Ciencias políticas & educación

CIENCIAS POLÍTICAS Y EDUCACIÓN

CIENCIAS POLÍTICAS Y EDUCACIÓN Rafael Danilo Molinares López

Título: Ciencias políticas y educación Primera edición: Octubre de 2019 Autor: ©Rafael Danilo Molinares López

ISBN 978-958-48-4805-5 Publicación: Cuatro Ojos Editorial Diagramación: Mike Ramírez Diseño de portada: Mike Ramírez

Impresión por DGP Editores S.A.S Octubre, Bogotá D.C.

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INTRODUCCIÓN

El acto político revela crudas realidades, que son fundamentadas, formuladas y evidenciadas; derivadas de las concepciones e interpretaciones de un sistema capitalista (capítulo 1. Historiografía colombiana), para luego poner al descubierto las graves secuelas de la aplicación de esas políticas en los países con características al modelo colombiano (inciso 1.1. Colombia: geografía e historia – algunos apartes).

En Colombia existe (inciso1.2. Políticas recientes en Colombia) una problemática, donde las características sociopolíticas se cimentan sobre una base económica (privatización), con el proceso de su accionar, que, historiográficamente, se han categorizado en un comportamiento político con desigualdad de oportunidades, evidenciado entre convivencia de las clases sociales e incluso reguladas en estratos, monopolizando el sistema institucional y organizacional, con formas de producción socioeconómicas (inciso 1.3. Economía de Colombia) del pensamiento, comportamiento cultural, ideológico, sistematizando consciente o inconscientemente la participación masiva real de la sociedad afectada.

La educación política ha precisado (inciso 1.4. La educación en Colombia) los acuciantes problemas teórico-metodológicos del proceder político, que se debaten los gobernantes en el mundo; entre tantos, la profunda pobreza, expresados en cumbres (con eventos; pero no solucionados, ni superados) los gastos de escala armamentista (para la guerra), distribución desigual de las riquezas (países desarrollados, en desarrollo y del tercer mundo (Anexo 1) las luchas por el equilibrio ecológico (de la humanidad y su medio ambiente) la explosión demográfica (tesis tradicional que el crecimiento de la población no es proporcional a los recursos naturales en lo auto sostenible de sus necesidades), las migraciones (violencia geopolítica en las fronteras de la tierra), el calentamiento global, entre otros fenó-

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menos venideros que azotarán a la humanidad, específicamente la sociedad latinoamericana.

El método estratégico fundamenta, relaciona y precisa lo precedido, que imprescindiblemente es abordado por el enfoque sistémico entendido como la reproducción del sistema masificado regulado por la educación natural —racional e institucional—organizacional; (inciso 1.4.1. La educación universitaria) reflexionando y mirando más allá del todo gobernable localmente (educación, salud, vivienda, alimentación, servicios, recursos, territorialidad, medio ambiente, etc.), donde se analizan las características de la tecnodemocracia política del centro ¡en! y ¡para! los asuntos políticos en la gestión pública como un servicio de la administración en lo gobernable. Su fundamentación en la polidemocracia desde adentro —cotidianidad política—, y determinado por una libertad patriota “prospectiva democrática”, derivada de sus partidos políticos con base a las actividades de los movimientos sociales; inicia un nuevo sistema en la prospectiva de gobernabilidad; descubre y determina contextualmente las políticas de formular y aplicar para sus relaciones estratégicas comunales, municipales, departamentales, regionales, nacionales e internacionales.

El pensamiento político crítico-progresista colombiano sistematiza su relación tiempo-espacio, trascendido con las organizaciones básicas (instituciones, sindicatos, pequeños empresarios, medianos industriales, etc.), donde cada cual, ¡de acuerdo con sus capacidades, así será su espacio sociolaboral y colaboración integral en el hogar!; actualizando los nuevos modelos tecno-académicos y políticos, con el paradigma sistémico de la labor ideológica educativa, desarrolladas hacia las formación general; para el escenario estudioso cotidiano e institucional, con la articulación de los procesos productivos y colectivos (inciso1.4.2. Regulación y educación superior: aspectos socioeconómicos de los docentes).

Lo patológico disuelto origina un nuevo comportamiento político, que se fundamenta y relaciona, con base en la lógica originada del método estratégico estudiado; que sustituye al modelo sostenible y efímero del sistema imperante.

Los argumentos estratégicos demuestran una nueva forma de vislumbrar y construir gobernabilidad. Las contradicciones antagónicas, ocasionan deliberadamente sus propios debates en las

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relaciones políticas de poder, que establece la esencia prospectiva como dinámica del desarrollo democrático, irrumpiendo a la real hegemonía que trata de alcanzar la competencia indispensable desigual tradicional.

La ciencia política es una escuela estratégica que exige formación exhaustiva, la cual demanda estudios permanentes sobre la base de una actualizada infraestructura, ya realizados teóricamente y en ejercicio por otros países desarrollados.

Una conciencia de masas precisa un método a descubrir y aplicar, en un acto estratégico integral cambiante y/o transformador y socializado; porque las alternativas de superar lo complejo, puede manejarse sobre la base de capacidades, que serán para mejorar las condiciones de vida descubriendo las propias de su democracia; que es, imprescindiblemente el universo del desarrollo humano inherente a su comportamiento político natural; que se sustenta en un espacio de reflexión propio de una nueva ciencia política con el procedimiento comprobado analítico-experimental.

Los políticos van hacia sistemas estatales regulados (capítulo 2. La regulación en Colombia) donde el prospecto es un todo (académico-natural e institucional), hacia una sociedad del saber a una sociedad con habilidad del conocimiento como ejercicio prospectivo de gobernabilidad eminente e indeleble; establecida por las ciencias políticas, como escuela, examina y valora el pensamiento político crítico- progresista de una comunidad académica del saber fundamental de la política, que revela métodos estratégicos complejos, para formar en relaciones políticas a una humanidad, con conocimientos al nivel estratégico-integral, concebida en que todo acto político integral cambiante o transformador fue, es y será una acción natural del ser humano.

El pensamiento político crítico-progresista ratifica su lucha del pasado (inciso 2.1. Antecedentes), es consciente de la real habilidad del presente y la búsqueda estratégica de la verdad científica como reguladora ideológica en el centro, adentro y por fuera en las relaciones sociopolíticas de una nueva sociedad del saber gobernable, y del conocimiento político teórico-práctico humano.

La ciencia política es consecuente a la dialéctica y objetividad en el acto de gobernar, en correspondencia del comportamiento natural; y orientación institucional, para su reproducción con las generaciones

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venideras. Así pues la epistemología es una Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

La ciencia política es un término consagrado para designar la ciencia que estudia todo ámbito de las relaciones políticas. Dialéctica del pensamiento político progresivo en su origen, tendencias y prospectivas de los partidos políticos en los modelos capitalistas e imperialistas, y socialista y/o comunistas; para el ejercicio prospectivo de gobernabilidad local, previo análisis y características de su caos; convirtiéndose gradualmente en una esfera de la investigación en curso.

Los principios del sistema político de la sociedad, el papel y la correlación de sus componentes fundamentales (el estado, los partidos políticos, las organizaciones sociales); con base en los métodos de elaboración y aplicación de las políticas estatales, la regulación de las relaciones sociopolíticas y todo el conjunto de problemas que constituyen el concepto de democracia, que se deriven de la prospectiva de gobernabilidad local que le competen. Así mismo el estudio de la política exterior de los municipios hacia los departamentos y éstos a su vez del país y de gestión externa con los estados. La interacción y luchas de las diversas fuerzas políticas en la esfera internacional y sus relaciones mundiales.

Las ciencias políticas burguesas se caracterizan (inciso2.2. Fanatismo político: tradición desde el poder) por la ausencia de una concepción científica única e integra, por el eclecticismo y empirismo.

Por el número de investigaciones y publicaciones, le corresponde el primer lugar entre otras ciencias sociales de occidente. Esto explica por qué se le concede un importante lugar o papel, ya que su función es el fortalecimiento ideológico del sistema capitalista; que llevado a la “modernidad”, dispone de un arsenal de procedimientos y métodos de investigaciones “concretas”, incluido lo que supone el empleo de las técnicas del cómputo como fines.

Los resultados de las investigaciones se utilizan para perfeccionar el mecanismo estatal burgués en la reproducción de su sistema, así como la esfera de la tecnología, en sus decisiones.

El funcionamiento de los partidos políticos (inciso 2.3. Partidos políticos en Colombia) en “reflexiones” sobre estudios de opinión pública, economía política entre otros (incisos 2.31. “Alianzas” historiográficas del “saber político” y 2.3.2. Resultados mediáticos del

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ejercicio en las relaciones políticas de alcanzar gobernabilidad local).

Las teorías o relaciones estratégicas constituidas por la epistemología como táctica sistémica desde la perspectiva de la regulación en la educación para todos del Colectivismo Científico analizaron y demostraron el poder natural de las relaciones políticas integrales, diferente para una realidad económica, social, cultural e ideológica (capítulo 3. Regulación y educación política: estrategia sistémica para una gobernabilidad local).

De acuerdo con lo anterior, la Asociación Internacional de Ciencias Políticas (AICP), fue fundada en 1949 como iniciativa de la UNESCO y funciona bajo su égida. También está la Asociación Soviética de Ciencias Políticas creada en 1955 formada por la Asociación Científica (AC) de la Unión de la república socialista soviética (URSS), que forma parte de la AICP y se plantea el objetivo de contribuir al desarrollo de las ciencias políticas en el espíritu de la democracia, el progreso y el fortalecimiento del entendimiento mutuo y la colaboración entre los científicos del todo el mundo.

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Capítulo 1

HISTORIOGRAFÍA COLOMBIANA

1.1. Colombia: geopolítica y neohistórica (algunos apartes) La República de Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, (Anexo 2) Bogotá es su ciudad capital, limitando al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá. Marítimamente limita con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela por el Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador por el Pacífico.

La superficie de este país tiene 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² atañen a su extensión marítima. Es el único país de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, donde hacen parte de su territorio diversas islas, como el Archipiélago de San Andrés y Providencia (Anexo 3). Por otro lado, Colombia ocupa el cuarto país territorialmente más grande en América del Sur, así como el tercero en población en América Latina y considerado como uno de los 19 países más ricos en biodiversidad del mundo (Anexo 4).

El país estaba habitado inicialmente por tribus amerindias que migraron desde Mesoamérica y el Caribe. Las principales tribus fueron los Muiscas, Quimbayas, Tayronas y Zenúes, pertenecientes a tres familias lingüísticas: Arawakana, Chibcha y Caribe (Anexo 5) limitando al sur con los Incas. Muchos siglos después, los españoles arribaron con otros europeos, en el año 1499 e iniciaron los períodos de conquista y colonización que conllevaron a la creación del Virreinato de Nueva Granada con Santa Fe de Bogotá como su capital (Anexo 6).

Alonso de Ojeda fue uno de los tantos exploradores que llegó en 1499. El territorio empezó a ser ocupado, inicialmente en la

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zona del Darién con poco éxito y finalmente en Santa Marta (f.1525) y Cartagena de Indias (f.1533). Desde estas fundaciones, así como desde el Perú y Venezuela, se inició la conquista del interior, con la fundación de ciudades como Popayán (f.1536) y Santa Fe (f.1538).

Las instituciones coloniales se instalaron en 1550, cuando se erigió la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, originalmente dependiente del Virreinato del Perú.

Con la llegada de los Borbones al trono de España, tras la invasión de Francia a España en 1808, se iniciaron los movimientos independentistas en las colonias españolas de América. En la Nueva Granada fueron impulsadas por Antonio Nariño1, quien estaba en contra del centralismo español e impulsó un fuerte grupo de oposición contra el virreinato. También se dieron las juntas pro-monárquicas formadas a partir de 1810 en favor del rey Fernando VII de España, las cuales esconden juntas autonomistas e independentistas. Tras la independencia de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, se formaron dos gobiernos independientes, que terminan en una guerra civil, período que se llamó la Patria Boba.

Los centralistas triunfaron en 1813, no fue suficiente para aliviar las tensiones internas y cuando Fernando VII envió una expedición de reconquista en 1815, esta fue recibida como libertadores, por varios segmentos de la población. El virreinato reinstaurado castigó duramente a los criollos2, que participaron en los levantamientos (pa1 Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal (Santa Fe de Bogotá, 9 de abril de 1765-Villa de Leyva, 13 de diciembre de 1823) fue un político y militar de destacada participación en los albores de la independencia del Virreinato de Nueva Granada. Junto a Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo se lo considera precursor de la emancipación de las provincias americanas del Imperio español. (Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/ Antonio_Nari%C3%B1o) 2 Criollo es un europeismo empleado desde la época de la colonización europea de América, aplicándolo a los nacidos en el continente americano, pero con un origen europeo. A diferencia del indígena, el criollo (del portugués crioulo, y este de criar) era en el imperio español un habitante nacido en América de padres europeos (usualmente peninsulares, pero también de otros orígenes étnicos), o descendiente solamente de ellos. También se usa el término criollismo para designar al movimiento de los hijos de peninsulares nacidos en la América española -y que buscaban supuestamente una identidad propia a través del pasado indígena- de símbolos propios y de la exaltación de todo lo relacionado con lo americano. Su identidad se fue fortaleciendo como consecuencia de las reformas borbónicas que los relegaron de los principales cargos políticos y eclesiásticos en Nueva España, situación determinante para el estallido del

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triotas) consolidándose un régimen del terror al mando del virrey Juan de Sámano.

Colombia o Nueva Granada fue la primera colonia española en subordinarse al imperio español en 1810, con la proclama de independencia de Pamplona, el 4 de julio de 1810; después de Estados Unidos y Haití. Por otro lado, los Patriotas sobrevivieron en varios grupos, bien como guerrillas de la sociedad civil, y otros formando grandes ejércitos en zonas como los Llanos. En 1819, un ejército, proveniente de los Llanos y comandado por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, derrotó al ejército realista que protegía a Santa Fe de Bogotá.

Posteriormente se reunió en Cúcuta el Congreso de Cúcuta, para redactar y aprobar la Constitución de Cúcuta, cuyo principal objetivo era crear la República de Colombia (hoy conocida como la Gran Colombia). La resistencia realista fue derrotada finalmente en 1822 en el actual territorio de Colombia y en 1823 en el entonces territorio del Virreinato.

Por esa época, Venezuela y la Nueva Granada tenían una frágil unión, que se rompió finalmente en 1829, y se consolidó en 1830 cuando se separó también Ecuador. La Nueva Granada retomó su antiguo nombre en 1832 y hasta 1857, bajo el nombre de República de la Nueva Granada.

Varias guerras civiles marcaron la historia de la actual Colombia entre 1840 y 1902, algunas de ellas propiciaron cambios constitucionales, de régimen y de nombre. Surgió así la Confederación Granadina en 1857; los Estados Unidos de Colombia en 1862, y, finalmente, la República de Colombia, en 1886, tras un proceso conocido como la Regeneración.

Colombia logró la independencia en el año 1819 por las campañas de Simón Bolívar, pero para el año 1830 la Gran Colombia ya había colapsado con guerras internas bipartidistas entre federalistas y centralistas, resultando en la separación de Venezuela y Ecuador.

Del mismo modo, el país surgió entre tensiones bipartidistas de liberales y conservadores como la República de Nueva Granada y luego experimentó el federalismo con la Confederación Granadina, en el movimiento insurgente y la consumación de la independencia. (Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo)

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año 1858, y los Estados Unidos de Colombia, en el año 1863, hasta que se consolidó la actual república en 1886.

La provincia de Panamá se independizó, en el contexto de la guerra civil de los mil días de Colombia en 1903. Colombia se vio envuelta en una guerra con el Perú, en 1932, por territorio y que se solucionó por medio de la Liga de Naciones3.

Años más tarde, el bipartidismo originó la violencia que estalló en 1948, guerra civil que perduró hasta principios de los años 1960 y que se mezcló con el surgimiento del narcotráfico y los carteles de drogas ilegales. El conflicto actual es el fenómeno de la cultura política patológica como reflejo condicionado, por el cual esto dio origen a la guerra armada interna entre el gobierno, las guerrillas comunistas, paramilitares y narcotraficantes, que como resultado ha dejado miles de muertos, heridos y desplazados, lo cual posiciona a Colombia entre los países más violentos del mundo (Anexo 7).

Colombia es reconocida positivamente en el mundo por la producción de café, las exportaciones de flores, su rica cultura en música y danzas folklóricas, así como un país de gran biodiversidad de fauna y flora, étnica y pluricultural.

1.2. Políticas recientes en Colombia En el contexto histórico-político, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Gobierno intentaron entre 1998 y 2002, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, una conciliación política condicionada, la cual fracasó (Anexo 8). Pero en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos se logró este proceso, que fue consultado democráticamente por primera vez en Colombia, mediante el Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz-2016; generando así las negociaciones y la desmovilización

3 La Sociedad de las Naciones (SDN) o Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Aunque no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 y 30, es importante porque fue la primera organización de ese tipo de la historia y el antecedente de la ONU. (Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_las_Naciones)

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de las FARC (al menos en un gran porcentaje).

Luego del mandato de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez (2002–2006) llegó al poder. Un liberal disidente, electo por un partido diferente al Liberal o Conservador. Durante su primer mandato logró reformar la Constitución, que impedía la reelección inmediata, y fue reelegido en 2006 hasta el 2010.

Su opositor fue Carlos Gaviria, quien obtuvo en las elecciones del 2006 (candidato presidencial de izquierda) la segunda mayor votación y perfiló al Polo Democrático Alternativo (PDA), como el primer partido de izquierda con una opción de poder. En las elecciones locales del 2003 y 2007, las fuerzas que constituyen ese mismo partido han asumido la alcaldía de la capital del país Bogotá. Álvaro Uribe Vélez llevó a cabo, en su gobierno, un proceso de «desmovilización de grupos paramilitares» desde el 2003, en medio de diferentes críticas y controversias. Uno de los escándalos más importantes que atravesó su mandato y que hoy en día sigue siendo un foco de investigación, es el fenómeno de la Parapolítica, involucrando a muchos congresistas, a otros funcionarios estatales, militares y en general a miembros de la clase política, en su mayoría partidarios de su mismo gobierno.

