CONTEXTO 010821

VACUNAS

Llegan tarde y mal Hay una respuesta tardía a la inmunización equitativa. En Chiapas, Guatemala y en El Salvador la vacunación no llega a tiempo por culpa de un proceso plagado de desafíos y de irregularidades.

2 LETRAS DE MAQUÍO

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca.

Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Proposiciones de la Coparmex para salir de la crisis

(Primera de dos partes)

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

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on motivo de la crisis moral, económica y política que hemos venido padeciendo en el país, la Confederación Patronal de la República Mexicana, a través de sus juntas de estudio, elaboró un documento que da respuesta a la invitación que se hace a través del Plan Nacional de Desarrollo para participar y aportar sus puntos de vista.

Analizando estas aportaciones, como ciudadano preocupado y ocupado en el mejoramiento del país, me permito apuntar algunas ideas: 1 La primera propuesta que hace la Coparmex es titular la tierra a los campesinos. Está bien demostrado que la propiedad colectiva de la tierra impide el aumento de la productividad y mantiene bajos los niveles de vida del campesino.

Al estar de acuerdo con la anterior aseveración quiero mencionar que el giro “Tierra y Libertad”, de Zapata y don Antonio Díaz Soto y Gama, jamás pretendió que la tierra fuera entregada en usufructo como se hizo en un supuesto paso de transición.

La verdad es que la forma de tenencia de la tierra ejidal es una forma de control político para paternalísticamente mantener siempre sujeto al campesino.

Aun en los países socialistas como Polonia y Checoslovaquia la tierra es propiedad de los particulares en un 83 y 85 por ciento, respectivamente.

La necesidad de un cambio de estructura importante en esta región nos la dan dos hechos incongruentes.

Cada vez importamos más alimentos del exterior (aproximadamente diez millones de toneladas anuales).

En los últimos veinte años nuestro crecimiento promedio en el sector agropecuario ha sido inferior al crecimiento demográfico. De seguir esta tendencia acabaremos por comernos unos a otros y esto me preocupa porque yo estoy muy gordo.

Cabe bien comentar en este punto que muchas naciones europeas tienen ya una

Secretaría de la Reforma Agraria cuya función es agrupar la tierra en lugar de seguirla dividiendo, porque han tomado conciencia de que el minifundio es tan perjudicial o más que el latifundio.

Finalmente quiero agregar, adelantándome a los que quieran rebatir esta cuestión, que el hecho de dar la tierra en propiedad no necesariamente implica volver al latifundio, ya que este problema lo han resuelto muchas naciones mediante impuestos prediales crecientes en proporción directa a la superficie que se ostenta.

Mucho más se podría agregar al punto anterior como son la vocación de las personas y de la tierra. La falta de crédito y garantías en el agro. La explotación agropecuaria y no sólo agrícola o pecuaria, etcétera, etcétera, pero como son varios los puntos expuestos por la Coparmex, así que seguiré con el siguiente.

2 Recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Agrega la Coparmex: “Conscientes de la disminución del poder adquisitivo de los salarios, sumamos nuestros esfuerzos al de los trabajadores y autoridades para ayudar a recuperarlo en la máxima medida que la reordenación económica lo permita”.

Sugiere la Coparmex disminución del IVA acompañado de una reducción en el gasto público.

Yo agregaría que el principal empleador del país en la actualidad es el gobierno y si los salarios no suben más es por la ineficiencia del aparato burocrático y de las paraestatales. ¿Cuántos y hasta cuándo tendremos que aguantar los guaruras y aviadores, así como los gastos del PRI? La pérdida de poder de compra de los trabajadores proviene del excesivo gasto público que se financia con mayor emisión de moneda y billetes.

No es que las cosas valgan más, sino que los pesos valen mucho menos.

Miércoles 29 mayo 1985

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

La verdad es que la forma de tenencia de la tierra ejidal es una forma de control político para paternalísticamente mantener siempre sujeto al campesino.

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DESPUÉS DE 9 AÑOS Y 80 MILLONES La interminable Cineteca de Sonora: sigue inconclusa

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a construcción de la Cineteca de Hermosillo ha llevado ya casi nueve años, más de ocho veces el tiempo normal que tardan construcciones de esta naturaleza, argumentan diferentes expertos consultados por este equipo de investigación.

Una revisión a la documentación del proyecto y entrevistas con las autoridades actuales responsables de su construcción indican que la obra tuvo serias deficiencias de planeación en el gobierno de Guillermo Padrés Elías (2009-2015).

Representantes del gobierno actual de Claudia Pavlovich se defienden de la tardanza ubicando la responsabilidad en los errores de planeación del gobierno anterior, pero no demuestran que, una vez corregidos estos errores, hayan sido capaces de terminar la obra

Pese a que las aportaciones económicas que el Gobierno Federal hizo al Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste superan los 68 millones de pesos, la justificación oficial del retraso de la Cineteca es la falta de presupuesto P R I S C I L A

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BORDER HUB

que le ha costado al erario más de 80 millones de pesos.

Hasta julio de 2021 ninguna autoridad estatal o federal ha emitido observaciones o sanciones derivadas de la tardanza en la culminación de la obra o con relación al presupuesto que se ha destinado en nueve años.

La administración de Pavlovich ya está arreglando su salida. Sus

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funcionarios se niegan a dar más explicaciones y todo parece indicar que la construcción inacabada de la Cineteca está a punto de convertirse en una herencia al próximo gobierno de Alfonso Durazo Montaño, quien tomará posesión como gobernador el 13 de septiembre de 2021.

Una obra lenta y costosa

Entre 2012 y 2021 el Gobierno de Sonora, con el apoyo económico de la Federación, ha destinado 80 millones 564 mil pesos -unos 4 millones de dólares- a construir una cineteca en Hermosillo, cuya finalización se ha postergado con los años.

La obra, llamada Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste, comenzó a edificarse en

4 el sexenio de Padrés Elías. El dinero ha provenido del Gobierno de Sonora y de la Federación, que en 2012, 2014 y 2016 hizo aportaciones al Instituto Sonorense de Cultura por un total de 68 millones 892 mil 341 pesos.

Según Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura, la oficina encargada de la ejecución de la obra, el proyecto original que heredó el gobierno de Pavlovich presentaba una evaluación errónea del subsuelo en el terreno donde se construiría el edificio.

“El primer atraso fue en 2016, derivado de estudios de suelo, cuerpos de roca y agua que se encontraron, ese detalle generó un retraso importante que se está solventando con los estudios que se hicieron”, dijo Álvarez en entrevista.

“Sobre la marcha, ¿qué sucedió?

Pasamos por una serie de reajustes al proyecto original. El original tenía estudios de suelo que se fueron modificando, encontramos roca y agua que hicieron que se modificara el proyecto original en tiempo y en recursos”. Álvarez Beltrán también agregó que el diseño inicial se realizó sin tomar en cuenta las condiciones climáticas de Hermosillo, por lo que se tuvo que cambiar.

“El proyecto original contemplaba muros móviles, fue diseñado por un despacho de arquitectos de la Ciudad de México.

El proyecto tuvo ajustes, tuvimos que hacer un muro fijo para el tema del clima, se cambió de 2012 para acá”, apuntó el director.

Para conocer más sobre el diseño original el 17 de mayo del presente año se buscó concretar una entrevista con la empresa que elaboró el proyecto (Taller de Arquitectura Mauricio Rocha) pero hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. Álvarez Beltrán afirma también que otras de las razones del retraso fueron el incremento en los precios del acero en 2017 y la tardanza de las negociaciones con el gobierno federal. “Al ser un programa federal, el trámite es más complicado”, comentó.

Tardanza inexplicable

El director del Instituto Sonorense de Cultura evitó referirse a la cantidad de 17 contratistas vinculados a la obra durante su administración. Para los expertos,

mil 203 pesos, pues se contrató una empresa adicional que actualmente trabaja en la edificación del recinto cultural.

Los gastos se acumulan, pero la obra no concluye

El proyecto se presentó en 2014 como un espacio para fortalecer la labor cinematográfica de Sonora, Sinaloa y Baja California Norte y Sur. Foto: Gobierno del Estado de Sonora

esa cantidad se antoja excesiva y es un motivo probable de retrasos y dispendio innecesario de recursos.

Para el Ingeniero Civil Russell Federico Corella Grenfell, un edificio de este tipo tardaría en construirse hasta un año cinco meses, siempre y cuando el recurso fuera continuo.

“Una obra de este tipo, si el recurso fuera continuo y estuviera una sola empresa como responsable, duraría entre un año tres meses y hasta un año cinco meses. Yo calculo que eso debió de haber llevado la ejecución”, explicó el propietario de Cogre Construcciones y vicepresidente 2021 del sector salud en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

De acuerdo con el Ingeniero Civil, el hecho de que sean 17 empresas involucradas pudo haber fomentado la demora, pues si una no entrega a tiempo las demás se atrasan.

“En este caso el retraso me imagino debe haber estado dentro de la ejecución, a lo mejor tantas empresas al mismo tiempo, por lo regular siempre se retrasan porque en los calendarios de obra hay un orden y si una empresa se adelantó o se atraso por lo general no termina bien cuando hay muchas empresas metidas”, destacó el especialista en construcción.

El arquitecto Rogelio Cota Estévez coincidió en que el hecho de que la construcción tenga nueve años en proceso es lo que fomenta que tenga que seguirse actualizando el proyecto.

“Sí, son muchas empresas, pero no todas relacionadas con el mismo objeto. Hay ciertas relacionadas con la construcción, proyecto, equipamiento, otras que actualizaron proyectos, programas de protección civil. Claro, todas esas actualizaciones no hubieran ocurrido si no se hubiera prolongado tanto el tiempo”, comentó Cota Estévez.

Hasta agosto de 2018 -cuando la obra se detuvo- habían intervenido en ella 16 proveedores y se habían efectuado 182 transferencias bancarias por 69 millones de pesos, de acuerdo con los comprobantes de pago obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Aunque la Ley de Obras Públicas de Sonora especifica en su artículo 95 que “en caso de detectarse fallas los contratistas quedarán obligados a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido”, la Contraloría del estado no ha emitido sanciones a ninguna de las empresas involucradas.

Según Mario Welfo Álvarez Beltrán, la obra se detuvo en 2018 por falta de presupuesto.

“Llegamos a agosto de 2018 con la quinta etapa de construcción concluida y nos faltó la sexta etapa por cuestiones de acabados y equipamiento y fue cuando se detuvo el proyecto por cuestiones de financiamiento”, señaló Álvarez Beltrán, Para marzo de 2021 que se reanudó la construcción, la suma invertida subió a 80 millones 564

El Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste fue presentado con un presupuesto inicial de 45.5 millones de pesos, como un espacio para fortalecer la labor cinematográfica de cineastas de Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur. El costo actual de la obra rebasa ya los 80 millones de pesos.

