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Juicio y testimonio para la historia del Congreso

w w w. e n l a c e l e g i s l a t i v o. c o m

Requiere el IFAI mayor presupuesto para la Ley de Protección de Datos y la de Acceso a la (Pág. 08) Información mundolegislativo.blogspot.com

Ley de asociaciones público-privada

Divide la propuesta de mando único policíaco

México a subasta Si no se vende... se expropia

La Ley del Fuero militar no impedirá la impunidad

Aprueban la Cadena perpetua a secuestradores

ENTRE-PÁGINAS

Renuncia pública de un Ministro de la SCJN

El Informe Buscaglia. El narco domina Rafael Cardona. Estación San Lázaro Rina Mussali: Arde París.

Año VI. No. 68 30-Octubre-2010 Ejemplar de suscripción

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ESCENARIO

Cara dura

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l presidente Felipe Calderón estrecha la mano del alcalde de A p a t z i n g á n , G e n a r o G u í z a r, q u i e n e s t u v o e n c a r c e l a d o p o r e l llamado “michoacanazo”. Se necesita, de verdad, tener cara dura para darse la mano tras recibir y responder indirectas de uno y otro lado, sobre la criminalidad en México. Sobre todo, en Mic h o a c á n , d o n d e e l g o b e r n a d o r L e o n e l G o d o y, a p a r e n t e m e n t e n o sólo ha recibido financiamiento de los delincuentes que integran la llamada “familia”, sino a los que ha ofrecido impunidad frente a crímenes, extorsiones, torturas y tráfico. Leonel y su medio hermano –amparado con el furo como diputado-, están en medio de la sospecha. Y la impunidad los envuelve.

El IFAI hace avanzar la transparencia

Mundo legislativo

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nfomex llegó a la entidad número 22, al quedar instalado en Puebla, después de ya estar operando en Distrito Federal, Chih u a h u a , N u e v o L e ó n , J a l i s c o , C o a h u i l a , M o r e l o s , Ve r a c r u z , H i d a l g o , A g u a s c a l i e n t e s , Ta b a s c o , S a n L u i s P o t o s í y D u r a n g o , S i n a l o a . Infomex es una plataforma electrónica de solicitudes de información que ha puesto en marcha el Instituto Federal de Acceso a la I n f o r m a c i ó n y P r o t e c c i ó n d e D a t o s ( I FAI ) . S u o b j e t i v o e s a v a n z a r en el propósito de pasar de la transparencia reactiva (por solicitud y obligación) a la transparencia proactiva, que permita que ésta se utilice como una herramienta de la modernización de la gestión pública, y las instituciones la incorporen a s u s p r o c e s o s d e t r a b a j o , e x p r e s ó Á n g e l Tr i n i d a d , c o m i s i o n a d o d e l i n s t i t u t o , a l p a r t i cipar en la puesta en marcha del sistema en esa ciudad.

Las redes sociales y los periodistas

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ada más periodistas están usando Twitter para difundir noticias, e incluso escribir historias ignoradas por los medios tradicionales. Sin embargo, algunos reporteros, como aquellos en el periódico Miami Herald, están preocupados por el abuso y mal empleo de Twitter por parte del diario. Ya sea Twitter, Facebook o YouTube, las redes sociales generan interrogantes sobre libertad de expresión y ética. Por ejemplo, tanto en Guatemala como en Venezuela individuos han sido arrestados por publicar mensajes en Twitter que según las autoridades amenazaban la estabilidad bancaria del país. Reporteros en Brasil, Guatemala y Estados Unidos han sido despedidos

por publicar información “inapropiada” en Twitter, Facebook y YouTube, respectivamente. Ante esto, el blog del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, en el marco de una serie de proyectos especiales, ha creado un símil de una cuenta en Twitter que detalla los arrestos y despidos relacionados con el uso de redes sociales durante los últimos dos años. Este perfil en Twitter de libertad en las redes sociales será actualizado periódicamente en la medida que ocurran nuevos incidentes de este tipo. Otros proyectos especiales del Centro Knight incluyen la publicación de un mapa de la censura electoral en Brasil y un mapa que compila la violencia contra el periodismo en México.


DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud Colaboradores Miguel Ángel Ramírez; Mariana Abad; Julieta Campos; Julio León Sardaneta; Rina Mussali; Marco Antonio Aguirre Legaria. EML-Global Sintesis y Página WEB Jorge R. Ugalde Diseño L.D.G. Saby Ramírez Chávez. saby@linea-creativa.com.mx Agencias-Fotografía Punto y Línea Comunicación Mundo Legislativo Dirección Comercial Guadalupe Ugalde Inestrillas Tel 5513-1293 E-mail: mundolegislativo@hotmail.comx C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año VI. No. 68 Edición especial del Bicentenario 30 octubre 2010. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2004-102617472400- 102. Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Felipe Calderón, logró que no pudo hacer Carlos Salinas de Gortari: entregar, por completo, bienes y servicios, a cargo del Estado, a grandes empresas privadas mexicanas y extranjeras. Agua potable, recolección de basura, generación de electricidad, servicios de salud, prisiones, correos, etc. Todo pasará a manos privadas…si también los diputados del PRI lo avalan.

EDITORIAL

México a subasta Felipe Calderón ha logrado, casi, desmantelar todo el sector público. Su pretensión es dárselo al sector privado extranjero, preferentemente. Y los senadores del PRI y el PAN de la LXI Legislatura, son sus cómplices. Votaron a favor de la propuesta del gobierno derechista de Calderón para privatizar todos los bienes y servicios que hoy debe proporcionar el gobierno a la sociedad. De pasar favorablemente en la Cámara de Diputados -cuya decisión reside en los legisladores del PRI- los políticos habrán asestado un golpe a la sociedad, cuyas consecuencias pagará esta generación, sus hijos sus nietos y la que le siga. El martes 12 de octubre pasado, el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Una reforma presidencial discutida durante un año en Xicoténcatl, la cual, según advirtió en tribuna el petista Ricardo Monreal, subasta el futuro del país, al entregar a consorcios nacionales y trasnacionales todos los servicios y obras que son responsabilidad del Estado. Agua potable, alcantarilladlo, salud, basura, presas, electricidad, cárceles, educación y todos los demás bienes o servicios que quieren o deseen las trasnacionales, les serán otorgados por ley. Lo que no puedan obtener en una negociación, el Estado lo expropiará a los particulares. Cínicos, como son algunos, el senador del PRI Francisco Labastida Ochoa sostuvo que la reforma de Calderón fue modificada a fondo en 80 por ciento, ya que tal como venía “era el proyecto más desmantelador del sector público” que, dijo, ha conocido en 48 años de laborar en la administración pública federal. Pese a ello, lo aprobaron. Andrés Manuel López Obrador, ha advertido que ellos intentarán frenarlo en la Cámara de Diputados. Si no lo logra, y el PRI va de la mano con Felipe Calderón, el país y su sociedad serán objeto del mayor saqueo que haya conocido generación alguna, desde los tiempos de la colonia, el porfiriato o el salinato. Los políticos tratan a la sociedad mexicana como idiota… Y en ocasiones, así actuamos.


ESCENARIO

Enmiendan a la SCJN pensiones: No se recortan

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Aprueban: agresiones contra periodistas, delito federal

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l pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una reforma al artículo 25 transitorio de la Ley del Seguro Social, con objeto de que el límite superior de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se reduzca a 10 salarios mínimos, sino que permanezca el tope de 25 salarios. Con ello, la Cámara de Diputados enmienda el fallo que en una sesión privada, el 9 de junio, emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN), con el cual afectaba a un millón 200 mil trabajadores. El 22 de julio, este diario informó de la decisión que en el mayor sigilo asumió la Suprema Corte de tasar las pensiones más altas en 10 salarios mínimos, lo cual constituía un golpe a los futuros pensionados cuyos sueldos los ubican en el límite de 25 salarios de pensión, y que con ello verían disminuido su ingreso de retiro.

Aprueban ley de ingresos. Dinero como nunca antes.

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iputados aprobaron en comisiones reformar el artículo 73 de la Constitución por lo que las agresiones a periodistas, escritores y editores serían delito federal. El diputado federal Humberto Benítez Treviño dijo que esta reforma podría ser el inicio de una Ley General de Protección a Periodistas, pues en la actualidad los comunicadores carecen de protección social que garantice su salud, retiro y vejez. En un comunicado, sostuvo que en caso de que se ratifique esta aprobación en el pleno del Congreso de la Unión, el gobierno federal por conducto de la PGR podrá atraer delitos del fuero común cuando se cometan contra periodistas o atenten contra la libertad de expresión. El ex titular de la PGR y ex procurador del DF y Edomex cita un reporte de la ONU según el cual el periodismo es una de las profesiones más riesgosas del mundo y México es el país más peligroso de América Latina. Reconoció que las autoridades locales no han sido capaces de brindar protección a los comunicadores, así como tampoco la Fiscalía Especial de la PGR ha sido capaz de proteger la integridad de los medios de comunicación social y sus trabajadores en diferentes situaciones.

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l Senado aprobó las siete enviadas por la Cámara de Diputados, incluyendo la Ley de Ingresos, que prevé una bolsa histórica de recursos para 2011 por ¡tres billones 438 mil millones de pesos!. Además se aprobaron la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción de Servicios (IEPS) que contienen los aumentos de siete pesos a las cajetillas de cigarros y 25 por ciento a las bebidas energizantes.


ESCENARIO

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a Cámara de Diputados aprobó una adición a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo obliga a otorgar vales de medicina cuando los medicamentos no se encuentren en sus farmacias. Con una votación de 302 a favor, 95 en contra y 23 abstenciones, fue aprobada la también conocida “Ley Simi”, que modifica el Tercer párrafo del artículo 91 de la Ley del Seguro Social. La discusión de la modificación fue avalada en inicio por legisladores del PAN, PRI y PVEM, a lo que se opusieron los diputados del PRD, PT y Convergencia, quienes advirtieron sobre el desmantelamiento y privatización del IMSS. El coordinador del PRD, Alejandro Encinas, advirtió que emprenderá acciones legales en contra de las reformas, como el amparo y la controversia constitucional.