La parapolítica fue criticada por los medios de comunicación, cuestionada por la sociedad civil y perseguida por el gobierno, que incrementó las fuerzas militares; constituyó el encarcelamiento con la mayoría de sus cabecillas, y otros por nexos con los paramilitares e incluso familiares del Presidente de la República; entre estos, un senador que se le investigó por concierto para delinquir agravado, las denuncias comprobadas consisten en que el congresista, fue uno de los principales aliados del gobierno, además de ser uno de los principales diseñadores de la Ley de Justicia y Paz, que fue el método que rigió la negociación de beneficios a los paramilitares para su desmovilización y exoneración.

El presidente Uribe aceptó acordar políticamente sobre las bases de la política de seguridad democrática un intercambio humanitario de presos guerrilleros por varios políticos retenidos y miembros de la fuerza pública en asistencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A pesar de mantener ciertos puntos inamovibles como la negativa a despejar territorios militarmente, su gobierno aceptó obligatoriamente (por la crisis política

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históricamente registrada por gobiernos tradicionales anteriores) la intervención autorizada de la senadora opositora de su gobierno por sus tendencias políticas, Piedad Córdoba del Partido Liberal y del presidente venezolano Hugo Chávez.

El presidente Uribe, al ver los resultados estratégicos poco favorables, le retiró el apoyo político desde el poder local, y las relaciones internacionales entre los dos países se deterioraron dadas las contradicciones a partir del sistema político y sus directrices en el ejercicio de la gobernabilidad desde cada país.

El gobierno venezolano ideó, con el apoyo de distintos gobiernos dentro de esas conversaciones con la FARC, la Operación Emmanuel, la cual condujo a la liberación de Clara Rojas, Consuelo Perdomo, Ingrid Betancur, entre otros ex congresistas, que protagonizó políticamente el gobierno colombiano; a su vez con la ayuda y el apoyo de los Estados unidos, se efectuó el asesinato de Raúl Reyes, uno sus máximos dirigentes.

Colombia ha vivido un conflicto armado interno desde la década de 1960, como lo muestra el bipartidismo que tiene su lucha de intereses político-monopolistas. Esto se ve claramente con el enfrentamiento histórico entre liberales y conservadores, teniendo su punto crítico en los acontecimientos vividos, hasta cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

El Bogotazo fue el efecto inmediato conocido, que daría origen a varias guerrillas de liberales a comunistas, y sus opositores u oponentes conservadores o gubernamentales políticos, por sus dirigentes en el poder de esa época. La violencia se extendió en las zonas rurales con más de doscientos mil muertos.

Grupos guerrilleros surgieron a lo largo y ancho del país (FARC – ELN – EPL – M19, entre otros), algunos de estos se han integrado a la vida civil y otros han pasado por diferentes procesos políticos y se han convertido en partidos políticos acreditados: Polo Democrático Alternativo (PDA) y Movimientos Sociales por la defensa de Paz Política, que están vigentes.

Otros grupos contrainsurgentes diferentes germinaron también durante las décadas de 1960 y 1970 conocidos como autodefensas o paramilitares, apoyados por terratenientes, fuerzas de seguridad y por empresas privadas nacionales o multinacionales, constituyéndose en otra fuerza política, de extrema derecha.

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El presidente Álvaro Uribe desconocía que en su gobierno existiera un conflicto y aseguraba que se trataba de amenaza terrorista y emprendió un proceso de desmovilización de grupos paramilitares, con el que han dejado las armas la mayoría de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero que fue y es cuestionado por varios Organismos Internacionales, que también alertan sobre la penetración de estos grupos en los entes estatales y en la política municipal, departamental regional y nacional.

Dicha administración presidencial aseguró que con ese proceso se desmanteló completamente el paramilitarismo, mientras que los críticos y Organizaciones No Gubernamentales y sociedad civil, en general, insisten en que el paramilitarismo sigue vigente en el país con aparición de organizaciones como las Águilas Negras y las Bacrim.

Del mismo modo, el gobierno de Uribe adelantó conversaciones de paz con el ELN en Cuba; sin acuerdos políticos importantes; y con las FARC rompió todo acercamiento por la muerte de varios de sus principales líderes. Algunos políticos intelectuales y Organismos Nacionales e Internacionales insistieron en la búsqueda de un acuerdo humanitario con esencia en las relaciones políticas, entre el gobierno y esa guerrilla para la liberación de rehenes y la búsqueda de la «salida negociada» al conflicto político.

Para comprender mejor la realidad política del país, es necesario saber que el gobierno colombiano es Republicano; las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial definen la estructura del Estado. El país tiene divisiones administrativas en 32 departamentos con algunos distritos (Bogotá Distrito Capital y los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta).

El Congreso Nacional ha creado 6 nuevos distritos: Tunja, Cúcuta, Popayán, Buenaventura, Turbo y Tumaco. Actualmente hay 1120 municipios distribuidos por los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada (Anexo 3).

La independencia de España fue constituida, según la historia oficial, el 20 de julio de 1810. Aproximadamente un siglo después, se

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regula la Nueva Constitución Política de julio 5 de 1991, y se ejerce el sufragio sobre la base del voto universal desde los 18 años, registrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Actualmente, Colombia es un Estado Social de Derecho, de acuerdo con la constitución vigente (1991), organizado en forma de República Unitaria con centralización política y descentralización administrativa (Art. 206 – 211), en donde el Poder Público se encuentra separado en tres ramas, que son: Legislativa, Ejecutiva y Judicial y diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio Público, las Veedurías Ciudadanas, y donde el Ejecutivo mantiene una cierta preponderancia del poder político (Art. 212 – 215); sobre la base, del ejercicio regulado de gobernabilidad local (Art. 200 – 201 sobre el Gobierno).

El Presidente elegido (Art. 189) con el Vicepresidente (Art. 202 - 205) mediante voto popular, para un término de cuatro años, ejerce como Jefe de Estado y de Gobierno a la vez, registrado en el título VII de la rama ejecutiva en los artículos del 188 al 199 de la Constitución Política Colombiana (CPC) vigente. El Gobernante puede ser reelegido por una sola vez, a partir de la reforma impulsada por este, en 2004.

El parlamento bicameral de Colombia reconocido es el Congreso y está compuesto por el Senado, en el capítulo IV de los artículos 171 al 175 de la CPC (102 escaños en circunscripción nacional), y la Cámara de Representantes, en el capítulo V de los artículos 176 al 187 de la CPC (166 escaños con circunscripción regional proporcional a la población de cada Departamento y el Distrito capital (Anexo 9).

Cinco de esos escaños pertenecen a sectores minoritarios como indígenas, afrocolombianos y colombianos en el exterior). Los miembros de ambas cámaras legislativas son elegidos por voto popular para cumplir un período de cuatro años.

El Sistema Judicial, título VIII Artículos 228–233 de la Constitución, ha experimentado reformas significativas en la década de los noventa. Existen la Corte Constitucional, capítulo VII artículos 239– 245 (encargada de velar por el respeto a la constitución), la Corte Suprema de Justicia, capítulo II, artículos 234–235 (última instancia para materias civiles, laborales y penales), el Consejo de Estado, capítulo III artículos 236–238 (máximo tribunal contencioso administrativo) y el Consejo Superior de la Judicatura Capitulo VII artículos 254–257 (encargado de la administración judicial).

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El Régimen Judicial penal fue modificado recientemente para dar cabida a un «régimen acusatorio» muy similar al «estadounidense». Los resultados eran incipientes pues hasta en 2008 se estableció en todo el territorio nacional el «Nuevo Sistema», demostrando una disminución efectiva en el término de duración de los procesos penales, aún con un elevado grado de improvisación, de parte de la administración de la Rama Judicial, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, cabe anotar que la defensa de Colombia recae (arts.

216-223 de la fuerza pública) en el poder ejecutivo con el Presidente.

El Ministerio de Defensa de Colombia cuenta con las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional para labores de protección y seguridad. Las Fuerzas Militares están conformadas por el ejército, la fuerza aérea y la armada nacional, coordinando también las fuerzas de tarea conjunta. Las Fuerzas Militares también tienen bajo su mando el Museo Militar, los Profesionales Oficiales de la Reserva, Gaulas Militares, Indumil, Imprenta Militar, Sanidad Militar, las AFEUR, la Escuela Superior de Guerra y el Tribunal Superior Militar.

1.3. Economía de Colombia La moneda de Colombia es el peso colombiano. El Producto Interno Bruto (PIB) para el año de 2005 fue aproximadamente 422.483 millones de pesos, lo cual equivale aproximadamente a 171 mil millones de dólares. La distribución por actividad económica fue de 13,9% agricultura, 30,3% industria y 55,8% servicios. La devaluación vivida por Colombia, durante los finales del siglo XX, comenzó desde la presidencia de 1974 de Alfonso López Michelsen, en la que subió el salario mínimo en un 200% generando una futura devaluación a gran escala de la moneda colombiana.

En 1999, la economía de Colombia (arts. 42 -77 de los derechos sociales, económicos y culturales) (arts. 332 – 338 del régimen económico y la hacienda pública) reportó su primer crecimiento negativo desde los años treinta, con lo que rompió un récord de crecimiento sostenido hasta ese entonces en la región. Esta crisis tuvo varias causas: un retroceso del consumo privado luego de años

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de crecimiento desaforado (fruto de la liberalización de la economía), el incremento sostenido del déficit fiscal fue el resultado de las nuevas obligaciones creadas por la Constitución de 1991, un sistema de banda cambiaria que se vio afectado por las crisis asiática y rusa, y que perdió credibilidad luego de varios intentos fallidos por defenderlo por parte del Banco de la República (Banco central) y un abultado déficit (arts. 371 – 373) de la banca central en cuenta corriente.

Dos de los principales productos colombianos, el café y el petróleo afrontan un futuro incierto, en tanto que los ingresos provenientes de la producción cafetera se han visto afectados por los bajos precios internacionales. Se estima que en Colombia el 5% del precio total del café llega a los cultivadores y hay mediadores tanto en el país de origen del café como en el de consumo; así también se cree que la producción de petróleo disminuirá como consecuencia del agotamiento gradual de los principales campos petroleros: Caño Limón y Cusiana.

Para el segundo trimestre del año 2007, la economía presentó un crecimiento positivo de un 8,4% superando la meta de un 6%.

Cosa que recuerda un importante tema como lo es el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, «pendiente de ratificación» por parte del congreso estadounidense y que ha generado posiciones encontradas en el país.

En su edición de mayo 28 de 2007, la revista Business Week en su artículo de portada muestra a Colombia como el mercado emergente más extremo, en un artículo de tono positivo. La inversión extranjera se ha visto incrementada desde hace unos años, gracias al ambiente de «cambio», logrado por el gobierno de Juan Manuel Santos.

1.4. La Educación en Colombia A 2001 Colombia tiene una Población de 42,3 millones (actualmente se aproxima a los 44 millones de habitantes) distribuida así: Población urbana (2000): 75% y 25% Rural. Personas que saben leer y escribir (mayores de 15 años): 91.3% Hombres; 91.7% Mujeres;

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91.5% total (según estudios del año 2000). Educación primaria: 90.7% de la población (2000). Educación secundaria: 61% de la población (2000). Personas con computadores personales: 3.6% de la población (2000). Usuarios de Internet: 878.000 (2000) (arts.

96-97 de la nacionalidad, arts. 98-99 de la ciudadanía; art. 100 de los extranjeros) según las fuentes de Indicadores de desarrollo en el mundo. (Banco Mundial, 2002) La educación formal en Colombia se conforma por los niveles de educación preescolar, educación básica, educación media y de nivel universitario. El nivel preescolar incluye tres grados, uno de ellos obligatorio, el nivel básico nueve años y el medio dos adicionales (ver Ley 115 de 1994). El ente encargado de la coordinación de la educación es el Ministerio de Educación Nacional, y las secretarías de educación de las regiones son las responsables de la administración del servicio y de la supervisión.

La educación no formal y la educación informal han sido reorganizadas, desde 2006, bajo el título de educación para el trabajo y el desarrollo humano, por medio de la Ley 1064 de 2006, y reglamentada por el decreto 2888 de 2007. Esta norma trata sobre la educación que conduce a títulos en áreas laborales, que tratan de niveles técnicos y que se enfocan principalmente en la capacitación para generar formas de subsistencia de primera mano, aunque también existen instituciones que ofrecen profundizaciones, cursos y diplomados de alto nivel académico.

La atención en educación la hace en un 70% aproximadamente la educación privada. Debido a que la atención del Estado en la educación no cubre satisfactoriamente todas las necesidades del país, han nacido propuestas que propenden por la creación de recursos que sean aprovechables por todos, y que puedan construirse de forma colaborativa. Sin embargo, Colombia cuenta con un gran número de universidades de altísimo nivel académico en sus programas de pregrado y postgrado. Muestra de ello son las llamadas «Ciudades Universitarias», ubicadas en lugares como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Popayán, Tunja, Manizales, Pereira, entre otras. La educación superior o profesional en Colombia es asumida en parte por el Estado, a través de las universidades públicas, las cuales se destacan entre las mejores de Suramérica.

(Platania, 2018)

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Colombia es también reconocida como uno de los países pioneros en la incorporación de Colegios Militares a su sistema educativo. Estas instituciones se encargan de educar sus alumnos para obtener un diploma de Bachillerato (Secundaria) y, a la misma vez, se les proporciona instrucción militar. Este entrenamiento, dirigido por oficiales del ejército, ocurre en los tres últimos años de la secundaria. Al finalizar los alumnos egresan del plantel con diploma de bachiller con orientación militar y tarjeta de reservistas.

Puede decirse que a través de los artículos del 67 al 77 de la Constitución Política, se consolida la educación como una cultura de formación integral con esencia política.

1.4.1. Educación universitaria El Congreso colombiano decreta en su título primero, fundamentado en la educación superior desde el capítulo l, basado en sus principios, lo siguiente: «Artículo 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior».

La Educación Superior en Colombia se divide en varios niveles, distribuidos entre pregrado y postgrado. La Educación Superior está reglamentada por Ley 30 de 1992, del Capítulo VII Del fomento, de la inspección y vigilancia; en los artículos 31, 32 y 33 así: Articulo 31 derogado por la ley 1740 en diciembre 23 del 2014 fortaleciendo el inciso j) “Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior”. Fecha de entrada en vigencia de la norma y reglamentado parcialmente con el decreto 2070 del 2015. Los dos registrados (32 y 33 están iguales y con vigencia actualizada). Surge el interrogante ¿se cumple a cabalidad lo estipulado en los artículos? Como ideal institucional consta prospectar; pero en su realidad el presupuesto institucional no es proporcional a la sostenibilidad de la misma para desarrollar los programas que demanda la comunidad en sus solicitudes para acreditar programas de pregrados y de posgrados vigentes.

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A nivel de pregrado se encuentran las carreras profesionales, usualmente de 5 años, las licenciaturas, que suelen tomar 4 años, y las carreras técnicas y tecnológicas que tienen una duración media, entre 2 y 3 años.

A nivel de postgrado se reconocen las especializaciones, las maestrías, los doctorados y posdoctorados. Hay adicionalmente una serie de diplomados y otros cursos de educación continua, y educación para el trabajo y el desarrollo humano que, en pocas semanas o meses, permiten al profesional conocer nuevas técnicas o mantenerse actualizado.

La educación para optar por un título de maestría y especialización va enfocada a potenciar habilidades de gestión y profundización y actualización, encaminadas a garantizar el crecimiento del Sector Productivo. Actualmente, hay lineamientos establecidos de industrias, empresas u organizaciones multinacionales e internacionales que exigen este tipo de títulos de acuerdo con el perfil organizacional.

Finalmente, está el nivel de doctorado y estudios posdoctorales, en los que pocas universidades están acreditadas para cumplir con la demanda, y los cuales buscan la formación de investigadores y la creación de conocimiento nuevo. Generalmente los doctorados están por fuera de los niveles de inversión que las empresas pueden pagar, y se emplean en los Centros Educativos para impulsar el avance de la ciencia.

Las principales ciudades y capitales intermedias ofrecen carreras técnicas, profesionales, especializaciones, maestrías en diversas áreas del conocimiento; y pocas universidades imparten doctorados, solo la Universidad Nacional de Colombia empezó a ofrecer posdoctorados; según lo registra la Ley 30/92 en su capítulo tercero, en los campos de acción y programas académicos, precisando los siguientes artículos: 7–15 y 19-22.

Los campos de acción de la Educación Superior determinados son el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía, como establecidos. Los programas de pregrado y de postgrado, que ofrezcan las instituciones de Educación Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación.

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Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos, los programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post-doctorados.

Los programas de especialización regulados son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias, de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad.

Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes, específicamente la maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado, se culminan con un trabajo de investigación.

Los programas de doctorado acreditado se concentran en la formación de investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona en los niveles anteriores de formación y el doctorado debe culminar con una tesis.

Los requisitos exigidos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además de los que señale cada institución, son los siguientes: a) Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior. b) Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en la correspondiente ocupación u

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ocupaciones afines. c) Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina académica.

Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica profesional en las instituciones de Educación Superior facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental, quienes reúnan los siguientes requisitos: a) Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad. b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). c) Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación del SENA. Las universidades podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia, de conformidad con la regulación local.

Las universidades son reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.

Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados.

El Ministerio de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener:

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a) Experiencia en investigación científica de alto nivel. b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen los primeros. c) Facultase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses, establezca los otros requisitos que se estimen necesarios para los fines del presente artículo.

Estos requisitos harán referencia, especialmente, al número de programas, número de docentes, dedicación y formación académica de los mismos e infraestructura.

El Ministro de Educación Nacional está facultado para ofrecer programas de maestría, doctorado y post-doctorado y otorgar los respectivos títulos, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas universidades que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20.

El Ministro de Educación Nacional es honrado para ofrecer programas de maestrías y doctorados y expedir los títulos correspondientes, las universidades, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido en el literal b) del artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el Sistema Nacional de Acreditación, en los campos de acción afines al programa propuesto, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

El Ministro de Educación Nacional, queda acreditado previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá aprobar el funcionamiento de nuevas instituciones de Educación Superior y determinará el campo o campos de acción en que se puedan desempeñar, su carácter académico.

1.4.2. Regulación y Educación Superior: aspectos socioeconómicos de los docentes

Los docentes de planta (tiempo completo con el Estado), en las universidades oficiales de Colombia ,se caracterizan por su equivalencia, de acuerdo con sus capacidades electas en la convocatoria exigi-

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da por la institución superior receptora de esa demanda en el recurso humano calificado de alto nivel académico; que es diferente a las instituciones privadas, que tienen su propia autonomía según su regulación vigente, que originó protestas, por parte de la asociación nacional de docentes universitarios (Decreto 1279 del 2002)4.

