Contralínea 614

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2018

Año 17 • Número 614 • $30

CONTENIDO

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PORTADA

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REVELACIONES DEL PLAN MILITAR DE DEFENSA NACIONAL CONJUNTO El Estado mexicano está en peligro, según un documento secreto elaborado conjuntamente por las Fuerzas Armadas Mexicanas. Seis “amenazas”, siete “riesgos” y 11 “desafíos” es lo que más preocupa a los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 17, número 614, del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2018– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@ contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 26 de octubre de 2018.

Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

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OPINIÓN 6

ZONA CERO NOMBRAMIENTOS MILITARES: LA APUESTA DE LÓPEZ OBRADOR Zósimo Camacho

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN FIDEICOMISO DEL NAICM, EL CUARTO COCHINITO MÁS ONEROSO DEL GOBIERNO Nancy Flores

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CONTRAPODER EL RIDÍCULO DE PEÑA EN EL BALCÓN PRESIDENCIAL Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

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LATINOS EN ELECCIONES ESTADUNIDENSES, UN MITO LEJOS DE LA REALIDAD Luis Beatón/Prensa Latina

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EL ESCUDO DE VENEZUELA Manuel Cabieses Donoso/Prensa Latina

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NUEVOS MISILES RUSOS DESATAN POLÉMICA EN ESTADOS UNIDOS Valentin Vasilescu/Red Voltaire

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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CONTENIDO

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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx

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DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR

INVESTIGACIÓN

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PORTADA Revelaciones del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto Redacción

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PORTADA Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad de México José Reyez/

David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Zósimo Camacho

ESPECIALES 32

ENTREVISTA Toda la información en poder de las autoridades es pública: comisionado

Fotografía de portada: MARIO JASSO/ CUARTOSCURO

Salas Nancy Flores

ANÁLISIS

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INTERNACIONAL Paz en Colombia: modelo de justicia transicional en grave riesgo Jorge Retana Yarto

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INTERNACIONAL Brasil: primero el golpe de Estado, luego el fascismo José Luis Ríos Vera/Telesur

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HISTÓRICO Honradez, uno de los tres valores del gobernante: Juárez Álvaro Cepeda Neri

MISCELÁNEO

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EX LIBRIS Volvamos a Voltaire para enfrentar intolerancias y censuras Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9191 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN ZONA CERO

NOMBRAMIENTOS MILITARES LA APUESTA DE LÓPEZ OBRADOR ZÓSIMO CAMACHO

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l presidente electo siguió el ritual. No chocó nombramientos implicarán necesariamente una con las tradiciones militares para nombrar renovación: varias generaciones tendrán que pasar a quienes encabezarán las secretarías de la a retiro y, por lo tanto, deberán ser nombrados nueDefensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) vos generales, tanto para las comandancias de redurante su gobierno, que –parece necesario acla- giones y zonas como para quienes realizan labores rarlo– inicia formalmente hasta el 1 de diciembre administrativas.

El actual general secretario, Salvador Cienfuepróximo.

Eligió de las ternas que le fueron presentando gos Zepeda, ingresó al Heroico Colegio Militar en las estructuras castrenses. Y acordó con las actuales 1964. El próximo titular de la Sedena lo hizo 15 cúpulas los anuncios. Ritual cumplido. Pero has- años después. Ascendido a general de división en ta ahí. Las consecuencias que se avistan de haber noviembre pasado, Luis Cresencio Sandoval Gonseleccionado al general de división Luis Cresencio zález es generación 1979. “¿Qué significa esto?”, se pregunta Garduño Sandoval González y al almirante José Rafael OjeValero, doctor en socioda Durán “son bastante logía por la Universidad significativas”, a decir La selección del general Sandoval y el Nacional Autónoma de de uno de los civiles México (UNAM), espeque mejor conoce a las almirante Ojeda cambian la jugada a los cialista en América LaFuezas Armadas Mexi- actuales mandos: tendrán que rehacer las tina por la Universidad canas: el especialista en listas de ascensos y nombramientos de Pittsburgh. El tamtemas militares y de sebién conferencista en el guridad nacional GuiCentro de Estudios Superiores Navales y el Colegio llermo Garduño Valero.

Los nombramientos le cambian la jugada a los de la Defensa Nacional se responde: “Que ya no actuales mandos superiores de las dos secretarías y le tocó el 68 ni participación en la Guerra Sucia”. las tres Fuerzas Armadas: Ejército Mexicano, Fuer- Considera que se trata de una condición que pudo za Aérea Mexicana y Armada de México. Tendrán haber sido decisiva en el nombramiento.

Pero la juventud del próximo general secretario que rehacer las listas de quienes alcazarán los niveles jerárquicos más altos de la milicia y que se anun- desencadenará también una renovación de manciarán el próximo 20 de noviembre (a 108 años de dos. La designación de Luis Cresencio Sandoval la Revolución Mexicana): generales de división y González significa “que prácticamente toda la vieja almirantes. Y tendrán que acordar dichas listas con generación de las décadas de 1950 y 1960 se va a los próximos secretarios, además de hacerlas un retiro necesario. Y, por tanto, vienen a ser desplazados todos los viejos mandos”. Señala que el sipoco más extensas.

Sobre todo en el caso de la fuerza terrestre, los guiente general de cuatro estrellas “es un hombre

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ZONA CERO

antiguo y al mismo tiempo el que mayor reconocimiento tiene.

El almirante José Rafael Ojeda Durán era uno de los que podrían considerarse “comodoros”: está por cumplir los 45 años de servicio (a punto de que se fuera a retiro), es experto en operaciones navales y ha ocupado cargos tanto operativos como administrativos.

Además de que cumplía con “la tradición”, dos factores debieron haber sido muy significativos para el presidente electo: “Uno de ellos es que su tesis de maestría en el Centro Superior de Estudios Navales versó sobre corrupción; y la segunda, que era el contralor de la Armada de México: el hombre que vigila el movimiento de los fondos y recursos”. ¿Qué pondría sobre la mesa el hasta el lunes pasado inspector y contralor general de Marina? ¿Cuánto sabe de malversación de fondos y otros tipos de corrupción que le puedan interesar al adalid de la austeridad?

Dice Garduño: “ambos casos [soldados y marinos] nos muestran que va a haber cambios muy significativos en el personal militar. Por supuesto tendrán que haber promociones nuevas”.

Con las designaciones, los militares no pueden reprocharle nada a López Obrador. Incluso, aunque no estén de acuerdo con ellas y les haya generado cambios de planes. Hasta los amanuenses de las Fuerzas Armadas han dado su bendición. Los nombramientos se hicieron dentro de los márgenes marcados por las estructuras militares; si se quiere, en los extremos de esos márgenes. Fue una operación con pinzas. Veremos si es el comienzo de una serie de cambios que ahora sí trastoquen las estructuras de las milicias mexicanas.

De entrada, parece que se buscará inaugurar una nueva relación entre el poder militar y el poder civil. Se le dio la puntilla a los viejos pactos. Será muy interesante saber sobre qué se fundarán los nuevos.

SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

que solamente tiene 39 años de servicio” y, por ello, veremos un profundo cambio generacional.

A esta situación se suma la decisión, ya en proceso de ejecutarse, de desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Este cuerpo castrense era la última condición que subsistía del viejo pacto entre civiles y militares que le dio establidad política al país por varias décadas.

Guillermo Garduño explica que cuando los militares fueron desplazados de la Presidencia de la República en 1946, quedaron establecidos tres compromisos. El primero de ellos fue precisamente la creación del Estado Mayor Presidencial “como un elemento auxiliar directo y próximo al poder presidencial”.

El segundo fue que el partido oficial (entonces el Revolucionario Institucional, PRI) quedaría en manos de los militares. Así ocurrió hasta mediados de la década de 1960.

Desde entonces los dirigentes del PRI son civiles.

Y el tercer compromiso era mantener una cuota de gobernadores y de legisladores de carácter militar. Esa cuota se eliminó a partir del año 2000, cuando el panista Vicente Fox asumió la Presidencia de la República.

Con el anuncio de la desaparición del Estado Mayor Presidencial, “lo que ha hecho Andrés Manuel ha sido eliminar el último compromiso. Claro, data de hace muchos años, otra época y otro contexto. Pero va a resentirse en el ámbito de lo que es el poder militar”.

Con respecto del nombramiento en la Semar, Garduño señala que esta secretaría tiene una tradición “absolutamente diferente”.

Explica que entre los marinos “existe una figura que no es un grado, pero sí es un sistema de reconocimiento. La Marina actúa mucho en términos de un criterio de prestigio por antigüedad y por tipo de servicio”. Quien reúne estos elementos es conocido familiarmente entre ellos como el “comodoro”.

No es un grado, insistimos. Es generalmente el más

OPINIÓN

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

FIDEICOMISO DEL NAICM EL CUARTO COCHINITO MÁS ONEROSO DEL GOBIERNO NANCY FLORES

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l Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad del México (NAICM) ocupa el cuarto lugar en la lista de los 25 cochinitos presupuestales más onerosos del gobierno federal, y se relaciona con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En total, son 338 fideicomisos, mandatos y contratos análogos constituidos y operados por dependencias y entidades federales, que manejan 821 mil 354.6 millones de pesos al margen del presupuesto.

Pero no todos esos fideicomisos tienen la misma importancia: al cierre del primer semestre de 2018, el 88.6 por ciento del total (727 mil 879.4 millones de pesos) se concentró en 25, refiere información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso.

Y entre esos 25 está el del NAICM, pues su bolsa asciende a 50 mil 901.4 millones de pesos.

Ese monto equivale al sobrecosto que el megaproyecto registró en marzo pasado, y al 29.5 por ciento de su presupuesto original (por 169 mil millones de pesos). Éste es operado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, entidad de participación estatal mayoritaria que es tenedora directa del 99.99 por ciento de las acciones de las empresas Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, SA de CV. Constituido el 29 de octubre de 2014, el fondo tuvo ingresos por 19 mil 810 millones 991 mil 376 pesos entre enero y junio pasados; rendimientos por 1 mil 660 millones, y gastos por 15

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mil 305 millones 246 mil pesos. Aún así, su bolsa quedó en 50 mil millones.

De acuerdo con la SHCP, “con cargo al patrimonio del fideicomiso se realizan los pagos destinados a solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad del México y, en su caso, sus obras complementarias”.

Los cochinitos presupuestales El de los fideicomisos es un tema relevante, porque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha prometido eliminarlos. Por décadas han sido usados como cajas chicas y, no pocas veces, han sido la vía ideal para enriquecer a funcionarios corruptos.

El tema no es menor: los más de 821 mil millones de pesos que concentran equivalen a 19 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018, por 43.1 mil millones de pesos; y 136 mil veces el presupuesto de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, el municipio más pobre del país, de apenas 6 millones 302 mil 214 pesos.

López Obrador se ha comprometido –en sus lineamientos de austeridad y combate a la corrupción– a que “se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo para ocultar fondos y evadir la legalidad y la transparencia”. Y podría empezar por revisar los 25 más onerosos, entre ellos el del NAICM. El que concentra más recursos públicos (252 mil 524.8 millones de pesos) es el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, operado por Hacienda.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

OPINIÓN

Luego de ese fallo, que cubrió las espaldas de todos los que participaron en su maquinación, se constituyó el Facla como un fideicomiso público federal. ¿Qué sentido tiene que el gobierno constituya fideicomisos públicos si los fondos son privados?

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en mayo de 2004, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, como fideicomitente del gobierno federal, firmó el contrato del Facla con Nacional Financiera.

“Su objetivo sería mantener al SAT con la mayor infraestructura en materia tecnológica, lo que le permitiría una mejor atención al contribuyente, así como la facilitación en el pago de impuestos.

Facla y el fraude transexenal “Su patrimonio se integraría, principalmente, El Facla podría ser el cochinito más relevante de los recursos privados que le serían aportados, para saber si la próxima administración federal provenientes del pago de las contraprestaciones estará dispuesta a acabar con las corruptelas. Y a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera y se destinaría: es que, como ningún al pago por la contraotro, representa el rosSon 338 fideicomisos federales que prestación del ‘seguntro de la impunidad. reconocimiento Operado por el manejan más de 821 mil millones de do Servicio de Admi- pesos al margen del presupuesto; 25 aduanero’ a las empresas autorizadas que nistración Tributaria concentran 88.6% del dinero público hubieran prestado ese (SAT), desde 2004 susservicio a los particulatituyó al fideicomiso privado Aduanas I, que por años privatizó recur- res; a pagos a terceros de compromisos asumidos sos públicos. Algo que posteriormente fue avala- por el SAT para adquisición de bienes y servicios, do por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ejecución de obras, de forma independiente al Presupuesto de Egresos de la Federación, rela(controversia 84/2004).

Y es que los multimillonarios recursos del cionados con infraestructura, mejoramiento y Facla se derivan del cobro del derecho de trá- modernización de sus atribuciones.”

Según la ASF, desde entonces, “el SAT ha insmite aduanero, que según la Corte –en concordancia con el gobierno federal, entonces a car- truido al fiduciario a retirar recursos del patrimogo de Vicente Fox– son una “contraprestación nio del fideicomiso para atender compromisos de pago para la adquisición de bienes muebles e privada”.

Pero resulta que, como el test del pato (“si pa- inmuebles, servicios y ejecución de obra necesarece un pato, nada como un pato y grazna como rios para llevar a cabo sus procesos de desarrollo un pato, entonces probablemente sea un pato”), de infraestructura, mejora y modernización, de este cobro huele a impuesto: lo exige la autoridad forma independiente a su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y como una excepa cambio de permisos para importaciones.

Y huele a dinero público, porque son las au- ción a lo establecido en la legislación presupuestoridades quienes lo recaudan y lo gastan. No tal y contable que regula el gasto público”.

Pronto veremos si el próximo gobierno corriobstante, la Corte legalizó el carácter privado y propició una cadena de irregularidades, que se ge la plana al SAT y a la Corte, o todo permanece igual. mantienen hasta ahora.

Con un fondo de 92 mil 738.9 millones, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud es el segundo con más dinero. Éste opera el Seguro Popular y está a cargo de la Secretaría de Salud.

También de Hacienda, en tercer sitio está el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, con 74 mil 859.9 millones; seguido por el del Nuevo Aeropuerto, con más de 50 mil millones.

Y en quinto lugar, el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (Facla), con 42 mil 374.1 millones de pesos.

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OPINIÓN CONTRAPODER

EL RIDÍCULO EN EL BALCÓN PRESIDENCIAL ÁLVARO CEPEDA NERI

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l adjetivo correcto de lo que están haciendo pos de golf en el Estado de México. Y estarán con Del Mazo III y Peña en el Estado de Méxi- él Videgaray, Miranda y el propio Del Mazo III, co en sus últimos días de príncipe consorte, para burlarse de López Obrador. Ha pagado Del es precisamente: despilfarro. Con lo que estos dos Mazo publicidad por prensa escrita, radio y televicómplices en el abuso del poder, al parecer serán sión, exagerando sus acciones con fotos entregando los últimos de la dinastía de Atracomulco-Atlacomul- canastas, mostrando el auxilio a los adultos mayoco, ya que se han dedicado a derrochar, dilapidar, res y el salario rosa… todo para hacer creer que ha disipar, malgastar, tirar, gastar dinero sin necesidad, ido más allá de los ofrecimientos de AMLO; pero al en mucha más cantidad de lo necesario o prudente que le cierra un ojo para quedar bien, agradecieno en cosas innecesarias. Esto según el diccionario de do a Peña que lo haya recomendado con el nuevo Presidente de la República. Es un gran despilfarro María Moliner.

Ahora, conforme al Código Penal Federal, tam- con abuso del poder.

Peña anda como si nada e incapaz de un acto bién cometen abuso de autoridad según el Artículo 215, fracción VIII; y el Artículo 217, fracción III. político republicano, ya que, como la esposa de JaAsí como otros delitos de mayor jerarquía que es- vier Duarte: “se lo merece”. Así que ambos son las dos caras de la misma tán en la Constitución Política de los Estados El presidente Peña sigue usando el moneda de la corrupUnidos Mexicanos, en avión presidencial de miles de millones ción. Nada los detiene y siguen actuando como sus Artículos: 198 al de pesos para viajar como pasajero solidos cesaritos del sistema 114. Y los respectivos tario; claro, con sus guardaespaldas priísta. Del Mazo III Artículos de la Constipublica su foto como tución del Estado Libre ha hecho Peña, ya que y Soberano del Estado de México. Además de que Peña sigue usando el los dos cojean del mismo pie: se creen galanes; avión presidencial de miles de millones de pesos uno con el copete muy menguado y el otro con para viajar como pasajero solitario; claro, con sus su blanca cabellera anunciando sus “éxitos” con guardaespaldas. Y no tiene para cuándo desocupar dinero del pueblo mexiquense; entidad que posee Los Pinos, para seguir gozándola como virrey y el récord de feminicidios a nivel nacional. Y donde usando el Palacio Nacional para sus fiestas de In- la corrupción permea las funciones gubernamentales. forme presidencial.

Uno y otro siguen despilfarrando como virreSu primo hermano, Alfredo del Mazo Maza, ofreció su primer informe con lujo de publicidad yes. Peña se irá –lo cual es de dudarse– a refugiar millonaria, para anunciar su mal gobierno. Y Peña en Atlacomulco, pero ya sabremos cuando se vaya fue como representante de sí mismo para dictar frí- de viaje a gozarla de lo lindo con sus ahorros, sus volo discurso al anunciar que en cuanto sea el 1 de propiedades, sus ingresos de los que no gastó ni un diciembre, se irá a vivir a su casa-mansión con cam- peso; sus joyas, obras de arte e inversiones, bastaste

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OPINIÓN

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

CONTRAPODER

aumentadas respecto a lo que declaró como bienes (El Universal, 17 de enero de 2013). Ya obtuvo el perdón y olvido de su sucesor. Y Del Mazo la bendición de Peña. Ese mediocre funcionario, pésimo presidente encabezando la corrupción de su sexenio que la noche del 15 de este septiembre se puso ridículamente sensiblero, para desde el balcón de Palacio Nacional escenificar, pues, un cuadro repugnante para despedirse ante los mexicanos presentes en la Plaza de la Constitución.

