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LETRAS E IMÁGEN

“MasAgro”, nuevo programa de SAGARPA al campo

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Mundo Letras e Imágen Legislativo

w w w. e n l a c e l e g i s l a t i v o. c o m

Marisela Morales: No obedezco Órdenes políticas del presidente

mundolegislativo.blogspot.com

Nuevas leyes contra la trata

Investigación especial de la corrupción en PEMEX

Una Ley que no modifica nada

ENTRE-PÁGINAS

Sancionarán todos los anuncios pornográficos

Ángel Díaz-Caneja. Academia y Corrupción Rafael Cardona. Estación San Lázaro Ricardo Monreal. Del MP a la Contraloría Fernando Dworak. ¿El nuevo PemexGate?

Año VII. No. 74 30-abril-2011

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DIRECTORIO Francisco Ramírez R. Director mundolegislativo@hotmail.com “Estación San Lázaro” Rafael Cardona Sandoval Crónica Parlamentaria Patricia Arnaud Colaboradores Miguel Ángel Ramírez; Mariana Abad; Julieta Campos; Julio León Sardaneta; Rina Mussali; Marco Antonio Aguirre Legaria. EML-Global Sintesis y Página WEB Jorge R. Ugalde Diseño L.D.G. Saby Ramírez Chávez. saby@linea-creativa.com.mx Agencias-Fotografía Punto y Línea Comunicación Mundo Legislativo Dirección Comercial Guadalupe Ugalde Inestrillas Tel 5513-1293 E-mail: mundolegislativo@hotmail.comx C.F.C. 5671. México, DF. C.P. 14650 E-mail: mundolegislativo@hotmail.com • MUNDO LETRAS E IMAGEN LEGISLATIVO • © Año VII. No. 74 Edición 30 de abril 2011. Editor responsable: S. Francisco Ramírez R. Reserva de Título No. 04-2004-102617472400- 102. Certificado de Licitud 14366 y Certificado de contenido 11939 Prohibida la reproducción. Impreso por Publigrafic Internacional S.A. de C.V. Distribuida por ML. Aguascalientes 199. Col. Cuauhtémoc, México, D.F.

En portada Los diputados aprobaron nuevas leyes en contra de la trata de personas. Por fin hay noticias buenas, en medio de tantas malas.

EDITORIAL No todo está perdido El Congreso acaba de dar otro paso más para ampliar las garantías de los mexicanos, en el marco de una ola de violencia inédita e impredecible en México. Como nunca antes, reformas a Derechos Humanos, al amparo y ahora la Ley para castigar la trata de personas, hacen avanzar los tipos penales en la materia, tan necesarias como su aplicación en un país que ha sido llevado a un colapso social que llega al límite. El congreso aprobó expedir la Ley General en materia de trata de personas, que tipifica como delito grave el secuestro, la violación, el homicidio doloso y la delincuencia organizada. La ley, enviada a los congresos estatales para su ratificación, incluye en el tema de los derechos de las víctimas, el resguardo de su identidad y datos personales, para que en el proceso penal se cumplan las mínimas medidas de seguridad. El resguardo de la identidad y otros datos personales aplicará cuando los afectados sean menores de edad, se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. No obstante, de nada servirá seguir haciendo leyes que avancen en el papel, si existe un gobierno ineficiente e ineficaz para hacerlas cumplir, como ha quedado demostrado hasta ahora, donde el reino de la impunidad ha sentado sus reales en el país. Apenas una semana después de aprobada esta Ley contra la trata de personas, nada menos que Naciones Unidas, denuncia al mundo las violaciones a derechos humanos y las irregularidades dentro de las estaciones migratorias en México. Persisten de acuerdo con dos informes, elaborados por separado, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la red Sin Fronteras, que coinciden en las “pobres condiciones” de algunos centros de internamiento de indocumentados, donde se registran tratos crueles e inhumanos, hacinamiento y falta de atención médica. A esto se suma el descubrimiento de 126 cuerpos de personas que fueron masacradas en Tamaulipas; el “descubrimiento” de 12 mil niños que han quedado huérfanos ¡sólo en Ciudad Juárez!, donde sus padres fueron asesinados; amén del desorden y la inseguridad generalizada en la mayor parte del país. Un día después de que con golpes en el atril, Felipe Calderón demandó no confundirse en el deseo político de atacar al gobierno federal y exigir que “El ya basta” vaya a los criminales, el Senado en mayoría exhibió la incapacidad del Presidente, al inaugurar su nuevo edificio. Francisco Labastida Ochoa advirtió que se requiere “un cambio de rumbo” porque “la violencia crece incontrolablemente”, ya que el número de muertos ligados al crimen organizado fue más de cuatro veces superior en 2010 que en 2007. Además “hay una enorme, vergonzosa e inaceptable impunidad”. El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que “la violencia física y verbal amenaza con exacerbar temores y diferencias”. Y Advirtió: “Hay que restablecer el orden para darle rumbo al país”. El coordinador petista, Ricardo Monreal, dijo que mientras se festejaba “con fastuosidad” las nuevas instalaciones, 16 personas habrían sido ejecutadas en el país, para sumarse a las casi 40 mil caídos Así pues, por un lado avanzamos y por otro retrocedemos.


Expide el Senado, la Ley General en materia de trata de personas

Delito grave

Por Guadalupe Ugalde/ MUNDO LEGISLATIVO

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on 77 votos a favor y una abs tención, el Senado aprobó expedir la Ley General en materia de trata de personas, que tipifica como delito grave el secuestro, la violación, el homicidio doloso y la delincuencia organizada. A d e m á s , l a l e y, e n v i a d a a l o s c o n g r e s o s e s tatales para su ratificación, incluye en el tema de los derechos de las víctimas, el resguardo de su identidad y datos personales, para que en el proceso penal se cumplan las mínimas medidas de seguridad. El resguardo de la identidad y otros datos personales aplicará cuando los afectados sean menores de edad, se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuen cia organizada . Ta m b i é n c u a n d o a j u i c i o d e l j u z g a d o r s e a necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa, según el dictamen avalado este jueves por el pleno senatorial. Con esta reforma, la trata de personas se incorpora a los delitos graves, en los cuales el juez declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, ante el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. A fin de dar respuesta efectiva y contundente al problema de la trata de personas, el Senado aprobó modificaciones a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política.

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el secuestro, la violación, el homicidio doloso y la delincuencia organizada.

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El resguardo de la identidad y otros datos personales aplicará cuando los afectados sean menores de edad, se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. L a s r e f o r m a s i n c o r p o r a n a l a t r a t a d e p e rsonas a los delitos en los cuales el juez ordenará por oficio la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, así como para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de trata de personas, el resguardo de su identidad y datos personales.


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Con la aprobación del dictamen se fijan bases para el establecimiento de una política criminal integral en materia de trata de personas que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, persecución, sanción y combate en su más amplia extensión de este delito. Se faculta al Congreso a expedir una Ley General en Trata de Personas -a pesar de existir una-, que será un instrumento jurídico adecuado en el que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad puedan dar mejores resultados. El ordenamiento deberá establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. En el dictamen se especifica que México es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, por lo que armonizar las leyes nacionales a niveles regional e internacional, es primordial para allanar los vacíos donde pudieran operar las redes delictivas. Además, precisa que sólo cinco entidades han legislado para erradicar y prevenir la trata de personas: el Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo León, Tabaco y Tlaxcala. Al man ifestar su voto a favor, el senador Santiago Creel Miranda, del PAN, señaló que la trata de personas es una de las condu ctas delictivas más perversas, que ocurre desafortunadamente en cifras de cientos de miles en el país.

Además, es una forma moderna de esclavitud, incluso de secuestro, donde 80 por ciento de los casos es cometido contra mujeres, puntualizó. Agregó que al ser un delito trasnacional es uno de los negocios más rentables del crimen organizado con utilidades de 9 mil millones de dólares anuales, por lo que aprobar las reformas complementa los cambios recientes en materia de derechos humanos. El senador Rubén Fernando Velázquez López, del PRD, se ñaló que la trata de personas se ha incrementado de manera alarmante en los últimos años, debido factores como el endurecimiento de políticas migratorias de países industrializados y a que por muchos años no fue considerado como pro blema estructural sino como episodios aislados. Urgió a establecer un nuevo marco legal nacional e internacional así como políticas públicas para enfrentar el fenómeno,

la trata de personas es una de las conductas delictivas más perversas, que ocurre desafortunadamente en cifras de cientos de miles en el país.

así como estudiar la disparidad entre el número de víctimas identificadas y de los tratantes enjuiciados, ya que la cantidad de procesamientos judiciales y fallos condenatorios son in dicadores importantes de un avance. El senador Ricardo Monreal Ávila dijo que a pesar de que México, desde hace casi un siglo, formaba parte de la tradición jurídica internacional que reconocía el flagelo de la trata de personas, fue hasta el 27 de marzo de 2007 que se publicó una reforma al Código Penal Federal vinculado con la trata de personas, así como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata. Con estos cambios --dijo el coordinador del PT-- se res ponde a un compromiso internacional para adecuar e incorporar en la Const itución el término trata de personas. Sin embargo, reconoció que la reforma se presenta cuatro años más tarde, “cuando era impostergable y requería primeramente la reforma constitucional y la creación de la Ley”. El dictamen aprobado, se turnó a los Congresos de los Estados para dar cumplimento al Artículo 135 de la Constitución Política.


