraciones.

Como en otras ocasiones, muchas fuentes prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a las represalias en el interior de sus centros o del ministerio.

Quienes sí se priorizaron fueron los trabajadores de la salud y a los militares, quienes en su mayoría fueron vacunados tras las llegadas de los primeros lotes al territorio salvadoreño. El sondeo hecho durante este reporteo estableció que, entre febrero y marzo, las vacunas Pfizer fueron administradas a policías y soldados. Por su parte, las vacunas Covishield y AstraZeneca fueron distribuidas al personal de salud del sistema público y del Seguro Social. *** Danilo Árevalo Sandoval, ginecólogo oncólogo privado, quien por medio de una asociación atiende a pacientes con escasos recursos, lamenta que los salvadoreños con enfermedades crónicas hayan sido abandonados durante su tratamiento y en la primera etapa de la vacunación.

“Nunca pensaron en los más vulnerables, en cómo iban a darles sus tratamientos y para vacunarlos la situación no cambió. La estrategia es establecer pasos bien meditados para llegar a un fin, que era protegerlos. No existió nunca”, dijo en la entrevista realizada en su clínica particular.

El médico asegura que la desidia gubernamental hacia los pacientes crónicos inicia con la falta de datos y tardanza en la atención. En la actualidad no existe un registro de cuántas personas con cáncer viven en El Salvador y por la burocracia del sistema de salud, las citas y operaciones tienen un retraso de, al

menos, seis meses.

A esas situaciones se suma el subregistro de muertes por enfermedades en el sistema público que parte de la redacción de las partidas de defunción: “a los pacientes les colocan, en las actas de deceso, que murieron por paro cardiorespiratorio, cuando todos mueren por esa causa porque siempre se deja de respirar”, lamenta. Sostiene que los enfermos con cáncer, enfermedad crónica y VIH tuvieron que haber sido el segundo grupo en la lista de vacunados.

El Colegio Médico de El Salvador, calificado por el Gobierno como opositor, sigue exigiendo una campaña de educación para la población con el fin de evitar un rebrote del virus. A criterio de muchos médicos se ha malinterpretado en la opinión pública que, tras la inmunización, las personas ya no se enferman de coronavirus.

El Foro Nacional de Salud

también lamenta que las cifras oficiales del virus no sean exactas y que los subregistros de muertes por coronavirus sigan sin resolverse.

“Los datos sobre covid-19 en la región no son confiables. Los problemas se derivan de la falta de pruebas, un pronunciado cisma urbano-rural, creencias culturales y prejuicios, e intereses políticos”, es una de las conclusiones de la investigación “El rompecabezas del covid-19 en Centroamérica y Panamá”.

El estudio, que fue hecho por INCAE Business School de Costa Rica y la Universidad de Nueva York y que fue publicado el 5 de junio en el Journal of Global Health, recopila las estadísticas de muertes registradas en los países de la región entre 2015 y 2020.

El Salvador tiene presionado el botón de alerta roja, según los resultados de la investigación. Existe la posibilidad que el país tenga un subregistro del 90.2 por ciento de muertes no reportadas como covid-

19 entre enero y agosto de 2020, período donde se observó el colapso del sistema de salud salvadoreño por la gran cantidad de pacientes graves. A ojo de los expertos, una gran cantidad de personas pudieron haber muerto por coronavirus y no fueron reportadas.

Entre 2015 y 2019, el promedio de muertes en el país fue de 28,064 personas. En 2020, el año que la humanidad estuvo en vilo por el nuevo virus, el promedio subió a 35,368 fallecimientos en total. El esquema matemático de los expertos señala que ocurrieron 7,304 muertes más que el promedio reportado los cinco años anteriores, y ante la posibilidad que hayan muerto por coronavirus significaría que el Gobierno de Bukele no habría reportado 6 mil 587 muertes. La valoración se refuerza con la cifra oficial registrada de personas fallecidas por el virus en ese período: sólo 717.

“En El Salvador, en época de pandemia, cuando los casos en Centroamérica tienen una tendencia al alza, solamente se han presentado 10 reportes epidemiológicos en 30 días. El aparato de propaganda del Gobierno reporta camas, bitcoins, y otros. ¿Pero información para proteger a la población?”, se preguntó el médico epidemiólogo, Alfonso Rosales, especialista en medicina tropical y miembro de la American Public Health Association (APHA, por sus siglas en inglés), el 26 de junio de 2021, en su reporte diario sobre el estado de la pandemia a nivel mundial. *** Carolina recibirá en los próximos días su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Sinovac. En este momento, lo que más le preocupa es tener acceso a su quimioterapia de mantenimiento para que el cáncer no avance, y que, según los sondeos que ha hecho con los médicos, tiene un costo de 500 dólares por sesión. Aún no sabe si llegarán los medicamentos al hospital donde la atienden. Ella no es prioritaria.

Este trabajo es parte del especial periodístico Las vacunas llegan tarde y mal a Centroamérica y sur de México realizado por medios que son parte de la alianza Otras Miradas. Aquí puedes consultar la publicación original de Revista Factum.

CRISIS CLIMÁTICA

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Inundaciones acosan al planeta, ¿México está preparado?

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os caminos se han vuelto ríos tanto en los países desarrollados como en las naciones en vías de desarrollo a causa de los cada vez más frecuentes aguaceros intensos que se han registrado en los últimos días.

En el Valle de México, por ejemplo, los servicios médicos se colapsaron en el Hospital General de Atizapán y en Cuautepec, al norte de la capital del país donde una parte importante de la capital habita en un cerro, se desbordó un río.

En Nueva Italia y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el agua superó el metro de altura arrasando autos y árboles, y en Zapopan, Jalisco, viviendas y negocios se inundaron.

En China, las personas quedaron atrapadas dentro de estaciones del Metro, oficinas y escuelas. En Bombay, India, la gente movía sus motos con el agua hasta la cintura entre láminas enterradas y un puente tragado por el lodo. Las calles, casas, árboles y sistemas eléctricos destrozados en el oeste de Europa fueron calificados por la Canciller alemana Angela Merkel como “surrealista”.

Pero para la activista ambiental Greta Thunberg —quien basa sus observaciones en la ciencia— apenas estamos en el comienzo de una crisis climática, ya que estos eventos extremos se verán más seguido por el calentamiento global.

En un país rodeado por el Pacífico y el Atlántico, como México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) detectan a 334 municipios (13.6 por ciento del total) en un alto índice de vulnerabilidad de inundación, sobre todo en la península de Baja California, Sinaloa, Valle de México, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Conagua explicó a SinEmbargo que una población, vivienda, hospitales y demás infraestructura

En México, por su localización geográfica y condiciones socioeconómicas, 334 municipios (13.6 por ciento del total) tienen un alto índice de vulnerabilidad de inundación que dañe a la población, su vivienda y otro tipo de infraestructura, según muestran los datos oficiales. Pero, ¿estamos preparados frente a las lluvias cada vez más intensas originadas por la crisis climática?