En un espectáculo degradante, abrazaba a sus hijos. A su esposa. Lloriqueaba y cuando, supuestamente, con los dedos de sus manos quiso hacer la figura de un “corazón”, no dudo que realmente eran los famosos “caracolitos” que es la expresión para mandar a la chingada, lo que trató de enviar en vivo y por la televisión; pues sabe que es odiado hasta querer que sea llevado a responder de su fallido gobierno que ha dejado a la nación en la devastación social, económica y política. Sus lágrimas de cocodrilo fueron porque con su neoliberalismo económico se tragó la riqueza del país; y lo mostraron como un actor de quinta ya que su esposa, actriz de Televisa, no logró que aprendiera el “abc” para

lucir su apagado copete ante sus acarreados del Estado de México (de donde salieron los “porros” que atacaron a los estudiantes de la UNAM) y el resto del público que fue a vitorear a los Héroes de 1810.

Y, de paso, a pitorrearse de Peña quien se desquitó con sus “caracolitos”.

Deja Peña una nación en ruinas. Caótica por la sangrienta violencia, funesta por los cientos de miles de fosas clandestinas repletas de cadáveres, en las entidades donde desgobernaron sus Javier Duarte. Hay desgracias por todas partes. Abandonó a su suerte a los afectados por los terremotos. Sus cómplices saquearon el dinero del pueblo. Enriqueció a sus socios de la empresa Higa y a otros más como Odebrecht; dejando a Lozoya como presunto destinatario de millones de dólares. El Peña del 15 de septiembre, cínicamente, maloliente de corrupción, enseñaba la Banda Presidencial que deshonró por 6 años, para con sus gritos nerviosos, dizque vitorear al pueblo y a sus héroes que nos dieron la Independencia; pero varios descendientes de los virreyes han perdurado con el priísmo de los Salinas, Zedillo y el mismo Peña, más los panistas de Fox y Calderón.

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OPINIÓN ARTÍCULO

LATINOS EN ELECCIONES ESTADUNIDENSES

UN MITO LEJOS DE LA REALIDAD LUIS BEATÓN, PRENSA LATINA

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a idea de los latinos haciendo la diferencia durante un proceso electoral en Estados Unidos es aun ahora más un mito que una realidad. Esa comunidad, la mayor minoría del país y que muchos consideran podrá llevar a un presidente a la Casa Blanca tan temprano como a mediados de este siglo, es calificada frecuentemente como un “gigante dormido”, algo cierto pues no votan pese a los intentos de los partidos políticos tradicionales, Republicano y Demócrata, de moverlos a las urnas.

Con las llamadas elecciones de medio término el 6 de noviembre, todo parece indicar que el esperado despertar no se producirá: la proyección de estudios y encuestas indican que el porcentaje de votos de los latinos será mínimo.

En un artículo de opinión, el diario The New York Times señaló que cada año 800 mil latinos cumplen 18 años y ambos partidos invierten millones de dólares en tratar de entusiasmar a los electores hispanos.

La fuerza de ese sector sería descomunal, ya que 27 millones serán elegibles para acudir a las urnas y previsiblemente los votos se inclinarían por el partido Demócrata atendiendo a que, entre otras cosas, en las políticas del presidente Donald Trump esa porción de personas no tienen preferencias.

El porcentaje de ese sector que sale a votar todavía es mínimo y estudiosos del tema aseguran que su afluencia al proceso electivo apenas sería de 20 puntos porcentuales, menos que el de los afroestadunidenses y los blancos no hispanos.

El análisis de estas proyecciones es complejo, y más cuando la población de esa descendencia está concentrada en estados no competitivos como Texas, California y Nueva York, donde las elecciones están dominadas por uno u otro partido.

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Encuestas recientes muestran que en estados competitivos pueden inclinar la balanza en noviembre, pero apenas el 40 por ciento de los hispanos con derecho al voto se registró.

Su sufragio puede hacer la diferencia en Colorado, Arizona, Nevada y Florida, regiones donde el segmento tiene importancia en un contexto general de electores.

En Colorado representan el 14 por ciento de los que tienen derecho a la consulta, en Arizona el 20 por ciento, y en Nevada y Florida rondan el 17 por ciento.

Por ejemplo, en estos cuatro estados el puesto de gobernador es centro de la disputa entre republicanos y demócratas, y en los últimos tres las plazas de senadores federales también lo son.

Analistas y seguidores de estos procesos políticos sostienen que con solamente tres cambios de senadores federales de republicanos a demócratas, los azules dominarán el Senado y, previsiblemente, se establecería un poder capaz de confrontar la política racista y antiinmigrante de la actual administración.

Viendo el voto con proyección de futuro, si se produce la tan esperada sacudida del “gigante”, tras el Censo de 2020, los gobernadores electos en la mayoría de los estados, incluyendo Colorado, Nevada y Florida, tienen poder de veto de la redistribución de los distritos electorales.

En concreto desde ese cargo, tal como hicieron los rojos (republicanos) en pasados ejercicios en las urnas, se puede modificar el mapa electoral para favorecer a su agrupación en futuras elecciones.

Cuando el 6 de noviembre se abran los locales de votación, para algunos un referendo a las políticas de Trump, estarán en juego 35 asientos para el Senado en Washington, las 435 plazas de la Cámara de Re-

ARTÍCULO

OPINIÓN

presentantes y las sillas de 36 gobernadores estatales. un proceso presidencial, lo que obliga a los aspiranPara controlar la llamada Cámara baja se nece- tes a cargos electivos a intensificar sus campañas.

Diferentes organizaciones hispanas insisten con sitan 218 representantes (actualmente los republicanos tienen 241 y los demócratas 194) y en el Senado sus miembros en la importancia de votar, pues para los rojos tienen 51 puestos contra 47 los azules con ellos está claro que si uno no elige, otras personas tomarán decisiones. dos independientes.

En este ejercicio que está por llegar hay desafíos De las 50 butacas de gobernadores ahora hay 33 del partido en el gobierno, 16 demócratas y un inde- y temas puntuales que deben decidir la inclinación pendiente (Alaska), un escenario muy favorable a los de la balanza.

A favor de los republicanos está que el índice de republicanos pero que pudiera variar si hay un voto masivo de castigo por las políticas antiinmigrantes desempleo del país se situó en 3.7 por ciento, el más de Trump y otros deslices durante sus primeros dos bajo en casi 50 años, según los datos recientes del Departamento de Trabajo. años de gobierno.

Este guarismo será todo un reto para los demóUna mirada atrás muestra que durante el proceso electoral de 2016, cuando el presidente Trump cratas en su afán de alcanzar el control del Poder fue electo, entre los hispanos los temas que más pre- Legislativo con el apoyo de los latinos, quienes esocupaban eran la economía, la salud y el terrorismo, tarían obligados a mostrar su músculo en distritos según diversas encuestas, incluido un informe del electorales claves.

Al respecto, un estudio de la Universidad de Pew Research Center.

A 2 años del mandato de Trump –marcado por California (UC) Davis, elaborado por el Proyecto de Participación Cívica una intensa política para de California (CCEP) reducir la inmigración–, A 2 años del mandato de Trump, el pronostica que por su sin embargo el asunto asunto migratorio retornó a los pricrecimiento, el voto lamigratorio retornó a los meros tres lugares de las principales tino influirá en distritos primeros tres lugares de claves para las elecciolas principales preocu- preocupaciones de los latinos nes de medio término paciones de los latinos, de noviembre próximo reveló una pesquisa de en Estados Unidos.

Univisión.

En el reporte se estudiaron cifras de votación de El ejercicio realizado en Arizona, California y Florida, y citado por el diario californiano La Opi- las elecciones presidenciales de 2016, cuando el núnión, reveló que en tres de las entidades con mayor mero de latinos votantes aumentó 13 por ciento con número de hispanos en el país la economía es el relación a 2012, alcanzando un récord cercano a los asunto que más preocupa, seguido por la inmigra- 13 millones de boletas, apenas la mitad de los que tienen ese derecho. ción y la salud.

Tal vez los próximos comicios sean el escenario No obstante, un reciente análisis del Pew planteó que el tema migratorio se coloca en la séptima posi- donde los que aun hablan la lengua de Cervantes ción entre los votantes en general, de una lista lide- muestren su potencial para los próximos años, ya rada por la salud y la economía, los mismos asuntos que el 60 por ciento de sus integrantes tienen una edad menor de 35 años. que preocupan a los latinos.

Pero, hoy aun es un hecho que “deben ser moviEl sondeo forma parte de la campaña “Sé la diferencia, vota”, de sectores que impulsan promover lizados no solamente para registrarse sino para vola participación en las elecciones del 6 de noviem- tar”, señala el reporte.

Según ese estudio, constituyen el 17.8 por cienbre, que permitirá la renovación del Congreso federal, además de elección de gobernadores y con- to del total de la población de Estados Unidos y ascienden a 57.4 millones de personas, no obstante su gresos locales.

Usualmente en las elecciones de medio término, fuerza debe dejar de ser un mito y convertirse en una los votantes salen menos a sufragar que cuando hay realidad que les facilite poder defender sus intereses.

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OPINIÓN ARTÍCULO

EL ESCUDO DE VENEZUELA MANUEL CABIESES DONOSO, ESCRITOR, PERIODISTA Y DIRECTOR DE PUNTO FINAL/PRENSA LATINA

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antiago de Chile. Nada más parecido a los asesinar al presidente Nicolás Maduro y a la cúpreparativos de un ataque armado que la pula civil y militar del estado venezolano.

Al imperio no le queda otro camino que la escalada de sanciones estadunidenses y euintervención militar y no hace misterio de sus ropeas contra Venezuela.

El “fuego artillero” diplomático, económico intenciones. Así lo admite el Comando Sur de y mediático intenta debilitar las defensas de Ve- Estados Unidos. Sus amenazas, que agitan el nezuela para disminuir los costos de una inter- garrote de Monroe, humillan a toda América vención militar. El coro vergonzoso del Grupo Latina y el Caribe.

Cabe preguntarse si los sucesivos fracasos de de Lima hace lo propio desde una retaguardia la conspiración antivenezolana no están aceleque la historia condenará en forma implacable.

Así comenzaron siempre las intervenciones rando los planes de agresión armada a la patria norteamericanas en América Latina. Tanto las de Bolívar.

La disposición a facilitar el diálogo en Veque llevó a cabo con sus propias fuerzas como nezuela que muestra ahora la Unión Europea, las que instrumentó con mano mora. quizás no sea sino el No es indispengesto de un Poncio Pisable remontarse al Los chilenos conocemos los métodos latos en vísperas de la pasado para demosagresión. trarlo. Pero no es tarea del Gran Buitre del Norte para derrocar El repetido fracaociosa si se hace de la gobiernos leales a sus pueblos: aún suso del diálogo sería la mano de ese gran lati- frimos los efectos del golpe de 1973 excusa ad hoc cuya noamericano que fue ejecución queda en el periodista argentino manos de una oposición que blande como única Gregorio Selser.

Los chilenos conocemos en carne propia los exigencia la renuncia del presidente Maduro.

La situación ya se vivió en enero de este año métodos del Gran Buitre del Norte para derroen República Dominicana. La delegación oposicar gobiernos leales a sus pueblos.

Hasta hoy sufrimos los efectos de la trama tora encabezada por Julio Borges se negó a últiconspirativa, financiera y mediática que desem- mo momento a firmar el acuerdo negociado con bocó en el golpe militar de 1973, en el terrorismo el gobierno. El mismo Borges que hoy aparece de estado de la tiranía y en su herencia vigente como autor intelectual del intento de magnicien los antivalores de la economía, la política y la dio del 4 de agosto.

Revisar la historia contemporánea de las incultura de Chile.

El imperio no ha logrado romper la unidad tervenciones militares estadunidenses en nuestro pueblo-fuerzas armadas, piedra angular del pro- continente demuestra que el patrón bélico se receso bolivariano. Fracasó también el intento de pite en Venezuela.

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OPINIÓN

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ARTÍCULO

En el pasado reciente, Estados Unidos invadió Granada (1983), Panamá (1989) y República Dominicana (1965). Para esto último, Washington creó una “Fuerza Interamericana de Paz” (FIP). Los marines yanquis fueron reforzados con soldados de Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

En el panorama político actual de América Latina no faltarían gobiernos sicarios dispuestos a participar en una FIP contra Venezuela, sobre todo si hay una gratificación de por medio.

Estados Unidos también organizó invasiones con fuerzas mercenarias en Guatemala (1954) y Cuba (1961). En la primera tuvo éxito y logró derrocar al presidente Jacobo Árbenz.

En Playa Girón, en cambio, mordió el polvo de la derrota y su agresión fortaleció la moral revolucionaria del pueblo cubano. Hasta hoy Cuba resiste el bloqueo que Naciones Unidas condena todos los años.

Lo que sucede con Venezuela es una réplica casi exacta de lo que fueron los preparativos de la invasión estadunidense a Iraq o las intervenciones en Libia, Afganistán y Siria.

Conflictos sangrientos que se prolongan hasta hoy y que han originado las masivas migraciones a través del Mediterráneo al costo de centenares de víctimas.

No cabe duda, entre tanto, que pese a las graves dificultades económicas y sociales que cuestan al pueblo venezolano mantener su independencia y dignidad, y a la siniestra tarea de la quinta columna “opositora” al servicio de una potencia extranjera, la unidad pueblo-fuerzas armadas se ha galvanizado en un sentimiento patriótico muy fuerte.

El patriotismo en defensa de su derecho a la autodeterminación es el escudo de la Venezuela bolivariana. Sus potenciales agresores no deberían subestimar el coraje de un pueblo orgulloso de sus tradiciones de lucha.

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OPINIÓN ARTÍCULO

NUEVOS MISILES RUSOS DESATAN POLÉMICA EN ESTADOS UNIDOS VALENTIN VASILESCU/RED VOLTAIRE

B

ucarest, Rumania. La probabilidad de des- laje de sus misiles hipersónicos es de mala calidad y truir un portaviones con los dos nuevos ti- no garantizaría la protección necesaria contra tempos de misiles hipersónicos de Rusia –pene- peraturas elevadas. Según el informe que cita ese trando con ellos la defensa antiaérea enemiga– es personaje anónimo, Rusia tendría que optar por un de 88 por ciento. Eso significa que de 100 misiles nuevo material para sus misiles hipersónicos en los hipersónicos lanzados, 88 penetrarían las defensas próximos 12 meses.

No pongo en duda la autenticidad del informe antiaéreas y destruirían sus objetivos [1].

En el caso específico de Estados Unidos, si se mencionado en CNBC. El problema es que prodisparasen 11 misiles hipersónicos contra los 11 bablemente no se refiere a los misiles hipersónicos portaviones existentes de Estados Unidos, sólo 1.3 sino a la marina rusa. El material de fibra de carbono ofrece una buena resistencia a los choques memisiles no alcanzarían sus blancos.

Una conclusión sería que, en caso de agresión cánicos y es invisible a los radares, por eso se utiliza estadunidense contra el Sur de Rusia (la costa del en los navíos de guerra modernos. Pero no resiste a un shock térmico tanto Mar Negro), los misiles como para ser utilizado hipersónicos rusos poEn caso de agresión estadunidense en el sistema Avangard. drían destruir un grupo Es importante saber naval estadunidense en contra el Sur de Rusia, los misiles hiperque en el momento del Gibraltar. En caso de sónicos rusos podrían destruir un grupo reingreso a la atmósfera agresión estadunidennaval estadunidense en Gibraltar –a cerca de 7.8 kilómese contra el Norte y el tros por segundo (28 mil Oeste de Rusia (el Mar km/h)– hay un espacio Báltico y el Océano Ártico), hemos estimado que los misiles hipersónicos de 1 metro entre la onda de choque inclinada que rusos podrían destruir un grupo naval estaduni- precede el vehículo cósmico y la onda de choque dense al Este de Groenlandia. Por supuesto, son estacionaria que lo acompaña. Una molécula de cálculos puramente teóricos que pudieran verse aire recorre ese espacio en 18 microsegundos. En desmentidos por las condiciones reales específicas ese lapso de tiempo la molécula de aire en la onda de choque se ve sometida a un proceso químico que de una guerra.

Después de la publicación de dos artículos so- libera energía calórica, lo cual lleva nuevamente la bre este tema, el canal estadunidense de televisión molécula de aire a su estado de equilibrio inicial.

El doctor Yuri A Dunaev, de la Universidad EsCNBC difundió una declaración de un personaje anónimo que dice haber visto un informe de inteli- tatal de Leningrado, junto a H Julian Allen y A J gencia estadunidense [2]. Este personaje anónimo Eggers, del Departamento de Aerodinámica Teódeclara que los rusos concluyeron que el material rica del Laboratorio de Ames (NASA), descubriede fibra de carbono utilizado para construir el fuse- ron la forma más eficaz de disipación de energía.

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Es decir, la disminución de la temperatura que el vehículo cósmico tendría que soportar durante su reingreso a la atmósfera aumentando su resistencia a su progresión.

