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Justicia Derechos MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS • JULIO 2010

El derecho a cumplir la sentencia en tu país La repatriación es el retorno de una persona privada de libertad (ppl) a su país, para cumplir el resto de su condena, cuando ha sido sentenciada en el extranjero. Hay 8O repatriaciones en proceso.

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Sin

verdad no hay Pág. 4

justicia

La Comisión de la Verdad presentó el informe definitivo

Justicia indígena

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La justicia indígena y la justicia ordinaria tienen un eje que las atraviesa a ambas: la eliminación del hecho ilícito.

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BOLETÍN #

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Jueces penales permitieron la libertad de 3.738 acusados de delitos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó un informe sobre el tema, en el que están involucrados jueces de lo penal, la mayoría de la provincia del Guayas.


EDITORIAL

La lucha contra la impunidad debe incluir el castigo a los responsables. Pero no solo del verdugo que aplicó la picana o apretó el gatillo. También, y en primera línea, deberá estar quien desde el gobierno o cualquier otro espacio de poder dio la orden y se benefició del miedo.

Contra la impunidad, la verdad y la justicia". Esa es la cura que el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha aplicado para sanar las heridas y ahuyentar los temores generados por años de desmemoria y desinterés por saber la suerte que corrieron cientos de ecuatorianos, ecuatorianas e, incluso, ciudadanos extranjeros. A los ojos de quienes defienden un proyecto político cimentado en el terror y el miedo para garantizar la aplicación de sus recetas sociales y económicas excluyentes, el recuperar la memoria no tiene utilidad. Por el contrario, objetan este ejercicio de democracia por considerarlos atentatorios contra la “paz social”. Lo que no dicen o no quieren admitir, es que aquello fue un espejismo que sirvió como tapadera para criminalizar la protesta social y ocultar, con la ayuda de doctrinas de seguridad y militaristas, los abusos y los excesos que se cometieron ante la anuencia o, al menos, la indiferencia de varias administraciones de turno. El Gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, consciente de la responsabilidad histórica, asumió el reto de recuperar la memoria de las víctimas de la intolerancia y la represión estatal y de reparar el daño que con esas acciones se infringió a todo el colectivo nacional. Fueron hombres y mujeres de la patria los que murieron, desaparecieron o fueron tortu-

rados. Y es por ellos que se quiere recuperar sus nombres y sus vidas. Por sus hijos, por las viudas, por las madres, por los padres, por las familias y demás personas, muchas veces anónimas, que sin razón alguna fueron golpeados por el poder absoluto impuesto por unos pocos que se creían intocables, Recuperar memoria fue el primer paso. Ahora viene la lucha contra la impunidad, contra el olvido forzado, contra quienes todavía hoy pretenden dar cátedra a través de los medios de comunicación sin admitir que se equivocaron y quieren seguir imponiendo su ideario de violencia y represión como mejor catecismo de pacificación social. La lucha contra la impunidad debe incluir el castigo a los responsables. Pero no solo del verdugo que aplicó la picana o apretó el gatillo. También, y en primera línea, deberá estar quien desde el gobierno o cualquier otro espacio de poder dio la orden y se benefició del miedo. Pero la sanción debe ir mucho más allá. Coincidentemente, estos mismos personajes que por medio del control de las cortes de justicia persiguieron a sus adversarios políticos y callaron a sus detractores, hoy son los que claman por más represión para solucionar la inseguridad ciudadana. Se olvidan que fueron ellos con su visión de un mundo unipolar, excluyente e individualista

los que fomentaron la protesta social que ayer fue reprimida a sangre y fuego. Que fueron ellos quienes desmantelaron el Estado de derecho y criminalizaron la pobreza que hoy tiene como destino trágico la violencia que afecta a las mayores urbes de la nación. Entonces, la sanción y el castigo también tienen que llegar a los operadores de justicia que se creyeron seres autárquicos y que olvidaron su papel de funcionarios públicos. Deben pagar por el sufrimiento ciudadano que causó su inoperancia y sus compromisos particulares que febrilmente reproduce sus frutos en los espacios de crónica roja. Esta acción por sí sola ya podrá ser parte de la reparación que adeudan a la sociedad ecuatoriana. Los primeros pasos para superar toda esa ignominia se han dado. Primero con la Constitución de Montecristi, con el Plan Nacional del Buen Vivir, del Sumak Kausay, y después con la gestión de los organismos especializados del Gobierno que desde el Estado trabajan por recuperar la memoria y en transparentar la gestión pública, de ahora y de décadas atrás. La paz social no debe ser la de los juicios sumarios o la de las cárceles abarrotadas por quienes no han podido pagar por su libertad. Con verdad y justicia, solo así habrá paz y seguridad ciudadana.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: José Serrano Salgado • es una publicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador • Coordinación, producción y contenidos: Departamento de Comunicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos • Fotografías: Flickr -Presidencia de la República, Ministerio de Justicia y entidades adscritas • Entidades adscritas al Ministerio: Projusticia • Defensoría Pública • UTCCRS • Concepto gráfico y diseño: Gestión Creativa - info@gestioncreativa.net - 3823022 • www.minjusticia-ddhh.gov.ec • comunicación@minjusticia-ddhh.gov.ec