D U L C E

O L V E R A

SINEMBARGO.MX

El especialista en diseño ambiental Elías Cattan afirma que en México las medidas de adaptación al cambio climático parecen inexistentes al invertir más en infraestructura obsoleta y gris en vez de infraestructura verde-azul.

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El Periférico de la Ciudad de México, inundado. son más o menos susceptibles de ser afectados por inundaciones en función de su localización geográfica y características socioeconómicas. Esta condición, destacó la dependencia, es alta en sitios que presentan condiciones más precarias con niveles más bajos de bienestar.

“El Atlas Nacional de Riesgo por Inundación permite conocer las áreas propensas a ser inundables por lluvias provocadas por huracanes y tormentas tropicales.

Permite conocer las profundidades de dichas inundaciones y las velocidades del flujo, lo cual es útil para la resiliencia de la población ante el cambio climático, ya que sirven de base para el ordenamiento territorial de los municipios”, planteó.

Por ejemplo, en Estados Unidos —país aún en medio de olas de calor e incendios—, la ciudad costera de Miami, en Florida, publicó hace unos días un plan integral para hacer frente en los próximos 40 años al aumento del nivel del mar, huracanes e inundaciones a través de la actualización de sistemas de agua, rompeolas, restaurar humedales, así como a largo plazo construir edificios y carreteras elevadas, y convertir calles bajas en canales. Recientemente cayó el condominio Champlain Towers South de 12 pisos cercano a la costa.

El Washington Post informó que el rascacielos fue construido en 1981 sobre un terreno artificial recuperado de un humedal.

Sin embargo, dijo el arquitecto especialista en diseño ambiental Elías Cattan, en México las medidas

Camas afuera del Hospital General Atizapán luego de que se inundó por las intensas lluvias.

México es un país bastante complejo y los fenómenos meteorológicos extremos están siendo cada vez más frecuentes. En zonas metropolitanas como el Valle de México, Monterrey y Guadalajara el reto más grande es vigilar las tormentas, ciclones, hacia dónde se mueven, y que la información llegue de la mejor forma a la población”, aseveró.

Regresar a la vida

El rojo indica los municipios con alta vulnerabilidad de inundación. de adaptación al cambio climático parecen inexistentes al invertir más en infraestructura obsoleta y gris en vez de en miles de hectáreas de infraestructura verde-azul. A esto se suma la desigualdad, ya que zonas con altos ingresos gozan de espacios públicos e infraestructura sólida que resisten tormentas frente a las áreas marginadas donde la estructura de las casas es débil y se carece de sistemas que retengan o filtren el agua.

“No existe un futuro para la humanidad sin una arquitectura regenerativa que se integre con su ecosistema y por ende una ciudad que reconozca y restaure sus bosques, ríos y humedales”, expuso quien realizó un proyecto piloto para recuperar los ríos de la Ciudad de México. “El humedal es una de las herramientas más valiosas porque

regula temporales; ayuda a retener una gran tormenta”.

La meteoróloga Martha Llanos coincidió en que la humanidad ha ido “construyendo sus propios riesgos” al establecer asentamientos en sitios vulnerables, a lo que se suma el calentamiento global. Ante ello, el papel de prevención de las ciencias atmosféricas variará entre los países con presupuesto para mejores instrumentos de monitoreo y México, un país subdesarrollado, por lo que como medida de adaptación deben surgir las alertas tempranas comunitarias para que colonias en áreas altas alerten a las de abajo y se construyan barreras.

“La mejor medida —considerando la falta de presupuesto— es organizarnos entre nosotros mismos y siempre estar pendientes del pronóstico. Meteorológicamente

Un humedal mitiga las inundaciones y el auto las agudiza por las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque el Gobierno de la Ciudad de México está implementando ríos vivos, humedales, jardines infiltrantes, parques lineales, captadores de agua, huertos y parques ecológicos, también construye al sur un puente vehicular en Cuemanco, que para la Coordinación de Pueblos de Xochimilco es un atentado contra el humedal de este sitio ramsar y Área Natural Protegida.

“Una ciudad no es viable si sigue invirtiendo en autos privados. Debe primero invertir donde la gente está: en el transporte público masivo y alternativo, y en infraestructura verde-agua”, dijo Elías Cattan especializado en arquitectura regenerativa. “Los segundos pisos urbanos no ayudan al tráfico, pero mandan el mensaje de seguir usando el auto”.

Desde la época de Tenochtitlán a la fecha, planteó el arquitecto Cattan, se sigue el patrón de establecer asentamientos humanos dentro de la cuenca del Anáhuac, lo que llevó a entubar cuerpos de agua y poner en riesgo constante a los

10 habitantes por deslaves. El río la Piedad se entubó para poner el Viaducto; el río Consulado, para el Circuito Interior Norte; y el río Churubusco para el Circuito Interior Sur. “La dinámica de los últimos 500 años ya es inviable. Estamos en una cuenca. Le estamos echando el agua residual-drenaje a otro (Valle de Mezquital, Hidalgo) y le estamos quitando el agua a otro (Sistema Cutzamala, Edomex); debemos regresar los humedales y reorganizar la inversión entendiendo las particularidades de cada punto de la Cuenca”, afirmó.

El director del Organismo Cuenca de Valle de México de la Conagua, Víctor Bourguett Ortiz, explicó a la prensa la semana pasada que por falta de inversión en drenaje pluvial que conduzca el agua de lluvias de más de 20 mm, son más susceptibles de inundarse colonias del centro de la ciudad, Iztapalapa, Iztacalco, Coapa en Coyoacán y Xochimilco, así como los municipios mexiquenses de Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl e Ixtapaluca.

No se invierte, justificó, porque es más caro y son tuberías más grandes que las del drenaje sanitario que deben instalarse a gran profundidad para no afectar a los gasoductos de Pemex o la fibra óptica.

Además, las alcaldías y municipios mexiquenses asentados en las partes bajas del Valle de México —construido sobre una cuenca de cinco lagos— son vulnerables a sufrir inundaciones, al recibir las escorrentías de las zonas altas del poniente, a través de los ríos y arroyos entubados.

“Las zonas más susceptibles son aquellas que han invadido los cauces naturales; los ríos reconocen su trayectoria natural. Aquellos que invadieron esas zonas o los que fraccionaron son los que se ven más afectados en estas contingencias”, dijo Bourguett.

Pero el ecólogo Luis Zambrano planteó que la infraestructura gris no es lo más importante sino aprovechar el ciclo del agua en la Cuenca. “Es decir, trabajar con la naturaleza para encaminar a la ciudad rumbo a la resiliencia”, escribió en la revista Este País.