Los anuncios publicitarios de prostitución serán sancionados

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on 401 votos a favor y 6 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, con la que se sancionará hasta con 18 años de prisión a quien contrate publicidad por cualquier medio de comunicación y al que publique los anuncios que busquen promocionar, difundir y facilitar esta práctica delictiva. Es así que la reforma anexa un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en la que se fundamenta que este delito se sancionará de seis a doce años de prisión y con multas de hasta mil quinientos días; pena que se agravará hasta dieciocho años de prisión y dos mil doscientos cincuenta días, si es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad. El dictamen argumenta la urgente necesidad de establecer legalmente las medidas preventivas que inhiban la trata de personas, a través del desarrollo de bases legales de una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la trata de personas, toda vez que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad. Se alerta que la trata de personas es un delito que constituye un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos,

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO por lo que es un problema de orden público mundial. “La vulnerabilidad de algunos grupos sociales es aprovechada por organizaciones delictivas para extender sus redes de tráfico de personas para la explotación sexual”, argumenta. En la exposición de motivos, se explica que los anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, Por lo anterior, se afirma que estos medios publicitarios fomentan la práctica del delito de trata de personas, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, es decir, la trata de personas. Se establece que el desarrollo de nuevas tecnologías ha contribuido a acrecentar este problema, toda vez que no existe una prohibición a la publicidad que tenga contenidos pornográficos. Igualmente, se adiciona un inciso a la fracción III del artículo 13 de esa disposición para que la Comisión Intersecretarial de manera preventiva, en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, fomente acciones tendientes a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto.

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Aprueban diputados reforma a la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas

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Diputados investigan

denuncias contenidas en el libro

“Camisas azules, manos negras”

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En su calidad de presidente de dicho grupo de trabajo, anticipó que pedirán información no sólo a PEMEX, sino a otras dependencias y entidades federativas involucradas. Los trabajos de la Comisión están lejos de asemejarse a la Santa Inquisición, dijo. Penchyna Grub celebró que Acción Nacional muestre disposición, a pesar de que demoró la designación de su representante.

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l instalar formalmente los trabajos de la Comisión Especial Pluripartidista encargada de investigar las denuncias contenidas en el libro: “Camisas azules, manos negras”, David Penchyna Grub anticipó que solicitarán información no sólo a Petróleos Mexicanos (PEMEX), sino a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como a entidades federativas involucradas, a fin de realizar un examen puntual y profesional, que dé cumplimiento al mandato formulado por el pleno camaral. En su calidad de presidente, aclaró que los trabajos de la Comisión lejos de semejar a la Santa Inquisición, se concentrarán en el análisis de las 56 pruebas documentadas, que ofrece Ana Lilia Pérez, autora de la investigación editada por Grijalbo. Tras escuchar las intervenciones de cada uno de los legisladores, representantes de las distintas fuerzas políticas, Penchyna Grub celebró que Acción

Nacional haya manifestado su disposición a trabajar, pues una de las razones por las que demoró la instalación de la Comisión Especial, fue que la bancada panista no acreditaba a su diputado correspondiente. Asimismo, subrayó que el tema principal a debate, son las 56 pruebas documentales públicas de una paraestatal en la que una red de involucrados no tiene nada que ver con César Nava, sino con el Consejo de Administración, encargado de la asignación de contratos que la ley, por mandato constitucional, obliga a la licitación y que fueron asignados de manera directa. “Dónde está ese cúmulo de funcionarios públicos, por qué hemos permitido la impunidad”, cuestionó el legislador federal priista. Al reconocer que los mexicanos no merecemos este tipo de irregularidades en una empresa cuya trascendencia histórica no está en duda, el diputado federal hidalguense advirtió que realizarán una labor imparcial, a

partir de las pruebas que otorgadas por la autoridad, para lo cual por cierto, están facultados por la Constitución. Por todo ello, David Penchyna ofreció su mejor esfuerzo profesional, como presidente de la Comisión, dando apertura total para que no se desvirtúen los dichos y se conozca la información de manera puntual, de acuerdo con las pruebas documentadas en el citado libro.


Pasivos contingentes de Pidiregas de CFE e IPAB ascendieron en 2009 a más de un billón de pesos Portal Martínez: Hacienda reasignó gasto por 4 mil mdp d i ciembre de 2009 y el pasivo del IPAB, no reconocido como deuda pública, fue de 755 mil millones de pesos. “Considerando los dos conceptos anteriores, la deuda bruta del Sector Público Presupuestario a 2009 representó el 43 por ciento del PIB. Cabe mencionar que el Fondo Monetario Internacional recomienda que la deuda pública de los países emergentes se mantenga en un rango de 25 a 30 por ciento del PIB”, dijo. Informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del ejercicio 2009, autorizó una reasignación del gasto a efecto de mostrar un equilibrio presupuestario y no reflejar subejercicios, porque consintió afectaciones presupuestarias por 4 mil millones de pesos, provenientes del ramo general 23, para reasignarse a diversas dependencias, entidades y fidecomisos, sin que existieran compromisos de aplicación inmediata. Respecto a los resultados de Seguridad Pública, en el sector

de Funciones de Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), identificó insuficiencias respecto a los registros que integran el Sistema Nacional de Información. También ubicó limitaciones e insuficiencias de operación, así como irregularidades en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN). La ASF, dijo Juan Manuel Portal, encontró que la entrega de equipo para combatir el narcotráfico por parte del gobierno estadounidense, ha sido parcial y se observa carencia de registros sobre la capacitación recibida. En lo que respecta a la procuración de justicia, la ASF determinó que de cada 10 averiguaciones previas, únicamente dos se consignan, y de ellas solo una recibe sentencia condenatoria; “la carga excesiva de averiguaciones encomendadas a agentes del Ministerio Público está entre las causas que explican esta situación”, explicó.

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n el análisis del Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, Sector Hacienda y Funciones de Gobierno, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que los Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), reportaron pasivos contingentes por 323 mil mdp y 755 mil mdp, respectivamente, esta última cifra no fue reconocida como deuda pública. Señaló que la deuda bruta del Sector Público Presupuestario a 2009 representó el 43 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) e identificó insuficiencias de operación en los fondos encargados de garantizar la seguridad pública. Explicó que lo anterior afecta la relación deuda total brutaPIB, toda vez que los pasivos contingentes por Pidiregas de la CFE ascendieron a 323 mil millones de pesos al 31 de

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PEMEX comprometió sus ingresos hasta el 2018

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in autorización del Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos (Pemex) comprometió hasta 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, en un hecho cuyo precedente más próximo es la hipoteca de los ingresos de la paraestatal a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995. Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo fiscalizador del Congreso, encontró que el actual gobierno comprometió una parte de los ingresos petroleros, en una proporción que supera en varias veces el monto de la deuda garantizada con esos recursos, una diferencia significativa respecto de lo ocurrido en 1995. En aquella ocasión la factura por las exportaciones de Pemex fue usada como garantía de un paquete de asistencia financiera por 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones eran aportados por el gobierno de Estados Unidos y el resto por organismos financieros multilaterales. La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar. Según la propia Auditoría, “conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión (en la discusión y aprobación de la reforma petrolera de 2008), Pemex asumió como deuda pública directa la proveniente de sus vehículos financieros Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil

Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO 198.3 millones de dólares, y el Fideicomiso F-163 por 118 mil 557.7 millones de pesos, que utilizó para el financiamiento de proyectos Pidiregas”. Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo financiero creado a finales del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A través de ellos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratan deuda en moneda extranjera y/o nacional con empresas privadas para financiar la construcción de proyectos que no pueden hacer con recursos propios. En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas, que hasta entonces se registraba como deuda de las paraestatales, se contabilizara dentro de la deuda pública. A la fecha, el valor estimado de la deuda Pidiregas en Pemex es de un billón 360 mil millones de pesos, y en la CFE, de 251 mil millones de pesos. La ASF añade que en 2009 quedaron de asumir y reconocer como deuda pública los bonos que en el periodo 1998-2000 contrató Pemex hasta por 5 mil millones de dólares mediante el “vehículo” Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas, y cuyo saldo a 2009 fue de 893.3 millones de dólares, el cual se continuará pagando hasta 2018. Apunta la ASF: “El mecanismo establecido para e l pago del capital e intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex el poner a disposición de un tercero el 71.9 por ciento de la facturación de las ventas al exterior del crudo Maya y Altamira del orden de 18 mil 951.3 millones de dólares, equivalentes


a 247 mil 479 millones de pesos, cifra que podría alcanzar entre 2010 y 2018 un monto de 170 mil 561.5 millones de dólares, a fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses y el remanente se le devuelva a Pemex”. Las cifras aportadas por la ASF significan que Pemex estaría ofreciendo una garantía total por el equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago. “Con este mecanismo –sigue la ASF– además de los efectos que conlleva poner a disposición de un tercero una cartera de esa magnitud, se tienen que pagar comisiones a los diversos participantes en el programa de financiamiento estructurado creado por Pemex en 1998. La ASF “considera que resulta excesivo comprometer las ventas de petróleo crudo Maya y Altamira de clientes designados a un tercero, las cuales representan 71.9 por ciento del total de las ventas de PMI CIM en un ejercicio para pagar las amortizaciones de capital de los bonos en los próximos nueve años, que representan sólo 0.5 por ciento del total de recursos que se comprometieron”. John Saxe-Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que esto indudablemente evidencia que hay una imposición arbitraria de las fuerzas ocultas que han estado en pos del petróleo mexicano y el desmantelamiento de Pemex y de México como Estado-nación.