La descomposición termoquímica de los materiales orgánicos a temperaturas elevadas y en ausencia de oxígeno se llama pirólisis. El escudo térmico ablativo está hecho de compuestos que, durante el proceso de pirólisis, son carbonizados, fundidos y sublimados, o sea que pasan directamente del estado sólido al gaseoso. El papel del escudo térmico ablativo es bloquear la transferencia del flujo de calor creado por la onda de choque a la estructura del vehículo. Ese tipo de escudo de reingreso a la atmósfera se utiliza en las cápsulas espaciales Soyuz.

Es un sistema utilizado a menudo para los vehículos de reingreso en la atmósfera.

Existe un material monolítico de tipo ablativo que puede moldearse a diferentes formas. Se trata de un compuesto cerámico frágil llamado SIRCA (Silicone Impregnated Reusable Ceramic Ablator).

Ese compuesto se aplica directamente al casco de los transbordadores espaciales Buran, del transbordador espacial X-37B y también en el Avangard.

En cuanto a los misiles hipersónicos Kh-47M2 Kinzhal y 3M22 Zircon, estos nunca llegan a salir de la atmósfera terrestre sino que se mueven a una altitud máxima de 40 o 50 kilómetros a velocidades de Mach 8 (9 mil 800 km/h) y Mach 10 (12 250 km/h). Sus fuselajes no están hechos de fibra de carbono sino de una aleación de titanio (33%) resistente al recalentamiento cinético. Es el mismo material utilizado en el avión estadunidense X-15, propulsado por motores de cohetes, que estableció, en octubre de 1967, el record de velocidad de 7 274 km/h, (Mach 6,72), volando a 31 120 metros de altitud.

Referencias [1] “¿Puede Estados Unidos instaurar un bloqueo naval contra Rusia?” y “Rusia puede hundir todos los portaviones estadunidenses que naveguen al este de Groenlandia”, Valentin Vasilescu, Red Voltaire, 10 y 13 de octubre de 2018.

[2] “Russia hits a snag in developing a hypersonic weapon - after Putin said it was already in production”, CNBC, 12 de octubre de 2018.

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INVESTIGACIÓN PORTADA

REVELACIONES DEL

PLAN MILITAR DE DEFENSA NACIONAL CONJUNTO

El Estado mexicano está en peligro, según un documento secreto elaborado conjuntamente por las Fuerzas Armadas Mexicanas. Seis “amenazas”, siete “riesgos” y 11 “desafíos” es lo que más preocupa a los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). Los titulares de las dos dependencias militares estampan sus firmas al final de un legajo de 60 páginas, antes de los anexos: el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda (matrícula 6416991) y el almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz (matrícula S-6605839).

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Contralínea tuvo acceso al Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, considerado por las autoridades militares como “secreto”, el más alto nivel de los documentos clasificados, por encima de aquellos con el sello de “cerrado”, “restringido” y, aún, “confidencial”.

Actualizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Plan Militar destaca entre las amenazas una intervención militar extranjera (ejecutada o provocada por Estados Unidos); de entre los riesgos, la “migración a gran escala”, y de los desafíos, “la dependencia tecnológica del extranjero para el sector defensa”.

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JACOBO ALBINO/CUARTOSCURO

No sólo es un diagnóstico.

También, una estrategia que evalúa las capacidades militares para defender y asegurar la permanencia del Estado mexicano. Las tres Fuerzas Armadas Permanentes (el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, organizadas y administradas por la Sedena; y la Ar-

mada de México, organizada y administrada por la Semar) se coordinan y delimitan sus campos de acción para enfrentar los “antagonismos” que acechan a México. Además, refleja las precariedades militares para hacerles frente: falta de equipo; deterioro de instalaciones militares; déficit de tropas, armamento y presupuesto, y una legislación inadecuada.

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se define a sí mismo como el “documento militar reservado que establece las estrategias para la articulación, el desarrollo y el empleo de las capacidades de las Fuerzas Armadas, a fin de responder efectiva y coordinadamente contra amenazas, riesgos y desafíos

que se opongan a la consecución y/o mantenimiento de los intereses y objetivos de defensa”.

La actual versión data del 30 de julio de 2013, cuando luego de 5 meses concluyeron los trabajos intersecretariales Sedena-Semar, ordenados por el presidente Enrique Peña Nieto para restructurarlo. La anterior versión databa de 2004. A decir de la Sedena –en respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea en 2013–, “el documento se encuentra resguardado en una caja fuerte, cuyo acceso está restringido a determinados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

En este año que está por concluir, las Fuerzas Armadas erogan conjuntamente más de 112 mil 328 millones de pesos.

Es el último del sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Y cuando la llegada de un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha desatado un debate sobre el tipo de Fuerzas Armadas que requiere el país, Contralínea presenta un reportaje seriado basado en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.

En cinco partes, la investigación dará cuenta de qué protegen los militares a los mexicanos y del porqué, como señala el propio documento, las Fuerzas Armadas Mexicanas son “fuertes para la seguridad interior, pero vulnerables en la defensa exterior”.

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INTERVENCIÓN MILITAR EXTRANJERA

LA MAYOR VULNERABILIDAD DE MÉXICO

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El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento secreto elaborado por la Sedena y la Semar, desnuda la fragilidad del Estado mexicano ante seis amenazas. Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad JOSÉ RÉYEZ/ZÓSIMO CAMACHO PRIMERA DE CINCO PARTES

CUARTOSCURO

S

eis amenazas al Estado mexicano observan las Fuerzas Armadas en un documento secreto del más alto nivel de clasificación: una intervención militar extranjera; el empleo de armas de destrucción masiva; el terrorismo; la delincuencia organizada trasnacional; los grupos antisistémicos armados, y los ataques cibernéticos.

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, diagnóstico que sintetiza las principales amenazas, riesgos y desafíos al Estado mexicano, así como las capacidades militares para hacerles frente, coloca a la intervención militar extranjera en primer lugar de las amenazas, según las propias Fuerzas Armadas Mexicanas.

El mismo documento explica que tal peligro recibe la principal atención no porque sea inminente, sino porque el escenario internacional es cada vez más complicado y las capacidades de reacción militar del país son muy limitadas. Por ello, las Fuerzas Armadas llaman a construir fortificaciones que eventualmente puedan servir de sedes alternas

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de gobierno y de coordinación para la defensa de la nación.

Contralínea posee copia del documento secreto elaborado durante el sexenio que está por concluir. Está firmado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Francisco Soberón Sáenz.

Además, el escrito cuenta con la aprobación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Se definen las amenazas al Estado como “antagonismos intencionales generados por el poder de otro Estado o agentes no estatales, mediante acciones violentas en los campos político y militar que ponen en peligro la seguridad interior y la defensa exterior”. De las seis amenazas, una la define como “tradicional” y las otras cinco como “emergentes”.

emplear el territorio nacional como avenida de aproximación para atacar a Estados Unidos, convirtiendo a México en teatro de guerra o, bien, podría considerar que hay condiciones para declararlo como un Estado fallido, realizando una intervención militar para proteger sus intereses”.

Una vez que el magnate Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos inició de inmediato una campaña política contra México. Fuentes militares consultadas por Contralínea señalan que hoy esta amenaza es mayor no sólo por la postura del actual titular del Poder Ejecutivo estadunidense hacia los mexicanos, sino también por los problemas que está provocando a nivel mundial.

La conflictividad de Estados Unidos, señala el documento, también “se traduce en la posibilidad de que otro país pueda emplear territorio mexicano como plataforma para afectar al país del norte”.

Consultado sobre las posibilidades de que México sea susceptible de una intervención extranjera, Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), explica que en caso de que alguna potencia buscara invadir Estados Unidos, el primer paso sería invadir México.

“El Comando Norte de Estados Unidos, dentro de sus planes y agenda, considera a México como una parte muy importante para su seguridad. Sin embargo, somos la parte más vulnerable, lo cual obliga a combatir las amenazas asimétricas regionales y fortalecer el sistema de justicia”, subraya el académico.

González Arroyo agrega que “no podemos cerrar los ojos a que pueda haber una invasión, no hacia México, pero sí como puerta de entrada de otros países al territorio norteamericano”.

Para el exgeneral brigadier y quien fuera preso político en cárceles militares, José Francisco Gallardo Rodríguez, México tiene una posición geopolítica importante pero, al mismo tiempo, “muy vulnerable” frente a la hegemonía global de Estados Unidos, que cuenta con un ejército de 2

Las amenazas al Estado: antagonismos intencionales generados por el poder de otro Estado o agentes no estatales, mediante acciones violentas

Invasión extranjera: Estados Unidos al acecho El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto alerta al titular del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de concretarse una “amenaza tradicional”, a la que describe como una “intervención militar extranjera”. Aunque dice que puede ser ejecutada por “alguna” nación, inmediatamente se refiere a Estados Unidos, ya sea porque esta potencia ejecute una intervención directamente o la provoque.

“El hecho de que una nación poderosa como los Estados Unidos de América se perciba amenazada en sus intereses desde nuestro país, ésta podría emprender acciones diplomáticas y económicas e incluso llegar a efectuar una intervención militar”, señala textualmente el documento.

Además, “alguna potencia extranjera podría

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Las capacidades de reacción militar de México ante una intervención extranjera son muy limitadas: Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto,

millones de efectivos, tecnología secreta y que necesita recursos de México.

Consultado sobre una eventual agresión militar de Estados Unidos a México, el también doctor en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que esta posibilidad está siempre presente entre las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Otro documento al que Contralínea ha tenido acceso, y es de carácter “confidencial”, incluso señala de qué manera deben actuar las Fuerzas Armadas ante tal agresión. El Manual de Operaciones en Campaña, editado por la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena, señala que ante la superioridad del enemigo y la imposibilidad de enfrentarlo abiertamente en el terreno, “el Ejército se

transformaría en una guerra de guerrillas”.

Sin embargo, a este respecto, Gallardo Rodríguez explica que la principal característica de la guerra de guerrillas es el apoyo del pueblo, donde los combatientes se mimetizan o camuflan entre la población, obtienen insumos y abastecimientos.

Así que esta táctica no tendría éxito en caso de invasión, debido al desgaste de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos en las que se han visto involucradas y las represiones que han ejecutado. El Ejército “tiene como enemigo al pueblo por su política de seguridad interior”.

El exmilitar contradice al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que el país tuviera amenazas y, en algún momento, planteó la posibilidad de disolver al Ejército.

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Para las Fuerzas Armadas, una intervención militar extranjera es la máxima amenaza para el país

“Le dije al presidente electo que eso no es posible: hay 40 países que no tienen Ejército, pero son protectorados de otras naciones. Y México no puede ni es un protectorado, ya perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos ya nos ha invadido.”

Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), señala que México sí puede ser objeto de una intervención militar, pero no por parte de Estados Unidos: “Como nunca, la seguridad nacional de México se encuentra apalancada con la seguridad y defensa de Estados Unidos y Canadá”, subraya.

El también maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) explica que “la hipótesis de agresión entre México y Estados Unidos se elimi24

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nó desde la Segunda Guerra Mundial; más bien, México tiene que cooperar con Estados Unidos, el cual se ha visto obligado a reconocer que las amenazas son regionales [y no sólo nacionales]”.

Experto en seguridad nacional, seguridad regional y geopolítica, Rodríguez Sánchez de Lara reconoce que México ha importado la agenda de seguridad de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Y ahora que se adelantó el conflicto comercial entre Estados Unidos y China –previsto por el Consejo de Inteligencia estadunidense para 2030, cuando las capacidades militares y económicas del país asiático rebasarían a Estados Unidos–, México no puede negar que sus intereses están directamente relacionados con su geografía.

“Por eso los enemigos de Estados Unidos son potencialmente también nuestros; no sólo en el ámbito comercial, sino en el de seguridad y el ciberespacio”. Señala que, incluso, con el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se ve impedido legalmente para ampliar sus niveles de cooperación de seguridad y defensa con potencias emergentes como Rusia y China.

Ante la amenaza real de una intervención militar de Estados Unidos o provocada por este país, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala como una necesidad a mediano plazo, “edificar instalaciones fortificadas que resistan los efectos de una posible guerra para el establecimiento de sedes alternas de gobierno y mando de la defensa nacional, que cuente con sistemas de comunicaciones y enlace, que permitan llevar a cabo oportunamente la toma de decisiones en la capacidad de respuesta del Estado ante una intervención extranjera”.

Terrorismo y armas de destrucción masiva: territorio amenazado De la misma geopolítica de México y su relación con Estados Unidos, se derivan otros riesgos: el que se cometan actos terroristas en territorio nacional y se utilicen armas de destrucción masiva.

En dicho Plan Militar se advierte de “graves repercusiones para México, derivadas del conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte”. Tal disputa escaló hasta el punto de desbordarse con el

uso de armas de destrucción masiva y desatar una guerra nuclear entre ambas naciones.

“Se ha observado el desenvolvimiento de Corea del Norte como amenaza hacia los Estados Unidos de América [y] de que pueda utilizar armas de destrucción masiva”. Agrega el documento: “[…] de ser así, podría afectar a parte de nuestro territorio, ya sea por la presencia de lluvia ácida o bien por la internación de un virus o incluso hasta por acciones terroristas”.

Añade que este tipo de acciones, perpetradas por un Estado u otras organizaciones terroristas que pudieran emplear el territorio nacional para realizar ataques contra la infraestructura mexicana o de Estados Unidos, “podría provocar una intervención militar estadunidense con afectaciones graves a la infraestructura y economía del país […] creando psicosis en la población y en el Poder Nacional, y tendría como consecuencia una parálisis del país [y un escenario de] terrorismo”.

Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en estudios sobre América Latina por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia, señala que los atentados del 11 de septiembre de 2001 catapultaron el tema del terrorismo y la protección de Estados Unidos como los principales temas de una agenda de seguridad regional.

“El perímetro de seguridad de América del Norte pasó del Río Bravo al Suchiate [es decir, de la Frontera Sur de Estados Unidos a la Frontera Sur de México], mediante un trabajo importante de contrainteligencia para evitar la infiltración de terroristas por México”. Tal política se profundizó durante el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo en el de Enrique Peña Nieto. Una condición preponderante fue la de “contener la migración centroamericana”, explica el especialista.

Humberto González Arroyo, experto en seguridad nacional por el INAP, coincide en que el uso de armas de destrucción masiva es una amenaza latente para el país, igual que el uso de drones con fines de ataques terroristas y tráfico de drogas, que ya son utilizados por el crimen organizado con estos propósitos.

“El ingenio de los grupos delincuenciales es vasto; por eso el fenómeno es asimétrico y hay muchos Estados que no cuentan con infraestructura

CUARTOSCURO

PORTADA INVESTIGACIÓN

Crimen organizado, entre las seis más graves amenazas

tecnológica ni capacidad de fuerza para poder reaccionar frente a ellos. Hay una combinación de delincuencia organizada y amenazas asimétricas que requieren atención de los gobiernos”, explica.

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea como estrategia de defensa a corto plazo ante el empleo de armas de destrucción masiva, fortalecer la seguridad y protección de aduanas, puertos y aeropuertos, para evitar su ingreso al país, mediante la implementación de un modelo de control interinstitucional, con tecnología de inspección no intrusiva y expedita. Las Fuerzas Armadas destacan la participación que deben asumir otras instancias federales: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Con respecto del combate al terrorismo, en el documento la Sedena y la Semar aconsejan crear

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unidades organizadas, equipadas y adiestradas para identificar y neutralizar grupos terroristas. Para ello demandan la participación del propio SNSP y del Instituto Nacional de Migración (INM). Además, señalan la necesidad de crear una estructura de vigilancia y control en la geografía nacional, con la misión de identificar y evitar el asentamiento de grupos terroristas en territorio mexicano.

Además, a largo plazo, las Fuerzas Armadas plantean “utilizar los órganos de inteligencia nacional bajo la coordinación de un ente, para articular acciones de inteligencia nacional tendientes a identificar y restringir el tránsito ilegal de inmigrantes no identificados y de elementos integrantes de organizaciones delictivas que sean susceptibles de realizar actos terroristas”. Estos órganos estarían coordinados “por un órgano de inteligencia nacional”.

Grupos antisistémicos armados, el eterno “enemigo interno” El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que en México, como en diferentes partes del mundo, se están generando diversos “Grupos Antisistémicos”, cuyo objetivo es desestabilizar a los Estados, “situación que debe ser cuidadosamente tratada ya que, en caso de escalar, podría dar origen a la pérdida de gobernabilidad y gobernanza, y considerar a México como un Estado débil o fallido”.

Carlos Antonio Aguirre Rojas, sociólogo, historiador y economista que se ha especializado en el estudio de movimientos antisistémicos en América Latina, considera que los objetivos que persiguen estos grupos no representan un riesgo para el país, sino “una esperanza”.

Consultado sobre la “amenaza” que podrían significar los movimientos antisistémicos para México, lejos de la visión militarista, el doctor por la UNAM y por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, define: “Son movimientos que están en contra del sistema capitalista injusto, basado en la explotación económica, la discriminación social, el despotismo político, el secuestro del Estado por parte de una pequeña minoría, por lo que plantean destruir el capitalismo y construir una sociedad más justa”, explica.

El concepto de antisistémico –prosigue el inves26

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Los grupos antisistémicos “son movimientos que están en contra del sistema capitalista injusto, basado más justa”

tigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)– es cercano al del movimiento anticapitalista en México que representa el neozapatismo y otros movimientos, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Menciona también a la lucha actual de la Tribu Yaqui en Sonora, los indígenas de Veracruz y del Estado de México, y los movimientos campesinos que luchan por iniciativas promovidas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“El EZLN es un movimiento nacional e internacional de grupos antisistémicos que no representan un riesgo para el país, sino que frente a la crisis económica y degradación de su clase política en su conjunto, incluyendo a todos los partidos: PAN [Acción Nacional], PRI [Revolucionario Institucional], PRD (de la Revolución Democrática],

ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

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a injusto, basado en la explotación económica y la discriminación social; que buscan construir una sociedad

Morena [Movimiento Regeneración Nacional], y frente a todas las formas de discriminación y desigualdad, representan la única esperanza de una transformación pacífica e inteligente del país.”