Por ejemplo, un Río de la Piedad, en lugar del Viaducto, reduciría inundaciones en zonas bajas y la construcción de sitios de rápida absorción de agua en camellones,

Las zonas más susceptibles son aquellas que han invadido los cauces naturales; los ríos reconocen su trayectoria natural.

Proyecto piloto para la sanación de los ríos de la Ciudad de México de Taller 13. Desde el 2005, ya se hizo en Corea.

Foto: Taller 13

canchas de futbol o parques, promovería que el agua, en lugar de correr por las calles hasta el desagüe, corriera hacia uno de estos sitios de rápida absorción para que fuera infiltrándose de nuevo al acuífero.

En el sureste mexicano también falta ese tipo de inversión.

Después de los ciclones e inundaciones de finales de 2020 en Tabasco, como parte de un plan hídrico del Gobierno federal para

esta entidad que por su ubicación registra tradicionalmente inundaciones, la Conagua reconstruyó bordos de protección en en el municipio de Centro y siguen en proceso los de Cunduacán y Macuspana.

Hasta 2023, se reconstruirán 35 bordos y protecciones marginales para contener y dirigir el agua hacia el mar. En tanto, para el dragado de 313 kilómetros de ríos como el González se invierten 117 millones de pesos.

Pero en ciudades costeras, ubicadas en los 11 mil kilómetros de litoral del territorio mexicano, también deben considerarse los manglares como reguladores en vez de devastarlos con refinerías o un tren.

“Tenemos que empezar a regresar la vida en términos de sistema para fijar dióxido de carbono, producir oxígeno y generar biodiversidad”, planteó el arquitecto Elías Cattan.

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NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Condenan a la vaquita marina a su desaparición

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a vaquita marina (Phocoena sinus), es una pequeña marsopa de tan solo 1.5 metros, endémica del Mar de Cortés en el Alto Golfo de California en México, que ha experimentado en las dos últimas décadas una fuerte disminución de su población. Solo quedan unas 10 según las estima-

El 9 de julio, el Gobierno mexicano publicó un acuerdo donde se definen nuevas medidas para proteger a la vaquita marina.

Científicos y conservacionistas, sin embargo, aseguran que dichas medidas pondrán en mayor riesgo al mamífero marino más amenazado del mundo.

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ciones científicas. Su estado es tan crítico que se considera el mamífero marino más amenazado del planeta. Su situación se debe en gran medida a que quedan atrapadas en las redes de enmalle con la que son pescadas ilegalmente las totoabas, un pez que también está en peligro crítico (Totoaba macdonaldi) debido a que sus vejigas natatorias son vendidas en el mercado asiático a precios exorbitantes por tener supuestamente propiedades medicinales.

En 2017, el gobierno mexicano estableció una zona de “tolerancia cero” para proteger a la vaquita de la pesca ilegal, pero ahora el gobierno ha implementado nuevas medidas de protección que según científicos y expertos condenan a este mamífero marino a la extinción.

Para entender en qué consisten estas medidas y cuáles son sus implicancias, Mongabay Latam conversó con el biólogo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, una organización dedicada a la protección de especies en peligro de extinción.

Con esta nueva disposición del gobierno, ¿sigue existiendo la zona de tolerancia cero o desaparece?

Ya no puede ser llamada zona de cero tolerancia porque las nuevas disposiciones están condicionando la respuesta que va a tener el gobierno para proteger a la vaquita marina, al número de embarcaciones ilegales presentes

en el área o la cantidad de redes en el agua. Es decir, que el porcentaje de recursos humanos y materiales que se ponen a disposición de la protección de la vaquita va a depender del número de embarcaciones ilegales que estén en el área.

Entonces la pesca sigue siendo ilegal en el área

La pesca sigue estando prohibida, pero lo que ahora están haciendo es un tabulador para ver cuántos recursos van a utilizar. Si hay de cero a 20 embarcaciones únicamente se va a utilizar el 60 por

ciento de los recursos disponibles.

Si hay más de 65 embarcaciones entonces se van a utilizar el 100 por ciento de los recursos. Pero lo que debería ser es que ante la mínima presencia de una sola embarcación ilegal se use el 100 por ciento de los recursos disponibles.

Asimismo, dependiendo de qué tantos kilómetros de redes encuentren, va a ser el porcentaje de recursos con los que van a responder. Pero eso es absurdo. La Secretaría de Marina reportó 142 redes en lo que va del año que miden más o menos 35 mil metros, es decir, 35 kilómetros de redes. Si

hay ese número de redes en el agua, se debe usar el 100 por ciento de los recursos.

Por eso se dice que ya no es zona de cero tolerancia. ¿Cuál es el fundamento para fijar en 65 la cantidad de embarcaciones para disponer del 100 % de los recursos?

No tenemos idea de cómo salió esa disposición, suena bastante arbitrario. Solo sé que quien propuso eso fue el director del Instituto Nacional de la Pesca, Pablo Arenas. Así lo sometió ante la Comisión de Mejora Regulatoria,

14 lleva su firma. Se aprobó y se publicó.

Además es confuso y logísticamente imposible. Si hay dos oficiales de Profepa (La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), ¿cuánto es el 60 por ciento?, ¿en base a qué se definió eso? ¿Cuál creen que fue la razón para tomar esta decisión?

En septiembre del año pasado salieron disposiciones donde se estableció la ruta a seguir para proteger a la vaquita marina.

Pintaba muy bien porque prohibía las redes de enmalle que son en las que se enredan estos animales.

Pero faltaba describir los factores detonantes, es decir, el cómo se iba a proteger a la vaquita. Dijeron que en dos meses se debían publicar.

No se publicaron en dos meses, sino hasta hace poco, el 9 de julio, y resulta que los factores detonantes son este tipo de acciones. ¿Qué dice el gobierno?

La Secretaría de Medio Ambiente sacó un comunicado tratando de explicar de qué trataban las nuevas regulaciones diciendo que eran benéficas, que van a estar ahí 24/7.

Pero lo que hace la Secretaría de Marina es salir cada dos días, hace un patrullaje, llega a la zona tolerancia cero e invita de manera cordial a los pescadores ilegales a irse de la zona. No hay arrestos, no confiscan redes, la Profepa ha estado meses sin embarcaciones, todo el año pasado estuvo sin ni siquiera una oficina, sin vehículos, sin gasolina para salir. Ahorita no hay gasolina en el puerto de San Felipe. Entonces no es tampoco que estén ahí todo el día aunque el decreto diga que van a utilizar drones, embarcaciones, etc. La realidad es que no sucede así.

Mientras tanto, hay un montón de lugares por donde los pescadores ilegales salen: en el muelle de San Felipe, en el malecón de San Felipe, desde cualquier playa se puede lanzar una embarcación. La realidad supera toda regulación que se ha implementado y más este tipo de regulaciones absurdas.