Con enorme preocupación he conocido versiones de distintas fuentes, incluida la suministrada directamente a este servidor por parte de la Dra. Natalia Ruiz Rodgers, Viceministra de Educación Superior, sobre la existencia de un documento que contiene borrador de propuesta para reformar el Decreto 1279 de 2002, relacionado con el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. De igual manera, el Dr. Luis Orlando Aguirre Rodríguez, mi digno sucesor en la representación de profesores ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), ha informado al estamento docente que, en el marco de las sesiones del máximo órgano que coordina las políticas sectoriales para este nivel educativo, se han hecho presentaciones sobre los elementos centrales que serían incluidos en la mencionada reforma.

Insisto en mi preocupación porque, en principio, parecería inaudito que ya estuviese en marcha la elaboración de documentospropuestas para reformar el decreto, sin que el Grupo de seguimiento creado por la misma disposición en sus artículos 61 y 62 se haya enterado en lo más mínimo. Si el grupo referido, del cual hago parte, tiene como tarea fundamental hacer Evaluación y Seguimiento al régimen salarial y prestacional de los profesores, ¿cómo puede explicarse que el representante de los docentes no tenga conocimiento alguno sobre el particular tema de reforma al decreto?; parece que una vez más las viejas prácticas del Ministerio se hacen presentes con propuestas elaboradas, a espaldas de los principales afectados.

En 2013, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Universidad de Antioquia celebraron el Convenio interadministrativo 758 para que el Centro de Investigaciones y Consultorías (CIC), de la Facultad de Ciencias Económicas, se llevó a cabo un estudio orien4 Reforma inconsulta al decreto 1279 de 2002. Juan Carlos Yepes (U. de Caldas) es referente del profesorado universitario y da los argumentos por los cuales considera que la propuesta que adelanta el gobierno para reformar el decreto 1279, pues es una “violación flagrante a principios constitucionales de participación efectiva en la elaboración de las normas”.

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tado a evaluar los resultados de la aplicación del decreto 1279/02. El análisis incluyó, además de los docentes de carrera, a profesores ocasionales, catedráticos y empleados no docentes (directivos, asesores, niveles asistencial, técnico y profesional).

En retrospectiva, es interesante saber que el decreto 910 de 1992, diseñado para mejorar los salarios de los profesores de carrera de la Universidad Nacional, fue extendido en su aplicación al resto de docentes de las universidades del orden nacional, mediante el decreto 1444 de 1992; luego, el decreto 55 de 1994 amplía a los docentes de universidades territoriales el alcance del decreto 1444. Hubo un interregno de disposiciones hasta llegar al decreto 2912 de 2001 el cual, en cumplimiento de lo establecido en la Sentencia C-006 de 1996, contempló en el Capítulo VIII lo relacionado con la remuneración de los profesores mal llamados «ocasionales» y «catedráticos». No obstante, fue rechazado por incluir factor salarial solo para títulos, categorías en escalafón y evaluación periódica de méritos, dejando los restantes elementos por fuera y para ser reconocidos solamente como bonificación; llega, entonces, a la vida legal como salida a las protestas del profesorado universitario, el decreto 1279 de 2002, vigente, en el cual se incluyen seis factores que inciden en la modificación de los puntos salariales (títulos, categorías dentro del escalafón, productividad académica, direcciones académico-administrativas, desempeño destacado en actividades de docencia y extensión y, por último, la experiencia calificada).

Debe anotarse que, de lejos, la productividad es el factor que de mejor manera ha generado incrementos significativos en el salario de los profesores. Quienes idearon el modelo del decreto 1279 concibieron, de manera clara y precisa, que: i) la función misional del docente universitario debía contribuir, entre otras, a la generación de conocimiento y difusión del mismo a través de artículos, videos, libros, patentes, obras artísticas, obras de creación, producción técnica, producción de software, etc.; y ii) las universidades contribuyen de manera importante a movilizar fronteras de las ciencias, las artes, las humanidades y demás creaciones culturales. En un país donde no es precisamente el sector privado, el que se interesa en el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, o en ámbitos tan particulares como las artes y la cultura, resulta indispensable que las universidades hagan aportes significativos en la materia. Para lograr contri-

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buciones valiosas en estas áreas, se configuró el reconocimiento de puntos salariales para incentivar o estimular dicha productividad.

De lo que no se percataron quienes diseñaron el contenido del decreto 1279 fue de que, luego de transcurridos varios años, los ingresos salariales comenzarían a registrar diferencias muy sensibles entre quienes se dedicaron a la investigación y producción académica y quienes permanecieron ejerciendo con calidad y compromiso su función formativa como docentes. En la práctica, se gestó una especie de «categorización oculta» entre quienes se dedicaron en mayor medida a la productividad académica y quienes optaron por mantenerse principalmente en el ejercicio docente. Nació un imaginario perverso en el sentido de diferenciar a «Profesores de primera» (investigadores bien ubicados en los ranking nacionales e internacionales) y «Profesores de segunda» (docentes de marcador y tablero dedicados a procesos formativos). Al parecer el Gobierno Nacional de ese entonces –cierre del período del presidente Andrés Pastrana Arango– no previó y proveyó el presupuesto requerido para el cumplimiento efectivo del decreto 1279 del 2002, entre otras cosas porque era difícil proyectar las implicaciones presupuestales –sobre todo de la productividad–; prueba de ello es que el Gobierno Nacional no entregó copia de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y de Registro Presupuestal (CRP) para la implementación y cumplimiento efectivo del decreto, en mención, a los Sindicatos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), solicitados en derecho de petición conjunto en el último trimestre del año pasado.

Adicionalmente, este decreto borró de un plumazo el Capítulo VIII del anterior decreto 2912 de 2001 y, en una decisión claramente excluyente e inconstitucional, trasladó la competencia de reglamentar el régimen salarial y prestacional de los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos a cada Universidad en el marco de su normativa interna (ver artículos 3 y 4 del decreto 1279/02), potestad que la Constitución le confiere sólo al legislativo. Únicamente la Ley —de manera recurrente— le confiere al ejecutivo esta función; los Consejos Superiores no tienen dentro de sus facultades la competencia para establecer la remuneración de los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos, tal como lo dejó claramente expresado la Sentencia del Consejo de Estado –Sección Segunda en el proceso radicado con el No. 11001-03-25-000-2005-00057-00 (187305), en la cual sen-

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tenció la nulidad de los apartes que se referían a la remuneración –salarial y prestacional– de los profesores ocasionales, fruto de un acto administrativo (Acuerdo) del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía.

Lo anterior, lamentablemente auspiciado por el mismo gobierno nacional, materializó otra categoría de docentes universitarios, «los profesores precarizados» (ocasionales y catedráticos), quienes fungen como verdaderos parias en el ámbito de una educación superior, que ha sido abandonada a su suerte por los distintos gobiernos que han pasado por la Casa de Nariño. Desde hace más de veinte años, los profesores mal llamados «ocasionales» y «catedráticos» han sido literalmente «excluidos» de la posibilidad de recibir tratamiento en igualdad, pese a la existencia de jurisprudencia específica que ordena dignificar su labor en las mismas condiciones de los profesores de carrera. La formalización laboral anunciada por el gobierno nacional desde 2015 sigue aplazada. No sólo los docentes sino también los funcionarios administrativos, al servicio de las universidades, continúan esperando que se salde la deuda histórica que el Estado tiene con ellos. Por lo pronto, asisten inermes a la vulneración sistemática de sus derechos laborales.

Lo que hoy debe criticarse no es si la productividad de los docentes se ha elevado o si los ingresos salariales han aumentado por esta vía, pues nadie podrá ocultar que la dignificación de la profesión del docente universitario debe pasar, entre otras, por el pago de salarios decentes que sí logran percibir otros servidores, como los que ocupan la rama judicial del poder público, a quienes se les ha efectuado nivelaciones salariales fruto de sus justas reclamaciones.

Las consecuentes brechas salariales, entre profesores con alto nivel de productividad académica y los que no acceden a ella, no puede ser objeto de crítica, muy por el contrario, debería defenderse la posibilidad de que no solamente la productividad académica cuente con un esquema de reconocimientos como el que actualmente posee, si no que deberían posicionarse modelos similares para puntuaciones y reconocimientos por desempeño destacado en actividades de docencia y extensión, además de la experiencia calificada. ¿Por qué no puede concebirse un modelo que valore e incentive el ejercicio docente de alta calidad, que ha contribuido a formar en profesiones y disciplinas a varias generaciones de colombianos con los más ele-

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vados estándares de rigor académico, científico o artístico? ¿Por qué no idear un esquema que estimule de la mejor manera las actividades de extensión o proyección universitaria, que contribuye en muchos casos al desarrollo local y regional? En lugar de endilgarle la responsabilidad de la des-financiación a un reducido grupo de docentes que han dignificado su salario, ¿por qué dejar de lado el análisis de fondo de las verdaderas causas, que han dado origen al desfinanciamiento, y se diseña un modelo mucho más acorde con el cumplimiento de las funciones misionales de la docencia, la investigación y la extensión?

En el trabajo “El desfinanciamiento de las universidades estatales en Colombia y sus efectos en el salario de los profesores de carrera docente”, Quimbay y Villabona (2017) lograron demostrar que: El desfinanciamiento de las universidades estatales, durante el periodo 1993-2015, fue ocasionado por el hecho de que los Aportes de la Nación a los Presupuestos de Funcionamiento e Inversión (ANPFI) con respecto al Total de Gastos del Gobierno Nacional (TGGN) fueron reducidos en un 44,4%, al pasar estos aportes de representar el 3,6% del TGGN en el año 1993 a solamente el 2% en el año 2015. (Quimbay y Villabona, 2017)

Este desfinanciamiento, durante el periodo 1995-2017, también se evidenció con el hecho de que en 18 de los 22 decretos presidenciales expedidos, durante el periodo mencionado, se definieron incrementos anuales del Punto Salarial (PS), inferiores a los incrementos del Salario Mínimo Mensual (SM). El efecto acumulado de lo anterior implicó que el PS fuera finalmente depreciado en un 32,2% con respecto al SM, dado que en el año 1995 el SM equivalía a 38,64 PS, mientras que en al año 2017 el SM equivalía a 57.01 PS. De manera mucho más precisa, respecto a la productividad académica, el estudio de los profesores referidos establece: […]Hemos mostrado que, gracias principalmente al aporte de los PS causados por los factores salariales Formación de Posgrado y Productividad Académica, en la práctica, los valores de Salario de Enganche Promedio (SEP) y del Salario Promedio Mensual (SPM) se mantuvieron aproximadamente constantes durante el periodo 2003-2013. Específicamente, el SPM del grupo total de 9926 profesores de carrera docente con dedicación de tiempo completo, pertenecientes a 29 de las 32 universidades estatales, no tuvo variación, pues se estimó

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que en el año 2013 su valor fue de 8.23 SM, mientras que en el año 2013 su valor fue de 8.27 SM. En cuanto al SEP, sus valores anuales durante el periodo 2003-2013 fluctuaron alrededor medio de 6.1 SM, sin que haya existido una tendencia de crecimiento [...](Quimbay y Villabona, 2017)

Ahora bien, respecto a la diferencia ostensible que se ha registrado entre los profesores con alta productividad académica y los que no la tienen, el estudio concluye que, desde una perspectiva global, se ha mostrado que los PS asignados por el factor salarial Productividad Académica contribuyeron a amortiguar los efectos de la disminución real del SPM del grupo de los 9926 profesores considerados, causada por la depreciación del PS con respecto al SM, de tal forma que el SPM de este grupo de profesores se mantuvo aproximadamente constante durante el periodo 2003 y 2013. Sin embargo, el beneficio asociado al anterior hecho, desde una perspectiva local, se concentró únicamente en un porcentaje relativamente pequeño de profesores que lograron incrementar, efectivamente, su salario mensual por tener una alta productividad académica. Para los profesores que tuvieron una producción académica baja durante el periodo 19952017, posiblemente sus salarios mensuales vistos en unidades de SM disminuyeron de forma real, a pesar de la asignación de PS causados por los demás factores salariales.

Pero, igualmente, es necesario revisar en perspectiva crítica lo acontecido con las decisiones de Colciencias, respecto a los impactos salariales que ha generado con sus nuevas políticas de indexación y homologación de revistas. Resulta inocultable que el decreto 1279, tal cual lo han documentado y publicado algunos colegas investigadores, incluido un ilustre ex director de Colciencias, ha sido modificado sin participación efectiva de las comunidades académicas universitarias. Hace cerca de cinco años, el colega Mario Alejandro Pérez Rincón (2013), publicó un trabajo denominado Reforma al decreto 1279 por la puerta de atrás. En el documento concluye: A lo largo del periodo 2000-2010 se ha producido una pérdida real en el poder adquisitivo del valor del punto que contribuye a determinar el valor del salario de los profesores universitarios de carrera. Esta caída es cercana al 8.7 puntos porcentuales […] Sintetizando, una reforma a la política de indexación y homologación de revistas por parte de Colciencias con base en los factores de impacto de las publicaciones, afectará la dinámica de los ingresos salariales

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de los profesores de carrera en las universidades públicas. En el caso de los profesores de Univalle, repercutiría en el 27% del total de puntos asignados, llegando a 40% si se mantiene la dinámica y comportamiento de 2009. Por tal razón, es fundamental que las organizaciones profesorales se opongan a tal política, que afectará el nivel de vida de los profesores de carrera de las universidades públicas en el mediano plazo. Cualquier reforma en este campo debe contar con la participación del gremio profesoral universitario. (Pérez, 2013)

El profesor Pérez había vaticinado lo que ocurriría y, efectivamente, sucedió. Se registró, fruto de las políticas de Colciencias, un descenso de categorías y una disminución efectiva del número de revistas indexadas, acudiendo a parámetros diseñados desde las bases de datos y publicaciones científicas de mayor prestigio en el mundo, restando posibilidad a la divulgación científica, cultural y artística sobre problemáticas locales, regionales y nacionales, marchitando de paso las publicaciones que no encajasen dentro de los parámetros aludidos. En unos años se verán las consecuencias de privilegiar los índices H, los cuartiles superiores (Q1) y demás criterios cienciométricos, que bien pueden elevar indicadores y visibilidad internacional a las universidades, pero que igualmente pueden producir efectos nefastos en lo concerniente a las propias realidades, que ameritan dedicación y compromiso investigativo, para abordar problemáticas locales de cara al «posconflicto». Sobre el particular tema de productividad académica, refería el profesor Ignacio Mantilla, el pasado mes de febrero y a propósito de los índices de citación que: […]En efecto, como lo anotaba Humberto Eco en el año 2003, si nos guiáramos exclusivamente por la ponderación y el valor que hoy día se da especialmente a las citaciones de los autores o de sus trabajos, para calificar las hojas de vida académica de los profesores en las universidades, corremos el riesgo de no distinguir entre citaciones positivas y citaciones negativas, es decir, las que citan un trabajo o su autor, no para apoyarse en él, sino para refutarlo. Pero si intentamos quedarnos únicamente con las citaciones positivas, también corremos riesgos. Eco da el siguiente ejemplo que ilustra la situación: si se eliminaran con algún método válido todas las citaciones que discuten críticamente un trabajo, seríamos capaces de negarle una cátedra a Darwin, demostrando que la mayoría de los que lo citan, y lo siguen citando, lo hacen para decir que no tenía razón. (Mantilla, 2018, parr.9)

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En un acto de elemental justicia, la opinión pública debe conocer, y, de manera especial, la comunidad universitaria, que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) no ha sido la impulsora de una reforma integral al decreto 1279 de 2002, pues en el acuerdo colectivo nacional se pactó que se le daría continuidad a la Comisión establecida para ese propósito, en la cual participarían ASPU y otras instancias del Gobierno Nacional. Esta Comisión fue instalada tan sólo hasta el 13 de diciembre del 2017 y sesionará por segunda vez el 6 de abril de 2018; hasta el momento la iniciativa ha sido impulsada solo por el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. En ningún momento, como lo han afirmado de manera irresponsable, algunos actores de la educación superior, ha sido nuestra organización la gestora de iniciativas para modificar el régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios. De lo que sí se ha ocupado ASPU es de hacer un llamado para que se modifiquen políticas relacionadas con ámbito de aplicación de la norma, tratamiento a los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos, las prestaciones a reconocer a la totalidad del profesorado independiente de su forma de contratación, los salarios de enganche, ajustes, nivelaciones salariales y demás asuntos relacionados con garantías legales y constitucionales de los profesores universitarios. Pruebas de lo anunciado aquí son los puntos 1.1.5 y 1.1.7 del Pliego de Peticiones de ASPU Nacional del año 2017.

Ha sido parte de los debates gestados en las agremiaciones docentes, especialmente en ASPU5, la iniciativa orientada a contar con régimen salarial y prestacional único, que cobije profesores de carrera, «ocasionales» y «catedráticos», que elimine discriminaciones oprobiosas entre unos y otros. Esta discusión obligadamente debe pasar por el tipo de universidad que queremos. ¿Cuál es la educación superior que reclama la sociedad colombiana —comprometida con las fases transicionales del posconflicto— en materia de calidad, pertinencia y capacidad de respuesta a las complejidades de la actualidad? Dichas respuestas no pueden garantizar calidad y pertinencia si se continúa con un régimen salarial y prestacional dis5 Agradecimientos especiales a ASPU nacional por facilitar mi participación y aporte crítico en distintos eventos; y al profesor y amigo de la UPN, Alexander Pareja Giraldo, quien hizo valiosos aportes al presente texto.

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criminador, excluyente y que, en lo fundamental, ha afectado seriamente los ingresos (depreciación) del grueso de la población docente de la educación superior en el país.

La universidad pública estatal ha perdido progresivamente su capacidad de competir en materia de salarios de enganche, la oferta privada de educación superior ha reclutado en buena medida el talento humano altamente calificado —formado principalmente en las universidades estatales— que podría estar al servicio de lo público.