El inmueble -ubicado a 200 metros del Palacio de Gobiernoofrecería una sala de cine para más de cien personas, aulas de clase, áreas especializadas en audio y video, jardines, cafetería y librería.Además, sólo invertirían en la edificación y el equipamiento, porque el terreno ya pertenecía al Gobierno de Sonora; anteriormente eran oficinas del Instituto Sonorense de la Juventud.

Por acceso a la información pública el Instituto Sonorense de Cultura proporcionó las evidencias de pagos realizados y los conceptos que se facturaron a cada proveedor.

La Secretaría de Cultura entregó el desglose y las fechas de cada una de las aportaciones económicas que recibió el proyecto de la cineteca.

El 11 de diciembre de 12 se firmó el convenio CNCA/DGVC/CCOORD/00537/12 entre el Instituto Sonorense de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) mediante el cual entregaron 1 millón 200 mil pesos para “Cineteca Sonora Espacio para la promoción, investigación y difusión del cine mundial”.

Ese mismo año (2012) se gastaron 356 mil 10 pesos en el proyecto en etapa conceptual y en la elaboración de un catálogo de conceptos de la barda perimetral.

En 2013 el desembolso fue de 13 millones 363 mil 327 pesos por estimación del servicio de remodelación, instalación e inicio de actividades preliminares de la Cineteca de Sonora, señala el comprobante de pago.

En 2014 el Presupuesto de Egresos de la Federación presentó una ampliación de recursos en

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Hasta 2018 que la obra se detuvo habían participado 16 proveedores y realizado gastos por 69 millones de pesos.

Foto: Ángel Coronel

La expectativa del Instituto Sonorense de Cultura es que la empresa que actualmente trabaja en la construcción finalice en septiembre. materia de cultura para los estados, por lo que Sonora recibió 21 millones 500 mil pesos etiquetados como “proyecto estatal de cultura”, los cuales se destinaron a la cineteca, confirmó el Instituto Sonorense de Cultura en la solicitud de acceso a la información pública con folio 00345221.

Además, el 13 de junio de 2014 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) entregó 25 millones de pesos para “construcción, remodelación, rehabilitación y equipamiento del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste”, señala el convenio.

De acuerdo con los comprobantes de pago, en 2014 el

Instituto Sonorense de Cultura facturó 6 millones 169 mil pesos como “anticipo del 30% por proyecto ejecutivo del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste”, detalla el documento.

En septiembre de 2015 finalizó el sexenio de Guillermo Padrés Elías, pero no la cineteca, a la que en ese año se invirtieron 14 millones 188 mil 318 pesos en gastos de construcción, rehabilitación y remodelación.

Tras asumir Claudia Pavlovich Arellano la gubernatura de Sonora el proyecto se retomó en 2016, año en que destinaron 24 millones 813 mil 491 pesos en construcción, electricidad, planos, programa de protección civil, aires acondicionados y supervisores.

En 2016 mediante el acta

CNCA/DGVC/CMARC0/00071/12, la Secretaría de Cultura volvió a apoyar la cineteca de Sonora con un total de 11 millones 125 mil pesos por parte del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados.

En 2017 l gasto fue de 21 millones 278 mil pesos por construcción, reubicación de tableros eléctricos y contratación de inspectores de campo y en 2018, después de erogar 6 millones 419 mil 620 de pesos, la construcción se detuvo por falta de dinero, sostiene el director del Instituto Sonorense de Cultura.

Para 2019 la Secretaría de Hacienda de Sonora aprobó en el presupuesto de egresos una ampliación de recursos para que 2 millones de pesos adicionales se orientaran a la cineteca, pero ese año no registraron gastos, indican los comprobantes de facturación que proporcionó por el Instituto Sonorense de Cultura por transparencia.

Durante 2020 la construcción siguió suspendida y fue en marzo de 2021 que, mediante la licitación pública LPO-926006995-2021, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano anunció la contratación de una empresa adicional para el proyecto.

Mediante acceso a la información pública el Instituto Sonorense de Cultura confirmó que la última etapa de construcción costará 11 millones 559 mil 466 pesos, que sumados a todos los gastos anteriores da un total de 80 millones 564 mil 203 pesos.

“Efectivamente son 80 millones de pesos, pero ejercidos son 68 millones de pesos, los otros doce millones son recurso estatal que ahorita se está ejerciendo”, recalcó Mario Welfo Álvarez, director del Instituto Sonorense de Cultura.

papeles y puedes modificar”, comentó Rogelio Cota Estévez, presidente del Colegio de Arquitectos de Hermosillo.

El arquitecto opinó que el retraso puede deberse a que no se proyectó correctamente lo que querían edificar. “Definitivamente hubo un problema de planeación. Si no puedes terminar algo por tanto tiempo, es porque algo ocurrió y más si trasciende administraciones”, dijo el arquitecto.

Expectativas de inauguración

Pese a la tardanza en la finalización de la cineteca, Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura, dijo estar conforme con los resultados de la construcción.

“Al ser un proyecto grande se han tenido que contratar esas empresas, estoy consciente y satisfecho con el trabajo y me hubiera gustado que se terminara en tiempo y forma”, aseguró el funcionario público.

Previo a la publicación de este reportaje se volvió a buscar a Álvarez Beltrán mediante llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp para concretar una segunda entrevista sin obtener respuesta.

De acuerdo con la licitación pública LPO-926006995-2021, correspondiente al contrato de la empresa que actualmente trabaja en la construcción, la expectativa es que la obra se entregue el 12 de septiembre de 2021.

De lo contrario la cineteca será una obra pública heredada a una tercera administración gubernamental, pues un día después, el 13 de septiembre de 2021, tomará protesta Alfonso Durazo Montaño como gobernador de Sonora.

Planeación pobre, ejecución deficiente

Especialistas en diseño y construcción con experiencia en obra pública en Sonora coinciden en que nueve años de ejecución para un edificio de este tipo es mucho tiempo y que es importante que las construcciones tengan más tiempo de planeación.

“En México no se le da el adecuado tiempo a la planeación y ejecución de proyectos, en Estados Unidos puede tardar hasta un año o más esa etapa y todo está en

* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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A CENTROAMÉRICA Y SUR DE MÉXICO

Las vacunas llegan tarde y mal

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ICARAGUA.- La región centroamericana no consigue inmunizarse satisfactoriamente, tras más de un año de pandemia. Dependiente de las donaciones y de las negociaciones bilaterales, los países de la región se desgastan en acuerdos que suponen costes millonarios y, una vez más, cada uno va por su

Cada país negocia con farmacéuticas y donantes por su cuenta.

Las vacunas son un termómetro de la desigualdad y desunión de la región.

Negociaciones opacas; vacunas que llegan a cuentagotas a pesar de haber pagado por ellas; falta de información transparente y fiable J A V I E R

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7 cuenta.

Las deficiencias no sólo están a la hora de las negociaciones y gestiones para conseguir más vacunas, sino también a la hora de distribuirlas y lograr inmunizar a las poblaciones más vulnerables.

Hacemos un recorrido por la región y por las entrañas de un proceso plagado de desafíos y de irregularidades. Los medios que participan en este especial de la alianza de periodismo colaborativo Otras Miradas reportan desde sus zonas de cobertura (Chiapas, en México, Guatemala, El Salvador) las causas de esta respuesta tardía a la necesidad de inmunización equitativa.

Desde las opacas negociaciones que Guatemala entabló con Rusia para conseguir la Sputnik V, y la incapacidad de producción y entrega de este último, hasta la falta de comunicación con las poblaciones indígenas de Chiapas, que rechazan la vacuna, o el incomprensible olvido de las personas con cáncer o VIH que no fueron priorizadas en El Salvador.

Nuevamente, como ha sido común en la historia de la región, un enfoque excesivamente nacionalista, ha desgastado a los países en la búsqueda individual de vacunas.

La mayor dificultad para hacer este especial ha sido el acceso a la información. A veces, se trata del bloqueo por parte de las autoridades gubernamentales. Y otras veces, como en el caso de Chiapas, la información sobre las vacunas elaborada por las autoridades de salud no ha estado a la altura de las necesidades y la realidad de la población en zonas indígenas. Pero, sobre todo, hay que destacar que, nuevamente, muchas fuentes consultadas entre el personal de salud están sometidas a gran presión y miedo por las posibles represalias, lo que es ya peligrosamente habitual a la hora de contrastar cualquier información oficial en países como El Salvador, Guatemala, o Nicaragua.

En un informe del consultor en salud global e investigador de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública, de la universidad de Harvard, Johnattan García Ruiz, elaborada para Oxfam, en marzo del presente año, se analizó la ruta de las vacunas en varios países de América Latina, dividiéndolas en tres etapas: adquisición y

negociación; distribución y priorización de la población a vacunar; acceso a información sobre vacunas.

La única alternativa que se le ha ofrecido a los países de la región mediante la negociación multilateral ha sido a través del mecanismo Covax, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este mecanismo, como señala el consultor de Oxfam, apenas cubre una parte muy pequeña de la población de Centroamérica, insuficiente para las metas de vacunación universal: al menos un 70 por ciento de la población con el esquema completo (2 dosis o 1 en el caso de las monodosis). Por el contrario, a través de Covax los países pueden llegar a inmunizar al 20 por ciento de su población únicamente.

Todo depende de las negociaciones bilaterales y de las donaciones. Estas últimas también representan una porción muy pequeña de lo que se necesita, con lo que el grueso de las vacunas depende de la capacidad negociadora de los países, de la capacidad de producción efectiva de las empresas en los países que las desarrollan, así como de su buena distribución local.

Para que las vacunas lleguen a todos se debe contar con un plan claro y eficaz que priorice a los sectores más vulnerables. Hay países en la región que han tomado decisiones mediante el uso partidario de las vacunas, como en el caso de Nicaragua, donde, por

ejemplo, se relegó incomprensiblemente al personal sanitario, que era uno de los más expuestos al virus. En El Salvador, algunos pacientes crónicos con VIH o cáncer no estuvieron entre los grupos prioritarios para una primera dosis, al contrario, por ejemplo, de los militares.

En relación a otros sectores, como las poblaciones indígenas o las poblaciones migrantes, hay países que no han explicado bien sus planes y no han podido dar la cobertura necesaria, dejando a millones de personas atrás.

Tres propuestas sencillas:

Tanto en la adquisición, como en la distribución e información, la región presenta fuertes inequidades. Es algo que se puede observar igualmente en la evolución de los datos de afectados y mortalidad de la pandemia. En Costa Rica y Panamá, contamos con más información que en el resto de la región. En otros países, como el triángulo norte de la región, no se observan tantos casos como en esos dos países del sur.