El también coordinador del programa “El mundo en el siglo XXI”, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM dijo que esta estrategia se parece a la hipoteca de la factura petrolera que entregó en su momento Ernesto Zedillo al gobierno estadunidense de Bill Clinton, que parecía el tratado de rendición incondicional que se firma después de una guerra. Sobre esta nueva hipoteca de la factura petrolera que abarca hasta 2018, John Saxe-Fernández dijo: “Esto da muy mala impresión y huele a pescado podrido, y ameritaría que la Auditoría Superior de la Federación nos ilumine al respecto y haga la investigación respectiva porque alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está beneficiando del patrimonio nacional”. Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de la Comisión de Energía en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, afirmó que con la garantía de la factura petrolera entregada a un tercero “se lee que al gobierno se le está haciendo bolas la falta de planeación en la industria en el sentido financiero y presupuestal”. No es posible, dijo, que los proyectos Pidiregas se conviertan en un cuello de botella. Además, no suena racional que se tengan que entregar esas garantías. Todo esto es resultado de la visión de corto plazo y de una política que sólo responde a la extracción de crudo para resolverle la falta de recaudación de la Secretaría de Hacienda. Carrillo Soberón, integrante de la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), consideró que hay un círculo bárbaro de intereses. “No dudo que haya sido la Secretaría de Hacienda la que haya autorizado esta hipoteca, porque ninguna de estas medidas se hace sin la mano de Hacienda, y por si fuera poco nunca ha respondido al verdadero daño que ha hecho a Pemex”, destacó.

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La ASF descubrió que en 2009 la administración de Pemex aceptó dejar en prenda siete de cada diez dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira (una variedad pesada), para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera contratada por una filial que la propia paraestatal constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, territorio en el Caribe en el que ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.

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¿El nuevo Pemexgate?

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Por Fernando Dworak*/ MUNDO LEGISLATIVO

l pasado martes 15 se anunció con bombo y platillo la creación de la Comisión Especial Encargada de Investigar las Denuncias Ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras, relativo a presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). (1) La comisión tendrá como materia de trabajo lo publicado en el libro Camisas azules, manos negras de Ana Lilia Pé rez (Grijalbo), particularmente en el contrato de despachos ju rídicos por montos superiores a 100,000 millones de dólares para trabajos que correspondan a funcionarios propios de la paraestatal. También verificará la contratación de coadyuvancias en litigios con despachos privados hasta por 31 millones de pesos; la firma de convenios inexplicables con empresas que enfrentaban controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex; y aplazamientos injustificados en la entrega de obras pactadas con empresas a las que se servía sin aplicar penalizaciones. Asimismo, se encargará de investigar el delito de prevaricato, así como la pérdida de forma deliberada de juicios en perjuicio de Pemex y en beneficio de particulares, presuntamente socios. Finalmente investigará la forma de contratos por más de 4,000 millones de

dólares, violatorios del artículo 27 de la Constitución Política. Las acusaciones en el libro de Ana Lila Pérez se centran en el hoy diputado César Nava, cuando fue Director Jurídico de Pemex (2004-2005). Sin embargo y aunque la formación de la comisión genere grandes expectativas, se recomienda precaución a aquellos que ya fantasean con ver al Dip. César Nava tras las re jas con traje de presidiario y barba de tres días: existe un alto riesgo de que el tema se congele y nunca prospere, tal y como nos tienen acostumbra dos nuestros legisladores.

Las atribuciones del Congreso en materia de investigación En primer lugar llama la atención que esta comisión tenga el carácter de especial y no de investigación. Las primeras se convocan para tratar un tema, no tienen facultad de dictaminar iniciativas y se desintegran una vez cumplido el objetivo por el cual fueron creadas. Por lo general se encargan de analizar un asunto que podría ser objeto de regulación. Al contrario, las comisiones de investigación son órganos legislativos de carácter temporal, instados e integrados preferentemente por los distintos grupos minoritarios

(de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por medio de los cuales la asamblea ejerce el control del gobierno respecto de temas de interés público. Sus resultados no son vinculatorios aunque se publican; poniendo así a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa y a fortalecer al Estado democrático. En México las comisiones de investigación se crear o n c o m o p a r t e d e l a r e f o rma política de 1977. De esa forma se otorgó al Congreso facultades extraordinarias de supervisión, como parte de aquel espíritu de estimular la “voz de las minorías”. De esa forma, el tercer párrafo del artículo 93 constitucional establece que una cuarta parte de los diputados estaría facultada a formar comisiones para investigar la operación de las empresas públicas y de los organismos descentralizados del sector para estatal. Sí, como lo es Pemex. Al momento de la reforma constitucional el sector paraestatal se encontraba en auge. En 1977 había 899 entid a d e s y p a r a 1 9 8 2 e r a n 11 5 5 . Sin embargo su contracción durante los años ochenta y noventa a poco más de 200 ha disminuido su importancia relativa. Por ello el debate sobre la reforma a las comisiones de investigación


¿Qué tan eficaz es el Congreso al ejercer sus facultades de vigilancia? La dificultad para crear una comisión de investigación podría llevar a inferir que son mecanismos eficaces de vigilancia. Sin embargo la evidencia muestra lo contrario. En julio de 2009 el Centro de Estudios Espinosa

Yglesias (CEEY) llevó a cabo una evaluación al desempeño del Congreso de la Unión durante la LX Legislatura (2006-2009). (2) Al revisarse las cinco comi siones de investigación que se formaron en la Cámara de Diputados, buena parte fue creada con un fundamento legal erróneo (por ejemplo investigar las fortunas de los hijos de Martha Sahagún, que no tiene que ver con los supuestos del artículo 93 constitucional) o los acuerdos que las forma ron tenían errores tipográficos. Por si fuera poco, ningu na emitió un informe final y tampoco existen registros de sus reuniones en la página de la Cámara de Diputados (www. diputados.gob.mx).

Sin embargo... Dejemos a un lado las suspi cacias y pensemos bien: nuestros diputados están interesados por lo que se conoce por el “bien común” (sea lo que ello signifique). Imaginemos que la Comisión trabaja normalmente, sin interferencias, filtraciones o boicots de uno de sus integrantes (adivinaron: Gerardo Fernández Noroña) y, tras un severo e imparcial periodo de análisis determinan que en efecto el Dip. Nava es responsable de todos los delitos descritos en el libro de Ana Lilia Pérez. Aun así faltaría un buen trecho para que el ex presidente del CEN del PAN pise un re clusorio. Faltaría que la PGR decidiera tomar ese expediente y presentar una denuncia ante el Presidente de la Mesa Directiva. A partir de ahí se iniciaría el juicio de procedencia y podría tomar bastante tiempo – incluso más allá de las elecciones de 2012.

Y algo más: nadie nos ha dicho si las responsabilidades que pudieran derivar han pres crito o no. En breve, es altamente probable que todo este sain e t e q u e están armando los diputados sólo sea parte del golpeteo político previo a las elecciones presidenciales de 2012. ¿Les indigna? No se pre ocupen, a ellos no les importa: en agosto se van a otro puesto sin consultarles.

*Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados (1994-1997). Durante los trabajos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue Secretario Técnico de la Mesa IV: “Régimen de gobierno y organización de los poderes públicos” (2000). En la administración pública federal, fue Director de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación (2002-2005). Ha impartido cátedra, seminarios y módulos en diversas instituciones académicas nacionales. Es Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). En este momento, se encuentra realizando una investigación sobre las prerrogativas parlamentarias. Escribe artículos sobre política en diversos periódicos y revistas. Contacto: fernando@fernandodworak.com www.fernandodwo-

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apunta a la ampliación del objeto de fiscalización, para que puedan abordar cualquier asunto de interés público. Por otra parte la autoridad formal y constitucional otorgada al Congreso en 1977 no ha sido aprovechada en la p r á c t i c a d e b i d o a c o n t r o v e rsias jurídicas y políticas. El texto del artículo 93 dice: “Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados […] tiene la facultad de integrar comisiones para investigar…” Sin embargo no se aclara la extensión o el significado de la “facultad de integrar comisiones”. Esto es, por una parte existe el argumento de que una minoría tiene el derecho de integrar comisiones de investigación con o sin el apoyo del resto de la Cámara. Al contrario, existe el argumento de que una minoría puede tener el derecho de solicitar la formación de tales comisiones, pero que la aprobación final depende de la mayoría de la Cámara, de acuerdo con el principio de mayoría que guía la labor parlamentaria en México. Si se considera que una comisión especial requiere también de la aprobación de la mayoría del Pleno, sigue sin quedar claro por qué no se creó una de investigación.

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La Academia Internacional contra la Corrupción

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Ángel Alonso Díaz-´Caneja*/ MUNDO LEGISLATIVO

l pasado 6 de abril, el Senado aprobó el decreto que contiene el acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como Organización Internacional. A la Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Justicia, les fue turnado para su estudio y dictamen el acuerdo internacional contra la corrupción como organización internacional, hecha en Viena el 2 de septiembre del 2010. El instrumento internacional de referencia surgió de una iniciativa conjunta entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el gobierno de Austria y la Oficina Europea de lucha contra el fraude, y se estableció como principal objetivo el dotar de personalidad jurídica internacional a la Academia Internacional contra la Corrupción. Al respecto, resulta menester señalar que la academia surgió con la finalidad primordial de promover la prevención, así como de luchar contra la corrupción de manera eficaz y eficiente. Lo anterior mediante la enseñanza y formación profesional, la investigación y la formación de asistencia técnica y el fomento a la cooperación internacional. Asimismo, la academia fue dotada de personalidad jurídica internacional plena, a partir de la cual tendrá capacidad jurídica para otorgar por sí los siguientes actos. a) contratar b) adquirir y enajenar bienes, muebles e inmuebles c) entablar y contestar acciones judiciales d) adoptar las medidas necesarias para la plena consecución de sus fines y la realización de sus actividades. Cabe señalar que en el instrumento internacional que crea la academia, se prevé que en sus actividades se respetará el principio de libertad de cátedra, se cumplirán los criterios académicos y profesionales más rigurosos y se tratará el fomento de la corrupción de forma integral e

interdisciplinaria, tomando en todo momento en consideración la diversidad cultural y la igualdad de género. Finalmente en el contenido del acuerdo se señala que el financiamiento de la academia se llevará a cabo por medio de contribuciones voluntarias de los estados que son parte de este convenio, también de aportaciones del sector privado y de otros donantes, así como de ingresos por derechos de la matrícula, entre otros. De acuerdo al trabajo legislativo realizado por las comisiones dictaminadoras, se concluyó que en efecto la finalidad del acuerdo es en todo sentido acorde y congruente con el compromiso que nuestro país ha adquirido en el ámbito internacional, en el combate contra la corrupción. En este sentido, México comparte la preocupación mundial en prevenirla, controlarla y erradicarla, apoyando acciones de la Comunidad Internacional, como es el caso de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Asimismo y considerando las consecuencias funestas que la corrupción engendra en las naciones, poniendo inclusive en peligro su seguridad, las comisiones dictaminadoras consideramos del todo atinada la existencia de la academia, así como la creación del acuerdo en estudio, pues sólo a partir de esfuerzos como el que nos ocupa se estará en la posibilidad de prevenir, identificar y erradicar todo acto de corrupción. En este sentido, solicito el apoyo de todos ustedes, compañeros y compañeras, para proceder en la aprobación del Acuerdo Internacional contra la Corrupción como Organización Internacional, hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010. • Senador de la República. En su exposición de motivos


ESTACION SAN LAZARO

El nuevo Senado panóptica es correcta, sus espacios comunes son amplios y reposados. Pero no es un edificio para dar clases de arquitectura: es un inmueble donde se hace política. No sólo se hacen leyes, esas son consecuencia de la política, del juego de fuerzas. Y en ese sentido se trata (al menos en la imagen inaugural) de un Senado priista. En los meses recientes, cuando el bicentenario era una oportunidad conmemorativa en cuyo fracasado calendario habría quedado bien la nueva sede, ni el PRD ni el PAN tuvieron capacidad para acelerar a los maestros de la obra y terminar a tiempo. Por eso Manlio Fabio les comió el mandado y hasta la foto histórica, la efemérides; lo cual siempre es importante para un político. Sobre todo en tiempos de definición preelectoral. Ayer, a las diez de la mañana, una hora antes de la cita para sesionar, el senador Beltrones personalmente revisaba los lugares de los invitados en el salón de sesiones y pasaba revista a los detalles de la ceremonia. Luego izó la bandera, cantó el himno y estrenó el edificio. Más de media hora después llegó Gustavo Madero quien no pudo apresurar la conclusión ni aprovecho la oportunidad de ser él quien entregara al Poder Legislativo una obra de tantos millones de dólares: lo mismo le ocurrió a Carlos Navarrete. Pero no fue sólo por eso el priismo evidente en la entrega del Senado. Mientras todos estaban adentro en espera de la campanilla inicial, los reporteros esperaban en la escalinata del estacionamiento la llegada de Enrique Peña, quien se convirtió, como siempre, en el personaje más solicitado de cámaras y micrófonos. El PRI mostraba en la solemne ocasión a dos de sus precandidatos mientras

por la veranda superior se paseaba, sin la atención de nadie, Santiago Creel, el autoproclamado aspirante “mejor posicionado” del Partido Acción Nacional cuyos legisladores no pudieron siquiera invitar al Presidente Felipe Calderón y negociar su asistencia con los opositores entre los cuales, por cierto, no estaban los priistas. Las negociaciones para una inauguración presidencial en cuya concurrencia se mostrara la armonía entre los Poderes, se mantuvieron sólidas hasta el martes a las 19 horas cuando salieron del edificio los miembros del Estado Mayor Presidencial quienes ya se habían adjudicado la organización del “evento”. Además de la oposición de los legisladores del bloque izquierdo (PRD, PT, PC) el clima externo (los panchosvilla desde hace tiempo acampados afuera de la Sedesol en contra esquina del nuevo Senado y los furiosos electricistas) produjeron la mudanza en la opinión presidencial. No era conveniente arriesgar ni al presidente ni a la comitiva de manera innecesaria en una zona complicada por la circulación cotidiana. Si algún día don Felipe Calderón llega a entrar a ese edificio, lo hará en su calidad de ex presidente. Costoso el edificio, sí. Inconcluso, sí, como la ciudad misma, como la Catedral Metropolitana, como la democracia, como casi todo en México. Como todos sabemos la zona donde fue sembrada la estructura del Senado (16 mil, toneladas de acero) tiene dos problemas para cualquier obra: sismicidad y suelo flojo. Los edificios cercanos se han hundido hasta siete centímetros por año. De acuerdo con la revista National Geographic, en cuyas páginas se hizo un amplio reportaje de esta edificación, el Senado es un edifico “sobre el agua”.

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ara bien o para mal el arquitecto Javier Muñoz ya le puso su nombre al Paseo de la Reforma. Con menos importancia de la eternidad lograda por aquel ingeniero austriaco Luis Bolland Kümhackl quien por órdenes de Maximiliano trazó la mejor avenida de la ciudad Y también queda en la historia del antiguamente llamado Paseo de la Emperatriz el senador Manlio Fabio Beltrones quien presidió la sesión protocolaria en la inauguración del nuevo Senado republicano; recibió el criticado edificio de accidentada trayectoria y supo de la primera manifestación en la hora inicial de vida, por el amago de asalto de los panchosvilla mientras en el interior pastoreaba su tolerante comodidad el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, rechazando su colusión. Frente a este edificio todos tienen una palabra por decir. Hay quienes critican su costo; algunos más su ubicación. Otros su razón de ser o la sinrazón de haberlo hecho. Hay quien lo crítica (Pablo Gómez) desde el escaño por su apariencia de hotel de lujo. Otros como Ricardo Monreal por la fastuosidad contrastante con el desastre político actual. A mí me queda la impresión inicial: el más grande defecto de la nueva Cámara de Senadores es su ubicación (nomás). Queda estrecho, apretujado entre Reforma y Madrid; contribuye a la congestión de una zona a veces intransitable; no tiene una plaza digna en su entorno (como el museo Soumaya cuya pared linda con la banqueta) y la llegada de cientos de automóviles cada día a una zona sin estacionamientos suficientes, causará más trastornos de los arquitectónicamente previsibles. Por lo demás el edificio tiene aciertos espaciales. Su salón de plenos formal; su

