Contralinea 654

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 12 al 18 de agosto de

Año 18 • Número 654 • $30

CONTENIDO

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CONSULTORÍA EN SINALOA “GESTIONA” BECAS DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO En Sinaloa ha surgido una nueva modalidad para negociar con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro: además de que algunas empresas ofrecen registrar a los aspirantes a cambio de un porcentaje de la beca o inscriben a sus empleados para no pagarles Seguro Social, ahora también una consultoría encontró muy lucrativa la “gestión” de los becarios para micro negocios

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 654, del 12 al 18 de agosto de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea. com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 16 de agosto de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL MANUEL BRIBIESCA Y SUS NEGOCIOS EN PEMEX Miguel Badillo

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ZONA CERO FIDEICOMISO MANEJADO POR LA SEGOB “PERDIÓ” CAMIONETAS Zósimo Camacho

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN TRES MESES ANTES, FUNCIÓN PÚBLICA ALERTÓ RIESGO DE ROBO A CASA DE MONEDA

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Nancy Flores DEFENSOR DEL PERIODISTA DE LAS LIBERTADES DE PRENSA: ATAQUES Y HOMICIDIOS Álvaro Cepeda Neri

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ARTÍCULOS LA ESTRUCTURA PARAINSTITUCIONAL DEL PAS EN LA UNIVERSIDAD

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AUTÓNOMA DE SINALOA Norberto Soto Sánchez IZQUIERDAS CIERRAN FILAS EN EL FORO DE SAO PAOLO Martín Esparza

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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Flores

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CONTENIDO

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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

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Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

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PORTADA Consultoría en Sinaloa “gestiona” becas de Jóvenes Construyendo el Futuro Judith

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Valenzuela

ANÁLISIS

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SOCIAL UACM: sobre fraudes imaginarios y auténticas patrañas Claudio Albertani

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SOCIAL UACM: el combate a la corrupción como defensa de la autonomía Pilar Padierna, Homero Galán y Samuel Cielo

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Imagen de portada: SAÚL LÓPEZ/ CUARTOSCURO

INTERNACIONAL Entre la paz y lo demás: desafíos del progresismo en Colombia Javier Calderón Castillo/Celag

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INTERNACIONAL Perú: muchas reformas en un país paralizado Bárbara Ester/Celag

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INTERNACIONAL Bordes y desbordes de la contienda electoral boliviana Camila Vollenweider y Shirley Ampuero/Celag

MISCELÁNEO

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EX LIBRIS Abraham Lincoln: el estadista que crea el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

MANUEL BRIBIESCA SUS NEGOCIOS EN PEMEX MIGUEL BADILLO

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ace unos días, el gobierno de Estados Unidos giró órdenes de aprehensión contra Manuel Bribiesca Sahagún, hijastro Vicente Fox, expresidente panista que junto con Felipe Calderón encabezan la “oposición tuitera” contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La revista Proceso publicó que bajo el expediente criminal 08CR4274-JAH, abierto en diciembre de 2008 en la Corte del Distrito Sur de California, se acusa a Manuel Bribiesca de fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento, según investigaciones de la agencia policial estadunidense FBI. Esta nueva crisis legal en la que se ve envuelto el primogénito de la exprimera dama a nadie debe sorprender, pues es sólo un ejemplo de la corrupción en que ha vivido esa familia desde que Marta Sahagún se casó con el inútil de Fox y aprovechó el poder que da la Presidencia de la República para que sus “hijitos” traficaran con influencias, para mediar contratos entre el gobierno y empresas privadas, como fue el caso de Oceanografía.

Durante el gobierno foxista y después en la administración de Felipe Calderón, Contralínea dio cuenta oportuna de esa corrupción en la que los Bribiesca estuvieron involucrados en 12 años de gobiernos prianistas, y que lograron evadir la justicia cuando los órganos responsables y el propio Congreso fueron cómplices para impedir que se llevara a juicio a Manuel Bribiesca, a sus hermanos y a su madre.

El propio Manuel Bribiesca aceptó en dos entrevistas publicadas en esta columna haber hecho gestiones ante varias secretarías de Estado, así como la petrolera Pemex, para favorecer a grupos

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empresariales con contratos de obras y servicios públicos, lo que confirma su tráfico de influencias.

Con motivo de la causa penal que ahora enfrenta el primogénito de Marta Sahagún en una corte de Estados Unidos, recordamos parte de las dos entrevistas que le hicimos a Bribiesca, en donde reconoce que su hermano Jorge y su tío Guillermo realizaron gestiones a favor de la empresa Oceanografía para la obtención de contratos en Pemex.

Primera entrevista con Manuel Bribiesca: —¿Tú y tus hermanos negociaron en Pemex que otorgara contratos a empresas privadas?

—Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

—Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares que significa tráfico de influencias, porqué lo hacen a cambio de una comisión.

Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

—No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

—Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

—Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio que la operación del buque significa sólo 60 millones de dólares, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

—Es mucho dinero…

OPINIÓN

GERMÁN ROMERO/CUARTOSCURO

OFICIO DE PAPEL

—Sí, y no hay nada ilícito.

—Es tráfico de influencias. Pero además te acusan de introducir mercancías de contrabando al país…

—No, no, de eso no haya nada, yo no tengo nada que ver con aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

—¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?

—No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos, no ha significado para nosotros tener dinero…

—No tendría por qué…

—Bueno, como sabes, quitaron la partida secreta, ya no dan esos recursos, por eso no tenemos dinero. El presidente Fox se ha opuesto a que nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que se relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.

—¿Trabajar. Tú hiciste negocios en Pemex?

—No, nada tengo que ver allí, los que llamaron

fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo).

También a mí se me acusaba de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de fútbol, de su equipo León, y yo asistí al palco y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él, ni hice negocios.

—¿Y las acusaciones de corrupción en tu contra...?

—Son falsas totalmente. Pero si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

—¿Qué han hecho?

—Después hablamos de eso, por ahora te digo que no tengo nada ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

—¿Y Gil Díaz?

—Sólo te digo algo, investiga los depósitos multimillonarios que ha hecho en China.

La segunda parte de la entrevista con el hijastro de Vicente Fox la publicaremos la próxima columna.

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OPINIÓN ZONA CERO

FIDEICOMISO MANEJADO POR LA SEGOB

“PERDIÓ” CAMIONETAS

ZÓSIMO CAMACHO

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n el último año de gobierno de Enrique mendación y una promoción de responsabilidad Peña Nieto, la Policía Federal adquirió 40 administrativa sancionatoria contra los servidores vehículos para la Gendarmería Ambiental. públicos que formalizaron los contratos SEGOB/ ¿Qué de irregular habría en una adquisición casi PF/SG/CSG/DGRM/C060/2017 y SEGOB/ obvia para las labores cotidianas de la corporación? PF/SG/CSG/DGRM/C070/2017.

Por otra parte, también por medio de este FipiResulta que el monto autorizado, por más de 83 millones de pesos, contemplaba la compra de 51 mespa se adjudicó de manera directa –y, asienta la vehículos. Para eliminar 11 sólo se requirió anotar 40 ASF, sin investigar las opciones que podrían haber en lugar de 51 en uno de los documentos oficiales ofrecido otras empresas– el contrato OADPRS/ y listo. Pero el monto a pagar permaneció intacto. DGA/DOPIP/O/AD/006/2017 (y su convenio Además, de esos 40 vehículos, finalmente no se ha- modificatorio 01/18) por 38 millones 741 mil 500 bía autorizado la compra de 11… Y de todas ma- pesos para la realización de trabajos en un penal federal. neras se adquirieron.

Que se haya adjudicado sin que previamente se Es apenas un par de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación realizara una investigación de mercado (los auditores de la ASF señalan (ASF) en la revisión del que sólo se realizó una funcionamiento de un Para eliminar 11 camionetas, sólo se cotización a la empresa fideicomiso entonces a cargo de la Secretaría requirió anotar 40 en lugar de 51 en sin que se compararan de Gobernación (Se- uno de los documentos oficiales. Pero costos y experiencia con otras) no es la irregularigob). Se trata del Fidei- el monto a pagar permaneció intacto dad más preocupante. comiso para la PlataLa empresa benefiforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad ciada con dicho contrato fue Meda Solutions, SAPI de CV. El contrato fue firmado el 25 de enero de Pública y Aeronaves (Fipimespa).

Hoy al servicio de la Secretaría de Seguridad y 2018 y el convenio modificatorio del mismo el 17 Protección Ciudadana (SSPC), el Fipimespa sirvió de septiembre de 2018. La vigencia establecida fue en sexenios anteriores para comprar desde unifor- del 13 de junio al 9 de diciembre de 2018. El trabames y artículos deportivos hasta aeronaves; y tam- jo a realizar era la remodelación de los módulos V bién para pagar servicios de construcción, renta de y VI del edificio de dormitorios B en el Centro Febodegas y lugares de depóstio de automóviles. Todo deral de Readaptación Social 3 Noreste. La unidad con las ventajas de opacidad y déficit de rendición de de la Segob que solicitó el servicio fue el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reacuentas que implica la figura del fideicomiso.

Los vehículos adquiridos fueron camiones tipo daptación Social (OADPRS).

Las irregularidades iniciaron con el proceso Unimog, camionetas pick up y cuatrimotos. El valor total fue de 83 millones 446 mil 900 pesos. mismo. No sólo fue la adjudicación directa sin inPor estas irregularidades, la ASF emitió una reco- vestigación alguna. También, el contrato se forma-

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OPINIÓN

ENRIQUE ORDÕNEZ/CUARTOSCURO

ZONA CERO

lizó 55 días después del plazo establecido por la ley, pues desde el 16 de noviembre de 2017 se le había notificado a la empresa la adjudicación del mismo.

Y el “anticipo” le fue entregado al contratista hasta el 12 de junio de 2018, es decir, 332 días posteriores a la autorización del recurso por parte del Comité Técnico.

Asienta la ASF que “el retraso en la entrega del anticipo ocasionó que se reprogramara la ejecución de la obra en 100 días naturales, la cual originalmente concluía el 31 de agosto de 2018, por lo que se prolongó para que se concluyera el 9 de diciembre de 2018, en contravención de los artículos 81, párrafo último, y 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por no haber realizado la investigación de mercado y por no haber gestionado de manera oportuna el pago al contratista, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos implicados.

Asimismo, la bitácora de los trabajos se dejó de escribir sin explicacion alguna. Por ello no se pudo determinar cuándo concluyeron realmente las

obras. También por esto la ASF genero una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Esta auditoría de cumplimiento practicada al Fipimespa está contenida en el más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 elaborado por la ASF. La unidad responsable de verificar que la ejecución de los recursos del Fipimespa se aplicaran correctamente, en 2018, fue la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob.

En la práctica, asienta la ASF, quienes realizaron los procesos de adjudicación y formalización de los contratos fueron la Segob y sus órganos administrativos desconcentrados. Las aprobaciones de las contrataciones estuvieron a cargo de un comité técnico con funcionarios de la propia secretaría encabezados por el titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Ahora que la “cuarta transformación” enarbola el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia, veremos si se castiga a los responsables o el Fipimespa seguirá siendo la caja chica para los gastos en materia de seguridad.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

3 MESES ANTES, FUNCIÓN PÚBLICA ALERTÓ

RIESGO DE ROBO A CASA DE MONEDA NANCY FLORES

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l 30 de abril pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) alertó a la Casa de Moneda de México acerca de las vulnerabilidades en su sistema de seguridad, incluido el riesgo de robo armado en sus tiendas, museo y planta de San Luis Potosí. Tres meses después de esa alerta se perpetró el hurto de centenarios en la tienda de avenida Reforma, en la Ciudad de México, con valor de 55 millones de pesos.

La auditoría interna 05/2019 –clave 6363, descripción 4.0.0 “Desempeño de la Gerencia de Seguridad”– revela que la institución que encabeza el maestro Jorge Andrés Raygoza Echeagaray, ya estaba advertida del peligro, pero evidentemente omitió corregir las anomalías en sus controles de custodia, pese a la urgencia manifestada por la Función Pública.

En la Cédula de observaciones se lee que el Órgano Interno de Control ordenó a la Casa de Moneda “revisar y autorizar los instructivos del área relativos a los protocolos de actuación para planear, organizar y coordinar las estrategias de prevención y/o defensa para enfrentar situaciones de emergencia en la planta San Luis Potosí y en las tiendas de Casa de Moneda, en caso de ataque armado o asalto”.

Y es que, a inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la institución que depende de la Secretaría de Hacienda no contaba con criterios en su Gerencia de Seguridad –encargada de proteger los valores– para actuar frente a un escenario como el ocurrido en su unidad de avenida Reforma el pasado 6 de agosto, al presentar graves omisiones en el procedimiento CMM-GDS “Procesos de seguridad”.

Ejemplo de ello es que la Subdirección de Recursos Humanos no aplica evaluación de confianza al personal contratado para labores de vigilancia, y que la Ge-

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rencia de Seguridad no solicita como requisito, para su contratación, la carta de no antecedentes penales, “no obstante la naturaleza de las actividades a desempeñar ni el objetivo del área”, indica la auditoría.

Consultada sobre esta alerta de la Función Pública, la Casa de Moneda –a través de Guillermo Vargas, del área de Comunicación Social– indicó que “en este momento se reservan cualquier comentario, debido a la secrecía que requiere la investigación” del atraco del pasado 6 de agosto.

Más aún, en el caso de la tienda asaltada y de la Casa del Apartado –museo que alberga el Acervo Numismático y Documental–, la Función Pública descubrió que en el procedimiento “no se definen claramente las responsabilidades de representación, supervisión y mando del personal de seguridad ubicados en las diversas instalaciones de la entidad de la Ciudad de México”.

Muestra de ello es que una persona de nombre Román fue contratada como asistente de administración B, para funciones administrativas y de trámite del departamento de seguridad, pero en realidad se desempeñaba al momento de la fiscalización como encargado de la seguridad en la Casa de Moneda, así como del centro de monitoreo del museo y de las cámaras instaladas en las oficinas del Corporativo Reforma y las tiendas de Altavista y Reforma.

En su observación correctiva, los contralores federales sugieren que esta situación habría derivado en “los antecedentes que se tuvieron ante las eventualidades ocurridas en el Museo Numismático, tienda Reforma y tienda Altavista”. En dichas eventualidades se incluyen tres robos ocurridos en 2018 en las tiendas de Reforma y Altavista y en el museo, sin que la Casa de Moneda haya accedido a revelar

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

los montos de las pérdidas; no obstante, Expansión refiere que uno de ellos ascendió a 3 millones de pesos.

El informe de 26 páginas –con fecha de compromiso para cumplir las observaciones: 12 de julio de 2019– señala que las fallas en el sistema de seguridad incluyen los protocolos relacionados con su propio personal: la anomalía se refiere a la revisión, tanto al entrar como al salir, de los bultos, portafolios, mochilas, cajas y bolsas de mano que portan los trabajadores.

Y es que no hay reglas claras respecto del “cacheo del personal”: “no se especifica de forma concreta las acciones que proceden durante la revisión general en caso de detectar algún material [como el oro] o valor [como los centenarios] mediante la descripción del orden general de la secuencia de las circunstancias (tiempo, modo y lugar), lo anterior, a fin de garantizar el apego a las normas relativas a los derechos humanos y salvaguardar los objetivos de la entidad”.

En el caso de la planta de San Luis Potosí, donde se confeccionan los centenarios y monedas conmemorativas, el tema es aún peor: en la Dirección Corporativa de Operaciones ni siquiera se contemplan medidas para entrar y salir en todas las áreas. Tampoco se tiene establecido el horario para recepción de material.

En esa misma planta ni siquiera funcionan tres arcos detectores de metales, adquiridos en 2017 a Comercializadora Tornaur por 320 mil dólares.

Ello, a pesar de que la contratista se comprometió a resolver las fallas desde noviembre de ese año.

Otra área en grave riesgo es el museo, donde tampoco se cumplen las normas: y es que aunque se tiene establecido el uso de rayos x para la revisión de bultos, portafolios, mochilas, cajas y bolsas de mano tanto al entrar como al salir, “la revisión en este sitio se efectúa de manera visual y en ocasiones mediante el tacto al interior de los contenidos y en forma desproporcionada, ya que existen diversos accesos a las instalaciones y, por ello, dicha inspección no es imparcial ni constante”.

Aunado a lo anterior, los oficiales de seguridad son empleados en actividades ajenas a la vigilancia, como el borrado de broqueles, acompañamiento de las visitas del museo, asistencia en inventarios y control diario del transporte de personal.

En la Casa de Moneda de México ni siquiera se tiene certeza de la capacidad de respuesta ante una eventualidad como el robo o ataque armado. El informe de la Función Pública refiere que otra falla es

OPINIÓN

que no se indica la forma y frecuencia para la capacitación y adiestramiento técnico en el manejo de armas de los elementos de seguridad.

Derivado de esto, el Órgano Interno de Control le solicitó a la Casa de Moneda “indicar la forma y frecuencia de las actividades referentes a la capacitación y adiestramiento técnico en el manejo de armamento del total de los elementos del personal de seguridad acreditados en la licencia emitida por la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional], así como sus evaluaciones”.

El Órgano Interno de Control indica que “el motivo de esta observación probablemente se origina por la secrecía y hermetismo que prevalece en la Gerencia de Seguridad hacia sus procedimientos, procesos y controles, el desconocimiento y falta de aplicación hacia los procedimientos del área, así como a la falta de supervisión y control de parte del responsable de la función, lo que posiblemente genera que las actividades del área no se apeguen a las normas establecidas”.

Las fallas no acaban ahí. La Gerencia de Seguridad reportó en sus activos fijos que 24 cámaras, cámaras digitales de alta resolución y domos Fastrax II fueron separados porque se encuentran dañados y/o no funcionan. Pese a ello, no fueron notificados a la Gerencia de Almacenes para proceder a su reparación o sustitución.