Cabe destacar que es el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) el que propuso la creación de esta zona de tolerancia cero. Ante la incapacidad del gobierno de cubrir todo el

¿Cuántas vaquitas se estima que quedan?

Alrededor de 10. Se han visto vaquitas madres con sus crías en buen estado de salud, es algo positivo porque quiere decir que la población se sigue reproduciendo.

Aun así, sean 10, 20 o 30 es un estado crítico y es el mamífero marino en mayor peligro de todo el planeta.

refugio de la vaquita marina, que es un área de mayor tamaño, dijeron bueno, por lo menos protejan este pequeño polígono de 12 por 24 kilómetros y hagámoslo una zona de cero tolerancia. Es decir, si no pueden con toda esta área, enfóquese aquí. ¿Cuántas embarcaciones pueden llegar a pescar ilegalmente en el área?

Sea Shepherd ha identificado más de 60 embarcaciones pescando simultáneamente en la zona de cero tolerancia.

Ahorita no hay tanta actividad porque no es temporada de pesca de totoaba ni de camarón. Pero en

septiembre comienza la próxima temporada de camarón, que también utiliza redes que afectan a la vaquita. ¿Esta nueva disposición va a disparar la pesca ilegal o va a continuar como se desarrolla hasta ahora?

Ya los pescadores están hablando de que si el tabulador dice de 0 a 20 embarcaciones, pues vamos a apuntarnos unas 19 embarcaciones para que haya menos vigilancia.

Estas disposiciones abren este tipo de posibilidades, a que se busque cómo tener menos vigilancia.

¿Qué implica la desaparición de la vaquita?

Implicaría una vergüenza internacional que el gobierno mexicano haya dejado extinguir a una especie, y no cualquiera, sino un mamífero marino endémico que no existe en ningún otro lugar del planeta. Habiendo tenido tiempo para recuperar a la especie, únicamente ha tenido políticas de fracaso.

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MIGRANTES, VÍCTIMAS DEL CRIMEN

‘La policía nos vendió con la mafia’ En Ciudad Juárez, del 1 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2021 tiene registradas a 443 personas migrantes que fueron víctimas de un delito durante su estancia. Los migrantes cuentan cómo traficantes los engañaron, les hicieron creer que estaban en El Paso, Texas cuando en realidad seguían en Ciudad Juárez. Nunca cruzaron el río Bravo G A B R I E L A

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PIE DE PÁGINA (Segunda de tres partes)

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IUDAD JUÁREZ- Después de la travesía de poco más de tres mil kilómetros que María realizó por carretera para llegar a esta frontera con el objetivo de cruzar a Estados Unidos, un comando de presuntos policías de Ciudad Juárez frustró su trayecto.

La mujer de 28 años originaria de Guatemala asegura que agentes de una corporación de seguridad pública la entregaron a un grupo del crimen organizado que la mantuvo secuestrada junto con su hija de un año y otros 65 migrantes durante unos 40 días.

“La policía nos fue a vender con la mafia”, afirma María, originaria de La Libertad, Petén, Guatemala, a quien se le cambia el nombre por seguridad.

Narra que el 3 de enero de este año salió de su casa acompañada con la menor de sus tres hijos para viajar a Ciudad Juárez y cruzar la frontera con la intención de ir a Florida, donde su hermana migró hace dos años.

“Llegué aquí cinco días después y los que me iban a cruzar me llevaron a una bodega para esperar mi turno, había como unas 65 personas. Estuve ahí varios días hasta que un lunes en la noche llegó la policía y nos llevó a todos para entregarnos a la mafia”, dice.

Con certeza sostiene que fueron policías los que irrumpieron esa noche en la bodega, porque cuando el encargado del lugar se dio cuenta de su llegada les advirtió a todos que eran agentes, que no lo fueran a denunciar, pero tenían otros fines y lo golpearon hasta inmovilizarlo.

Sin embargo, comenta que desconoce de qué corporación eran los presuntos policías.

Solo describe que el grupo lo conformaban cinco hombres y una mujer que llevaban la cara cubierta con pasamontañas y viajaban en varios automóviles que presume eran particulares porque no tenían ninguna insignia.

“Iban uniformados de policía, no eran militares, traían un uniforme como verde deslavado, tenían armas y nos decían que si salíamos corriendo nos iban a tirar, nadie lo hizo. Nos fueron subiendo a varios carros y nos llevaron a una casona que estaba toda cerrada, no mirábamos ni las clavijas, ahí nos dejaron con la mafia”, recuerda.

Cuenta que el encargado de la casa les dijo que los ayudarían a

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cruzar a Estados Unidos y cuando estuvieran en El Paso, Texas deberían llamar a sus familiares para que les depositaran dinero y les pudieran pagar.

“A pesar de todo pensamos que era cierto, que nos iban a cruzar al otro lado, y dijimos que sí, que llamaríamos a nuestras familias para pagarles”, agrega.

Menciona que entre los migrantes recluidos en la casona, de la que ni siquiera tiene una idea de su ubicación, se encontraban personas procedentes de El Salvador, Ecuador, Honduras y Guatemala.

Después de varios días de espera, añade, sus captores los sacaron porque al final los cruzarían a Estados Unidos.

“Una noche nos sacaron y nos hicieron correr primero por un riíto y después por una calle. Nos dijeron que ya estábamos del otro lado, que pronto llegarían por nosotros en una camioneta para llevarnos a un lugar seguro mientras recibíamos el dinero que les teníamos que pagar y entonces sí nos llevarían a Dallas”, dice.

“Pronto llegó la camioneta, nos

subimos rápido y nos taparon la cabeza con las chamarras, nos llevaron a otra casona donde no se veía nada y ahí nos tuvieron encerrados otros días”, agrega.

Con el tiempo se dieron cuenta que sus captores los engañaron.

Que les hicieron creer que estaban en El Paso, Texas cuando en realidad seguían en Ciudad Juárez.

Que nunca cruzaron el río Bravo, sino un charco. Y que los tuvieron secuestrados, porque mientras se encontraban recluidos usaban sus celulares para llamar a sus familiares y pedirles rescate a cambio de su libertad.

“Nos engañaron, nunca nos sacaron de Ciudad Juárez. Le pidieron dinero a nuestras familias, cinco mil dólares por cada persona.

En mi caso pagaron 10 mil, cinco mil por mí y cinco mil por mi hija”, refiere.

Explica que mientras los tenían en la supuesta casa de El Paso, les pidieron el número de teléfono del familiar que pagaría por su cruce, ya que ellos mismos se encargarían de llamarles para darles las instrucciones del depósito.

María comenta que les dio el

número de su mamá, quien se encontraba en Guatemala a cargo de sus otros dos hijos de 9 y 8 años, pero como ella no tenía dinero les dio el número de su hermana que se encontraba en Florida.