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Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública

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no de los cuatro ejes fundamentales del Ministerio de Justicia es la plena vigencia y respeto de los derechos humanos en el país. Para su cumplimiento la Subsecretaría de Derechos Humanos realiza varias actividades relacionadas con la difusión de los derechos fundamentales.

¿Qué hace la Subsecretaría? La razón de ser del Estado es garantizar la vigencia de los derechos humanos. En este marco, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Coordinación de la Defensa Pública, las siguientes actividades: Promoción de una estructura ciudadana para exigir el cumplimiento de los derechos humanos Se realizó el diagnóstico sobre el conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos y mecanismos para exigirlos. Este estudio sirvió de base para la elaboración de las siguientes cartillas de derechos humanos: “Cuando las palabras construyen: Enfoque de género en el lenguaje”; la “Guía de Derechos Humanos y Movilidad Humana”; y “Construyendo una sociedad plural y democrática: Derechos humanos de las personas sexualmente diversas”. Capacitación en derechos humanos El estudio sobre el conocimiento de la ciudadanía de sus derechos evidenció, además, la necesidad de capacitar a los funcionarios y funcionarias públicas en derechos humanos. En este marco, se capacitó en el 2008 a más de 2.400 policías de las 24 provincias del país. En el 2009 se instruyó a 80 capacitadores de la Policía Nacional los mismos que replicaron sus conocimientos a 3.000 miembros de la Fuerza Pública desplegados en la frontera Norte. En el 2010, se formó a 60 funcionarios de la Fiscalía de Carchi y a los miembros de la Gobernación de Chimborazo en combate a la trata de personas.

Se mantiene la educación a 150 policías formadores de la Policía Nacional, quienes a su vez capacitarán a los 42.000 miembros de esta institución sobre el nuevo Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial. Para alcanzar la profesionalización de los operadores de justicia está en marcha, desde abril del 2010, el Diplomado de Género, Justicia y Derechos Humanos dirigido a jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras. En virtud del Decreto Ejecutivo 1317 de septiembre del 2008 se confirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de coordinar la ejecución de sentencias; medidas cautelares; medidas provisionales; acuerdos amistosos; recomendaciones y resoluciones originados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene mecanismos para coordinar el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH. En estos casos la voz de las víctimas es primordial, pues con ellos se llega a acuerdos para efectivizar las disposiciones de este organismo. Actualmente, la Subsecretaría está a cargo de los casos (según los nombres de la Corte IDH):Tibi; Zambrano Vélez y otros; Albán Cornejo y otros; Benavides Cevallos; Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez; y Suárez Rosero. Medidas cautelares y provisionales dictadas por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos

Son medidas de protección que otorga la Corte IDH cuando una persona siente que sus derechos humanos corren peligro. La Subsecretaría ha coordinado el cumplimiento de las medidas cautelares o de protección a favor de diferentes personas y organizaciones. La Subsecretaría también tiene la responsabilidad de elaborar informes que deben ser presentados ante los órganos de protección de los derechos humanos En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha elaborado los informes del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2009. También el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el de la Convención Contra la Tortura. Estos dos últimos esperan ser presentados antes los comités respectivos. Fortalecimiento de mecanismos que permitan a la ciudadanía el acceso a información legal y procesal La Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) ofrece una guía jurídica y psicosocial a la población con problemas legales, procesales, entre otros. La asesoría de la OAC orienta a la ciudadanía sobre los organismos competentes para atender sus respectivas peticiones y las acciones legales con las que cuenta para resolver su problema. Generar herramientas técnicas para que las entidades públicas diseñen e implementen sus políticas con enfoque de derechos humanos, de género y en observancia del pluralismo jurídico La Subsecretaría está en proceso de diseño de un sistema de indicadores sobre derechos humanos y justicia. El mismo que será el pionero en el ámbito de la región andina. Esta herramienta permitirá que se conozcan los avances de nuestro país en la garantía de los derechos humanos. Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos preside el Plan para Combatir la Trata de Personas, instrumento que atraviesa un proceso de actualización; es parte del Plan de Erradicación de la Violencia de Género y del Directorio de la Comisión de Transición al Consejo de Igualdad de Género espacios desde los que se fortalece el abordaje de las diferentes problemáticas que afectan especialmente a las mujeres de nuestro país.