Además, otros 57 activos fijos se encuentran pendientes de ubicación, e incluso en el caso de los que sí están ubicados no necesariamente funcionan, pues el propio OIC señala en su reporte que las propias cámaras de las oficinas donde está albergado no funcionan. “Existen cámaras instaladas que ya no están en funcionamiento, como es el caso de la que se tiene en las oficinas del Órgano Interno de Control, por lo que la existencia funcional verídica de las mismas no es correcta”.

Sobre este mismo tema, se da cuenta de que la Gerencia de Seguridad carece de registro y control inmediato sobre las cámaras de vigilancia instaladas en todas las áreas de la institución.

La evaluación puntual del Órgano Interno de Control debe ser una alerta para la joven administración de Arturo Herrera y por supuesto de Raygoza Echeagaray. Urge que la Secretaría de Hacienda y la Casa de Bolsa corrijan la retahíla de anomalías en la Gerencia de Seguridad.

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

DE LAS LIBERTADES DE PRENSA ATAQUES Y HOMICIDIOS ÁLVARO CEPEDA NERI

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ecordamos un día más las libertades de los políticos y económicos, sociales, culturales y prensa para informar y criticar a los que religiosos, en el contexto de toda clase de asuntos ejercen los poderes, primeramente, de donde privan los violentos porque sobrevivimos los gobiernos y la totalidad de sus funcionarios. en una sociedad dramática por los hechos que Así como a los poderes privados que, individual rematan en homicidios, tras una gran variedad y empresarialmente son la otra cara de la polí- de tragedias.

La prensa escrita sigue, si bien en retirada, tica; es decir, el poder económico. Donde unos y otros han de ser el blanco del contrapoder y todavía como el medio más eficaz para que coaunque ellos encubran sus fines con sus dere- nozcamos diferentes realidades de lo que sucede chos de réplica e incluso con demandas civiles, diariamente. Esa prensa se ha ido complemencuando se comportan civilizadamente y, cuando tando con los noticieros de la radio, de la televino, echan mano de sus sicarios para privar de la sión y los que han puesto las nuevas conquistas vida a los periodistas; todos estos siempre repor- tecnológicas (además de que contamos con más teros de hechos contrastados que dan a conocer radios comunitarias). Por lo que los mexicanos estamos más enterapor todos los medios dos de los acontecipara conocimiento de Conquista social y democrática, las limientos diarios. Esto la sociedad.

Esa sociedad que bertades de prensa siguen siendo objeto actualiza la vida dees el pueblo, con sus de persecución e intolerancia. Y es que mocrática del país al saber lo que la inforciudadanos y todas son esencialmente un contrapoder mación nos transmite aquellas personas que con el trabajo de los han de recibir lo que permiten las libertades de prensa, incluso filtra- reporteros que proporcionan material para los ciones de cuestiones que los poderes privados y análisis, columnas y demás quehaceres de la públicos quisieran ocultar. Nuestras libertades vida colectiva.

El 7 de junio llovieron felicitaciones a los de prensa son un ejercicio de la sociedad en general. Y, profesionalmente, de los periodistas. En periodistas, como actores del protagonismo imun día del calendario, como el pasado 7 de junio, preso, oral y audiovisual. El factor común fue se celebran otros motivos diferentes al principal, la libertad de prensa que en su presentación ya que no se da abasto el año para recordar ono- impresa mantiene su presencia tradicional –en másticos, fiestas populares y otras celebraciones. un proceso de modernización– defendiendo su La prensa ya tiene diferentes presentaciones, presencia sobre todo matutina, para difundir empezando por la escrita, concentrada en perió- información, como factor común ante los lecdicos y revistas, para culminar con el internet; tores. Esa presencia impresa continúa siendo con lo que se logra informar, comentar y criticar el nexo entre periodismo y lectores que buscan el más amplio abanico de temas, empezando por opiniones, críticas, fotografías, caricaturas y en

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

especial, el periodismo de investigación. Día de la Libertad de Prensa que en nuestro país ha de ser escudo contra los que, con sus poderes políticos y económicos, sobre todo, buscan ocultar sus fines, que los reporteros exponen a la luz del día en los periódicos.

Conquista social y de política democrática, las libertades de prensa siguen siendo objeto de persecución e intolerancia, ya que los medios de información en su misión de contrapoder exponen lo que investigan, analizan y critican, para afianzar la vida colectiva democrática y republicana, en los términos constitucionales. Es por eso que debemos tener muy presente esta fecha

para confirmar que cumplimos con el deber de no ceder en las tareas de ejercer esas libertades para mantener a raya los abusos del poder político y del económico que, con todo y ese deber, una y otra vez insisten en sus autoritarismos.

Libertad de prensa, pues, para no dejar de informar y menos de criticar. No hay otra manera de que los funcionarios y todos los actores de la vida privada –ambos en el escenario de lo que es la vida pública– miren en el espejo de la prensa sus hechos sobre todo cuando no obedecen a la legalidad, legitimidad y demás aspectos de gobernar y trabajar en beneficio de la sociedad.

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OPINIÓN ARTÍCULO

LA ESTRUCTURA PARAINSTITUCIONAL DEL PAS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA NORBERTO SOTO SÁNCHEZ/PRENSA LATINA

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n este espacio hemos hablado del espiona- “profesionales del espionaje”, ámbito en el cual tieje político que lleva a cabo Héctor Melesio nen alguna experiencia prestando servicios a diverCuén Ojeda contra opositores; hemos ha- sos ayuntamientos de Sonora y Sinaloa, así como blado también de operadores políticos que se han a diversos personajes de la vida pública de ambos puesto al servicio de dicho cacique universitario estados que se caracterizan por sus tendencias anpara llevar a cabo estas actividades ilegales. Es mo- tidemocráticas.

Por otro lado surge un personaje, sumamente mento de hablar, ahora, de quiénes son los operadores prácticos de estos crímenes, a fin de dar una gris, que sólo aparece en escena gracias a sus habidescripción superficial de cuáles actores participan lidades y profesión como técnico en reparación y en lo que hemos llamado la estructura parainstitu- mantenimiento de equipo de cómputo y telefonía cional que se encuentra vinculada al Partido Sina- celular, cuyo nombre es Ulises Alejandro Álvarez Vega, quien es origiloense (Pas) y a la Uninario, también, de El versidad Autónoma de ¿Lograrán personajes con anteceFuerte, Sinaloa, poblaSinaloa (UAS) a razón de realizar labores de dentes como éstos subirse al barco de ción donde tiene un esespionaje político con- Morena para cumplir sus aspiraciones tablecimiento llamado “Compucel, El Fuerte”, tra opositores al cuenis- antidemocráticas y de corrupción? dedicado a los menesmo. teres antes mencionaCuatro nombres salen a relucir en este tema. Por un lado están César dos, pero que también es utilizado como “base de del Pardo, originario de la localidad de Huatabam- operaciones de espionaje político” al servicio de po, Sonora, y Juan Francisco Soltero Sánchez. ori- distintos personajes de la vida pública de la región ginario de El Fuerte, Sinaloa. Ambos vinculados a del valle del Fuerte, pero que, en conjunto a los dos una organización llamada Coordinadora Nacional personajes mencionados anteriormente, destacan en Defensa de la Vivienda Popular; sin embargo, ante todo por estar vinculados estrechamente al no es dentro de las actividades de la estructura de Pas-El Fuerte, gracias a los servicios de espionaje esta organización que ambos personajes se dan a que le brindan.

El recurso del espionaje político, por demás notar para la temática de este artículo, sino por sus actividades dentro del negocio de las “teleco- deleznable, es utilizado por los susodichos bajo inmunicaciones”. Ambos personajes se presentan a dicación de dirigentes pasistas, en operaciones de sí mismos como “profesionales técnicos en comu- chantaje político y extorciones, donde la informanicación”, que traducido a lenguaje coloquial es ción obtenida es utilizada para amenazar, intimi-

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ARTÍCULO

El Fuerte y en la Universidad de Occidente (hoy Universidad Autónoma de Occidente) campus El Fuerte. Prácticas corruptas que han lacerado severamente a dichas instituciones educativas, pues, obviamente, los criterios en la asignación de los puestos dentro de estas universidades que se ha dado gracias al tráfico de influencias ejercido por López Armenta, nada tienen que ver con cuestiones pedagógicas o perfiles profesionales. El Cacho López sería uno de los actores políticos que más ha dañado a las instituciones de educación media-superior y superior de la región del valle de El Fuerte

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dar, construir calumnias, tergiversar hechos, obstruir trayectorias profesionales, realizar actividades de defraudación y vender información a personajes políticos que pretenden realizar agresiones contra adversarios. Estamos, pues, frente a métodos desproporcionados que evidencian el nivel de degeneración de las prácticas que emplea Héctor Melesio Cuén Ojeda contra quienes, o quien, en su paranoia sospechan que sea un opositor político. Este asunto es sumamente delicado, pues estamos frente a una estructura dedicada a realizar actividades ilegales, que emplea a individuos con marcados rasgos y conductas antisociales (Del Pardo, quien tiene procesos legales en su contra por el delito de acoso sexual) y que se encuentra vinculada a una institución pública de educación superior tan importante como la UAS, pero que también se relaciona con el Pas, instituto político que en su discurso se reivindica como “el partido del pueblo sinaloense”, pero que en los hechos es caracterizado por la agresividad de sus dirigentes para con quienes piensan distinto, por sus desplantes antidemocráticos y por su notoria afinidad por la corrupción.

Finalmente, otro actor cuyo nombre sale a relucir dentro de este entramado de intervenciones telefónicas y violencia a la intimidad personal y familiar de opositores políticos al cuenismo es el de Manuel López Armenta, alias el Cacho López, profesor jubilado de la UAS y antiguo priísta de hueso colorado oriundo de San Blas y radicado en El Fuerte, Sinaloa, quien hoy en día ocupa el puesto de secretario del Comité Directivo Municipal del Pas en El Fuerte, y quien es el vínculo, a nivel práctico, entre la estructura institucional del Pas y la UAS, con personajes como los mencionados anteriormente. El Cacho López es conocido también por el tráfico de influencias que ha ejercido durante muchos años en la asignación de puestos laborales no sólo dentro de la UAS, sino también en la Normal Experimental de

OPINIÓN

durante las últimas décadas.

Es importante hacer visible estos hechos y situaciones, pues es de conocimiento público en Sinaloa la tentativa de alianza del Pas con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), idea que Melesio Cuén y personajes como López Armenta, tienen en mente para 2021. ¿Lograrán personajes con antecedentes como estos subirse al barco de Morena para cumplir sus aspiraciones antidemocráticas de corrupción y tráfico de influencias? Algo nos dice que esta vez… ¡No pasarán!

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OPINIÓN ARTÍCULO

IZQUIERDAS CIERRAN FILAS EN EL FORO DE SAO PAULO MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

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urante la XXV Edición del Foro de Sao Diosdado Cabello, resaltó la importancia de priPaulo, celebrado en Caracas, Venezuela, mer orden del evento para impulsar la unidad de partidos y organizaciones de izquierda de los movimientos populares y partidos del mundo todo el mundo se unieron a una voz para paten- entero. “Solo nadie podrá defenderse del imperiatizar su apoyo a Venezuela contra la escalada de lismo, podrá dar batallas y luchas, pero lo único que agresiones orquestadas desde Washington por la garantiza el triunfo es la unidad”, expresó.

Importante resaltar que el dirigente dejó muy administración de Donald Trump, empecinado en derrocar al gobierno del presidente Nicolás Madu- en claro que la lucha de su país es en defensa del soro y aumentar el bloqueo a Cuba a través de la apli- cialismo, cuyo avance se dificulta por las agresiones políticas del gobierno de Estados Unidos, traducicación arbitraria de la Ley Helms-Burton.

Del 25 al 28 de julio pasado y bajo el lema: das en medidas unilaterales y bloqueo financiero.

“Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los De manera unánime, los jefes de Estado presentes Pueblos”, líderes de los diversos movimientos so- hicieron un llamado a la unidad regional para enfrentar la arremetida ciales del continente del imperialismo noramericano, así como de El gobierno de Trump es la expresión teamericano.

Asia, África y Europa, El presidente cubadieron continuidad a cabal del capitalismo trasnacional que no, Miguel Díaz-Canel, un encuentro mundial predomina. Estamos llamados a impese mostró optimista por fundado hace 30 años dir que intervenga en nuestros países el consenso alcanzado a iniciativa del desapadurante el desarrollo del recido mandatario cuForo, donde quedaron bano Fidel Castro y del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, de manifiesto “las preocupaciones por la ofensiva neoliberal y arremetidas imperiales, pero que deactualmente preso de manera injusta en su país.

En el Foro donde participaron delegados de 70 muestra la resistencia de los pueblos del mundo”. El países se debatió sobre temas como el avance del mandatario resaltó que, hoy por hoy, “Venezuela es neoliberalismo y del imperialismo en el mundo y la primera trinchera de la lucha antiimperialista”.

Durante su intervención, el presidente Nicolás en la región, que impacta en el aumento de la pobreza. Tanto participantes y organizadores resalta- Maduro hizo notar la importancia de la unidad de ron la necesidad de apoyar las luchas de liberación la izquierda latinoamericana y caribeña: “desde el política y económica de naciones como Palestina, punto de vista moral, espiritual y político. Tenemos Puerto Rico, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Vene- que lograr la unión de todas las fuerzas progresistas con un gran proyecto que logre unificar las fuerzas zuela y Cuba.

Durante su intervención, el primer vicepresi- populares”.

Entre algunas de las conclusiones más impordente del Partido Socialista Unido de Venezuela,

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ARTÍCULO OPINIÓN

Doctrina Monroe, la Doctrina Bolívar”, acotaron.

En este escenario de agresiones del gobierno estadunidense, México no puede sustraerse a buscar mecanismos de defensa y solidaridad con las naciones de Centro y Sudamérica, pues a pesar de ser uno de sus principales socios comerciales del gigante del norte y haber acatado al pie de la letra sus lineamientos, la más reciente militarización de su frontera sur para impedir el paso de migrantes hacia el norte, como condición para no ser objeto de imposiciones arancelarias, es la prueba fehaciente de que de nuestro país no puede ni debe sustraerse a apoyar los acuerdos de defensa regional a que se llegó en Caracas.

Ante esta política intervencionista de Estados Unidos, es indudable que Cuba podría ser víctima de una aplicación alevosa de la Ley Helms-Burton que, con el pretexto de una supuesta falta de democracia en la isla, agudizaría el bloqueo comercial contra el que ha venido luchando desde hace décadas el pueblo de la isla caribeña.

Los acuerdos a que se llegó en el Foro son por ello de suma importancia, pues establecen una gran campaña de acciones y movilizaciones para exigir se levanten los bloqueos económicos contra Venezuela y Cuba, articulando una lucha que debe partir desde abajo, en los sectores sindicales y sociales.

Una más de las importantes reflexiones a que se llegaron en el Foro de Sao Paolo fue la apremiante tarea de fortalecer “las luchas por la justicia para todas y todos, por la emancipación social, por la plena soberanía política, la independencia económica y la autodeterminación de nuestros pueblos”.

Sin dilación, hay que dar el primer paso, porque la escalada de intromisiones y agresiones de Trump hacia todos los países del continente van a ir en aumento una vez que inicie su campaña con miras a la reelección.

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tantes del Foro fue el establecer que “continúan ahondándose los efectos negativos de la concentración de la propiedad, el poder y la riqueza en manos de la minoría privilegiada de siempre”. De tal forma que en los países de la región en donde esto ha sucedido “crece la protesta social, mientras que las fuerzas de izquierda, populares y progresistas, sobre todo en el campo de los movimientos sociales y populares, enarbolan propuestas anti neoliberales” que deben estimularse y apoyar de forma decidida.

Los asistentes también establecieron en el documento final que “la derecha internacional no cesa en sus planes subversivos; opera de forma articulada para fragmentar y/o debilitar nuestros estados nacionales; busca aniquilar o deslegitimar todo proyecto de cambio social que pretenda avanzar por senderos no capitalistas o simplemente post neoliberales; trabaja sin descanso por erosionar nuestras identidades nacionales, así como los valores culturales que nos dan cohesión social; y acelera los esfuerzos orientados a dividirnos en todos los terrenos”.

Como parte de las estrategias a seguir, se estableció: “Ante el plan desintegrador de la derecha, opongamos el plan integrador, soberano y digno de nuestros pueblos. Frente a los tratados de libre comercio, propiciados por Estados Unidos, fortalezcamos los proyectos de integración soberana como la CELAC, el Alba-TCP, el Mercosur y otras iniciativas integracionistas populares y autonómicas”.

De acuerdo con lo planteado, la administración de Trump es la expresión cabal del capitalismo transnacional que hoy predomina, “impidamos que logre sus históricos objetivos de dominación sobre las tierras de Nuestra América. Estamos obligados con nuestros pueblos a impedir que la Doctrina Monroe logre sus fines intervencionistas. Frente a la

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INVESTIGACIÓN PORTADA

CONSULTORÍA EN SINALOA

“GESTIONA” BECAS DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

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PORTADA INVESTIGACIÓN

Empresas ofrecen registrar a los aspirantes a cambio de un porcentaje de la beca o inscriben a sus empleados para no pagarles Seguro Social. Pero también una consultoría encontró muy lucrativa la “gestión” de los becarios JUDITH VALENZUELA

ESPECIAL

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6 meses de iniciado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, algunas empresas en Sinaloa siguen haciendo negocio con las becas de 3 mil 600 pesos mensuales. Por ejemplo, ofrecen registrar a los aspirantes a cambio de un porcentaje o, para evadir sus responsabilidades, inscriben a sus propios empleados para no pagar las cuotas del Seguro Social. A estas prácticas se suma otra: la gestoría de los becarios para micro negocios.

Las becas pagadas con el erario federal tienen como objetivo la capacitación de jóvenes en el trabajo. La forma de operar de la consultoría consiste en realizar el trámite a nombre de propietarios de pequeños comercios, servicio por el cual les cobraría 7 mil 200 pesos. Pero ese no sería su verdadero negocio, sino la puerta de entrada a la especulación con los datos personales de decenas de jóvenes registrados en la plataforma digital de la Secretaría del Trabajo.