“Ahí nos tuvieron hasta que llegó el dinero de todos. Aunque a los 10 días nos empezamos a desesperar y preguntar por qué no nos sacaban si a algunos nos dijeron que nuestras familias ya habían pagado, pero no nos hacían caso, se ponían a fumar marihuana y oír música”, asegura.

Explica que la desesperación entre los migrantes aumentó y los reclamos subieron de tono, por lo que sus captores también tomaban medidas más drásticas en su contra, les gritaban y los castigaban dejándolos sin comer y hasta sin permiso para ir la baño.

“La niña se me enfermó porque no comía, no nos daban ni un pan y ella no tomaba su lechita porque ya no mandaban comprar la leche y mucho menos los pañales, así que tenía que romper unos trapos o algo para ponerle”, cuenta entre lágrimas mientras sostiene a su hija que aún se encuentra

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convaleciente.

Con dificultad para hablar por el llanto, narra que los últimos cinco días en cautiverio fueron los peores, porque sus captores comían frente a ellos y su hija les pedía que le compartieran algo, pero la ignoraban.

“Me daba tanta lástima porque comían pizza o pollo y la niña les pedía, pero no le daban, no le hacían caso, lloraba y no le daban nada, no se conmovían”, cuenta.

Cuando ya habían pasado unos 40 días encerrados, sus captores, a los que describe como hombres jóvenes con tatuajes, se enojaron por los crecientes reclamos y les dijeron que por la noche los empezarían a sacar para trasladarlos a su destino.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a Dallas, porque se supone ya nos tenían en El Paso, así que primero sacaron a 20, luego a otros 20 y después a los otros 20. Al final me sacaron junto con otros dos muchachos y nos fueron a tirar cerca de una iglesia, tal vez porque traía a la niña nos dejaron ahí y no el monte o en despoblado”, considera.

Al pedir ayuda en el templo se dieron cuenta que los mantuvieron engañados, que seguían en Ciudad Juárez y no en Estados Unidos como les hicieron creer.

Esa noche, relata, el pastor de la iglesia donde pidieron ayuda los llevó a su casa y les dio de cenar porque ya tenían varios días sin

comer, los dejó dormir y al siguiente día los trasladó a un albergue para migrantes.

Agrega que en el refugio al que los llevaron a los dejaron a disposición de las autoridades de migración, las que no lograron identificar, y que de ahí los canalizaron a otro albergue que sus directivos piden ni siquiera mencionar por seguridad.

“En total nos tuvieron como 40 días encerrados, al principio creíamos que sí nos iban a llevar para allá (a su destino), no imaginamos que fueron tan así porque cuando nos poníamos a orar hasta uno de ellos se ponía a hacerlo con nosotros, pero después fuimos perdiendo las esperanzas ”, dice.

Añade que al salir del encierro se comunicó con su mamá, quien le comentó que sabía que estaba secuestrada por la llamada que le hicieron para pedirle el dinero y porque después, cuando ella le marcaba a su celular, ya no le contestaban.

María, quien decidió migrar a Estados Unidos para buscar empleo luego de que su esposo la abandonó con sus tres hijos, dice que hizo el viaje solo con la menor porque nomás consiguió un préstamo de 120 mil quetzales (unos 300 mil pesos mexicanos) para pagar el traslado desde Guatemala hasta Florida.

Cuenta que el viaje lo hizo con apoyo de “guías” (traficantes de

migrantes), a los que contrató en su ciudad natal.

De Petén a Huehuetenango, Guatemala la trasladaron en camión y continuó en automóvil a Gracias de Dios, frontera con Chiapas, por donde se internó a México y desde ahí a Ciudad Juárez, recorrido que hizo por carretera en camionetas que cambiaron en varias ciudades.

Afligida porque al momento de la entrevista (realizada a mediados de marzo), su hija aún padecía las secuelas por la falta de alimento durante los días de cautiverio, María revela que al quedar en libertad de inmediato buscó cruzar a Estados Unidos.

Menciona que fue a uno de los puentes para entregarse a las autoridades migratorias de Estados Unidos, pero los agentes le recomendaron regresar a México y esperar, porque de lo contrario podría ser deportada a su país.

“Me regresé al albergue muy triste porque no sé cuánto voy a estar aquí, pero me voy a esperar, con todo lo que he sufrido ya no me devuelvo a Guatemala, me quedaré el tiempo que sea necesario hasta saber si puedo llegar con mi hermana allá arriba (en Florida) ”, confiesa.

En el albergue reportan que después de algunas semanas María logró cruzar a Estados Unidos junto con su hija, quien se recuperó con apoyo médico.

Del secuestro que sufrieron en Ciudad Juárez mientras esperaban

cruzar la frontera no quedó ningún registro oficial.

La migrante guatemalteca declinó presentar la denuncia ante las autoridades por miedo y desconfianza, ya que siempre afirmó que fueron policías los que las entregaron a los criminales que las mantuvieron en cautiverio.

Prefirió irse antes que buscar justicia.

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CONTAMINACIÓN DE OCÉANOS

Alteran microplásticos el ecosistema marino Un nuevo estudio ha encontrado que los microplásticos caen al lecho marino, son transportados por las corrientes de aguas profundas y se acumulan en ciertas áreas del océano, denominadas por los autores como ‘hotspots de microplásticos’.

Los hotspots de microplásticos contienen hasta 1.9 millones de piezas de plástico por metro cuadrado, la mayor concentración de plástico registrada en el fondo marino.

El microplástico más común que se encuentra en el océano son las microfibras de los textiles, que ingresan al océano a través de los sistemas de aguas residuales domésticas e industriales.

El estudio sugiere que los microplásticos terminan en hotspots de biodiversidad en el océano, donde pueden ingresar fácilmente y alterar el ecosistema marino.

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n microplástico es una pequeña partícula. Las partículas más grandes pueden tener aproximadamente el tamaño de una semilla de lino, pero los microplásticos más pequeños no se pueden detectar a simple vista.

Por más minúsculos que sean, enormes cantidades de estas partículas se vierten en el océano y casi con certeza causan daños a los delicados ecosistemas marinos, indican los expertos.

Un nuevo estudio publicado en Science revela la trayectoria itinerante de los microplásticos después de que ingresan al océano.

Si bien algunos microplásticos, como los de poliestireno, pueden flotar en la superficie, la mayoría de los microplásticos se adhieren a algas y minerales que hacen que se hundan en el fondo marino. Luego, los microplásticos son transportados por las corrientes de aguas profundas y depositados en áreas de altos niveles de sedimentos, creando lo que los autores del estudio denominan ‘hotspots de microplásticos’.

Un equipo de investigadores internacionales recopiló datos para este estudio tomando muestras de sedimentos del lecho marino del mar Tirreno en el Mediterráneo.