Las reflexiones y consideraciones hechas por ministras del pasado reciente, que prometieron mejorar sustancialmente el régimen salarial y prestacional, para igualarlo con otros servidores públicos, aún continúan en espera de acciones concretas. Es hora de formalizar la gran cantidad de profesores que, en calidad de «ocasionales» y catedráticos durante un número elevado de años, han entregado su vida, conocimiento y experiencia al servicio de las universidades colombianas.

Al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) le reitero lo mencionado años atrás en el marco de las sesiones del CESU, es indispensable incluir entre los indicadores y factores claves para la acreditación de alta calidad, de Programas e Instituciones, una variable asociada con estabilidad laboral y tratamiento digno a los docentes. Universidad o Programa que no cuente con políticas y normativas internas claras para garantizar trabajo decente a quienes facilitan la formación en profesiones y disciplinas, no puede ser objeto de este importante reconocimiento. Sería una gran paradoja seguir facilitando, desde los máximos órganos de dirección del Estado, del Gobierno y del MEN, la vulneración flagrante de derechos a este importante grupo de colombianos.

Decisiones en la puerta de salida6 A casi tres meses de culminar el mandato del presidente Juan Ma6 Juan Carlos Yepes Ocampo. Representante de Profesores ante el Grupo de Seguimiento al Decreto 1279/02. Ex Consejero CESU (dos periodos). PhD en Estudios políticos Universidad Externado de Colombia. Representante de Profesores C.S. Uni-

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nuel Santos, el Ministerio de Educación Nacional preparó, a marchas forzadas, nuevas y preocupantes normas.

En primer lugar, insistió en la derogatoria o modificación del Decreto 1279 de 2002, que establece actualmente el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. Sin embargo, no se conoce aún el articulado propuesto ni los argumentos que justifiquen otra decisión. Aunque se ha reiterado que no es el salario de los profesores de planta de las universidades públicas el causante de la asfixia presupuestal que estas padecen, tal parece que el cambio más importante apunta a convertir en bonificación lo que hoy es salario, sin que se parta de un estudio detallado sobre las exigencias y necesidades reales para la construcción de una auténtica carrera docente, y sin tener en cuenta el impulso que debe brindarse a la investigación y producción científica, las diferencias regionales e institucionales, ni el choque jurídico frente a derechos adquiridos.

En realidad, los ingresos reales de los profesores han disminuido recientemente por cuenta de la depreciación constante del valor del punto salarial y de la reforma tributaria, que eliminó rubros exentos.

Con todo, las críticas más importantes señalan dos situaciones: primera, la propuesta de decreto no resuelve el principal problema de la vinculación docente actual, pues la enorme cantidad de profesores mal llamados «ocasionales», que soportan sobre sus hombros buena parte del peso de la academia universitaria sin alcanzar la formalización laboral que merecen, y a quienes no cobija, precisamente, la norma que se sometería a cambio. Segunda, la ausencia de discusión, de consulta, de análisis de la propuesta con la comunidad académica afectada. En solo tres meses y sin conocer aún el articulado concreto, es imposible una participación que trascienda la simple comunicación de la intención unilateral ya definida.

El segundo asunto es igual de grave. Desplegada en forma acelerada, sin el conocimiento previo y suficiente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y sin que se presentara siquiera a los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), se pretende ahora reformar las normas y condiciones que reglamentan el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

La propuesta, sin bases conceptuales claras, en contravía de versidad de Caldas. Miembro Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU).

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recomendaciones que especialistas nacionales e internacionales han sugerido con respecto al deber ser de un sistema de aseguramiento de la calidad, y modificando vía decreto normas como la Ley 30 de 1992 y la Ley 1188 de 2008, se procura entregar al Ministerio y no al Consejo Nacional de Acreditación (CNA), como sucede hoy, la potestad para definir las condiciones de calidad objeto de evaluación.

En esta dirección, el proceso de acreditación, que debería tender a un desarrollo más autónomo del Gobierno, por el contrario, se constituye en dependiente del Ministerio; se asume como una nueva modalidad de inspección y control permanente, cimentada en la desconfianza; y se incrementan las exigencias de condiciones institucionales iniciales y de seguimiento a los planes de mejoramiento en contra de la autonomía universitaria que la Constitución y la ley establecen.

Sin una discusión amplia, juiciosa y prolongada en el tiempo, se cambian funciones de organismos tan importantes como la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) y el mismo CNA; se transforma la condición fundamental de par académico —que existe hoy— en los ahora llamados «pares evaluadores», y se crea un proceso complejo que desconoce la diversidad institucional y castiga la autorregulación y autoevaluación de las propias universidades. Estas deberán, además, soportar nuevas exigencias con un alto costo financiero en los procesos de registro calificado y acreditación de programas de estudio que, en el caso de las instituciones estatales más pequeñas y regionales, las deja en desventaja.

La educación jurídica-política está centralizada con poca aplicación hacia una hegemonía diferente al sistema imperante; y las Ciencias Políticas, a nivel local, se limitaron hacia estudios profesionales (Politología), que se imparte en pocas universidades del país, y como referencia para los estudios posdoctorales, ya acreditada en otros países (Cuba-México) y no localmente.

El decreto 1001 del 3 de abril de 2006 origina contradicciones de índole jurídico debatiéndose entre lo legal y lo legítimo-institucional para los programas de educación superior; referidos entre el derecho y las ciencias políticas, por parte del Congreso de la República de Colombia desde la Ley 1188 de 2008, dando origen al decreto 1295 de 2010 con versión para estudios, hacia nuevas revelaciones científicas entre ciencias jurídicas y las ciencias políticas.

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Capítulo 2

LA REGULACIÓN EN COLOMBIA

Colombia es, según la Constitución Política, «un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general».

Los Colombianos establecidos en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.

El Estado demográfico establece que son fines: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

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2.1. Antecedentes La primera constitución colombiana se denominó la Constitución del Estado libre e independiente de Socorro, firmada el 15 de agosto de 1810. Esta constitución se caracterizaba por ser de inspiración liberal, siendo el sistema federal la forma de gobierno escogida, para la época.

El texto fundamental de Cundinamarca (1811), producto de la Junta Suprema de Santa Fe, reconocía a su vez, como forma de gobierno la monarquía constitucional, siempre que el monarca residiera en el territorio nacional, admitía la división de poderes y regulaba las elecciones. Pero su aplicación no fue de carácter nacional. Durante la proclamación de su independencia, las provincias de Cartagena, Antioquia, Neiva, Pamplona y Tunja tuvieron sus constituciones.

Fue hasta 1819, con la batalla definitiva por la independencia, cuando Colombia se articulará como un Estado. En 1918, el Congreso de Angostura aprobó la Ley Fundamental de la República de Colombia. La Colombia independiente se articulaba en tres grandes departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito.

El 1 de enero de 1821, el Congreso de Cúcuta promulgó la Constitución, en la que se establecía una república centralista con división de poderes. El 27 de agosto de 1828 se implanta la dictadura de Bolívar. Dos años después, y una vez al ser un hecho la ruptura de la Gran Colombia, se promulga otra constitución, similar a la de 1821, que estableció un Congreso bicameral de elección popular y un ejecutivo fuerte, con un mandato de ocho años.

Entre 1830 y 1849 los conservadores estuvieron en el poder y se empezaron a profundizar las diferencias entre los dos partidos definidos, respecto a las formas de organización del Estado: el Federalismo (liberales) o el Centralismo (conservadores).

En 1833 se promulga una nueva constitución que establecía un Estado Federal (Liberal Tradicional) con más autonomía de las provincias y separación de poderes, (repartición del poder en las oligarquías locales) con un legislativo bicameral y un ejecutivo elegido popularmente y sin derecho a la reelección inmediata. 1843 fue el año en que se promulgó una Nueva Constitución que creó un Estado Centralizado.

Las constituciones de 1821 y 1830 fueron una carta de tipo

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Conservador. Con el ascenso del Partido Liberal al poder en 1849, se promulgó una Nueva Constitución para 1853, que estableció la Libertad de Culto y la separación entre Iglesia y Estado, también el derecho de reunión y el sufragio universal limitado por la edad. Se estableció la elección popular del Presidente y del Vicepresidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, los Senadores y Representantes de la República, los Gobernadores Departamentales. Este último aspecto supuso la ruptura del centralismo estatal. Así pues la Constitución de 1853 permitió un marcado Federalismo, que dio como resultado la creación de Diversos Estados, entre ellos se encontraban Panamá (1855) o Antioquia (1856).

La creación de «Nuevos Estados» se realizó dentro de un marco político caracterizado por la centralización. De este proceso se derivó la Confederación Granadina (1858) en la que se «reconocieron ocho Estados Confederados», que delegaban competencias en el poder central. Después de una guerra civil, el general Mosquera, en este período (1861-1864) de ideas Liberales, sentó las bases para la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 (o Constitución de Río Negro). En esta constitución se afirmaba el carácter federal de la nación, con el reconocimiento autonómico de los Estados, el ejecutivo (elegido por los Estados que establecían sistemas electorales propios) volvía a ser débil respecto al legislativo. Esta constitución era de carácter liberal, tendencia que en el texto se hacía patente en el apartado de derechos y deberes de los ciudadanos y de talante anticlerical.

El periodo denominado como «la Regeneración» se caracterizó por la disfuncionalidad del Estado Federal y por el caos. Es de este periodo que surge la Constitución de 1886 vigente hasta 1991. Si el periodo regeneracionista empezó como liberal (de 1882 a 1884) acabó siendo rechazado por la clase dirigente, contribuyendo a la marginación del liberalismo y llevando al estadillo de la guerra de los Mil Días (1889-1903) —metaforizada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad—, como consecuencia de esta crisis institucional, Estados Unidos consiguió la independencia de Panamá.

En la Constitución de 1886, redactada por el liberal Rafael Núñez y el conservador Miguel Antonio Caro, se pueden observar cuatro grandes rasgos fundamentales: a) el establecimiento de la uni-

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dad nacional, b) la preponderancia de la iglesia católica, c) las libertades individuales prácticas y bien definidas que no serían reales hasta inicios del siglo XX; y d) el fortalecimiento de la autoridad mediante el restablecimiento del centralismo administrativo, reafirmando las ideas centralistas de las Constituciones de 1821 y 1847. Esta constitución fue objeto de diversas reformas debido al dinamismo de la política colombiana, así como por las amplias mayorías oficialistas.

Dicha constitución establecía que se podría efectuar la reforma mediante un acto legislativo, discutido y aprobado por el Congreso en sesiones ordinarias, además tendría que ser publicado por el Gobierno para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria, donde se debatiría de nuevo, y se aprobaría con la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. La Constitución colombiana también se pudo reformar a través del plebiscito, como fue el caso de 1957.

El plebiscito de 1957, en Colombia, fue una consulta popular para aprobar una reforma constitucional, cuyo contenido validaba lo que pasó a conocerse como el Frente Nacional (FN): el acuerdo de paz entre los partidos Conservador y Liberal, tras varias décadas de guerra civil no declarada.

Quizás por eso ese «Sí» fue un plebiscito, porque en el fondo se le preguntaba a la gente si quería o no la paz, aunque el texto de la votación tuviera 14 artículos de una gran complejidad política y jurídica, en los que se hablaba no solo de la mecánica del Frente Nacional sino también de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, y la obligación del Gobierno de invertir «no menos del 10 por ciento» de su presupuesto en la educación pública.

Entre 1888 y 1932 se realizaron diferentes reformas que en general tendían a reforzar los poderes del ejecutivo. El gobierno de Alfonso López, elegido en 1934 sin oposición conservadora, asumió en forma inmediata el propósito de reformar la Carta, y desde septiembre presentó al Congreso diversos proyectos en esta dirección.

Los primeros debates, sin embargo, se produjeron por el desacuerdo sobre el modo de hacer la reforma y sobre sus alcances. Algunos liberales preferían convocar una Asamblea Constituyente, y la mayoría de ellos era partidaria de escribir una Carta completamente nueva, que presentara en forma coherente una nueva visión del Estado, en vez de hacer reformas concretas y limitadas a las normas de 1886.

En 1936 la reforma constitucional se orientó a hacer del Esta-

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do colombiano un Estado Intervencionista. El Estado sería el encargado de llevar a cabo la racionalización de la producción, distribución y consumo de la riqueza. Según el Artículo 1.- El Artículo 186 de la Constitución Nacional de 1946 quedará así: Artículo 186.- Las Asambleas Departamentales son de elección popular y se compondrán de tantos Diputados cuantos correspondan a la población del respectivo Departamento, a razón de un Diputado por cada 40.000 habitantes, y uno más por fracción igual o mayor a la mitad de dicha cifra. Cuando la base de población dé por resultado para un Departamento número par de Diputados, automáticamente éste tendrá derecho a elegir uno más para que siempre sea impar el número de Diputados elegidos. En ningún caso se elegirá un número menor de Diputados de los que hoy se eligen. El número de suplentes será el mismo de los Diputados principales, y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. (Constitución Nacional, 1946)

La Reforma de 1957 estuvo encaminada a la reconciliación y pacificación de la alterada vida política colombiana. Esta reforma se hizo a través de referéndum y se reafirmó el carácter legal del pacto político, conocido como Frente Nacional. En plena vigencia del Frente Nacional se procedió a reformar de nuevo la Constitución.

La Junta estuvo integrada por los generales Gabriel París, quien la presidió; Deogracias Fonseca, Rafael Navas Pardo, Luis E. Ordóñez y el contralmirante Rubén Piedrahita Arango, los tres últimos fallecidos. Del 10 de mayo de 1957 al 7 de agosto de 1958, la Junta propició el tránsito de la dictadura militar a la democracia representativa. Leal a su juramento y consciente de su papel histórico, cumplió con la palabra empeñada y eso la dignifica y enaltece ante la historia.

La Junta Militar, expresó el general París el mismo 10 de mayo, fiel a las declaraciones del presidente Rojas Pinilla, «cuya admirable actitud alaba, exalta y reconoce como una prenda de excepcional patriotismo y desinterés, promete bajo su palabra de honor llamar a elecciones populares el próximo año, a fin de que el futuro presidente de la república sea elegido por voto popular y en la forma que lo establecen la Constitución y las leyes». Dicho y hecho. Período subsiguiente a la dictadura rojista fue el Frente Nacional, llamado antes

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Frente Civil y después Frente Social.

En 1968, buscando cierto reordenamiento del Estado en el ámbito administrativo y aumentando el poder de control de la Rama Legislativa sobre la Ejecutiva a través, entre otros instrumentos, la Comisión Especial Permanente del Congreso, no funcionó por dificultades inherentes a su formación. También se puede ver que se integró al poder ejecutivo un elemento fuertemente discrecional para declarar el estado de emergencia económica.

Se puede concluir que, en Colombia, todos los aspectos clave de la coalición de los partidos Liberal y Conservador, que dieron origen al Frente Nacional para facilitar una transición, pasaron a formar parte de la Constitución en virtud de un plebiscito de 1957 (a excepción de la alternancia en la presidencia, que fue resultado de una reforma constitucional de 1959). La incorporación de grupos guerrilleros en el proceso político del país y las presiones de los que pedían reformas fueron impulsos, muy importantes, que culminaron con una asamblea constituyente y una nueva Constitución en 1991 (Ver Estructura metodológica, Artículos 1 -41, 78-95, 113- 131), que será de inspiración de partido liberal.

2.2. Fanatismo político: Tradición desde el poder Desde 1810 hasta finales del siglo XIX se suceden constituciones con diferentes proyectos de organización estatal, que enfrentan los intereses políticos de liberales y conservadores. Después de un largo período de gobierno conservador (1884-1930), los liberales consiguieron el poder gracias a las divisiones internas del Partido Conservador.

Fue precisamente la división de opiniones respecto a la trayectoria gubernamental liberal (un periodo de 1934-1946, pero particularmente para 1934-1938), que se dieron conquistas importantes por trabajadores del sector urbano y rural).

Durante las primeras cuatro décadas, gran parte del incremento poblacional fue absorbido por el campo, propiciando la formación de un extenso campesinado en todo el territorio nacional. Es a partir de la década del cuarenta cuando los procesos de urbanización se desatan con singular intensidad. La crisis agraria, los desequilibrios

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regionales, la incipiente industrialización, el auge del comercio y los servicios, la presión demográfica en el campo y la violencia política configuraron las condiciones para esta acelerada reubicación de la población.

Para esta época, en Colombia, quien hacía parte del Partido Liberal era el presidente Alfonso López Pumarejo, cuyo gobierno fue de 1934 a 1938 (padre de Alfonso López Michelsen, presidente de Colombia de 1974 -1978 con el programa de gobierno Las Cuatro Estrategias).

Alfonso López Pumarejo promovió una serie de Reformas Constitucionales que respondían, por una parte, a la creciente crisis del país y, por otra, a limitados fines partidistas. Estas reformas limitaron la influencia de la iglesia, ampliaron el electorado en las zonas urbanas, donde el partido era fuerte; también aumentaron la base de apoyo del partido dentro del Movimiento Obrero.

Los conservadores no protestaron activamente ante la promulgación del sufragio universal para los varones por parte del Congreso dominado por los liberales, ya que tenían la esperanza de que la medida les ayudaría a movilizar a los votantes del país, que seguía siendo predominantemente rurales, con la ayuda del clero local.

A pesar de esto, la irrupción de nuevas fuerzas sociales y nuevas ideologías, durante los decenios de 1930 y 1940, cuyos presidentes fueron Enrique Olaya Herrera (1930 – 1934; liberal), Alfonso López Pumarejo. (1934 – 1938; liberal), y Eduardo Santos (1938 -1942; liberal), en un contexto de continuos temores como la posibilidad de que un único partido fuese hegemónico, en un sistema marcadamente presidencialista, aceleró la polarización.

Se desarrolló un proceso de violencia política incitado tanto por los liberales (con el poder durante 12 años sucesivos) como por las esferas oficiales, que los persiguieron en determinados sectores estratégicos departamentales. Dentro de este contexto de violencia, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado (9 de abril de 1948), líder liberal con más opción para la presidencia de la república de Colombia. Su asesinato ocasionó el Bogotazo, a una serie de disturbios ocurridos en la capital del país como método de protesta e indignación de la ciudadanía. Este hecho ocasionó una guerra civil-política, donde murieron más de 300.000 personas, por el enfrentamiento entre conservadores y liberales.