Según denuncias, se trata de Contigo Consultores, empresa presuntamente vinculada a la

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INVESTIGACIÓN PORTADA

familia del político Jesús Enrique Ramírez Arredondo, quien fungió el sexenio pasado como jefe de Cadenas Productivas en la Secretaría de Economía.

La consultoría opera con un grupo de 20 encuestadoras, quienes se encargan de ofrecer el servicio de ingreso al programa de becas a los pequeños nego-

Ganancias privadas con recursos públicos

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cios de colonias populares.

De acuerdo con fuentes consultadas, la propia consultoría se beneficia de ese programa social, pues las jóvenes están inscritas a éste. El sueldo prometido fue de 1 mil 400 pesos quincenales, pero quien se los estaría pagando es el propio gobierno federal.

Contigo Consultores garantizó a los micro empresarios entregarles directamente 3 mil 600 pesos al mes por cada becario registrado, con la opción de “beneficiar a un familiar con un sueldo fijo y

Por cada joven aceptado, la consultoría gana 7 mil 200 pesos. De ser así, habría obtenido una ganancia de 2 millones 880 mil pesos

seguro social por 1 año” o “tener mano de obra gratis”.

Por cada joven aceptado, la Consultoría gana 7 mil 200 pesos. Según los informantes, su forma de operar consiste en subir a la plataforma digital del programa los datos de los comercios y de los candidatos a becarios, pero con correos electrónicos y números de teléfonos propios. De esa manera, mantiene el control de los mensajes que les llegan a los becarios.

Las reclutadoras registraron al menos 200 becarios por mes cada una, pues la cuota mínima obligatoria es de 10 por semana. De ser así, la consultoría habría obtenido una ganancia de 2 millones 880 mil pesos.

El trabajo de las encuestadoras habría estado vigente de abril a junio pasado. Ahora, el ajetreo en las oficinas de la consultoría ha disminuido. Lo que se constató al acudir a las instalaciones ubicadas en calle Hacienda de la Mora para buscar la versión de la consultoría.

Allí, la gerente Marissa Arredondo actuó a la defensiva y se negó a proporcionar información.

Alterada, repetía: “Mi trabajo es personal, es privado, ésta es mi propiedad, no le di autorización de entrar y no le voy a dar ninguna información”.

—¿No va a responder a la acusación de que están trabajando las becas federales?

—No, porque… mire, usted no puede publicar lo que no le consta…

—Puede dar su versión si la están difamando.

—No, yo le digo que no. Es todo lo que puede

ESPECIAL

PORTADA INVESTIGACIÓN

Lucro con un programa social

poner. Todo el que me quiera difamar, pues que lo haga y se atenga, ¿verdad? Pues entonces, si no tiene cita…

Visiblemente molesta, la mujer niega ser Marissa Arredondo pese a que en un principio lo aceptó. Luego señala que no dará informes de ningún tipo porque su negocio es privado. “Aquí es mi propiedad. No le concedo el derecho de estar aquí ni de tomar fotos ni hacer preguntas, y usted como reportera sabe a qué me refiero”.

El modus operandi de la consultoría En una página de empleos en Facebook, por medio de un perfil falso a nombre de Nohemí Camacho, Contigo Consultores publicó el pasado 9 de abril: “Solicito: personal femenino de 18 a 35 años para realizar encuestas, medio turno de lunes a sábado, $ 1,400 semanales más comisión. *Faci-

lidad de palabra y buena actitud laboral. Informes 6675144341. No es cambaceo” [sic].

Martha –nombre ficticio para evitar represalias– fue una de las jóvenes que se interesó en el trabajo.

Marcó el número de teléfono anunciado pero nunca le contestaron. Intentó por Whatsapp y recibió un mensaje de confirmación: “es trabajo de campo, se hacen encuestas a negocios como tipo sensos más o menos, el sueldo base son 1400 semanales más comisiones dependiendo de su desempeño, se manejan dos horarios de ocho y media a dos de la tarde y de una y media a seis de la tarde, es medio turno el que se trabaja, ustedes escogen cual se les facilita más. Se está solicitando personas de todos los sectores, ya que se harán las encuestas en todos los sectores, así que probablemente te toque trabajar cerca del lugar de tu residencia. Solo que las entrevistas son en bugambilias [sic]”.

Ahí mismo le enviaron la ubicación e indicaciones para llegar a la oficina. Y agendó su cita

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INVESTIGACIÓN PORTADA

para las 10 de la mañana del siguiente día. Sólo le preguntaron su edad y le recordaron que llevara su credencial del Instituto Nacional Electoral. A la joven le extrañó que no le pidieran solicitud de empleo.

Al presentarse le tomaron una fotografía y fotocopiaron su credencial de elector. Luego la pasaron a un salón en donde había otras 19 muchachas contratadas. Les explicaron que saldrían en brigadas para visitar pequeños comercios de colonias y ofrecerles un programa de becas federales para jóvenes. Debían registrar al menos 10 becarios cada semana y a partir del onceavo habría un bono de 100 pesos por cada uno.

El grupo recibió un speech (un escrito en una hoja tamaño carta) que debía aprenderse de memoria. Durante 3 horas, las mujeres practicaron el discurso que repetirían a los dueños de los negocios.

Martha salió en una brigada de cinco. Abordaron un Uber que las trasladó hacia diferentes colonias de la ciudad. Con croquis en mano, entraron a papelerías, carnicerías, abarrotes, estéticas, fondas, panaderías, talleres mecánicos, ferreterías y tintorerías que encontraron a su paso: “Venimos de Contigo Consultores para ayudarlo con un apoyo económico para que su negocio crezca”, repetían. “¿Le gustaría que el sueldo de sus empleados y el Seguro Social no le cueste a usted?”

Los dueños de establecimientos escucharon que recibirían directamente 3 mil 600 pesos al mes por cada empleado para que lo administraran a su conveniencia, además de “seguro gratis para cada uno”, y que podían registrar hasta 20 jóvenes para ser becados por el gobierno federal.

“Imagínese si registra además de sus empleados a uno o más de sus familiares o personas que no trabajen directamente con usted pero que de vez en cuando, le ayudaran; tanto usted como su empleado se benefician y no tenemos problema con eso”, insistían las encuestadoras.

“Si usted tiene empleados de 18 a 29 años y no les da seguro social –se lee en el speech– ahí es donde usted los puede inscribir con nosotros, usted puede registrar a todos los empleados que tenga y si no los tiene porque no les puede pagar, pero tiene un sobrino, un hijo, un hermano, un familiar o un amigo que no estudie ni trabaje con seguro,

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Uno de los inmuebles de la consultora defraudadora

lo puede anotar como su empleado, y si no le trabaja todos los días, si sólo trabaja cuando usted lo necesite, no hay problema, lo puede registrar con nosotros, así usted puede tener mano de obra gratis, y también beneficiar a un familiar que le eche la mano a veces y con un sueldo fijo y seguro social por un año…”

En el transcurso de la charla ampliaban los beneficios: “Nosotros le garantizamos que queden aceptados, y si en el remoto caso no quedaran, no pierde nada porque esto es sin costo para usted, ya que el subsidio es de gobierno y nosotros le hacemos la gestión para que lo tenga”.

Luego explicaban: “Usted con el primer mes nos paga, por concepto de las gestiones, creación del proyecto y la inscripción, pero hasta que le lle-

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ESPECIAL

Papeleo y firmas

gue su dinero en la primer mensualidad de cada empleado […] porque hay que pagar para que registren e ingresen los expedientes, los que suben al sistema y validan, y pues a nosotros también nos pagan, y usted sigue recibiendo la segunda y la tercera mensualidad. Al cuarto mes, también lo paga a nosotros, esa mensualidad llega a usted directamente y usted nos pagaría, y nos pondríamos de acuerdo si lo deposita o pasamos a recogerlo”.

Enseguida, el discurso explica que para no perder el apoyo, cada mes se hace un reporte de validación en donde se visita el negocio para checar si los becarios asisten al trabajo y cumplen con el horario asignado. Pero agrega una ventaja extra: “NO SE HARÁ LA VISITA, YA QUE LA CONSULTORA VALIDARÁ TODO”.

Los dueños de pequeños negocios que accedieron a afiliarse llenaron varios formatos. El primero fue un “formulario de inscripción del tutor” con el nombre de la persona representante del negocio, RFC, dirección completa y actividad o giro del negocio, número de trabajadores a registrar, teléfono celular y CURP, junto con una copia de identificación oficial y comprobante de domicilio (de la CFE o Telmex) no mayor a 3 meses.

También llenaron una (o varias) “solicitud de inscripción de becarios”, en donde aparece en la parte de arriba el nombre del tutor, seguida por la información del aspirante a becario: nombre, nivel de estudios, fecha del último año en que estudió, CURP, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono celular, así como una copia de identificación oficial por ambos lados.

El papeleo también incluía dos cartas de autorización. Una, con los datos y firma del tutor en el que autoriza “a la C. Marissa Arredondo R. Gte. de Contigo Consultores para que en mi representación, me solicite y tramite mi registro como tutor y a su vez también inscriba a mis empleados en capacitación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo gestione ante la institución que lo otorga [sic]”.

La otra carta la firmaba el “empleado en capacitación”, en la que autoriza a Contigo Consultores “para que en mi representación, me solicite y tramite mi registro como empleado en capacitación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo gestione ante la institución que lo otorga”. Incluía la misma información de la “solicitud de inscripción de becarios”, más un comprobante de domicilio y “una selfie donde salga claramente”.

Los patrones también firmaron una “solicitud de servicios y gestiones Contigo Consultores”, que señala: “Manifiesto mi aceptación en cubrir sus honorarios por la cantidad equivalente a un mes de sueldo, que son $(3,600.00/100M.N.) por dos mensualidades siendo el pago en la primera y cuarta mensualidad por cada becario, una vez que yo como tutor y mis becarios hayamos sido aceptados, autorizados y recibamos el apoyo económico, el pago sería por concepto de sus servicios de gestoría y trámites [sic]”.

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ESPECIAL

INVESTIGACIÓN PORTADA

Segundo inmueble de la consultora

También una “carta poder” en la que los patrones otorgan “poder especial amplio y suficiente, a la C. Marissa Arredondo Arredondo”, para que en su representación, tramite el registro como tutor y el de sus becarios en el programa.

Por último, la indicación a las “encuestadoras” fue tomar cuatro fotos con su teléfono celular: una a la fachada principal y tres más del interior de cada negocio registrado.

Dudas, confusión y miedo Todo parecía marchar bien. “Nos hicieron una reunión en un privado del Panamá [restaurante] para decirnos que el programa se iba a

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acabar el 22 de junio, pero que si rebasaban la meta que el gobierno les pedía, por decir de 1 mil empleados al mes, el programa se alargaba.

Y que el plan era enviarlas a Navolato y a la Cruz de Elota. Ahí felicitaron a las que habían registrado a más muchachos: una metió a 90 en una semana”.

Las dudas surgieron el primer mes, cuando una de las jóvenes preguntó sobre el seguro social para atender a su hija enferma. Le respondieron que ella estaba asegurada, pero no sus hijos.

“Así supimos que habíamos sido dadas de alta como becarias, pero a nosotras como empleadas nunca nos llegaron los documentos del programa, sino que nos pidieron una tarjeta para depositarnos. La gerente Marissa Arredondo nos

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advirtió que si renunciábamos se perdía el apoyo y que era casi imposible conseguirlo otra vez”, cuenta Martha.

Después empezaron a comunicarse los “tutores” con dudas sobre los pagos. “Uno era un negocio que inscribió a siete becarios, era un taller grande y el señor sí tenía ahí a varios muchachos para que aprendieran el oficio; el señor hablaba seguido para preguntar qué había pasado con el trámite. Me pude dar cuenta que en el programa de Excel de la computadora todos los muchachos estaban aprobados, pero ellos dijeron que solo tres. Eso ya se nos hizo muy raro porque nos pagaban por cada trámite aprobado, y a la compañera que los ingresó sí le pagaron la comisión de los siete”.

Al dueño del taller le entregaron los documentos de sus tres becarios: una carta del gobierno de México con las siglas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el logo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene la foto, datos y folio de registro del becario, su número de Seguro Social, los datos de la empresa, la fecha de inicio de la capacitación y un número de cuenta bancaria; una carta del banco con instrucciones para descargar la aplicación y registrarse con la cuenta bancaria proporcionada, y su número de tarjeta. También un pequeño sobre con un chip de Telcel que debía usarse para darse de alta.

Una “tutora” dueña de una mercería se comunicó con Martha por Whatsapp a finales de marzo para comentarle que había llamado al teléfono proporcionado por el programa federal para saber si el joven que había inscrito había sido aceptado. Resultó que sí. Aparecía su nombre, pero con un teléfono y un correo electrónico distintos.

El 21 de mayo la consultoría le envió un mensaje por Whatsapp: “Buenas tardes. Soy Alondra R, me comunico de Contigo Consultores para informarle que su apoyo Jóvenes Construyendo el Futuro ya ha sido realizado”.

A los días le marcaron para decirle que la llamarían en 3 semanas y que todo el trámite sería con ella, no con el becario.

El 11 de junio de nuevo la mujer le preguntó a Martha: “…sabes si hay algún avance respecto a los apoyos, dijeron que aproximadamente en 3 semanas se sabía para cuando llegaban.”

A decir de las fuentes consultadas, al registrar a los candidatos a becarios en la plataforma en línea, la empresa gestora introdujo nombres reales y les designó un nombre de usuario y una contraseña, pero sustituyó sus correos electrónicos y sus números celulares por otros bajo su control. Así pudo recibir los mensajes dirigidos a los becarios y habría podido cobrar directamente el primer mes.

El ambiente se volvió tenso. Dos señoras dueñas de establecimientos se presentaron en la oficina y armaron un escándalo. Amenazaron con demandar al enterarse que habían registrado sus negocios con los nombres de otras personas. “En la oficina le echaron la culpa a la muchacha que había llenado los papeles y la amenazaron de que si había una demanda la demandarían a ella”, narra una de las encuestadoras ahora sin empleo. “Nunca firmamos un contrato, y la verdad es que ahí pueden manipular todo el papeleo”.

Un lunes por la mañana, la gerente de la consultoría, Marissa Arredondo les dijo que ya no se presentaran a trabajar porque estaban haciendo una reposición del equipo de sistemas. “Mañana traigan todo en una bolsa negra, el uniforme, el gafete y el maletín con el material de trabajo”, les indicó. El martes las despidieron.

De acuerdo con las fuentes, hay al menos dos oficinas de Contigo Consultores: en el bulevar Las Torres, fraccionamiento Terranova, al Sur Poniente de la ciudad, marcado con el número 1726, en donde reclutaron a las jóvenes y recibían el papeleo para los registros; y 10 calles adelante, en el entronque con la calle Hacienda de la Mora, donde eran citados los tutores para cerrar el trato.

Una de las jóvenes preguntó sobre el seguro social para atender a su hija. Le respondieron que ella estaba asegurada, pero no sus hijos

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ANÁLISIS SOCIAL

UACM

SOBRE FRAUDES IMAGINARIOS Y AUTÉNTICAS PATRAÑAS El golpe contra la UACM está en marcha. Desde su fundación, el proyecto de educación superior más innovador y democrático existente en el país ha tenido que luchar contra las andanadas del escandalizado sector empresarial. Pero también contra las de funcionarios de todos los partidos que la ven como botín político

ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO

CLAUDIO ALBERTANI, RESPONSABLE DEL CENTRO VLADY DE LA UACM, POLITÓLOGO E HISTORIADOR Y DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS

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SOCIAL ANÁLISIS

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as semanas pasadas tracé rápidamente la trayectoria del grupo que controla el Consejo Universitario (CU), máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Afirmé que dicho grupo arroja irresponsablemente a la universidad a un nuevo conflicto al pretender defenestrar al actual rector, Galdino Morán López. Por sus orígenes políticos en el Consejo General de Huelga (CGH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le llamé el grupo de los “moderados”, aunque en la UACM se les conoce con motes menos lisonjeros.

El castillo de mentiras que levantaron tiene un punto de partida: su odio obsesivo, patológico, contra el exrector Hugo Aboites (2014-2018), culpable de no haber cumplido con sus expectativas. Para desmontar las acusaciones contra Morán –a quien, entre otros delitos, se le imputa de “usurpar funciones” y encubrir “los malos manejos” de Aboites– es preciso empezar por el supuesto fraude en las obras de reestructuración de los planteles de la UACM que, en voz de Aidée Tassinari, secretaria técnica de la Comisión de Hacienda del CU, habría tenido lugar entre 2016 y 2018 [1].

El pretendido fraude en obras Acusar a alguien de fraude es cosa seria.

Según el diccionario de la Real Academia –y también según las principales enciclopedias jurídicas–, fraude es el “delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos”. Para comprobar sus dichos, los moderados deberían acreditar que hubo una conspiración, fraguada por Aboites y avalada por Morán López, para desviar fondos de la universidad hacia cuentas particulares. ¿Lo logran? Yo diría que no

les interesa; lo importante es el linchamiento mediático. El 13 de diciembre de 2018, uno de ellos, el entonces consejero del Quinto CU, Alberto Benítez, se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso local para afirmar –mintiendo descaradamente ante la instancia que nos asigna el presupuesto– que las finanzas de la universidad tenían un hueco de 300 millones de pesos y que la Comisión de Hacienda del CU –de la cual él era parte– se encontraba en la “mejor disposición para presentar un plan de crecimiento”, atribución que sólo tiene el representante legal de la universidad, es decir el rector [2]. ¿Cuál es la verdad? Para desenredar el entuerto, hay que empezar desde el principio. Los recursos para financiar las obras salieron de las gestiones que hizo Aboites para recuperar los fondos federales extraordinarios que la universidad recibía cada año de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero que anteriormente la Asamblea de Representantes del Distrito Federal incluía como parte del gasto corriente, es decir, que le eran escamoteados a la universidad. Fueron 150 millones adicionales durante t3 años fiscales consecutivos –2014, 2015 y 2016– por un total de 450 millones de pesos. Este, que fue un éxito indudable, acabó siendo una maldición, ya que casi 5 años después los trabajos no terminan, lo cual ha causado un legítimo malestar en la comunidad universitaria y ha dado pie a toda clase de conjeturas. ¿Qué pasó en realidad? De la cantidad mencionada, 300 millones fueron destinados a la creación de un fondo para el reforzamiento de la infraestructura de los planteles, mismo que fue autorizado por el Tercer CU (2012-2015) que, por cierto, también controlaba el grupo que pretende defenestrar a Morán. A partir de ese momento, Rectoría, la Comisión de Hacienda del CU, los coordinadores de área, los consejos de plantel, los coordinadores de plantel y la Coordinación

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ANÁLISIS SOCIAL

Los auditores no detectaron ‘fraudes’, desvíos ni desfalcos. Las fallas principales tienen que ver con la ausencia de normas y procedimientos confiables

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de Obras –es decir, no solamente Aboites, sino una multiplicidad de actores institucionales– empezaron un largo proceso de discusiones y acuerdos sobre las necesidades de cada plantel.