Por su parte, en Nicaragua, a pesar de contar con muy poca información fiable, la tasa de mortalidad estimada supera con creces al resto, según se muestra en la publicación elaborada por investigadores de INCAE y la universidad de Nueva York para Journal of Global Health.

La situación en cuanto al proceso de vacunación podría ser diferente. Johnattan García Ruiz, quien es además profesor de

Derecho y Salud Global en la universidad colombiana de Los Andes, señala algunas propuestas para subsanar los inconvenientes que aquí se muestran: fomentar las negociaciones en bloque como región, y no individuales como países, para conseguir mejores precios, como ya han hecho en otras zonas del mundo; incluir entre las prioridades a la población migrante y en ruta, especialmente si cumple con los criterios de edad o condición establecidos para la población local; y por último, mejorar la información de las campañas de vacunación, pues no basta saber cuántas vacunas se han distribuido, sino también saber si han llegado a todos por igual, o aún quedan poblaciones relegadas como veremos en estos reportajes.

Centroamérica carece de inmunidad y de información. * Este trabajo es parte del especial periodístico Las vacunas llegan tarde y mal a Centroamérica y sur de México realizado por medios que son parte de la alianza Otras Miradas. Aquí puedes consultar la publicación original de Chiapas Paralelo, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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UATEMALA.“Desde el momento en que nos sentamos en una mesa, todo es confidencial”. La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, pronunció esta frase el 29 de junio de 2021, en una citación de la Comisión de Previsión Social del Congreso, cuando fue cuestionada por el diputado Orlando Blanco por la opacidad alrededor de las negociaciones para la adquisición de vacunas contra la covid-19.

Ese día, en la misma citación en el Congreso, Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, reconocía que, en un viaje a Rusia realizado días antes, había intentado renegociar el contrato de adquisición de 16 millones de dosis de Sputnik V por mil 200 millones de quetzales (160 millones de dólares), sin haber leído ni tenido en sus manos una copia del contrato de compra.

En enero de 2021, Guatemala se propuso vacunar a 10.7 millones de personas adultas (el 64 por ciento de la población total) para finales de 2021. Sin embargo, el Ministerio de Salud está lejos de alcanzar esta meta.

Desde marzo, cuando inició el proceso de inmunización, hasta el 15 de julio, solo 960 mil 345 personas habían recibido una dosis (apenas el 8.9 por ciento de la población mayor de 18 años) y 241 mil 819 el esquema completo (un 2.3 por ciento).

El país enfrenta una crisis, porque hasta el 22 de junio solo ha logrado concretar la adquisición de 724 mil 800 dosis a través del mecanismo Covax. Paralelamente, se firmó un único contrato bilateral con el gobierno de Rusia por 160 millones de dólares para recibir 16 millones de dosis. Ya se pagó un anticipo del 50 por ciento. Sin embargo, a mediados de julio, solo se habían recibido 860 mil dosis (el 5.4 por ciento del total).

Las negociaciones de la compra más cara de vacunas en Guatemala son ahora uno de los mayores secretos del gobierno. Tanto, que funcionarios públicos que estuvieron involucrados en las discusiones aseguran desconocer las interioridades.

Aunque la información de quiénes participaron en las negociaciones es escasa, en medio del escándalo de la compra de

ANATOMÍA DE UN FRACASO Resalta opacidad en la negociación de vacunas Guatemala es el segundo país de Centroamérica con la tasa más baja de vacunación contra Covid- 19 durante la pandemia, con apenas el 2.3 por ciento de la población adulta inmunizada y el 1.5 por ciento de la población total. Detrás de este dato hay negociaciones para compra de vacunas opacas, débiles y tardías J O D Y

G A R C Í A

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9 vacunas Sputnik V a Rusia, han empezado a surgir algunos detalles.

Las primeras reuniones A finales de 2020, el Ministerio de Salud empezaba a preparar el presupuesto para las futuras adquisiciones e iniciaba las reuniones de trabajo para analizar cuál podría ser la mejor opción para el país.

Después de unas primeras donaciones de Israel y de India, el Gobierno vio dos opciones: la incorporación al mecanismo Covax y la negociación bilateral con los países que estaban produciendo vacunas.

El mecanismo Covax es una alianza coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca facilitar a los países un acceso equitativo a los inmunizadores.

El mecanismo ofreció a Guatemala dosis de vacunas para el 20% de su población, lo que supuso 6.6 millones de dosis para 3.2 millones de personas. Desde entonces, Guatemala ha recibido 724 mil 800 dosis de AstraZeneca en tres entregas (10.9 por ciento del monto total) por las que ha pagado 97 millones de quetzales (12 millones de dólares).

La entrega para Guatemala ha sido lenta porque, según el Ministerio de Salud, el país no está entre los grupos priorizados del mecanismo Covax, que toma en cuenta la tasa de mortalidad y la cantidad de contagios en los países.

En una citación de la Bancada Semilla, realizada el 22 de junio, la ministra Amelia Flores dijo que el país recibiría menos dosis de AstraZeneca de parte de Covax porque estaban siendo producidas en India, un país que estaba en crisis de contagios y que tenía que suplir primero las necesidades de su población.

Con las vacunas aseguradas para el 20 por ciento de la población mediante el mecanismo de Covax, Guatemala buscó alternativas de negociación bilateral para acceder a más dosis.

La información sobre quiénes fueron las personas e instituciones que integraron las reuniones en donde se decidió con qué laboratorios negociar, es escasa.

El Acuerdo Ministerial 50-2021, que es el que establece el procedimiento para la compra directa con los fabricantes, está dividido en cuatro fases: la contractual, de pago, de recepción

de vacunas y de transparencia. En la etapa contractual, señala que es el Ministerio de Salud quien lidera las negociaciones: hace el contacto con el fabricante, establece el monto a cancelar, la forma de pago y de entrega.

El acuerdo detalla además que el contrato final deberá ser enviado por correo para que lo revise el Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento, Asesoría Jurídica y Secretaría Ejecutiva del ministerio.

La fase de pago está a cargo de la Sección de Compras, la Sección de Contabilidad y la Gerencia Administrativa. Según el acuerdo, en estos procedimientos, la institución debería “observar parámetros de transparencia y de publicidad de las acciones realizadas”. En la fase de recepción de las vacunas están involucrados tres miembros del Centro Nacional de Biológicos y se detallan los trámites en aduanas y de transporte de las vacunas.

Agencia Ocote solicitó al Ministerio de Salud una copia de los expedientes de las negociaciones para la adquisición de dosis, para conocer quiénes estuvieron a cargo de las mismas y cómo fue el procedimiento. El ministerio no entregó la información. Únicamente respondió que todos los documentos de respaldo de las negociaciones que no afecten los acuerdos de confidencialidad se publicarán en Guatecompras (el portal de compras y contrataciones del Estado) 30 días después de que termine el proceso.

Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Salud no ha publicado ningún documento en

Guatecompras, bajo el argumento de que ninguna de las transacciones ha terminado.

Julio Valdés, presidente del consejo técnico para la atención a la pandemia por covid-19 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue parte de las primeras reuniones realizadas a finales del 2020. Accedió a una entrevista aclarando que sus palabras no son declaraciones oficiales de la entidad.

“No había un panorama favorable porque Estados Unidos acaparó (vacunas) para su mercado local.

Con China no estamos vinculados políticamente y aunque los países pequeños firmaron con el mecanismo COVAX para Guatemala sólo se garantizaban vacunas para el 20 por ciento de la población”, explicó.

De acuerdo con Valdés, en esas primeras reuniones participaron representantes del sector salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la cancillería es la encargada de hacer los enlaces con otros Gobiernos. Las instituciones del Estado se citaron con las embajadas de Reino Unido, Cuba, Francia y Rusia para discutir las opciones del país para adquirir las vacunas.

“Hasta ahí había un accionar fuerte del Ministerio de Salud con acompañamiento del IGSS, ya que esos acercamientos eran con el sector salud, independiente de que la negociación fuera directa con el ministerio”, dijo Valdés.

Sin embargo, esas reuniones iniciales no fueron productivas para el Seguro Social, que estuvo relegado en el acceso a la vacuna por diferencias

políticas con el Ejecutivo.

“Por el antagonismo que había entre el presidente Alejandro Giammattei y el entonces presidente del Seguro Social, Carlos Contreras, existió mucho bloqueo para el IGSS. Aquí es donde uno empieza a ver que los elementos políticos inciden terriblemente y desdibujan cualquier sana intención de hacer prevalecer el derecho a la salud”, señaló.

A mediados de marzo, el Seguro Social aseguró que no desistiría en obtener vacunas de forma directa.

Según recoge el sitio web de la institución, en una citación ante la Comisión de Salud del Congreso, Ana Marilyn Ortíz Ruíz, gerente del IGSS, aseguró que “el IGSS ha buscado incansablemente y de forma proactiva la adquisición directa de la vacuna contra la COVID-19 por medio de comunicaciones con embajadas, entes internacionales y fabricantes, pero no ha sido posible la compra porque actualmente los Gobiernos de cada país son los únicos que pueden negociar y adquirir las vacunas debido a las políticas de comercialización de los fabricantes”.

La vacuna rusa

En agosto de 2020, Rusia fue noticia al anunciar la primera vacuna registrada contra la covid-19 en el mundo: Sputnik V, fabricada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Meses después, en enero de 2021 el país anunció que la vacuna estaría disponible para una población más amplia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, todavía no ha incluido a Sputnik V en la lista de vacunas para uso de emergencia.

Los últimos reportes indican que especialistas de la entidad están evaluando los métodos para la fabricación del inmunizador.

“Decidimos irnos por Sputnik.

Esa era la única alternativa para el país, estábamos fuera de cualquier otra”, dijo la ministra Amelia Flores en una entrevista de radio el 30 de junio. “No había muchas vacunas.

Solo dos donaciones (de Israel e India) y la oferta (de Rusia) era muy buena. Nos dijeron: ‘Ya tenemos la vacuna, podemos proveerles’. En un momento nos angustiamos porque no sabíamos dónde íbamos a poner tantas vacunas”.

El Gobierno ruso delegó al Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR por sus siglas en inglés) la captación de

10 clientes. Según su página web, este centro fue el que financió el testeo para la creación de Sputnik y su producción. Hasta julio de 2021, 67 Gobiernos habían autorizado su uso, entre ellos, Guatemala.

El Ministerio de Salud no hizo públicos los detalles del contrato con Rusia hasta que el medio de comunicación elPeriódico lo publicó a inicios de mayo. El documento fue firmado con la intermediaria Human Vaccine, una compañía de responsabilidad limitada, a quién Guatemala pagó 614.5 millones de quetzales (79.6 millones de dólares) como un anticipo del 50 por ciento de 16 millones de dosis.