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Esta época de represalias bipartidistas, la historia política del país la registra con el nombre de «la violencia», que en esencia era y es política constituyendo la ruptura del régimen (1949); finalmente hay un alto a esta violencia con el gobierno de los militares (19531957) dirigido por el general Rojas Pinilla, con el apoyo de amplios sectores políticos y económicos del país. Después de un período de transición dirigido por una Junta Militar, entre los años 1957 y 1958, se implantó una coalición de los Partidos Tradicionales Liberal -Conservador, históricamente denominado Frente Nacional, ofreciendo una tregua para la disputa del poder.

2.3. Partidos Políticos en colombiana La vida política colombiana está íntimamente ligada a los partidos políticos (aunque en la Constitución Política de 1991 esté expresado de forma diferente como lo detallan los partidos (arts. 103 -112)7 tradicionales Liberal y Conservador. Ambos definen una ruptura social historiográfica durante los siglos XIX, XX y principios del XXI, que, a partir de ese momento, dividieron a la población colombiana entre élites y masas, proletarios y burgueses, campesinos y habitantes de la ciudad, etc.; los primeros son los que monopolizan el gobierno colombiano con concepciones divergentes del Estado.

El Partido Liberal representaba tendencias reformistas y Federalistas mientras que el Partido Conservador apuesta por un Estado fuerte y centralista y por la iglesia con institucionalidad, fundamentada en la sociedad política colombiana.

Las diferencias irreconciliables entre dualidades y la lucha por el poder en Colombia se vivieron como quedó registrado con las seis guerras civiles reconocidas (1815, 1860, 1876-77, 1885, 1890-1902); una guerra civil no declarada (1948-1957)8. Actualmente el país vive otra guerra civil, que comenzó en 1980, y en la que se integran diferentes aspectos y actores, llamada Conflicto Armado; sin embargo, 7

Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 103-112

8 Periodo conocido como La Violencia —guerra entre liberales y conservadores. Ver Rehm, L. (2014). La construcción de las subculturas políticas en Colombia: los partidos

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se considera que Colombia es uno de los países sudamericanos con una «tradición democrática» más sólida y larga, en contraposición con otros países de la región, Colombia solo ha vivido una dictadura militar en el siglo XX9, entre los años 1953 y 1957, dirigida por el general Rojas Pinilla.

De acuerdo con lo anterior, la clase política propicia un golpe de estado y le entrega el poder al general con la intención de pacificar el país. La mayoría de las guerrillas, atraídas por las propuestas de paz del Gobierno, entregaron sus armas. En varios casos los líderes o algunos de los miembros de estos grupos fueron asesinados, meses o inclusive años después; asimismo, actualmente ha pasado con el post Acuerdo de Paz, firmado por el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC10.

Un acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador puso fin a la «dictadura» de Rojas Pinilla y, tras una Junta Militar provisional, se creó el Frente Nacional, como un regreso a la «democracia electoral» repartiendo la alternancia en la presidencia. Puso fin a la violencia bipartidista, cerró las puertas a otras opciones, algunas de las cuales decidieron tomar el camino de la lucha armada. La repartición del poder entre liberales y conservadores continúo aún después de terminado el Frente en 1974, se empezó a permitir la participación política de otros partidos, a partir de la reforma constitucional de 1968, inicialmente al nivel local y regional.

Sin embargo, favorecida la oposición política —la izquierda revolucionaria—, por una situación insurgente masiva, los antiguos guerrilleros de los años 50 encontraron un medio expedito, que sirtradicionales como antípodas políticas durante La Violencia, 1946-1964. Historia y Sociedad. Medellín, Colombia, julio-diciembre. 27, pp. 17-48. Recuperado de http://www. scielo.org.co/pdf/hiso/n27/n27a02.pdf 9 Ver Moreno Mancera, J.D. (2014). Relaciones cívico-militares en Colombia: supremacía y control de los partidos políticos sobre la organización militar. Revista Científica General José María Córdova, Bogotá, Colombia, enero-junio. 12 (13), pp. 333352. Issn 1900-6586. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v12n13/ v12n13a13.pdf 10 Ver Alvarado, S. (8 de mayo de 2019). Los asesinatos de exguerrilleros comprometen la paz en Colombia. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/ es/2019/05/08/asesinatos-exguerrilleros-colombia/CINEP. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Recuperado de https://www. cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf

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vió como hervidero para ideas de socialismo. Apoyados por el Partido Comunista, y por algunos intelectuales y sacerdotes españoles, se creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN)11 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP)12, entre otros nacientes grupos13.

Se puede concluir que los partidos Liberal y Conservador polarizaron la vida política del país, siendo la violencia plasmada en luchas internas una constante del contexto político y social. Con el enfrentamiento de los dos partidos durante la etapa del siglo XIX y primera mitad del XX, se creó una pugna mediante el cual se intentaba imponer un determinado modelo estatal. Este fenómeno se traduciría en una larga serie de constituciones y reformas constitucionales.

2.3.1. «Alianzas» historiográficas del «saber» gubernamental La transición de un gobierno de militares a finales de los 50, en Colombia, emanada de la crisis del bipartidismo, fue «acordada» con los Partidos de la Oposición. Estos partidos firmaron pactos políticos en los que se darían garantías recíprocas de que no intentarían gobernar de manera hegemónica. Con este comportamiento se «estabilizaría la competencia política»; sin embargo, si bien la superación del conflicto social de preeminencia sociopolítica de los partidos políticos tradicionales acabaría causando problemas diferentes a los respectivos sistemas, en las dos situaciones, el bipartidismo oligárquico predominaba (el Partido Liberal y Conservador en Colombia) comprometió obligatoriamente su fuerza socioeconómica y estratégica para facilitar la «alternativa política».

También se dieron garantías a los actores económicos y a la iglesia de que se respetarían sus intereses.

En este sentido, ambas evoluciones liberales–conservadoras, en el ejercicio del régimen oligárquico como apuesta política forzada, ayudaron a garantizar que, para familias políticas que dominaban 11 Ver InSight Crime. (16 de octubre de 2018). ELN. Recuperado de https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/eln-colombia/ 12 Ver sitio oficial de las FARC-EP: https://www.farc-ep.co/nosotros.html 13 Ver Villamizar, D. (2017). Las guerrillas en Colombia: una historia desde los orígenes hasta los confines. Bogotá, D.C., Colombia: Penguin Random House.

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la economía, no se sintiesen amenazadas y, por tanto, «se evitó que estos grupos familiares recorrieran a los militares»; lo que originó pocas posibilidades de poner en práctica importantes reformas sociales o económicas.

En Colombia, el acuerdo del Frente Nacional, que un plebiscito lo consagró constitucionalmente en 1957, garantizaba de manera estricta que ¡ni los Liberales ni los Conservadores serían excluidos del poder!, a la vez limitaba a posibles Nuevos Partidos Políticos o Movimientos Sociales Alternativos.

Los líderes de los Partidos Tradicionales (liberales-conservadores) acordaron que habría paridad total en los tres brazos del gobierno. El congreso, las asambleas de los departamentos y los consistorios municipales serían automáticamente mitad liberal y mitad conservador, y lo mismo con la judicatura; también los puestos del gabinete, los cargos de gobernador y los de alcalde, se dividieron en partes iguales entre los dos partidos. Además, para la aprobación de la mayoría de las leyes, se requeriría una suma de dos tercios. Finalmente, debido a que los conservadores no consiguieron ponerse de acuerdo para escoger un candidato con vistas a las elecciones de 1958, y debido a que la presidencia era un puesto importante, se acordaron alternancias en la presidencia de 1958 a 1974 (con lo que los conservadores tuvieron asegurada la última presidencia).

El acuerdo se puso en práctica mediante negociaciones por parte de las élites, y su finalidad era desmovilizar a los seguidores sectarios de los partidos y poner fin a la violencia rural. El inmovilismo provocado por las restrictivas reglas del Frente Nacional y el miedo a las protestas populares fueron la causa de que la mayoría de los gobiernos del Frente Nacional impusiesen el estado de sitio14.

No se llegaron a hacer reformas redistributivas importantes ni se reforzaron las organizaciones del sector popular. De esta manera, la naturaleza de la democracia del país estuvo restringida durante todo el período.

El período del Frente Nacional presentó las características de 14 El estado de sitio es un régimen de excepción que debe ser impuesto por el poder ejecutivo, en particular por el jefe de Estado, y con la autorización del órgano legislativo correspondiente a ejecutarlo. El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante este quedan en suspenso las ga-

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un sistema de partido único y de un sistema pluripartidista, así como de un sistema bipartidista. Al existir el requisito de que los presidentes fuesen de un partido designado, en cada una de las elecciones que se celebraron entre 1958 y 1970 era necesario que los dos partidos se pusieran de acuerdo. Así, el candidato oficial del Frente Nacional encabezaba un gobierno de dos partidos, que parecía ser de un solo partido. Sin embargo, dentro de cada partido surgieron facciones disidentes que se opusieron al Frente Nacional. Debido a que hasta 1968 las aprobaciones de la mayor parte de las leyes necesitaron una mayoría de dos tercios, la existencia de estos perfiles ideológicos diversos, desde los fundamentos de las políticas en curso, sus relaciones estratégicas ante el poder de la gobernabilidad local, obligaba al presidente a negociar con lo que parecía un corrupto sistema multipartidista. Aun así, durante la totalidad de este período e incluso hasta finales de los setenta y en los ochenta, momento en que ya habían anulado muchos requisitos reglamentarios del gobierno de coalición del Frente Nacional, los dos partidos tradicionales continuaron obteniendo porcentajes notablemente constantes del total de votos en las elecciones.

No obstante, como consecuencia de una profunda transformación socio-económica (propio de la urbanización, el crecimiento demográfico, incremento de la alfabetización) del momento, así como del propio acuerdo del Frente Nacional, la identificación sectaria de la población del país con los dos partidos políticos disminuyó de forma significativa.

La importancia fundamental de los partidos tradicionales para la vida política del país disminuyó, a la vez que seguían ejerciendo un monopolio casi virtual en el terreno electoral. Aparecieron formas estratégicas electorales de oposición y se reforzaron en su comportamiento las que ya existían: confederaciones obreras independientes de los dos partidos, (surge un nuevo patrón de mediana oligarquía política) y, al mismo tiempo, se desconocieron las corrientes de protesta cívica y se descalificaron a los movimientos guerrilleros.

Pese a cualquier circunstancia, el gobierno de coalición conservó poder político local, por razones diversas, apoyado y represenrantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las leyes. (Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_sitio)

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tado por los líderes de los partidos regionales (acceso al patronaje), de los principales grupos económicos (acceso a la formulación de la política que tendría que seguirse) y de los actores internacionales (aislamiento de la toma de decisiones).

El Frente Nacional fue quien limitó los conflictos de partidos políticos tradicionales (Liberal–Conservador) y estabilizó la situación de crisis, que provocó una violencia, mientras se fortaleció la actividad de la guerrilla rural. De modo que el Frente Nacional, al que se llegó por consenso de los dos partidos políticos tradicionales, se conformó después de la firma de los Pactos de Sitges15 y Benidorm16; además de hacer frente al populismo rojista (referencia al presidente Gustavo Rojas Pinilla), que hacía peligrar sus clientelas clásicas, los partidos Conservador y Liberal quisieron asegurar su alternancia exclusiva en el poder, cada cuatro años, en gobiernos bicolores de responsabilidades compartidas, excluyentes y sin oposición.

La sucesión presidencial durante este período estuvo a cargo de Alberto Lleras, liberal (1958-1962), Guillermo León, conservador (1962-1966), Carlos Lleras, liberal (1966-1970) y Misael Pastrana, conservador (1970-19974).

Del Frente Nacional se puede decir que, después de haber prestado un servicio a la pacificación, extendió su influencia más allá de lo presupuestado y creó en la mentalidad ciudadana la impresión de que vivía bloqueada políticamente. Por otro lado, no se emprendió una estrategia política de diferenciación entre los partidos Liberal y Conservador, que se centraron en la realización de prácticas clientelistas que perduran. Por otro lado FN propició, de una manera más que evidente, la imagen del Estado como un pozo de recursos. De esta manera, la pertenencia a cualquiera de los dos partidos, especialmente durante este período pero también posteriormente, viene dada por la aspiración a una parcela de poder o a favores derivados de la estrategia clientelista.

En Colombia la opción del Frente Nacional significó renunciar 15 «Pacto de Sitges». Diccionario enciclopédico Larousse 8. Madrid: Editorial Planeta, S. A. p. 2218. ISBN 84-7551-052-3.

16 Ver Wikipedia. Pacto de Benidorm. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/ Pacto_de_Benidorm. También consultar: Banco de la República Cultural. Proyecto de paz: Pacto de Benidorm. Recuperado de https://www.banrepcultural.org/proyecto-paz/hechos-de-paz/pacto-de-benidorm

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a las alternancias (que caracterizan a los sistemas democráticos). El esquema gobierno/oposición que se practica en las democracias occidentales salió mal ya que, al implantar el presidente Virgilio Barco (1886-1990) el esquema gobierno/oposición con un gabinete monocolor, las encuestas demostraron que un gran número de colombianos consideraban muy arriesgado que participaran en el gobierno las dos formaciones políticas mayoritarias.

La elección del último presidente del Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana Borrero, en 1970, demostró que el pueblo deseaba el cambio y de aquí el apoyo masivo recibido por el general Gustavo Rojas Pinilla, como candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), que pasaba de ser una simple unión de liberales y conservadores disidentes a convertirse en un partido político en 1971.

En 1974, el sistema constitucional del Frente Nacional se desmontó en relación a la composición del Congreso y a la alternancia en el ejecutivo, pero pervivió, gracias al artículo 12017 de la constitución reformada. Además, el Frente Nacional dejó con última herencia al nuevo régimen la existencia casi permanente del estado de sitio (que permitió tanto actuaciones para reprimir a la guerrilla como para reprimir los movimientos de oposición y las expresiones de descontento popular), que intentó reducirse con la nueva constitución de 1991.

El primer presidente, después del Frente Nacional, fue el liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978), su gobierno se caracterizó por la profunda división de su partido.

2.3.2. Resultados mediáticos del ejercicio en las relaciones políticas de alcanzar la gobernabilidad local

La etapa posterior al período del Frente Nacional ha estado caracterizada por la violencia política que se vive en el país, y que, en ciertos ámbitos, se considera como estructural, junto con un proceso de deslegitimación del sistema político favorecido por las 17 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 120.

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prácticas clientelistas de los partidos tradicionales, así como por la corrupción y la inclusión de los narcotraficantes en las cámaras de representación y en la política del país.

Después del Frente Nacional, el gobierno colombiano ha continuado en manos de los partidos tradicionales que han ocupado la presidencia de la república entre los años 1970-1982 y 1986-1998, sólo los gobiernos de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), Belisario Betancur (1982-1986) y Andrés Pastrana Arango han estado en manos de los conservadores.

Los presidentes colombianos de 1970-1998 fueron: 1970-1974 Misael Pastrana Borrero, partido Conservador.

1974-1978 Alfonso López Michelsen, partido Liberal.

1978-1982 Julio Cesar Turbay Ayala, partido Liberal.

1982-1986 Belisario Betancourt, partido Conservador.

1986-1990 Virgilio Barco, partido Liberal.

1990-1994 César Gaviria, partido Liberal.

1994-1998 Ernesto Samper, partido Liberal.

1998- 2002 Andrés Pastrana, partido Conservador.

2002-2006 Álvaro Uribe Vélez, partido Liberal Independiente.

2006 -2010 (Reelecto) Álvaro Uribe Vélez, partido Liberal independiente (Anexo 10).

Histórico-políticamente si el Frente Nacional institucionalizó el bipartidismo y el exclusivismo político, como cultura política de hegemonía capitalista, junto a otras prácticas; como el clientelismo y la corrupción, la promulgación que dejaba atrás sus premisas, sí constituyó la Nueva Constitución de 1991.

Esta nueva Constitución Política consolidó, como se citó anteriormente, una participación y representación de Movimientos Políticos y Cívicos, implicó cambios en los gobiernos posteriores, que continuaron gravitando en torno a los partidos tradicionales o sus facciones, aunque se incorporaron a la vida política numerosos Movimientos y Partidos Regionalistas. Había una ausencia de formación política con ideologías definidas hacia un cambio profundo diferente a los de los partidos tradicionales, frente a un comportamiento dinámico de oposición política en el ejercicio de la gobernabilidad local.

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Esta situación política evidencia la incorporación de nuevas formaciones políticas a la vida colombiana como praxis real del momento. Se observa en las candidaturas presentadas en las elecciones para la Cámara de Representantes y para el Senado en el proceso electoral realizado 1994 – 1998 definidos en la Cámara de Representantes (con 161 escaños) se presentaron 4.542 políticos de 107 partidos o movimientos inscritos, en 692 listas electorales. Para Senado (102 escaños) se presentaron 3.190 políticos de 78 Partidos o Movimientos inscritos, en 318 listas. Además de la multiplicación de candidaturas, se observa el fraccionamiento de los diversos partidos.

En el caso del Partido Liberal en el Senado, 152 de las listas presentadas correspondían a esta corriente. Este fenómeno de atomización también afecta al partido conservador. El fraccionamiento de los partidos liberales y la falta de credibilidad que arrastran, dieron a obligados escenarios políticos importantes.

En el país surgieron Movimientos Independientes y muchos de oposición, dirigidos por personalidades y líderes comunitarios.

Así, dentro del espectro político colombiano se describirían cuatro bloques. Tres con ideas políticas en común, hacia las prácticas políticas tradicionales; y uno, en oposición con las políticas como vanguardia de esas ideas de hegemonía socialista, sobre la defensa del beneficio colectivo como derecho natural.

Se conformaron así: Liberales Tradicionales, Conservadores Clásicos e Independientes Disidentes de los partidos políticos tradicionales y clásicos, formando nuevos partidos políticos con ascensos al poder local, condicionando a una nueva mediana oligarquía política, hoy vigente, contra los nacientes Partidos de oposición, como un fenómeno sociopolítico importante (la izquierda con la Alianza Democrática M19, Unión Patriótica, Movimientos Sociales, Sindicatos, Cooperativas, entre otros).

Para 1998, a pesar de que el retorno al bipartidismo parecía un hecho condicionado de una patología política, con pequeños grupos dominantes, sobre la base de una subcultura usual en sus propias relaciones de intereses monopólicos y temas institucionales, para el ejercicio de un proceso electoral en la época.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1998, los resultados evidenciaban la aparición de una nueva fuerza política, representada por Noemí Sanín, como personaje con ideas políticas

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conservadoras18.