Lamenta el rector otra masacre de jóvenes

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l rector de la UNAM, José Narro Robles, indicó que esa institución está profundamente inconforme y dolida por el asesinato de jóvenes en el territorio nacional y llamó a trabajar para generar las condiciones que permitan cambiar esa realidad. Indicó que la sociedad debe decir un ‘ya basta’ a esa situación que, dijo, ‘no es aceptable bajo ninguna condición ni circunstancia’, así como pugnar para que mejoren las condiciones que padecen muchos jóvenes que continúan sin estudiar y sin encontrar un trabajo. Durante la inauguración del simposium ‘Las Ciencias en la UNAM: construir el futuro de México’, Narro Robles externó que los hechos registrados recientemente en Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, se observan con mucha pena, tristeza y preocupación: ‘no puede caer en el vacío el ya basta”.

Se aprueba la prisión de por vida a plagiarios

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a Cámara de Diputados aprobó la creación de la ley antisecuestro, con la cual se establecen penas hasta de 70 años a plagiarios, la reparación del daño y la creación de un fondo económico de apoyo y de atención a víctimas, entre otras medidas. Las penas de 70 años se aplicarán para los delincuentes que asesinen a sus víctimas. En la práctica, la sanción se convierte en “cadena perpetua”. Con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, se avaló la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro enviada por el Senado. La reforma fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial.

La FSTSE obsequia camionetas de lujo a diputados en BC

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exicali, BC. Trece de los 25 legisladores que integran al Congreso de Baja California recibieron camionetas de lujo, como obsequio de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). El coordinador de la bancada del PRI, Julio Felipe García Muñoz, explicó que se recibieron camionetas austeras Toyota modelo Highlander 2010, con capacidad para siete pasajeros, que se entregaron en calidad de comodato, con el fin de que los diputados visiten sus distritos electorales para atender las necesidades de la comunidad.

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Habrá vales del IMSS para medicinas

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Inhibe el gobierno la acción del IFAI.

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Nugatorio el Acceso a la información y la protección de Datos Personales, vía presupuesto Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

El presupuesto 2011 del IFAI, igual al de 2004 Requiere de mayores recursos para cumplir


de Ley al IFAI en materia de protección de Datos Personales, a nivel nacional. Debido a ello, su responsabilidad de vigilancia en materia de protección de datos crece de, manera exponencial. Antes de la aprobación de Ley de la materia, el IFAI era autoridad ante 240 entidades gubernamentales; ahora es la autoridad sobre 3.5 millones de personas físicas y morales en los sectores público y privado. Para dar una idea de cómo se ha comportado el presupuesto del IFAI, respecto a otras instituciones que también tutelan derechos de la sociedad, habría que señalar lo siguiente: El presupuesto del IFE creció en

90 por ciento, al pasar de cinco mil 568 millones de pesos en 2004, a ¡diez mil 499 millones de pesos! para 2011. La CNDH, se fue al doble de presupuesto, al pasar de 575 millones de pesos en 2003, a más de ¡un mil 101 millones de pesos! para 2011. Pese a ello ha tenido tan magros resultados, que su labor ha sido cuestionada no sólo en México, sino en el extranjero. Otro ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, que también ha doblado su presupuesto. Paso de 231 millones de pesos, a más de 501 millones para 2011. Jacqueline Peschard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI), ha señalado en diferentes ocasiones que México enfrenta hoy el reto de dotar a la transparencia y al acceso a la

información de nuevo vigor y energía, al advertir que los importantes logros alcanzados “han comenzado a provocar resistencias, rechazos e incluso intentos regresivos en la generación de políticas públicas en la materia y en la revisión de leyes de acceso a la información”. Habría que recordar que el Senado de la República aprobó por unanimidad –en abril de este año- expedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a fin de salvaguardar y regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de las bases de datos, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. La nueva Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los responsables de las bases de datos. Además se establece el derecho ciudadano de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. Con esta ley se otorga protección a los llamados “datos sensibles”, relacionados con las preferencias sexuales, origen étnico o racial o estado de salud, que podrían ser mal utilizados para discriminar o excluir a una persona. Entre las obligaciones de los sujetos que utilizar la información de las personas están que sólo se haga uso de los datos personales para los fines por los que fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su pérdida, robo o acceso no autorizado. De lo contrario se sancionará de tres meses a tres años de prisión a quien con fines de lucro vulnere la seguridad a las bases de datos bajo su custodia y de seis a cinco años a quien mediante engaños trate de aprovecharse del error en que se encuentre el titular o persona autorizada a transmitir la información personal. En el caso de “datos sensibles” las penas se duplicarán.

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l Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ha sido abandonado por las políticas presupuestales del gobierno federal, al enviar a la Cámara de Diputados una propuesta que iguala su gasto al del año 2004. En repetidas ocasiones, la comisionada presidenta Jacqueline Peschard; miembros de las Organizaciones civiles e internacionales, han denunciado las tentaciones del poder en México para frenar el acceso a la información que por Ley debe resguardar y entregar a la sociedad el gobierno federal, cuando le sea requerido por los ciudadanos. Desde 2001 –en su primer ejercicio anual- el presupuesto del Instituto ha registrado un crecimiento prácticamente nulo. Mientras que de 20o4 a la fecha, el presupuesto creció apenas en un uno por ciento a valor presente, el volumen de recursos de revisión solicitados por la sociedad y atendidos se incrementó en el mismo lapso en ¡567 por ciento! El presupuesto adjudicado por la Secretaría de Hacienda para el ejercicio del próximo año es, en términos reales igual que el del 2004. Para 2011, dadas las nuevas y complejas atribuciones que en materia de Protección de Datos le fueron conferidas por el Poder Legislativo, el IFAI solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto adicional de 203 millones de pesos, sin embargo, en el proyecto enviado al Congreso apenas se contemplan 15 millones de pesos adicionales al presupuesto anual. Dicha cantidad resulta absolutamente insuficiente, ya que el IFAI se encuentra imposibilitado de canalizar recursos del Programa de Acceso a la Información hacia la atención del programa de Protección de Datos Personales, por lo que se haría nugatorio el ejercicio de ambos derechos. Hay que recordar que el Congreso de la Unión otorgó las facultades

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Aprueban Ley de Asociaciones PĂşblico Privadas

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Servicios y obras responsabilidad del Estado se entregarĂĄn a consorcios nacionales y extranjeros Por Guadalupe Ugalde Inestrillas/ MUNDO LEGISLATIVO


salud, educación, abastecimiento de agua potable y recolección de basura, así como para la construcción de centros penitenciarios en todo el país”. En su mensaje semanal a la población, el ex candidato presidencial afirmó que las bancadas del PRI y del PAN en el Senado aprobar una iniciativa de ley “para privatizar los servicio públicos” con contratos de hasta 40 años que pueden prorrogarse. Al sostener que priístas y panistas se pelean por lo intrascendente pero cuando se trata de mantener la política de privilegio, de corrupción y opresión, afirmó, se ponen de acuerdo. Calificó como “gravísimo” lo avalado por la Cámara y llamó a no permitirlo. López Obrador atajó: afortunadamente se tendrá que resolver en definitiva en la Cámara de Diputados y ahí nosotros vamos a impedir que se apruebe esta ley. En entrevista, el senador del PRI Francisco Labastida Ochoa sostuvo que la reforma de Calderón fue modificada a fondo en 80 por ciento, ya que tal como venía “era el proyecto más desmantelador del sector público” que, dijo, ha conocido en 48 años de laborar en la administración pública federal. Sin embargo, confió en que en San Lázaro se lleven a cabo otros cambios para cerrar la posibilidad de asignaciones sospechosas que beneficien a grupos de amigos. Pero eso tal vez no suceda. Habría que leer con atención lo aprobado por los senadores, ya que por ejemplo: “Se propone adicionar algunas disposiciones que permitan resolver cuestiones particulares que puedan entorpecer los procedimientos de expropiación; se deja en claro que si el bien objeto de expropiación tiene gravámenes reales como hipoteca, la expropiación se tramitará ante el propietario y, por ende, a éste se cubrirá la indemnización; para evitar que los predios se fraccionen de forma improductiva, se otorga

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al propietario la opción de solicitar a la Secretaría de Estado competente la expropiación adicional de superficies cuya explotación no es viable económicamente, a fin de que aquélla realice la expropiación sobre toda la superficie. Se precisa que si bien la Secretaría de la Reforma Agraria tendrá a su cargo la integración y trámite del expediente de expropiación, se especifica que la dependencia o entidad interesada en adquirir el bien por esa vía de derecho público, deberá aportar la información, documentos y demás elementos que sirvan para justificar la causa de utilidad pública. “Se plantea que cada una de las Secretarías de Estado pueda firmar, en nombre y representación de la Federación, las escrituras públicas en las que adquieran bienes inmuebles, así como eliminar el requisito de autorización del proyecto de escritura por parte de la Secretaría de la Función Pública. “Se introduce un nuevo mecanismo para que las dependencias puedan consultar rápidamente, por medios electrónicos, que no existen inmuebles federales disponibles y hacer constar que los mismos no son útiles para sus propósitos, con lo cual podrán decidir con mayor prontitud que la adquisición de bienes se realizará en el mercado inmobiliario”. La reforma, que en dos ocasiones fue frenada por el PRD y PT