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TEMA CENTRAL

“Los crímenes contra los derechos humanos no quedarán en la impunidad”

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a noche del pasado 7 de junio del 2010, los ecuatorianos recuperaron algo de su memoria histórica que se pretendía ocultar al país. Un país, donde también hubo desaparecidos, como en otras naciones del sur del continente (aunque no en la misma cantidad y proporción) y se violaron los derechos humanos con prácticas de tortura. Para que no ocurran nunca más situaciones como esas, el presidente Rafael Correa expidió un Decreto Ejecutivo y creó la Comisión de la Verdad, el 14 de enero del 2008. El trabajo de ese organismo ha sido la identificación de los casos y los tipos de violaciones a los derechos humanos, así como a sus posibles responsables con el fin de llevarlos a la justicia, imponer sanciones y evitar la impunidad. Esa noche, la Comisión de la Verdad, conformada por Julio César Trujillo, Luis Alberto Luna Tobar, Elsie Monge, Pedro Restrepo y familiares de las víctimas, reveló el resultado de sus investigaciones en un compendio de cinco tomos. Según Elsie Monge, desde su creación la Comisión contó con el total respaldo del Gobierno Nacional, que le asignó y garantizó el presupuesto para su funcionamiento. También autorizó el acceso a información reservada y a las instalaciones policiales y militares a lo largo y ancho de todo el país. El presidente Rafael Correa delegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la coordinación del trabajo que desarrolló la Comisión junto con 30 investigadores. Aunque también participaron otras instituciones del Estado como el Ministerio de Defensa, de Gobierno y el Ministerio Coordinador de la Política. Según el resumen ejecutivo del informe final, la Comisión recibió más de 600 testimonios que permitieron identificar 118 casos vinculados con la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales; desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, atentados al derecho a la vida; torturas; violencia sexual y privaciones ilegales de la libertad. La información entregada por las víctimas y sus familiares fue sustentada con aquella encontrada en los documentos desclasificados y en expedientes judiciales de muchos casos. “Además la Comisión recibió más de 60 declaraciones de personas que de algún modo tuvieron alguna participación en los hechos investigados. Asimismo, recibió documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos relacionados con las violaciones investigadas”, según dice el informe.

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Comisión de la Verdad Av. Juan León Mera 1574 y La Pinta, Edificio OPLADEN, tercer piso. Quito Teléfonos: (593 2) 2908158 / 2908160 / 2545951 Correo electrónico institucional: prensa@coverdad.org.ec www.coverdad.org.ec

"La historia se escribió con la sangre de la juventud rebelde y no se podrá borrar con mentiras y opresión" Con todo esto, los comisionados detectaron que en el período 1984-2008, existieron 456 víctimas de violaciones de los derechos humanos. De las cuales, el dos por ciento ocurrió en el régimen de Oswaldo Hurtado; el 68 por ciento en el de León Febres Cordero; el 3,3 por ciento en el de Rodrigo Borja. Mientras que el 6,6 por ciento en el de Sixto Durán Ballén; el 4,8 por ciento en el de Fabián Alarcón; el 3,5 por ciento en el de Jamil Mahuad; el 3,3 por ciento en el de Gustavo Noboa; el 3,3 por ciento en el de Lucio Gutiérrez; el 1,5 por ciento en el gobierno de Alfredo Palacio; y el 3,7 por ciento en la actual administración. La Comisión identificó que del total de ciudadanos afectados, el 44 por ciento correspondía a casos de tortura; el 32 por ciento de privación ilegal de la libertad; 10 por ciento de violencia sexual; ocho por ciento de ejecución extrajudicial, tres por ciento de atentados contra el derecho a la vida, y dos por ciento de desaparición forzada. También se pudo establecer que, de las 456 víctimas, 429 (94 por ciento) son o fueron de nacionalidad ecuatoriana, 21 colombiana, cuatro peruanas, una española y una chilena. De igual manera las víctimas, en su gran mayoría, pertenecen o pertenecían a algún tipo de organización social. Según los comisionados, 200 personas reconocieron ser parte de algún tipo de organismo, de éstas 17 estaban relacionadas con organizaciones estudiantiles; 10 con organizaciones políticas; 81 con gremios; cuatro participaban en organizaciones con finalidades sociales, dos formaban parte de agrupaciones culturales y otras dos eran religiosas. En cuanto a organizaciones que recurrieron a acciones armadas dentro de su estrategia política, señala el informe, hubo 76 víctimas de Alfaro Vive Carajo (21 mujeres y 55 hombres), que