Descubrieron que los microplásticos se acumulaban en profundidades de 600 a 900 metros, y que los hotspots de microplásticos pueden contener hasta 1.9 millones de piezas por metro cuadrado, que es el nivel más alto registrado en el lecho marino, según Ian Kane, autor principal del estudio.

“Nos sorprendió la gran cantidad [de microplásticos]», dijo Kane a Mongabay. «1.9 millones es enorme.

Estudios anteriores han documentado números mucho más pequeños, y […] solo se habló de fragmentos de plástico, pero son las fibras las que son realmente las más

insidiosas de los microplásticos.

Estas son las cosas que se consumen y absorben más fácilmente en la masa de los organismos”.

Un ‘microplástico’ se define generalmente como una partícula de menos de 5 milímetros. Algunos microplásticos se fabrican deliberadamente, como las microesferas que se encuentran en los cosméticos, mientras que otros se forman cuando la luz solar descompone los ‘macroplásticos’, como las botellas de agua de plástico y los recipientes para alimentos. Sin embargo, la mayoría de los microplásticos son fibras textiles de cosas como ropa de poliéster, dijo Kane.

“La mayor parte proviene del tratamiento de aguas residuales de fuentes domésticas e industriales que se transportan a través del sistema de alcantarillado», dijo Kane.

«El problema en este momento es que los filtros de la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales no filtran los microplásticos, por lo que ingresan a los sistemas fluviales y luego son

arrojados al mar”.

El problema de los microplásticos es que atraen y acumulan toxinas que los hacen peligrosos para cualquier organismo que los consuma o absorba.

“Actúan como puntos focales para la acumulación o precipitación de toxinas en su superficie […] en particular, cosas como los hidrocarburos”, dijo Kane. “Y duran mucho tiempo. No se descomponen rápidamente, por lo que pueden acumular estas toxinas, pueden ser consumidos por organismos y pueden persistir aun después de que ese organismo muere. Así que son puntos de nucleación de larga duración para las toxinas y cosas desagradables”.

Las corrientes del fondo marino que transportan a los microplásticos en el lecho marino también son responsables de transportar oxígeno y nutrientes, lo que sugiere que el plástico termina en hotspots de biodiversidad en el océano donde puede causar mayor daño.

“Los efectos de los microplásticos en el ecosistema de aguas profundas

son realmente poco conocidos», dijo Kane. «[Los microplásticos] están disponibles para ser consumidos y también pueden ser absorbidos por la masa de animales de cuerpo blando. Por lo tanto, ingresan a la red trófica en los niveles más bajos, y cuando llegan a las criaturas más grandes en la red trófica, entonces pueden llegar a consumir una gran cantidad de microplásticos”.

Si bien es necesario realizar más estudios sobre el tema, este informe llena algunos vacíos críticos en la investigación de la contaminación plástica: muestra cómo grandes cantidades de microplásticos pueden viajar al fondo marino y ser transportados a hábitats marinos críticos.

“Nuestro estudio ha demostrado cómo los estudios detallados de las corrientes del lecho marino pueden ayudarnos a conectar las vías de transporte de microplásticos en las profundidades marinas y encontrar los microplásticos ‘faltantes’», dijo en un comunicado Mike Clare, coautor del estudio. «Los resultados resaltan la necesidad de intervenciones políticas para limitar el flujo futuro de plásticos en entornos naturales y minimizar los impactos en los ecosistemas oceánicos”.

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EN TAMAULIPAS Localizan colectivos de familias 57 campos de exterminio

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AMAULIPAS.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han documentado la existencia de, por lo menos, 57 campos de exterminio en donde los grupos criminales asesinaron a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron fragmentos óseos.

Sitios en donde, además, enterraron cadáveres en fosas clandestinas.

En el suroeste tamaulipeco, los colectivos han identificado 53 sitios en los municipios de Mante, Xicoténcatl, Llera de Canales, Gómez Farías y Ocampo; en el centro de la entidad, uno de gran tamaño en la localidad de Abasolo y dos en Victoria, y en la frontera con Estados Unidos, uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido, en forma parcial, con búsquedas o levantamientos de restos en 56 de esos lugares.

El pasado 12 de julio, Elefante Blanco y A dónde van los desaparecidos dieron a conocer que los gobiernos federal y estatal ocultaron durante cinco años la existencia de un campo de exterminio en La Bartolina, ya que a inicios de abril de 2016 este lugar había sido descubierto por soldados.

Personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas recolectó huesos que, posteriormente, señaló que podrían ser de animales.

En conferencia de prensa, realizada el pasado 7 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda aceptó la existencia del sitio e informó que en el lugar se han recolectado más de media tonelada de huesos. Familiares de personas desaparecidas y la Fiscalía General de la República (FGR) han buscado en La Bartolina entre 2019 y 2021.

A tres semanas del anuncio de reconocimiento, el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, quien encontró y lidera la búsqueda en La Bartolina, informó

Buscadoras de personas desaparecidas detectaron el primer centro de exterminio en 2012. Hasta ahora han localizado estos sitios en el suroeste, centro y norte del Estado. Los colectivos reclaman que estos lugares no están resguardados por las autoridades federales o estatales, por lo que existe el riesgo de que los fragmentos óseos e indicios sean removidos y se pierda la posibilidad de identificar a personas desaparecidas C A R L O S

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21 ocurrió esto, el Ministerio Público que estaba de guardia en ese fin de semana me dijo que habían sido como 12 ó 13 cuerpos”.

Tiempo después, la persona buscadora volvió al mismo paraje y encontró montículos de tierra, pero también ropa, autos desmantelados, un área adaptada como dormitorios y otra para cocinar alimentos. Todo eso en un terreno de gran superficie a la intemperie, en medio de la nada.

“De ahí fue que empezamos a darnos cuenta que a esos lugares no se le podía llamar solo fosa clandestina… Recorrimos más de 300 ranchos en cinco municipios alrededor de la zona cañera. Nuestro comienzo fue en 2012. Ahí empezamos a documentar los lugares que nosotros, ahora puedo decírtelo, desde hace algunos años hemos llamado: sitios de exterminio”.

que han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y que la FGR no ha agendado nuevas búsquedas en el centro de destrucción de cuerpos localizado en la franja fronteriza.

Integrantes de los colectivos Milynali Red, Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando y Red de Desaparecidos en Tamaulipas — que piden proteger sus identidades al temer por su seguridad—, aseguran que ninguno de los 57 sitios de exterminio que han localizado se encuentra resguardado por las autoridades, por lo que se corre el riesgo de que los restos e indicios sean removidos de los lugares por las personas que cometieron las atrocidades o por quienes tengan interés en borrar evidencias.