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l presidente Felipe Calderón propuso y logró que el Senado de la República aprobara el pasado 12 de octubre la Ley de Asociaciones Público-Privadas, reforma discutida durante un año, la cual, según el senador Ricardo Monreal, “subasta el futuro del país, al entregar a consorcios nacionales y trasnacionales todos los servicios y obras que son responsabilidad del Estado”. Con ello, el calderonismo alcanzó un logró que no vio ni el propio gobierno salinista: todos los sectores, incluida la electricidad, se privatizan. Los capitales particulares podrán participar, financiados además con recursos públicos en la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, cárceles, e incluso administrarlos, con contratos hasta por 40 años. La nueva Ley -de la que poco se habló pero que compromete el futuro del país- señala como objeto “regular la preparación de los proyectos, el tratamiento de proyectos no solicitados que el sector privado proponga al sector público federal, el concurso y adjudicación de los proyectos, la adquisición de los bienes necesarios y los requisitos que deben cumplir los contratos, permisos, autorizaciones y concesiones necesarios para cada proyecto en particular”. Lo aprobado por el Senado, en su LXI legislatura, tendrá amplias repercusiones sociales y económicas, que aún no calan en el ánimo de la sociedad ni permean aún sus posibles consecuencias. Falta que pase la aprobación de la Cámara de Diputados, donde al parecer el gobierno también convenció al PRI de que voten a su favor. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno federal de abrir “la puerta a la privatización total de los servicios de

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Aprueban Ley de Asociaciones Público Privadas

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–la primera el 29 de abril pasado, cuando sólo se aprobó en lo general, y el pasado 7 de octubre quedó también pendiente cuando los perredistas rompieron el quórum–, quedó aprobada con 85 votos a favor y ocho en contra y pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo. Los senadores de oposición –PRD, PT, PRI y PVEM- se rindieron y no quisieron ni siquiera debatir en tribuna una Ley que tendrá amplísimas repercusiones, aún desconocidas por la mayoría de la población. Sólo el senador Ricardo Monreal intentó reabrir la discusión al demandar que se votaran los artículos que él reservó y que su bancada –sin explicación- retiró en la sesión del jueves anterior a la aprobación, a la que él no asistió, ya que se encontraba en Ginebra, en una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. No tuvo éxito en explicar que se había ido en comisión. La indiferencia y la abulia parecían haberse apoderado de los legisladores, cuando en realidad ya habían negociado con el gobierno calderonista su aprobación. “Se trata de la ley más agresiva sobre privatización de la que tengamos memoria. Escatima la responsabilidad del Estado mexicano como rector del desarrollo, ya que pasará a ser un mero gestor y administrador de contratos para el sector privado”, advertiría Monreal. No sirvió que alertara de que “la ley es una camisa de fuerzas para futuras administraciones, ya que tendrán que priorizar las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores. Además, la Ley de Asociaciones Público-Privadas su-

basta el futuro del país, toda vez que las obligaciones económicas asumidas por el Estado no serán contabilizadas como deuda, sino como gasto corriente, evadiendo el control del Congreso…” Si ya de por sí la corrupción avasalla las licitaciones públicas, ¡imaginen lo que sucederá si se deja el otorgamiento de contratos de forma discrecional! Según la versión del senador sinaloense Francisco Labastida Ochoa, hubo cambios en 32 artículos y se agregaron dos para evitar que empresas privadas nacionales y extranjeras se apoderaran de la infraestructura ya existente. Las asociaciones público privadas, dijo, son sólo para obra nueva. El priísta explicó que eliminaron la posibilidad de que el Estado contrate obras o servicios con fideicomisos, la opacidad en la asignación de contratos; que en el caso de expropiación de tierras se respeten las disposiciones de la Ley Agraria, para garantizar el derecho de audiencia del dueño original, y que los terrenos no puedan usarse mientras no se haya cubierto su costo a los afectados. No obstante, acabaría por reconocer que faltó incluir en la ley la prohibición expresa de garantizar rendimientos o ganancias a las empresas contratistas, mínimas o excesivas. Además, hay que modificar

leyes secundarias, a fin de establecer que la iniciativa privada no podrá participar bajo esa modalidad, en actividades como la seguridad pública, donde se requiere secreto para que la información no pueda filtrarse y beneficiar al crimen organizado. Implica muchos riesgos que empresas privadas reciban contratos o concesiones para obras o servicios en el ámbito de la seguridad pública, donde por definición se requiere confidencialidad y sigilo. Pero aún así los senadores la votaron. Desde que el presidente Felipe Calderón envió su iniciativa para crear la ley de asociaciones público-privadas, en noviembre pasado, Labastida alertó sobre la necesidad de modificar a fondo la propuesta, pues se trataba del proyecto más brutalmente desmantelador de la administración federal. Ayer expuso que, en casi un año de negociaciones, se logró acotarla, ya que la iniciativa no se refería sólo a otorgar contratos a particulares para la construcción de obras, sino que estaba abierta para que escuelas, hospitales, cárceles y demás infraestructura pública pudiera ser dada al sector privado, para que éste la manejara. ¡De ese tamaño era la pretensión! Explicó que Calderón pretendía también que los proyectos fueran asignados sin licitación, obligaba a destruir toda la documentación del concursante que no ganara, exigía que la información del ganador de la licitación nunca fuera conocida, violando las disposiciones de transparencia. Esto, sólo por mencionar algunas de las más obvias. Todo eso quedó eliminado del proyecto. Sin embargo, en la sesión del jueves, en que se discutieron sólo los artículos reservados, pues la ley se había aprobado en lo general el 29 de abril pasado –pero quedó


participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, y que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto. “De esta manera, el sector privado se convierte en proveedor de servicios de la administración pública federal, con la obligación indirecta de construir la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios en los casos que así se requiera. La novedad de enfoque de estos esquemas es que el Estado celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un servicio, y no la adquisición de activos fijos. Lo anterior redunda en la creación de incentivos para atraer tecnología de punta, capacidad empresarial, en ocasiones recursos

privados a proyectos públicos, así como mejorar el desempeño de los proyectos”. Y se precisa que: Los servicios contratados pueden ser de la más diversa naturaleza, desde el más sencillo proporcionado de manera directa y exclusiva a una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, hasta un servicio público prestado al usuario final la comunidad, para atender una necesidad que corresponde satisfacer al Estado. Cuando la naturaleza de los servicios contratados así lo requiera, además del contrato de asociación público-privada, será necesario el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o permisos requeridos en los términos de las leyes especiales que resulten aplicables, para que el particular esté en posibilidad de prestar tales servicios.

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pendiente la discusión en lo particular–, el PAN y la mayoría priísta rechazaron que se especificara que esas asociaciones público-privadas no deben operar en seguridad pública, educación y salud. Labastida dijo que en el artículo 10 del dictamen se señala que en ningún caso podrán otorgarse permisos, autorizaciones o concesiones para la prestación de servicios en materia de petróleo y en los demás casos en los que las disposiciones aplicables señalen que no puede intervenir el sector privado. El riesgo de privatización no se elimina, explicó, pues requieren las adecuaciones en las leyes correspondientes. Es decir, un trabajo legislativo adicional. En su exposición de motivos, el presidente Calderón se justifica y señala que “los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer las necesidades de la colectividad, con la

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Si no se vende… se expropia El capítulo tercero de la Ley votada a favor por los senadores, regula la presentación de propuestas no solicitadas. Y señala:

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ste capítulo es de la mayor relevancia en la iniciativa que se presenta a la consideración de esa Soberanía. Prevé que los particulares interesados en desarrollar un proyecto de asociación público-privada, podrán presentar sus propuestas a las dependencias o entidades correspondientes, sin que éstas las hayan solicitado o hayan convocado a concurso. Con ello, se propiciarán condiciones para que el sector privado presente proyectos que, de ser de interés del sector público, puedan lle varse a la práctica. Así, se generan condiciones para que también en el sector privado se originen proyectos de infraestructura pública. La iniciativa parte de la premisa que los particulares pueden identificar proyectos convenientes a desarrollar, y que no sólo las dependencias y entidades responsables promuevan el desarrollo de tales proyectos. Para evitar propuestas poco serias que distraigan recursos y tiempo de la Administración Pública Federal, se propone que las dependencias y entidades establezcan los requisitos y criterios que deben reunir tales propuestas en cada sector, así como dar a conocer anualmente la clase de proyectos que resultan necesarios y pueden ser de interés tomando en conside-


ración los planes y programas, así como las disponibilidades de recursos de las propias de pendencias y entidades. D e igual manera, para que la dependencia o entidad del sector público tenga elementos suficientes para ponderar las propuestas que reciba, se establecen los requisitos que dichas propuestas deberán contener, tales como la descripción del proyecto, rentabilidad social del mismo y la estimación de inversiones necesarias, entre otras. E n caso de que se considere conveniente desarrollar algún proyecto propuesto por el sector privado, será necesario que la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal convoque a un concurso público, con objeto de procurar las mejores condiciones para el Estado, en términos del artículo 134 constitucional. Para incentivar la presentación de proyectos viables, se prevé que el particular que en un inicio haya propuesto un proyecto tenga un premio por su propuesta en la evaluación de su oferta y, en caso de no resultar ganador, que se le reembolsen los gastos por la realización de los estudios preliminares de dicha propuesta. Con ello se concilia que el promovente original tenga un incentivo de presentar su propuesta, por un lado, y que el proyecto se adjudique a quien ofrezca las mejores condiciones para el Estado, por el otro. Con esta fi gura se dará un nuevo impulso a la creación de proyectos por las empresas especializadas que durante muchos años dejaron de desarro llar estos trabajos ante la falta de incentivos para los mismos. El capítulo cuarto se refiere a la adjudicación de los proyectos. Se establece, entre otras disposiciones, que los proyec-