Según el Ministerio de Salud, antes de hacer las transacciones, el fabricante solicitó acuerdos de confidencialidad, lo que blindó la opacidad de toda la compra.

Debido a esto, no se tiene mayor información de quienes fueron parte de las negociaciones. Pero en el Congreso han ido surgiendo detalles.

Orlando Blanco, diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e integrante de la Comisión de Previsión Social del Congreso, ha fiscalizado la adquisición de las vacunas y cuestionado acerca de la misma a las autoridades de los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores.

“Lo que descubrimos cuando indagamos es que la negociación fue encabezada y direccionada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quien hizo el contacto con el Gobierno ruso y logró concretar el tema es la Cancillería, que ahora se está haciendo para atrás. La ministra de Salud se fue de bruces”, dice Blanco.

Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, viajó a Rusia la tercera semana de junio. Aunque el objetivo del viaje, según él mismo dijo después, en una citación del 29 de junio en la Comisión de Previsión Social del Congreso, era hablar de la posibilidad de renegociar el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, el funcionario reconoció que no había leído ni tenido acceso a una copia del mismo. “¿Entonces a qué fue?”, cuestionó el diputado Orlando Blanco a Brolo, quien insistía en asegurar que él no había estado a cargo de la negociación, sino que la responsable era la ministra Amelia Flores.

Pese a sus declaraciones y a que el mismo Acuerdo Gubernativo 502021 establece que es el Ministerio de Salud quien encabeza las negociaciones, el canciller reconoció que ningún representante de la cartera de Salud viajó con él a Rusia. Brolo tampoco hizo público quiénes más viajaron con él. *** A la opacidad en las negociaciones del Gobierno, se suma la desconfianza de los contratos. Además de Guatemala, Rusia firmó grandes contratos con otros países de la región: Argentina, con 30 millones de dosis; México, con 24 millones; Bolivia, con 5.2 millones y Guayana, Venezuela y Honduras con menos de 1 millón.

Según el diputado Orlando Blanco, Rusia sobrevendió su capacidad real de producción de vacunas, y ahora tiene un compromiso con 67 estados. “Esto va a terminar mal”, advierte.

La periodista rusa Liubov Glazunova, de News.ru, colaboró para este reportaje y entrevistó al demógrafo, también ruso, Alexey Raksha, quien realiza una investigación independiente sobre la campaña de vacunación de ese país. Uno de los primeros hallazgos de Raksha es que las capacidades de producción de Rusia no corresponden con sus ambiciones

globales.

Según el demógrafo, esta podría ser la razón por la que el Gobierno ruso no hizo mucho para acelerar su propia campaña de vacunación. Las autoridades temían que el aumento de la demanda dentro del país expondría las débiles capacidades de producción y afectaría a las exportaciones.

A la fecha, Raksha estima que sólo 15 de los 144 millones de habitantes de Rusia recibieron al menos una dosis de la vacuna Sputnik V. Esto ha dejado más vulnerable a su población, que ahora se enfrenta a una tercera ola de contagios. Por otro lado, el Gobierno ruso atraviesa otra crisis en la producción del segundo componente del inmunizador.

“Parece que nuestro Gobierno ha mordido más de lo que podía masticar”, resume Raksha.

El Ministerio de Salud ruso afirma que, desde enero de 2021, Gamaleya ha producido 36.5 millones de dosis de Sputnik V (tanto para surtir a su población como para vender al extranjero). Es una cifra mínima comparada con la cantidad de vacunas ya vendidas en América Latina, que supera los 70 millones.

Guatemala parece resignarse. En la citación del Congreso del pasado 29 de junio, el canciller Pedro Brolo aseguró que existe la posibilidad de

renegociar el contrato para que ya no sea por 16 millones de dosis, sino por los 8 millones que ya fueron pagadas. Sin embargo, no hay certeza de que Rusia pueda cumplir.

El 30 de junio, el Fondo Ruso de Inversión Directa desestimó las acusaciones de incumplimiento del contrato y confirmó que ya había enviado a Guatemala otras 400 mil dosis de Sputnik V. Estas llegaron en dos cargamentos, el 3 y el 7 de julio.

El 15 de julio llegó un último cargamento con 310 mil dosis (60 mil de ellas corresponden al segundo componente de la vacuna).

Aunque la ministra Flores aseguró que existía la posibilidad de cancelar el contrato y de que Rusia devolviera el dinero, el Fondo negó que esto fuera parte de los acuerdos. *** La opacidad de las negociaciones bilaterales del Gobierno de Guatemala no sólo se ha visto con la compra de la vacuna Sputnik V. El 8 de julio, el Periódico publicó un documento que reveló que en enero de 2021 el Ministerio de Salud también había negociado con Janssen, el laboratorio que fabrica la vacuna Johnson & Johnson y que incluso firmó un acuerdo de compra anticipada, por el que debía pagar un adelanto de 2.24 millones de dólares.

11 La vacuna Janssen es la única hasta ahora que únicamente requiere una dosis y el precio de cada una (10 dólares) es menor que el de las Sputnik, (19.95 dólares por los dos componentes de cada vacuna).

Sin embargo, el Gobierno de Guatemala dejó de lado la negociación sin que hasta la fecha se conozca el motivo.

El país que llega tarde a todo Lucrecia Hernández Mack, diputada de la Bancada Semilla, que también ha fiscalizado el trabajo del Ministerio de Salud en la atención de la pandemia, dijo que al tener los contratos con Covax y Rusia, el Gobierno de Guatemala “se confió” y dejó de hacer negociaciones bilaterales con otros fabricantes.

“Pusieron los huevos en una misma canasta y no les funcionó porque Sputnik V (el Gobierno ruso) empezó a incumplir y con eso nos hemos dado cuenta de que es necesario continuar las negociaciones bilaterales con otros.

El problema es que ya van tarde”, dijo Hernández Mack a Agencia Ocote.

Uno de los grandes reclamos de las bancadas UNE y Semilla es que el Ministerio de Salud sabía desde octubre de 2020 que, entre los requisitos establecidos a nivel mundial para hacer negociaciones directas con los laboratorios, estaba que el país debía crear un andamiaje para blindar a las compañías fabricantes de las vacunas de futuras denuncias.

Sin embargo, el Ejecutivo no envió hasta el 24 de junio de 2021 una propuesta de ley que exime a las empresas de responsabilidades y obliga al Gobierno de Guatemala a crear un fondo de compensación para personas que aseguren haber sido afectadas después de recibir la vacuna. Esta iniciativa fue aprobada la madrugada del 1 de julio.

La nueva ley también permite que Guatemala reciba donaciones de vacunas fabricadas por Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Entre el 24 de junio y el 8 de julio, Guatemala recibió otros dos cargamentos con donaciones de vacunas: 150 mil de AstraZeneca, donadas por México, y 1.5 millones de dosis de Moderna, enviadas por el Gobierno de Estados Unidos. Esta será la primera vez que el país tendrá una gran cantidad de inmunizadores y se comprobará si tiene la capacidad para administrarlos.

¿Dónde están las vacunas?

Julio Valdés, del IGSS, quien participó en las primeras reuniones para negociar la adquisición de vacunas, aseguró que Guatemala falló en el proceso por dos motivos.

Por la falta de capacidad de las autoridades para negociar y por las deficiencias estructurales del sistema de salud, que lo hacen vulnerable a influencias de todo tipo.

“Históricamente, el sistema de salud ha sido influenciado enormemente, por no decir dirigido, por el mercado, es decir, el sector privado. A veces uno sospecha que la decisión de nombrar a un ministro está influenciada por el sector privado, por una o dos comercializadoras o empresas farmacéuticas.

Eso significa marginar totalmente al Ministerio de Salud”, señaló Valdés.

Se le preguntó cómo se puede verificar la influencia del sector privado en la adquisición de las vacunas. “Es difícil porque todavía no hay un manejo en el mercado privado, pero tarde o temprano lo va a haber. Esto nos abre los ojos a pensar: ¿no será que lo que están esperando es la apertura del mercado? Al vacunar a su población, Europa y Estados Unidos, si tienen excedentes de vacunas, van a lanzarlas al mercado privado y con eso se rompe la restricción sana de que solo se negocia a través de Gobiernos. ¿No será esa la expectativa que está en el ambiente?”, augura.

Agencia Ocote solicitó una entrevista con Hermann Girón, actual presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), para consultarle si el sector privado tuvo algún papel en las negociaciones de la compra de vacunas del Gobierno de Guatemala y si contemplan la viabilidad de venderlas a nivel privado, en caso de que se abra esa posibilidad.

El personal de comunicación del CACIF indicó que Girón se encontraba de viaje, y que respondería las inquietudes a su regreso, el 8 de julio. Sin embargo, esto no sucedió. *** “Yo quisiera especular y decir que las vacunas están en distribución mundial y que nuestros países, por ser muy pequeños, pasan a un segundo plano. Esto es crítico, (el Gobierno de Guatemala) ha manejado todo con mucho hermetismo y secretismo y lo que tenemos es especulación”, cuestiona Julio Valdés.

Ante la crisis por falta de vacunas, la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo el 22 de junio, en una citación de la Bancada Semilla, que Guatemala está en negociaciones bilaterales con nuevos fabricantes, aunque no detalló quiénes eran, bajo el argumento, de nuevo, de que trabajan bajo condiciones de confidencialidad.

Aunque las opciones para el país

son limitadas, se sabe que, por ahora, el Gobierno no ha hecho acercamientos con fabricantes de China. “Hay tanta necesidad de vacunas, que las autoridades están dispuestas a firmar lo que sea, pero nos llama la atención esa resistencia a negociar con fabricantes chinos.

Ya la OMS aprobó dos vacunas: Sinopharm y Sinovac”, señala la diputada Hernández Mack.

“Yo no sé si es porque Guatemala tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y temen que ellos y Estados Unidos se enojen si negociamos con China, pero de alguna manera son de los fabricantes que han logrado producir en gran cantidad”, reclama.

La última semana, mientras Guatemala atravesaba un nuevo pico de contagios y para el 15 de julio reportaba 9 mil 871 personas fallecidas, las negociaciones para la adquisición de vacunas fueron denunciadas cinco veces.

La Contraloría General de Cuentas, la ONG Acción Ciudadana y las bancadas del Congreso Winaq y Unidad Nacional de la Esperanza, presentaron por separado denuncias para que el Ministerio Público investigue las acciones y omisiones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores en las compras de inmunizadores. Consultamos en la fiscalía si ya había iniciado alguna investigación después de las denuncias, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Este trabajo es parte del especial periodístico Las vacunas llegan tarde y mal a Centroamérica y sur de México realizado por medios que son parte de la alianza Otras Miradas.