“No se les puede llamar solo fosas”

Elefante Blanco consultó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sobre si existe una definición o una descripción precisa de lo que es un centro de exterminio en México, pero respondieron que no cuenta con una. Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos y académico de la Universidad Iberoamericana, explicó que el concepto está vinculado a los campos de la Alemania nazi. La ONU afirma que un sitio de exterminio es el lugar donde se aniquila masivamente a personas.

La doctora May-ek Querales, integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), menciona que el

concepto de sitio de exterminio ha sido planteado por las buscadores y los buscadores de la región noreste.

“El primer impacto que esto tuvo para las familias buscadoras es pensar que ya ni siquiera era la posibilidad de recuperar un cuerpo, ya ni siquiera se habla de fragmentos, sino kilos de restos”.

Aunque no hay un acuerdo común, los grupos de búsqueda consideran un centro de exterminio al lugar que reúne, por lo menos, hallazgos de fosas clandestinas, tambos de 200 litros usados como incineradores ilegales de cuerpos, campamentos de la delincuencia, áreas de privación ilegal de la libertad de personas y las evidencias —restos óseos, ropa y otros objetos— se ocultan bajo tierra o debajo de la hojarasca o ramas de árboles.

En Tamaulipas, Milynali Red ha detectado, analizado, documentado y nombrado 53 sitios de exterminio.

Durante los primeros recorridos de búsqueda que realizaron por el suroeste tamaulipeco, integrantes del colectivo los hallaron: “Los primeros que encontramos fueron en septiembre de 2012 — recuerda un integrante del colectivo—, cuando una persona que fue detenida señaló un lugar en el que encontramos fosas clandestinas”.

En ese momento, explica, se registró que seis personas fueron exhumadas en ese lugar, “pero cuando fui al municipio donde

Ante autoridades omisas, búsqueda ciudadana

Los integrantes del colectivo Milynali Red han localizado y documentado 53 sitios de exterminio, todos ya fueron intervenidos parcialmente por las Fiscalías federal y local, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda. “Hemos ido y las autoridades recolectaron lo que estaba a la vista como osamentas y armas”, explica la persona entrevistada.

“La ubicación de un centro de exterminio implica lo que hemos llamado la búsqueda prospectiva ciudadana, que es volver a un lugar las veces que sean necesarias hasta dar con los puntos con indicios, porque puedes tener una coordenada y no encontrar el sitio, por eso hay que caminar entre el monte hasta encontrar”, detalla la persona buscadora.

En la actualidad, Milynali Red realiza búsquedas en tres sitios de exterminio, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. En el más grande, llevan tres años trabajando; el segundo se ubica detrás de una casa habitada, donde incineraron cuerpos junto con ramas de árboles: “La dificultad para poder distinguir entre un cabrón y un resto óseo calcinado ha sido un reto”. El tercer sitio está en medio de una zona de sembradíos de caña.

En ese lugar, primero se detectó un pequeño montículo de huesos; pero al observar con más detalle, se descubrieron más restos.

22 El colectivo junto con la fiscalía está en espera de poder intervenir en un cuarto sitio, ubicado dentro del potrero de un rancho. Las lluvias no han permitido realizar los trabajos de exploración, comenta la buscadora.

Milynali Red ha tomado la decisión de no solicitar la intervención en nuevos sitios hasta no concluir el recorrido, la localización de posibles áreas y recolectar los restos óseos calcinados en los cuatro sitios.

“Antes —comenta la persona del colectivo— no nos prestaban los peritos expertos en arqueología y antropología, eran solamente el criminólogo, el fotógrafo y el ministerio público, tampoco había agendas de visitas y se cuestionaba el gasto y el por qué regresar tantas veces, pero es lo necesario en un sitio de exterminio».

mismo”. El análisis de contexto, comentó, apunta a la probable participación del Cártel del Golfo o Los Zetas. Además, por la información preliminar que tiene la comisión, “la mayoría de los hechos que dieron origen a estos sitios se dieron entre 2009 y 2012; esto se tiene que corroborar por fuentes y ciencia, con el análisis de los restos”.

La comisionada aseguró que decidieron hacer pública la existencia de La Bartolina “por la dimensión” que tiene el lugar.

trabajos por la Fiscalía, quien es la única que tiene legalmente la posibilidad de hacerlo. Nosotros colaboraremos si se nos solicita. En segundo término, tiene que ser uno de los sitios, entre otros muchos, a revisar por el Mecanismo de Identificación Forense para que determine lo que corresponda”, explicó la comisionada.

El martes 13 de julio la Comisión Nacional de Búsqueda envió dos solicitudes a las fiscalías estatal y federal para conocer los trabajos que cada una realizó en el lugar, los resultados en materia de identificación de restos y si hay hipótesis del modus operandi, junto con los posibles responsables de los delitos cometidos en el centro de exterminio.

A finales de mayo de 2021, Quintana Osuna recorrió una parte del terreno de 600 metros cuadrados, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Sobre la visita, dijo que a diferencia con zonas similares en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, en La Bartolina los restos están en la superficie y enterrados, incluso debajo del agua.

“Siempre estás viendo restos calcinados y no todos están enterrados, muchos están a ras de suelo… Uno puede ir caminando en este sitio que está cerca del mar y vas detectando dónde puede haber restos para hacer pozos de sondeo.

Incluso, bajo del agua; el día que fui había 20 centímetros de profundidad y se podían ver los huesos bajo el agua. Falta mucho por trabajar en este lugar”, contó la comisionada nacional.

Además, confirmó que hubo recolección e identificación de huesos —como piezas dentales— que son importantes para los análisis genéticos, aunado a la recolección de monedas, prendas, relojes y cadenas. Todos los objetos y restos humanos, recalcó, están en poder de la Fiscalía General de la República.

Prioritario acelerar trabajos en La Bartolina

“Tamaulipas sigue estando solo”

Rancho El Papalote, trabajos desde 2013

Uno de los sitios en donde las mismas autoridades hicieron pública su ubicación es el rancho El Papalote, localizado por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en 2013. Al año siguiente, los colectivos Voz y Dignidad por los Nuestros y Milynali Red encontraron en ese mismo lugar tambos con combustible, pedazos de cuerpos, ceniza y ropa.

El centro de exterminio El Papalote se encuentra en las faldas de la sierra de Cucharas y tiene una extensión de dos campos de futbol, de acuerdo con el colectivo Milynali Red. A partir de septiembre de 2017, en el sitio se realizaron diligencias de 10 días continuos por mes, para recolectar fragmentos de huesos. En febrero de 2019, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, recorrió el lugar y observó cómo las buscadoras se concentraban en cribar la tierra. Hace dos años, el funcionario federal señaló que ese era el centro de exterminio más grande de Tamaulipas.

Sin embargo, en entrevista, la comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana Osuna aseguró que La Bartolina es la zona de exterminio más grande del país que hasta ahora se tenga registrada. El colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos aseguró que se han recolectado, por lo menos, 750 kilogramos de huesos, de acuerdo con la información que registraron en tres de las cinco búsquedas realizadas por la FGR de

2019 a 2021.