Para incentivar la presentación de proyectos viables, se prevé que el particular que en un inicio haya propuesto un proyecto tenga un premio por su propuesta en la evaluación de su oferta y, en caso de no resultar ganador, que se le reembolsen los gastos por la realización de los estudios preliminares de dicha propuesta. tos se adjudicarán mediante concurso público, en el que pueda participar cualquier interesado que cumpla los requisitos de la convocatoria y bases correspondientes. D e igual manera, y con el objeto de que participe el mayor número de interesados, no se establece la ne cesidad de distinguir entre concursos nacionales e internacionales. Las limitantes para los extranjeros estarán en los ordenamientos específicos q ue regulen el proyecto en particular. En este capítulo se proponen diversos artículos que tienen como finalidad que los concursos se lleven a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad, así como en igualdad de condiciones y sin preferencias indebidas para alguno de los participantes. En los concursos podrán utilizarse mecanismos flexibles de evaluación que incorporen criterios de costobeneficio, siempre y cuando se trate de mecanismos objetivos, definidos y cuantificables, que permitan una valoración imparcial. Es de resaltarse que el proyecto se adjudicaría a la propuesta solvente que

ofrezca las mejores condiciones, sin que ello implique que necesariamente se trate solamente de la propuesta más baja, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Como apoyo al empleo de recursos humanos del país, a la utilización de bienes y servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate, se propone que, en caso de persistir la igualdad de condiciones, la convo cante dé preferencia al proyecto que incorpore dichos conceptos. Con la finalidad de evitar retrasos y costos adicionales que pueden ser de cuantía considerable, se establece que contra las resoluciones de la convocante en el concurso, la suspensión sólo procederá en los supuestos señalados en el artículo 59 del proyecto, consistentes en la afectación sustancial de la solvencia de la propuesta, la probable comisión de algún delito o cuando se genere manifiesta inequidad en perjuicio del inconforme. De esta manera, se evitará retrasar la ejecución del proyecto, con los consiguientes costos que ello implica y, al mismo tiempo, no se deja en indefensión a los particulares que consideren que sus derechos han sido lesionados.


El capítulo quinto regula la adquisición de los bienes para desarrollar los proyectos. En la sección primera se prevén las distintas formas que podrán seguirse para adquirir los inmuebles, derechos y demás bienes necesarios para un proyecto. Se propone que la adquisición pueda realizarse por la dependencia o entidad que participe en el proyecto, por los particulares, o por ambas partes con la mayor flexibilidad. Además, proceder á l a n e g o c i a c i ó n y, c u a n d o ella no sea exitosa, podrá recurrirse al procedimiento de expropiación en los términos previstos específicamente por este ordenamiento. Para que la negociación o, en su caso, la expropiación sea justa para ambas partes, se propone que se realice con base en un avalúo elaborado por un tercero; es decir, por el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales, o bien, por una institución de crédito nacional autorizada y en los términos que señale el Reglamento. Que el avalúo pueda realizarse por valuador autorizado permite la objetividad necesaria para que la adquisición se haga a un precio justo y equitativo para ambas partes. El Reglamento de la Ley señalará los requisitos para autorizar a las instituciones de crédito nacionales que practiquen los avalúos, así como la normativa y los criterios q u e e l I n s t i t u t o d e Av a l ú o s de Bienes Nacionales o las autoridades en la materia indiquen para que tales avalúos sean imparciales, objetivos y bajo supuestos reales.

Con la misma finalidad de objetividad, imparcialidad y equidad, se propone que los avalúos consideren la plusvalía de los bienes por la realización del proyecto. La Ley tiene como propósito incentivar y promover la inversión privada en infraestructura, pero respetando en todo momento la propiedad privada, de modo tal que los particulares que pudieran resultar afectados sean reparados en sus derechos, reconociéndose inclusive la plusvalía de los bienes respectivos. En la sección segunda se propone regular la negociación para adquirir los inmuebles, bienes y derechos necesarios

y para evitar ganancias ilícitas con cargo al Erario, las indemnizaciones que se cub r a n n o d e b e r á n e x c e d e r, e n su conjunto, del valor del bien según el avalúo corresp o n d i e n t e , d e b i e n d o e l p a rticular que detente un mejor derecho establecer su acción legal en contra de quien recibió previamente el precio o la indemnización correspondiente. En atención a la diversidad de situaciones en que se encuentra la titularidad de los bienes necesarios para un proyecto, las negociaciones pueden abarcar un sinnúmero de opciones. Por ello se requiere la mayor flexibilidad posible y, con este fin, expresamente se autorizaría la posibilidad de cubrir anticipos contra la posesión de los bienes de que se trate. De igual manera, en no pocas ocasiones los titulares de los bienes no tienen recursos suficientes para cubrir la parte de los gastos que la enajenación implica, por lo que s e propone que también puedan cubrirse anticipos a cuenta del precio futuro, para que se destinen a estos conceptos. El procedimiento de negociación es deseable, pero no indispensable para acudir a la figura de expropiación. Si las pretensiones de los titulares de los bienes son exorbitadas y fuera de toda proporción, el sector publico federal, en ejercicio de sus atribuciones y dentro del marco jurídico establecido por nuestra Constitución, podrá proceder a la expropiación en los términos previstos en este ordenamiento. De esta manera, la sección tercera de este capítulo se refiere

La iniciativa parte de la premisa que los particulares pueden identificar proyectos convenientes a desarrollar, y que no s ó l o l a s d e p e n d e n c i a s y entidades responsables promuevan el desarrollo de tales proyectos. para un proyecto de asociación público-privada. La experien cia en la ejecución de proyectos de infraestructura demues tra que, en no pocas ocasiones, la ejecución se suspende porque hay titulares de derechos, distintos al derecho de propiedad, que al no ser tomados en consideración durante el proceso de adquisición de los bienes, detienen mediante diversos recursos legales la ejecución de las obras. Ello con el consiguiente costo para el Erario y para la rentabilidad y viabilidad financiera del proyecto de que se trate. Para evitar estas circunstancias, la iniciativa propon e l a p o s i b i l i d a d d e a d q u i r i r, de los titulares legítimos, los derechos que les correspondan sobre los bienes de que se trate. En estos casos,


a la declaración de utilidad pública y a la expropiación. En relación con la declaración de utilidad público, establece que la dependencia responsable hará la declarator i a c o r r e s p o n d i e n t e y, e n c a s o de entidades, éstas lo harán por conducto de su coordinad o r a d e s e c t o r. E n e s t a d e c l a ración, deberá respetarse el principio de publicidad. La mera declaración de utilidad pública no representa para los titulares de los inmuebles, bienes y derechos, afectación alguna. Sin embargo, se utilizará para proceder, en caso de que así sea necesario, para los correspondientes de cretos de expropiación. Por tanto, el régimen propuesto difiere y anticipa la declaratoria de utilidad pública del acto de expropiación y da un lapso para que los particulares argumenten lo que a su derecho convenga. De esta manera, se cumple con el mandato constitucional y con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este particul a r, e n e l s e n t i d o d e o t o r g a r derecho de audiencia a los posibles afectados de una expropiación. Es de mencionarse que la iniciativa propone que para acreditar la causa de utilidad pública bastará el dictamen técnico de la dependencia o entidad en que se demuestre la factibilidad técnica y rentabilidad social del proyecto de que se trate, toda vez que es dicha dependencia o entidad será la mejor capacitada para valorar tales circunstancias. Corresponderá a la autoridad judicial com-

probar que el dictamen correspondiente efectivamente acredite la utilidad pública del proyecto, limitándose a considerar los aspectos jurídicos y dejar los aspectos técnicos a los expertos. To d a v e z q u e l a d e c l a r a toria de utilidad pública es requisito previo para iniciar un procedimiento de expropiación, no puede tener v i g e n c i a i n d e f i n i d a y, p o r ello, la iniciativa propone una vigencia de un año. Si dentro de dicho plazo no se inicia el proyecto de asociación público-privada original, deberá de hacerse una nueva declaración y dar una

habrá expedido con anteriorid a d y, p o r t a n t o , l o s e v e n t u a l e s a f e c t a d o s t e n d r í a n o p o rtunidad de alegar lo que a su derecho convenga, procedería l a e x p r o p i a c i ó n s i n q u e r e c u rso alguno pueda suspender la adquisición y ocupación del bien por parte de la autoridad competente. La circunstancia de que no proceda la suspensión de un decreto de expropiación no implica que los afectados queden en estado de indefensión, ya que, como se mencionó, tuvieron derecho de audiencia en la declaratoria de utilidad pública. Además, siempre tendrán la oportunidad de cuestionar el decreto de expropiación, en cuyo caso la autoridad que conozca del asunto se pronunciará sobre el monto de la indemnización y la persona o personas a quienes deba entregarse. Toda vez que en la expropiación se siguió el procedimiento previsto en el marco constitucional y que, en caso de inconformidades, la autoridad competente determinará si procede indemnización y a quién debe cubrirse, se propone que la adquisición se inscriba en el Registro de la Propiedad sin requisito adicional, con lo que también se reducen cargas administrativas in necesarias que retrasan la ejecución de los proyectos. Al cumplirse todos los requisitos que la Constitución señala para la procedencia de una expropiación, el régimen propuesto en esta ley se utilizará independientemente del régimen de propiedad privada, comunal o ejidal de los bienes a expropiar”.