Los primeros 150 millones llegaron a finales de 2014. Una de las decisiones cruciales que –a posteriori– se puede cuestionar, fue que la universidad asumiera la responsabilidad directa de licitar y contratar los trabajos y la supervisión de éstos a través de la Coordinación de Obras, en lugar de establecer un convenio con la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del entonces Distrito Federal. Esta segunda opción se descartó porque la DGOP había abandonado en 2006 la construcción de un edificio en el plantel San Lorenzo Tezonco (SLT) y entregado los que concluyó con costos elevadísimos, sin planos maestros y muchos vicios no resueltos. Cuestión que, dicho sea de paso, jamás preocupó a los moderados.

Así las cosas, las primeras licitaciones se llevaron a cabo de mayo a diciembre de 2015, pero debido a que algunas se declararon desiertas, el proceso se prolongó hasta el año siguiente y el grueso de los trabajos se llevó a cabo en el curso de 2016 y 2017. En resumidas cuentas, los primeros 150 millones se ocuparon para la conclusión del mencionado edificio abandonado de SLT y para la compra de un predio anexo al plantel Centro Histórico; los otros 150 millones se utilizaron en el resto de las obras en los cinco planteles. Los últimos 150 millones se destinaron al equipamiento de la infraestructura en construcción. ¿Por qué los trabajos no se terminaron?

Básicamente, por tres razones. La primera y más importante es la naturaleza rapaz de las empresas que no cumplieron con los compromisos. La segunda es consecuencia de modificaciones a los proyectos en las que intervinieron órganos colegiados que no tenían la atribución de hacerlo. La tercera es que los conflictos internos que vivía la Coor-

dinación de Obras y Conservación de la UACM –anteriores a la llegada de Aboites– acabaron entorpeciendo el funcionamiento del área.

Es importante, por otro lado, precisar lo siguiente: 1) si bien no concluyeron, los trabajos de remodelación presentan actualmente un 65 por ciento de avance en promedio y 2) el dinero restante no desapareció, sino que se encuentra en las cuentas de la universidad.

Dado que las obras se contrataron a precio alzado –una modalidad perfectamente legal que contempla la normatividad interna– puede haber una diferencia entre lo que se pagó y lo que las empresas efectivamente entregaron, lo cual, de ser cierto, tiene que ser investigado y, en su caso, sancionado.

Añado que durante el mandato de Aboites, la universidad estuvo sujeta a dos tipos de fiscalización: las auditorías internas de la Contraloría General de la UACM, y las externas que realiza cada año la Auditoría Superior de la Ciudad de México. A esto hay que añadir las auditorías sobre el estado financiero que elaboran, también cada año, distintos despachos privados y una más sobre los trabajos de obras que encargó la Comisión de Hacienda del Cuarto Consejo Universitario al despacho Zárate García Paz & Asoc, SA de CV, en 2017. Ninguna auditoría ahorra críticas a nuestra universidad, pero ninguna encuentra indicios de fraude.

La auditoría de 2018 está en proceso de elaboración, igual que otra más que solicitó, en marzo pasado, Morán López a la Auditoría Superior de la Federación. Tengo en mi poder los resultados de la Auditoría Superior de la Ciudad correspondientes a 2015, 2016 y 2017, mismos que, con todo respeto, se antojan más confiables que las cuentas alegres de los quejosos. Es verdad que la UACM no sale airosa de dichas revisiones, pero no por los motivos que alegan. ¿Qué señalan los auditores? Para empezar, no detectan fraudes, desvíos ni desfalcos. Las fallas principales tienen que ver

VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

SOCIAL ANÁLISIS

UACM, la crisis política asoma otra vez

con la ausencia de normas y procedimientos confiables, lo cual da pie a que los procesos institucionales –no solamente los que tienen que ver con el ejercicio presupuestal, sino todos– no se desenvuelvan como sería deseable.

Agrego que los auditores denunciaron el mismo problema en tiempos de los rectores Pérez Rocha, Orozco y Dussel, de manera que la UACM es reincidente. Pregunta: ¿a quién corresponde elaborar dichas normas y procedimientos? Respuesta: al Consejo Universitario. Hay –desde mi punto de vista– otro problema: los consejos universitarios se han arrogado sistemáticamente funciones administrativas que no les corresponden, lo cual ha entorpecido nuestra vida institucional. Así que, si existe un daño patrimonial, la responsabilidad podría ser no de las cuatro rectorías por las que ha transitado la UACM, sino de seis consejos universitarios que no han sabido legislar al respecto.

Es imposible presentar en este espacio un análisis detallado de las auditorías en cuestión. Es útil, sin embargo, citar algunas recomendaciones. En la auditoría de bienes muebles e inmuebles correspondiente al año fiscal de 2015, conté 10 recomendaciones que tienen la tónica siguiente: “es conveniente que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México implemente acciones para la elaboración de normas y lineamientos para regular el registro, control, supervisión y baja de sus bienes inmuebles”.

En otra parte, se considera conveniente que “el Consejo Universitario pueda generar de urgente y obvia resolución, los escenarios idóneos para identificar, desarrollar estrategias de solventación, reingeniería y fortalecimiento de sus sistemas de control interno, gestión administrativa, transparencia y rendición de cuentas, a efecto de que se atiendan las recomendaciones presentes y anteriores con un impacto indirecto con el

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informe del despacho externo, mismo que en los últimos ejercicios [2013 a 2016], tuvo opinión negativa y desfavorable”.

Lo mismo se repite decenas de veces.

En ocasiones, las recomendaciones tienen que ver con observaciones puntuales a Tesorería y a la Oficina del Abogado General, así como a las coordinaciones de Obras y Conservación, Servicios Administrativos, a las que se exhorta a trabajar con el CU para implementar la normatividad faltante. En síntesis, es posible que un análisis más minucioso detecte irregularidades en algunas áreas, pero –repito– las auditorías no registran nada que se pueda tipificar como delito de fraude y menos orquestado por Rectoría.

Puesto que los moderados se reclaman devotos paladines de la legalidad, deberían de acatar el viejo El supuesto fraude electoral principio: dura Los moderados argumentan que Morán López usurpa funciones. Alegan que el lex, sed lex

proceso electoral fue irregular, pero caen en evidentes contradicciones. Primero, afirman que la convocatoria para elección a rector tenía “vicios” y luego admiten que fue votada por la mayoría de los consejeros. No dicen, por otra parte, que fue aceptada por todos los candidatos. Aseveran que las preferencias no se orientaron a favor del doctor Galdino Morán López, sino de la dotora Tania Hogla Rodríguez Mora, lo cual es verdad, pero ocultan que en la UACM la elección para rector es indirecta.

Aprobado en 2010 por los mismos moderados que ahora invocan la democracia directa, el Estatuto General Orgánico establece que la participación de la comunidad se reduce a la celebración de una consulta en el caso de que el número de aspirantes sea mayor a tres. Dicha consulta es vinculante, pero sólo para establecer la terna. Lo que sigue no es una elección sino una designación pues el pleno designa como rector a quien obtenga las dos terceras partes de los votos de los consejeros en primera vuelta (Artículo 49, inciso VI).

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UACM, amenazada

En caso de que en la primera votación ningún candidato obtenga la mayoría calificada, se llevan a cabo votaciones subsecuentes con los dos candidatos de mayor votación de la primera, hasta alcanzar la mayoría calificada. Si después de cinco votaciones consecutivas no hay candidato que obtenga la mayoría calificada, el CU designa rector al candidato que obtenga la mayoría simple de los votos efectuados en la sexta votación.

Acto seguido, el ungido recibe el nombramiento por parte de la Comisión de Organización del CU, tal y como sucedió en los casos de Orozco, Dussel y Aboites.

Es decir, el modelo otorga un amplio margen de libertad a los consejeros. ¿Es una buena opción? No lo creo y en su momento muchos opinamos que era mejor la elección directa. El caso es que ésta es la normatividad que tenemos; los moderados la crearon y nunca la cambiaron. Es más, ni siquiera

RODRIGO RUBIO/CUARTOSCURO

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intentan hacerlo ahora que gozan de una mayoría aplastante. ¿Qué pasó con las elecciones de mayo de 2018? Hacia principios de año, los moderados sabían que no contaban con los votos necesarios para elegir al rector a causa de la extrema polarización entre sus operadores en el CU y la mayoría estudiantil. Se les ocurrió entonces una argucia: redactar una carta pública para conminar a los consejeros a “respetar” los resultados de la consulta venidera y consiguieron 1 mil 500 firmas. A la postre, se presentaron 10 candidatos, se impugnaron tres y quedaron siete. La consulta se hizo y dio como resultado una terna integrada por Rodríguez Mora con 1 mil 665 votos, Morán López con 971 y la doctora Roxana Rodríguez Ortiz con 574.

La convocatoria establecía que los consejeros tendrían ahora que llevar a cabo una “auscultación” en el sector que repre-

sentaban; sin embargo, no indicaba ningún mecanismo específico, de manera que cada uno quedó libre de hacerla a su manera. El martes 8 de mayo, mientras se desarrollaba la votación para la elección del rector, un grupo de moderados (estudiantes, profesores y administrativos) interrumpió la sesión del CU de una forma agresiva y nada moderada. Esto ocurría justo cuando estaba a punto de finalizar la votación, con 20 votos a favor de Morán López y 13 a favor de Rodríguez Mora.

La intención era impedir que el proceso concluyera, pero el cónclave se reanudó el 18 de mayo, con un quórum de cinco profesores, 16 estudiantes y tres representantes administrativos (sin derecho a voto) aunque sin los moderados, que no acudieron pues sabían que iban a perder. Tras cinco rondas de votación en las que no alcanzó la mayoría calificada, Morán López ganó la sexta con 18 votos a favor y tres abstenciones. ¿Fue una votación legal? Sin la menor duda, pues se apegó al Estatuto General Orgánico y a la convocatoria. Los moderados argumentan que, con base en el Reglamento en Materia Electoral, la elección debió haber sido calificada por el Colegio Electoral, pero esto no aplica para la designación del rector, ya que las funciones de dicho Colegio y del Comité de Impugnaciones concluyen con la presentación de la terna al CU. Así que el tal fraude, sencillamente, no existió. ¿Fue una votación legítima? Esto se puede discutir, ya que la candidata Rodríguez Mora gozaba de un amplio margen de preferencias. Sin embargo, puesto que los moderados se reclaman devotos paladines de la legalidad, deberían de acatar el viejo principio del derecho: dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).

Querían impedir que el proceso concluyera, pero el cónclave se reanudó con un quórum de cinco profesores, 16 estudiantes y tres administrativos

La patraña contra Morán López En 2013, en vísperas de la victoria del movimiento contra la rectora Esther Oroz-

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VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

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Intensa actividad política

co no existía ningún procedimiento para destituirla. El Tercer CU redactó entonces un documento llamado Reglamento de Responsabilidades Universitarias (RRU) que sigue vigente. Desde mi punto de vista, su falla principal es que no establece plazo alguno para que la Comisión de Organización del CU revise la procedencia de una solicitud; pero una vez que ésta ha sido aceptada, el “imputado” sólo tiene 3 días hábiles para contestar. Este mecanismo permite atender las solicitudes a la carta: de volada las que son políticamente redituables y nunca las que pueden resultar inoportunas.

Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de la profesora Adriana Terán Enríquez, quien el 6 de noviembre de 2017 presentó un expediente de violación a sus derechos humanos contra el coordinador de Comunicación, Mario Viveros, y contra los entonces consejeros Alberto Benítez y Gabriel Medina. La petición de la profesora nunca fue atendida.

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Con base en dicho instrumento, en junio pasado, los profesores Pilar Padierna, Homero Galán y Samuel Cielo (los primeros dos figuran en la foto con Sheinbaum que publicamos la semana pasada) presentaron al CU un expediente que incluye seis causales: 1) incumplimiento de atribuciones, funciones y obligaciones; 2) creación de plazas como pago de favores; 3) incumplimiento de la normatividad electoral y usurpación de funciones; 4) violaciones a derechos universitarios y derechos humanos por acto u omisión; 5) daño patrimonial; 6) violación a las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Los moderados no han hecho público el documento. ¿Acaso piensan que el vulgo no está capacitado para opinar? ¿Qué pruebas aportan? Pocas o ninguna.

Repletos de mentiras y/o verdades a medias, los documentos probatorios se encuentran recortados al gusto e interpretados de forma

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capciosa. Las causales principales, la 2), la 3) y la 5) caen por su propio peso: como lo argumenté, no hubo fraude electoral, ni fraude patrimonial y, por tanto, no hubo necesidad de pagar favores. Existe una grabación en la cual se escucha la voz de un consejero administrativo quejándose amargamente de que Morán López no cumplió lo que le prometió, lo cual, si acaso, muestra precisamente esto: que no dispensó favores.

Otro supuesto crimen es que, al principio de su mandato, el rector actual creó cinco plazas de confianza para “asistente especializado en actividades deportivas” que serían ocupadas por egresados (y no como alegan los quejosos por los consejeros estudiantes que lo habían votado) lo cual contraviene el Contrato Colectivo de Trabajo. ¿Es una falta? Sí, lo es. ¿Es causante de destitución?

No, porque el expediente omite indicar que, ante los reclamos de la comunidad, Morán López las canceló.

Una “imputación” especialmente extravagante es la que tiene que ver con el “Acuerdo de Creación de la Unidad de Género y Feminismos”, instituida por Aboites, a la que Morán López dio continuidad. ¿Cuál es el delito? Impulsar una política universitaria para la igualdad entre hombres y mujeres sin contar con el aval de los moderados. En otro párrafo acusan al rector de haber pagado liquidación a algunos de los trabajadores de confianza de la administración anterior.

Lo que callan es que esta es una atribución del responsable de la administración, luego de evaluar posibles demandas en perjuicio de la universidad. La lista de inconsistencias podría continuar. Está el asunto de unos pizarrones digitales que Morán López adquirió durante su gestión como coordinador del plantel Centro Histórico y que llegaron con atraso, lo cual, según los quejosos, configura el delito de daño patrimonial.

Así las cosas, el 12 de junio pasado la Comisión de Organización del Sexto Consejo Universitario recibió la solicitud en cuestión,

a la cual dio entrada el día siguiente con número UACM/CU-6/RRU/001/19, a pesar de que consta de 425 páginas, lo cual contraviene el artículo 21 del Reglamento de Responsabilidad Universitarias que prescribe revisar la solicitud antes de admitirla.

Se instalaron, acto seguido, las comisiones de Substanciación del Expediente y Resolutiva, integradas por personas afines a los quejosos, violando el principio de imparcialidad consagrado en los artículos 90 y 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El 14, el rector fue notificado sobre el inicio del procedimiento y el mismo día apareció en el diario La Jornada un campo pagado –¿por quién?–, sin firma, en donde se puede leer que Galdino Morán López se “ostenta” como rector de la UACM y se hace público el juicio en su contra, lo cual es gravísimo puesto que viola el principio de presunción de inocencia y le causa daño moral.

Había, claro está, mucha prisa. Y empezaron los resbalones. El 17 de junio la Comisión de Substanciación entregó al “imputado” un expediente con decenas de copias ilegibles, lo cual dice mucho sobre la pulcritud de su trabajo. Por lo menos en una ocasión, los consejeros moderados se hicieron acompañar por un grupo de choque integrado por estudiantes que les son afines registrándose conatos de violencia. Siguió una ronda de audiencias con el “imputado”, siempre celebradas a puertas cerradas, bajo la argumentación de que los documentos a evaluar contenían datos personales, a pesar de la solicitud del interesado de que fueran públicas. Como lo señalé en las entregas anteriores, al final se entramparon en su propio procedimiento y no lograron concluirlo antes de vacaciones.

El 14 de junio el rector fue notificado sobre el procedimiento en su contra.

También apareció en un diario una inserción pagada para criticarlo

Epílogo ¿En qué va a terminar la patraña? Los moderados tienen la mesa puesta para defe-

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JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO

nestrar a Morán López. Sería, sin embargo, una victoria pírrica ya que el sucesor(a) gozaría de muy poca legitimidad lo cual, a su vez, podría crear un nuevo conflicto. Lo cierto es que todo esto ha sembrado la duda entre algunos de los consejeros del bloque mayoritario, quienes podrían no estar dispuestos a asumir tal responsabilidad.

Una vía de salida es la que proponen los firmantes del Pacto por la Defensa y la Consolidación Académica e Institucional de la UACM: un llamado a los consejeros para que abandonen la pretensión de destituir al rector y concentren sus esfuerzos en discutir y aprobar la normatividad que tanta falta nos hace: a) la estructura académica e institucional de la Universidad, misma que deberá ser incorporada al Estatuto General Orgánico que hasta ahora se encuentra incompleto; b) el Estatuto del Personal Académico, en el que se señalen los derechos y obligaciones de los profesores investigadores; c) el Reglamento de Estudiantes, en el que, igualmente, se señalen sus derechos y obliga-

Universidad de vanguardia, en disputa

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Pablo González Casanova (al centro), flanqueado por los rectores de la UACM anterio

ciones; d) el Estatuto del Personal Administrativo; e) las Normas de Convivencia, entre otros instrumentos jurídicos.