Reconoce que el EZLN es una guerrilla, pero es la “más pacífica del mundo” y su movimiento es civil y pacífico.

Acepta que hay otros grupos antistémicos armados, pero son eso: grupos y no movimientos.

Considera que, por su reducido tamaño, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) no pueden ser considerados realmente movimientos antisistémicos. No cuentan con “una base social extensa, organizada, con actividad pública sostenida”.

Del anarquismo, señala que se trata de una tradición intelectual seria; aunque hoy se hace mal uso

del término porque con facilidad e ignorancia se le califica de “anarquista” a cualquier hecho o grupo.

Emilio Vizarretea, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, dice que los grupos armados antisistémicos como el EPR, el ERPI y EZLN son una realidad en el país y operan en algunos estados con reivindicaciones similares, pero diferentes métodos de lucha frente al gobierno.

Ejemplifica que en Guerrero, donde hay mayor actividad del ERPI y el EPR, “hubo un proceso de aprendizaje para las Fuerzas Armadas cuando el Ejército combatió a Lucio Cabañas; y adquirió experiencia y capacidad de reproducirla, mientras que los guerrilleros no tenían esa experiencia ni cuadros, ni formación ni dónde capacitase para la lucha, a diferencia del EZLN que si tiene un proyecto político-militar”.

Acepta que también hoy los grupos armados han aprendido. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez sostuvieron una confrontación directa con las Fuerzas Armadas, motivados más por las injusticias que vivían que por un proyecto de Estado. “Y se volvieron presa fácil, a diferencia del EPR y el ERPI, que no han podido ser exterminados”, señala el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.

“Dan batalla porque la población los protege en la sierra de Guerrero, incluso en Acapulco, y eso les permite en ocasiones generarse puestos, lo cual no puede hacer el EZLN, porque ya están identificados los territorios donde opera; son resultado de las ventajas de logística, de contrainteligencia y territorio que aprendieron”, explica Vizarretea.

En ese sentido, el maestro en seguridad nacional Humberto González Arroyo, anota que los grupos armados seguirán siendo monitoreados por el Estado y el nuevo gobierno tiene que trabajar en el desarme, llegar a una conciliación política, sobre todo en estados del país donde las autodefensas se basan en sus propias leyes.

En efecto, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que para el combate a los grupos antisistémicos armados se debe hacer uso de un órgano de inteligencia nacional centralizado, que esté bajo la dirección de un organismo rector.

Los militares plantean en el documento identificar y dar seguimiento a las actividades de grupos armados en el país, “con la finalidad de tomar acciones preventivas para desarticular esta amenaza a

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INVESTIGACIÓN PORTADA

la seguridad nacional”.

En el corto plazo, demandan coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, para identificar áreas susceptibles de ser utilizadas por grupos antisistémicos, y “negar la penetración ideológica y el surgimiento de intereses por parte de dichos grupos”, con estrategias de protección y programas especiales, “para prevenir su impacto en la integridad y permanencia del Estado”.

Además, desplegar fuerzas de tarea conjuntas de la Sedena y la Semar para identificar, definir y dar seguimiento a brotes de manifestaciones de grupos armados en territorio nacional.

CUARTOSCURO

Los cárteles mantienen vínculos con sus análogos en otras latitudes; con el afán de mantener las rutas de tráfico, atentan contra la estabilidad del Estado

“Por su tamaño, el EPR, el ERPI o la TDR-EP no pueden ser considerados movimientos antisistémicos”

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Más que cárteles y narcotráfico

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto resalta la situación incontrolable que impera en el país, debido a las actividades de la delincuencia organizada trasnacional y su estela de muertos, desaparecidos, desplazados y heridos.

De acuerdo con el documento, las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen claro “que los cárteles de la droga mantienen vínculos con sus análogos en otras latitudes y que, con el afán de mantener las rutas de tráfico de armas, personas, drogas y precursores químicos, [realizan] además otras actividades ilícitas que atentan contra la estabilidad del Estado, con la consecuente afectación a la imagen internacional”.

En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se señala que el narcotráfico es la actividad ilícita más lucrativa que realiza la delincuencia organizada trasnacional, que incluye la producción, la tenencia, el tráfico y el narcomenudeo de enervantes. Sin embargo, se agrega que estas organizaciones han proliferado en otras actividades delincuenciales como la trata de personas, el secuestro y la extorsión.

Para ejecutar estas actividades, los criminales “actúan con violencia y uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, es común que la delincuencia organizada trasnacional emplee personal nacional y extranjero, principalmente migrantes”.

El exgeneral brigadier Francisco Gallardo señala que toda la política antidrogas llevada a cabo por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha sido errónea. No debería considerarse un asunto ni de seguridad nacional ni de seguridad interior. Para este doctor las drogas son materia de seguridad pública y, sobre todo, de salud pública.

Argumenta que el narcotráfico se convierte en amenaza a la seguridad nacional y el Estado cuando los flujos de dinero que genera sirven para financiar campañas electorales, infiltrar a las estructuras electorales, municipales y estatales.

PORTADA INVESTIGACIÓN

“En ese momento el narcotráfico se convierte en amenaza a la seguridad nacional porque ataca la estructura y sobrevivencia del Estado mexicano, que es el fundamento de la seguridad nacional que tiene que ver con el desarrollo y permanencia del Estado”, destaca el general Gallardo.

Humberto González Arroyo, diplomado en seguridad nacional, democracia y derechos humanos por la Universidad Iberoamericana, explica que el crimen organizado y las bandas son amenazas asimétricas que deben ser combatidas de manera específica.

Plantea necesario atender las amenazas asimétricas no tradicionales como el lavado de dinero, la ciberseguridad, la seguridad ambiental, la inmigración, la gobernabilidad, las relaciones cívico-militares. “Necesitamos un país que esté más de la mano con las Fuerzas Armadas y que trabaje en estrategias de inteligencia y contrainteligencia de manera obligatoria en el contexto en que estamos viviendo”.

Por ejemplo, dice, “hoy hay guerras asimétricas que para efectos del Estado y de seguridad nacional, el crimen organizado tiene más armas y poder contra las instituciones en el ámbito de seguridad pública”.

Explica que no es sólo el narcotráfico, sino la trata de personas, el cobro de piso (extorsión), la piratería. “Es un fenómeno que, combinado, para el Estado es muy complicado de enfrentar”.

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto demanda la creación de “una metodología de seguimiento en los diferentes niveles de ejercicio de mando de la administración pública y los Poderes de la Unión, para identificar, abatir y evitar actos de corrupción, que contribuyan a las acciones contra la delincuencia organizada”.

de instituciones estatales, empresas o centros generadores de servicios y/o riqueza para el desarrollo nacional”.

Las Fuerzas Armadas atribuyen los ataques cibernéticos a un Estado o, bien, a criminales o terroristas con intereses particulares; “en principio, tienen un impacto mediático y afectan negativamente al poder nacional”.

Si México no está preparado para enfrentar combates en tierra, mar y aire, menos lo está en la cuarta dimensión: el espacio cibernético. Los ciberataques y la ciberdelincuencia son amenazas asimétricas que pueden parar hidroeléctricas, hospitales, causar problemas a una planta nuclear o atacar al sistema bancario, subraya Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el INAP. “A pesar de que la Unidad de Inteligencia Naval, la Policía Federal, en combinación con la poli-

El documento elaborado por la Sedena y la Semar alerta también de “otra amenaza emergente que se vislumbra”. Está constituida, asienta el diagnóstico, por los “Ataques Cibernéticos”. Éstos pueden ser “ya sea en forma esporádica, intermitente o continua contra la infraestructura crítica y las tecnologías de la información y comunicaciones

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Ataques cibernéticos y electromagnéticos, la guerra electrónica

Los grupos armados “no cuentan con una base social extensa, organizada, con actividad pública sostenida”

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INVESTIGACIÓN PORTADA

Si México no está preparado para enfrentar combates en tierra, mar y aire, menos lo está en la cuarta dimensión: el espacio cibernético

cía científica, cuentan con centros de emergencia y respuesta tecnológica para interceptar ciberataques desde su origen y desarrollo, no están al ciento por ciento de su capacidad, requieren inversión, así como los centros de fusión de inteligencia para contrarrestar este tipo de ataques”, indica el académico.

Explica que los robos de identidad, por la simetría y las nuevas modalidades tanto para la seguridad nacional como la seguridad pública, obligan a todos los organismos de inteligencia y de protección de Estado a estar en alerta máxima, contar con recursos y equipos sofisticados para enfrentar amenazas cibernéticas.

En este terreno, dice, la ciberdelincuencia ha afectado a empresas privadas y a personas con robos de identidad, fraudes bancarios, clonación de tarjetas, transferencias ilícitas de dinero, ocasionando pérdidas millonarias. La administración públi30

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ca, aunque hay más control en protección de datos, prevención de amenazas y detección de ataques, no ha estado exenta de ataques de grupos internacionales de la delincuencia organizada.

Durante el Foro Ejecutivo Ciberseguridad en el sector financiero, realizado el 26 de septiembre pasado, el director de la empresa Telmex, Héctor Slim Seade (hijo del magnate Carlos Slim), reveló que millones de mexicanos fueron afectados durante 2017 por el cibercrimen, con pérdidas por más de 7 mil millones de dólares. Se quejó que desde el gobierno “hace falta un articulador de políticas públicas que generen ciberseguridad”.

En el mismo foro, el director de Tecnologías de la Información del Banco de México, Octavio Berges, aseguró que sólo una institución financiera sufre alrededor de 85 ciberataques al año en promedio.

PORTADA INVESTIGACIÓN

El nuevo tratado comercial, que incluye la ciberseguridad –dice por su parte el especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara–, ya implica ingresar en la órbita de la defensa del ciberespacio en términos económicos, militares y de seguridad con Estados Unidos. “Se ha confirmado con certeza que México ha sido atacado por un grupo de Corea del Norte”.

Sugiere que es fundamental invertir en ciberseguridad y ciberdefensa, a las que considera las mayores vulnerabilidades del país, “como lo demuestra el ataque reciente a Citibanamex y otros bancos”.

Rodríguez Sánchez de Lara sostiene que si bien

hay capacidad de respuesta contra este fenómeno delictivo, propone que académicos, empresarios y públicos diversos tienen la necesidad de establecer una agencia nacional de ciberseguridad que pueda coordinarse con las políticas en la materia del Estado mexicano.

Su planteamiento coincide con el del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto: “crear en el corto plazo Sistemas de Seguridad Cibernética y Electromagnética para protección de las instituciones del Estado, mediante inversión en investigación y desarrollo e implementación de herramientas de seguridad y guerra electrónica”.

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Es fundamental invertir en ciberseguridad, para aminorar la vulnerabilidad del país en temas como el ataque a Citibanamex y otros bancos

“El uso de armas de destrucción masiva es una amenaza latente para el país, igual que el uso de drones con fines de ataques terroristas y tráfico de drogas”

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información en poder de las autoridades es pública: comisionado salas El espíritu del Artículo 6 constitucional es que toda la información es pública, asegura el comisionado del Inai, Joel Salas. En entrevista, indica que no hay secretos de Estado. También advierte cuatro retos para la transparencia: ampliar la base de usuarios del derecho; facilitar el acceso a datos abiertos; allegar información a grupos vulnerables; y contribuir al Sistema Nacional Anticorrupción

NANCY FLORES

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uatro son los grandes desafíos para la transparencia en México, empezando por la ampliación de la base de usuarios del derecho a la información, observa Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En entrevista con Contralínea, el doctor en ciencias políticas por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, señala que sólo el 5.6 por ciento de la población nacional ejerce este derecho humano.

Los otros tres retos, indica, son facilitar el acceso a datos abiertos en posesión de las autoridades; allegar información a grupos vulnerables que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, y contribuir al Sistema Nacional Anticorrupción.

—¿Hay un conflicto entre el derecho humano a saber y la información reservada?

“Sólo una figura puede impugnar nuestras resoluciones: el consejero jurídico de la Presidencia, y sólo por motivos de seguridad nacional” —En realidad no veo que exista conflicto: la ley es muy clara en definir en qué hipótesis se debe reservar y el espíritu del Artículo Sexto constitucional es que toda la información es pública, excepto aquella que por interés público se decide mantenerse en reserva, o aquella que pueda afectar la seguridad nacional. La ley establece con mucha precisión aquellas hipótesis en donde sí es procedente la reserva; sin embargo, la propia ley le da la facultad a los órganos garantes de determinar si en algún caso la sociedad pierde más si se mantiene esa información en reserva que en la apertura, como por ejemplo en resoluciones recientes que hicimos sobre Odebrecht o el video del asesinato de[l político Luis Donaldo] Colosio.

En términos de los sujetos obligados, la ley establece un claro mecanismo solamente para una figura que puede impugnar nuestras resoluciones: el consejero jurídico de la Presidencia, y sólo por

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motivos de seguridad nacional. Si el consejero jurídico determina que estamos abriendo alguna información [de esta naturaleza] puede inconformarse con nuestra resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces está muy bien definido el andamiaje institucional para que no se presenten estos casos y que justo sea el Inai quien tiene que resolver. Además, si el ciudadano no está contento con la respuesta que le da el Inai, puede ir a un amparo.

En donde sí puede haber una colisión de derechos es no con la información reservada, sino con la confidencial: cuando son datos personales.

Sobre esto, justo el Inai se pronunció a propósito del 50 aniversario de los lamentables hechos del 2 de octubre de 1968, en donde hay una ley que define que los datos sensibles resguardados en los archivos pueden quedarse como confidenciales hasta por 70 años. Y en el Inai determinamos que se tiene que abrir esa información por el interés y la trascendencia de lo que está ahí contenido.

Pero, qué pasa si tras abrir la información del archivo de la Dirección General que estaba en la Secretaría de Gobernación, de repente, una persona que participó en el movimiento del 68 de la cual se dan datos –o un familiar–considera que los datos personales no deben de mantenerse públicos y pida que se cancelen: pues esa garantía de los derechos Arco [acceso, rectificación, cancelación u oposición] se mantiene y nosotros como Inai estaríamos procesando solicitud por solicitud.

—Hay una percepción de que hay un exceso en la clasificación de información por seguridad nacional. ¿Cuándo es deseable abrir y cuándo es deseable cerrar esas informaciones?

—Es caso por caso. Si alguien solicita conocer determinado tipo de fuerza que tienen el Ejército Mexicano y la Marina en términos de sus estrategias, estas instituciones deben justificar en la prueba de daño por qué el que se haga pública esa información puede tener un perjuicio mayor para la sociedad; por ejemplo, vulnerar sus estrategias de defensa nacional. Y nosotros vamos resolviendo caso por caso.

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La transparencia y el derecho de acceso a la información pueden empoderar a las personas para que controlen a las autoridades a través de una vigilancia escrupulosa de su

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ENTREVISTA ENTREVISTA

desempeño: comisionado Joel Salas

Por ejemplo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional: [si se le consulta] dónde están las instalaciones que tienen y quiénes son las personas que hacen labor de inteligencia, pues esa es información que se tiene que mantener en sigilo, no en secreto porque no hay secretos de Estado: es información que se mantiene como reservada con la finalidad de que no se pueda saber y no se pueda amenazar la integridad.

De hecho hubo un caso relativamente reciente en donde una persona pidió hora de salida, hora de llegada, lugar de salida y lugar de llegada de las aeronaves presidenciales, y las bitácoras de vuelo donde viajaba el presidente.

Nosotros [el Inai] consideramos que esa información debería ser pública, pero el consejero jurídico [de la Presidencia] hizo uso del recurso y la Suprema Corte de Justicia resolvió que en efecto tenía la razón el consejero jurídico y no la resolución del Inai. Entonces es caso por caso.

Pero a diferencia de lo que sucedía antes, hoy en todo litigio, en todo recurso de revisión, se tiene que hacer la prueba de daño; es decir, los sujetos obligados tienen que probar, evidentemente a la luz de ellos, por qué dar esa información podría poner en riesgo al Estado o a alguna de sus labores. En el caso del video de Colosio, la Procuraduría General de la República argumentaba que se iba a revelar el contenido de las líneas de investigación, entre otras muchas cosas.

Y nosotros, que somos los que finalmente interpretamos, dijimos: el video por ningún motivo contiene las líneas de investigación que en determinado momento abrió el Ministerio Público y que, dado que fue un hecho que marcó la historia reciente del país, el abrirlo puede ayudar a ampliar la visión que sobre el pasado se tiene, es decir ampliar la memoria y las interpretaciones de la verdad. Abrirlo va a obligar a que las instituciones, en este caso la PGR, rindan cuentas de su actuar; y, finalmente, también es un profundo

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Uno de los retos del Inai, ampliar la base de usuarios del derecho de acceso a la información, porque sólo 5.6 por ciento de los mexicanos ha hecho uso de uno de los dos derechos

mensaje simbólico a que los ciudadanos tienen el derecho a ejercer el control de las instituciones mediante el acceso a la información. Es decir, la información es poder.

—¿Entonces hay alguna diferencia entre la información reservada y la información secreta?