Con esta figura se dará un nuevo impulso a la creación de proyectos por las empresas especializadas que durante muchos años dejaron de desarrollar estos trabajos ante la falta de incentivos para los mismos. nueva oportunidad a los particulares para que aleguen lo que a su derecho convenga. El separar la declaración de utilidad pública con el decreto de expropiación de los bienes necesario para el proyecto evitará la suspensión en la ejecución de estos proyectos en etapas avanzadas de los mismos, con los altos costos para el sector público federal que tales suspensiones impli can. La discusión sobre la procedencia o no de la causa de utilidad pública se adelanta a una etapa preparatoria, con la consecuente disminución de costos para los proyectos por la suspensión cuando la ejecución ha iniciado y se encuentra bastante adelantada. To d a v e z q u e l a d e c l a r a ción de utilidad pública se


ESTACION SAN LAZARO

El que se enoja pierde Por Rafael Cardona

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l caso más notable, tanto de no vatez como de iracundia, es el de Alonso Lujambio. Cuando los mexicanos debatían en agosto pa sado la pertinencia de los festi vales circenses con los cuales se sustituyó una real celebración del Bicentenario de la Independencia, sordo ante el clamor en contra del injustificable dispendio Lujambio censuró la crítica con argumentos absolutamente autoritarios Conforme avanzan las aguas bajo los puentes de los partidos y se aceleran los procesos de selección tanto de nuevos dirigentes como de eventuales precandidatos, algunos —especialmente los novatos— pierden el temple y estallan en reacciones furiosas cuando se sienten incomprendidos. El caso más notable, tanto de novatez como de iracundia, es el de Alonso Lujambio. Cuando los mexicanos debatían en agosto pasado la pertinencia de los festivales circenses con los cuales se sustituyó una real celebración del Bicentenario de la Independencia, sordo ante el clamor en contra del injustificable dispendio Lujambio censuró la crítica con argumentos absolutamente autoritarios. No sean mezquinos, les dijo a todos los inconformes. Hace un par de días, alborozado en la fiesta de un banquero español, Lujambio la emprendió contra Enrique Peña Nieto, quien canceló su asistencia al Foro México entre Norte y Sur, organizado por la Fundación Botín, sobre cuyo patrono comentaremos algo posteriormente. Lujambio criticó al gobernador del Estado de México con febles argumentos: “…se ha constituido como el prototipo del monólogo. Sus apariciones se reducen a ambientes controlados”. Y sí, en un ambiente controlado (por el Estado Mayor Presidencial), Peña le había dicho horas antes al presidente Felipe Calderón, presente en la Cumbre de Negocios, a la cual acudió como

orador estrella Bill Clinton, lo urgente de la necesidad de otorgarle a la política su verdadera capacidad para lograr las soluciones necesarias para México en diversos campos. De acuerdo con la definición de Lujambio, Peña Nieto es el único monologuista cuyos parlamentos tienen como interlocutores a Carlos Fuentes, Felipe Calderón, Bill Clinton y Carlos Slim, entre otros. Pero el hecho es más simple: Lujambio se siente solo. Si bien Peña no fue a Madrid y lo informó oportunamente a los organizadores, otros sí estaban en la capital de Iberia y dejaron a Lujambio hablando solo. Ese sí fue monólogo. Marcelo Ebrard, quien recientemente va lo mismo a una fiesta o a un velorio, estaba con su colega, el alcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón, quien le entregó la medalla alusiva a su condición de visitante distinguido de la “Villa del oso y el madroño”. Y Francisco Rojas, líder de los diputados del PR I en San Lázaro, tampoco se interesó por los conceptos del secretario de Educación. Para oírlo lo pueden llamar a la Cámara. La Fundación Botín, de la cual algunos humoristas españoles han dicho que en el nombre lleva la fama, pretende entre otras cosas limpiar la imagen del banquero Emilio Botín, cuyos juicios por defraudación fiscal tuvieron como inesperada derivación las acciones contra el juez Baltasar Garzón, quien fue acusado favorecer a su amigo don Emilio. “…La denominada ‘doctrina Botín’ –escribe Carlos Martínez, en Rebelión– tiene su origen en un proceso contra el banquero Emilio Botín por un delito de fraude fiscal, en el que ni si quiera hubo juicio al entender el Tribunal Supremo ‘que en el procedimiento abre viado, no puede abrirse juicio oral sólo a instan cias de la acción popular ’, como no acusó el fis cal ni había perjudicados personados se archivó directamente el proceso contra el banquero...”.


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Rechazo a la propuesta del mando Ăşnico policĂ­aco. Ha polarizado a legisladores, gobernadores y alcaldes

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Por Camila Sandoval Regis/ MUNDO LEGISLATIVO

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pios; no deben castigar al artículo 115”. La iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único de policías a nivel nacional es inviable, advirtió el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete Ruiz. Sostuvo que la corrupción y vicios de los elementos policiacos del país no desparecerá “por arte de magia” con el modelo de policía única propuesto; y también consideró preocupante que el mando único esté en manos de los gobernadores. “No es aceptable creer que sólo con la unificación del mando, el conjunto de vicios y de deficiencias que tienen las policías municipales se van a acabar por obra de magia”. Incluso hasta el propio Vicente Fox propuso a través de su blog que esté al frente un líder profesional y el cargo sea de elección popular. “Se requiere un líder profesional más que un simple jefe de policía, éste deberá ser propuesto por las organizaciones sociales y colegios a través del Congreso, siendo electo directamente por la ciudadanía, sin la participación de los partidos políticos. “El retiro a la brevedad del Ejército Nacional a los cuarteles, la transformación y reconversión de los Ministerios Públicos Federales y Estatales, procesos judiciales más estrictos con leyes como la Ley Antisecuestro. En cambio, el conservador Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apoyó la propuesta del Poder Ejecutivo para instaurar un mando único policial en los estados, por lo que exhortó al Legislativo a concretar este modelo. Los organismos que forman parte del CCE manifiestan su apoyo a la iniciativa de reforma presentada a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo, que propone instaurar un modelo de mando único

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policial en las entidades federativas, se expone en un comunicado de prensa. Estamos convencidos, asegura, de que ajustando los mecanismos y aspectos legales que permitan avances en materia de procuración de justicia a nivel federal, éstos, se pueden replicar a nivel de estados y municipios del país. Para José Luis Piñeyro, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), experto en seguridad nacional y fuerzas armadas, la iniciativa que presentó el presidente Felipe Calderón en el Senado para crear mandos únicos en las policías estatales es un proyecto de largo plazo que cumple objetivos de impacto mediático, y difícilmente será aprobada en lo que resta del actual sexenio. El 11 de octubre pasado, sorpresivamente se anunció que los 11 Alcaldes de Aguascalientes firmaron el acuerdo para ceder el control de sus policías preventivas a un mando único, el cual dispondrá de 2 mil 500 agentes que integran las corporaciones municipales y la Policía Estatal. El mando único lo encabezará el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el General retirado Rolando Hidalgo Eddy. “Hoy todos ustedes han hecho historia por Aguascalientes, hoy los municipios no son menos en cuestión de sus facultades constitucionales, hoy son más fuertes que antes”, dijo el Gobernador, Luis Armando Reynoso Femat, durante la firma del convenio en Palacio de Gobierno.

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ientras el país continúa sumido en la violencia e inseguridad, legisladores y gobierno siguen en interminables discusiones sobre el rumbo a seguir para depurar y controlar a las policías en el país. Asociaciones de alcaldes piden eliminar la propuesta de mando único, mientras el secretario de gobernación Francisco Blake, dijo que “pulirá” la propuesta del Ejecutivo Federal. El presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), Eruviel Ávila Villegas, alcalde de Ecatepec, pidió a los senadores no modificar la Constitución, y permitir la permanencia de la policía municipal con una nueva ruta de coordinación y mayor financiamiento. “No es desapareciendo las policías municipales como se va a obtener seguridad en el país”. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, explicó que en la primera de varias reuniones los legisladores involucrados en la dictaminación de esta iniciativa, evaluarán la pertinencia de aprobar o no la propuesta del gobierno federal. El Estado tiene una “asignatura pendiente”, admitió el senador priísta, pero es necesario buscar rutas de mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad del país. Admitió que “no hemos podido crear cuerpos confiables y eficaces que puedan enfrentarse al poderío de las mafias”. Es decir, que a más de cuatro años que el presidente Calderón declarara la “guerra” al escurridizo enemigo del narcotráfico –sin rostro visible-, y que ya ha costado la vida de más de 35 mil mexicanos, no hay ni estrategia, ni acuerdos y menos resultado alguno. Dulce María Aquino, alcalde de Ciudad Mendoza, Veracruz, secretaría general de la asociación de autoridades locales en México, señaló que los legisladores “no deben violentar la autonomía de los munici-

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La Ley del fuero militar, no impide la impunidad militar Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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Reforma al código militar no es agravio Castigaría secuestro, violación y tortura

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resionado por los organismos de derechos humanos internacionales, el presidente Felipe Calderón, envió al Senado un proyecto de ley que establece que los militares que cometan delitos de secuestro, violación y tortura serán enjuiciados en tri bunales civiles. Los demás agravios quedan en tribunales militares. Presionado, pero sin prisa, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial -9 de febrero pasado- la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, un campesino guerrerense detenido en 1974 por miembros del Ejército y del que desde entonces jamás se supo nada. Luego de más de ocho meses de ese sentencia de la CIDH, el presidente de la República envío la enmienda al artículo 57 del Código de Justicia Militar. De aprobarse la ley, México “estará armonizando su legislación interna con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, señala el proyecto.


por los delitos de desaparición forzada, tortura o violación. La iniciativa de ley para modificar el fuero militar en México presentada por el presidente Felipe Calderón, “no pondría fin a la impunidad actual de los abusos militares”, además de limitar a tres delitos los casos que podría ser enviados a tribunales civiles, la propuesta viola el derecho internacional al pretender fijar un plazo para la prescripción de la desaparición forzada, sostuvo por su parte la organización Human Rights Watch. Ante la propuesta que entregó el Ejecutivo al Senado de la República, HRW pidió a los legisladores mexicanos que modifiquen sustancialmente su “defectuoso” contenido y mejoren la propuesta, pues “las autoridades civiles deben ser capaces de enjuiciar todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Para el organismo, la propuesta de Calderón “reconocería a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos deben remitirse a los tribunales ordinarios y permitiría que los agentes del Ministerio Público militar tengan control sobre pruebas clave”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado se sumó a las críticas de diversos organismos nacionales e internacionales contra la iniciativa de reforma, pues sólo considera que la desaparición forzada, la violación y la tortura sean investigados y enjuiciados por autoridades civiles. En respuesta a las críticas en torno a la iniciativa, l a Secretaría de Gobernación dijo que la reforma enviada al Congreso no pretende eliminar la jurisdicción militar, sino modernizarla. “Los cambios buscan fortalecer el respeto a los derechos humanos, tanto en el ámbito militar como en el civil, protegiendo las garantías del ciudadano común ante los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, al tiempo

de que se salvaguarda la dignidad y los derechos de los militares sentenciados”. Aseguró que es un cumplimiento de los acuerdos de la CIDH, en la búsqueda de afinidad con otros países en el ámbito de los derechos humanos. Por su parte, el presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, expuso que la iniciativa de reforma al código militar no debe interpretarse como un agravio a la institución castrense, sino como cumplimiento de los acuerdos de la CIDH, en la búsqueda de afinidad con otros países en el ámbito de los derechos humanos Señaló que deben asumirse las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que militares sean juzgados por tribunales civiles, cuando se involucren en violaciones a derechos fundamentales. “Hay tres, cuatro resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que las Fuerzas Armadas, tratándose de violación, de tortura o de lo que puede ser privación ilegal de la libertad, no serán juzgadas por las fuerzas militares , sino que serán juzgadas igual que cualquier de nosotros por los códigos civiles”, subrayó el legislador federal. Enfatizó que la iniciativa de ley sobre el fuero militar es fundamental porque gira en torno a las garantías proporcionadas al Ejército en el combate a la delincuencia organizada, así como que el personal castrense se someta a juicio civil, como cualquier integrante de corporaciones policíacas, o ciudadano común.