representan 17 por ciento del total nacional de víctimas. Además, ocho víctimas formaban parte del Movimiento 19 de Abril (M-19) de Colombia y tres víctimas aparecen como relacionadas con Montoneras Patria Libre. Pero a ese número de víctimas se debe sumar otras 30 que no pertenecían a ningún grupo armado, sino que eran familiares, amigos o allegados, abusados porque los perpetradores creían que tenían información sobre militantes o acerca de acciones realizadas por éstos. Fuera de los jefes de Estado que habrían estado informados, los expedientes de la Comisión establece como posibles responsables de las violaciones a un total de 91 oficiales y 137 miembros de tropa de la Policía Nacional. Así como 68 oficiales de las Fuerzas Armadas y 62 elementos de tropa, cinco personas relacionadas con Alfaro Vive Carajo, 71 funcionarios públicos nacionales y 26 extranjeros. De los nacionales, 33 laboraban en dependencias de la Función Ejecutiva, 25 se desempeñaban en la Función Judicial y 13 integraban el régimen seccional autónomo.


TEMA CENTRAL

El ministro de Justicia José Serrano pidió la destitución de jueces por caducidad de prisión preventiva Visítanos en nuestro portal web: www.minjusticia-ddhh.gov.ec. o envía tus comentarios y sugerencias a: info@minjusticia-ddhh.gov.ec

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osé Serrano Salgado, ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidió al Consejo de la Judicatura, la destitución de los jueces de lo penal que permitieron 3.738 casos de caducidad de la prisión preventiva. Eso facilitó la liberación de igual número de personas acusadas de delitos de diversa índole. “No hace falta hacer ningún análisis adicional para determinar cuál es su grado de responsabilidad. Estos jueces deben ser sancionados y destituidos inmediatamente. No podemos seguir permitiendo que se afecte la libertad y la paz en nuestro país”, dijo Serrano. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó un informe sobre el tema en el que están involucrados jueces de lo penal, la mayoría de la provincia del Guayas. En el listado constan jueces de tribunales penales vinculados a la partidocracia como Rodolfo Eduardo Alvarado Mora y María de Lourdes Jurado Alvarado. También están Pablo Francisco Vallejo Lecaro, Edwin Varela Logroño y el juez Gabriel Enrique Noboa Ycaza, entre otros. A esta lista se suman magistrados de Garantías Penales como el juez décimo cuarto, Marco Tulio Torres Alvarado; el juez décimo quinto, Ney Edmundo Díaz Flores; el juez décimo tercero, Roland Xavier Guerrero Cruz; la jueza quinta, Irene del Rocío Santos Iturralde, el juez de la Tercera Sala de lo Penal, Pablo Francisco Vallejo Lecaro, entre los más relevantes. En Pichincha los jueces con casos similares son Mario Bedoya Ullauri del Tribunal Primero de Garantías Penales, así como Juan Mora Moscoso y Ricardo Vásquez Leiva, del Tribunal Segundo de Garantías Penales. Según el ministro Serrano, la gran mayoría de delitos que se investigaban se referían a casos de robo con amenazas; uso doloso de documentación; por portar armas de fuego de manera ilegal; asesinatos; violación; robo con heridas; apropiación indebida de bienes. Esos hechos de violencia en gran medida son causa del malestar ciudadano, así como de la preocupación de las autoridades de Gobierno, dijo. El informe señala que muchos de esos jueces

"La gran mayoría de delitos que se investigaban se referían a casos de robo con amenazas, uso doloso de documentación, portar armas de fuego de manera ilegal, asesinatos, violación, robo con heridas, apropiación indebida de bienes...". han sido sancionados en el pasado por incumplimientos que han afectado a la ciudadanía e, incluso, al patrimonio del Estado. A pesar de ello ejercen sus cargos en la Función Judicial, por eso el ministro Serrano pidió su destitución para acabar con la “impunidad”.