—No hay información secreta. Hay solamente dos tipos de información susceptible de no ser entregada a la población: la información reservada, de la que, insisto, se tiene que justificar por qué se tiene que mantener reservada y cómo el abrirla pondría más en peligro la seguridad nacional o la seguridad de las personas, o podría desestabilizar al Estado en su conjunto; y la otra es la información susceptible de sigilo es la confidencial: lo relativo a los datos personales, a un secreto industrial, un secreto bancario, un secreto comercial. Pero aún esa información, como nosotros garantizamos los dos derechos, es susceptible de que se abra, como en algunos casos que lo hemos hecho; por ejemplo, ven-

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ciendo el secreto fiscal en términos de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales.

—Estos ejemplos de apertura como el del caso Odebrecht, lo del movimiento de 1968, lo de Colosio o las carpetas de investigación de violaciones graves a los derechos humanos, ¿nos permiten visualizar que México está transitando hacia la máxima publicidad y que esto podría aplicarse después a las otras áreas?

—Sin duda. México tiene la primera o segunda mejor ley [de transparencia] a nivel global. Ahora nos encontramos en un proceso de implementación de esta legislación y tiene todo para que podamos generar una transparencia total, y que esto nos permita prevenir la corrupción, cuidar que los recursos públicos no se despilfarren y, a su vez, empoderar a las personas para que controlen a las autoridades a través de una vigilancia escrupulosa de su desempeño, sin duda. Y creo que en ese proceso nos encontramos.

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—Cuando hablamos del derecho a la información y como se accede a él no siempre es por la vía oficial; a veces es a través de confidentes que filtran información. En esos casos, ¿cómo está protegida la fuente y el periodista?

Creo que nuestra legislación es deficiente porque no hay protección a los denunciantes en casos de corrupción. Es decir, si yo tengo información relevante que puede comprobar que se están desarrollando ciertos casos de corrupción y si la proveo, incluso a las autoridades para que a partir de esa información puedan iniciar las investigaciones, no hay un mecanismo de protección ni de reducción, en determinado momento, de las penas.

El problema de México hoy, sin duda, es la falta de seguridad que tienen los periodistas, y el derecho de acceso a la información de una manera u otra está siendo utilizado por ustedes por ejemplo para ver si se están aplicando bien o no los mecanismos de protección y los recursos erogados para eso.

En otro tipo de filtración que tiene que ver más con información que en principio debería estar reservada y que se filtra y se abre, pues para quien viola [la ley por] la entrega de información sí se prevén sanciones administrativas y/o medidas de apremio, porque es información que debería estar reservada.

—¿Considera entonces que México va avanzando en la apertura y la transparencia?

Sin duda hay avances sustantivos, pero seguimos teniendo al menos tres grandes retos o desafíos. El primero tiene que ver con ampliar la base de usuarios del derecho de acceso a la información, porque pocas personas utilizan este derecho: sólo 5.6 por ciento de los mexicanos ha hecho uso de uno de los dos derechos. A la vez, la información que ya existe y que es mucha se utiliza poco: de acuerdo con una encuesta que hicimos con el Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía], sólo el 14 por ciento de los mexicanos ha hecho alguna consulta a un portal de internet de las instituciones para saber información que les es de interés. Entonces tenemos que ampliar el número de personas que ejercen

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el derecho, pero también ampliar el espectro de aprovechamiento de la información pública.

El segundo desafío se relaciona a este tema, y es darle una mejor visualización a la información que ya está contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia. Pasamos de 17 a 48 obligaciones de transparencia genéricas; es decir, hay cualquier cantidad de información: cuánto paga cada institución en publicidad oficial; cuáles son los beneficios que tienen los sindicatos de las universidades autónomas... Y esta información no está siendo completamente utilizada por los distintos actores.

Y tres, el modelo que hemos construido ha privilegiado sobre todo el acceso a la información en medios electrónicos, y en un país con una gran brecha digital podemos generar una doble exclusión. Por eso lo que tenemos que hacer, y si es cierto que “por el bien de México primero los pobres”, hay que hacerles llegar a

México tiene todo para generar una transparencia total, y que ésta nos permita prevenir la corrupción y cuidar que los recursos públicos no se despilfarren los grupos vulnerables, a los menos favorecidos, información en los formatos que las puedan consumir, para que a partir de esa información ellos vuelvan exigibles otros derechos, como la salud, la educación o el acceso al agua.

Y quizá pueda haber un cuarto punto, que es cómo la información puede ser útil al Sistema Nacional Anticorrupción. En estos últimos 15 años en los que ya hemos tenido la ley y un instituto que garantiza este derecho, la transparencia ha servido, entre otras cosas, para demostrar que la corrupción es estructural al sistema político. Ahora lo que la gente pide y quiere es que haya consecuencias para tratar de mermar este sentimiento de impunidad.

Y en un país donde hay este gran sentimiento de impunidad, de que la corrupción nos aqueja todos los días, el componente de la información pública y sus usos es mucho más potente para poder controlar o fiscalizar a las autoridades.

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PAZ EN COLOMBIA MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN GRAVE RIESGO El de Colombia es un mega proceso de pacificación, que comprende tres grandes grupos de organizaciones armadas: los cárteles del narcotráfico, la insurgencia y los paramilitares. Por su violencia, sus drogas, insurrección social y presión diplomática por parte de Estados Unidos, es el conflicto más parecido al mexicano y, por tanto, referencia obligada en nuestro futuro proceso de paz

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JORGE RETANA YARTO, ECONOMISTA Y MAESTRO EN FINANZAS; ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA INTERNACIONAL E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL; MIEMBRO DE LA RED MÉXICO-CHINA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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a pacificación en Colombia es altamente significativa y referencial para nuestro país, porque su situación de violencia, drogas, insurrección social y presión diplomática, así como la influencia de las doctrinas de seguridad de Estados Unidos y los programas de cooperación con dicha potencia son los más parecidos a lo que ocurre en México. No hay otro caso igual en todo el Continente.

El proceso de paz colombiano aún no concluye: hay muchas cuestiones aún en desarrollo, incluso la amenaza de reversión a partir del nuevo gobierno electo. No hay que olvidar que, en febrero de 2017, el encargado del Homeland Security del presidente estadunidense Donald Trump se pronunció por un Plan Colombia para México, que en términos claros es un programa contrainsurgente como eje estratégico de la política nacional. Quien haya estudiado de mínima manera la experiencia colombiana lo entiende con facilidad.

Hay una frase que implica un razonamiento político de profundidad del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez (Gabo) muy importante, y es que cuando César Gaviria negoció con Pablo Escobar y con todo el Cártel de Medellín una tregua y una entrega a cambio de reducir el tiempo de permanencia en prisión, hubo muchas críticas en América Latina, y sobre todo de la extrema derecha, respecto de lo cual el Premio Nobel de literatura dijo algo fascinante: “a un hombre que lo perseguía la CIA, la DEA, el Ejército de Estados Unidos, la policía colombiana y todas las policías del mundo y no lo encontró, lo metió a la cárcel un presidente colombiano con un decreto”.

Desde luego se refería a Pablo Escobar Gaviria y su reflexión revela el inmenso valor de la política de alta hechura. § Una tesis relevante del conflicto colombiano globalmente entendido y en su retrospectiva histórica –que comprende

medio siglo– es la de los intereses de la oligarquía cafetalera y la masiva producción de cocaína, que generó la más poderosa fuerza criminal asociada a los cárteles (controlan el 80 por ciento de la producción total), la cual introducen masivamente a Estados Unidos y Europa. La posición estratégica de Colombia en el Sur del Continente, la fuerza de la insurrección armada de la izquierda marxista (aunque dividida) que llegó a controlar casi el 50 por ciento del territorio nacional, y la incapacidad del gobierno y ejército colombianos para controlar toda esta situación, provocaron una intervención igualmente masiva del gobierno de Estados Unidos mediante una doctrina de contrainsurgencia (englobando a todas las fuerzas sociales en armas con sus distintos motivos y propósitos bajo dicho concepto), concretada en la formación de un bloque de dominación interno-externo de fuerzas y poder contrainsurgente, como doctrina y programa oficial (no reconocido) del Estado. Ésta incluyó una fuerza paramilitar amplia, armada, entrenada y financiada desde el propio Estado colombiano y sus fuerzas coercitivas, quienes estaban al mando de ella, lo cual requirió de grupos y equipos masivos de inteligencia, fuerzas policiales y militares estadunidenses, en práctica simbiosis con el Estado colombiano. Los más lúcidos analistas de ese país le denominaron “bloque de poder contrainsurgente”. El corolario fue un Tratado de Extradición desde la década de 1980, que fue y es una poderosa amenaza que pende sobre los principales líderes de todos los grupos armados. Para la doctrina militar de Estados Unidos se estaba ante un “conflicto de baja intensidad”, que ameritaba una estrategia de contrainsurgencia.

Ello se condensó en el Plan Colombia,

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El primer intento serio de negociación directa con los cárteles, particularmente el de Medellín al mando de Pablo Escobar, se inició en mayo de 1984

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que incluía ayuda económica (fueron más de 5 mil millones de dólares) para financiar la guerra asimétrica y ganarla en dos frentes simultáneamente: la guerrilla izquierdista y el crimen organizado trasnacional, entonces el más poderoso del mundo. Para la doctrina estadunidense, todo era lucha contra el narco-terrorismo. § El colombiano es un mega proceso de pacificación, que comprende tres grandes grupos de organizaciones armadas, aunque de naturaleza social y política diferente: a) las organizaciones del crimen trasnacional (productores y vendedores de cocaína); b) las organizaciones marxistas armadas insurrectas por el cambio de orden social, tres de ellas – las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)– surgidas en las décadas de 1950 y 1960 (el M-19, surgido después, fue prácticamente aniquilado); c) las fuerzas paramilitares agrupadas en la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). § El primer intento serio de negociación directa con los cárteles de la cocaína, particularmente el de Medellín al mando de Pablo Escobar, se inicia en mayo de 1984, durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt (luego del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, y después, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas, quien al tiempo que reactiva la Ley de Extradición, inicia contactos con emisarios de Pablo Escobar. Los contactos y diálogos de negociación se desarrollaron por canales oficiosos, pero con el conocimiento de los titulares de la administración política del país, es decir, de los presidentes de la República y su tácito consentimiento, ya que tales escenarios prospectivos duraron más de 12 años.

El fracaso se prolongó hasta 1988,l cuando hubo un pre-acuerdo establecido pero no formalizado, que giró en torno a los siguientes temas: entrega de todos los laboratorios clandestinos de procesamiento de hoja y pasta de coca al gobierno constitucional; cese de la lucha armada contra el gobierno; entrega de cuentas bancarias al gobierno e introducción de todos los recursos financieros acumulados a Colombia, con amnistía fiscal para los bienes de los capos; cancelación definitiva del Tratado de Extradición; abandono definitivo del negocio de tráfico de cocaína, y discusión de una Ley de Indulto. Para entonces, ya estaban en la negociación junto a Escobar, el Cártel de Bogotá y el de la Costa Atlántica, menores en peso respecto al de Medellín. Todos ellos firmaban comunicados a la prensa como “Los Extraditables”, quienes pedían también el indulto, para lo que llamaron sus “grupos auxiliares”, organizaciones paramilitares que después se amalgamaron en la organización AUC. § Un nuevo intento vino después de la muerte de uno de los más importantes lugartenientes de Pablo Escobar, el Patrón, Gonzalo Rodríguez Gacha a manos de la Policía Nacional en diciembre de 1989. Se operó entonces un cambio de estrategia: los “capos” buscaron una nueva negociación hacia 1990 y en adelante, pero mediante una gran presión a base de violencia extrema: con el secuestro al hijo del secretario de la Presidencia (posteriormente, presidente de la República) Andrés Pastrana, y otras 17 personas de familias acaudaladas de la región de Antioquia. En este momento entra en juego el rol de la Iglesia: junto con líderes políticos y sociales, piden la liberación de los rehenes. “Los capos” lo justifican como un “acto de guerra para la paz” (consigna idéntica a la usada por los líderes de

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la Cosa Nostra en Italia para ofrecer una paz negociada al gobierno, usando la frase” hacer la guerra para ganar la paz”).

Se acercaban las elecciones presidenciales, y el ministro de hacienda, César Gaviria encabezaba las preferencias. Los secuestrados fueron liberados. “Los capos” insistían en: entregar toda su estructura; ayudar a terminar el negocio de la droga en el país y someterse a la justicia, a cambio de la no extradición y de una Ley de Indulto. Como actos de buena voluntad, junto a la liberación de los secuestrados, Escobar entregó un laboratorio en las selvas colombianas, un helicóptero y un autobús lleno de explosivos. Pero rechazaba “la rendición incondicional” que exigía el poder judicial, la policía nacional y el ejército, y detrás de ellos, el gobierno estadunidense.

§ La llegada del presidente César Gaviria Trujillo al poder ejecutivo empezó a cambiar la situación, y “Los Extraditables” decretaron una tregua unilateral indefinida (julio 1990), ante lo cual el presidente entrante respondió haciendo alarde de pragmatismo en esta materia (y en otras): a) mandó al Congreso una iniciativa de cambio constitucional para posibilitar un acuerdo con los cárteles de la cocaína, mediante una fórmula nueva “rendición condicionada” con máximas garantías de seguridad, y sin extradición, logrando el Vo. Bo. de Washington a través Fernand Aronson, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos.

El posible acuerdo bajo los términos anteriores, avanzó con la mediación del sacerdote Rafael García Herreros. Así, el 20 de junio de 1991 Pablo Escobar, con

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La fórmula negociadora triunfante fue la rendición condicionada: deponer armas y actividad criminal a cambio de condenas cortas

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cuatro de sus principales lugartenientes, ingresó al penal de Envigado, acogiéndose a los beneficios de una reducción de penas. Era el séptimo de “los Extraditables” que se acogía a estos beneficios de ley a cambio de su rendición, solicitando máximas garantías durante su reclusión.

Todo ello posteriormente a la guerra declarada contra el Estado colombiano, a partir de varios asesinatos en el gobierno de Virgilio Barco Vargas, integrantes del poder judicial, el del candidato liberal Luis Carlos Galán (que se pronunciaba por la extradición de los capos), periodo de intensificación de la violencia que corre desde agosto de 1989, hasta la entrega de Escobar a la justicia colombiana (junio de 1991). Dos años de una verdadera carnicería. Se calculó que su fuerza armada de sicarios y terroristas sumó 3 mil personas activas, más las bases de apoyo. La fórmula negociadora triunfante fue la “rendición condicionada”, deponer las armas y toda la actividad criminal, a cambio de beneficios de ley como la reducción de condenas. Medidas parte de un modelo de justicia transicional. Observen cómo el acuerdo no implica impunidad, afirmarlo significa una ignorancia absoluta y una simpleza propia de legos connotados. § Ante las evidencias de que Escobar seguía operando desde la cárcel de Envigado, en distintos negocios y ordenando algunas ejecuciones, el gobierno ordenó su traslado a otra prisión de máxima seguridad. Al saberlo, Escobar tenía dos temores: el reposicionamiento de la extradición a Estados Unidos, y el riesgo de su vida (se había conformado ya el grupo grande y con muchos recursos de todo tipo llamado “los Pepes” (perseguidos por Pablo Escobar) que querían ejecutarlo, entonces, escapa de la prisión el 21 de julio de 1992, y el gobierno responde creando el “Bloque de Búsqueda”, in-

tegrado por una élite de la inteligencia militar de Estados Unidos y Colombia, fuerzas de tarea de ambos países con lo más avanzado en equipos de telecomunicación, desatando nuevamente durante la búsqueda de más de un año, un baño de sangre. Lo demás es conocido: aunque nuevamente trató de renegociar su entrega, es aniquilado el 2 de diciembre de 1993 en un barrio de Medellín. Pero el problema seguía en pie, subsistieron las estructuras del Cártel de Cali y el Cártel del Norte del Valle, esencialmente, los cuales años después, se dividieron en dos facciones ante sus problemas internos y ante los duros golpes asestados a sus liderazgos por el “Bloque de Búsqueda” que siguió operando. El proceso pacificador se derrumbó. § Hasta aquí, no podemos hablar propia-

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mente de un proceso de pacificación, que pudo haber avanzado con la entrega y el acuerdo del Cártel de Medellín y el gobierno, propiciado por cambios constitucionales sobre la negociación y la anulación de la extradición a Estados Unidos, pero se revirtió con la fuga de Escobar, el reinicio de los enfrentamientos al máximo nivel de violencia, y la muerte del propio Pablo Escobar, lo cual solo consolidó la frustración del proceso. Hubo “triunfos militares” en la lucha contra los cárteles de la cocaína.

Solamente. No pacificación. Hubo nuevamente otro cambio en la estrategia a seguir para continuar los esfuerzos de apaciguar a Colombia. § Álvaro Uribe escogió buscar avanzar en la pacificación usado otro interlocutor: las Autodefensas Unidas de Colombia

que ya rebasaban los 60 mil miembros armados, y se nutrían de deserciones de las filas de los ejércitos privados de los cárteles, de antiguos integrantes del propio Cártel de Medellín, e incluso, se afirmó, de mercenarios de otros países, una fuerza considerable, sobre la que los cuerpos armados del Estado habían perdido todo tipo de controles y era el nuevo eje de la violencia exacerbada. Para avanzar en este proceso, se solicitó asistencia de todo tipo de organismos multilaterales y regionales, logrando un acuerdo mediante el cual se desarmaron casi 27 mil integrantes de la UIC, que se sometieron a la autoridad pública y a la justicia colombiana, mediante la creación de ordenamientos jurídicos ad hoc: Ley de Justicia y Paz, y Ley de Reparación a las Víctimas de la Violencia. Es decir, Justicia Transicional.