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Las Fuerzas Armadas le han exigido a Calderón garantías jurídicas para librar la guerra en que las involucró desde el inicio de su gestión. Los legisladores de oposición han presionado para que los delitos cometidos por las tropas sean juzgados por tribunales civiles, por las violaciones tan graves que se han cometido. No obstante la iniciativa, la organización Amnistía Internacional (AI) consideró insuficiente la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Senado de la República para reformar el fuero militar y pidió a los legisladores modificarla para que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sólo así, sostuvo, el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en la materia. AI lamentó el hecho de que el texto actual de la iniciativa propone remitir a la justicia civil a aquellos militares acusados solamente de la comisión de tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación. “Esta iniciativa parece preservar la justicia militar para todos los demás abusos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad”, denunció el organismo a través de un comunicado. Además, agregó, cuestiones acerca de complicidad en abusos cometidos por otros o la desviación de la investigación penal podrían seguir siendo atendidos por la jurisdicción militar. Recordó que las tres sentencias emitidas hasta el momento por la CIDH en los casos de Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú el ministerio público militar no logró encontrar los elementos para proceder contra los implicados precisamente

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CossĂ­o renuncia a presidir la SCJN. Sienta precedente en La Corte Marco Antonio Aguirre Legaria/ MUNDO LEGISLATIVO


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n una inusitada carta hecha pública, el ministro José Ramón Cossío renunció a su aspiración de llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aseguró, ante la gravedad de los problemas de inseguridad y las amenazas a los derechos fundamentales que se viven en el país, prefiere dedicarse de tiempo completo a la defensa de sus ideales. Cossío Llegó en diciembre de 2003 a La Corte y se ha destacado en su defensa a los derechos humanos. Sin embargo también ha sido ambivalente en los juicios en los que están en juego intereses del gobierno o de sectores poderosos. En un hecho que rompe una tradición, la decisión de Cossío deja el paso libre a otros ministros

más conservadores para asumir la presidencia de la Corte por cuatro años, a partir del primer día hábil de 2011, en sustitución del ministro Guillermo Ortiz. Generaron desconcierto los argumentos que usó José Cossío: “Ante la gravedad de los problemas que el país está viviendo en materia de seguridad, ante la enorme desigualdad que mantenemos, ante los reclamos crecientes para acotar los derechos fundamentales o, ante los intentos que se hacen para imponernos visiones sociales homogéneas, he llegado a la conclusión de que mis compromisos e ideales debo realizarlos desde la posición de ministro”. Por su trascedencia, a continuación damos a conocer el texto íntegro, que motivó la molestia de sus compañeros:

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Estimados compañeros: En los últimos días han aparecido en diversos medios comunicaciones que señalan mi pretensión de postularme a la presidencia de la Suprema Corte para el periodo 2011-2014. Una vez abierto el proceso de designación en la pasada reunión “Sumiya VI”, quiero compartir con Ustedes mi posición al respecto. Al hacerlo de manera abierta y por escrito, busco colaborar a la institucionalización de las mejores prácticas de nuestro Tribunal Constitucional. Por las razones que enseguida les compartiré, he tomado la decisión de no participar en el proceso de selección de quien haya de presidirnos durante los siguientes cuatro años. En las palabras que pronuncié al tomar posesión del cargo de ministro, señalé que mi mayor aspiración era contribuir a la construcción constitucional necesaria para sustentar una sociedad auténticamente democrática. Mi objetivo inicial no ha variado. Ante la gravedad de los problemas que el país está viviendo en materia de seguridad pública, ante la enorme desigualdad que mantenemos, ante los reclamos crecientes para acotar los derechos fundamentales o, por señalar un ejemplo más, ante los intentos que desde diversos ámbitos se hacen para imponernos visiones sociales homogéneas, he llegado a la conclusión de que mis compromisos e ideales debo realizarlos desde la posición de ministro. La realización de mi ideario pasa, por decirlo de otro modo, por mi desempeño jurisdiccional. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal conlleva la tarea de coordinar y ordenar los trabajos, fundamentalmente administrativos, de esos órganos. También de realizar funciones protocolarias a nombre de ambas instituciones. Adicionalmente, la necesidad de conducir los debates le impide al Presidente actuar con total libertad e incidir en las discusiones. Al no tener la posibilidad de elaborar proyectos, no puede presentar sus propuestas directamente ante el Pleno, ni actuar en Sala, donde actualmente elaboramos algunos de nuestros más relevantes criterios jurisprudenciales. Es a partir de estas tareas que he llegado al convencimiento de que la incidencia jurisdiccional del Presidente es limitada. Ante la disyuntiva que se me plantea en cuanto a la realización de labores administrativas, presupuestales, políticas y protocolarias conjuntamente con un ejercicio judicial que percibo acotado, estoy optando por posibilitarme un más amplio y comprometido desempeño jurisdiccional. En este momento de la vida nacional, me resulta más significativo tratar de colaborar en la creación de criterios jurídicos útiles para hacer frente a los graves problemas institucionales y, por ello, constitucionales que, desafortunadamente, enfrentamos. Dedicarme ahora a coordinar esfuerzos administrativos y presupuestales o a contemporizar entre diversos intereses, no se corresponde con lo que hoy me constituye. Comparto esta decisión con Ustedes antes de que el proceso de designación continúe avanzando, pues me parece de la más elemental lealtad que conozcan mi posición dado que he sido señalado repetidamente como aspirante a ocupar el cargo. Aprovecho esta ocasión para reiterarles mi amistad y mi deseo de colaboración institucional en el ámbito de mi libertad personal. México, D.F., a 11 de octubre de 2010. José Ramón Cossío Díaz

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Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentes.

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Aprueba Congreso de Chihuahua

Cadena Perpetua

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l Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua reformó, por unanimidad de votos, diversas disposiciones del Código Penal, a fin de establecer la prisión vitalicia o cadena perpetua en la comisión de los delitos de secuestro, extorsión, homici dio múltiple, cuando el asesinato sea realizado por paga y cuando las víctimas sean policías en activo y periodistas, así como trabaj adores y ti tulares de los medios de comunicación, siempre y cuando el homicidio con motivo d el ejercicio de su función. En esa reforma también se estableció legalmente la figura de “secuestro exprés”; además se impone la cadena perpetua cuando el secuestro se cometa bajo ciertas agravantes; al homicida cuando cometan tres o más asesinatos, ya sea al mismo tiempo o en tiempos diferentes; en algunos casos de la extorsión (el cual se incluye en el catálogo de delitos graves), destacando cuando se utilizan a menores de edad en su comisión.

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO También, se eliminan los derechos preliberatorios en el robo de vehículo, secuestro – mismo que se establece como imprescriptible-, secuestro exprés, violación y homicidio. Igualmente se estableció la sanción con cadena perpetua cuando los homicidios se realicen con saña (decapitación, mutilación, quemaduras o descuartizamiento); además, cuando en el secuestro se allane el domicilio, cuando el victimario sea familiar de la víctima o servidor público (principalmente policías o agentes investigadores), o se viole o torture a la víctima; o cuando ésta fallezca en el cautiverio del que fue objeto. A nombre de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Raúl García, afirmó que esa reforma representa una serie de mecanismos importantes para hacer frente a la difícil situación de inseguridad que actualmente priva en la entidad; y destacó que Acción Nacional, al aprobar esa medida, se solidariza con el gobernador César Duarte Jáquez, pero sobre todo con la ciudadanía.


Un comando armado a bordo de varios vehículos irrumpió la madrugada del domingo 24 de octubre pasado, en un domi cilio de Ciudad Juárez, ejecutó a 14 personas e hirió a otras 19, en su mayoría estudiantes menores de edad, cuando se festejaba un cumpleaños que terminó en “masacre” en la colonia Horizontes del Sur. Se trata de seis mujeres y siete hombres y entre las víctimas mortales se encuentran dos hermanos de 19 y 20 años, una niña de 13 y una madre de familia, sin que hasta el momento haya sido detenido algún responsable. Asimismo, los 19 lesionados, entre ellos un niño de nueve años, presentan heridas de consideración y permanecen hospitalizados. En su mayoría son adolescentes d e e n t r e d i e z y 1 7 a ñ o s y, d e acuerdo con los primeros datos médicos, ocho de ellos permanecen en estado crítico. Los sicarios detonaron tres tipos distintos de armas de fuego, con lo cual los peritos en criminalística localizaron en total 70 casquillos percutidos calibres 9 milímetros, 5.56 y 7.62 x 39, mejor conocido como “cuerno de chivo”. Ese mismo día en Tijuana al menos 13 personas fueron ejecutadas en el interior de un centro llamado El Camino AC, ubicado al este de la ciudad.