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MIGRANTES EN LA FRONTERA

SON VÍCTIMAS DEL CRIMEN El 80 por ciento de los migrantes que han llegado a Ciudad Juárez han sido víctimas de abusos y violaciones en su contra. Sólo una pequeña parte denuncia porque son criminalizados y no confían en las autoridades G A B R I E L A / B L A N C A

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M I N J A R E S C A R M O N A

LA VERDAD

IUDAD JUÁREZ.- En Ciudad Juárez, ocho de cada 10 migrantes han padecido algún abuso, violación a sus derechos o una acción criminal. Sin embargo, se estima que cuando mucho uno de cada 100 personas en tránsito que ha sido víctima de un delito ha presentado una denuncia formal porque tienen miedo y desconfianza.

“No solo llegan con los pies dañados por tanto caminar, desnutridos, deshidratados o enfermos, llegan emocional y psicológicamente rotos porque cuando piensan que están a punto de lograr su objetivo, que es cruzar a Estados Unidos, los violentan hasta dejarlos sin pertenencias y en algunos casos hasta sin ánimo para continuar”, dice un directivo de un albergue.

Sin embargo, consideran que cuando mucho uno de cada 100 migrantes que ha sido víctima de un delito ha presentado una

denuncia de manera formal ante la autoridad correspondiente porque tienen miedo y desconfianza.

“De acuerdo con la experiencia, de cada 10 personas que hemos tenido en el albergue ocho traen situaciones muy parecidas no solo porque han sido víctimas de violencia en sus países y en el trayecto han padecido todo tipo de ultrajes, sino porque al llegar a la frontera los secuestran y los roban los mismos ‘polleros’, personas del crimen organizado o los mismos policías”, asegura el directivo de un albergue que pidió mantener bajo reserva su nombre y el del refugio por protección de los mismos migrantes.

La Fiscalía de Chihuahua en la Zona Norte reporta que del 1 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2021 tiene registradas a 443 personas de origen extranjero que fueron víctimas de un delito durante su estancia en esta región fronteriza.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad encargada de procurar justicia, en 2020 registraron a 313 extranjeros víctimas de un delito y del 1 de enero al 11 de mayo de 2021 sumaron 130. Los delitos de los que fueron víctimas los extranjeros van desde el robo y amenazas, hasta secuestro y homicidio.

“No solo llegan con los pies dañados por tanto caminar, desnutridos, deshidratados o enfermos, llegan emocional y

psicológicamente rotos porque cuando piensan que están a punto de lograr su objetivo, que es cruzar a Estados Unidos, los violentan hasta dejarlos sin pertenencias y en algunos casos hasta sin ánimo para continuar”, dice el directivo del albergue.

Expone que han detectado varios casos de mujeres, hombres y familias completas que han sido secuestradas durante días o semanas desde que llegaron a la ciudad, porque en muchos de los casos los mismos traficantes los retienen con engaños mientras extorsionan a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos o los entregan a grupos criminales con el mismo fin.

En otros casos, cuenta, los que llegan a la ciudad por el aeropuerto o la central de autobuses son abordados por los mismos policías que se encuentran en estas instalaciones o en el exterior, quienes también los retienen para despojarlos de sus pertenencias, extorsionarlos y secuestrarlos.

“Por eso muy pocos se atreven a denunciar, porque tienen miedo que los criminales los reconozcan, que sepan dónde están y puedan tener represalias, prefieren callar y evitan salir”, comenta.

En los casos en los que los migrantes que han sido víctimas de delitos y han decidido interponer la denuncia, tampoco han tenido éxito, porque solo “los traen a vuelta y vuelta” sin que nada les

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resuelvan.

El integrante de la red de albergues para migrantes que opera en la ciudad bajo la coordinación del Consejo Estatal de Población (Coespo) afirma que los abusos y delitos narrados por los extranjeros no son ajenos para las autoridades. En varias reuniones representantes de las organizaciones de derechos humanos con las que trabajan han expuesto los casos y nada ha pasado.

Esta inacción y desprotección de las autoridades mexicanas hacia los migrantes durante su estancia o paso por el país ha sido señalada también por organizaciones internacionales que han documentado las situaciones de alto riesgo a las que están expuestos y los han hecho vulnerables a delitos graves como el asesinato, secuestro y desaparición.

Prueba de ello es el informe de investigación denominado “En la

boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”, elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México; el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

En la investigación exhiben que los solicitantes de asilo enfrentan abusos no solo por parte de autoridades, también por bandas de delincuencia organizada, debido a que son enviados a ciudades fronterizas que el gobierno estadounidense recomienda a su ciudadanía evitar porque son de “alto riesgo”.

En un periodo que va de 2019 a mayo de 2020, las organizaciones documentaron mil 114 casos de secuestro, violación sexual, secuestros, extorsión, tortura y asesinato de personas sujetas al

Programa Quédate en México que se encontraban en distintas ciudades fronterizas del país, entre ellas Ciudad Juárez; así como 256 casos de niños y niñas que fueron víctimas de secuestro e intento de secuestro.

“El gobierno mexicano, muy a pesar de conocer esta realidad, está lejos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones acorde a la ley nacional y la normativa internacional”, dice la investigación.

Consultada sobre el tema, Irma Villanueva Nájera, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, asegura que entre el año 2020 y 2021 han atendido aproximadamente a 80 personas extranjeras en situación de emigración y víctimas de algún delito de varias nacionalidades: Cuba, Honduras, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, El Salvador.

Dice que el primer contacto con ellos se registra principalmente por agentes de la Fiscalía General y la Fiscalía de la Mujer, quienes les canalizan a las personas migrantes y les piden su acompañamiento cuando son rescatadas de algún hecho delictivo o cuando acuden a denunciar.

La encargada de atención a víctimas explica que los migrantes enfrentan hasta una triple vulnerabilidad: la primera, cuando salen huyendo de su país por la violencia, ya trae un estado de victimización; la segunda, cuando viven la inseguridad durante su trayecto; y la tercera, cuando son víctimas de otros delitos en esta frontera.

“La atención que se da, muchas veces, es la contención psicológica o la intervención en crisis… y ayuda humanitaria”, comenta.

“Posteriormente hay una asesoría jurídica, los defensores jurídicos les brindan información, acompañamiento, en algunos casos somos representantes legales ante las instancias jurídicas, ante el Instituto Nacional de Migración o ante otras instancias que se requieren”.

En contraste, los migrantes exponen que las autoridades tienden a negar o minimizar sus casos. No pasa de que escuchen y digan que van a actuar, sostiene el directivo del albergue.

De acuerdo con los testimonios narrados por los propios migrantes en el albergue que dirige y por otros directivos que forman parte de la red de apoyo, las víctimas han señalado no solo a los ‘polleros’ y grupos criminales de los delitos cometidos en su contra, sino a policías de todas las corporaciones, incluyendo a personal dedicado a protegerlos que presuntamente trabaja en el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Ahora sí que no podemos apartar a nadie, la corrupción está extendida en todos los niveles de las autoridades”, dice el director del refugio, “realmente llega un momento en el que decimos que ahora si no sabemos de quién cuidarnos”.

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RÍO SUCHIATE, UN CRUCE DE TODO

Del otro lado, en México, todo es corrupción: Nica

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IUDAD TECÚN UMÁN, Guatemala.- La frontera entre México y Guatemala es el sitio donde a la luz del día y a los ojos de las autoridades mexicanas, se realizan incontables trayectos. Por el río Suchiate se cruza de todo, pero también se paga por todo.

“Del otro lado, en México, todo es corrupción” afirma Nica, uno de los pocos, sino es que el único balsero migrante que labora desde hace 13

años en el río Suchiate.

El nicaragüense decidió salir de aquel puerto que se conoce como la “entrada y salida del mundo”: Corinto Nicaragua. Lo hizo el 13 de noviembre de 1995 debido a la pobreza; tomó una mochila con ropa y salió. “Donde nosotros vivimos es pobrecita la gente, ni luz había”, comenta.

A los siete meses de haber llegado a Guatemala mandó a traer a su familia, pero la madre de sus

Nica es probablemente el único balsero migrante: nicaragüense en territorio maya, que cada día lleva de un lado al otro del río entre México y Guatemala, mercancías, migrantes, turistas…

I S A B E L

B R I S E Ñ O

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hijos se fue, dejando a sus pequeños abandonados. El hombre de 50 años lleva viviendo en este país fronterizo la mitad de su vida. Dejó en su país de origen dos “cipotes” (niños) pequeños que ahora son adultos y con los que conversa casi diario, según cuenta al mostrar orgulloso desde su celular, las fotos de un joven apuesto de 27 años y una hermosa joven de 25.

A Nica nunca le interesó ir en busca del “sueño americano” como a la mayoría de sus compatriotas.

Tampoco le interesa vivir del otro lado del río, México, porque es más caro. Por 600 quetzales al mes, lo que equivale a mil 500 pesos mexicanos, alquila una casa en Guatemala; en México, el mismo espacio tendría un costo de 4 mil pesos. “Aquí vivo bien”, dice mientras fuma un cigarro.

Trabajar cuesta

El monopolio de las balsas y de los triciclos es operado en su mayoría por guatemaltecos; este balsero afirma que no hay dueños

mexicanos pero es en este país donde se compran las cámaras para la construcción de estas naves acuáticas. Una balsa tiene un valor aproximado de 5 mil pesos.

Nica paga al propietario de una balsa 250 quetzales, lo equivalente a 640 pesos mexicanos, para poder trabajar turnos de 24 horas. Dentro de este horario, el balsero contrata a “uno o dos ayudantes de turno” quienes por una paga de 120 quetzales (300 pesos) ayudan al trabajador migrante a sacar el turno.

Para el nicaragüense quedan 180 quetzales, casi 500 pesos y al poner ayudante, puede ir a descansar.

Nica consiguió emplearse como balsero, gracias a que vive con una mujer guatemalteca; con ella formó una nueva familia y procreó dos “guiras” (hijas) más. A las 11:30 de la noche sale de su casa con una hamaca para instalarse a orillas del río, donde espera su turno para comenzar los viajes de un país a otro.

Los tricicleros son quienes vigilan. “Ellos no nos dejan salir con

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gente”, el hombre de los ojos color miel dice que está prohibido que los trabajadores salgan caminando con personas hacia el parque de Tecún Umán. Un viaje por 5 cuadras a bordo de estos peculiares vehículos tiene un costo de 100 pesos mexicanos, recurso que pierden los tricicleros si permiten que los balseros lleven caminando a algún turista hacia el centro de esta zona fronteriza.

Todo tiene un precio

“Lo más feo que ha visto aquí es la corrupción y la discriminación,

vos no se vaya a ofender, pero los mexicanos son una mierda con el centroamericano”.

Nica dice que si los migrantes dan dinero a las autoridades mexicanas pueden estar bien.

En México, conseguir la visa de residencia temporal tiene un costo de 17 mil pesos; y la INE, unos 25 mil.