La ciudadanía apoya la sanción a jueces El pedido de José Serrano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Consejo de la Judicatura, para sancionar de manera enérgica a los jueces de lo penal generó reacciones de apoyo en la ciudadanía. “Es positiva la labor que ha emprendido el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, expresó Luis Lozano, docente lojano con 20 años de experiencia. Según Lozano, los jueces deben actuar apegados a la Ley y en beneficio de la paz pública y de todos. Agregó que esos jueces deben ser sancionados, “es más, todos debemos ser sancionados en nuestros espacios, si es que no cumplimos nuestro trabajo a cabalidad”. Gualberto Talledo Vera, artesano de 61 años

de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo que durante cinco años mantiene un proceso judicial porque le estafaron, pero aún no logra formalizar la denuncia. Le indicaron que acuda a la Defensoría del Pueblo, pero no le tramitaron su caso. Por varias ocasiones ha viajado a Quito y no ha encontrado resultados. “La justicia camina lento con quienes no tenemos plata y esto debe cambiar”, denuncia. Aunque los juristas del Guayas criticaron el informe, otros comparten la opinión ciudadana. Fernando Cantos, jurista y agremiado a la Asociación de Servidores Judiciales, comentó que, indudablemente, los jueces y los operadores de justicia están sujetos a la rendición de cuentas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero, agregó, sobre todo a la ciudadanía, siempre que se siga un debido proceso, es decir que haya una investigación y existan las oportunidades de defensa previo a las sanciones. Lenin Cevallos, asesor de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), señala que se debe hacer un análisis pormenorizado a todo el sistema de justicia y la auditoría también debe incluir a los fiscales y a los policías. Según su criterio, la caducidad de la prisión preventiva no solamente se debe a la actuación de los jueces, sino también a la mala gestión de los abogados defensores, la Policía Nacional o cuando el testigo no asiste a la audiencia. “La labor que cumple el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es acertada, pero hacen falta recursos humanos, financieros y materiales”, expresó.

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ACTUALIDAD

“El linchamiento no es justicia indígena, es asesinato”

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l presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Bolivia, Julio Ortiz Linares, uno de los asistentes a la V Cumbre de la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur), que se realizó en Cuenca, dio a conocer que en su país se vive una transición en la que la justicia ordinaria reconoce las normas comunitarias e indígenas. El juez boliviano, llama a reflexionar sobre un código de justicia que, siendo milenario, ha sido ignorado durante 183 años, pero que ahora, gracias a una iniciativa que emerge de la nueva política del Estado boliviano, va a ser incorporada a la normativa jurídica normal. “Se pretende poner en vigencia una Ley denominada de ´deslinde´ que debe limitar los alcances de la justicia ordinaria y los alcances de la justicia comunitaria o indígena y campesina”, explica el magistrado Ortiz. Sin embargo, dice el Ministro boliviano, tenemos el problema de contar con 36 justicias. “Mi país es plurinacional y multiétnico –recuerda Ortiz Linares-, por lo tanto, la justicia

del Oriente no es la misma que la del Occidente (al referirse a las secciones de Bolivia) por características disímiles entre los grupos de ambos sectores”. Es preciso aclarar que en ninguna de las formas existente de justicia indígena se denomina delito, sino sanciones, pero igual difieren las 36 justicias. El "chicotazo" es un castigo cruel para quien haya transgredido la norma o la costumbre por las que se rigen los pueblos del Occidente de Bolivia”, relata Ortiz. “En el Oriente de mi país –cuenta- el transgresor es amarrado al palosanto, árbol en cuy tronco anidan hormigas que producen un dolor intenso con su picadura”. Solo en Potosí hay alrededor de 14 grupos étnicos distintos, que difieren desde la vestimenta. Por lo tanto, serán 14 maneras distintas de justicia. Sin embargo, enfatiza el Presidente de la Judicatura boliviana, existe un eje que atraviesa a todas esas justicias: eliminar el hecho ilícito (el robo , el adulterio , la mentira, la ociosidad, etc.). Y es alrededor de ese eje que hay que

En Guayaquil se implementará el nuevo modelo de gestión de rehabilitación social

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l Gobierno Nacional dará un giro al Sistema Penitenciario del Ecuador. Un nuevo Modelo de Gestión de Rehabilitación Social para la atención de las personas privadas de libertad (ppl) se implementará en el Centro de Rehabilitación Social No.2, ubicado junto a la Penitenciaría del Litoral. Este nuevo concepto de atención a las personas privadas de la libertad busca la rehablitación social; contar con las seguridades para el manejo del CRS2 y con ello generar la tranquilidad social de la ciudadanía.