La funcionaria federal mencionó que la comisión tiene registro de más centros de exterminio en lugares como Abasolo, El Mante, El Papalote, en Tamaulipas; así como en Moctezuma, en San Luis Potosí; en Patrocinio, Coahuila; y en Estación Claudio, en la Comarca Lagunera y en La Mano y Las Abejas, en Nuevo León.

En un comunicado difundido el lunes 26 de julio, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León aseguraron que en la entidad se han identificado cinco sitios de exterminio: “Grutas de García”, “Las Abejas”, “Carboneras”, “Los Arcos”, “Vallecillo” y “La Mano”. Además, solicitaron a la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia del estado que definan un plan de intervención detallado para estos lugares.

En la entrevista para este reportaje, Quintana Osuna explicó que en el noroeste del país “el modus operandi parece ser el

En dos años y medio, la Fiscalía General de la República ha acudido en cinco ocasiones a La Bartolina.

Esta dependencia federal tomó el caso a petición de Madres Unidas por Nuestros Hijos. El colectivo solicitó el resguardo permanente del terreno y un plan de intervención urgente y extraordinario para levantar los restos esparcidos por los 600 metros cuadrados del terreno.

“Es prioritario que se aceleren los

Los colectivos Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando y Red de Desaparecidos en Tamaulipas (RedTam) han identificado cuatro sitios de exterminio, entre ellos el localizado en La Bartolina. Sin embargo, señalan que a casi tres semanas de que se reconoció oficialmente la existencia del lugar, las autoridades federales y estatales no han regresado al terreno para resguardarlo, buscar más restos y

23 recolectarlos.

“Qué bueno que lo reconocen, pero nos hace ruido que las familias vayan a estar en un riesgo o que el sitio vaya a estar en un riesgo. Si las familias no lo habían hecho público es por algo, tienen años trabajando allí y no acaban; en un momento dado, cualquiera puede llegar y destruir lo que todavía queda”, destacó un integrante de la RedTam. El colectivo lamenta que no existan acciones más contundentes para agilizar los trabajos de identificación.

“Tamaulipas sigue estando solo.

No hemos visto que la ONU se haya pronunciado, tampoco las organizaciones de ningún tipo.

Nadie ha dicho nada. Y mucho menos habrá recursos para identificar cada uno de esos fragmentos. No hemos visto a nadie que, desde el momento en que la comisionada dijo ‘sitios de exterminio’, venga y apoye a las familias, a nadie. Entonces para nosotros es un show lamentable, porque las familias han trabajado mucho y se han jugado el pellejo allí y se lo van a seguir jugando, y (ahora) peor porque están en la mira de todo el mundo”.

La RedTam, organización de la sociedad civil con sede en la capital tamaulipeca, ha documentado que en la entidad la desaparición de personas se dio en centros de exterminio, fosas clandestinas y en cuerpos de agua, como lagunas y presas. Por ejemplo, en la presa Vicente Guerrero, ubicada en el municipio de Padilla, desde 2019 y a partir de información derivada de investigaciones judiciales, se han realizado búsquedas con cámaras submarinas.

Recientemente, esta organización también registró la recolección de 1,900 piezas dentales en un predio que se localiza a medio camino por carretera, entre Victoria y San Fernando, del municipio de Abasolo, al norte del estado. En el sitio, además, se encontraron crematorios ilegales y fosas clandestinas.

El colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando, quien encontró y lidera la búsqueda en La Bartolina, informó que han recibido amenazas a través de llamadas telefónicas. Aunque no quisieron abundar en esto, las y los integrantes relacionan las llamadas con el anuncio del centro de exterminio.

Esta situación la reportaron a la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, algunos de sus integrantes son parte del Mecanismo

de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, al cierre del reportaje no se les había notificado si tendrán más protección que el botón de pánico.

Integrantes de este colectivo informaron que la Fiscalía General de la República no ha agendado nuevas fechas de búsqueda en La Bartolina.

Ellas, por su parte, estudian la posibilidad de solicitar que se realicen reformas legales para incluir al exterminio como un nuevo delito dentro del Código Penal o presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad relacionados con lugares como La Bartolina.

Mientras tanto, las integrantes del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos realizaron tomas de ADN a familiares de personas desaparecidas. Con ayuda de personal de la Fiscalía estatal, durante la semana del 13 al 16 de julio, recolectaron 211 muestras genéticas vinculadas con casos denunciados, aunque recriminaron que las autoridades no permitieron tomar muestras de sangre a familiares de personas secuestradas.

Crean protocolo especial

Ante el alto número de sitios de exterminio que han localizado, personas buscadoras en Tamaulipas elaboraron el primer protocolo

estandarizado de búsqueda en estos lugares, el cual ya se implementó en seis sitios ubicados en la zona de El Mante.

El protocolo es el primero en su tipo en México y apunta a la especialización en el reconocimiento, recolección, tratamiento e identificación de restos humanos. El documento fue compartido con los integrantes de 14 colectivos de búsqueda en el Segundo encuentro de buscador@s México, realizado en marzo de 2020, en Tlaxcala.

“La localización de los sitios de exterminio implica replantear los retos de la búsqueda e identificación de personas; redimensionar el escenario de terror y horror con que se infunde el miedo para paralizar a nuestra sociedad; y, sobre todo, repensar nuestras instituciones y procesos para acceder a la verdad y a la justicia en el tenor de la seguridad pública”, se explica en el documento “Protocolo Estandarizado de Búsqueda Ciudadana en Sitios de Exterminio”, que tiene como autores a Graciela Pérez, Sara López y Evencio Pérez.

El protocolo señala que la cadena de custodia de los restos recolectados en los sitios de exterminio es el proceso más importante para garantizar y dar continuidad a los trabajos en dichas

zonas de inhumación de cadáveres.

“Quizás muchos dirán que para qué un resto óseo calcinado sino vamos a poder sacar algún ADN, pero para las madres que estamos buscando a nuestros familiares, yo lo pongo así, si es un familiar suyo imagínate que es un pedazo de la persona que estás buscando no quisieras que se quedara allí”, refiere una de las personas que aportó información para el protocolo.

En el documento se destaca que un obstáculo es la falta de personal técnico y especializado. Eso, reconocen, no permite agilizar los procesos de identificación.

El protocolo también subraya que las autoridades federales y estatales deben clasificar y contabilizar de forma distinta las fosas clandestinas y los sitios de exterminio, ya que en estos últimos lo que se busca es destruir los cuerpos e imposibilitar su identificación.

Se plantea, además, la necesidad del reconocimiento de las técnicas del cribado o tamizado, como parte de los procesos técnicos específicos para el levantamiento de indicios vinculados con el análisis geológico y arqueológico de los sitios.