De acuerdo con datos preliminares, un comando ingresó fuertemente armado para ejecutar al grupo de personas que se encontraba en la sala del centro, mientras que el resto se localizaba en otros sitios de la casa. Por si no faltaran desgracias, la Secretaría de Gobernación ( Segob) lamentó los hechos ocurridos en Saltillo, Coahuila, donde integrantes de una familia perdieron la vida luego de que elementos de la Fiscalía Especial buscaban a presuntos delincuentes. El homicidio de 14 adolescentes y jóvenes en la Colonia Horizontes del Sur en Ciudad Juárez, así como las 14 perso nas ejecutadas en el albergue ‘El Camino de Tijuana’ son una catástrofe humanitaria, coincidieron organizaciones civiles. Los activistas urgieron para que la Organización de Naciones Unidas, la Unicef, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C IDH) intervengan en la frontera mexicana Al mismo tiempo, exigieron al Gobernador de Chihuahua, César Duarte, un cambio radical en el sistema de justicia, y que articule junto con los gobiernos federal y municipal una política social encaminada más allá de injerencia políticas electorales, y que en realidad saque de las crisis a la población.

Se impone la cadena perpetua cuando el secuestro se cometa bajo ciertas agravantes; al homicida cuando cometan tres o más asesinatos, ya sea al mismo tiempo o en tiempos diferentes; en algunos casos de la extorsión, destacando cuando se utilizan a menores de edad en su comisión.

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La coordinadora de la b a n c a d a d e l P a r t i d o Ve r d e Ecologista, Brenda Ríos, afirmó que de esa manera los poderes Legislativo y Ejecutivo están respondiendo a las exigencias de la sociedad, y mandando un mensaje “duro” para inhibir la criminalidad en la entidad. El diputado Jorge Ramírez Alvídrez, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, puntualizó que “hemos escuchado la voz de los chihuahuenses”, y resaltó el trabajo y la coincidencia política entre todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado. Asimismo, advirtió que la cadena perpet ua es tan sólo una herramienta para combatir a la inseguridad, para la búsqueda de la tranquilidad, por lo que destacó que aún existe mucho por realizar en materia de seguridad. El diputado Héctor Barraza del PRD hay una sociedad agraviada que exige una responsabilidad mayor a los intereses partidistas, por lo que “nos solidarizamos con esta propuesta, para mandar un mensaje claro a los chihu ahuenses: no más impunidad”. Apenas una semana después de aprobada esta Ley, quedó demostrado que ni la cadena perpetua inhibirá a los delincuentes.

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El Informe Buscaglia: Bajo control del narco, 60% de los municipios del paĂ­s


• El documento, presentando en Estados U nidos, analiza el com portamiento criminal en 107 países. Según el texto, México ocupa la quinta posición, debajo de Paquistán, en virtud de que fue encontrada una “infraestructura criminal visible” en 63% de los mu nicipios, y en 8% lo que llama la “feudalización del crimen organizado”. • El estudio, titulado “La paradoja de la sanción penal: factores legales y económicos que determinan el éxito y fracaso en la lucha contra el crimen organizado”, refiere que la piratería, la prostitución infantil, el tráfico de humanos y el comercio de drogas es evi-

dente en 63 de cada 100 mu nicipio s, lo que exhibe algún grado de corrupción de autoridades municipales, estatales y federal es. • “Luego está este 8% de municipios feudalizados por la delincuencia organizada, en donde el Ejército ha debido tomar control de las policías locales e incluso se ha debido destituir a la Asamblea Municipal, como sucedió en San Pedro, Coahuila”. • Apenas en junio de 2009, el doctor Buscaglia aseguró q ue en tan solo un año la corrupción municipal avanzó de manera dramática, pues mientras en 2008 el 63% de los municipios mexicanos estaban feudali zados, hoy el 72% de las comunidades lo está”. • D e s t a c a o t r o d a t o : “ E n México, 78% de los sectores económicos están infiltrados por la delincuencia organizada. Esos sectores económicos de alto riesgo (construcción, agropecuario, compañías de automóviles, supermercados) en determinados estados deberían estar sujetos a pesquisas de unidades de investigación patrimonial, pero eso no ocurre.”

• El texto continúa: Mediante “cañonazos” de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. • A demás, en algunas regiones, han desplazado la presencia gubernamental porque ya actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político. • Especialista en el estudio del narcotráfico a escala internacional, Buscaglia completa su análisis: en México el crimen organizado ya entró a la esfera política, “creando estructuras patrimoniales y redes criminales” que está defendiendo, como lo muestran los crecientes índices de violencia en el país. • El peor episodio, dice, es el atentado en Morelia, Mi choacán, la noche del grito de I ndependencia, cuando la población civil fue abiertamente agredida por primera vez con granadas de fragmentación, con un saldo de siete muertos

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• En septiembre de 2008, el investigador especializado Edgardo Buscaglia (catedrático del ITAM y de la Universidad de Columbia, y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU ), presentó un estudio en el que explica que, con la fuerza que le dan las armas y el dinero, el narco ya está dentro de las policías y de las Fuerzas Armadas, interviene en las elecciones y tiene presencia en las instancias gubernamentales.

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y más de 100 heridos. • Para el investigador no hay duda: “Se trató de un acto terrorista” que coloca a México entre las preocupaciones internacionales, por el grado de ingobernabilidad que se evi dencia en su territorio.

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• Dos días después de este crimen, el presidente Felipe Calderón, en una declaración insólita ante la cúpula de su partido, el PAN, dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que exis te “una cobertura de carácter político”, y advirtió sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros part idos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico. • Buscaglia sostiene que en México las redes criminales han desarrollado comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos penales, como secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, asesinatos, extorsiones… y ahora, terrorismo. • De acuerdo con Busca glia, el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia ya es una realidad en la esfera política del país a través de las presidencias municipales, pues afirma que poco más del 63% de las 2 mil 440 alcaldías “están infiltradas” por sus células operativas, y de éstas, un 8% “están totalmente bajo el control del narcotráfico”. • En poco más de 15 es tados, dice, las redes de la delincuencia están bien organizadas, y en buena parte del país operan bajo el cobijo del poder político; controlan sus

estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para defender sus cotos de poder ante las arremetidas del gobierno federal, que no dispone de más herramientas que la represión militar y política, insuficientes para destruir a las empresas del crimen. • Para el investigador, el narco ha dejado de ser un problema del norte de la República. Ahora está instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones infiltrados y su clase política está capturada por esos intereses, pues los narcos disponen no sólo de im punidad sino de infraestructura criminal visible para operar. • “En muchas regiones y municipios hay ganaderos, em presarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales, que se traducen en una suerte de fiscalización criminal para poder operar con cierta libertad sus negocios”. • Con base en la información de que dispone, y en su experiencia como analista internacional del crimen organizado –ha estudiado el fenómeno en 50 países del mundo –Buscaglia no duda que el Congreso (y las legislaturas de los estados) pueda estar infiltrados por las organizaciones criminales, y expone sus razones: • “Los hombres del narco no sólo quieren impunidad sino poder político y algo más: el control del Estado, como pasó en Colombia y en Italia. Esto es propio en un sistema en transición, sin instituciones ni gobernabilidad que permitan los controles, lo que ha generado que los grupos cri minales, en lugar de ser con trolados por el poder político,

como ocurría antes, ahora es tén capturando al Estado y a los átomos políticos. Además, estos grupos criminales están peleándose entre ellos para tomar posiciones territoriales y el control de los bienes y servicios.” • “El narco quiere todo el poder. Avanza infiltrándose en las instituciones, corrompiendo actores políticos y finalmente feudalizando las estructuras públicas. ¿Para que le sirve un diputado al narco? Para frenar la política pública, la promulgación de leyes y de instrumentos jurídicos; favorece al grupo criminal al que sirven en la medida en que entorpece al Estado para poder investigar, acusar y más tarde procesar causas. • Buscaglia advierte riesgos en la próxima reforma constitucional y de S eguridad Pública que comenzará a discutirse en este mes, pues afirma que las presuntas piezas del narco en el Congreso pueden bloquear, entre otras, la ley de extinción de dominio, con la que se podrán destruir los feudos patrimoniales del narcotráfico” • E l a c a d é m i c o a ñ a d e que precisamente porque hay el riesgo de que el narco corrompa a legisladores, esas reformas y el cúmulo de leyes a modificar no pueden ser dejadas sólo en manos de un grupo se senadores y diputados que a puerta cerrada decidan cuáles van a ser esos instrumentos legales. “Debemos asegurarnos que esa discusión sea amplia y abierta a la sociedad civil, para que no se capture al Estado a través de esas leyes secundarias que van ser clave contra el crimen”, apunta.