Algunos líderes reacios, en cuanto fueron posteriormente capturados, se les extraditó a Estados Unidos. § Con lo antes mencionado, el proceso pacificador actual en Colombia tiene tres vertientes reales: i) el proceso de paz con los grupos de la izquierda armada, especialmente FARC ( acuerdo concluido) y ELN; b) el desarme y desmovilización de los grupos paramilitares agrupados en las AUC; y c) más recientemente, la oferta del Clan del Golfo (septiembre de 2017), el más importante cártel de cocaína en Colombia actualmente, de someterse a la justicia colombiana mediante un acuerdo negociado con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien indicó, que al tratarse de narcotraficantes y criminales, solo pueden aspirar a una rendición con beneficios de ley. Se estima una organización con unos 3 mil miembros activos incluidos. § Cada una de esas vertientes camina a ritmos desiguales y ha avanzado diversamente. Luego del acuerdo con las AUC (gobierno de Álvaro Uribe), el gobierno

El proceso pacificador en Colombia tiene tres vertientes reales. La primera es el proceso de paz con los grupos de la izquierda armada

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de Juan Manuel Santos se concentró en un acuerdo con las FARC, que obtuvo, luego con el ELN, y allí está ahora detenido. La oferta del Clan del Golfo quedó en el aire, tendrá que retomarse.

Hubo cambio de gobierno en la Presidencia de la República (junio de 2018, con el nuevo presidente Iván Duque), y con la gran salvedad de que el nuevo titular del Ejecutivo no es partidario de continuar el proceso en ninguna de sus tres vertientes, ni de ejecutar plenamente los acuerdos logrados con las FARC. Todo indica que su problema principal es la negociación hecha con la izquierda armada, no tanto los acuerdos con obtenidos con las AUC, logrado con apoyo y asesoría de organismos internacionales. Pero no es partidario de negociar un acuerdo más. Hay un grave

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problema de continuidad en una línea política de Estado, que no logró serlo, sino que quedó sujeta a los vaivenes del resultado de la elección presidencial, proceso global que ha sido puesto seriamente en tela de juicio. § El Clan del Golfo, anteriormente conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia es una organización narcoparamilitar que forma parte del conflicto armado en Colombia, y controla aproximadamente el 50 por ciento de los cargamentos de cocaína salidos de ese país. Su líder es Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Así está hasta hoy el proceso. Sigue su curso en medio de una inmensa incertidumbre y de riesgos muy grandes de revertirse. En eso estamos.

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BRASIL: PRIMERO EL GOLPE DE ESTADO,

LUEGO EL FASCISMO El golpe de Estado de 2016 en Brasil y la instauración del estado de excepción permanente que le ha sucedido, puso en crisis la democracia liberal y las condiciones de participación y representación política formales. Así se explica el ascenso del fascismo en ese país

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JOSÉ LUIS RÍOS VERA/TELESUR

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ntender el ascenso de la extrema derecha en Brasil implica comprender la complejidad del proceso histórico que constituye a esta formación social. La actual disputa electoral a punto de instalar a un excapitán del ejército como Jair Bolsonaro al frente del Ejecutivo, no puede disociarse del estadio histórico que atraviesa a la sociedad brasileña, al menos a partir de la crisis de la economía mundial de 2008.

El golpe de Estado de 2016 y la instauración del Estado de excepción permanente que le ha sucedido, puso en crisis la democracia liberal y las condiciones de participación y representación política formales. Asistimos con ello a la crisis terminal del orden político posdictadura y de sus instituciones, el poder Ejecutivo, el poder Judicial, el Legislativo. Este es el marco de las elecciones de octubre de 2018.

El gobierno Temer (2016-2018), apenas un preludio pálido de lo que sería un gobierno Bolsonaro, agudizó las formas autoritarias del régimen político brasileño, desplegando en distintos momentos fuerzas militares. El programa económico –denominado “Puente para el futuro”–, de las fuerzas que promovieron el golpe, sometió a Brasil a los dictados del neoliberalismo más ortodoxo, lo que condujo a la exacerbación de la crisis económica, política y social.

Brasil cristaliza una versión extrema de las condiciones del conflicto político. Un proceso original y agudo de los conflictos de clase y luchas sociales en este periodo de post-crisis global. Junto a Venezuela, Brasil registra la ofensiva más intensa del gran capital en los países latinoamericanos. Y el imperialismo estadunidense está en el centro de la ofensiva.

Es la complejidad del movimiento histórico inmerso en la espiral de una crisis económica y sus impactos sociales, políticos y culturales –dentro del Estado de Excepción vigente–, lo que conjuga la fuerza electoral de Bolsonaro.

Con Lula en prisión, el excapitán puede huir –y lo hace– de al menos cuatro de seis debates para la campaña presidencial en este

segundo turno. La fuerza electoral de la extrema derecha reside en el Estado de Excepción permanente. Un Estado instaurado por fuerzas golpistas: capital financiero internacional, poderosas fracciones industriales y comerciales del capital extranjero, gran capital industrial nacional, las fracciones del agronegocio, las alturas del poder Judicial, clase media alta, medios de comunicación y el corrupto bloque de partidos políticos que apoyó el impeachment.

La inmensa mayoría de la sociedad brasileña no es fascista. Apoyado en el Estado de excepción, existe un fuerte voto “antisistema” que se ha orientado al hombre que mejor expresa lo más oscuro del sistema, es decir, neoliberalismo extremo con tutela militar. Procesos ligados al Estado de excepción y a las condiciones en que éste se ha impuesto, han llevado al elector hacia la alienación de su voto a favor del candidato fascista. En Brasil, desde 2014, la operación Lava Jato una magna investigación judicial vinculada a Estados Unidos (Lawfare) y dirigida parcialmente contra actos de corrupción de funcionarios del gobierno Lula y Dilma, y del PT en lo particular, ha sido un exitoso laboratorio mediático para deslegitimar a los gobiernos del PT. La avalancha electoral a favor del excapitán tiene esta raíz. Ésta se asocia a la exacerbación de la crisis económica, del desempleo, de inseguridad pública que experimenta la sociedad, además de las campañas ilegales de fake news propagadas por distintos medios y contratadas por decenas de empresas. Dentro de este cuadro, el discurso de ley y anticorrupción, fuerza y orden, recuperación económica y solución del desempleo, encontró gran eco en una sociedad que sólo unos meses atrás tenía en su mayoría a Lula como su mejor alternativa electoral. El Estado de excepción no abolió ni postergó la competencia electoral, no obstante, sí modificó las condiciones y orientó el curso de esta competencia. Bajo estas condiciones, la sociedad salió a votar. Los “mercados” celebran día con día. La moneda local, altamente dependiente del capital extranjero,

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Durante los gobiernos del PT, los industriales fueron beneficiados con elevadas tasas de ganancia y crecimiento, expansión local e internacional

puede apreciarse relativamente, incluso bajo amenazas de la FED sobre nuevas alzas en sus tasas de interés.

No es momento para hablar sobre los propios problemas y errores graves del PT. De la fragilidad de su frente de alianzas y política policlasista; su papel en la despolitización de los trabajadores y clases populares desorganizados; de su abdicación de la reforma política; de su alejamiento de las bases en el segundo gobierno Dilma y su política de ajuste; de su estrategia equivocada para combatir el impeachment; de la responsabilidad del PT en la cristalización de una resistencia débil del movimiento sindical frente al golpe; en su débil estrategia para frenar al agresivo y acelerado viraje al neoliberalismo del gobierno Temer. Es importante considerar que aún con toda esta problematización, el PT ganaría la elección con Lula como su candidato. Razón por la cual el Estado de excepción permanente lo mantiene en prisión y más recientemente, sin “permiso” de conceder entrevistas públicas en días próximos al calendario electoral.

Golpe blando, Estado de excepción y gobierno Temer El gran capital financiero internacional hegemonizó el golpe de Estado parlamentario de 2016. En su discurso de posesión del gobierno interino, Michel Temer señaló: “Es imprescindible, reconstruir los fundamentos de la economía brasileña... restaurar el equilibrio de las cuentas públicas, trayendo la evolución del endeudamiento del sector público de vuelta al nivel de sustentabilidad...” (Folha de Sao Paulo, [en línea], 12 de mayo de 2016).

La disputa de las corporaciones financieras –representantes del neoliberalismo ortodoxo y su política monetaria y fiscal– con los gobiernos Lula y Dilma son conocidas. Los ataques a Guido Mantega, secretario de Hacienda de Lula y Dilma, y la imposición de Joaquim Levy en el segundo gobierno Dilma, en aquella secretaria, son un ejemplo. No obstante la

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profunda financiarización de la economía brasileña.

Lo menos conocido es la posición de la burguesía brasileña en el proceso golpista.

Durante los gobiernos del PT, las fracciones industriales, del agronegocio, mineras, bancos privados nacionales, grandes constructoras, entre otros sectores, fueron beneficiadas como nunca con sus elevadas tasas de ganancia, crecimiento y expansión local e internacional. El lulismo impulsó, vía Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el fortalecimiento de una burguesía brasileña con intereses distintos al capital financiero. Los intereses de estas fracciones continuamente chocaban. Por ejemplo, la contracción del gasto, disciplina fiscal y elevadas tasas de interés que impulsan las corporaciones financieras frenan el impulso a la economía local y los sectores industriales, comerciales, tienden a rechazarlas. Un signo que marcó a los gobiernos del PT fue precisamente el crecimiento de una burguesía neodesarrollista frente a la política neoliberal ortodoxa del gran capital financiero. Y ello en un cuadro de política social, crecimiento y distribución de renta que acercó el apoyo de los trabajadores y de las clases populares a los gobiernos lulistas. La gran región del Nordeste brasileño es prueba de ello y el PT vuelve a jugarse ahí la elección presidencial.

La crisis mundial de 2008 y sus impactos en la crisis económica brasileña quebrantó el relativo equilibrio de los compromisos del gobierno y su política policlasista. La profundidad de la crisis local y mundial canceló las condiciones de conciliación de clases.

Las fracciones de la burguesía brasileña, durante poco más de una década aliadas a los gobiernos petistas, se unieron con fuerza a la ofensiva golpista del gran capital financiero. Ya señalamos las otras fuerzas que participaron en el impeachment. Ante la amenaza de que el gobierno Dilma recargase los impactos de la crisis económica en desmedro de los intereses de la burguesía brasileña neodesarrollista (industriales, agronegocio, minería,), el conjunto

de estas fracciones decidieron aliarse al gran capital financiero (en otro momento fracciones del capital en disputa) e intervenir a favor del ajuste fiscal, el recorte de los gastos del Estado.

Con ello, esta burguesía local brasileña mucho más proteccionista y en relativa defensa frente al capital extranjero, apoyó con fuerza la ortodoxia neoliberal financierista, cuyo dogma repite –contra la historia– que las políticas de ajuste llevan a la recuperación económica y a la salida de la crisis. Para salvar sus intereses, se lanzó a promover el golpe con el objetivo de recargar la crisis sobre la clase trabajadora y las clases populares, ello mediante políticas de ajuste, el desmantelamiento de la política social y la expropiación de la riqueza pública. Es este bloque de las clases dominantes quien mediante el golpe instauró el estado de excepción permanente en Brasil y se encuentra hasta hoy impulsando al candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Los intereses de Estados Unidos Salvo excepciones, en Brasil se discute de modo insuficiente el papel de Estados Unidos en la ofensiva que ha llevado al Estado de Excepción. Sostenemos que el imperialismo estadounidense tiene poderosos intereses económicos, políticos y geoestratégicos para de-construir el curso histórico-estructural y las relaciones de fuerza en Brasil.

La política exterior y subimperialista que llevaron a cabo los gobiernos del PT encontraba distintas confrontaciones con los intereses imperialistas. Estos gobiernos se opusieron al ALCA, rechazaron la cesión de la base militar de Alcántara (Estado de Maranhão) a Estados Unidos, priorizaron las relaciones Sur-Sur, fortalecieron el Mercosur, desarrollaron relaciones económicas con China, las cuales llevaron a grupos económicos brasileños (energía, minería, alimentos, construcción) a fortalecer sus relaciones con el país asiático. Se apoyó la creación de Unasur, se desarrollaron relaciones en los sectores de energía e infraestructura en

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El gobierno de Temer (2016-2018)

América del Sur, se fortaleció la presencia brasileña en África, Medio Oriente, y sobre todo, se profundizaron las relaciones con China y Rusia con la conformación del BRICS. Estas últimas relaciones significan una afrenta a la hegemonía mundial estadunidense. Los nuevos mercados, fuentes y destinos de las inversiones que establecieron los gobiernos del PT no correspondían en ningún caso a los intereses de Estados Unidos. Desde Obama hasta ahora, Brasil ha sido, como otros países de América Latina, parte de la nueva ofensiva geopolítica del imperialismo estadunidense dirigida por los golpes de Estado “de nuevo tipo”.

Otra cuestión de gran relevancia se refiere a la política energética que llevó a cabo Petrobras bajo los gobiernos petistas. Al impulsar una política proteccionista que favoreció mucho más a la burguesía brasileña neodesarrollista y en menor medida a los trabajadores petroleros y de la cadena de producción del sector (explotación, refinación, astilleros, maquinaria pesada, ingeniería, construcción), el capital internacional (petroleras trasnacionales, corporaciones de construcción, industria naval

agudizó las formas autoritarias del régimen político brasileño, desplegando en distintos momentos fuerzas militares

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En el ataque a Petrobras con la operación Lava Jato, el protagonismo principal ha residido en el juez Sergio Moro, vinculado a Washington

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internacional, equipos), fundamentalmente de Estados Unidos y Europa rechazaban por completo esa política. Es dentro de este cuadro que se expandió el ataque a Petrobras con la operación Lava Jato, cuyo protagonismo principal ha residido en el juez Sergio Moro, vinculado a Washington. Al más puro estilo neoliberal, los medios inclinaron la crítica a la corrupción en Petrobras con la deslegitimación del carácter público de la empresa y de sus distintas funciones (explotación, refinación) por parte de la empresa estatal, así como de su enorme política de compras en beneficio de empresas brasileñas. El crecimiento de Petrobras, sobre todo en los gobiernos Lula llevó a la elevación de sus inversiones, mismas que incrementaron a su vez el desarrollo de la investigación. Fue así que se presentó el descubrimiento en 2006 de las reservas del petróleo y gas en aguas profundas conocidas como las áreas del Pre-sal. Fue mediante esta política proteccionista mantenida por Petrobras en los gobiernos Lula, que se amplió la participación estatal en los ingresos nacionales producto de la explotación del petróleo. Se creó también, el Fondo Social del Pre-sal, un fondo de ingresos orientados al sector social de Salud y Educación. El viraje de Petrobras a partir del gobierno golpista, prueba el rechazo del gran capital al “nacionalismo” de la empresa pública con los gobiernos petistas.

El conjunto de estos elementos señalan el interés geoestratégico de Estados Unidos en un “cambio de régimen” en Brasil, promovido por Obama y más agudamente con el gobierno Trump.

Tan sólo el 1 de febrero de este año, el exsecretario de Estado Rex Tillerson, expuso sin velos, el interés y “ansiedad” de Estados Unidos por los hidrocarburos de América del Sur. A partir de este discurso, el gobierno estadunidense viene cuestionando abiertamente las relaciones de países de Sudamérica con China y Rusia como una amenaza al orden internacional, lo que incrementa el potencial de conflictos en América del Sur en tanto zona de

disputa geopolítica entre grandes potencias. Se entienden así las distintas “visitas” del vicepresidente Mike Spence y secretarios de Estado del gobierno Trump a varios países de América Latina, y a Brasil en particular, lo que además evidencia las crecientes relaciones de Temer con el imperialismo estadunidense, por ejemplo con la entrega de la base estratégica de Alcántara. La visita más reciente fue del mismo secretario de Defensa, James Mattis (agosto de 2018), en la que apelando a la intensificación de las relaciones militares Estados Unidos-Brasil y la defensa de la “seguridad geoestratégica”, señaló: “Juntos buscamos fortalecer nuestra asociación estratégica cooperativa que sea transparente, confiable y estable […]. Veo un futuro brillante para Brasil y nuestro hemisferio”. Se entiende el papel político extremista que un virtual gobierno Bolsonaro podría girar en relación a las disputas en América Latina, Venezuela y Argentina en el corto plazo.

Temer: reestructuración económica destructiva El gobierno de excepción de Michel Temer no representó una solución a la crisis económica, política y social, antes bien, la agravó. En 2 años de gobierno interino desmanteló buena parte de la política social de los gobiernos del PT (distribución de renta, educación, salud, vivienda, electricidad, agua), reestructuró la economía política de tipo neodesarrollista y aproximó a ésta con los intereses del gran capital internacional. Dirigidas a disminuir el déficit fiscal, las políticas de ajuste no hicieron sino disparar los niveles de desempleo y subempleo en el país, y agravaron la recesión económica.

Una de las principales acciones de este gobierno fue la aprobación del proyecto de enmienda constitucional en diciembre de 2016, en la que se impone el congelamiento del gasto público en educación y salud en un periodo de 20 años (cinco gobiernos presidenciales). En contraste, no se discuten modificaciones al gasto del Estado en relación al endeudamiento público, que

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año con año transfiere cerca del 50 por ciento del presupuesto público federal a la renta financiera. Se aprobó una Reforma Laboral antiobrera que tiene por centro la prioridad de “lo negociado entre las partes sobre lo legislado”, además de oficializar las peores condiciones de precarización del trabajo y deteriorar los derechos laborales y las condiciones salariales.