Unidos los conservadores ganaron la presidencia con Andrés Pastrana Arango (1998-2002), la distribución del poder en el legislativo confirmaó el dominio de los Liberales en las elecciones de marzo de 1998, lo que constituyó volver al bipartidismo superado y ser más dependiente del sistema capitalista vigente19.

La profunda división de intereses en las relaciones políticas y el ejercicio del poder legislativo (por la regulación vigente) en entre liberales, conservadores e independientes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, mostró la inexistencia de disciplina de partido y de formación política con identidad patriótica establecida por la Constitución Política de 1991, de forma que su comportamiento político y de partidos se confrontaban en reformas y contrarreformas políticas, diluyendo los beneficios en general a que tenía derecho los colombianos.

Actualmente hay liberales con tendencias conservadoras, conservadores con tendencias liberales, independientes con tendencias liberales o conservadoras, liberales o conservadores con tendencias independientes, etc. Las ciencias históricas desde los fundamentos políticos, relaciones sociales y humanas, en el ejercicio de la gobernabilidad local, revelan una importancia como vanguardia de la oposición de izquierda en el país; y a nivel mundial.

Las elecciones legislativas del bipartidismo en Colombia supusieron un éxito para personas relacionadas con medios de comunicación y con el mundo de la farándula, así como para movimientos de tendencias religiosas, que consiguieron mantener los cinco escaños que ocupaban.

18 Noemí Sanín, nació en Medellín, el 6 de junio de 1949. De profesión abogada y política colombiana. Es hija del escritor y político, Jaime Sanín Echeverri y de Noemí Posada. Durante varios años fue miembro del Partido Conservador Colombiano, hasta 1998, año en el que fundó su propio movimiento político llamado «Sí Colombia», para promocionar su candidatura presidencial. Ha sido empresaria, ministra, primera canciller mujer en Colombia, embajadora y candidata presidencial. Hasta julio de 2009 fue la embajadora de Colombia en el Reino Unido de donde regresó para buscar aspirar a ser presidenta de Colombia en las elecciones de 2010 como candidata del Partido Conservador. Es la mujer que más cerca ha estado de la presidencia de Colombia, cuando en 1998 obtuvo cerca de 3 millones de votos. En 2013 le fue concedida la nacionalidad española por carta de naturaleza. Desde marzo de 2018 es también presidenta de la Fundación Everis. (Tomado de Wikipedia) 19 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 267-281.

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Así, estas elecciones fueron un fracaso para aquellas personas relacionadas con el «Proceso 8000», resultado de las investigaciones sobre la presunta financiación por parte de los narcotraficantes de la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998). Las elecciones parlamentarias no se realizaron en condiciones de normalidad en muchos lugares del país, debido a la profunda violencia política, así como por la existencia de fraude electoral (se detuvieron 2.819 personas en relación con esta cuestión).

Las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas presentan diferentes características respecto a las elecciones de las corporaciones locales, Municipales (alcaldes, concejales y representantes de juntas administradoras locales Ediles) y departamentales (gobernadores y diputados) del 26 de octubre de 1997, que se identificaron por la introducción de un sexto «Tarjetón» (papeleta) a favor de la paz (denominada como mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad). Estas tuvieron una tasa de participación altísima, de diez millones y medio de personas aptas para votar, votaron diez millones. Fue un voto de rechazo a la violencia y de confirmación de la voluntad de la población de vivir en paz.

Esta participación fue puntual y en las elecciones presidenciales y legislativas de 1998 se registraron niveles de abstención relativamente bajos. El aumento de la participación sobre años anteriores puede ser la causa de los mecanismos instaurados para favorecer el voto (reducción del servicio militar, ventajas en conceptos diversos como ingreso en la universidad, o solicitar una beca). En las elecciones municipales los liberales conservaron sus posiciones políticas, obtuvieron el 43.8% de las alcaldías más un 15.6% de alcaldías en coalición. Por su parte, los conservadores continuaron su retroceso aunque se mantenían como primer grupo minoritario del país. (El Tiempo, 1992, parr. 5) Los partidos y movimientos de izquierda fueron objeto de amenazas para disuadirles de presentar listas así como de presentar candidatos. Por ejemplo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), antigua guerrilla desmovilizada, no inscribió candidatos en Sucre al ser asesinados sus aspirantes y sufrier atentados en el centro de Bolívar. Dentro de estos partidos y movimientos de izquierda, que se presentaron en las municipales, se señala el triunfo de los candidatos del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad (el antiguo EPL).

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La regulación colombiana dio un viraje auténtico importante sobre la tradición del ejercicio del poder en unas minorías bipartidistas, originando la participación y representación de nuevos movimientos políticos alternativos; con alianzas históricas del saber gubernamental, en el comportamiento de gobernanzas flexibles; hacia adentro, mas su dependencia externa quedó intacta.

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Capítulo 3

REGULACIÓN Y EDUCACIÓN POLÍTICA: ESTRATEGIA SISTÉMICA PARA UNA GOBERNABILIDAD LOCAL

La regulación y educación política son experimentadas con formación institucional, realizando programas con efectos importantes, que evidencian las necesidades prácticas y reales de la comunidad.

Los gobernantes comprometidos han pretendido gestionar colectivamente; sin embargo, sus acuerdos regulados posponen consciente o inconscientemente a una cultura estratégica integral con identidad Nacional, hacia lo que es un sistema gubernamental sistémico.

En el país persiste (arts. 285 – 331)20 una división de una cultura política originada por «las exitosas conquistas políticas», las relaciones políticas combativas externas (primero España, después Estados Unidos, ¿mañana…?), que han dejado y heredado como «representación» los invasores políticos, la división en sus relaciones de poder y subvaloración de una cultura política (avalada por la clase política dominante criolla) con sectores políticos desencontrados tales como los del centro político (la gobernabilidad local), adentro político (la cotidianidad política sin pertinencia por la anterior), y afuera político (poco a nada en las escuelas de relaciones políticas internacionales y mundiales).

La educación estratégica demuestra el comportamiento político integrado humanamente, y masificado socialmente antes, durante y después; siempre pasa a cambios naturales e institucionales inherentes a las transformaciones normales-materiales y reflexivas prospectivamente, con base a sus contradicciones debido a las diversas fuerzas políticas, como motor del desarrollo histórico-reciente-contemporáneos de la humanidad política, que han sido siempre y en todos los momentos de la dialéctica natural, anegada en la demo20

Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 285 & 331.

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cracia popular y trascendente.

La ciencia es estudiada y los tiempos nunca han pasado ni cambiado independientemente a su historia-reciente-contemporánea; solo la sociedad se reproduce en su desarrollo humano–natural remplazada por generaciones, visionando y eligiendo su propia democracia; profundizando reflexivamente y buscando siempre donde se puede masificar; esto derivado de sus cambios o transformaciones en el común acuerdo con los procesos políticos del ejercicio de gobernabilidad local contextualizada, con base en sus causas axiológicas sobre el reaprender, el idealizar-realizar y en el aprendizaje del cómo, cuándo, porqué, para qué, etc. Sin embargo, lo relevante corresponde a decidir lo más significativo de sus vivencias, tanto en las formas de imaginar la gobernabilidad en una cultura política eminente soberana a su valoración científica.

De las erudiciones políticas expresadas en las disciplinas de las ciencias fusionadas, una nueva ciencia política, con enfoque sur experimentada, es el fundamento que caracteriza al pensamiento político critico-progresista y sus sistematización, que revela una ciencia política desde el sur comprobada por las comunidades académicas (sistema educativo natural-institucional), sociedad del saber (científicos en general), organizaciones de base (empresas-industrias), movimientos sociales (civiles), partidos políticos derivados de las organizaciones sociales, sistemas sociopolíticos motivados del objetivo común de los asuntos electorales, entre otras variables, que devienen de las necesidades en general, comprendiendo realmente y superando sustancialmente cada juicio prospectivo gobernable de las evoluciones y/o alteraciones que ayer lesionaron, y hoy afectan.

Cada minuto, hora, día, mes, año, que vienen, transgredirán los umbrales reales y culminantes del método gubernativo de nuestra sociedad colombiana.

La nueva ciencia política con enfoque sur es aprendida precisando: la sistematización del pensamiento político critico-progresista de la sociedad colombiana; determinada en la historia, la jurisprudencia y la política económica, interaccionada con base a sus formaciones, en general, los partidos políticos; contendiendo para descubrir el ejercicio de gobernabilidad legal, también revela características de las regulaciones ideológicas de relaciones en asuntos políticos y sociales a ras usuales.

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El país redime internamente diversas fuerzas políticas que lograrán con la reproducción del sistema político social masificado, solucionar y/o superar el caos, como también alcanzar la credibilidad y sostenibilidad en sus relaciones internacionales y mundiales, a través del acto político integral de cambio y/o trasformador; validado como una introversión desde la nueva ciencia política con enfoque sur, instaurada por la prospectiva de gobernabilidad local; con base en una progresión naciente por los desafíos del ser político en sus necesidades; entre ellas, la de formarse, reaprender, educar, colectivizar, entre otras. De modo que la prospectiva de gobernabilidad del siglo XXI tiene como fin asegurar la sobrevivencia y resistencia de nuestra especie.

El principio sistémico es determinar la sistematización del pensamiento político crítico- progresista; a través de sus contradicciones antagónicas prospectivas, como motor hacia la democracia popular, más allá de la gobernabilidad como la gestión política positiva única en el ejercicio de una tangible democracia.

La prospectiva de gobernabilidad estudiada en un sistema de interacción dialéctica del acto político en que se derivan los procesos políticos desplegados desde el centro (cotidianidad política) iniciados desde adentro (gobernabilidad masificada) y prospectados centro-adentro, con reproducción del sistema político hacia afuera (relaciones internacionales y mundiales asumidas contextualmente), por un sistema de sistemas educativos (micro sistema a macro sistema) integracionistas para la prospectiva de gobernabilidad masificada, convirtiéndose en una cultura política del pensamiento de nuestra realidad y práctica de la sociedad; excluyendo conflictos y desigualdades de clases sociales; a debatir estrategias de igualdad hacia sociedades políticas de masas, en su máximo nivel de convivencia democrática.

El ejercicio de gobernabilidad colombiana se caracteriza, con relación al pensamiento político de sus actores, hoy un caos, por una manifestación que contribuye a los resultados de una gestión pública de los gobernantes de turno en un área y lapso en lo jurídicoadministrativo, comenzando con una acción tecnopolítica única y excluyente. Resultado de su «victoria» en los comicios electorales.

La gobernabilidad local tradicional acata las relaciones políticas internacionales y mundiales; previo acatamiento de la hege-

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monía acaudalada, identificadas con las prácticas políticas ideologizantes de los gobernantes y sus capacidades autocráticas como un proceso político más del momento. Cuando aparece la oposición política o la resistencia contra ese modelo de gobernabilidad posible a acordar o ya acordada, se presenta la violencia política sectorizada; y el pensamiento político crítico-progresista al no poder sustraerse de la realidad constitucionalizada, originan sus propios grupos; y cada grupo armado o partido político tiene su propia concepción, percepción y formas de vivencia a sus propias políticas y ejercicio de gobernabilidad a lo que fue, es y coexistirá en una verdadera democracia, disolviéndose la cultura política como identidad nacional; de allí unas prácticas y de estudios políticos sectorizados: de adentro (cotidianidad política), centro (gobernabilidad local) y afuera (relacionado con relaciones políticas internacionales para asuntos de gobernabilidad).

Los gobiernos acordes a un mismo diseño de poder articulan alternativas. Sin embargo, se mantiene, aunque en forma sorpresiva, una oposición a las prácticas políticas nocivas, y una resistencia en lo ingobernable; a un dilema fundamentado y representado por las ideas y las prácticas del pensamiento político crítico-progresista.

La regulación existe, y el pensamiento político se impone en la competencias de intereses institucionales excluyendo el ideal patriótico y democrático, sustentado y defendido por los consecuentes de las ideas masificadas del acto político integral cambiante y/o transformador masificado de la sociedad civil políticamente desde su comportamiento y entendida en la condición en que una Colombia mejor es imprescindiblemente necesaria y posible en lo social, económico, cultural, ideológico; entre otras variables implícitas en el proceder de centro político a un adentro cotidiano, originadas desde una democracia en su expresión más significativa del momento.

La regulación ideológica inicia del enfoque sistémico con estudios políticos alternativos; de lo tecnoinstitucional a la polidemocracia representativa y participativa del poder, y es importante en doble vía como prospecto de sostenibilidad y sustentabilidad prospectiva, al espacio de la nueva ciencia política con enfoque sur; desde lo humano hasta lo social desarrollado contra la problemática teórica–metodológica en la política científica. El progreso estratégico será significativo; a efectos de la interpretación multidisciplinaria de

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métodos en las ciencias.

Como bien se sabe, el comportamiento político es frágil y genera inseguridad del pensamiento político por ausencia efectiva de escuela. Se imita gobernabilidad mediática y sin identidad de teorías estratégicas del pensamiento político progresista, asimilado en el contexto con identidad nacional, hacia la posibilidad de una democracia propia del espacio geopolítico y demográfico, donde la nueva ciencia política con enfoque sur como poder estratégico y reflexivo, es una necesidad integral; e irrumpe contra una empresa politiquera más, regida por intereses institucionales, donde el centro de atención y disputa, es la «gobernabilidad» y el ejercicio socioeconómico que se deriva de ella.

La regulación y educación están vigentes y obligadas a reformar y facultar para competir con el sistema que alimenta la división política y su reproducción patológica, afectando a la mayoría de la población del planeta. El método estratégico es la mediación por las fuerzas del pensamiento político occidental y oriental, para acuerdos políticos por la igualdad de las diferentes fuerzas socioeconómicas e importantes del saber; entre estos, los medios de comunicación como fines permanentes de informar acerca del pensamiento político progresista de la unidad a un mundo mejor de un espacio geopolítico como esperanza de la humanidad, prevaleciendo el ejercicio de gobernabilidad local de esencia formativa e integral.

3.1. Fundamentos La Ciencia Política revela fundamentos, relaciones y prácticas vitales que la población; por su naturaleza, constituye y decide local y contextualmente sus propios códigos de comportamiento político, cumpliéndose o no los principios de un verdadero gobierno integracionista.

Una nueva ciencia política con enfoque sur, como espacio de reflexión hacia la prospectiva de gobernabilidad local, requiere de un método científico que forme consecuente o en préstamo a todas las variables de las ciencias, sobre la base, a su objeto de estudio.

Dado el caso, el sistema político confrontaría la teoría de los sistemas. Entre otras premisas, se manifiesta una necesidad de pen-

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sar más allá del presente, de nuestra realidad; es decir desde una prospectiva, entendida como la sistematización del pensamiento político crítico-progresista desde los actores clásicos, modernos y contemporáneos en sus aproximaciones al contexto colombiano, con base en su historiografía demográfica. Además de los acontecimientos de gestión pública, relacionados con lo jurídico-administrativo y crítico-progresivo y determinados por los espacios propios de una ciencia política con enfoque sur, fundamentadas y determinadas prospectivamente en el presente; es decir el pensamiento político crítico-progresista como Prospectiva de gobernabilidad dialéctica, obligada por el desarrollo político natural. Explicito e implícito en la teoría del conocimiento, enhebrado con los avances de las ciencias y virtuales en la tecnología contemporánea.

La ciencia revela disciplinas como filosofía, sociología, historia, economía, demografía, comunicaciones, psicología, politología, etc., que suscitan competencias, descubriendo nuevos conocimientos imprescindibles hacia las variables: partidos políticos, características del capitalismo e imperialismo, del socialismo y comunismo en sus diferencias políticas y gobernables, como la formación política integral de expertos o maestros de comportamientos desde las contradicciones de clases sociales y políticas derivadas de las luchas de clases, hasta las contradicciones antagónicas como motor del desarrollo histórico-reciente de la sociedad política contemporánea; lo que crea la necesidad de una nueva ciencia política con enfoque sur; desde una prospectiva de gobernabilidad local, como espacio ineludiblemente requerido.

Una nueva ciencia política con enfoque sur es integrada a la cosmovisión del desarrollo político, estudiadas las teorías universales y focalizadas en el tercer mundo; examina y explica la problemática teórica–metodológica, que irrumpe una prospectiva de gobernabilidad, inmersa en una profunda dependencia externa y del caos interno.

La nueva ciencia política con enfoque sur comprueba epistémicamente a una problemática teórica-metodológica con el método sistémico fundamentado y relacionado a lo humano y natural; porque en el pensamiento político historiográfico y demográfico se originaron las dificultades sociopolíticas. En la tradición reciente, están polimercantilizadas del modelo socioeconómico del capitalismo y la confusa percepción del imperialismo como obligación futura.

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Lo que da como resultado que el acto político se convierta en fuerza a la guerra externa (un ejemplo es el contexto de Irak) de la actividad política como experiencia importante del campo capitalista.

El imperio beligerante prevalece hasta comprender procedimientos tecnopolíticos, con explicaciones sencillas y entendibles, pero desinformadas de la realidad política en general. Una gobernabilidad asemejada a las relaciones políticas internacionales, justificada en términos de «desarrollo político»; registrado en la historia política reciente.

Los temas percibidos a estudiar son: democracia participativa, representativa, alianzas de partidos, acuerdos de paz, disidencias, grupos de presión, oposición política, resistencia, sistemas complejos sobre políticas públicas, dinámicas de asuntos políticos y públicos, desarrollo socioeconómicos y políticos, perspectivas políticas, meta teorías políticas, prospectivas, teorías del conflicto, de las élites, del caos, de las crisis, de la complejidad, la planeación estratégica situacional, el MAPP21, el ZOOP22, entre otras.

Las categorías científicas tienen su espacio de reflexión permanente, fundamentación y formulación a través de proyectos y programas para revelar tesis de métodos en la epistemología y su practicidad, determinada por enfoques sistémicos consecuentemente con la Nueva Ciencia Política con Enfoque Sur.

3.2. Relaciones Políticas La clase política dominante protagoniza con esas habilidades tecno-administrativas de permutas generosas en la concertación de acuerdos políticos del poder centralizado, prevalece exclusivamente todo lo coyuntural con base en el adelanto o imitación de una de21 MAPP son las siglas que significan Método Altadir de Planificación Popular, desarrollado por Carlos Matus.