Se hace también un llamado al rector y a otras autoridades académicas y administrativas de la UACM para que presenten, a la brevedad: a) un plan estratégico de desarrollo de la universidad, con objetivos a corto, mediano y largo plazos, y con metas medibles y evaluables periódicamente; b) un plan de desarrollo de la infraestructura de la universidad, pues todavía tenemos importantes carencias en esa materia en los diversos planteles y sedes universitarias; c) un plan de revisión y, en su caso, de actualización de planes y programas de las licenciaturas, ingenierías y posgrados; d) un programa de apoyo a la conclusión de estudios y la titulación de nuestros estudiantes, y e) un informe pormenorizado de las supuestas irregularidades en el ejercicio presupuestal en las obras in-

UACM anteriores a Galdino Morán

conclusas –en la medida que sea pertinente debido a las auditorias en proceso.

Es una propuesta sensata. ¿Encontrará eco? No es imposible. Están abiertas, al mismo tiempo, varias rutas legales, pero el problema es político antes que jurídico. Para salir del atolladero es necesaria la participación de todos en la dirección de los asuntos comunes. Es estratégico que aparezcan caras nuevas, conviene que surjan nuevas direcciones estudiantiles y los académicos abandonen su tradicional pasividad. Es urgente, además, que el gobierno de la Ciudad deje de entorpecer nuestra vida institucional.

La tarea que tenemos como institución es poner al día nuestro proyecto educativo.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tardó 5 años después de la huelga de 2012 en recuperar el número de solicitudes de ingreso de nuevos estudiantes y, sin embargo, prácticamente lo duplicó tan sólo de

2018 a 2019. ¿Tiene sentido una nueva crisis? Dejo la respuesta al lector.

No olvidemos, al respecto, los criterios de Cornelius Castoriadis: “una paideia de la autonomía, una educación para la autonomía y hacia la autonomía, que induzca a aquellos que son educados –y no solamente los niños– a interrogarse constantemente para saber si obran con conocimiento de causa o más bien impulsados por una pasión o un prejuicio”.

Sí se puede. De lo contrario peligra el futuro de la institución de educación superior más innovadora y democrática que tiene México.

Notas [1] Sandra Hernández, “Denuncian fraude con obras en UACM”, La Jornada, 12 de julio de 2019.

[2] Véase grabación en Youtube.

[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/LGRA_120419.pdf.

[4] https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/de.la.autonomia.en.politica.pdf.

MARIO JASSO/CUARTOSCURO

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

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Hugo Aboites, exrector

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UACM: EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

COMO DEFENSA DE LA AUTONOMÍA

Académicos de la UACM que impulsan la destitución del actual rector afirman que su demanda es legítima. Aseguran que detrás de esta acción no está la intervención de gobierno alguno; que se trata sólo de un asunto de justicia

GUADALUPE RAMÍREZ/ESPECIAL

PILAR PADIERNA/DOCTORA EN PEDAGOGÍA POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM; PROFESORA-INVESTIGADORA DE LA UACM/ HOMERO GALÁN/MAESTRO EN ECONOMÍA POLÍTICA POR LA UNIVERSITY OF SHEFFIELD (REINO UNIDO); PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UACM Y HOMERO GALÁN/MAESTRO EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS POR EL INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DE LA HABANA (CUBA); PROFESORINVESTIGADOR DE LA UACM

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L

a Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se fundó en 2001 como respuesta a la demanda educativa de nivel superior en la capital del país. Recordemos que la última institución pública de este nivel creada en el Valle de México se remontaba a 1974 (la Universidad Autónoma Metropolitana), así que era imperativo incrementar la oferta. Desde su fundación la UACM ha tenido un intenso proceso de desenvolvimiento, con aciertos y dificultades.

Un momento particularmente relevante es el conflicto universitario acontecido en 2012, el cual tuvo por razón de ser la inconformidad desatada por la pretensión de la entonces rectora Esther Orozco por cometer un fraude electoral en la integración del Consejo Universitario (Tercera Legislatura), instancia que la legislación de la UACM define como el máximo órgano de gobierno. Esto derivó en una huelga que mantuvo cerrados los planteles por cerca de 4 meses. Un proceso sin duda desgastante, pero que, dada la premisa de justicia y legalidad que le motivaba –y que resultó vencedora– dio lugar en principio a un nuevo impulso creativo y a un extendido ánimo positivo. En esos términos transcurrió una primera etapa posterior a la huelga, correspondiente al rectorado de Enrique Dussel, quien fue designado en forma interina para ocupar el cargo. Fue un periodo breve, de penas poco más de 1 año, en el que principalmente hubo de normalizarse la operación de la Universidad. Lo cual se consiguió.

A continuación, en 2014, fue designado por el Consejo Universitario como nuevo rector Hugo Aboites, para desempeñarse por un periodo de 4 años. Fue una elección legal y legítima que contó con el reconocimiento de todos los sectores de la comunidad. Hubo confianza de que muchas cosas positivas podrían

concretarse en el periodo que estaba por comenzar. Sin embargo, contrario a lo esperado, el desempeño no transcurrió bajo esas premisas. La UACM fue transitando gradualmente hacia una dinámica interna de apatía, deterioro y abusos que derivó en el escenario en el que hoy nos encontramos.

¿Qué pasó en los últimos 5 años en la UACM? Podemos decir que los últimos 5 años han sido una etapa de decaimiento progresivo. La gestión del rector Hugo Aboites propició este retroceso pues se pervirtieron las formas de gobierno, los procesos administrativos y los términos de la convivencia comunitaria hasta niveles que resultan ya imposibles de tolerar. La UACM vivió una degradación profunda en este tiempo, a la vista de todos, aunque no todo mundo lo ha querido ver.

Por ejemplo, el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, conoció su mayor descomposición en la Quinta Legislatura (2017-2019) al grado de quedar bajo control de una estructura muy contraria al proyecto educativo que debiera regir a la UACM; es decir, al servicio de la corrupción y dominado por prácticas porriles. Corrupción no solamente en términos de provocar una afectación patrimonial a la institución, sino en el corazón mismo de la conducción gubernativa: su esplendor fue defraudar el proceso electivo del nuevo rector(a) en mayo de 2018.

Esto fue posible por la instauración de prácticas de naturaleza porril para hacerse con el control de la representación estudiantil en el Consejo Universitario. Cabe decir, sin embargo, que, aunque esta descomposición en la representación política tuvo como actores visibles a un grupo de consejeros estudiantes, no debe perderse

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La UACM es una estructura grande y diversa, de 18 mil estudiantes, 900 profesoresinvestigadores, 300 profesores de asignatura y 900 trabajadores

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de vista que los impulsores y beneficiarios principales de estos actos no son solamente estudiantes, para nada. Quienes mayor beneficio han recibido por esos mecanismos corruptos de control político son un grupo de profesores y trabajadores administrativos. Es decir, no debe pensarse esta problemática como un conflicto entre estudiantes contra profesores. No, más bien se trata de una forma amplia de crisis política y deterioro institucional, propiciada por quienes tomaron como botín a la Universidad –y sus posiciones administrativas– en las gestiones de Hugo Aboites y ahora de Galdino Morán.

Para comprender esta historia es crucial poner atención en el contubernio surgido entre estos dos personajes, así como entre los integrantes de sus respectivos equipos. De entrada, su alianza es llamativa (por decirlo suavemente) considerando que supuestamente pertenecían a dos “tradiciones” contrapuestas desde el movimiento de huelga de la UACM en 2012.

Supuestamente unos eran de la vertiente que apoyaron a la rectora destituida Esther Orozco (Morán y parte de su equipo) y los otros eran de la vertiente opositora a ella (Aboites y su equipo). Lo que ocurrió es que esas fronteras se desdibujaron en estos años y decidieron, ambos equipos, fundirse en una nueva formación de poder que por lo visto se vincula solamente por eso: por la ambición de poder y la defensa de los privilegios ilegítimos que se autoasignaron en estos 5 años; haciendo a un lado los valores o principios éticos del proyecto académico de la Universidad y olvidándose del sistema de ideas innovadoras que impulsaron la creación de la UACM. Se convirtieron en una coalición perversa e impresentable, aglutinada en la necesidad de impunidad recíproca frente a las evidentes conductas ilícitas o indebidas que les son imputables y que han dado lugar al proceso iniciado en sema-

nas pasadas ante el Sexto Consejo Universitario.

¿Implica esto que toda la UACM está descompuesta?

Por supuesto que no. La UACM es un estructura grande y diversa, compuesta por 18 mil estudiantes, 900 profesores-investigadores de tiempo completo, cerca de 300 profesores de asignatura, 900 trabajadores administrativos y manuales, cinco planteles distribuidos en la Ciudad; donde se imparten licenciaturas y posgrados, se realiza actividad docente e investigadora, de difusión cultural, y sobre todo, se contribuye a la cohesión del tejido social, dando oportunidades formativas a los sectores que más lo necesitan en nuestra desigual sociedad mexicana.

Todo esto ha subsistido a pesar de la degradación gubernativa y administrativa a la que nos hemos referido con anterioridad. La UACM cuenta con una comunidad académica rica en capacidades y aptitudes, comprometida con su trabajo, y también con una comunidad estudiantil viva e inquieta, que en su mayor parte está genuinamente comprometida con sus estudios y sus deseos de superación. Esto es la razón de ser de la Universidad y es el aliciente para no permitir que perdure el decaimiento y pueda restaurarse la legalidad de la vida interna y la aspiración de una vida comunitaria sana. De esta manera se podrá impulsar el gran potencial que ahora está encontrando trabas por parte de aquella minoría que lleva a cabo prácticas antiuniversitarias.

¿Es reversible la crisis de la UACM? En los meses recientes han ocurrido hechos importantes para lograr esa restauración. No es un proceso sencillo, al

PEDRO ANZA/CUARTOSCURO

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Cinco planteles

contrario, está siendo duro y estresante, con no pocas agresiones en contra de quienes participamos en este esfuerzo, pero está en marcha. Un paso importante fue la renovación del Consejo Universitario en marzo pasado. La sexta legislatura (2019-2021) es la más pulcramente electa de todas las que han existido. Se cuidó con todo detalle la elaboración de la convocatoria respectiva y el cumplimiento estricto de todas sus fases procesales. El Sexto CU es un órgano plenamente legal y legítimo que cuenta con toda la atribución jurídica y ética para cumplir las funciones que la normatividad interna de la Universidad le faculta. Si bien la participación (dependiendo de cada plantel) no siempre es la ideal, es la legislatura con mayor participación para su elección y, por tanto, con una amplia legitimidad. Además, la composición de la Sexta Legislatura es un triunfo abrumador de la comunidad de-

mocrática, comprometida con la restauración de la legalidad. Como tantas veces, la solución a las crisis está en convocar a la participación colectiva virtuosa, y ese el caso en este momento.

¿Qué es el proceso de Responsabilidades Universitarias actualmente en curso?

En este contexto, tres profesores-investigadores (quienes también suscribimos este texto) presentamos el 11 de junio pasado una solicitud para comenzar un Proceso de Responsabilidades Universitarias en contra de Galdino Morán. Lo presentamos ante el Consejo Universitario, con apego a la normatividad específica para tal efecto (Reglamento de Responsabilidades Universitarias). Somos tres profesores quienes la signamos, pero expresamos

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la voz de un sector muy amplio, mayoritario, de profesores, estudiantes y trabajadores que comparten esta visión. No somos protagonistas, sólo hemos puesto nuestro nombre al servicio de la causa colectiva.

La denuncia en contra de Galdino Morán tiene dos vertientes principales.

Por un lado, se refiere al proceso electivo en sí, ocurrido en los meses de abril y mayo de 2018, el cual fue ilegal e ilegítimo, pues fueron violados a la vista de todo mundo principios básicos de certeza e imparcialidad indispensables. La mecánica de elección de rector en la UACM puede considerarse algo complicada, con distintas fases y mecanismos, pero el principio básico del proceso –considerando la naturaleza participativa y democrática que mandata la legislación que nos hemos dado hasta ahora en la Universidad– es que la designación sea congruente con la

RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO

Protestas del anterior movimiento estudiantil

Impulso a la educación superior pública

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voluntad expresada por la comunidad, pues el fondo de todo consiste en dotar de legitimidad y solidez a quien sea designado. Es la razón de ser del mecanismo. Entenderlo de otra manera entraña querer justificar la trampa y la voluntad de fraude.

Este proceso de elección se articula en dos mecanismos básicos: una directriz de consultas directas a la comunidad y una validación de última instancia del Consejo Universitario (que le correspondió a la Quinta legislatura). Pues aquí se dieron las cosas justo al revés de cómo debían: ni fueron respetadas las modalidades de consulta a la comunidad (Morán quedó en un lejano segundo lugar con un 23 por ciento de las preferencias en la consulta abierta); ni la mayoría corrupta que controlaba el CU en ese momento actúo legalmente, en su obligación de ley de auscultar a los

sectores específicos que correspondían a cada consejera y consejero. Entendieron esos consejeros que la elección del rector era un patrimonio exclusivo y particular de ellas y ellos, carente de rendición de cuentas y sujeta solamente a sus intereses personales. Además, no se completaron las fases procesales marcadas por la convocatoria de elección, al grado que Morán no cuenta con constancia de mayoría: no hubo calificación de la elección por los órganos electorales. Simplemente en una sesión convocada de manera ilegal, un día esa mayoría corrupta de la Quinta Legislatura, eligió rector a Morán y días después, en lo oscurito, le dio “posesión” y de ahí en adelante procedió a nombrar en cargos a sus aliados, a hacer contrataciones irregulares y a ejercer el presupuesto fuera de toda norma legal y ética. En resumen, la elección ilegal e ilegítima de

Morán es resultado e inicio de toda una serie de conductas antiuniversitarias inadmisibles en una institución pública de educación superior.

Concretamente, esta vertiente de la denuncia apunta al hecho de que: si no se cumplieron los requisitos de elegibilidad para la rectoría, el individuo que se ostenta desde mayo de 2018 espuriamente como rector ha incurrido en usurpación de funciones. Y eso es una infracción a la ley y un fraude a la vida universitaria.

La otra vertiente de la denuncia se refiere a diversas modalidades de daño patrimonial y perversión de los procesos de mando administrativo de la Universidad. Sobresalen en este sentido, las responsabilidades derivadas del ejercicio indebido y fracasado de alrededor de 300 millones de pesos del presupuesto universitario en materia de Obras. Pues si bien

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Legalidad en duda

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ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

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Diversidad política

esas responsabilidades corresponden a los ejercicios 2015-2018, por lo que recaen principalmente en la gestión previa de Hugo Aboites, la actual gestión de Morán no ha realizado durante su año de gestión ninguna acción efectiva tendiente a fiscalizar, recuperar, solventar y regularizar nada concerniente a esos fondos. Cabe señalar que las irregularidades vinculadas a estos fondos han sido observadas legal y oficialmente tanto por la Auditoría Superior de la Ciudad, como por el Órgano Interno de Control, en varios conceptos a petición expresa de diversos integrantes de la comunidad universitaria. De manera que lo que está en juego es que estas auditorías sean acatadas, y que no continúe el actual bloqueo a su ejecución. Esa es la responsabilidad imputable a Morán (sin que eso excluya ni cancele las responsabilidades que corresponden a Aboites y los integrantes de su equipo).

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También están comprobadas otras faltas, esas sí totalmente imputables a Morán, como son contrataciones ilegales para el pago de favores políticos, liquidaciones fuera de la norma concedidas a integrantes de la gestión previa de Hugo Aboites, pago de servicios (cursos) nunca realizados y en general el fomento a un clima de violación a los derechos humanos en la Universidad. Todo eso está contenido y sustentado con pruebas (casi 500 fojas integran el expediente) en la denuncia de Responsabilidades Universitarias que presentamos ante el Consejo Universitario el pasado 11 de junio.

El proceso ha sido conducido desde entonces por el Sexto Consejo Universitario con estricto apego a lo establecido en la norma. Se integraron las comisiones de Sustanciación del Expediente y Resolutiva en el Consejo Universitario, se desahogaron los documentales, se realizaron

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audiencias (Morán presentó sus alegatos por escrito, aunque se rehusó a comparecer en su turno), y se realizaron los dictámenes respectivos correspondientes a cada una de las comisiones mencionadas, todo ello con apego al debido proceso.

Finalmente, el 28 de junio la Comisión Resolutiva determinó que era procedente la solicitud presentada e inició el cauce jurídico para la destitución del cargo de Galdino Morán. Él presentó un recurso de inconformidad ante el CU este 5 de agosto y corresponde ahora al pleno del CU desahogar dicha inconformidad para la terminación de todo el proceso, para ello dispone de hasta 10 días. Cabe señalar, que durante el desarrollo de estos trabajos que enunciamos, el mismo Morán solicitó también dos amparos ante la justicia federal en materia administrativa, los cuales le fueron negados en forma definitiva.

Epílogo: Defender la autonomía universitaria Esta es la verdad, sin manipulaciones ni tergiversaciones, de lo que ocurre en la UACM. No otra. Se han dicho cantidad de mentiras distractoras a lo largo de este tiempo por los aliados y defensores de Morán (y por él mismo). Una de ellas, por ejemplo, sostiene que todo este proceso es producto de un ánimo intervencionista por parte de las autoridades de la Ciudad de México, concretamente de la jefa de Gobierno. Incluso se llega al delirio de sostener que la intención subyacente es desaparecer la UACM, violando su autonomía, e incorporarla a los nuevos sistemas de universidades públicas que están promoviendo los gobiernos federal y local. Una absoluta fantasía fuera de toda realidad. Quizás propagan esas versiones con la intención de promover el miedo y la confusión en la comunidad universita-

ria; quizás son simplemente producto de una pésima y ridícula capacidad de análisis y argumentación. Obviamente nada de eso está de por medio.

Por el contrario, lo que debe quedar claro a todo el mundo es que si algo pone en riesgo a la universidad y su autonomía es la continuidad de este clima inaceptable de atrofia y corrupción institucional.