Por Rafael Cardona

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La PGR no adopta estrategias,

ni obedece órdenes del presidente,

afirma la procuradora

Rodrigo Llano/ MUNDO LEGISLATIVO

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l pasado 6 de abril Marisela Morales Ibañez, acudió a la Reunión de Trabajo de las Comisión Unidas de Justicia; Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en la que senadores de las mismas cuestionaron sobre sus intensiones una vez ratificado su nombramiento al frente de la Procuraduría General de la República (PGR). Un día después, el 7 de abril, con 84 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones, el Senado de la República ratificó el nombramiento de Marisela Morales Ibáñez, como procuradora general de la República. Cuestionada por los legisladores de las fracciones representadas, destaca la del senador Pablo Gómez, que reproducimos, por su importancia y significado. S E N A D O R PA B L O G Ó MEZ.- Solamente son 4 preguntas, muy concretas, y espero también de su parte, si

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Marisela Morales

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no tiene inconveniente, unas respuestas muy concretas. Te n g o a q u í u n a c o p i a d e l a C o n s t i t u c i ó n , d i c e , e n s u A rtículo Décimo Cuarto, transitorio, que está plenamente vigente. Dice: “…Artículo Décimo Cuarto: Queda suprimida la Secretaría de Justicia…”. ¿Por cree usted que el Constituyente de Querétaro suprimió la Secretaría de Justicia? - L A C . C A N D I D ATA

MARISELA MORALES: Pues considero que, pues que tal vez pudiera ser por la, porque como lo comentaba, administrativamente depende del Ejecutivo Federal la Procuraduría General de la República. Pero, ya en la cuestión técnica, en la sustantiva, tiene autonomía técnica la Procuraduría General de la República. Entonces, considero que tal vez fue esa


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el por qué de haber suprimido la Secretaría de Justicia ¿no? - EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Le voy a hacer otra pregunta, a propósito de su respuesta. Dice, el Artículo 90, de la Constitución.“La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, conf o r m e a l a L e y O rg á n i c a q u e expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, -que usted acaba de menc i o n a r, p o r q u e e s t á e n l a a d m i n i s t r a c i ó n - q u e e s t a r á n a c a rg o de las Secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación, en la operación de las entidades paraestatales”. De acuerdo con este artículo que yo he leído, dónde ubica usted o cómo ubica usted a la Procuraduría General de la R e p ú b l i c a , c u y o n o m b r e v e rdadero y original es “Ministerio Público de la Federación. - L A C . C A N D I D ATA M A RISELA MORALES: La Procuraduría General de la República forma parte del sistema, del Gabinete de Seguridad, precisamente para la política de Estado, y las bases de coordinación y colaboración que existe entre todas las dependencias de seguridad pública. Entonces, en ese sentido la Secretaría y los presupuestos y que se están, que se otorgan a cada una de las entidades de la administración pues en ese sentido es como se, como se dota de recursos y administrativamente existe esa organización. - E L C . S E N A D O R PA B L O G O M E Z A LVA R E Z : L a t e rcera pregunta es todavía más concreta, porque podría responderla con un sí, con un no. Aceptaría usted órdenes del Ti t u l a r d e l P o d e r E j e c u t i v o . - L A C . C A N D I D ATA M A RISELA MORALES: Admi-

nistrativa, sí. Pero, sustantivas, no. - E L C . S E N A D O R PA B L O G O M E Z Á LVA R E Z : Y, t e n g o u n a ú l t i m a , s i m e l a permite. Usted ha dicho que lo que plantea, de llegar a ser Procuradora General de la República, es la continuidad de la estrategia, y usted misma nos hizo el favor de definir su concepto, que quiere decir esta continuidad de la estrategia seguida hasta ahora: Cump l i m i e n t o d e l a l e y. En realidad el Diccionario de la Academia Española de la lengua dice que estrategia es la traza para dirigir un asunto, de ninguna manera hemos pensado nosotros en el Congreso que hacemos estrategias cuando expedimos leyes, y nuestro concepto de estrategia siempre ha sido conjunto de elementos incluyendo las leyes para llevar a cabo objetivos. Lo que quiero que me explique es cómo podrían las leyes convertirse en una estrategia de combate a la delincuencia general, no solamente a la delincuencia organizada,… todos los delitos que tienen que ver con los delitos contra la federación, y le pido si es tan amable de explicar la relación. -LA C. MARISELA MORALES IBAÑEZ: Bueno, es que la Procuraduría General de la República no hace estrategias de ese tipo, o sea participa en el combate a la delincuencia en el ámbito de su responsabilidad y de sus facultades, pero la aplicación de la Ley es la que le corresponde y en ese sentido no hay otro camino, solamente la aplicación de la ley estricta y ese es su trabajo, no puede variarla de ninguna otra forma, a eso me refería o sea que dentro de t o d a l a e s t r a t e g i a d e l g o b i e rno, la Procuraduría está actuando conforme al mandato constitucional y en aplicación e s t r i c t a d e l a L e y.

Y en ese sentido, si se cambian las personas o si viene otro titular la estrategia, bueno, más bien la función ministerial, y bueno la continuidad, yo hablaba en relación también, haciendo alusión a los programas que ya se vienen desarrollando, hay varios, por ejemplo hay uno, que es justicia efectiva para todo, que es meter sistemas tecnológicos de vanguardia, para efecto de ir modernizando el trabajo ministerial. Ese es uno de los programas que es muy importante que se dé continuidad a esos programas, y algunos otros como de convergencia estratégica donde hay varios puntos y el sistema a una agenda de riesgo donde hay que atender riesgos que ya están detectados y que tenemos que trabajar en esos rumbos y que ya están bien claros los puntos por donde hay que enfocar ese trabajo de la Procuraduría. -EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER: ¿Alguna réplica? Adelante. - E L C . S E N A D O R PA B L O G O M E Z A LVA R E Z : Sí, con mucho gusto, solamente cuatro muy breves comentarios de lo que ha tenido usted la amabilidad de r e s p o n d e r. E l X I V t r a n s i t o rio está ahí, porque la nueva Constitución expedida en Querétaro justamente se hizo sobre la crítica del sistema porfirista de justicia y uno de os pilares de ese sistema era justamente la Secretaría de Justicia, que el que propuso la Constitución, señor Carranza, planteó que el Ministerio Público que ya existía, tomara la función de hacer las investigaciones, que hacía la Secretaría de Justicia, perseguida ante los tribunales que no hacía la Secretaría de Justicia a los delitos, tramitar las órdenes de aprehensión de los jueces, dejando a los jueces


al Procurador y lo remueve, la historia fue distinta a como la Constitución, que hizo que fueran las cosas. Por último, en la última cosa, yo creo que los presid e n t e s d a n ó r d e n e s a l Ti t u l a r de la PGR, no administrativas p o r q u e q u é o r d e n p o d r í a n d a r, no veo yo materia para decir que algún asunto administrativo. Yo h a b l a b a d e l a s ó r d e n e s que da actualmente el Ejecutivo, que es lo que más nos preocupa, nosotros queremos un Ministerio Público de la Federación que sea la representación social de la Constitución. Por último le quiero decir que lamento mucho que usted tenga la idea de que la Procuraduría no genere estrategias propias, porque tiene a su cargo, según esta Constitución la tarea de hacer las investigaciones, para hacer

una investigación pues hay que tener un plan estratégico, cuando se están enfrentando, incluso a bandas de delincuentes también organizadas y … supondría yo que tendrían que generar una estrategia, el hecho de que el Cuartel General de esa lucha no está en el Ministerio Público, sino en Los Pinos, es una anomalía inconstitucional contra la cual seguiremos luchando, porque además da pésimos resultados, según nuestro punto de vista que desde luego está a discusión como cualquier otro punto de vista, pero por sus respuestas, le agradezco muchísimo.