22 «ZOPP es el acrónimo para la expresión alemana “Zielorientierte Projektplanung”, que significa Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos. Es un conjunto de instrumentos y procedimientos de planificación en el proceso de gestionar el desarrollo de un proyecto durante todo su ciclo vital». (Tomado de http://2inno.eu/es/content/ metodo-zopp)

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mocracia, llamada representativa y/o participativa, donde se abre un espacio simulado para las ciencias políticas (simplemente lo que está regulado por el Estado; es decir, la parte judicial contrastando intereses). Hoy profundamente cuestionada por la sociedad civil, porque en la práctica la gestión pública y la gobernabilidad, en asuntos políticos, tienen poca credibilidad en Colombia.

La gobernabilidad excluyente genera inconformismo, desaciertos, frustración originando poca credibilidad de capacidades en las comunidades estratégicas de adentro (sociedad civil), caos en los centros de poder (ingobernabilidad), y muy fragilizada por fuera (relaciones políticas internacionales y mundiales).

Los partidos políticos contribuyen a la proliferación de otros; entre tantos conflictos, en el escenario que se disputa el ejercicio de gobernar o ingobernar. De tal manera que se desarrolla una disputa de las diversas fuerzas políticas; unos para alcanzar el poder político y mantener la tradición familiar. Liberales o conservadores y sus derivados del bipartidismo; tales como los disidentes con ideas «diferentes», de derecha o de centro, en apreciaciones políticas; por supuesto, la esencia ideológica es la misma, pensamiento político capitalista.

La oposición se caracteriza (comunistas, socialistas, de izquierda, entre otros, de ese pensamiento político crítico-progresista) por una posición diferente de la política teórica y práctica. Pues estas son pensadas, sentidas y vividas, más como grupos armados de oposición a las prácticas políticas tradicionales y resistencia a la gobernabilidad habitual (de intereses), legitimando la igualdad del pensamiento político para ejercer la gobernabilidad local.

Los partidos políticos de oposición ya regulados son desacreditados, subestimados y/o eliminados; pues sus líderes, que históricamente investigan la realidad política del ayer hoy y mañana, en el verdadero ejercicio del pensamiento político crítico-progresista, al aspirar a convivir en una democracia que todavía está por construirse, por decisiones de la clase política dominante en el poder que se reproduce con el sistema actual.

En las contiendas electorales terminadas ( 1998 – 2018), resultando como ganadores los partidos de derecha; la gobernabilidad es asistida por el bipartidismo tradicional, se originan reformas en la regulación por las relaciones sociopolíticas, donde a la democracia se

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le apuesta en el papel con las diversas expresiones de las necesidades básicas de la sociedad, (resueltas por la clase política dominante a través de los medios) con base en su comportamiento y formas de exteriorizar sus dificultades en el acto político natural.

Una pequeña sociedad política precisa y evidencia el «todo» del comportamiento político para «decidir en el poder», es obsesiva, desconociendo la sistematización del pensamiento político críticoprogresista. En el país, su pasado sobre la base del comportamiento político registrado históricamente es sobre confrontaciones de partidos políticos, grupos armados, violencia política; su presente, confusión intencionada en el quehacer político, desinformación sobre el verdadero ejercicio de gobernabilidad local, centralización política y caos; además de confusión sobre lo que es la democracia. Las tendencias del mañana, que es hoy en proceso de asuntos políticos; se debe emplazar esa proyección ingobernable desarticulada entre lo que es y lo que debería ser, en el ejercicio prospectivo de gobernabilidad local caracterizado por el modelo colombiano.

El poder político efectúa y genera un microsistema con fuerte injerencia socioeconómica para la partición y capacidades en alianzas estratégicas mediáticas; a su vez frágil, por choque de decisiones del partido que representan, y la posible subdivisión política por coaliciones de partidos políticos que participan en el gobierno de turno (si participan de la gobernabilidad son sometidos. Y si la representan son sobornados o manipulados en pro de las mismas necesidades o debilidades del partido que simbolizan, ahí están los estímulos del poder aplicado por los que gobiernan).

Nuevos Movimientos están originando grupos y partidos políticos, en pro y en contra de acuerdo con la versión informativa de la secuencia política y la gobernabilidad del momento, se disipa la unidad política y esto conlleva a la división de las organizaciones sociales, de base, originando crisis de gobernabilidad.

En las relaciones políticas internacionales, Colombia está registrada como un país subdesarrollado, tipificado en el discurso programático de sus prácticas políticas de injerencias socioeconómicas, y en la percepción del pensamiento político está condicionado hacia una democracia simbólica más no real.

En general, las relaciones sociales son el eje regulador de las posiciones, participaciones y decisiones políticas para establecer

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democracia. La educación política para todos como mecanismo de formación integral; es y será el más permitido por la sociedad, lo que podrá contribuir a constituirse como un sistema político interaccionista hacia un acto político integral, cambiante y/o transformador; a unas técnicas de procedimientos en el reconocer avances de un régimen fundamentado desde la Nueva Ciencia Política con Enfoque Sur. El modelo sociopolítico yace sobre la base económica del capitalismo y su propósito es aplicar y replicar la ideología política dominante en el centro, adentro y afuera como una «vanguardia cultural y reaccionaria» con discursos poli-mercantilizados.

El poder político regulado cree estar por encima de la educación política para todos y de las disciplinas del saber; sobre «conceptos nuevos», que después se convierten en moda; ya que, en teoría, tienen una posición y relación para la acción-reacción; a la igualdad condicionada, por contradicciones al debate natural, donde creen apreciar la gobernabilidad local, excluyendo el integral fundamento.

La clase política dominante es en sus discursos muy subliminal y protagoniza, basada en las necesidades de la población, donde la reacción social debe dar igual realidad y no vulnere intereses, determina una verdad que no es real; con proyectos políticos «esperanzadores» en su real saber, entender y decidir. Lo que reorganiza a los Partidos políticos, Movimientos Sociales (de intelectuales políticos), líderes de las organizaciones de base para servir a la misma.

3.3. Pensamiento y Comportamiento Político El Estado está fundamentado históricamente en el comportamiento político de la humanidad y sus prácticas, ante una realidad de la propiedad privada el capitalismo y como fase superior el imperialismo con oposición del socialismo y el comunismo hasta hoy. Un desarrollo político desigual y combinado, por la regulación quien la ejerce, descansa sobre la base económica, como un poder público casi indestructible, para iniciar una efectiva democracia en el ejercicio de gobernabilidad local colombiana.

El pensamiento político crítico-progresista determina siste-

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matizar la trascendencia, integralidad, cambios o transformaciones ideológicas, culturales económicas para gobernar explorando y formulando un ánimo del acto político integral cambiante y/o transformador real que existe. Es una profunda necesidad de formación estratégica que demanda la sociedad del contexto.

La sociedad política es consciente de su reproducción integral, de cambio natural y significativo con valor sistémico, desde su origen, tendencias y prospectivas geopolítica y demográfica, de una escuela política a una humanidad formada estratégicamente, por la necesidad de un centro de investigación prospectivo al servicio de todos, con base en la sistematización del pensamiento político crítico-progresista en la arista de asuntos políticos, revelando una ciencia política con enfoque sur; esto con relación a la superación de la confusión de gobernabilidad en Colombia.

Por su parte, la educación superior favorece a la gobernabilidad local y propicia la solución de las demandas de la sociedad civil en el Departamento de la Guajira–Colombia; sin embargo, lo académico-institucional revelado, por el ejercicio activo–científico referido a este tema con las universidades, en su realidad; están poco articuladas con las prácticas transformadoras de la gestión pública denominada gobernabilidad.

La ciencia es el descubrimiento de un fenómeno que beneficiará a la humanidad efectuado por la misma, desde la reflexión cognitiva científica. Una nueva ciencia política con Enfoque Sur está por descubrirse, al suscitar epistémico de un método estratégico formado por la misma humanidad afectada por una cultura política patológica; relacionada con el poder estatal, sobre la base del crecimiento obsesivo de las desigualdades humanas.

Estudios estratégicos importantes han ocasionado el debate de la ciencia política desde sus diversas variables; con reflexión se determina la insuficiencia de educación política estratégica para gobernar, en un régimen estatal determinado, como un constante espacio–temporal en general.

La ciencia política revela la regulación estatal y el poder de los gobernantes con este mecanismo; sin embargo, la clasificación de los países a nivel mundial acepta su estratificación, así se gobiernan y se «desarrollan desigual y regulados». Las mayorías se afectan por la naturaleza de las ciencias políticas universales. De modo que

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una ciencia política con Enfoque Sur está constituida desde un prospecto gobernable regulado por la educación política, con un método estratégico propio de la humanidad y con igualdad propia de su regulación interna, representación y participación estratégica externa hacia oportunidades locales de ambiente sistémico, en prospectiva de gobernabilidad local.

La nueva ciencia política con Enfoque Sur examina y valora todas las tradiciones de la historia reciente, experimenta y persevera innovaciones del presente real e impactos del pensamiento político progresista; que debe actualizarse, socializarse y aplicarse por los científicos e intelectuales.

La humanidad apropia lo cotidiano estratégico como una fuerza natural, hacia lo institucional regulado para las organizaciones de base, procedidas de los movimientos sociales que la observan, y estudian las patologías habituales de las relaciones políticas del contexto.

El acto político íntegro es propio de las organizaciones e instituciones, consecuentes e imprescindiblemente por el establecimiento de su existencia. La educación política integral es el proyecto de vida; que al construir un método estratégico origina una democracia regulada y alcanzada con actividad normal, circunstancialmente con el antes, durante y después, afectado coyunturalmente por la «sana demagogia lingüística actual», hacia la defensa estratégica estructural trascendente y unida, reconstruida por un factor general prospectivo; reinterpretada en unas constantes teorías, previa fundamentación, con la práctica reformuladas, en las diferentes expresiones evidentes a lo acostumbrado, desde lo académico e institucional sistémico.

La Ciencia Política con Enfoque Sur regulada experimenta, cualifica y revela el método estratégico para precisar, establecer y determinar la educación política integral que prospecta lo gobernable estatal en Colombia, valorando, cualificando y analizando sus características, en la gestión política, experimentando enfoques sistémicos a través del acto político integral y progresista; reglamentario por las organizaciones de base, hasta la reproducción natural e institucional de una sociedad espiritual en el saber estratégico. Este nuevo método de la ciencia política es ecuánime en sus conocimientos de gobernabilidad focalizadas.

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La nueva ciencia política con Enfoque Sur experimentó, precisó y estableció el prospecto gobernable como un regulador de comportamiento natural e institucional del pensamiento político progresista de una sociedad subjetiva en su saber político como ciencia, y objetiva en su conocimiento de gobernabilidad local.

El método estratégico cualifica para analizar variables, y establece la gestión política a la asimilación natural e institucional del pensamiento vital progresista, sistematizado en el hecho político estructural con las organizaciones de base, para un comportamiento estratégico participativo, representativo y democrático en acción estatal.

La nueva cultura política revelada, y determinada por el método estratégico, es apropiada cotidianamente por Movimientos de masas, gobiernos y escuelas políticas del saber, conocer y aplicar, que se constituirían en Colombia. Los egresados Guajiros de la educación superior; en especial, los de la Universidad de la Guajira, que tendencialmente propiciarán la solución de las demandas de las comunidades y, en consecuencia, favorecer la gobernabilidad local.

3.3.1. Tecno-institucional El comportamiento político tecno-institucional revela características diferentes de hacer política, entre el capitalismo y el socialismo. Formas de pensar heterogéneas en el discurso y tácticas políticas, actualmente con la profunda necesidad de estudiar una nueva ciencia política con enfoque sistémico para gestionar gobernabilidad local.

Los movimientos sociopolíticos nacientes (intelectuales, líderes naturales, etc.) estudian y consideran reformas estratégicas profundas con beneficios integrales y colectivos, en las relaciones políticas en que están inmersos, la clase política dominante determina reestructurar lo gobernable relacionado a los asuntos políticos.

Cuando estos no tienen salida de una solución, ni superación de los problemas tecno-institucionales en los procedimientos políticos tradicionales, decisorios en la representación o participación del poder que demanden esas necesidades, responden con pocos recursos y

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rentabilidad a largo plazo.

La gobernabilidad local es la práctica de lo tecno-político, con un nuevo redimensionamiento público, formalmente de «incertidumbre», pero realmente excluyente en la práctica tecno-institucional; reapareciendo conceptos teóricos de temas, para experimentar alternativas políticas contemporáneas, debatidos en eventos para reflexionar sobre nuevos métodos políticos como líneas de investigación en las ciencias políticas.

De modo que la estructura del poder político regulado es lo esencial, con participación directa de reformas en los contenidos constitucionales para sus actividades con base en sus programas y la aplicabilidad de sus proyectos; subvalorando una nueva escuela política con relación al prospecto aplicado. El acto político adquiere dificultades, cuando sus resultados afectan a los intereses de la clase en el poder y no en su relación con la gestión pública.

La clase dominante refleja intereses socioeconómicos; no obstante, posee básicamente una relativa interdependencia de lo estratégico, ejerciendo protagonismo político de reacciones a lo sostenible sobre el discurso con las tendencias sociopolíticas del momento.

Actualmente, Colombia tiene una política oligárquica y financiera que sostiene lo gobernable, que tiende a deslegitimar a los movimientos obreros, so pretexto de reestructuraciones del aparato estatal, donde toda oposición política es terrorismo de las organizaciones sociales; interpretando el pensamiento político dependiente, y la tradición incompatibles e incomprensibles con el pensamiento político crítico-progresista, registrado en la historiografía reciente de la reflexión para determinar las ciencias políticas.

Los prospectos regulados están situados como Estado-Nación, manifestados con fundamentos y relaciones estratégicas por diversas fuerzas políticas, que deben desarrollarse de acuerdo con las condiciones específicas de cada escenario gobernable.

La política conceptual es fundamentada, con una interpretación que contribuye a una forma de situarse en el presente. En actos políticos existe el conceder espacios a través de un sentido y una presencia desde determinados principios naturales, que originan revelaciones no decretadas para un nuevo comportamiento estratégico sociocolectivo, cuya importancia lo aleja de la legalidad por

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legitimidad hacia una ley racional, que convierte sistemáticamente a las relaciones políticas en un método con procesos jurídicos y administrativos. Estos reclaman una socialdemocracia participativa en masas, con criterios y decisiones en el prospecto estratégico a la polidemocracia del siglo XXI: La nueva ciencia política con Enfoque Sur valida su necesidad de ser estudiada con un método estratégico, porque existen prácticas confusas interpretadas en una trama historiográfica, que afecta a la sociedad civil por el acto político bipartidista, sostenido con intereses de grupos económicos, por las clases políticas monopolizadoras y polimercantilizadas, a las decisiones de los partidos políticos en el poder, que en esencia están estratégicamente centralizadas. (Lozano, 2015)

Se sabe que la clase política dominante con las organizaciones sociales e institucionales para constituir la plataforma protagónica de «un sistema democrático», con relación a sus múltiples contrariedades, hoy complejizadas, tiene muchas dificultadas en lo gobernable; demostradas por los medios de comunicación y datos estadísticos ya superados por muchos países de América Latina.

La gobernabilidad desarticula con lo prometido electoralmente, las tendencias del prospecto de escuela política, consecuente con la realidad de las necesidades comunales, son poco informadas; es un formalismo burocrático, manifestado en la subjetividad política, restando credibilidad a la gestión pública examinada por la sociedad civil.

La clase política dominante protagoniza con su demagogia clásica y le apuesta a la gobernabilidad con teorías e interpretaciones para formular políticas de gestión comunal e institucional con base en la concertación, participación y representación en la gestión pública (cargos, puestos, contratos, entre otros), y, sin embargo, es el partido político quien decide cómo se gobierna.

Lo gobernable es sostenido por el protagonismo ideal, la situación y su relación con la práctica es diferente. Las decisiones políticas masificadas conllevan a constituir una base de los procesos socioeconómicos equitativos para las relaciones políticas integradoras.

Hegel hace historia con el discurso; el estar es la materialización de la idea como libertad, pero el significado que asigna a esa noción,

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no es producto de la inventiva, sino el resultado de la tradición, haciendo de la autonomía el principio de la filosofía política.

Este pensar no busca reanimar una realidad inmóvil por medio de un principio abstracto, ni sugiere a los hombres un fin inaccesible, únicamente desea permitirle que lo reconozcan en su presente, que el mundo solo es mundo por su acción, llevándolo a la convicción de que son ellos quienes libremente afectan su reconciliación, devolviéndose, al fin, control sobre las condiciones de existencia.

Esta filosofía obra en los conceptos políticos para no soñar, sino purificar lo real transformando su injusticia aparente, descubriendo en él la actitud para contener una forma más alta de sociabilidad. Es, entonces, la alternativa que permite evadir dos errores que se revelan solidarios, validar sin críticas el presente o imaginar sin usar futuro.

La filosofía de Hegel es considerable para interpretar el mundo, localizar la verdad, que ya se agita en el presente y que conduce a los hombres para transformarlos; estos problemas solo tienen interés para quienes desean comprender sus condiciones de existencia, rechazando toda verdad revelada y la idea espontánea de que se vive en un mundo creado por un demonio incapaz y mal intencionado.

De acuerdo con lo anterior, Hegel propone ciertos medios para evitar la resignación, la duda, la importancia, para evadir la superstición y la derrota. Pero no es la vía de consolarlos sino exigiendo que conforme a sus aspiraciones a la altura de sus necesidades. No es poca cosa si con ella se muestra que nuestro reclamo se aproxima a la vida verdadera.

Historiográficamente la humanidad es gobernable, que, a pesar de los grandes descubrimientos científicos, no son ellos los que determinan la orientación magistral de la sociedad. Por sí misma es la ciencia con su acción práctica, entendida en gran medida del régimen social existente, y el hecho de quien domine la sociedad concreta, para efectos al que está supeditado el desarrollo social. El pueblo es de todos y tiene intereses como sucede en el socialismo y sus tendencias al comunismo; o a los intereses de los grandes propietarios, como tiene lugar en el capitalismo e imperialismo.