Los migrantes llegan prácticamente sin dinero a México. En la estación migratoria Siglo 21 de Tapachula Chiapas los retienen durante tres días, si llevan dinero, pagan 500 0 mil pesos para salir; si no ahí los dejan. A los cubanos les piden más dinero, cuenta. ¿Quién pide el

dinero? Los de migración, los militares, la marina, todos, indica, mientras hojea Nuestro Diario, el único periódico que se vende en este paso fronterizo.

El viaje completo por 5 personas es de 50 quetzales, 10 por cada tripulante, lo que equivale a casi 30 pesos mexicanos. Se cobra más si se transportan migrantes, alcohol, motocicletas, etc. Los balseros deben pagar a las autoridades mexicanas cada que pasan a alguien o algo ilegal. Durante la pandemia disminuyó el tráfico de migrantes y el comercio pero se va restableciendo poco a poco.

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EN SUDÁFRICA

DEPREDACIÓN DE GRANDES TIBURONES BLANCOS

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IUDAD DEL CABO._ La población de grandes tiburones blancos de Sudáfrica ha sido objeto de escrutinio internacional desde 2017, cuando los operadores de buceo en jaulas informaron de una disminución repentina y pronunciada en los avistamientos alrededor de los destinos turísticos de False Bay y Gansbaai.

De 2010 a 2016, los avistamientos de tiburones blancos (Carcharodon carcharias) en False Bay bordearon los 205 por año, según la organización de conservación e investigación Shark Spotters. En 2018, los tiburones fueron avistados solo 50 veces; y 2019 ni una sola vez. En enero de 2020, se vio el primer tiburón blanco en 20 meses en False Bay.

Los tiburones blancos han desaparecido de False Bay y Gansbaai, dos áreas frente a Sudáfrica donde históricamente han sido comúnmente avistados.

Los científicos tienen varias teorías al respecto, incluida la depredación de tiburones por las orcas y la actividad pesquera que captura especies de las que se alimentan los tiburones juveniles.

Los científicos dicen que es importante dar un paso hacia atrás y observar el panorama general. Mientras que los tiburones han desaparecido de algunas áreas, han aumentado en otras, pero los datos que cubren toda la costa de Sudáfrica aún son irregulares.

El Covid-19 también obstaculiza los esfuerzos de recopilación de datos, lo que podría generar un vacío en el monitoreo a largo plazo.

H E A T H E R

M O N G A B AY

R I C H A R D S O N

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«La realidad es que tenemos muchas más teorías que datos para respaldar [los números] en este momento», dice la bióloga marina Alison Kock, quien actualmente trabaja para los Parques Nacionales de Sudáfrica. Kock ha investigado tiburones blancos en Sudáfrica desde 1998. «Hay tres o cuatro razones posibles. Cada una puede estar contribuyendo a su manera».

No está claro cuántos tiburones blancos hay en Sudáfrica; las estimaciones oscilan entre 500 y 900. Sara Andreotti de la Universidad de Stellenbosch que estudia la genética de los tiburones blancos en la costa sudafricana, encontró que los tiburones son una sola población que se mueve de un sitio a otro y se reproducen entre sí.

En un estudio de 2009 a 2011, estimó que había alrededor de 300 tiburones reproductores en la población, pero se cree que el mínimo número para evitar la endogamia —es decir, la reproducción entre individuos de la misma familia— es alrededor de 500. «Entonces nuestra población ya estaba en serios problemas», dice Andreotti.

Pero, ¿qué explica la repentina desaparición de los tiburones blancos de False Bay y Gansbaai?

Orcas

La respuesta a la que apuntan la mayoría de científicos que estudian tiburones blancos es la presencia de orcas en el área, dos en particular: Port y Starboard, como se les ha llamado, y que fueron vistas por

primera vez en False Bay en 2015 (aunque las orcas se habían vuelto cada vez más avistadas desde 2009). En ese momento, se encontraron varios cadáveres de tiburones moteados (Notorynchus cepedianus) en la bahía, y los depredadores parecían ser las orcas.

Estos fueron los primeros registros de orcas depredando tiburones en Sudáfrica.

Kock publicó un artículo sobre «la primera documentación de una técnica de alimentación novedosa»: las orcas estaban usando la fuerza para romper la cintura del tiburón y morder el hígado, descartando el resto del cadáver.

Después de los ataques, los tiburones moteados desaparecieron de la bahía hasta por un mes, uno de los sitios de mayor densidad para esta especie en todo el mundo.

Luego, en 2017, cinco cadáveres de tiburones blancos aparecieron en las costas alrededor de Gansbaai. Al igual que los tiburones moteados, solo se les había extraído el hígado.

Las marcas de los dientes señalaron claramente a las orcas como depredadores. Los hígados de los tiburones son ricos en grasa y constituyen un tercio de su peso total, por lo que no es de extrañar que estos depredadores increíblemente inteligentes vayan detrás de este nutritivo órgano.

Kock teorizó que la desaparición de tiburones blancos de False Bay y Gansbaai podría deberse a la presencia de las orcas. En 2017, hubo un aumento de avistamientos de tiburones blancos en otro lugar a

lo largo de la costa, en Mossel Bay, donde pueden haberse reubicado para evadir a las orcas.

La depredación de orcas sobre tiburones blancos también se ha documentado en California.

Salvador Jorgensen mostró que los tiburones blancos desaparecieron de un área cuando las orcas estaban presentes; en 2009, 17 tiburones blancos marcados desaparecieron repentinamente del área alrededor de las Islas Farallón, lo que fue vinculado con la presencia de orcas en un artículo científico de 2019.

Jorgensen descubrió que los tiburones blancos podían desaparecer hasta por un año cuando las orcas pasaban por sus áreas de caza.

Un tema común en el estudio de los tiburones blancos es la incertidumbre. Se han observado orcas con tiburones blancos en el pasado; Andreotti dice que recuerda haber tomado muestras de tiburones blancos en Gansbaai en 2012, mientras que las orcas también estaban en la bahía. «Había casi 20 tiburones», dice.

Kock dice que si bien hay evidencia de que la desaparición de tiburones blancos de la noche a la mañana está relacionada con las orcas, la vinculación no está clara.

«No parecen ser todas las manadas de orcas las que tienen ese efecto. A veces tenemos grupos de orcas que ingresan a un sitio de agregación [de alta densidad de una especie] y no hay cambios en los avistamientos de tiburones blancos».

Hasta el 2019, Port y Starboard eran las únicas orcas que se pensaba que estaban teniendo un impacto en la población de tiburones de Sudáfrica, dice Kock.

«Luego, a fines del 2019, una manada totalmente diferente entró a Mossel Bay. Hay un video de una de las orcas [que muestra] interés en uno de los tiburones blancos alrededor de un bote de buceo en jaula. Y de la noche a la mañana, pasaron de tener siete a diez tiburones blancos a no tener ni uno».

Una teoría es que las orcas que comen tiburones son parte de un ecotipo diferente, atraídas a las aguas costeras desde aguas pelágicas más profundas —columna de agua que está sobre el fondo marino— por una variedad de razones, que incluyen cambios en la temperatura del agua debido al cambio climático y la sobrepesca.

Pesquerías

En la cobertura de los medios de comunicación sobre los tiburones blancos de Sudáfrica, las pesquerías de palangre de tiburones demersales —que viven en el fondo marino o se alimentan en ese lugar— han sido retratadas como el principal culpable de su desaparición, pero muchos científicos que estudian tiburones blancos señalan la falta de datos.

Las pesquerías de palangre capturan pequeños tiburones que son presas importantes para los tiburones blancos juveniles (los tiburones maduros tienden a comer mamíferos marinos, como las focas).

Científicos del Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca de Sudáfrica recomiendan el control de las capturas, pero actualmente no existen límites y hay preocupación sobre el impacto en el ecosistema de la sobrepesca de tiburones, como los tiburones vitamínicos o cazón y las musolas lisas. Además, el monitoreo de las costas de Sudáfrica es notoriamente débil y algunos barcos todavía pescan en las zonas de veda de las áreas marinas protegidas.

Un hallazgo interesante del estudiante de doctorado Dylan Irion, respaldado por las observaciones de algunos pescadores en y alrededor de la bahía de Algoa, es que a medida que los avistamientos de tiburones blancos en el Cabo Occidental han disminuido, los avistamientos en el

19 Cabo Oriental se han disparado, lo que sugiere que los tiburones se han reubicado hacia el este, aunque existe el riesgo de que hay más pesca con palangre de tiburones demersales allí.

Esto debilita el argumento de que la pesca de tiburones más pequeños está disminuyendo las presas de los tiburones jóvenes, aunque la sobrepesca en mar abierto podría ser una razón por la que algunas orcas se han trasladado de aguas más profundas a la costa.

Kock resalta la necesidad de tener cuidado con las especulaciones antes de contar con datos precisos que confirmen estas teorías. «Tenemos que tener cuidado, porque puede haber consecuencias no deseadas […] para los medios de vida de las personas. Es realmente importante, especialmente para las personas en la esfera de la toma de decisiones, tener información basada en evidencia, para que puedan tomar la decisión correcta. Y en este momento, en términos de la desaparición de los tiburones blancos, se necesita mucho más trabajo».

Andreotti dice que cree que las pesquerías deberían ser reguladas más estrictamente, ya que la pesca sostenible tendrá efectos positivos para las personas, los tiburones y todo el ecosistema a largo plazo.

«Están lidiando con el sustento de la gente», dice. «Respeto eso. Pero agradecería que pudieran intentar ver […] el objetivo a largo plazo».

Las redes para tiburones y la pesca con anzuelo (anzuelos con cebo dirigidos específicamente a los tiburones) plantean riesgos adicionales para los tiburones blancos a lo largo de la costa de Sudáfrica. Aunque la especie ha estado protegida en Sudáfrica desde 1991, la provincia de KwaZuluNatal (KZN) utiliza anzuelos cebados para matar exclusivamente a tiburones blancos y así evitar que se acerquen a la costa. Entre 2013 y 2017, un promedio de casi 17 tiburones blancos murieron en las líneas con anzuelos de KZN cada año, así como decenas de otros animales marinos: tortugas, delfines y otras especies de tiburones.

Incertidumbres y Covid-19

Kock enfatiza la importancia de dar un paso hacia atrás y observar el panorama general. «Si hablas con gente en el Cabo Occidental […] los

observadores de tiburones no ven [a los tiburones blancos], los surfistas no los ven, los pescadores no los ven, los operadores de buceo en jaulas no los ven, nuestra ciencia muestra que no los estamos viendo.

Pero si hablas con los pescadores de Algoa Bay y el Cabo Oriental, te dirán lo contrario: nunca habían visto tantos tiburones blancos», dice. «Cuando las personas se concentran en una sola área de agregación, pierden el panorama general».