El compromiso de Morales Ibañez La ahora procuradora, dio a conocer su opinión en cuanto a la extinción de dominio en la lucha contra la delincuencia o rg a n i z a d a e l a b a n d o n o y l a vado de dinero. Respecto a la Extinción de Dominio, señaló que hay varias inconsistencias al momento de aplicarla. Sin emb a rg o , “ t e n e m o s u n a s e n t e n c i a que tuvimos la semana pasada de un inmueble en Cuernavaca que ya decretaron la Extinción de Dominio respecto de ese inmueble. Y tenemos actualmente 14 demandas de Extinción de Dominio en la Procuraduría General de la República”. S i n e m b a rg o , e s u n t e m a c o n el propio juez de Extinción de Dominio ya que se ha estado platicando para ir generando criterios e ir poder viendo de qué manera se puede ir avanzando en esta aplicación de esta herramienta que es muy importante. “Nosotros creemos que una vez que se vaya adecuando a nuestro sistema y a la realidad de nuestro país, va a dar un excelente resultado… porque una de las cosas

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con una serie de atribuciones menores que las que tenían en la época. Entonces a la fecha esta reforma del aparato de justicia, de impartición de justicia, que sí fue una reforma de fondo y orgánica, la Procuraduría tomó la función del Ombudsman, de la representación social en sus manos, motivo por el cual no forma parte, voy a la siguiente cosa, según el artículo 90 de la Administración Pública. L a L e y O rg á n i c a d e l a P r o curaduría podrá decir que está en el ámbito del Poder Ejecutivo, desde el punto de vista administrativo, pero la Constitución dice una cosa completamente diferente, dice que no forma parte de la administración pública, el presupuesto evidentemente lo o t o rg a l a Cámara, que es quien tiene el poder de bolsa. Pero claro, como el Presidente de la República nombra

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más importantes para combatir a la criminalidad, es quitarles el dinero”. Informó que se han decomisado -es el abandono de bienes a favor del Estado- más de 102 millones de pesos. O sea, del total que se ha asegurado es ésta la cantidad que está ya abandonada a favor del Estado. Y en cuanto a dólares, tenemos 315 millones de dólares con 351 mil 812 en dólares, que también ya están a favor del Estado abandonados. “Precisamente el sistema de recompensas, el fondo que existe para pagar esas recompensas, se da precisamente, se saca de este dinero que se le quitó a la delincuencia, de estos 315 millones de dólares. Y es una cantidad de más de 30 millones de dólares la que se fue al fondo de recompensas”, dijo. Previamente, la ahora procuradora general Marisela Morales, ofreció mantener la “vigencia del estado de derecho y para la protección y promoción de los derechos humanos. Conozco, valoro y reconozco el trabajo constante del Poder Legislativo para que las leyes se adapten a las cambiantes

necesidades sociales”. Ofreció su colaboración , cada vez que ustedes así lo requieran, para llevar a buen puerto las iniciativas que están en el ámbito de la Procuraduría General de la República y que se encuentran pendientes de aprobación por el Congreso de la Unión. Uno de los cambios más importantes en el México contemporáneo, del que ustedes fueron autores destacados, les dijo a los senadores, fue la reforma del Sistema de Justicia Penal, con ella la procuración de justicia vive una etapa de transición para evolucionar del sistema inquisitivo mixto al acusatorio adversarial. Para hacerla realidad será imprescindible trabajar en la adaptación de la práctica ministerial, la investigación policial y el trabajo pericial. Según dijo, la tarea no es m e n o r, p u e s s i g n i f i c a c a m b i a r inercias y mentalidades, sobre todo actuar con un compromiso con la verdad y hacer efectiva la presunción de inocencia con protocolos claros y procedimientos sencillos que no se presten a la duda o a la interpretación. En la Procura-

duría General de la República cumpliremos nuestros compromisos con la reforma del Sistema de Justicia Penal. Si ustedes consideran que tengo el perfil y la capacidad para ser Procuradora General de la República me propongo trabajar en tres ejes centrales: el primero es el fortalecimiento institucional, reivindicar la función constitucional del Ministerio Público Federal será premisa para conservar la paz, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Iniciaremos la reconceptuación del sistema de profesionalización de ministerios públicos, peritos y policías con criterios transparentes para medir la eficacia e n e l d e s e m p e ñ o , o t o rg a r e s tímulos y ascenso, y eliminar aquellos aspectos que permiten encubrir ineficiencias. “No se dará espacios para la corrupción de los servidores públicos en la procuración de justicia. Quien traicione la confianza se la aplicarán con el máximo rigor las consecuencias de ley que correspondan, quien no tenga la aptitud para desempeñarse en el cargo tendrá que dejarlo”, según dijo.


Redacción/ MUNDO LEGISLATIVO

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l Senado aprobó, con cambios, la minuta que reforma la Ley General de Salud para establecer la obligatoriedad escolar de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico y prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad que ponen en peligro la salud de los menores. El senador Pablo Gómez Álvarez cuestionó los cambios de las comisiones dictaminadoras, porque “promover una alimentación correcta es menos específico que decir baja en grasas y calorías”, como lo planteaba la Cámara de Diputados. Aseguró que la reforma “no resuelve nada”, ya que plantea la obligación de la educación física a todos los niveles escolares, pero “se dice: no se puede, no hay profesores, no hay dinero, no hay campos, no hay horarios, no hay nada en la mayoría de las escuelas. Es ahí donde está el problema”.

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“Antiobesidad”, una Ley que no modifica nada

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En la misma sesión, el senador Ricardo Monreal Ávila, d e l P T, r e f i r i ó q u e e n t r e 1 9 9 9 y 2006 el sobrepeso y la obesidad de la población escolar infantil aumentaron de 18.6 a 26.8 por ciento. En este sentido, dijo, las escuelas son el lugar ideal para

enseñarles a los menores y a los jóvenes cómo adoptar y mantener un estilo de vida activo, pero muchos planteles de nivel básico no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades. Los senadores modificaron la propuesta de la Cámara


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de Diputados para que el tiempo dedicado a estas actividades pueda ser de manera continua o fraccionada, de acuerdo con “las capacidades humanas y de infraestructura de cada plantel educativo”. Además, los cambios planteados por las comisiones de Salud y Estudios Legislativos y aprobados por el pleno senatorial, contemplan que las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyen las actividades “de promoción para proveer una alimentación correcta que favorezca el desarrollo sano del núcleo familiar”. En este punto, la colegisladora había propuesto que dichas autoridades debían promover “una alimentación equilibrada en proteínas, baja en grasas y azucares que permita un desarrollo sano del núcleo familiar”. La reforma, que había quedado pendiente de votación en la sesión pasada, fue respaldada en lo general con 78 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones. Asimismo, la asamblea senatorial avaló, con 65 votos a favor, una modificación al dictamen para que la Secretaría de Educación Pública promueva el incremento progresivo del tiempo destinado a la actividad física que habrá de practicarse en la jornada académica diaria, el cual podrá ser de manera continua o fraccionada. En la anterior sesión, el senador panista Ernesto Saro Boardman resaltó que el sobrepeso y obesidad en niñas y niños “genera adolescentes obesos y personas adultas con diabetes o hipertensión”, por lo que se exige voluntad a la Secretaría de Educación Pública para que promueva una cultura de la actividad física en los menores. Con los cambios --dijo-- se procura que los 30 minutos se apliquen en la medida en que las instituciones académicas tengan

En este punto, la colegisladora había propuesto que dichas autoridades debían promover “una alimentación equilibrada en proteínas, baja en grasas y azucares que permita un desarrollo sano del núcleo familiar”. recursos humanos, instalaciones y flexibilidad necesaria. Por su parte, el senador Rafael Ochoa Guzmán mencionó que la obesidad en niños y jóvenes es un problema de salud pública que deben abordar los tres niveles de gobierno de manera integral. Sin embargo, acotó, el incremento de horas en la educación física requiere cambios a planes y programas de estudio vigentes, “acción que en este momento no es pertinente”, pues la modificación tendría repercusiones académicas, normativas, laborales, financieras y jurídicas. El sobrepeso y la obesidad, destaca el dictamen, son proble-

mas que afectan en la actualidad a casi el 70 por ciento de la población, encontrando que del total, el 71 por ciento son mujeres y 66 por ciento son hombres entre los 30 y 60 años. La obesidad propicia entre otros padecimientos asma, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión, deformación de las extremidades, edad ósea avanzada, problemas ortopédicos, disfunciones renales e incluso causar la muerte. El dictamen a la minuta que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud fue devuelta a la Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales.