Administración y Gestión: • Por primera vez en el sistema penitenciario nacional se clasificará a las personas privadas de libertad por tipo de delito.

Foto de las nuevas instalaciones del CRS2 de Guayaquil

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Julio Ortiz Linares, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia

trabajar para delimitar las jurisdicciones de la justicia indígena en el país andino. El juez Ortiz recuerda que el Ecuador, Perú y Bolivia fueron una sola nación, y que por ello comparten el desafío de incluir a la justicia indígena en la justicia ordinaria. Pero, asegura, “más que congraciarse con quien impone la norma, lo importante es reivindicar el arcón cultural que constituyen esas concepciones”. “Pero –aclara el Juez-, hay que ser enfáticos al momento de señalar que los linchamientos no son justicia comunitaria, sino asesinato”.

• Habrá un registro único de visitas: Hasta 10 personas entre amigos y familiares podrán visitar a una ppl. Esas personas deberán portar la cédula de identidad con chip. Entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Registro Civil se realizarán brigadas de cedulación para suplir esta necesidad, si fuese necesario. El flujo de visitas será continuo y por horas determinadas. El régimen disciplinario no permitirá que las personas privadas de libertad tengan privilegios.

Rehabilitación: • Se prevé la aplicación de verdaderas políticas para la recuperación de las ppl. La educación continua, atención en salud y tratamiento psicológico facilitarán que las ppl puedan reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan su sentencia. El cuerpo de seguridad y vigilancia para este Centro conformado por 60 personas, fue preparado por la Escuela Politécnica del Ejército (Espe), en derechos humanos, normativa penitenciaria, psicología entre otras asignaturas. En este Centro se implementará un sistema de seguridad único que permitirá el control permanente de las ppl. Se colocaron pantallas, filtros metálicos, silla de detectora de metales y rayos x. Para mejorar la infraestructura física del CRS 2, el Gobierno Nacional invirtió medio millón de dólares. Se dotó de los servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y ventilación. También se adecuaron áreas para locutorios, cocina, lavandería y biblioteca. Se construyó un muro perimetral para la seguridad externa. 40 celdas bipersonales cuentan con sus respectivas camas y baños. La alimentación de las personas privadas de libertad estará a cargo de una asociación de mujeres de la zona. De esta forma se concreta una cadena de producción y de servicios que reactiva la economía de muchas familias de esta ciudad. La readecuación del CRS2 generó 180 empleos directos y una vez que entre en pleno funcionamiento se crearán 100 más.


INFORMATIVO

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El Gobierno subió el rancho de los ppl en un 100 por ciento El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, incrementó en un 100 por ciento el presupuesto para la alimentación (rancho) de las personas privadas de la libertad del país. La asignación cubre los gastos de desayuno, almuerzo y merienda. Hasta el año anterior los y las internas recibían un dólar diario para alimentación lo cual generó un egreso de 5’350.000 dólares anuales. Ahora ese rubro sube a más de 10’ 700.000 dólares. La decisión también permite que suba el número de personas que gozan del beneficio, ya que a los 11.000 internos promedio se unen los cerca de 3.000 empleados de los centros de Rehabilitación Social.

“Hilando el desarrollo” llega a las mujeres privadas de libertad

Los internos pintaron murales en los centros penitenciarios Con el fin de desarrollar las habilidades artísticas en las personas privadas de libertad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social presentaron el proyecto “Murales de Libertad”. El programa que se realiza en los centros de rehabilitación social de mujeres y de varones 1, 2 y 3. La idea es propiciar un espacio para la creatividad y que los y las internas expresen en un obra artística, sus sueños, esperanzas y aspiraciones, así como su mensaje a la sociedad.