Dylan Irion utiliza actualmente conjuntos de datos disponibles para observar toda la costa de Sudáfrica.

La información es relativamente nueva; los tiburones blancos viven aproximadamente 70 años, pero los primeros datos solo comienzan a principios de la década de 1990 registrados por los operadores de buceo en jaulas de Gansbaai; en False Bay, las observaciones registradas comenzaron en 1996.

Además, los tiburones blancos, especialmente los individuos más grandes, pasan mucho tiempo lejos de la costa (y las etiquetas de satélite son extremadamente caras) lo cual resulta en una gran cantidad de movimiento y comportamiento que los científicos nunca ven.

«Siempre nos concentramos en las cosas que sabemos porque, obviamente, son los hechos que tenemos a mano», dice Kock, «pero creo que es igualmente importante darnos cuenta [de lo que no sabemos] […] tanto podría estar sucediendo de lo que simplemente no somos conscientes».

El Covid-19 significa que habrá un vacío en los datos. Towner, que trabaja para Dyer Island Conservation Trust en Gansbaai y junto con un operador local de buceo en jaulas, dice que las ONG que se dedican a la investigación del tiburón blanco en Sudáfrica son «muy dependientes» del turismo internacional, en parte para la financiación, pero también con los botes de buceo en jaula que permiten un seguimiento continuo de los tiburones. Towner dice que la aparición del tiburón cobrizo en Gansbaai salvó la industria cuando los tiburones blancos desaparecieron en 2017.

«Tenemos la base de datos más grande», dice Towner. «Han pasado 15 años y siguen funcionando, sin interrupciones estacionales en los datos. Entonces, notamos si algo va mal muy rápidamente».

Quizás lo que ha cautivado tanto

a la gente sobre la población de tiburones blancos en Sudáfrica son todas estas incógnitas y cómo una serie de posibles factores (las orcas, una disminución de las especies de presas, el cambio climático, la matanza selectiva) pueden estar afectando a estos esquivos depredadores. Lo que está claro es que sin datos no se pueden sacar conclusiones firmes.

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E

l 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.

A su llegada se quedó en casa de una compañera de Monclova. Esa noche, su primera noche, un grupo de soldados irrumpió cuando estaban platicando entre amigas.

“Llegaron estas personas, si se puede llamar personas a estos animales, con perdón de los animales”, dice Brisa con coraje.

Tenía 28 años y era madre soltera de dos hijos. Brissa pensaba que se trataba de un operativo. Algo que sabía sucedía en este tipo de lugares: revisar a clientes que no portaran armas o drogas.

“Nunca pensamos que nos fueran a agredir, a insultar”, recuerda.

-¡Sálganse! –gritó un soldado.

-¡Encuérense! –ordenó otra voz como de trueno.

Brissa y sus amigas sabían que eso no era normal. No era posible que quien se supone debe velar por tu seguridad te golpee y agreda sexualmente. Un total de 14 mujeres, entre ellas Brissa, fueron agredidas y violentadas sexualmente.

A un lado, en el bar El Pérsico, las agresiones subieron de tono.

-Escuchaba los gritos de las chavas, escondiéndose en el monte.

Brissa creyó que moriría cuando sintió el cañón del rifle de un soldado apuntándole en la espalda.

Recibió insultos y mentadas.

El grupo de mujeres se armó de valor para denunciar a los militares, la mayoría de ellos pertenecientes a la zona militar del 14 Regimiento de Caballería Motorizada con destacamento en Múzquiz, el cual había sido asignado para custodiar los paquetes electorales del proceso para designación de presidente de República y demás cargos.

-Había mucha rabia –recuerda Brissa.

Ella sabe que a otras chicas, sobre todo a las que trabajaban en “El Pérsico”, cerca de donde ella laboraba, les fue mucho peor.

Algunas mujeres habían sido violadas. Pero su carácter las hizo denunciar. La impotencia les corroía.

La indignación de haber sufrido un abuso de autoridad.

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#MILITARESVIOLADORES

Hace 15 años un grupo de militares irrumpió en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, donde golpearon y violaron a 14 mujeres que trabajaban como bailarinas o sexoservidoras. El caso fue llevado al fuero común, el primero en la historia del país. Desde entonces, al menos otros 51 militares han sido procesados por delitos sexuales J E S Ú S

P E Ñ A

Y

F R A N C I S C O

S E M A N A R I O / VA N G U A R D I A

-Traían armas. Nunca vas a poder con un hombre. Fue un abuso duro y directo. Quisimos levantar un poco la voz –relata Brissa.

Las mujeres agredidas del bar “Las Playas” fueron tres. De “El Pérsico” 11. Brissa las conoció cuando iban a terapia.

Era el primer caso en el país en el que soldados enfrentaban la justicia en el fuero civil.

-Fue un sentimiento de

R O D R Í G U E Z

satisfacción, no se quedó impune – menciona Brissa.

Ocho militares fueron detenidos y se logró sentencia condenatoria para cuatro de ellos: Omar Alejandro Rangel Fuentes, agredió sexualmente a cinco de las 14 trabajadoras y fue condenado a 41 años y cuatro meses en prisión.

Juan José Gaytán Santiago fue condenado a 21 años de prisión.

Fernando Adrián Madrid Guardiola,

quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión. Ángel Antonio Hernández Niño, fue acusado de violación a una de las mujeres de Castaños y condenado por lesiones a policías a tres años nueve meses de prisión.

Cuatro militares quedaron libres.

Dos mujeres víctimas de tortura sexual retiraron la acusación.

Jaqueline Campbell, entonces

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Ruinas del caserío de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.

Fotos: Omar Saucedo encargada de la oficina de comunicación de la Diócesis de Saltillo y que junto al entonces obispo Raúl Vera acompañaron el caso, piensa que las dos muchachas se retractaron por presión de los militares.

-Ellas tenían contacto con los soldados, no era la primera vez que iban a echar una cervecita a los lugares.

El 24 de octubre de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que independiente de la sentencia dictada por el Juez II de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Monclova, por los delitos de violación y lesiones, el Consejo de Guerra encontró culpables y penalmente responsables del delito de abandono de servicio al subteniente de Caballería Norberto Carlos Francisco Vargas, al sargento Segundo de Caballería, Juan José Gaytán Santiago, a los cabos de Caballería Norberto González Estrada y Ángel Antonio Hernández Niño y a los soldados de caballería, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Fernando Adrián Madrid Guardiola.

Al primero se le sentenció a 2 años de prisión y para los restantes, un año y 6 meses.

Vanguardia solicitó vía transparencia el estatus actual de los militares, sobre todo de los liberados, pero la Sedena resolvió que esta es información confidencial.

Primer caso, siguieron más

Para Brissa, lo sucedido en Castaños hace 15 años debió haber sido un ejemplo para muchas

Un grupo de mujeres agredidas trabajaba en el bar Las Playas.

Del bar que fuera escenario del horror, sólo quedan ruinas y una historia negra imposible de borrar. mujeres que a lo mejor no denuncian los abusos. Dice que en comunidades del sur, las mujeres, sobre todo indígenas, no tienen apoyo.

Sabe que el abuso hacia la mujer, niños y niñas nunca se acaba. Que la gente mala no se detiene, así se grite o patalee.

-Espero que haya servido de algo, creo que sí. A raíz de eso sí hubo casos que se dieron después.

Desde el caso de Castaños, hace 15 años, al menos 51 militares han sido procesados en el fuero común por algún delito sexual cometido en el país.

Vanguardia solicitó a las 32 procuradurías de justicia o fiscalías estatales, cuántos casos de militares habían sido procesados por delitos sexuales desde 2006. La mayoría de las entidades respondieron que no tenían datos porque no se pregunta

la profesión del imputado. Algunos estados respondieron que la información era confidencial, se declararon no competentes y sugirieron enviar la solicitud a la Sedena o a los poderes judiciales.

Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, fueron los estados donde sus respectivas fiscalías informaron de procesos contra militares por delitos sexuales, principalmente violación (13 de 51). En muchos casos no se precisó el tipo de delito sexual.

La misma solicitud se le hizo a los 32 poderes judiciales del país, para conocer posibles sentencias a militares por delitos sexuales.

En total sumaron 43 casos de militares juzgados por delitos sexuales desde 2006, algunos de ellos siguen en trámite.

Baja California, Baja California

Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco, son las entidades cuyos poderes judiciales informaron haber juzgado a militares por delitos sexuales, principalmente violación (22 de 43).

Al menos en 10 casos sí se precisó que se obtuvo sentencia condenatoria.

Como las fiscalías, los poderes judiciales también dicen desconocer la profesión de los juzgados.

Desde 2014, ocho años después de lo sucedido en Castaños, se aprobó una reforma que acota el fuero militar y establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas serán procesados en tribunales civiles aun cuando estén en funciones.

Anteriormente los militares y marinos solo eran juzgados por jueces civiles cuando se encontraban fuera de sus actividades castrenses. De ahí la importancia de lo que significó llevar a un juicio civil a los militares que golpearon y violaron a mujeres en Castaños.

La reforma, que atendía las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modificó en esencia el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que sean delitos del orden común o federal los que cometan los elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles.

María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señala que la reforma se reconoce como un triunfo de las víctimas, pero dice que la propia

22 Corte dejó ver que no es una reforma completa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el artículo reformado aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito, por ejemplo, los delitos contra la salud y la seguridad nacional, entre otros.

“Lo limita a que el pasivo sea un civil, y los delitos cometidos por militares en contra de militares siguen estando en el fuero militar y no al hecho que no tiene nada que ver con la disciplina militar. Hay también un vacío y una serie de interpretaciones cuando los elementos del ejército cometen diversos delitos como contra la salud, delincuencia organizada, que no están relacionados con la disciplina militar”, comenta la defensora de derechos humanos.

A la par de los casos llevados en el fuero común, se preguntó a la Sedena cuántas denuncias por delitos sexuales se reportaron en los tribunales castrenses en los últimos 15 años. La Sedena entregó datos desde 2012 a 2019. En ese tiempo, hay registro de 43 denuncias por acoso sexual, 102 por hostigamiento sexual, 39 por violación y 131 por abuso sexual.

Sin embargo, la Justicia Militar únicamente procesó en ese tiempo a 32 militares y solo hay registro de 20 sentencias. La Sedena no precisó si se trata de denuncias hechas por civiles y llevadas a los tribunales militares o precisamente de casos de delitos sexuales denunciados por propios militares.

María Luis Aguilar del Centro Prodh agrega que es una gran preocupación que en 2016 se presentaron reformas donde se deja abierta la posibilidad que existan dos expedientes paralelos: uno desde el fuero ordinario y otro desde la justicia militar.