En cambio, lo que protege realmente la continuidad de la Universidad es la recuperación de la legalidad y de una sana vida interna. Esa es la única garantía de la subsistencia de la UACM en los términos que establece su Ley de autonomía y la Constitución de la Ciudad de México: ejercer realmente, virtuosamente, honorablemente la facultad de autogobierno que la sociedad mexicana le ha concedido.

La UACM es un espacio rico, diverso, plural y creativo. Ha cumplido su tarea a lo largo de estos años. Su riqueza mayor está en las personas que integran su comunidad. Ciertamente, no carece de otros problemas importantes que deben atenderse con urgencia. Hay muchos retos en adelante para lograr una vida interior más productiva y satisfactoria. La sexta legislatura está en condiciones de aprobar el Estatuto de Personal Académico, las Normas de Convivencia, y poner en marcha la Defensoría de los Derechos Universitarios, entre otras normas.

Todo eso debe atenderse, pero para ello se requiere partir de que los procesos de mando y de autoridad estén debidamente resueltos, puesto que, como en cualquier comunidad, de ello deriva todo el proceso decisorio. No puede haber trastornos en la conducción universitaria. Se requiere una autoridad legal y legítima a plenitud para poder afrontar todos los demás retos que corresponde a una comunidad académica. Estamos en ese camino y somos optimistas.

La riqueza de la UACM está en las personas que integran su comunidad.

No carece de problemas importantes que deben atenderse con urgencia

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ENTRE LA PAZ Y LO DEMÁS DESAFÍOS DEL PROGRESISMO EN COLOMBIA

Los desafíos del progresismo colombiano son mucho mayores que en otras latitudes regionales y, por ello, la paz como su eje articulador no es suficiente para cambiar al país. Por primera vez en mucho tiempo, el progresismo avanza y puede daisputar el poder a la derecha. Falta que los liderazgos tengan la madurez suficiente para alcanzar la unidad

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JAVIER CALDERÓN CASTILLO, MAESTRO EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA); DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIALES/CELAG

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a movilización ciudadana y el apoyo al programa progresista de Gustavo Petro significaron un gran salto electoral para la oposición colombiana tras llegar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2018. Por entonces el país se polarizó entre la propuesta de la derecha, encabezada por Iván Duque, y la alternativa progresista liderada por Petro; la contienda terminó dirimiéndose a favor del candidato uribista. Así, se consolidaron dos campos electorales antagónicos, aunque al interior de estos existen matices ideológicos e intereses diversos. El fin del proceso electoral no zanjó las disputas sino todo lo contrario: el triunfo de una fuerza sectaria, como el uribismo, amplió la grieta política.

Aunque perdió el duelo presidencial, el progresismo encabezado por Gustavo Petro se convirtió en el referente de una parte del país que quiere un cambio político y encuentra una opción en sus propuestas, sumando sectores ciudadanos a la constante (e histórica) acción de movimientos sociales, sindicatos, jóvenes y estudiantes. El papel de Petro en el Congreso –investido de hecho como jefe de la oposición– ha sido el de promover una estrategia de resistencia política centrada en la movilización ciudadana y el debate abierto contra las políticas de gobierno. Tales acciones son apoyadas por una bancada opositora heterogénea conformada por Alianza Verde, Polo Democrático, Unión Patriótica, MAIS, AICO y FARC, agrupados bajo el ideario de “paz política”.

En este momento de reinvención del progresismo en toda Latinoamérica se pueden rescatar, al menos, cuatro características de la experiencia colombiana, reforzadas por la campaña electoral y por el intenso año de disputa contra el poder en condiciones de polarización ciudadana no bipartidista. El primero de ellos ha sido ubicar un centro de articulación de la política nacional: (i) “la paz” como eje de disputa sobre el cual no sólo están girando los partidos progresistas

y de izquierda, sino también los clivajes de derecha (santistas y uribistas); (ii) la disputa socioambiental, que interpela el modelo de desarrollo y conecta las realidades rurales (las más afectadas) con las urbanas; (iii) en tercer lugar se articuló la movilización social con la acción parlamentaria por demandas ciudadanas (incluso enfrentando el miedo generado por los asesinatos de líderes sociales); y (iv) finalmente, por una acción parlamentaria conectada con la defensa de la paz, en la que el progresismo logró importantes victorias.

La paz como articuladora Se cumple el primer año de la legislatura del Congreso colombiano, dejando un conjunto de novedades. La más importante fue la presencia de una numerosa bancada progresista y de izquierdas compuesta por las formaciones políticas que participaron en las elecciones presidenciales obteniendo una alta votación, que por primera vez les permitió llegar a un balotaje. Se trata de un hecho ordenador de un nuevo mapa político nacional, no exento de matices y profundas disputas entre los partidos de oposición – caracterizados por una fuerte polarización entre una Colombia dispuesta a superar el largo dominio tradicionalista– y otra que sigue la inercial apuesta del pasado. La acción opositora se caracterizó por desarrollar los debates parlamentarios y presentación de iniciativas legislativas sin abandonar la movilización social para respaldarla. Tal estrategia, de mantenerse, podría ser decisiva en el cambio cultural de la política nacional tradicional, cuyo soporte es clientelar y mediático.

Dicha mixtura de la acción progresista tuvo como principal figura al senador Gustavo Petro [1], aglutinador de un movimiento ciudadano joven y cansado de la hegemonía partidaria, apoyado (de forma crítica) por organizaciones sociales y polí-

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Está en pleno desarrollo una guerra judicial en contra de la oposición. De nueva cuenta, el uso de las instituciones contra la democracia

ticas de larga trayectoria en la resistencia antineoliberal. El senador fue protagonista de las elecciones presidenciales, logrando ampliar su liderazgo en los debates contra el establishment y ubicándose como el contradictor de las políticas derechistas impulsadas por el presidente Iván Duque.

Reafirmó el reconocimiento nacional con sus debates frontales sobre los problemas nodales del país: la economía, lo ambiental, la corrupción y el paramilitarismo, conquistando una franja social intelectual, joven y con capacidad de movilización, que le permite mantenerse como referente.

Los partidos opositores a Duque, sin embargo, mantienen muchas posiciones de sectarismo, que les impide desarrollar una acción parlamentaria y de incidencia política más contundente. El Partido Verde, el más grande de la oposición progresista, no reconoce el liderazgo de Petro y continúa sosteniendo una posición más centrista, cercana a la ductilidad del excandidato presi-

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dencial Sergio Fajardo. Por su parte, Jorge Robledo, referente del Polo Democrático, mantiene una enemistad y una competencia con Petro, aunque ello no obstaculiza el apoyo de otras facciones de esa agrupación política. La posición progresista de Petro es más decidida en cuestionar aspectos del modelo neoliberal y del Estado, mientras que Fajardo y la Alianza Verde ponen el énfasis en criticar la administración estatal.

Aunque existe tal brecha en el progresismo, el crecimiento del electorado progresista es la principal preocupación de los grupos de poder. En el transcurso del año legislativo, iniciado en julio del año pasado, pueden constatarse un conjunto de acciones desarrolladas en contra de la oposición, con especial énfasis en la obstrucción de su organización territorial. Y se trata de una estrategia sistemática con tres patrones: la violencia política, la guerra judicial y el desprestigio del acuerdo de paz. Dichas acciones tienen la particularidad de estar asociadas a una campaña mediática que impulsa un sentido común antiprogresista, en tanto la respuesta de la oposición ha sido la movilización social y una coherente actuación en favor de la paz y en contra de la corrupción.

Está en pleno desarrollo una guerra judicial en contra de la oposición, siendo protagonistas la Fiscalía General, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral.

Iniciaron procesos penales en contra de senadores, como Iván Cepeda del Polo Democrático, y últimamente se intensificaron los ataques para proscribir a Gustavo Petro.

Desde esas instancias pretenden obstaculizar los derechos políticos de referentes de la oposición: el Consejo Nacional Electoral negó la personería jurídica al Movimiento Colombia Humana, que obtuvo más de ocho millones de votos en las elecciones; y el Consejo de Estado destituyó al senador Antanas Mockus, de la Alianza Verde (aunque una acción de tutela se la devolvió de forma temporal), y también dictaminó que

CUARTOSCURO

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Investidura de Iván Duque

Ángela María Robledo (Colombia Humana) no podía ocupar la curul en el Congreso, un derecho establecido en el Estatuto de la Oposición [2].

De forma simultánea, los medios de comunicación ligados al poder económico[3] sostienen una agresiva campaña para ligar al progresismo –y a la oposición en general– a malas prácticas de gobierno. Las líneas editoriales de éstos hacen esfuerzos retóricos para mostrar al acuerdo de paz como “negativo”, siguiendo la idea uribista de preferir a los guerrilleros en el monte que en el Congreso [4]. Así consiguen alinearse para relacionar a los principales referentes del progresismo con el gobierno de Venezuela, en cuya situación interna el presidente Duque ha decidido intervenir como protagonista.

La labor legislativa del progresismo El objetivo de la paz como eje articulador del progresismo facilitó la agrupación de una bancada amplia de congresistas (25 en el Senado y 27 en la Cámara) [5] impulsora de la implementación del acuerdo de paz, capaz de atraer el apoyo de un grupo de senadores santistas, con quienes sumaron mayorías para ganar pulsos centrales al gobierno de Duque (dispuesto a destruir el proceso de paz), como la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. La oposición unificada en torno a la paz se constituyó como uno de los mayores dolores de cabeza para el uribismo.

La acción parlamentaria de los partidos de oposición resultó más competitiva que en los anteriores periodos. En esta legisla-

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Las demandas ambientales y por el respeto a la vida conectan a las organizaciones rurales con las expresiones sociales de las ciudades

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tura se vivieron momentos de alta tensión y se desarrollaron debates de fondo, en los que los congresistas de la oposición generaron brillantes intervenciones, como ocurrió en la moción de censura contra el ministro de Defensa [6]. La presencia de una oposición activa y con un número importante de senadores incomoda a una derecha acostumbrada a las mayorías apabullantes y a la unanimidad. Existe una transición de las épocas del “pupitrazo” a las de un Congreso deliberativo, salvo en los temas que atañen al corazón del modelo neoliberal, en los cuales toda la derecha –incluso crítica del presidente Iván Duque– vota en bloque.

La bancada por la paz presentó 52 proyectos de ley y 10 actos legislativos, orientados a “fortalecer y proteger el acuerdo de paz y los derechos sociales del pueblo” [7].

Sin embargo, su principal papel fue debatir de forma contraria al Gobierno en los proyectos de ley presentados ante el Congreso, y utilizar, de manera certera, el derecho a réplica que establece el Estatuto de la Oposición. El gobierno logró mayorías, con mucho esfuerzo, para aprobar los proyectos de la Ley de TIC, el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y la Reforma Tributaria, no exentos de fuertes controversias en el Congreso y con una importante movilización social que tuvo un alto costo para el gobierno.

El reglamento y la composición del Congreso facilitan al gobierno de turno la aprobación de sus proyectos de ley. En la legislatura que terminó el 20 de junio se aprobaron 107 iniciativas que promovían la disminución de impuestos a las grandes empresas, la ampliación de la base tributaria para los trabajadores y sectores populares, y otros que favorecen a las corporaciones privadas de salud. Esa línea de acción gubernamental tuvo como respuesta de la oposición una disciplinada labor de control político, generando argumentos sólidos contra el modelo y, como se decía al comienzo, trasladan-

Estatua del libertador Simón Bolívar, en Bogotá

do los debates del Congreso a los ámbitos de discusión ciudadana, mostrando así que la fuerza parlamentaria actual no es suficiente para derrotar al gobierno.

Tal situación resulta compleja por la zigzagueante actuación de algunas fuerzas progresistas respecto del modelo estatal y económico. El Partido Alianza Verde, en algunos momentos, está dispuesto a disputar en bloque, en especial, cuando Antanas Mockus logra incidir: pero, en otras ocasiones, su posición centrista resulta contraria a los intereses progresistas. Algunos de sus integrantes, como Juanita Goebertus, aunque lidera debates muy serios apoyando el proceso de paz, se deslinda de debatir la agenda económica, por su cercanía a los grupos de poder santistas.

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La movilización social de la oposición La asunción del nuevo gobierno, el 7 de agosto del 2018, fue recibida por una movilización nacional con gran respaldo. Dicha tendencia marca una característica de las formas de expresión y de debate público del progresismo colombiano. En el 2018 se realizaron cerca de 348 movilizaciones de carácter nacional desarrolladas por estudiantes, maestros, indígenas y campesinos, con una agenda de rechazo a la violencia contra líderes sociales, la defensa del medioambiente, la defensa de la educación pública y en contra de medidas económicas implementadas por el gobierno [8].

El éxito de estas movilizaciones se logró

por la capacidad organizativa de las agrupaciones sociales y por la acción en redes sociales, articuladas con el apoyo de los referentes progresistas, en especial por el llamado de Petro a la activación ciudadana. Todo un segmento social se moviliza en las calles y en las redes sociales como sostén de sus propuestas sobre el respeto por el medioambiente, la paz, la vida y los derechos ciudadanos. Tal situación convirtió a Petro en el principal contrincante del gobierno nacional, recibiendo una respuesta agresiva por parte del uribismo, de sectores de la Justicia y de las corporaciones mediáticas; todos articulados en una campaña de proscripción de algunos líderes del progresismo considerados “radicales”.

Las disputas ambientales y por el respeto a la vida significan dos elementos que conectan las acciones de las organizaciones rurales (movilizadas desde hace décadas) y las expresiones sociales en las ciudades, que empiezan a romper la actitud “apolítica” de jóvenes, estudiantes y otros grupos poblacionales. Existen mayores consensos de acción por la protección del agua, contra el fracking y el uso de glifosato en la “pérdida acción punitiva contra los cultivadores de hoja de coca” que enferma a pobladores y daña los ecosistemas (además de no resolver el problema de la economía del tráfico de estupefacientes).

Esta importante movilización que marca el periodo político de Colombia aún no logra traducirse en organización partidaria.

Los esfuerzos del progresismo en tal sentido tampoco parecen ser una prioridad, en tanto existe el temor de construir una pesada organización que ancle las potencialidades de la amplitud progresista. Es una “debilidad” y un temor reafirmados por las disputas de liderazgo y por el sectarismo entre las facciones de la oposición, que actúan con virulencia en los debates internos, incluso más que en contra de los planteos de la derecha en el gobierno.

La asunción del gobierno de Duque fue recibida con una gran movilización de respaldo.

Se cifraron esperanzas en la paz. Nada queda

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Elecciones, esperanza y decepción

Algunas conclusiones para un escenario de mayor disputa Este primer año de la legislatura de Duque ha dejado a la oposición importantes actuaciones y, quizás, algunas enseñanzas que se enmarcan en una nueva configuración de las opciones progresistas en Latinoamérica: Los movimientos políticos que han resistido al neoliberalismo están en procesos lentos de acumulación electoral, mayormente con experiencias de gobierno local.

El progresismo colombiano no tiene una posición homogénea respecto del proyecto de país, no comparte estrategias de acción política y el significante encontrado para unificar esfuerzos es la paz, que defienden de forma unánime.

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Las tensiones de la oposición son visibles: las discrepancias públicas entre los principales referentes alcanzan altos niveles de confrontación verbal, que resulta mayor en los seguidores de éstos en las redes sociales; así es muy difícil lograr acuerdos en temas distintos al acuerdo de paz.

Gustavo Petro, como principal referente de la oposición, juega un rol principal en la articulación de la movilización social, y posiciona en la opinión pública duros argumentos en contra del gobierno. Sin embargo, es resistido por los liderazgos de otros partidos contrarios a Iván Duque.

El petrismo mantiene un fuerte debate con el centrista Sergio Fajardo, a quien buena parte del primero adjudica la derrota en la segunda vuelta electoral por su indecisión para apoyar al candidato progresista, así

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como por su llamado a votar en blanco.

El gran logro progresista en el Parlamento fue derrotar los intentos del uribismo para destruir el acuerdo de paz. El gran desafío es romper el consenso neoliberal en la ciudadanía para que retiren su apoyo a las derechas.

El escenario que viene será de mayor debate y el progresismo deberá enfrentar algunos desafíos: La competencia en las elecciones regionales de octubre traerá mayores confrontaciones de las fuerzas de derecha con el progresismo y, con ello, una mayor agresividad mediática.

Los acuerdos con otros sectores en el Congreso podrían acabarse. La debilidad parlamentaria del gobierno podría obligar a Iván Duque a abrir el gobierno a las demás formaciones de derechas, lo cual significa una mayoría legislativa.

La disputa por la base territorial, fundamental para las elecciones presidenciales del 2022, requiere una acción común de todos los líderes progresistas, independientemente de las tendencias. Ello exige ampliar la acción política para detener el asesinato de líderes y lideresas en esos territorios puesto que, de lo contrario, no habrá libertades democráticas suficientes para dar vuelta el conservadurismo anclado en vastas zonas del país.

La unidad del progresismo que no llega.

Aunque tienen grandes diferencias, su tamaño les obliga a generar una plataforma aglutinadora en torno a la paz y más allá, con un proyecto posneoliberal. Este es el verdadero desafío, en especial ante las indefiniciones de algunos referentes, como Sergio Fajardo.

[2] https://www.elespectador.com/noticias/politica/angela-maria-robledo-en-defensa-de-su-curul-articulo-851108.

[3] http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/08/ colombia-ley-tic-152-del-2018-profundizacion-en-el-monopolio-y-concentracion-de-medios-de-comunicacion/.

[4] https://colombianoindignado.com/ uribe-dice-que-prefiere-al-guerrillero-en-armas-que-al-sicariato-moral-y-genera-preocupacion/.

[5] https://www.nodal.am/2018/07/colombiala-bancada-de-la-paz-formada-por-siete-partidos-presenta-14-proyectos-de-ley/.

[6] https://www.elespectador.com/noticias/ politica/oposicion-y-gobierno-midieron-fuerzas-en-debate-de-mocion-de-censura-al-mindefensa-articulo-865304.

