AGUA Y SED DE JUSTICIA
Dr. Manrique Jiménez Meza . En nuestro medio político y jurídico todo es posible, hasta lo que en principio parece ser imposible. Este es el caso de LA MODIFICACIÓN que se hizo AL PROYECTO presentado por iniciativa popular, con la firma de una cantidad considerable de ciudadanos que, de BUENA FE y con la intención correcta de hacer que un bien de dominio público, adscrito a los principios del servicio público y adentrado en la categoría de bien difuso, pase a ser ahora UN BIEN ECONÓMICO y de valor económico. Esto ha sido un EXTRAÑO y sorprendente GIRO de 180 grados, que además contradice un mismo texto del proyecto de ley No.17.742. . En consecuencia, PREVALECE ahora el concepto de BIEN ECONÓMICO SOBRE EL BIEN SOCIAL y público, como si el agua, el aire y otros bienes fundamentales para la sobrevivencia de las especies vivientes, incluidos nuestros diputados y sus familiares, estén exentos de la amenaza por tan grave y radical alteración, que va en perjuicio de las actuales y futuras generaciones. . En efecto, tal modificación del texto VARIÓ SUSTANCIALMENTE lo que se gestó originalmente. Este cambio confirma, entonces, haber trastocado sustancialmente LA VOLUNTAD de los firmantes, a pesar de la gran cantidad de reclamos, mensajes y comunicaciones públicas, con la intención expresa de mantener el texto avalado popularmente, como fundamento para la regulación en favor del agua y con la adaptación jurídica y técnica según los cambios sobrevenidos en el tiempo y espacio, donde no existe lugar para conductas contrarias a la transparencia, probidad y rendición de cuentas. . Por ello, en su momento participé en una propuesta de reforma constitucional, a petición de algunos legisladores de la época, con una redacción similar a la motivación que fue alterada en este proyecto de ley, lejos de la tesis estrictamente mercantilista. . Ciertamente, la tragedia es simple de entender por sus consecuencias y equivocidad por la evidente patrimonialización de un bien de interés público y social que es de todos y cada uno, ahora en preparación legislativa para ser eventualmente reclamado como bien mercantil por parte de inversionistas, según tratados de libre comercio, donde los sujetos afectados podrían hacer valer sus pretensiones en los tribunales de arbitraje internacional, cuyas consecuencias materiales son absolutamente imprevisibles.