Líderes reconocidos como precursores de movimientos políticos y sociales fueron con algunas excepciones, teóricos y prácticos, a la vez. En Europa Marx, Engels, con el movimiento obrero internacio-

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nal, Lenin, Gramsci, R. Luxemburgo para el desarrollo del socialismo científico. En América Latina, Simón Bolívar23 en Venezuela, José Carlos Mariátegui24 en el Perú, José Martí25 en Cuba, Movimientos Indígenas en Bolivia y Ecuador, Movimiento Sandinista en Nicaragua, el Movimiento V República, Movimiento 26 de Julio en Cuba, las FARC-EP, el ELN, el EPL en Colombia, con Camilo Torres Restrepo26 en la década del sesenta. En Norteamérica Noam Chomsky27 y James Petras28, entre otros, fueron luchadores políticos en la historiografía de su contexto.

23 Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco (Caracas, 24 de julio de 1783- Santa Marta, 17 de diciembre de 1830), más conocido como Simón Bolívar. Fue un militar y político venezolano que fundó las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Al ser una figura de las más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio español, participó de manera definitiva en la independencia de los actuales países Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

24 José Carlos Mariátegui La Chira (Moquegua, 14 de junio de 1894- Lima, Perú, 16 de abril de 1930) fue un escritor, periodista y pensador político. Se dice que fue un autor prolífico a pesar de su temprana muerte. El Amauta (del quechua: hamawt›a, «maestro») es el nombre con el que es reconocido en su país y fue uno de los principales estudiosos del marxismo-leninismo en América Latina. De entre sus libros, los 7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana es la obra de referencia para el desarrollo de ideas en el continente, sobre nuevas formas de organizar un sistema productivo para todos. Lo que lo llevó a fundar el Partido Socialista Peruano en 1928 (tras su muerte, cambió a Partido Comunista Peruano), movimiento político que se basaba en las corrientes del marxismo-leninismo; y también participó en la Confederación General de Trabajadores del Perú (1929).

25 José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853 - 19 de mayo de 1895) fue un escritor y político cubano. De ideología política republicano democrático; creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la guerra del 95 o guerra Necesaria, llamada así a la guerra de Independencia de Cuba. Por otra parte, también es reconocido como pensador, periodista, filósofo y poeta, perteneció al movimiento literario del modernismo.

26 Jorge Camilo Torres Restrepo (Bogotá, 3 de febrero de 1929 - San Vicente de Chucurí, Santander, 15 de febrero de 1966) conocido como el sacerdote católico colombiano profeta de la Teología de la Liberación, cofundador de la primera facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su paso por la revolución, suscitó el diálogo entre el marxismo y el cristianismo.

27 Chomsky, N. (2013). Sobre el poder y la ideología. Bogotá, D.C. Machado Grupo de Distribución.

28 Ver Petras, J. (1997). América Latina. La izquierda contraataca.151, 27-36. Recuperado de https://nuso.org/media/articles/downloads/2622_1.pdf También visitar sitio oficial The James Petras website: https://petras.lahaine.or-

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Algunas personalidades decididas y, otras, voluntarias, en algún momento, a abandonar el gabinete de estudios cuando se ofrecía la oportunidad de hablar e intervenir personalmente en las luchas políticas cotidianas. Las masas conducidas a grandes batallas luchaban por la liberación de la clase obrera y la posibilidad de revivir sus condiciones existenciales afectadas, unidos lo público y privado, mostrando las cualidades de combate y defensa.

Los científicos burgueses trataron de formarse un juicio objetivo y así lo admiten, explican los problemas políticos del presente; de acuerdo con su época y con su espacio sociopolítico, se revela que, con los mismos objetivos que se esperaba, hoy se espera un compromiso estatal contemporáneo.

Marx y Engels es la unión indiscutible del teórico y del político, que es todavía hoy un referente para todos los revolucionarios y marxistas, que imprescindiblemente deben revisar y registrar como documento objeto de estudios para las ciencias en general, convirtiéndose en una necesidad de interpretación impostergable y, en particular, para la formación de nuevas generaciones que debe y deberá continuar la obra revolucionaria en las peligrosas condiciones que augura el futuro para el mundo.

El Movimiento Revolucionario Internacional evolucionó, precedido por un legado, cuyo abandono ha traído menosprecio, descalabros y sin sabores al Movimiento Político Internacional, centrado sobre todo en las tendencias y prospectivas de su pensamiento, en su obra como inherente e interdependiente; la capacidad de liderazgo, el don inestimable de ser escuchados e influir sobre sus compañeros contemporáneos y de lucha; lo que fue es y será un factor determinante en la propagación del Pensamiento Político Progresista, para las sociedades venideras con Formación de Conciencia Revolucionaria y la Organización Masificada y de los académico e institucional.

Lo que se debe valorar son sus grandes capacidades, así como las batallas tenaces y constantes que supieron librar, aun a costa de penosos sacrificios. Es la importancia justa y valorativa, como es su existencia, sin caer en la mitología del marxismo vulgar (apariencia comunista o socialista) dándole paso a la oposición para tergiversar (desinformar o atacar) las investigaciones para la prospectiva de las g/?p=2128

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ciencias en general, en otras palabras: un ejemplo de este postulado fue Franz Mehring29, quien mantuvo en alto la gran tradición del marxismo combativo y coadyuvó a preparar una Revolución Socialista.

Respecto al carácter de masas «del anarquismo» jamás se discutió que aquella parte del proletariado, sobre todo el rural, que se encuentra en una etapa inferior de desarrollo de su conciencia social, que vive en países económicamente subdesarrollados en el que tiene que renunciar a los derechos democráticos burgueses más elementales, es proclive a las opiniones anarquistas y, por un tiempo, más o menos largo, pueden participar en movimientos anarquistas; movimientos que bajo ciertas circunstancias pueden asumir temporalmente carácter masivo.

El anarquismo es una vida equivocada que orienta a las masas en falsa dirección. Y si el anarquismo se ha mostrado en algunos países, especialmente en los latinos, como muy vivo y tenaz, no obstante, ningún caso logró alcanzar sus fines ni hacer realmente algo para la clase trabajadora, más bien ha dejado establecido bajo un terrorismo ideológico.

El luchador asume siempre la primacía sobre el pensador. ¡Cuánto placer dejaría de escribir; cuánto sabía una vez que sonara la hora de la acción práctica!

Marx Hacia fines de 1853, en los días que mediante su pequeño panfleto sobre Willich, daba por liquidada su campaña contra él: «barullo democrático de la inmigración y los pujos revolucionarios» obrase con la guerra de Crimea un nuevo periodo de la política euro29 Franz Mehring nació el 27 de febrero de 1846 en Schlawe, Pomerania y murió en Berlín el 29 de enero de 1919) fue un periodista, político e historiador alemán, criado en una familia burguesa. Un dato muy importante es que en «1891 ingresó en el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Entre 1902 y 1907 Mehring fue el editor jefe del periódico socialdemócrata Leipziger Volkszeitung. Entre 1906 y 1911 enseñó en la escuela de partido del SPD. Fue miembro del parlamento prusiano entre 1917 y 1918. Durante la Primera Guerra Mundial Mehring comenzó a distanciarse del SPD, fundando la Liga Espartaquista en 1916 junto a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.

Mehring simpatizaba con los bolcheviques en Rusia y con la Revolución de Octubre.

Mehring, además, escribió una biografía marxista sobre el guerrero y rey sueco Gustavo II Adolfo rechazando la explicación oficial de la Guerra de los Treinta Años como una guerra vinculada a la religión, argumentando en cambio que los intereses económicos y sociales de varias clases eran los estímulos reales del conflicto. En 1918, después de largos e irritantes retrasos debido a la censura militar, publicó el libro Karl Marx: Geschichte seines Lebens» (Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia. org/wiki/Franz_Mehring)

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pea; al que había de consagrar su atención vigilante sobre los próximos años, sus opiniones acerca de artículos del New York Tribune, solo se ocupaba excepcionalmente en escribir correspondencia en sentido estricto.

Marx y Engels mantenían correspondencia y la serie de artículos sobre revolución y contrarrevolución en Alemania, que venía atribuyéndose a Marx, fueron en su mayor parte a Engels.

El manifiesto comunista como más tarde la nueva gaceta del Rhin concentraban su mirada en Alemania, después el periódico abogó apasionadamente por la independencia de Italia, Polonia y Hungría, y finamente proclamó la guerra contra Rusia por ver en esta la más fuerte reserva de la contrarrevolución en Europa, para dirigir luego los tiros de la guerra mundial contra Inglaterra, con la cual la revolución social salía del reino de la utopía, para entrar al mundo de la realidad.

Marx fue un prospectivo político sin proponérselo. Esta esclavitud (anglo-rusa), que pesaba sobre Europa en 1853, es la que Marx tomó como punto de partida para orientar su política europea frente a la guerra de Crimea (1848). Así pues, Marx aclamaba esta guerra en cuanto prometía refrenar un poco la supremacía europea conquistada por el zarismo con la contrarrevolución victoriosa, pero dictaba mucho de identificarse con los procedimientos que las potencias occidentales empleaban contra Rusia.

Por su parte, Engels pensaba que la guerra de Crimea era una comedia gigantesca. Los dos velan en la guerra, tal como llevaban en Francia, una simple guerra de mentiras a pesar del millón de víctimas humanas y de los millones de dinero que tenían costeados. Y en efecto lo era, en el sentido de que ni el falso Bonaparte ni Lord Farmington, ministro de negocios extranjeros de Inglaterra, aspiraban tocar en el nervio vital al coloso Ruso.

De modo que Marx y Engels pensaron que tan pronto como estuvieron seguros de que Austria detenía la bola Rusa en la frontera occidental, desplazaron la guerra a la Crimea, donde, después de un año de asedio, lograron conquistar la mitad de la fortaleza de Sebastopol. Con estos laureles bien pobres, por cierto, tuvieron que contentarse, para acabar suplicando al «vencido» que le permitieran embarcar a sus tropas y volverlas, indemnes a su país.

Bonaparte es falso y no se atrevería a retar al zarismo a vida

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o muerte, pero ¿y Parmeston, quien los gobiernos del continente lo tenían como la «tea» revolucionaria y quien los liberales de Europa lo admiraban como un modelo de ministro constitucional y liberal?

Marx despejó el enigma sometiendo a un ambicioso examen los libros azules y los actos parlamentarios de la primera mitad del siglo XVlll (1854) y, con ellas, toda una serie de informes diplomáticos depositados en el British Museum, para demostrar que desde los tiempos de Pedro el grande hasta los días de la guerra de Crimea, los gabinetes de Londres y San Petersburgo no habían de colaborar secretamente, sin que Parmeston no fuera solo sino un instrumento a sueldo de la política zarista.

Los resultados de vastos estudios no dejaron de promover críticas y discusiones todavía vigentes y objetos de investigación del mañana, sobre todo lo que se refiere a Parmeston. Lord supo tratar su política lucrativa y la falta de escrúpulos de este hombre, con todas sus mediocridades y contradicciones, hasta más certeramente a los gobiernos liberales del continente, lo cual no quiere decir necesariamente que el ministro inglés estuviera a sueldo en Rusia, era misión inexcusable de la clase obrera penetrar en los misterios de la política internacional para las jugadas diplomáticas de los gobiernos, o por lo menos, ya que otra cosa no fuese posible, denunciarles. Hay que influir en adelante, de un modo considerable, en su política obrera, mucho más de lo que había influido en los años de la revolución.

Engels planteaba en 1851: «hay que hacer a los italianos, polacos y húngaros que no pinta nada allí donde se discutía los problemas modernos». Meses después hacía saber a los polacos que era una nación liquidada, útil solo como instrumento hasta que Rusia fuera arrastrada hacia la revolución. Había de expresar un juicio más benevolente sobre Polonia, y, en sus últimos años, reconocía que había salvado por dos veces al menos la civilización europea; con su alzamiento en 1792 a 1793 y con su revolución de 1830.

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CONCLUSIONES

La metodología fue descriptiva-experimental, a partir de la realidad originada de una fundamentación teórica y las posibles relaciones que constituyen las disciplinas (historia, sociología, filosofía, demografía, comunicaciones, pedagogía, politología, informática, lingüísticas, economía; entre otras) en las ciencias políticas, hacia una nueva ciencia política con Enfoque Sur demostrando científicamente el caos de legitimidad en el saber.

Lo gobernable es imitado, al establecer unas variables de corte teórico en las relaciones políticas o de gestión pública fuera de sí. Se evidencia lo tecno-político como una «perplejidad», perdiéndose el rigor a la profundidad epistemológica, donde se puede profundizar en teorizar y aplicar, para la reproducción de un nuevo sistema político alternativo y democrático, que el de la justificación retrospectiva o sostenible, categorizado en los espacios de las disciplinas científicas, y tergiversando el verdadero pensamiento político progresista y comportamiento estratégico de toda la humanidad afectada en todos los tiempos, como vanguardia de una prospectiva de gobernabilidad local cotidiana o natural, hasta la gobernabilidad institucional masificada, en todas sus ramificaciones de la vida política societal.

Los debates y prácticas del proceso natural e institucional, que respondieron con la universalización de la educación política integral (hasta sin muros), visionando el pensamiento político progresista vivo de todos los tiempos, que demandan los asuntos políticos registrados en la academia cotidiana; originados de esa histórica situación concreta, de esa realidad posible; como es, una nueva ciencia política con Enfoque Sur, desde un prospecto gobernable masificado.

La humanidad educada estratégicamente se manifiesta en el sentir, pensar hacer, comprender, decidir, entre otros aspectos cotidianos, que se cualifican en la persona; socializa y practica familiar-

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mente, pasa a los grupos sociales e institucionales; hace carrera en la comunidad y termina como una política natural de la sociedad.

La gobernabilidad adscrita al sistema capitalista, sin proponérselo, se alimenta de antivalores, regulados por los aparatos ideológicos, entre estos: los medios de comunicación como un referente de manipulación, confusiones, desinformación, explicaciones acomodadas a favor de los grupos que tiene el poder gobernable.

Los gobernantes están comprometidos con intereses particulares y la desigualdad en el poder, genera conflictos políticos y desestabilización democrática. Un caos es el resultado de la desinformación y confusión ante la opinión pública, creando un microsistema político con fuertes injerencias socioeconómicas, para la división y subdivisión política de nuevos grupos en pro o en contra de quienes deciden, de acuerdo con la versión «informativa del momento»; perdiéndose la unidad política iniciada y fragmentándose las organizaciones sociales, y de base, proliferación de partidos políticos circunstanciales (es decir de momentos electorales), causando una cultura patológica gobernable.

La ciencia es el descubrimiento de un fenómeno que beneficiará a la humanidad efectuado por la misma, desde la reflexión cognitiva científica. Una nueva ciencia política con Enfoque Sur está por descubrirse, al suscitar epistémico de un método estratégico formado por la misma humanidad, afectada por una cultura política patológica y relacionada con el poder estatal, sobre la base del crecimiento obsesivo de las desigualdades humanas, en general.

Estudios estratégicos importantes han ocasionado el debate de la ciencia política desde sus diversas variables; con reflexión se determina, insuficiencia de educación política estratégica para gobernar, en un régimen estatal determinado, como un constante espacio–temporal generalmente.

La ciencia política revela la regulación estatal y el poder de los gobernantes con este mecanismo; sin embargo, la clasificación de los países, a nivel mundial, acepta su estratificación, así gobiernan y se «desarrollan desigual y regulados». Las mayorías se afectan por la naturaleza de las ciencias políticas universales.

Una ciencia política con Enfoque Sur es constituida desde un prospecto gobernable regulado por la educación política con un método estratégico propio de la humanidad con igualdad propia de su

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regulación interna, representación y participación estratégica externa hacia oportunidades locales de ambiente sistémico, en prospectiva de gobernabilidad local.

La nueva ciencia política con Enfoque Sur examina y valora todas las tradiciones de la historia reciente, experimenta y persevera innovaciones del presente real e impactos del pensamiento político progresista; que debe actualizarse, socializarse y aplicarse por los científicos e intelectuales.

La humanidad apropia lo cotidiano estratégico, como una fuerza natural, hacia lo institucional regulado para las organizaciones de base, procedidas de los movimientos sociales que la observa y estudia la patologías habituales de las relaciones políticas del contexto.

El acto político integro es propio de las organizaciones e instituciones, consecuentes e imprescindiblemente por el establecimiento de su existencia. La educación política integral es el proyecto de vida, que al construir un método estratégico, origina una democracia regulada alcanzada con actividad normal, circunstancialmente con el antes, durante y después afectado coyunturalmente por «sana la demagogia lingüística actual», hacia la defensa estratégica estructural trascendente y unida, reconstruido por un factor general prospectivo; reinterpretado en unas constantes teorías, previa fundamentación, con la práctica reformuladas; en las diferentes expresiones evidentes a lo acostumbrado, desde lo académico e institucional sistémico.

La ciencia política con enfoque sur regulada experimenta, cualifica y revela el método estratégico para precisar, establecer y determinar la educación política integral que prospecta lo gobernable estatal en Colombia, valorando, cualificando y analizando sus características, en la gestión política, experimentando enfoques sistémicos a través del acto político integral y progresista; reglamentario por las organizaciones de base; hasta la reproducción natural e institucional de una sociedad espiritual en el saber estratégico; este nuevo método de la ciencia política es ecuánime en sus conocimientos de gobernabilidad focalizadas.

La Nueva Ciencia Política con Enfoque Sur Experimento precisa y establece el prospecto gobernable como un regulador de comportamiento natural e institucional del pensamiento político progresista de una sociedad subjetiva en su saber político como ciencia, y objetiva en su conocimiento de gobernabilidad local.

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El método estratégico cualifica para analizar variables y establece la gestión política a la asimilación natural e institucional del pensamiento vital progresista, sistematizado en el hecho político estructural con las organizaciones de base, para un comportamiento estratégico participativo, representativo y democrático en acción estatal.

La nueva cultura política revelada y determinada por el método estratégico, es apropiada cotidianamente por Movimientos de masas, gobiernos y escuelas políticas del saber, conocer y aplicar, que se constituirían en Colombia. Los egresados Guajiros de la educación superior; en especial, los de la Universidad de la Guajira, que tendencialmente propiciarán la solución de las demandas de las comunidades y en consecuencia favorecerán la gobernabilidad local.

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CIENCIAS POLÍTICAS Y EDUCACIÓN hace parte de la colección Recordationis en Ciencias Sociales y Políticas, fue compuesto en carácteres Taviraj. Se imprime en el mes de octubre de 2019, en Bogotá D.C., Colombia.

El cuidado editorial estuvo a cargo de la Editorial Cuatro Ojos.