La experiencia del sistema penitenciario chileno

La alegría era evidente en el rostro de Tania Villaseñor, presidenta del Comité de Internas del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, cuando le informaron sobre el convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Relaciones Laborales, para el programa “Hilando el Desarrollo”. Gracias a ello, 40 mujeres privadas de libertad confeccionarán 1000 kits de uniformes escolares para los niños y las niñas de las escuelas fiscales de la provincia de Pichincha. El proyecto piloto se extenderá hacia los demás centros de rehabilitación social del país, con el objeto de generar ingresos económicos para las internas. “El Gobierno Nacional busca erradicar la demagogia y el paternalismo con esta acción”, dijo José Serrano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Construcción de Cárceles, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, participaron en el seminario-taller “Modelo de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad e Infraestructura de los Centros de Rehabilitación Social del Sistema Penitenciario de Chile. Jorge Frei, especialista chileno, presentó los logros que ha alcanzado ese país en el manejo de su Sistema Penitenciario. Explicó que los trabajos se han concentrado en mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, para eso han puesto en marcha una serie de eficientes y eficaces programas en salud, educación y trabajo.

El Registro Civil realizará una campaña de identificación en los CRS La Constitución Política del Ecuador establece el derecho a un nombre y para llevar a la práctica este enunciado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un convenio con la Dirección Nacional del Registro Civil, para la cedulación de las personas privadas de libertad (ppl). Este convenio permitirá el levantamiento de información, la validación de grupos de registros y de los datos de los internos que poseen sentencia y de aquellos ciudadanos que están procesados por la justicia ordinaria. Lo que se busca es insertar a los y las internas en los programas de inclusión social que desarrolla el Estado ecuatoriano.

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SERVICIOS El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Coordinación Interinstitucional, da una respuesta rápida y efectiva a las solicitudes de repatriaciones presentadas por las ppl que desean retornar a su país de nacionalidad.

Repatriaciones E

l Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la autoridad central para coordinar las repatriciones de acuerdo con el “Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas”. Ecuador es parte de ese Convenio desde el 2005. A este instrumento internacional están suscritos 63 países. La repatriación es el retorno de una persona privada de libertad a su país de origen, para cumplir el resto de su condena. Esto ocurre cuando ha sido sentenciada en un país extranjero con el que se mantenga el convenio.

La Subsecretaría de Coordinación Interinstitucional lleva adelante las repatriaciones en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en ocasiones con la Secretaría Nacional del Migrante. Este beneficio se otorga por razones humanitarias relacionadas con la familia, la salud, la integridad, la cultura, la religión o la económía. La repatriación de los internos extranjeros puede beneficiar a su rehabilitación e inserción en la sociedad.

CLASES DE REPATRIACIÓN

Requisitos para ser repatriado Tener sentencia en firme El país de nacionalidad de la ppl debe haber suscrito un convenio de repatriación con Ecuador El tiempo de duración que resta de la sentencia deberá ser mayor a seis meses La infracción cometida debe ser considerada como delito en los dos países La persona privada de libertad y los dos estados deben consentir la repatriación Pagar las multas impuestas

Los estados pueden negarse a la repatriación dependiendo de la gravedad o circunstancias del delito.

Existen dos clases: Repatriación activa: Es el retorno de una persona ecuatoriana privada de libertad al país, para cumplir el resto de su sentencia. Repatriación pasiva: cuando un extranjero privado de su libertad en Ecuador retorna a su país para cumplir con su sentencia. Las repatriaciones pasivas pueden ayudar a disminuir el hacinamiento de los centros de rehabilitación social del Ecuador.

Procedimiento para ser repatriado Solicitud de la ppl a la autoridad central del Estado de traslado Sandra Enríquez, a su retorno a Ecuador, es recibida emotivamente por sus familiares

El Estado de traslado remite la solicitud al Estado de recibimiento

Cifras de repatriaciones 2010

Intercambio de información entre estados

Expedientes en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Calificación de cumplimiento de requisitos

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Coordinación con el Estado de traslado

10 5 80

Aprobación de ambos estados Coordinación entre autoridades nacionales e internacionales

Petrus Johannes Schreur (centro) repatriado a Holanda

Traslado Iniciados Con acuerdo ministerial

Gisela Osorio (centro), repatriada a Holanda

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Por iniciar En archivo

De una población carcelaria de 16.000 personas privadas de libertad, más de 1.200 son extranjeras.

Prosecución (continuación) de la sentencia

CONTÁCTENOS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Teléfonos: 593-2 2250089 • 593-2 2250126 Correo electrónico institucional: info@minjusticiaddhh.gov.ec www.minjusticia-ddhh.gov.ec


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