Freno a publicaciones sexuales

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Obligan al Estado el respeto a Derechos Humanos y a indemnizar Se distingue el concepto entre los refugiados y los asilados Ahora las garantías laborales, son también Derechos Humanos La capacidad de investigación en asuntos graves, objeto de otra reforma Por Jorge Ugalde Ramírez/ MUNDO LEGISLATIVO

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on 396 votos a f a v o r, e l p l e n o de la Cámara de Diputados aprobó –el pasado 15 de marzo- cambios en materia de derechos humanos y dejó ‘encorchetado’, para definir en u n a d i s c u s i ó n p o s t e r i o r, q u i é n debe determinar cuándo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede contar con facultad de investigación en casos de violaciones graves a las garantías fundamentales. Entre las modificaciones destaca el “reconocimiento” de los derechos humanos de parte del Estado mexicano y el t e m a d e j a d e s e r u n “ o t o rg a miento”. Otro cambio es que los derechos humanos amplían su significado y ahora será el de derechos humanos y garantías; además, se hace una distinción

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Aprueba el Congreso la reforma Derechos Humanos

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Freno a publicaciones sexuales

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entre el significado de refugio y el de asilo. Y un cambio más a resaltar es que se establece en la Constitución que, aun cuando se instaure la suspensión de garantías en determinados momentos, no se incluirá el derecho a pensar distinto, a profesar algún culto religioso o a manifestar la preferencia sexual. Otro nuevo elemento que avalaron los diputados fue el considerar las garantías laborales como derechos humanos. Todos estos cambios fueron detallados en la defensa de las reformas por el priista Alfonso Navarrete Priva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La parte de la reforma que quedó ‘encorchetada’ tiene que ver también con definir quién será el que determine en qué casos la CNDH atraerá una investigación por graves violaciones a las garantías individuales: si lo hará el presidente de la Comisión, como lo fijó el Senado de la República, o lo hará el Consejo Consultivo, como lo estableció la Cámara de Diputados. To d o l o q u e t i e n e q u e v e r con esta facultad investigadora del ombudsman nacional será abordado en otro momento y formará parte de otra reforma constitucional. Aprobada con 396 votos a f a v o r, 1 6 e n c o n t r a y 1 0 a b s tenciones, la minuta que adiciona el artículo 10 a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para establecer un nuevo régimen de suplencia cuando el titular de esa institución no haya sido relevado. Esta adición indica que si no se ha asignado al nuevo titular cuando haya concluido el periodo del presidente de la CNDH, será el primer visitador quien se hará cargo de atender los asuntos urgentes.

La reforma se dio luego del abierto pleito que entablaron el diario Reforma de la Ciudad de México y la empresa Televisa, en donde ambas se acusaban de promover la pornografía y la venta de favores sexuales a través de sus anuncios. El tiempo para realizar el proceso de designación del presidente de la CNDH no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del periodo para que fuera designado el saliente titular de e s e o rg a n i s m o a u t ó n o m o . En la exposición de motivos, refiere que resulta indisp e n s a b l e q u e s i n o s e d e t e rmina el proceso de elección a c a rg o d e l S e n a d o d e l a R e pública, o en su caso de la Comisión Permanente, no se obtenga la votación o que por cualquier otra razón no se real i c e l a d e s i g n a c i ó n , e s t é a c a rgo el primer visitador general. Especifica que si existe ausencia del primer visitador general, se hará cargo el segundo visitador general, o en su caso, el tercero cuarto o quinto visitadores generales, en ese orden, en tanto no se elija y se designe a la presidencia de dicho organismo.

Sanciones a anuncios sexuales Los diputados también aprobaron, con 401 votos a favor y seis abstenciones, reformas que castigan la publicación en medios de comunicación de anuncios donde se ofrezcan servicios sexuales. De esa manera, modificaron la Ley para Prevenir y Sancion a r l a Tr a t a d e P e r s o n a s y e s tablecieron penas de 27 años de cárcel para los responsables de la contratación de anuncios sexuales. Durante el debate, las diferencias se centraron en

definir con claridad a quién se debe sancionar: si a quien presta sus servicios sexuales o a quienes contratan éstos; finalmente, los cambios se dirigieron a estos últimos. Así, la sanción recaerá en los propietarios de diarios, revistas y medios de comunicación electrónica que publiquen o difundan anuncios que promuevan la explotación y el comercio sexual. La reforma establece que “la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en algunas de las conductas del delito de trata de personas, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de esta ley”. En él se establece que a quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarán de 6 a 12 años de prisión, y de 500 a mil 500 días de multa; además de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días de multa si el delito es cometido contra una persona menor de 18 años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho para resistirse. Por último, se obliga a que los medios de comunicación promuevan el monitoreo para evitar que se violen las nuevas disposiciones. La reforma se dio luego del abierto pleito que entablaron el diario Reforma de la Ciudad de México y la empres a Te l e v i s a , e n d o n d e a m b a s se acusaban de promover la pornografía y la venta de favores sexuales a través de sus anuncios.


Del MP a la Contraloría causas o las raíces estructurales del problema que se pretende enfrentar o combatir. Se está creando prácticamente un nuevo fuero para juzgar a personas físicas o jurídicas que pertenecen principalmente a la clase empresarial o relacionada con las contrataciones públicas cuando tal situación no encuentra justificación ni por razones de carácter pragmático, histórico, ideológico, doctrinario, y en el ámbito. No hay ningún avance, es un “gatopardismo”. Los más emblemáticos actos de corrupción llevados a cabo a lo largo y ancho de la Administración Pública Federal tienen que ver precisamente con las contrataciones públicas. Tanto Pemex, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, han celebrado contratos con empresas privadas que han disparado exponencialmente los costos de funcionamiento de dichas paraestatales asignando dichos contratos mediante procedimientos turbios y poco transparentes. Pero la autoridad competente para investigar, juzgar y sancionar, en su caso tal conducta irregular, será a partir de esta aprobación la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con el artículo 4. La sanción que se aplique será, fíjense ustedes, el 35% del monto del contrato, y en su caso la inhabilitación hasta por diez años. Pero dice el artículo 27: “empero el responsable podría confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de la reducción de sanciones establecidas, según

el artículo 31, lo cual tendría una reducción de entre el 50 y el 70% del monto de las sanciones”. Es decir, voy hacer la cuenta. Una persona privada dueña de una empresa hace un contrato con Pemex por cien millones de pesos. Es irregular, es turbio, es ilegal. Esta persona podrá sancionársele con el 20% del monto o hasta el 35%, término medio, supongamos que se le va a sancionar con el 20% del monto, 20 millones de pesos de multa de los cien millones que obtuvo el contrato.

Confesión de parte, relevo de multa Si él confiesa, si él dice: “soy responsable de esta conducta irregular y por tanto me acojo a los beneficios de la ley”, se le podrá reducir hasta el 70% del monto de los 20 millones. Es decir, una persona que hace un negocio ilegal con Pemex o con Comisión Federal de Electricidad por cien millones de pesos podrá salvarse si paga 6 millones de pesos, porque son el 20% de la sanción, más la confesión de que es responsable, 75% pagará 5 ó 6 millones de pesos. Resulta absurdo que si la gran mayoría de los actos de corrupción en contrataciones públicas se desarrollan en la Administración Pública Federal sea una dependencia de la administración centralizada la principal autoridad competente para prevenir, combatir y sancionar estos actos. Es totalmente absurdo, no

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n México se ha jugado mucho con la incorporación o supresión de fueros, entendidos como el juicio, la jurisdicción y la potestad de juzgar. La Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas no es correcta; se está trasladando una facultad jurisdiccional a un órgano descentralizado de la administración pública. Lo que va a suceder es que la Secretaría de la Función Pública va a investigar, a perseguir y a sancionar delitos cometidos por empresarios en materia de contrataciones públicas, para eso está el Ministerio Público. Deberíamos estar discutiendo la autonomía del Ministerio Público y no estar parchando leyes reglamentarias y otorgando facultades jurisdiccionales a entes administrativos como la Secretaría de la Función Pública. Me parece un error grave trasladar facultades jurisdiccionales, y facultades de investigación y procuración de justicia que le corresponden al Ministerio Público, a la Secretaría de la Función Pública, no va a funcionar. Con la propuesta de la iniciativa de decreto, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, no se hace más que alimentar esa persistente e inconveniente práctica de extender aún más el prolijo abanico de leyes secundarias que constituyen el marco normativo de nuestro país, dejando de lado la mayoría de las

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puede permitírsele eso, no se debe admitir que el titular del Ejecutivo Federal pretenda monopolizar las facultades para investigar, perseguir, juzgar, sancionar e incluso prevenir todos los actos o hechos relacionados con los grandes casos de corrupción. Por eso esta ley crea un fuero especial para los empresarios, y por eso estamos en contra de esta ley. Las circunstancias actuales nos demuestran que la impunidad es el principal aliciente de la corrupción; dicha impunidad es auspiciada a su vez por la protección que se le da a los servidores públicos corruptos por parte de las altas esferas gubernamentales y a consecuencia de la omisión o complacencia de organismos precisamente como la Secretaría de la Función Pública. Como se recalca en la parte de consideraciones del dictamen de marras, el actual diseño institucional de combate a la corrupción y de fortalecimiento y consolidación de los valores en el servicio público, es deficiente y es ineficaz; cierto es que la transformación del régimen de responsabilidades de las personas físicas y morales que propician o son cómplices de la corrupción en las contrataciones públicas, debe insertarse en una necesaria reforma política integral, pues de otro modo cualquier intento aislado reportaría un avance a lo mucho marginal. Y esta propuesta de ley anticorrupción constituye precisamente un intento aislado, pero además un intento que probablemente no produzca los efectos deseados ni aún de carácter marginal. En principio no existen razones de peso para sostener un esquema donde a la esfera gubernamental administrativa para vigilar… En principio, no existen razones de peso para sostener un esquema desde a esfera gubernamental administrativa para

vigilar, sancionar o castigar a las personas físicas o morales privadas que incurran en actos u omisiones que se consideran como infracciones en materia de contrataciones públicas. Las infracciones contempladas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas propuestas constituyen verdaderos delitos que atentan contra los intereses fundamentales, estatales o de la sociedad, así por ejemplo, la fracción primera del Artículo Octavo de la citada ley comparte la quintaesencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contemplado en la fracción segunda del Artículo 222 del Código Penal Federal referida al cohecho. De lo anterior se desprende que debe ser la autoridad judicial la encargada de juzgar y sancionar o imponer penas por la comisión de estos delitos.