La reforma previsional logró ser paralizada por la resistencia popular. Bolsonaro y su partido han declarado la inminencia de esta reforma; los recortes a la educación pública son orientados hacia la privatización de ésta, como mandatan organismos financieros internacionales para controlar el déficit fiscal. Además, fue aprobada la nueva ley de “tercerización total”, la cual permite a las empresas tercerizar la totalidad de sus actividades y funciones, de tal modo que una empresa puede tener grandes ganancias sin tener registro o contratación de un solo trabajador. Y ello sea tanto en el sector privado o público. Se flexibilizaron las normas de explotación minera y de protección al medio ambiente, iniciándose con ello una nueva fase de explotación y devastación de recursos naturales. Se ha dado reversa a las demarcaciones de tierras de indígenas ampliándose el dominio del latifundio. Se desarrolló un agresivo programa de privatizaciones de empresas estatales. Fueron desmanteladas las políticas proteccionistas que priorizaban las políticas de contenido local. El BNDES y Petrobras son atacados y reestructurados en beneficio del gran capital internacional. Se dio fin a la política de compras de contenido local en Petrobras.

Fue desmantelada la industria naval brasileña.

Se ha dado paso a la privatización y entrega de las reservas del Pre-sal, las cuales garantizaban una parte de sus ingresos a la educación y salud pública. Tan sólo una de las áreas más ricas del Pre-sal denominada Cessão Onerosa, se ha aprobado el 70 por ciento de su entrega a petroleras trasnacionales, y continúan profundizándose las licitaciones para la explotación petrolera para el capital trasnacional. En clave geopolítica, el gobierno Temer se ha alineado

con los intereses estadunidenses en contraste al ascenso de un mundo multipolar.

El gobierno autoritario de Michel Temer también aplicó importantes mudanzas respecto a la política de derechos sociales, por ejemplo, respecto a los movimientos de lucha por los derechos de los negros, feministas, LGBT, juveniles, indios, quilombolas, los cuales advierten de una profunda regresión autoritaria en el caso de un gobierno de extrema derecha con Bolsonaro al frente.

Como señala el sociólogo marxista Ricardo Antunes, experimentamos un periodo de “contrarrevolución preventiva que rechaza cualquier forma de conciliación”.

De la “contrarrevolución preventiva” al Estado de seguridad nacional Por distintas razones, la dinámica de la “contrarrevolución preventiva” que atraviesa al estado de excepción puede arrastrar a éste a experimentar una grave metamorfosis política. Sobre las contradicciones existentes entre la defensa de las necesidades y derechos colectivos de las clases trabajadoras y populares con el conjunto de intereses que persigue el gran capital, muchos plantean la aproximación real de una deriva hacia el fascismo y la dictadura con un gobierno Bolsonaro.

En el primer lustro de la década de 1960, fueron las distintas fracciones burguesas del bloque en el poder quienes se adentraron en una disputa por la hegemonía política que dirigiera los principales ejes de la acumulación del capital. La amenaza de las fuerzas populares y de los intereses de una burguesía nacionalista con influencia en el gobierno Goulart, llevó a la burguesía dependiente y subordinada a defender y profundizar las relaciones con el imperialismo estadunidense e imponer junto con éste la hegemonía con el brazo militar. En la actualidad, el grueso de las distintas fracciones de la burguesía local e internacional conforman un bloque unificado, lo que se registró

El gobierno de Temer cambió la política de derechos sociales frente a los movimientos de lucha feminista, LGBT, juveniles, negros e indígenas

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Mediante una política proteccionista en Petrobras durante los gobiernos de Lula se amplió la participación estatal en los ingresos nacionales

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en el golpe a la expresidenta Dilma en 2016, y que también registramos en la presente elección. No obstante, es necesario señalar que existen importantes contradicciones entre el bloque golpista y ya ha habido muestras de que pueden profundizarse fuertes fisuras en su seno (por ejemplo, la fracción industrial frente a la fracción financiera, el Ejecutivo frente al Judicial). La dinámica que adopte el conflicto político y el programa económico del próximo gobierno nos permitirá observar hasta dónde podrán abrirse sus contradicciones y la forma que impacten en las relaciones estatales.

En Brasil, sobreviven con gran fuerza los aparatos represivos de seguridad que se fortalecieron a lo largo de cinco gobiernos militares en 21 años de dictadura (1964-1985). El papel de los cuerpos militares en el régimen dictatorial fue dominante y sólo detentó el poder con la burguesía monopolista. La “transición democrática” que experimentó la sociedad brasileña constantemente fue tutelada por las fuerzas militares. Los gobiernos del PT abdicaron de reformas políticas estructurales que pusieran fin a las posiciones dominantes de las fuerzas

armadas y de sus aparatos de seguridad e inteligencia. Ahora, de modo creciente los militares ocupan posiciones en el gobierno Temer, incrementan su presencia en el Congreso mediante elecciones democráticas de excepción, y mediante éstas, genuinos representantes directa e indirectamente de las fuerzas armadas y del gran capital están muy próximos a ocupar la presidencia y vicepresidencia.

Por ahora, la contradicción principal se aprecia claramente entre las reformas que exigen los grandes capitales frente a los derechos y condiciones de vida logrados del grueso de las clases populares. El radicalismo neoliberal que procura imponer “metas fiscales” y políticas de ajuste son una afrenta a los derechos de los trabajadores y clases populares. Una de las mayores significaciones del actual conflicto político reside en la lucha por la apropiación y sentido de la gestión de la renta nacional medida en el PIB. Puede preverse una mayor politización de las clases populares a medida que éstas experimenten el deterioro y eliminación de sus derechos sociales y condiciones de vida.

Las condiciones en que se ha instaurado la “contrarrevolución preventiva” no dan lugar a la conciliación de clases. Y con un gobierno autoritario radical, crecientemente militarista, la deriva puede orientarse a la metamorfosis del actual estado de excepción saltando de la etapa preventiva de la contrarrevolución a la extinción definitiva de las condiciones democráticas con la instauración de una especie de Estado de seguridad nacional al servicio de los intereses del gran capital y de las fuerzas militares. Otra tendencia real puede ser la represión selectiva, puntual, ligada al establecimiento de “protodictaduras grises” con objetivos de desarticulación de las masas populares mediante cuerpos de inteligencia (CIA, DEA, Mossad).

Programa económico de Bolsonaro El gobierno Temer fracasó. No sólo por agravar la crisis económica en Brasil sino

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porque no logró imponer las reformas que los grandes capitales demandan. Es el fracaso del gobierno Temer lo que explica el gran apoyo a Bolsonaro por parte de las clases dominantes. Éstas acreditan que un gobierno extremista es la garantía para establecer las reformas estructurales favorables al “mercado”. De este modo, el programa económico del candidato de extrema derecha es el neoliberalismo radical. Según la correlación de fuerzas actual, un nuevo gobierno de extrema derecha podría “legitimarse” mediante elecciones democráticas (de excepción) y desplegar así los recursos de la fuerza pública.

El programa económico de Bolsonaro es la agenda del gran capital internacional. Significa la humillación de la soberanía nacional y la regresión de las condiciones de dependencia a un régimen neocolonial con enormes transferencias de riqueza al exterior, vía deuda, programa privatizador radical, entrega de riquezas naturales (hidrocarburos, electricidad, agua, biodiversidad), creciente repatriación de ganancias con cargo en la regresión de la valorización salarial, entre otras vías.

El desmantelamiento de Electrobras, Petrobras, extranjerización del Pre-sal, una mayor liberalización comercial y financiera (privatización de la banca pública de desarrollo), y la elevación de importaciones asociada a una desindustrialización profunda seguida del deterioro de la investigación científica pública, podrán agudizar una mayor dependencia tecnológica y subordinación a la división internacional del trabajo en la nueva etapa de la revolución tecnológica-industrial 4.0. Con la renovada fuerza política del agronegocio, la economía se orienta al crecimiento de las exportaciones de bienes de bajo valor agregado, sustentadas en las mayores condiciones de explotación del trabajo, el fortalecimiento del latifundio, la sobre-explotación de la amazonia, el deterioro ambiental, lo que agravará los problemas de la economía brasileña.

Esta reestructuración regresiva al extremo se presenta dentro de un cuadro creciente de

desmantelamiento de políticas sociales, depresión del mercado interno y agresión contra los movimientos de lucha social. El congelamiento del gasto público en salud y educación por dos décadas, la ofensiva de privatización de la educación pública, la eliminación de las condiciones de valorización salarial, el deterioro de las condiciones de lucha económica y sindical, reformas laborales anti-obreras, políticas de precarización y tercerización laboral, reforma previsional, eliminación y reducción de programas de vivienda, electricidad, distribución de renta (bolsa familia), abandono de los servicios públicos, tasa “única” del Impuesto Sobre la Renta. La eliminación de estos derechos es imperativo de políticas de austeridad personificadas por Paulo Guedes, quien presidiría el ministerio de Hacienda en un virtual gobierno Bolsonaro. Sobre esta base se acentúan las amenazas a los movimientos sociales en defensa de los derechos sociales, de los negros, ambientales, pro aborto, feministas, LGBT, quilombolas, indios, así como la amenaza real del candidato extremista de tipificar como delito de “terrorismo” las reivindicaciones y estrategias de lucha del MST, MTST, entre otros.

La pregunta es: ¿bajo qué condiciones de la lucha política y sobre qué forma de régimen político podría establecerse el programa económico y antisocial del gran capital y el bloque bolsonariano? Hasta hoy, este bloque (no exento de contradicciones) está conformado por fracciones financieras, aparatos militares y judiciales, iglesia evangélica, líderes del agronegocio exportador, medios de comunicación, industria del armamento, fracciones industriales, clases medias altas, trabajadores desencantados, ciudadanía anti-PT y anti-corrupción, grandes mineras, partidos políticos.

En efecto, votar Haddad significa hoy algo más que votar por el PT. Como señala Joao Pedro Stédile, en caso de que logre imponerse una nueva etapa de la contrarrevolución, hay que ir a las bases y preparar las condiciones de lucha y resistencia política.

¿Bajo qué régimen político podría establecerse el programa económico antisocial del gran capital y el bloque bolsonariano?

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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

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HONRADEZ, UNO DE LOS TRES VALORES

DEL GOBERNANTE: JUÁREZ

Para gobernar a los pueblos son absolutamente indispensables la capacidad, la honradez y la actividad, señalaba Benito Juárez en el siglo XIX. Antes y después de este estadista, México ha vivido presidentes incapaces, corruptos… La mayoría ha dañado a la nación con su mal gobierno ÁLVARO CEPEDA NERI/CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

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os constructores del Estado mexicano, como una estructura jurídica con sus contenidos o fines políticos modernos, fueron los hombres de la Constitución de 1857 y de ellos el núcleo que encabezó Juan Álvarez con la Revolución de Ayutla y el que estuvo al frente con la República Restaurada, Benito Juárez. Y de la naciente sociedad civil, el pueblo que participó y supo de la lucha de esa élite intelectual, política y patriótica que enarboló el liberalismo que implicaba la agenda histórica de ese movimiento.

El liberalismo mexicano hubo, primero, de liberar al país de la intervención francesa y liberar a la nación de los conservadores, quienes como una pinza intentaron apretar hasta asfixiar a quienes individual y colectivamente luchaban, con Juárez y con “aquellos hombres que parecían gigantes”, para imprimirle un viraje histórico a la sociedad, el gobierno y el Estado, y así salir del atraso que era caldo de cultivo para el pensamiento y la acción de la reacción mexicana. Esta peleaba a muerte por los privilegios de su clase, del clero político, de una religión, de un régimen monárquico preconstitucional y del sometimiento de los mexicanos a esa modalidad autocrática de gobierno. Juárez lo impidió.

En cambio los liberales combatían, en todos los frentes, por hacer “solidarias libertad e igualdad” como contenidos del imperio de la ley para ir instituyendo el gobierno de los hombres sometidos a la ley y así promover el tránsito de los mexicanos como súbditos al tríptico de individuos, personas y ciudadanos para ejercer su libertad constitucional a través de sus derechos políticos, económicos, culturales y sociales.

El liberalismo mexicano pugnaba por la transición del pueblo como simple masa al de su realización como el único factor de legitimidad de los poderes del Estado. Nadie como los liberales tenían tanta claridad sobre ello y Juárez sobre todo. Y es que Juárez era un hombre ilustrado y consciente de que México necesitaba abrir la educación y su expansión para que el máximo de mexicanos recibieran una formación acorde con los tiempos nacionales y mundiales de modernización. Y así, “en el otoño de 1867, Juárez, ansioso de reorganizar la

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educación pública sobre los principios de la ciencia y la aptitud del hombre para buscar la verdad, hizo que su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro, nombrara una comisión que emprendiera la tarea…Gabino Barreda era la personalidad más interesante del grupo y pronto se convertiría en la figura máxima de la educación en México” [2].

Y el postulado fundamental de esa educación pública fue la educación laica. Sin influencia de ninguna religión. Amparada, pues, por un Estado también laico, plural en las creencias y afianzado por el principio de la tolerancia religiosa. Todo esto fue posible porque los liberales triunfaron en dos frentes: “la victoria lo mismo en el terreno militar que en el ideológico” [3]. El segundo frente fue un triunfo indiscutible y lo “obtuvieron los civiles, el grupo de ideólogos más brillante, más tenaz y desinteresado que ha conocido México. Un tercer grupo, sin embargo, contribuyó a ambas victorias y su contribución resultó amplia y decisiva precisamente por poner en ellas la fuerza del número; fue el pueblo mexicano: como soldado, contribuyó al triunfo de las armas y como secuaz político, al de las ideas” [4].

Si los anteriores periodos de Juárez en la Presidencia de la República, de 1858 a 1867, fueron los del desempeño político, en cuanto parafraseando a DCV, los liberales con la guerra de Reforma le habían dado al país “las formas elementales de libertad política”, con su aplastante e indiscutible triunfo sobre la intervención afirmaron la independencia nacional.

No obstante las protestas y rebeliones de Tuxtepec y de La Noria [sobre las que se alzaba desafiante Porfirio, con la bandera anti reeleccionista que luego él mismo arrió ininterrumpidamente desde 1884 a 1911) y una oposición política, de 1867 a 1871, Juárez supo ejercer su función de jefe de gobierno en la administración pública que se detalla como apéndice de este trabajo, con solamente el índice documental del tomo 3 de La administración pública en la época de Juárez.

Legal y legítima, la penúltima reelección de Juárez –cuestionada por algunos liberales e impugnada por los resabios conservadores, como por le-

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En la aprobación de los principales actos de gobierno de Juárez, el más grave de todos ellos fue el de haber prorrogado su mandato cuando expiró su término legal vantamientos– fue consecuencia de una recompensa a sus servicios a la nación, para darle tiempo a la implantación de sus reformas. Nadie como el padre fundador de las libertades de prensa, Francisco Zarco [5], explicó el hecho: “El pueblo mexicano, reeligiendo a Juárez, obra sin duda por un sentimiento de decoro y de dignidad, y se empeña en demostrar la impotencia de la intervención, rechaza las amenazas y las intrigas de la fuerza, elevando al poder al que en vano trataron de derrocar las bayonetas extranjeras… no solamente debe su reelección a este sentimiento que hace honor al pueblo, sino a la firmeza con que sostuvo la causa nacional, la constancia con que a ella se consagró y a la fe que tuvo siempre en la salvación de la patria. La reelección es, pues, la plena aprobación de su política extranjera, que consiste en la resolución de perecer antes que aceptar la Intervención. En la política interior no es menos importante la reelección… Ella importa la aprobación de los principales actos de gobierno de Juárez, y el más grave de todos ellos, el de haber prorrogado su mandato cuando expiró su término legal… La nación entera ha reconocido que los decretos del 8 de noviembre no fueron un golpe de Estado, sino un acto de imperiosa necesidad que cabía en las facultades omnímodas del ejecutivo” [6].

Nadie como Zarco, con su convicto y confeso liberalismo político y económico, patriota sin tacha, inteligencia poderosa e ilustrado como pocos en su época (acaso solamente Ignacio Ramírez, el Nigromante, puede hacer suyo el título de un sabio), juzgó con gran imparcialidad a Juárez. En otro texto, del 24 de abril de 1869, publicado en El Siglo Diez y Nueve, Zarco volvía a fijar su postura desde las trincheras de las libertades de prensa ejercidas a su máximo…

Reconocemos también en la prensa el derecho de juzgar y censurar los actos y la vida pública del presidente, lo mismo que los de cualquier otro funcionario. Este juicio público de los actos del gobernante, tiene precisamente por objeto procurarle o alejarle la confianza pública”.

Párrafos más adelante, Zarco le replicaba a un

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opositor de la reacción, en ese momento ya converso al porfiriato: “Pasó ya el tiempo de los ídolos, y el pueblo, al elevar a Juárez al poder, ha tenido en cuenta sus antecedentes y ha depositado en él toda su confianza, sin creerlo por esto exento de faltas, de errores ni de debilidades; pero obligado a elegir hombres y no ángeles para la presidencia, escogió entre los primeros al que le pareció más digno, y a aquel cuyo nombre ha llegado a ser un timbre de honra para la República”.

Es Zarco, el combatiente contra Santa Anna y quien planteó la renuncia de Arista, quien hizo de la libertad de prensa el contrapoder, contrapoder contra el despotismo, contra el abuso del poder, quien nos dejó el testimonio más equilibrado sobre Juárez y su paso por el poder presidencial en tiempos de crisis y en tiempos de paz. “Bien puede atacarse la reelección de Juárez – escribió Zarco–, enumerando sus faltas, sus errores, sus debilidades; pero no hay motivo para decir… que Juárez eternizándose en el poder se ha corrompido; que Juárez, antes liberal y republicano, se ha vuelto déspota y arbitrario. ¿Dónde están las pruebas, los indicios siquiera de esa pretendida corrupción? No hay en el presidente de la República ni corrupción, ni despotismo, ni arbitrariedad. Combátase enhorabuena la idea de su reelección; pero no inventen en su contra cargos de todo punto infundados, ni se denigre a un hombre público, que según el artículo mismo de que nos venimos ocupando: era un día el hombre de México, en cuanto un hombre puede personificar a una nación”.