[7] https://www.lafm.com.co/politica/petro-ysus-nueve-proyectos-de-ley-sobre-el-acuerdo-depaz-y-los-derechos-sociales.

[8] https://www.msn.com/es-co/noticias/ colombia/¿por-qué-ha-aumentado-la-movilización-social-en-este-gobierno/ar-BBQ30FO.

Las elecciones de octubre traerán mayores confrontaciones de las fuerzas de la derecha con el progresismo.

Y, con ello, más agresividad mediática

Notas [1] Gustavo Petro por derecho ocupó una curul en el Senado, tras perder las elecciones en la segunda vuelta, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Oposición decretado tras la firma del Tratado de Paz en 2017.

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PERÚ

REFORMAS EN UN PAÍS PARALIZADO La estrategia del Ejecutivo peruano de realizar reformas a la Constitución, con escasas probabilidades de éxito en el Congreso, es un nuevo golpe de efecto para conseguir que nada cambie. El país, estancado y con un entuerto político al que no se le ve solución

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BÁRBARA ESTER, SOCIÓLOGA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) Y DIPLOMADA EN GÉNERO, MOVIMIENTO DE MUJERES Y POLÍTICA/CELAG

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artín Vizcarra se estaba quedando sin trucos. Luego del éxito del referéndum de diciembre de 2018, la discusión sobre las reformas comenzó a agonizar en el Congreso. Aprovechando el clima nacionalista producto del 198 aniversario de la Independencia y el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Lima, lanzó un nuevo anuncio: adelantar las elecciones y recortar el mandato tanto del Ejecutivo como del Legislativo. La declaración tuvo la resonancia de una bomba política en el Congreso.

¿Por qué Vizcarra hizo eso?

En primer lugar, Vizcarra se encuentra doblemente presionado por parte de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que bajo el argumento del “estancamiento económico” busca hacer lobby en sus dos principales proyectos: la ley de flexibilización laboral y la licencia de Southern Perú Cooper Corporation en Tía María. Además, la presión viene por los gobernadores del Sur, que realizaron un acto de unidad y demostración de fuerza al oponerse a la instalación de la minera que afecta al valle del Tambo, el cual produce alimentos para cuatro millones de peruanos y está en riesgo por la instalación de la explotación a cielo abierto a sólo 2 kilómetros del río.

Los gobernadores regionales y alcaldes de la macrorregión sur tenían prevista la presentación de una nueva Ley de Minería en los próximos días [1]. Pero el anuncio oficial del presidente en las fiestas patrias opacó la iniciativa de los gobernadores y volvió a erigir como principal adversario al Congreso, un lugar desde donde Vizcarra puede victimizarse y generar empatía con la mayoría de la población.

En segundo lugar, los proyectos presentados por el Ejecutivo no fueron aprobados; por ende, su construcción como

“reformista” se vio truncada. Aun cuando el Congreso mostró un abierto comportamiento obstruccionista con las reformas, la respuesta del Ejecutivo no fue proceder a su cierre –tal como habilita la Constitución, luego de dos confianzas negadas y asumiendo que si bien las reformas fueron formalmente aprobadas, no se aceptaron en los hechos–. Su respuesta fue una nueva reforma constitucional que, para proceder, deberá ser aprobada por 66 congresistas y luego nuevamente plebiscitada a fines de año. Otra opción es que sea aprobada por 87 congresistas (dos tercios de total) sin necesidad de consulta popular; sin embargo, esta opción se muestra imposible de acuerdo a la distribución actual de las bancas.

El fracaso de las reformas previas De las seis reformas políticas iniciales presentadas por el Ejecutivo, el Congreso aprobó cuatro. Una fue negada y una fue aprobada con modificaciones sustanciales que alteraron completamente su contenido. Recordemos que una de las propuestas más importantes, el retorno a la bicameralidad, fue rechazada en el referéndum de 2019 producto de las triquiñuelas que el fujimorismo incorporó al proyecto, por lo que fue desechada.

Actualmente, el Congreso tiene una representación bastante distorsionada, con un sistema plurinominal que restringe las bancas mediante el sistema de representación proporcional lo cual, al haber muchas regiones con magnitudes de distrito pequeñas –en donde sólo son electos uno, dos o tres representantes–, actúa en la práctica favoreciendo el otorgamiento de escaños para los partidos más grandes.

Asimismo, la permanencia del voto preferencial disminuye la disciplina partidaria y el transfuguismo es un práctica habitual.

Por último, los partidos políticos presen-

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Muchas de las reformas propuestas son en realidad cáscaras vacías con fines meramente electorales. La mayoría fueron desestimadas

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tan una institucionalidad baja y, en muchos casos, actúan como cáscaras vacías con fines meramente electoralistas.

Las reformas se proponían bajar los requisitos de entrada al sistema pero aumentar los de permanencia, así como establecer mecanismos de control sobre los congresistas y la financiación de los partidos, garantizar la paridad e instaurar las elecciones primarias abiertas. Sin embargo, la mayoría de las reformas clave fueron desestimadas. A continuación analizaremos cada una de ellas: -Impedimentos para candidatos: fue aprobada con modificaciones menores pero queda pendiente una segunda votación en esta Legislatura. La propuesta incorpora el artículo 34-A en la Constitución, por la cual están impedidos de postularse “quienes cuentan con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, de acuerdo con los términos establecidos en la ley”. Y modifica el artículo 39, señalando que “están impedidos de ejercer la función pública, mediante designación en cargo de confianza, los condenados por delito doloso en primera instancia”.

-Inscripción de organizaciones políticas: se incluyeron algunos cambios al proyecto original pero fue aprobado por dos Legislaturas: 1) La inscripción de un nuevo partido debe presentar un número no menor al 0.075 por ciento en calidad de afiliados, tomando como referencia el total de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones al Congreso. Sin embargo, se elevó el número de afiliados al 0.1 por ciento.

2) Acceso y fiscalización de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a la información de cuentas bancarias de aportantes privados. Este punto directamente se omitió y fue desestimado.

3) La cancelación de alianzas al concluir el proceso electoral, salvo que sus

miembros amplíen la vigencia. El proyecto final propone exactamente lo contrario: que “la alianza electoral que haya obtenido representación o haya ganado la respectiva elección debe mantenerse durante el período correspondiente”.

-Democracia interna: fue aprobado en primera votación y exonerado de la segunda, con modificaciones de redacción en un texto sustitutorio, por lo que se encuentra aprobada: 1) La incorporación de elecciones primarias abiertas. Las organizaciones políticas deberán seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular mediante elecciones simultáneas, a nivel nacional, con voto secreto y obligatorio de afiliados y no afiliados a la organización política. Se aprobó que las elecciones primarias sean simultáneas, con voto universal y obligatorio de afiliados y no afiliados. Por única vez y antes de las primarias para los comicios del 2021, podrán realizar elecciones internas para seleccionar a candidatos a presidente y congresistas. Para seguir en el proceso, deben obtener al menos 1.5 por ciento de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias.

2) Hasta una quinta parte de la lista al Congreso puede corresponder a candidatos designados. Los afiliados no pueden ser designados. La modificación aprobada mantiene el número de designados “hasta un 20 por ciento”.

3) Las elecciones internas de candidatos para cargos de elección popular serán el primer domingo de octubre del año anterior a la elección. El cambio es difuso y establece que las elecciones se realizarán conforme al calendario fijado por el JNE. 4) Los postulantes en las elecciones internas deben tener al menos 1 año de afiliación. El proyecto aprobado mantiene el tiempo mínimo de 1 año de afiliación para ser candidato en elección primaria, pero incorpora la excepción de los comicios del

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Vizcarra, estrategia electorera

2021: en este caso deben tener al menos 6 meses de afiliación.

-Tipificación de los delitos de financiamiento de los partidos políticos: 1) Planteó modificaciones al Código Penal tipificando los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de las mismas. También obliga a las organizaciones políticas a presentar dos reportes de gasto durante las campañas electorales. La comisión del Congreso avaló la propuesta de modificaciones al Código Penal.

2) El Ejecutivo propuso modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas en cuanto a la ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de cohecho activo

transnacional. El Congreso descartó este punto, considerando que es sólo de forma, y que esta norma ya ha sido materia de recientes modificaciones aún pendientes de evaluar.

-Paridad en listas de candidatos y eliminación del voto preferencial: se aprobó en primera votación y se exoneró de la segunda; se encuentra aprobada pero desvirtuada.

-El Ejecutivo propuso, entre otros, modificar el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), consignando que las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción deben incluir 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones, ubicados de manera alternada bajo el sistema de lista cremallera. El Congreso sólo aprobó que la medida sea gradual y bajo evaluación. Las listas de candidatos al

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Poder en disputa

Congreso contarán con 40 por ciento de mujeres o varones de forma alternada en las elecciones generales de 2021. La cuota será de 45 por ciento para las elecciones generales del 2026 y de 50 por ciento para las elecciones del 2031.

-Eliminación del voto preferencial. El Congreso cambió el dictamen de la comisión con un texto sustitutorio en la que se continúa con el voto preferencial. En la primera disposición complementaria transitoria se señala que en las elecciones del 2021 “es de aplicación el doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde se eligen menos de dos congresistas. En este caso, hay un solo voto preferencial opcional.

-Inmunidad parlamentaria: fue aprobada en primera instancia y requiere la

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aprobación de 87 congresistas en la actual Legislatura. La propuesta del Ejecutivo era reformar la Constitución para que sea el Poder Judicial –y no el Congreso, como ocurre actualmente– quien esté autorizado a quitar la inmunidad parlamentaria, a excepción de tratarse de delito flagrante. Esta reforma es muy importante para garantizar un verdadero mecanismo de control de los integrantes del Congreso, precisamente porque los hechos recientes dan cuenta del blindaje de determinados congresistas de la bancada mayoritaria; sin embargo, no se aprobó; de modo que continuará siendo el propio Congreso el encargado de juzgar a sus integrantes. El texto sustitutorio establece que los congresistas desde el acto de elección hasta un mes después de cesar en sus funciones, no pueden ser procesados

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penalmente, privados de su libertad o estar sujetos a medidas limitativas sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. El Parlamento tiene un plazo de 45 días hábiles para aprobar o rechazar las solicitudes; pasado ese lapso, la Corte Suprema puede levantar los fueros mediante su presentación al Tribunal Constitucional [2].

Beneficiados y perjudicados Las reformas más importantes no fueron aprobadas: no se aprobó la nueva inmunidad que implica el control de la Justicia por sobre los congresistas, estableciendo la opción de desafuero; tampoco se aprobó la paridad (este hecho debe ser desgajado en capas porque el aumento de la participación femenina sí se aprobó, aunque en cómodas cuotas de progresividad) y; por último, no se logró dejar atrás el sistema de voto preferencial. Si no lograron aprobar las reformas básicas de las reglas de juego ¿por qué habría el Congreso de aceptar acortar su mandato? A todas luces, la propuesta parece descabellada y será difícil que logre los 66 votos necesarios para ser sometida a referéndum.

En caso de aprobarse la propuesta podría favorecer al oficialismo, ya que se asegura acortar el desgaste de su tiempo en gestión en un país con alta volatilidad, donde la mayoría de los partidos y actores se desvanecen en el aire luego de la gestión y sin opción de reelección inmediata.

Sin embargo, ha significado una tensión en las relaciones con la actual vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien no fue consultada sobre el proyecto.

En términos generales perjudica a todos los partidos que actualmente tienen representación en el Congreso, sobre todo a los que tendrían poca posibilidad de ser acompañados en las urnas en una próxima elección, como el Partido Aprista y Acción

Popular, el primero bastante alicaído luego del suicidio de Alan García y el segundo con tensiones internas. En cambio, sí podría favorecer a algunos de los partidos de más reciente creación: Cambio 21 (Kenji Fujimori), el Partido Morado (Julio Guzmán) y Alianza por el Progreso (César Acuña), estos dos últimos excluidos de la contienda presidencial en 2016. Por último, esto podría perjudicar a Fuerza Popular, cuya lideresa se encuentra actualmente en prisión preventiva y a Nuevo Perú (Verónika Mendoza), ya que acorta los tiempos para la presentación de afiliados de cara a unos comicios que, en caso de efectivamente adelantarse, se realizarían el próximo 28 de julio de 2020.

Notas [1] https://wayka.pe/gobernadores-de-la-macro-region-sur-proponen-nueva-ley-de-mineria/.

[2] https://elcomercio.pe/politica/reforma-politica-modificaciones-congreso-proyectos-ejecutivo-noticia-657826.

Las reformas importantes no fueron aprobadas, como la del control de la justicia sobre los congresistas que implicaría instaurar el desafuero

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BORDES Y DESBORDES

DE LA CONTIENDA ELECTORAL BOLIVIANA Con el cierre de las listas de candidatos al Legislativo el escenario electoral en Bolivia va adquiriendo los contornos que definirán los comicios de octubre. La lucha por la Presidencia se va estableciendo entre dos candidatos. La oposición, fragmentada y dividida ideológicamente, busca construir un candidato que pueda disputarle al presidente Evo Morales

DAVID MANRIQUE

CAMILA VOLLENWEIDER, MAESTRA EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB) E HISTORIADORA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO, ARGENTINA/SHIRLEY AMPUERO, MAESTRA EN RELACIONES INTERNACIONALES, MENCIÓN EN NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS, POR LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, ECUADOR/CELAG

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l pasado 19 de julio finalizó el plazo para que las organizaciones políticas que concurrirán a las elecciones generales presenten las listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus programas de gobierno en el Tribunal Supremo Electoral. Los nueve espacios políticos registrados debían presentar postulantes para ocupar 36 bancas en el Senado y 130 diputados para la Cámara Baja.

También habían de inscribir nueve candidatos a representantes ante organismos parlamentarios supraestratales [1].

Hasta ese día poco se conoció sobre las definiciones de las listas y los contenidos de los programas, más allá de lo expresado por los candidatos presidenciales en campaña.

La tónica que marcó el debate político y mediático de las semanas previas a las definiciones legislativas fueron los recurrentes fuegos cruzados entre el gobierno y la oposición, y también dentro de esta última, particularmente entre Óscar Ortíz y Carlos Mesa. También se dieron algunos llamativos sucesos en las candidaturas opositoras –renuncias de voceros y “bajas” de candidatos a presidente y vicepresidente–. Así, las discusiones, negociaciones o designaciones de candidatos para la Asamblea fueron, más bien, un asunto que se desarrolló principalmente al interior de cada fuerza política, y la agenda política y mediática se mantuvo concentrada en la contienda por la Presidencia.

Ya el fin de semana pasado comenzaron a conocerse las listas y los programas completos, lo que le otorgó un poco más de claridad a una campaña electoral ya en marcha. Por el momento, los dos principales interrogantes y objetivos se centran en la posibilidad de una segunda vuelta electoral, si el oficialismo conseguirá alcanzar nuevamente los dos tercios en el Legislativo y si la oposición reconocería un resultado adverso, dadas las reiteradas denuncias de fraude.

Listas y programas [2] Las listas El Movimiento al Socialismo (MAS) ya había anticipado que la selección de los candidatos para las elecciones legislativas iba a derivarse de lo que decidieran todas las organizaciones que lo componen, además del cumplimiento de los requisitos establecidos por el TSE, como la paridad de género. Sin embargo, el propio Evo Morales señaló que hubo que “buscar cierto equilibrio que represente a todos los sectores sociales, consensuar, hacer el tejido social, invitando a personalidades, juventudes, respetando a la parte orgánica y para la parte orgánica ya no alcanza más espacios” [3]. Así, las listas se armaron observando a los altos cuadros de gobierno, miembros de organizaciones sociales y sindicales –especialmente las Centrales Obreras Departamentales–, juventud, y aquellas figuras del ámbito profesional y artístico con llegada a los sectores urbanos de clase media.

De entre éstos destacan Fredy Mamani (dirigente docente de la Central Obrera Boliviana) y Adriana Salvatierra, presidenta del Senado. El líder cocalero Andrónico Rodríguez y exfuncionarias del gobierno (Virginia Velazco Condori y Susana Rivero Guzmán). También hay candidatos y candidatas en primera línea que no provienen de la militancia del MAS, como María Renee Liévana (actriz) o Luis Héctor Cristaldo (exfutbolista de la selección) y postulaciones no exentas de polémica. Las más sonadas son la del empresario minero, exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MRN) y exsenador de Podemos, Orlando Silvio Careaga, y Marta Noya (exviceministra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y tía de la actual ministra de Planificación) [4].

El espacio liderado por Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana (CC), constituyó

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La presentación de listas de los programas de gobierno y candidatos no definió del todo el escenario político hacia las elecciones de octubre

listas aún más eclécticas, compuestas por dirigentes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y de Soberanía y Libertad (conocido como “Sol.Bo” y también algunos del Movimiento Demócrata Social (MDS), e integrantes de diferentes plataformas [5].

Centrado en un discurso meritocrático, Mesa eligió, principalmente, a figuras de su confianza, como Carlos Alarcón para primer diputado plurinacional –quien fue viceministro de su gobierno–, muchas mujeres profesionales (como Vania Sandoval Arenas o Silvia Salame Farjat), activistas (Cecilia Requena Zárate o Laura Nayar) y otras de extracción indígena, como Toribia Lero Quispe [6]. Entre sus listas se encuentran dos exreinas de la belleza departamentales, Corina Ferreira y Claudia Ettmuller Spinatto.

Bolivia Dice No, cuyo candidato a la Presidencia es Óscar Ortíz, ha apostado principalmente por dirigentes del MDS (como Eliane Capobianco Sandoval, Eric Landívar y Lourdes Landívar Tufiño), en menor medida de otros partidos (como el Movimiento Tercer Sistema –MTS– de Félix Patzi) y activistas de distinta extracción que acompañaron el 21F, como se conoce al Referéndum Constitucional de Bolivia del 21 de febrero de 2016. Entre las caras escogidas sin experiencia política para integrar sus listas legislativas están un campeón nacional de tiro deportivo (Rudolf Knijnenburg) y una exgladiadora del programa de TV Calle Siete (Estefani Céspedes).