Es el MP no Contraloría Asimismo, debe ser el Ministerio Público el encargado de investigarlos. Esta consideración se refuerza con lo establecido en la convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, pues en ésta se señala que cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de uno de un ordenamiento jurídico formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinales y eficaces contra la corrupción. Con base en el estado de cosas en el que las instituciones características de la esfera propia de las responsabilidades administrativas como la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control o la áreas de quejas y responsabilidades han demostrado ser inoperantes y disfuncionales tratando de erradicar la corrupción, la ineptitud, la ineficacia y la falta de competitividad.

Por esa razón éstas se han convertido en características sine qua non invariables. Resulta difícil comprender por qué en vez de reformar incluso el actual régimen de responsabilidad de los servidores públicos se optó por otorgarles facultades de investigación y jurisdiccionales a estas autoridades administrativas a efecto de perseguir, juzgar y sancionar a particulares relacionados con actos de corrupción en las contrataciones públicas. El mismo Titular del Ejecutivo y los partidos políticos mayoritarios, habían manejado la idea de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, pues además de que no ha reportado resultados positivos, detenta una considerable cantidad de recursos presupuestarios y humanos y junto con las contralorías internas las áreas de auditorías, de queja y de responsabilidades y los demás órganos de control interno de las dependencias gubernamentales tanto locales como federales, constituyen una pesada carga fiscal para el Estado, y una inutilidad práctica en el manejo eficiente de combate a la corrupción. En suma, se pretende facultar a una serie de dependencias que han resultado totalmente incompetentes e ineficaces tratando de investigar, juzgar y sancionar faltas cometidas por servidores públicos para que ahora investiguen, juzguen y sancionen conductas antisociales que constituyen verdaderos delitos por parte de personas físicas y personas morales privadas. Se está haciendo patenta por parte de la presente administración que de manera consciente o inconsciente se está atendiendo a las máximas contempladas en la teoría del delito que se llama irracionalismo. *Senador por el PRD.


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on gran participación, se realiza la 1ª Feria de Innovación Tecnológica de la Ciudad de México que encabeza el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTDF), donde la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yolanda López Vidal, explicó los beneficios de la vacuna intranasal peptídica creada por la Máxima Casa de Estudios. Durante la segunda jornada Vanguardia tecnológica 2011, que encabeza Julio Mendoza Álvarez, Director General del ICyTDF, la investigadora participó con la ponencia “Desarrollo de una vacuna intranasal contra E. coli” para contrarestar la diarrea infantil aguda causada por la bacteria enterotoxigénica que ataca a menores de 5 años y viajeros, lo que motivó a una investigación en ratones que culminó con una vacuna intranasal peptídica. La diarrea, considerada enfermedad del subdesarrollo, se vuelve mortal si a la infección se suman otros patógenos, como la desnutrición y falta de crecimiento del paciente, México constituye una zona endémica para esta enfermedad. López Vidal explicó que la E. coli enterotoxigénica utiliza fimbrias, denominadas también factores de colonización para interactuar con diferentes componentes en la mucosa intestinal. La vacuna intranasal contra E. coli enterotoxigénica (ETEC, por su siglas en inglés) fue desarrollada por un grupo de científicos, dirigidos por Yolanda López Vidal, del Programa de Inmunología Molecular Microbiana, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Con la aplicación en forma intranasal queda altamente vascularizada una mayor superficie de los senos paranasales y una vez que se da la infección por ETEC, las células plasmáticas productoras de anticuerpos realizan el homing para que sean las efectoras en el sitio de la infección. “La vacuna es una innovación biotecnológica por su aplicación intranasal y su capacidad para impedir que se dispare la fisiopatogenia del patógeno”.

Bloquea el primer evento de la patogenecidad de E. coli enterotoxigénica, que es su adherencia al epitelio intestinal, mediante una estructura llamada fimbria o pillis (pelo), responsable de la adhesión y capaz de generar anticuerpos que inhiben esa primera fase patogénica, evitando así la diarrea. Yolanda López finalizó su ponencia mostrando el certificado de patente emitido por los Estados Unidos y comentó que también cuentan con la patente nacional. Al contestar las preguntas del público asistente a Vanguardia Tecnológica 2011, confirmó que están por desarrollar el estudio en humanos. Previo a esta participación, Guillaume Pfefer, Director General Sanofi Pasteur, México; Enrique Rivas, director de Desarrollo Clínico Regional; y Roger Vinas, Director de Operaciones Industriales de Sanofi –Pasteur y director del proyecto en México, participaron en la ponencia Sanofi Pasteur México: 100 años de innovación en vacunas. Los representantes de la empresa francesa consideraron que la tecnología sin uso y beneficio no tiene sentido, por ello, actualmente están en desarrollo para México 15 vacunas, tres de ellas estarán disponibles este año, así como se realizan estudios clínicos sobre dengue, con el propósito de producir una vacuna que prevenga dicha enfermedad.

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Patenta UNAM vacuna contra bacteria que produce diarrea

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SON DE LA LOMA

Del “Acuerdo”… A la subordinación

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Por Francisco Ramírez R/ MUNDO LEGISLATIVO

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l Acuerdo para la reclamo para las autoridades en cobertura no tendrían mayor proCobertura Infor- su noticiero más importante de blema. mativa de la Vio- la noche. Como ya se vio, aún con el lencia, firmado inA los medios impresos que Acuerdo, dos de sus principales necesariamente por firmaron, se les olvidó muy promotores fallaron al día si715 medios de co- pronto que a mediados del guiente en los dos puntos prinmunicación en México el pasado 2009, luego de que Acción Na- cipales del documento, y que miércoles 24 de marzo, contiene cional perdiera la mayoría en el hubiesen podido redefinir la una serie de puntos que deberían Congreso en las elecciones in- cobertura de la violencia en la haber sido referencia obligada termedias, el gobierno ordenó televisión: Uno, es el acuerdo para los firmantes por una sola la cancelación total de la pu- para no convertirse en cómplices razón: porque se dedican al perio- blicidad a los medios impresos, –publicitando sus mensajes-; y el dismo, en la mayoría de los casos. y en especial a las revistas. Se otro, es el empeño para proteger Sin embargo, esos entusiastas hicieron de “la vista gorda” aún a los periodistas. firmantes se convirtieron en las sabiendo que Felipe Calderón Lo peor es la presencia en el comparsas de los dueños de los ha censurado a los medios es- acto del doctor José Narro Romonopolios de la tebles, con la reprelevisión en México sentación de la –Televisa y TvAzUniversidad NacioSólo un día después de firmado el Acuerdo, un teca- y del gobierno nal Autónoma de en turno, porque amMéxico (UNAM), conductor de Televisa fue asesinado junto a dos bos han buscado una sin mediar ninguna acompañantes en Monterrey. Mientras Milenio legitimación social crítica; precisamenque aún están lejos te en momentos en Televisión desplegó en su noticiero nocturno de alcanzar; imque los monopolios imágenes del cuerpo sin vida; de la barda con pulsaron tal Acuerde la Televisión y do, en el marco de la Telefonía, manel mensaje de advertencia de los sicarios y una “Iniciativa México” tienen una guerra nota pormenorizada de los hechos encabezada por los abierta por cuidar beneficiarios del calsus muy particuladeronismo. res intereses, y no Sólo un día los de la sociedad. después de firmado el Acuerdo, critos –que le son incómodosQuedará para vergüenza de toun conductor de Televisa fue vía la publicidad. dos aquellos participantes, la firma asesinado junto a dos acompaSi bien es cierto que se reque- de un “Acuerdo” que avaló merañantes en Monterrey. Mientras ría de un consenso para el ma- mente una iniciática monopólica, Milenio Televisión desplegó en nejo de la información sobre los que no irá más allá del papel. Que su noticiero nocturno imágenes actos de barbarie que comete la se guío con un criterio mediático, del cuerpo sin vida; de la barda delincuencia organizada, y sobre sólo una semana después de que con el mensaje de advertencia sus mensajes abiertos o soterra- Felipe Calderón, manifestó cómo de los sicarios y una nota por- dos, no menos cierto es que con pensaba él que deberían publicar menorizada de los hechos, Te- criterios básicos y ciertas nocio- las noticias los medios de comunilevisa apenas tuvo mención o nes de periodismo, las notas y la cación: buenas y sin críticas.



Mundo Legislativo No.74