Añade que otro de los vacíos pendientes y donde existen varios recursos de inconstitucionalidad, son reformas que se hicieron en 2016, donde los militares pueden ser los primeros respondientes en una escena de crimen.

“Eso es un gran problema”, dice, pues quien procesa las escenas son los ministerios públicos.

“Hemos visto que sí hay la

Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, recordando el caso Castaños mientras porta un cubrebocas en defensa de las mujeres. oportunidad de que los militares controlen las escenas, y eso ha generado alteraciones de las mismas”, comenta.

Jackie Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, dice que las activistas en favor de las mujeres empezaron a notar que donde los militares tienen un campamento, ahí va a haber violaciones a mujeres y condiciones de violencia.

“Era muy importante que nosotros lo lleváramos a los tribunales civiles”, recuerda Campbell.

Añade que algunos de los militares se fugaron a Baja California y otros a Sinaloa, y los activistas del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, exigieron al entonces procurador Jesús Torres Charles que los regresara.

Algunos fueron encarcelados, “pero luego Felipe Calderón los liberó”, asegura.

La mujer de uno de los militares sentenciados afirma que sólo su marido sigue en prisión.

Al final, dice Campbell, ni el gobierno de Calderón ni el de Humberto Moreira, ni el del entonces alcalde de Monclova, Pablo González, hicieron nada.

El gobierno se ablandó: Vera

Todo iba bien en el caso de Castaños, asegura Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, hasta que entró el gobierno de Felipe Calderón.

El caso de los militares que habían sido llevados ante la justicia civil había sido inédito.

“A mí no se me olvida cuando

Jaqueline Campbell, activista de derechos humanos.

aparece vestido de militar, se vio muy, muy, muy mal”, platica Raúl Vera desde el patio interior de su casa en el centro de Saltillo, sentado al sol en una silla acojinada.

El padre lleva un cubrebocas morado con esa leyenda que se ha vuelto insignia en defensa de las mujeres violentadas: “NI UNA MÁS”.

Un día después de la noche de la agresión, el obispo Vera se hallaba en las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en Monclova, quería, dijo, saludar a las muchachas.

-Entré a saludarlas y en un momento dado se olvidaron del funcionario y empezaron a manifestar toda su indignación y todo lo que habían hecho con ellas, eso para mí fue oro molido, porque en las veces que tuve que hablar con la prensa traía yo la información de primera mano de todas las salvajadas que les habían hecho recuerda.

Al cabo de algunas semanas, Vera López había ido a celebrar una misa a la iglesia de la Sagrada Familia, entre los límites de Castaños y Monclova, muy cerca de la zona de tolerancia.

La víspera, Hiradier Huerta Rodríguez, el juez del caso, había convocado a una rueda de prensa para dar el fallo en torno al ataque cometido por los soldados del regimiento de caballería.

“Y se me ocurrió, se me vino así espontáneamente, decir, ‘pues a ver si no nos sale otro rufián’”.

Raúl Vera ignoraba que en la misa se hallaba un familiar del juez Hiradier que le hizo saber a éste el calificativo que el prelado había

utilizado para referirse a él.

Huerta Rodríguez se presentó entonces ante las autoridades del Vaticano en Roma y acusó al obispo de interferir en su trabajo, solicitando su destitución.

La acusación, no procedió.

-Yo dije, ‘primero, ¿quién le pagó el viaje a Roma y dos, ¿quién lo asesoró? No tenía conocimiento de nada, el juez no supo hacer las cosas.

Raúl Vera y Jaqueline Campbell habían acompañado a la mayoría de las mujeres afectadas en su proceso traumático y de revalorización de su persona.

-Atendimos a unas personas que todo el tiempo están borradas del mapa por la ocupación que tienen, no tienen derechos, no tienen quién pague un quinto por defenderlas.

El obispo, junto con sus colaboradores y agentes de pastoral de la Diócesis, tomaron parte en dos marchas para exigir justicia en favor de las trabajadoras que habían sido ultrajadas por los militares.

-Estuvimos ahí cuando las revictimizaron porque las hicieron participar en un simulacro de la violencia que vivieron. Nosotros estábamos ahí gritando, ‘manténganse, pero defiéndanse, aquí estamos nosotros’, las acompañamos.

Por esos días el obispo tuvo además acercamiento con los policías que trabajaban en los bares y fueron agredidos por los soldados.

Don Raúl habló con los empleados de los antros. Los entrevistados le confiaron cómo los militares, que habían llegado de

23 uniforme, insignias y montados en vehículos oficiales, entraron y consumieron todas las bebidas posibles sin pagar un céntimo.

-Un descaro penoso para el ejército, una vergüenza, una página horrible para ellos y luego todavía un militar me dijo ‘bueno, señor obispo y por qué defiende a esas mujeres si para eso están ahí’, le dije ‘pues sí, pero es su trabajo, no están ahí para ser violadas.

-¿Tiene contacto con las mujeres?

-No, desgraciadamente les perdimos la pista…

En ese tiempo Vera López recibió una llamada telefónica de amenaza.

La lada correspondía a un estado del noroeste del país, Baja California, piensa Vera.

“Me dicen ‘oiga, se la está ganando eh, se está ganando la…’, algo así, era una amenaza, dije ‘ah, este es uno de los fugitivos’”.

No hicieron nada

Horas después de ocurrido el ataque, el periodista de Proceso, Arturo Rodríguez, llamó a Jaqueline Campbell para avisarle que algo muy grave había pasado en Castaños.

“Me dice ‘tienes que estar ahí’, le creímos un poco”.

Campbell tenía ya varios años de experiencia como periodista y defensora de derechos humanos, además de su trabajo como activista en las cárceles.

De inmediato investigó y decidió, junto con el obispo Raúl Vera, ir a Castaños.

A su llegada a las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia, en Monclova, entraron en una especie de sala de juntas donde las chicas, sentadas alrededor de una mesa, hacían la crónica de aquella noche aciaga.

-Nos mostraban las piernas con los rasguños, algunas de ellas espinadas, con las heridas muy frescas.

Las mujeres habían huido de “El Pérsico” y “Las Playas” corriendo para resguardarse de los militares, por el monte hasta la carretera y ahí se trasladaron en taxis y en una ambulancia a sus casas en Monclova.

“No estaban organizadas, pero se convencieron de que tenían que narrar los hechos, decirlo”, cuenta Campbell en la sala de su casa pintada con los rostros de mujeres víctimas de feminicidio.

De entre aquellas pláticas la escena que a Campbell no se le

los ministerios públicos, de asegurarse que las fuerzas armadas entreguen toda la información”.

Comenta que pese a que hay seguimiento de los ministerios públicos, persisten los problemas para que las investigaciones sean más amplias y no solo se limiten a los elementos de menor rango, sino que exista una real rendición de cuentas de las fuerzas armadas como institución.

Esta es la que fuera la pista del Bar Pérsico, lugar donde arribaron los militares y encañonaron a 14 mujeres para abusar de ellas. olvida es la de los soldados poniendo a las muchachas contra la pared, apuntándoles, simulando un fusilamiento, y una de las mujeres orinándose del miedo.

Jaqueline y don Raúl visitaron los bares donde había sucedido el ataque de los militares y a donde las chicas, después de la agresión, habían regresado a trabajar.

Don Raúl y Campbell acompañaron a las mujeres a sus casas y conocieron a sus familias.

-Eran chicas, señoras, jovencitas, algunas con hijos, algunas con marido, alguna otra lesbiana, pero todas viviendo con sus familias, trabajando. Creo que estuve más con las bailarinas que se van con un cliente si acaso les da la gana, pero en realidad lo suyo era bailar, estar ahí acompañando a los clientes.

El caso de Castaños se volvería el primero en toda América Latina en que militares acusados de violación sexual, serían juzgados por el fuero civil.

El ejército allanó las oficinas de la Diócesis de Saltillo y la casa de Jaqueline Campbell quien se vio orillada a salir del país.

La administración de Humberto Moreira, como era costumbre cada que ocurría una tragedia en el estado, puso tutores –padrinos les llamaba- a las mujeres abusadas por los militares y el grupo se fue dividiendo.

Jaqueline Campbell dice que faltó acoger a las mujeres no solamente desde el estado sino también desde las organizaciones

civiles.

-El caso Castaños no se borra eliminando un edificio, lo que sucedió fue algo muy, muy serio sentencia.

“El Pérsico” ahora es solo ruinas.

Rendición de cuentas

Para María Luisa Aguilar del Centro Prodh, hace falta que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, vean los casos como lo que son: graves violaciones de derechos humanos y que eso genere que en realidad haya sanciones adecuadas no solo a las personas en los bajos rangos militares, sino también a quien está en las planeaciones de operativos.

Sobre todo, ahonda la especialista, en un país donde cada vez se profundizan los modelos militarizados, donde las fuerzas armadas tienen cada vez más poder y se les dan facultades para hacer actividades que no están en su competencia como la seguridad pública.

“En lugar de enviar un mensaje de que se van a generar límites y controles al actuar, el mensaje es que te vamos a dar más poder y no se generan controles civiles a las fuerzas armadas”, expone.

Así mismo, indica que pese a la reforma de 2014, sí han visto cómo los ministerios públicos dan un trato diferenciado cuando los perpetradores son elementos de las fuerzas armadas.

“No hay ese mismo impulso de

Levantarse Brissa recuerda que después de la agresión, se sentía intimidada, paranoica. Así estuvo por más de un año, hasta que asimiló su tragedia gracias a la terapia que recibió.

Muchas personas las tacharon de prostitutas y defendían al Ejército.

La gente le preguntaba qué le habían hecho, más por morbo que por otra cosa.

-La gente habla a lo tonto.

Hubieran estado ahí para que se dieran cuenta de lo que en verdad pasó.

Brissa tiene ahora su negocio de comida casera. Trabaja en casa y en ocasiones también sale a la calle a hacer publicidad móvil mediante perifoneo. Tiene 43 años.

Brissa recuerda aquel 11 de julio de 2006 como si fuera ayer. Pero asegura que se supera. Platica que no se puede vivir cargando con ello, y que la mejor terapia es enfocarse en la familia y seguir adelante.

Después de lo sucedido trabajó en Altos Hornos de México donde conoció al padre de su tercer hijo. Ya es abuela. Su hija tiene 25 años, su otro hijo 23 y el más chico 13. Se separó del padre de su tercer hijo hace unos años. Asegura que nunca les habló a sus hijos con mentiras porque no tiene tapujos para relatar lo que sucedió. Ella es la víctima, no la culpable.

Menciona que de la agresión sufrida, aprendió a valorar la vida, a cuidarse y estar más cerca de su familia. A dar y recibir apoyo.

Su frase es: si se tropieza uno y se cae, hay que volverse a levantar. No hay de otra. “Hay que salir adelante, sí se puede”.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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