Los programas de gobierno [7] Movimiento al Socialismo. Después de destacar los logros en materia económica y social, el programa presentado por el MAS define cuatro áreas prioritarias para la intervención del Estado: (I) Inclusión social y bienestar; (II) Oportunidades económicas y empleo digno; (III) Un Estado orientado a las necesidades de la gente y; (IV) Un desa-

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rrollo que respete a la Madre Tierra. En el documento puede observarse la importancia que el movimiento planea otorgar a las nuevas demandas urbanas, la calidad de los servicios públicos y la industrialización del litio.

Comunidad Ciudadana. El espacio liderado por Carlos Mesa coloca el énfasis en la institucionalidad republicana (transparencia y eficiencia), el desarrollo productivo, el desarrollo urbano basado en el medioambiente y la innovación, y empleo y servicios básicos dignos. Y con especial énfasis destaca que mantendrá el rol del Estado en la economía, pero “sin corrupción”.

Más allá del programa, Mesa ha señalado que, de ganar, llevará adelante algunas medidas puntuales, enfocadas en su principal adversario electoral: crear una Comisión de la Verdad para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción cometidos por los gobiernos de Evo Morales.

Bolivia Dice No. Centrado en el valor del “cambio”, el programa de la alianza surgida del 21F contiene todos los elementos esperables de retórica electoral hacia el futuro: democracia republicana, unidad y confianza, derrotar la pobreza, foco en la clase media, motorizar la capacidad exportadora del país, estabilidad económica y desarrollo sostenible.

¿Escenarios definidos?

La presentación de listas de candidatos y de los programas de gobierno no definió del todo el escenario político hacia las elecciones de octubre. Por un lado, porque el TSE (Tribunal Supremo Electoral) y los tribunales electorales departamentales tienen plazo hasta el 11 de agosto –día en que se presentarán las listas definitivas– para verificar requisitos y causales de inelegibilidad de los candidatos propuestos [8]. Por otro, porque aún existe incertidumbre sobre algunas can-

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Proyectos de país encontrados

didaturas presidenciales que arrastran parte de las listas al Legislativo.

Una de esas incógnitas es la de la candidatura del exmandatario Jaime Paz Zamora (Partido Demócrata Cristiano), quien renunció a su candidatura presidencial a mediados del mes de junio. La otra es la del excandidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No –fórmula encabezada por Óscar Ortíz–, Edwin Rodríguez, quien renunció a su postulación el pasado 12 de julio. Sucede que la Ley de Organizaciones Políticas establece que “Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas, y para las elecciones generales” […] “Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son la muerte o

una enfermedad gravísima sobreviniente, debidamente probada de alguna o alguno de las o los miembros del binomio elegido” [9]. Basado en ese postulado, el TSE rechazó las renuncias de ambos candidatos [10], [11], [12].

Sin embargo, el vicepresidente del mencionado tribunal, Antonio Costas, reconoció recientemente que existe un vacío jurídico en la legislación y que es una “locura que un candidato quiera renunciar y no pueda ser reemplazado” [13]. Costas entiende que, a partir del 19 de julio, los partidos y agrupaciones políticas podrán presentar la solicitud de reemplazo de los candidatos renunciantes porque a partir de esa fecha comienza a regir la Ley de Régimen Electoral, que permite efectuar dichos cambios [14].

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La campaña opositora

El escenario es tan cambiante que habrá que esperar a las nuevas encuestas para evaluar la migración del voto de un partido a otro

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Indudablemente, la renuncia de Edwin Rodríguez representó todo un cimbronazo en la campaña de Bolivia Dice No, espacio al que las encuestas sitúan en un alejado tercer lugar. Aparentemente, los motivos de la renuncia estarían en la falta de acuerdo sobre los candidatos a la Asamblea y la desaprobación del espacio de Rodríguez a la estrategia de ataque a Carlos Mesa, en tanto ella estaría debilitando a la oposición como un todo y favorecería la estrategia “atomizadora” del MAS. El hecho produjo, además, el alejamiento de otras organizaciones que lo apoyaban, como Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Revolucionaria y Solidaria, recostadas también en el rechazo a la estrategia de ataque a Mesa [15]. De algún modo, esta ruptura evidenció la fuerza de los regionalismos cruceño y potosino, que no consiguieron convivir más que unos pocos meses en un mismo espacio político: además de frases como “los que apoyan [a Ortíz] serán los que apoyan a los cambas” [16], dicha por Rodríguez, el propio Samuel Doria Medina reconoció que “La relación del oriente y el occidente boliviano no estaba bien. Los demócratas están ahora más encerrados en Santa Cruz” [17].

Habrá que esperar a las próximas encuestas para evaluar la migración del voto que acarreaba Rodríguez y el de aquellos ciudadanos disconformes con la estrategia de la plataforma defensora del 21F [18].

Por lo pronto, hay tres nombres que suenan como posibles candidatos a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No: inicialmente sonó el paceño Rafael Quispe –aunque luego dijo que se postularía como gobernador–, la cochabambina Shirley Franco, presidenta de la bancada demócrata en Diputados [19], y Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz [20], con un claro guiño al colectivo que actualmente mantiene una disputa con el gobierno.

La oposición, fragmentada

En una primera lectura podría suponerse que la ruptura en Bolivia Dice No beneficiaría a Carlos Mesa, aunque el voto duro de Ortíz es principalmente cruceño [21]. De hecho, una de las acusaciones hacia Rodríguez fue que lo habían “comprado” [22], puesto que su renuncia favorecía al candidato de Comunidad Ciudadana. Cuánto saldrá beneficiado Mesa con este desenlace está por verse, pero en caso de que exista una migración importante, no será una buena noticia para el MAS, ya que Mesa podría comenzar a ver revertir su declive y quedar ante la opinión pública como la única alternativa viable al binomio Morales-García Linera.

Sin embargo, Mesa también ha tenido su traspié en las últimas semanas: a comienzos de julio Diego Ayo, vocero de Comunidad

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ha proporcionado Ciesmori. La encuestadora publicó el pasado 22 un estudio que arroja que Evo Morales tiene una intención de voto del 37 por ciento, a 11 puntos de Carlos Mesa (26 por ciento). Óscar Ortíz, de Bolivia Dice No, se mantiene en tercer lugar con el 9 por ciento de la intención de voto [24].

Un dato a destacar del estudio es que Evo Morales es el favorito entre los jóvenes bolivianos (39 por ciento) [25] que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, representan el 39.9 por ciento del padrón electoral [26].

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A modo de cierre

Ciudadana, renunció a su cargo alegando, inicialmente, que no podía formar parte de una agrupación que contaba con 10 millones de dólares recaudados mediante quermeses, ferias y donaciones particulares.

Ayo –exfuncionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y de la Fundación Pazos Kanki, de Doria Medina– posteriormente se desdijo, pero ya dio por terminado su escaso mes como vocero [23].

En cualquier caso, a pesar de los pedidos de parte de la oposición y del oficialismo para que CC presente su rendición de cuentas, la prensa hegemónica dio por finalizado el llamativo episodio.

La fotografía más reciente de la situación electoral de los distintos candidatos es la que

Dependiendo de cuál sea el resultado de las elecciones generales será el veredicto final de la oposición sobre la solidez institucional boliviana. Por el momento, mientras los resultados de las encuestas no los favorecen, los candidatos en disputa con el Gobierno arrojan sospechas sobre posibles maniobras del MAS para viciar el resultado, con la complicidad de un supuesto TSE parcializado. Tras el veredicto de las urnas se conocerá en octubre si Evo Morales comenzará su último mandato o si habrá un nuevo presidente; también se sabrá, en este último caso, cómo la oposición conseguirá convencer a la ciudadanía de que el resultado es válido y legítimo, a contramano de lo que pregona hoy.

La consigna del fraude es, junto con la de la “corrupción”, la “dictadura” y el “narcotráfico”, parte de un libreto ampliamente aplicado en la región por la oposición política a los progresismos y sus aliados poderes económicos de la región y de fuera. En el caso de la oposición boliviana –y más allá de los programas de gobierno presentados– el mencionado cuarteto conceptual es el único cemento que la une. Hasta el momento, no han conseguido eludir los personalismos ni los regionalismos para negociar una fórmula capaz de ofrecer una alternativa que ilusione a quienes no votan por el MAS,

La consigna del “fraude” es, junto con las de “corrupción”, “dictaura” y “narcotráfico”, parte de un libreto ya muy desgastado en la región

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Catorce años, a examen

aunque muchos de sus potenciales votantes exijan la continuidad de las políticas exitosas desplegadas en estos 14 años.

Notas [1] Cabe recordar que (i) los senadores se eligen en circunscripción departamental, en lista única con el presidente y vicepresidente, aplicando el sistema proporcional (cuatro senadores titulares por departamento); (ii) los 53 diputados plurinominales se eligen por medio de lista cerrada y junto a la fórmula presidencial; (iii) por voto directo se eligen 70 asambleístas, llamados uninominales; y (IV) siete diputados por circunscripciones indígenas.

[2] Sólo se consideran aquí las organizacio-

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nes políticas que lideran las encuestas de intención de voto.

[3] http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0722&id=296749&fbclid=IwARa1tWyid4LBcGLs7XO-Es5K1CTDnMW947FKCLhuC-pKbuircUldOYumomys.

[4] https://www.lostiempos.com/actualidad/ pais/20190719/candidata-del-mas-chuquisaca-fue-viceministra-goni-es-tia-ministra-prado.

[5] https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/7/23/gente-de-confianza-de-losjefes-figura-en-la-franja-de-seguridad-225043. html.

[6] https://www.eldeber.com.bo/bolivia/ Partidos-y-alianzas-recurren-a-invitados-para-completar-suslistas-de-candidatos-20190721-0002.html.

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[7] http://www.la-razon.com/nacional/animal_electoral/elecciones-programas-gobierno-octubre-partidos-tse_0_3188081165.html.

[8] https://www.oep.org.bo/wp-content/ uploads/2019/05/Calendario_Electoral_ EG_2019.pdf.

[9] Ley de Organizaciones Políticas, artículo 29, inciso XII. [10] http://www.la-razon.com/nacional/ animal_electoral/Resolucion-TSE-rechaza-renuncia-Paz-Zamora-candidatura-PDC-comicios-Bolivia_0_3182081839.html.

[11] https://www.exitonoticias.com.bo/articulo/ politica/renuncia-rodriguez-candidatura-fue-rechazada-tse/20190719082045032289. html.

[12] Además de los casos de Paz Zamora y Edwin Rodríguez, hay otros dos espacios políticos con problemas en su fórmula presidencial. Fausto Challapa, candidato a la Vicepresidencia por el Frente para la Victoria, también renunció a su candidatura. En el caso de Pan-Bol, los dirigentes de la alianza no presentaron al TSE los documentos de su candidato a vicepresidente, Leopoldo Chui.

[13] https://www.paginasiete.bo/ nacional/2019/7/18/costas-reconoce-vacio-legal-para-renuncia-de-candidatos-dice-que-es-una-locura-224644.html.

[14] http://brujuladigital.net/politica/borda-sostiene-que-los-binomios-presidenciales-estan-preinscritos.

[15] https://www.lostiempos.com/actualidad/ pais/20190713/plataformas-retiran-su-apoyo-oscar-ortiz-renuncia-rodriguez?fbclid=IwAR3wS-ML1_Fg3KMEt9Ija5ALWMkGaeC5chnRqVwB83xVDk8yCAeL_IYlBr8.

[16] http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0714&id=295952&fbclid=IwAR01o6_1xetH2nfLrmwo2ua4KqXVn6asQTn6TrCw1L4PB4DJMtOPUMCS1hA. [17] https://www.infobae.com/america/ america-latina/2019/07/18/una-renuncia-y-una-denuncia-de-maletines-negros-pue-

de-aglutinar-el-voto-contra-evo-morales/.

[19] https://www.lostiempos.com/ actualidad/pais/20190718/ diputada-franco-aspira-ser-candidata-vicepresidencial-bolivia-dice-no?fbclid=IwAR1eTY8tDVWq0eGXCGIIQdKNn5mxuyJP94D4S4TtAJFXaoZUX675P0N-e2w.

[20] https://erbol.com.bo/nacional/bolivia-dice-no-baraja-el-nombre-de-luis-larrea-para-el-binomio-con-ortiz?fbclid=IwAR1vT0HyQoepnORImkvfeCS087bhJKR59qAgNKlHmrZmyPsF5u5GmXs9TrU. [21] Y hay que tener en cuenta que el mayor número de empadronamientos se ha dado en Santa Cruz (253 mil 609 personas). En el resto de los departamentos: 204 mil 24 en Cochabamba, 154 mil 262 La Paz y 47 mil 412 Tarija; en Potosí, 45 mil 336; Beni, 39 mil 231; Chuquisaca, 39 mil 118; Oruro, 36 mil 134 y Pando, 14 mil 787, que dio un total de 833 mil 913 registros. En el exterior del país se registraron 84 mil 485 votantes entre nuevos y cambios de domicilio. Ver: https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_07/nt190715/politica. php?n=32.

[22] http://www.la-razon.com/nacional/Polemica-Rodriguez-renuncia-Bolivia-Dice-Ortiz-acusaciones-prueba_0_3182681734.html.

[23] http://www.la-epoca.com. bo/2019/07/02/ayo-renuncia-a-voceria-de-mesa-asumo-mi-culpa-seguramente-no-sirvo-como-vocero/.

[24] http://www.la-razon.com/nacional/bolivia-elecciones-generales-encuesta-ciesmori-estudio_0_3188681108.html.

[25] http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0724&id=296909&fbclid=IwAR2qw6RkZtt7QKUwBJoigThCi50O53ntgtl5h1I0deWsGJB8RreTBeu-3Ps. [26] https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Electores-jovenes-llegan-a-25-millones-y-partidos-ofrecen-cuotas-en-sus-listas-20190106-0028. html.

Evo Morales tiene una intención del 37%, a 11 puntos de Carlos Mesa (26%). Óscar Ortíz, de Bolivia Dice No, se mantiene en tercer lugar

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

ABRAHAM LINCOLN ESTADISTA QUE CREA EL GOBIERNO DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO Y POR EL PUEBLO ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

Nadie sintetizó mejor el reputítulo: Abraham Lincoln: ensayos, aparece do y lastimosamente desorientado”. blicanismo con la democracia el histórico discurso del estadista de III. En la introducción-presentación directa, como la expresión histó1863 donde postula que las dos demode este libro por Don E Pehrenbacher rica sustentada con arreglo a su factor cracias han de funcionar como vasos se establece la personalidad política común de la democracia representaticomunicantes. Y el 4 de julio de 1861 de Lincoln, asesinado el 14 de abril va, para así fundar al gobierno en sus argumenta: un “gobierno popular se de 1865. Siendo un “hombre forjador tres manifestaciones: Ejecutivo, Legisestablece y administra con éxito y se de acontecimientos” y no un simple lativo y Judicial, como representantes mantiene en contra de un intento inter- mediocre gobernante que va de paso “del pueblo, por el pueblo y para el no por derrocarlo… las urnas son suce- por los cargos para gozar del poder, pueblo” (discurso de Gettysburg, el 19 soras legítimas de los balazos; y cuando proclamó la causa antiesclavista. Y de noviembre de 1863), como lo hizo por las urnas se ha llegado a un fallo sigue siendo un líder democrático en Abraham Lincoln, al recrear al Estado justo y constitucional, se puede volver a cuanto ejemplo, ya que su biografía es moderno como un medio jurídico recurrir, con éxito, a las mismas urnas, manantial para dar origen a políticos con fines políticos (que ha de explicar en comicios sucesivos”. Ese republicacon calidad republicana-democrática. conceptualmente Hans Kelsen nismo estadunidense “realiEn este binomio Lincoln fundó su en su Teoría General del Estado: zó, con el régimen gobierno popular, atendiendo 1925, llevando a sus a presidencial, la a quienes lo criticaban, las Autor: Abraham Lincoln Autor: Lord últimas consecuencias la coincidencia opiniones del pueblo y las Título: Ensayos (cartas, Charnwood Teoría de la Voluntad Pura entre la fipeticiones para construir discursos y documentos) Título: Abraham Lincoln de Hermann Cohen gura del Jefe el buen gobierno con Editorial: Pax-México, Editorial: Biografías de 1921). Así se llegó a de Estado y limitaciones en la vertienlibrería Carlos Gandesa la diferenciación de: gola del jefe de te de 1776 (Declaración Césarman bierno, sociedad y Estado, gobierno” (Norde Independencia y sus que brillantemente resume el berto Bobbio y Nicola derechos del ciudadano); 1789, kelseniano Norberto Bobbio, en su Matteucci: Diccionario de Política, Siglo vigencia de la Constitución. Logra la ensayo Estado, Gobierno y Sociedad (traVeintiuno editores). El mismo Lincoln unión de los estados, evitando la desinducción de 1987 del texto de 1976). Así agregó: “Nuestro gobierno tiene por tegración del sur y el norte. Defiende es como Lincoln crea uno de los fines base la opinión pública [esto ha de trael gobierno popular y censura la intropo-lí-ti-cos del Estado contemporáneo, ducirse como la libertad de prensa]. La misión en México de Maximiliano. Por sintetizando la democracia directa con opinión pública sobre cualquier asunto esto, Lincoln es un estadista de nuestro la democracia representativa, al propoconsiste siempre en una idea fundatiempo al que se une Benito Juárez, ner que ambas significan “el gobierno mental, de la cual irradian todas las creador de los fines republicano-dedel pueblo por el pueblo y para el puedemás ideas secundarias”. Nadie como mocráticos del derecho internacional: blo”. él, criticó duramente el presidente Polk “Entre los individuos como entre las II. En la recopilación de cartas, (el Trump de entonces), por la guerra naciones, el respeto al derecho ajeno es discursos y documentos (traducidos de invasión a México, describiéndolo la paz” (concepto del que me ocuparé por Luisa María Álvarez), que lleva por “como un hombre aturdido, atolondra- en otro Ex Libris).

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 12 al 18 de agosto de

Año 18 • Número 654 • $30