Arde París Las nuevas amenazas de la economía mundial MUNDO LEGISLATIVO

nado votó definitivamente la reforma y la aprobó, desoyendo a la sociedad. Y haciendo caso a los organismos internacionales. La celebración de la Cumbre del G20 en Toronto -el 26 y 27 de junio pasado- se encontró arropada por un escenario que muestra signos más alentadores de la recuperación económica mundial. Sin embargo, este encuentro entre países industrializados, economías emergentes y organismos internacionales fue un punto de inflexión para abordar la crisis fiscal que azota a los países europeos y que amenaza con una nueva contracción de la economía mundial. Si bien las Cumbres del G20 en Washington, Londres y Pittsburgh focalizaron su atención en la formación de nuevos consensos internacionales para reforzar la gobernabilidad económica mundial tras la crisis financiera global del 2008 y prevenir nuevas

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ás de 340.000 franceses han tomado las calles en distintas ciudades del país, según cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, que apuntó que la cifra era ligeramente inferior a la de otras jornadas de protesta Los sindicatos franceses mantienen el pulso al Gobierno francés crecidos por las consecuencias de días consecutivos de huelgas y manifestaciones, que incluso han puesto en alerta a los principales aeropuertos del país. Con la suma a la causa de los estudiantes y los llamamientos de los representantes de los camioneros a bloquear rutas y centros de abastecimiento, las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el aumento de la edad de jubilación de los 60 a los 62 años, han tomado un nuevo impulso. Pese a ello, el Se-

Por Rina Mussali/

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debacles mediante la instrumentación de reformas a la arquitectura financiera mundial que incluían una dosis de resistencia hacia medidas proteccionistas, la Cumbre de Toronto deberá cerrar filas en el mismo sentido, ahora para sortear la crisis de la Euro-zona y el riesgo de contagio a otros países. En otras palabras, la aspiración de algunos países de instrumentar un paquete de medidas Post-Crisis quedó frustrada por la amenaza de la crisis fiscal y de deuda que se vive en Europa. Una crisis que ha tenido como respuesta inicial el desmantelamiento de los mecanismos de seguridad y protección social que alimentaron el Estado de Bienestar Europeo, uno de los más grandes legados públicos que haya hecho el viejo continente al mundo. Bajo este contexto, el Ministro de Finanzas de Canadá, Jim Flaherty ha señalado que el tema “número uno” de la Cumbre de Toronto será la crisis financiera europea y los elevados déficits y gastos públicos. Asimismo el tema de la regulación bancaria tomará un lugar clave en la agenda, tomando en cuenta que la reunión de Busan en Corea del Sur, el G20 no alcanzó un acuerdo para instrumentar un impuesto bancario global en aras de solventar futuros rescates financieros, una iniciativa que no encontró eco en países como Canadá, Japón y Brasil en contrapropuesta con Francia y Alemania. No perdamos de vista que esta Cumbre del G20 fue precedida por la Cumbre del G8 también en Toronto, un instrumento de consulta de los países más poderosos del mundo, que se les cuestiona por su carácter excluyente, falta de representatividad y poca efectividad en la toma de decisiones mundiales.

La Crisis en la Euro – Zona

Europa está volcada hacia el desmantelamiento del Estado de Bienestar, un viejo modelo que soportaba todo el sistema de seguridad y protección social que hoy se ve amenazado por la crisis fiscal y de endeudamiento que ya contagia a sus países. Se trata de una situación que engloba a toda Europa en donde países con fuertes déficits fiscales como Grecia, España, Irlanda y Portugal han obligado a instrumentar planes de emergencia en otros países como Italia, Gran Bretaña y Hungría. La austeridad fiscal, los recortes gubernamentales, el saneamiento de las finanzas públicas, las reformas laborales y la regulación bancaria son las medidas de ajuste que se disputan contra los salarios altos, la salud gratuita, las prestaciones laborales, el seguro de desempleo y las jubilaciones tempranas que han sido el corazón del modelo de bienestar social europeo y que hoy amenaza con desmembrarse, a pesar de las grandes protestas sociales. La misma Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE, ha apuntado que los gastos de protección social

en la UE alcanzaron el 27% del PIB en 2006. El estallido de Grecia relacionado con el despilfarro de recursos públicos, evasión fiscal, corrupción endémica y falta de transparencia ha hecho que este país subvencionado por la UE alcance un déficit del 14% de su PIB, que lo han obligado a iniciar la privatización de servicios básicos. Por su parte, el milagro español pronto cedió a una crisis económica mayor que obligó al Parlamento a aprobar un recorte por 15 billones de euros, una crisis que ha dejado a España un 10% más pobre de lo que era y con un récord histórico de desempleo que ronda el 20%, según el diario El País. Aún cuando Hungría opera fuera de la órbita del euro, no perdamos de vista la reciente tormenta desatada por el nuevo gobierno del Presidente húngaro Viktor Orban, que acusó al gobierno socialista anterior de ocultar la situación fiscal tan grave del país, insinuando el riesgo de una suspensión de pagos. Las presiones también se dejaron sentir con el nuevo gobierno del Primer Ministro Británico, David Cameron, quien prepara


América Latina frente a la crisis fiscal en Europa América L atina está saliendo mejor librada de la crisis económica mundial del 2008, frente a las economías avanzadas. La contracción de la economía se dejó ver por la caída en las exportaciones, remesas y turismo que deprimieron los niveles de vida y profundizaron la deuda social en nuestros países. Sin embargo, en el 2010, América L atina se enfiló

hacia la recuperación y hoy las perspectivas de crecimiento de la región han mejorado sustantivamente. Dentro de esta recuperación los países Sudamericanos salen mejor librados que las economías de México y Centroamérica que mantienen una concentración excesiva de sus relaciones comerciales con EU. Sin embargo, la crisis financiera de Europa golpea más a las economías al Sur de América, aún cuando éstas han diversificado sus mercados y China se ha convertido en el mayor destino de sus exportaciones, un signo de preocupación para la CEPAL, cuyo 33 periodo de sesiones en Brasilia alertó sobre los riesgos de crear una “nueva dependencia” de América Latina hacia China. Ello no quiere decir que América Latina está exenta de los efectos de la crisis financiera europea, según el Eurostat, el 6% del total del comercio exterior de la UE es con los países latinoamericanos. No obstante, pensemos en la relación económica entre México-España, siendo el país ibérico el segundo socio comercial y el primer inver-

sionista de los países de la UE en México. En los últimos diez años, las empresas ibéricas realizaron inversiones en México por más de 34,000 md, según cifras de la SE, lo que pudiera contraer los flujos de inversión extranjera directa, además de la situación inquietante de la banca española, el eje rector del sistema bancario mexicano. América Latina está amortiguando con mejores capacidades la crisis de la euro-zona, nuestros países se caracterizan por un historial que ha privilegiado el saneamiento de las finanzas públicas y la disciplina macroeconómica desde el Consenso de Washington. Pese a ello, nuestra región se verá afectada por la caída en la demanda del viejo continente, el surgimiento de medidas proteccionistas, el endurecimiento de las políticas migratorias y la caída en la ayuda oficial para el desarrollo, entre otros factores. Llama mucho la atención el rol que está jugando Brasil en esta crisis, el país sudamericano que prestará 286 millones de dólares para apoyar a la economía griega mediante el paquete de ayuda del FMI.

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recortes dolorosos para reducir el déficit público cercano al 13% de su PIB. La caída de Grecia y los apuros en las economías más vulnerables de la UE no sólo ponen al desnudo el destino y la viabilidad del euro, la divisa europea que se ha depreciado fuertemente frente al dólar, sino también la naturaleza de la globalización que ha atestiguado numerosas crisis que no ceden en parar.

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¿Ser o no ser? Por Sanjuana Martínez*/ MUNDO LEGISLATIVO

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¿Cuáles son los cambios que un país invadido por la narcoviolencia y la narcopolítica va experimentando día con día?

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on tantos, que desde mi quehacer periodístico la vida no me da. Intento pues desde mi po sición de observadora crítica e independiente exponer solamente algunos. Me pre ocupa lo social. La desc omposición del tejido social. El deterioro paulatino de la convivencia. El primitivismo frente al otro. El “sálvese q uien pueda” que olvida por decreto a los demás. Digo esto porque, en el caos en el que es tamos inmersos los mexicanos provocado por el espanto y el esperpento de la violencia más salvaje a nivel cotidiano, surgen luces de aliento. Señales que nos indican que no todo está perdido. Que la esperanza sigue estando en la sociedad civil, en eso que Carlos Fu entes llama el “tercer sector”. Los esfuerzos colectivos son importantes. L a sociedad mexicana se organiza y existe actualmente una especie de despertar civil. Pero las iniciativas individuales hacen la diferencia. Pertenecen a aquellos que se salen del rebaño. Personas que deciden romper con las reglas no escritas, con la inercia rutinaria o los cánones establecidos. Es la historia de Marisol Valles García, una estudiante de 20 años que decidió aceptar ser directora de la Policía Municipal de su pueblo, Praxedis G. G uerrero, en Chihuahua . Un puesto que obviamente no fue peleado por casi nadie a pesar del desempleo que lacera a la clase trabajadora. Por obvias razones ese tipo de puestos quedan vacíos. Casi nadie quiere arriesgarse a la disyuntiva del “¿plata o plomo?”. Marisol dijo “si” y cuando le preguntaron si tenía miedo, contestó: “Todo mundo tiene miedo. Es muy natural. Lo que me motiva es que el proyecto es muy bueno y se puede hacer mucho

por mi pueblo, y sé que vamos a poder cambiar y quitar ese... un poco de miedo en cada gente”. Marisol no es nueva en esto. A su corta edad, trabajaba como secretaria del comandante de la Policía Municipal, pero el alcalde vio en ella, cualidades suficientes para invitarla a tomar un nuevo reto. Es estudiante de criminología y ella pensó que sería interesante afrontar un puesto que al parecer nadie quería ni regalado. La mayoría de las corporaciones policiacas a nivel municipal, estatal y federal que existen en México con un total de 400.000 mil elemen tos han sido penetradas por el crimen organi zado. Un policía local gana apenas 4.000 pesos mensuales, unos 300 euros. Por lo tanto, para “comprar” un policía apenas se necesitan 5.000 pesos cada mes, como señala la revista “The Economist” en su más reciente número. La imagen de corrupción que existe en torno a las distintas policías es absoluta y lamentable. Pero Marisol esta empeñada en ofrecerle algo distinto a sus conciudadanos. Quiere que la gente empiece a creer en los uniformados: “Quiero que la gente confíe en sí misma y en nosotros para que puedan invitarnos a sus casas a comer, a platicar con ellos, a ver sus necesidades, simplemente para decirles más sobre los valores y los principios... para lograr la prevención”. Tal vez, eso es lo que necesita México, gente que ofrezca aire fresco al ambiente enrarecido en el que vivimos. Mujeres y hombres sin estar contagiados de desaliento, desesperanza o re sentimiento social. Marisol es parte de la ilusión que aún nos sostiene a muchos.

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