Y más adelante, el periodista de la Reforma, de la Constitución de 1857 (como que fue su cronista, uno de sus más brillantes diputados constituyentes y un periodista siempre combatiente), dice de Juárez: “Creemos, sí, que si la mayoría de los mexicanos han honrado a Juárez con la suprema magistratura, ha sido porque los honrosos antecedentes de este ciudadano, su patriotismo, su constancia y su fe en la independencia y en las instituciones, lo hicieron digno de la confianza del pueblo; y recordamos que la intervención y el imperio apellidaron juaristas a los

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DAVID MANRIQUE

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leales defensores de la nacionalidad mexicana…Sin profesar la teoría de los hombres necesarios, nadie puede negar los méritos indisputables del actual presidente de la República; y cuando Juárez descienda del poder, aun cuando no está libre de faltas ni de errores, será seguido de la estima y del reconocimiento de sus conciudadanos”.

Hemos tenido, entre pillos, sinvergüenzas, corruptos y desnacionalizados (sin contar a los espurios Zuloaga, Robles y Miramón, y mucho menos un emperador austríaco): 62 presidentes. Ninguno, sin temor a equivocarnos, ha sido un Estadista, en todo lo que significa el concepto político, como Juárez.

No ha tenido la nación a un conductor del Estado como el indio de Guelatao ni a esa generación que fueron sus iguales, pero actuaron comprendiendo que Juárez era el factor común de esa unión para reconstruir, continuando, el legado de Hidalgo y Morelos, que había sido devastado sobre todo por Santa Anna, después por los conservadores que lucharon al lado de los invasores y apoyando la monarquía

espuria de Napoleón III y Maximiliano. Por eso es que Juárez sigue siendo nuestro punto de referencia histórica nacional y universal. Tirios y troyanos, al final, presumimos de Juárez para competir con los Estadistas universales que han conducido sus gestiones al liberalismo político, la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades.

“Al primer año de la República Restaurada, Zarco enumeraba las siguientes conquistas, ninguna despreciable: se han restaurado las instituciones, maltrechas o suspensas por la Intervención; se han reorganizado los poderes públicos mediante el sufragio popular, y cada uno de ellos funciona dentro de su órbita propia, tal y como la define la ley; la acción gubernamental general se ha hecho más expedita; se recaudan contribuciones; hay un presupuesto equilibrado que permite cubrir con regularidad los gastos públicos… Zarco… encontraba que el año de 69 se iniciaba bajo favorables auspicios: la independencia nacional estaba firmemente asegurada; se había reconquistado la paz interior, transitoriamente per-

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turbada; por algunos movimientos sediciosos menores; las instituciones públicas funcionan mejor, se ha reorganizado la administración y se inician grandes obras materiales”.

Los párrafos anteriores son de Daniel Cosío Villegas, de quien es necesario, indispensable, leer el tomo primero de su espléndida obra Historia moderna de México, que lleva por título La República Restaurada.

La vida política. Por esas páginas está uno de los más sólidos análisis de la obra de Juárez quien “remató la obra de Hidalgo haciendo de México un país políticamente moderno”. Y de esa conquista y arsenal es que ha vivido nuestro país. Sobre los postulados de esa modernización es que la nación ha logrado sobrevivir, a la espera de otro Estadista que continúe el trabajo de Hidalgo y Juárez, mientras han pasado por la presidencia de la República más émulos de Santa Anna, Mariano Arista, Comonfort y Victoriano Huerta, que de Juan Álvarez y sobre todo de Juárez.

Ni necesario y menos providencial, pero Juárez, con perspectiva histórica, fue indispensable para

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ese lapso. No se trata de jugar con esa pregunta de “¿qué hubiera pasado si Juárez no hubiera irrumpido en el escenario 1857-1872?” Y con cuya cuestión han ensayado algunas respuestas nueve historiadores coordinados por Niall Ferguson 7), sobre varios acontecimientos universales, citando entre ellos el de Juárez, en el sentido de Juárez perdonándole la vida a Maximiliano (que, incluso, Víctor Hugo le solicitó, dicho sea de paso); y a su vez, recreado como hipótesis, en otro libro de D Snowman [8]. Lo único cierto es que Juárez, como individualidad singular, políticamente innovador, entra a la escena de nuestra historia nacional con proyección universal cuando la nación necesitaba a un estadista se atreviera a todo, sabiendo que nunca serán grandes su poder y su influjo si pone en riesgo su vida y su nombre. Juárez hizo lo uno y lo otro, al servicio de su causa que era la de la nación mexicana, para que “el terreno ganado por una generación” (la de Hidalgo y Morelos) no fuera a perderse en manos de los reaccionarios que, por cierto, querían llevar a la nación por los “cauces que conducen al desastre y la barbarie” [9].

Juárez impidió el desastre de la Intervención y la barbarie conservadora. Aquel nos quería llevar a un segundo coloniaje. La barbarie de la reacción pretendió una regresión histórica, no solamente imponiéndole a la nación un régimen monárquico de corte preconstitucional y, en última instancia, un sistema centralista, clerical, con una religión obligatoria y oficial; una educación y un Estado sometidos a una iglesia; intolerancia religiosa. Y eliminar toda característica laica de las instituciones públicas, para erigir un Estado Unitario y teocrático. El programa de la reacción era de barbarie (y aun ahora, cuando los ultraderechistas han llegado al poder presidencial, vuelven a presentarse los síntomas de esa regresión para tratar de desmantelar las conquistas vigentes que heredamos de la época de Juárez).

Para rastrear lo que significó Juárez frente a sus adversarios y enemigos, como ante quienes convivieron con él, nada como leer “las cartas redactadas o dictadas por Juárez, pues en ellas se advierte la vibración de su personalidad, en facetas que nos son generalmente desconocidas: se desborda la ternura al referirse a sus hijos; un tranquilo amor hacia la gran compañera de su vida, Margarita; vehemencia, al

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perio francés y librar al Continente Americano del régimen monárquico antiliberal, antidemocrático y antirrepublicano. Esto a pesar de los reaccionarios y sus complicidades clericales y conservadoras, contribuyeron con la invasión para traicionar a la patria.

Estos fueron “los enemigos que aguardaban en tierra firme, complaciéndose por el naufragio de nuestra república y prestos para acudir al botín” [13]. Juárez provocó el naufragio de unos y otros y así “cuando Napoleón Bonaparte perdió ejército e Imperio en Waterloo, quedó acuñado un nuevo sinónimo de la palabra catástrofe. Medio siglo más tarde, un Waterloo americano se precipitaba sobre otro Bonaparte, Napoleón III” [13].

Pero antes Juárez rechazó, una a una, las múltiples ofertas, tentaciones políticas y hasta los constantes ultimátum para que renunciara a la Presidencia de la República. En el colmo de las estupideces de Maximiliano y sus secuaces conservadores, le ofrecían un cargo en el Imperio. Ninguna siquiera la dio por recibida para cuando menos pensarla. No aceptó tampoco condición alguna. Sus respuestas fueron

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discutir problemas políticos; rigidez e inflexibilidad al ocuparse de los grandes problemas de la patria; dignidad y decoro cuando tiene que hablar como primer magistrado de la nación; drástico, por siempre justo frente a quien lo merece, aunque sea su amigo; obediente ante la ley, suprema deidad que respeta como un tabú; es cordial y amable con los amigos de su infancia y juventud; constante y firme con sus viejas amistades. Se define como una personalidad vigorosa y sensible a diversos estímulos; diferente, por lo tanto, a la figura impasible, hierática, que nos hemos acostumbrado a concebir” [10].

No se trata de ocultar ni pasar de largo ante lo que sus adversarios y críticos señalaron como errores políticos de Juárez. Pero el balance arroja un saldo favorable con creces para el desempeño político de quien fue el Estratega de la República y con los soldados, el pueblo que lo siguió y los liberales que mantuvieron la unión (no la unidad, concepto autocrático que hace depender todo de una persona), pusieron las condiciones militares para el Waterloo mexicano a Maximiliano y “Napoleón el pequeño”. Y así aplastaron la intentona antirrepublicana francesa, lo que afianzó las ideas y la práctica republicanas en México y Estados Unidos. El plan del pequeño Bonaparte era apoderarse de nuestro país y desde aquí buscar la manera de intervenir a la también, por unos años más, naciente democracia liberal estadounidense. “El campo de batalla era México: el villano Napoleón III, emperador de los franceses, el figurón, Maximiliano, emperador de México (sic), impresionante, pero simulador y totalmente incompetente. Dos jefes de Estados americanos, inspiradores y perseverantes: Benito Juárez de México y Abraham Lincoln de los Estados Unidos; y, como valientes defensores de las repúblicas americanas destacaron dos genios de la diplomacia: Matías Romero, ministro mexicano en los Estados Unidos y William H Seward, secretario de Estado” [11].

Juárez, en el timón de la nave estatal, utilizando la metáfora de Bodino, con la ayuda de los pasajeros echando una mano, “quien a las velas, quien a las jarcias, quien al ancla” [12], fue capaz de conducir a la nación a una victoria que permanecerá, más allá de lo meramente histórico, como la gran hazaña de toda una generación al derrotar al segundo im-

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siempre tajantes contra los usurpadores y rechazadas sin la menor concesión. Es más, Juárez sostuvo que los principales cabecillas, extranjeros y nativos, que propiciaron el proyecto imperial y coadyuvaron a la Intervención, recibirían la máxima sanción. El fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía han sido, entonces y después, motivo de duras censuras a Juárez. Pero fue el precio político y legal contra quienes en ningún momento, salvo cuando ya sabían que estaban perdidos y derrotados, dejaron de perseguir a Juárez y combatir a las fuerzas republicanas. El mismo Miramón, cuando Juárez se le escapó, dejó entrever que no había para él y los reaccionarios más que “la razón de Estado” y hubiera ejecutado a Juárez. Maximiliano y los dos generales mexicanos eran los golpistas, dispuestos a echar mano “del complejo de postulados políticos favorables al príncipe y sus secuaces” [14].

Para enfrentar, adentro del país, la Intervención y la insurrección conservadora, Juárez tuvo que hacer uso de las facultades extraordinarias que le

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había otorgado el Congreso. Prolongó su ejercicio presidencial. González Ortega no garantizaba ganar las elecciones y menos mantener la defensa de la patria. Carecía de las virtudes políticas de Juárez y de su capacidad de estratega para reunir en torno suyo la mayor unión nacional y la lealtad de los mejores hombres que sirvieron al país y al Estado, sabiendo que había un hombre comprometido con el deber del Estadista para con la causa de consolidar la independencia y soberanía políticas. Juárez sabía gobernar, administrar, dirigir, convencer y conocía la naturaleza humana, con sus miserias y grandezas.

Del lado de los reaccionarios estuvieron las miserias.

Los liberales y la nación ejercieron las grandezas y fueron los combatientes por los ideales republicanos del sufragio popular, el federalismo, la rendición de cuentas…“Ha sido siempre mi ardiente deseo restablecer el imperio de la ley… Como gobernante de un pueblo libre bajo el sistema republicano, representativo, popular, federal, no debo ocultar mis operaciones oficiales. Debo dar cuenta a los repre-

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Fue Juárez el primero que postuló la liberación de la mujer mexicana: formar a la mujer es formar el germen fecundo de regeneración, la mejora social sentantes del pueblo de los actos de mi gobierno, para que conociéndose hasta qué punto he correspondido bien o mal a la confianza ilimitada que en mí depositó el cuerpo legislativo, pueda aprobarse o reprobarse mi conducta”.

Las cuentas entregadas a la nación por Juárez fueron su acrisolada honradez, el cumplimiento de sus obligaciones sin esperar ningún premio, su entrega con todos los riesgos a rescatar las instituciones de nuestra entonces elemental República, el acatamiento de la Constitución de 1857; la preservación, pues, del Estado laico con todas las consecuencias que eso significaba para construir una moral pública de sometimiento a las leyes… “Mi primer cuidado fue organizar la administración pública, nombrando a los funcionarios legítimos que se encargasen de cumplir y hacer cumplir las leyes, único medio eficaz de restablecer la moralidad en todas las clases de la sociedad”. Fue Juárez el primero que postuló la liberación de la mujer mexicana… “Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión, es formar el germen fecundo de regeneración, mejora social. Por eso es que su educación jamás debe descuidarse”.

En el resumen de las doctrinas gubernativas de Juárez [15] aparece la síntesis de su pensamiento por él mismo escrita: “Gobernar a los pueblos, son absolutamente indispensables: la capacidad, la honradez y la actividad” (el subrayado es mío). Hemos tenido, antes y después de Juárez, presidentes del montón, que no han podido no ya cruzar el umbral de la historia nacional, sino ni siquiera su propia biografía: unos han sido incapaces; otros corruptos; la mayoría ha dañado a la nación con su mal gobierno. Otros se la han pasado en la inactividad. Poquísimos han dejado algún rendimiento, nada excepcional. Todos, casi, han demandado reconocimiento a lo que no fue más que el cumplimiento de sus obligaciones y jamás nos han dado un favor como llegan a creer.

Ninguno, eso sí, como Juárez quien es el antes y el después de nuestra historia que registra más émulos

de Santa Anna, porfiritos sexenales y hasta más de dos Victorianos Huerta, que se han hecho del poder presidencial para utilizarlo como medio para sus fines personales o para ingresar como parte de los presidentes del montón.

Juárez cumplió, lo más apegado a sus facultades extraordinarias y con el mayor apego de su conducta a la legalidad del orden constitucional vigente: “Yo no soy jefe de un partido, soy el representante legal de la nación; desde el momento que rompa yo la legalidad, se acabaron mis poderes, terminó mi misión. Ni puedo, ni quiero, ni debo hacer transacción alguna; porque desde el momento en que la hiciese, me desconocerían mis comitentes; porque he jurado sostener la Constitución y porque sostengo con plena conciencia la opinión pública. Si ésta se me manifestara en otro sentido, seré el primero en acatar sus resoluciones soberanas”.

En el asunto de la opinión pública, el ya gobierno de Juárez, ratificado electoral y constitucionalmente al triunfo de la República y una vez abrogada la autocrática Ley de imprenta de Santa Anna o “ley Lares” del 25 de abril de 1853, por los nuevos Artículos 6 y 7 de la Constitución de 1857 que implantaron las modernas libertades de prensa, se dispuso a poner en vigor la disposición reglamentaria de esos artículos, expedida por el Congreso de la Unión, con el título de: Ley Orgánica de la Libertad de Prensa. Con esta se daba vuelta a la página tenebrosa de la “ley Lares” que estableció una serie de excesivas limitaciones, severas sanciones, como la clausura de los periódicos, y sobre todo: la censura previa [16].

El Congreso Constituyente (convocado el 17 de octubre de 1855 y que abrió sus sesiones el 18 de febrero de 1856 y cuyo proyecto terminado se presentó el 16 de junio de 1856) finalmente anunció el 5 de febrero de 1857 que la nueva Constitución entraba en vigor para normar la conducta de gobernados y gobernantes. El decreto para su “debido cumplimiento” se expidió el 12 del mismo febrero y año de 1857. Nada como las obras de

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Francisco Zarco, para tomar conciencia de la hazaña jurídica y sus contenidos o fines que estructuraron al Estado mexicano como un orden normativo de derecho positivo y escrito, en réplica al falso derecho natural que pregonaban los conservadores; nada, pues como de Zarco: Historia del Congreso Constituyente (1856-1857); Crónicas del Congreso Constituyente y las Actas oficiales del Congreso Constituyente (publicadas por El Colegio de México). Y claro, las Obras completas de Zarco, en 20 volúmenes (editadas por el Centro de Investigación Jorge L Tamayo, México, 1995).

Esa bibliografía mínima sobre el segundo gran momento de la Revolución de Ayutla (ésta y el Plan del mismo nombre con Juan Álvarez, son el primero). En ellos está, también, la participación del pensamiento de Juárez y en esa documentación, siguiendo la enseñanza del historiador en el sentido de que hay que “basar la construcción histórica en fuentes estrictamente contemporáneas” [17], deben rastrearse el punto de partida del Juárez que ratifica su aprendizaje en el imperio de la ley, el liberalismo político, su republicanismo y su férreo, intransigente, patriotismo. Si de Oaxaca venía ya con una formación a

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toda prueba en esos lineamientos de la ilustración universal… “Las ideas del siglo habían comenzado a hacerse oír en el Seminario” y luego en el Instituto de Ciencias y Artes”, con su participación desde Ayutla fue madurando conforme a lo que fue siempre en él, en los términos weberianos: un inmenso e intenso trabajo de autoeducación política, para colaborar en la educación política de la nación. Así fue que Juárez adquirió la “madurez política, o sea de su nivel de conciencia y de su capacidad para plantear los intereses permanentes de potencia, económicos y políticos, de la nación, más allá y por encima de toda consideración” [18].

Resulta que cuando Juárez, a fines de 1829, abandonaba el Seminario, en el que estuvo a falta de otra opción para estudiar, para inscribirse en el bachillerato de derecho en el citado Instituto, trabó amistad con Miguel Méndez, quien “producía asombro por su talento y aprovechamiento (como por su información)” y quien ya conocía las doctrinas liberales, alentando a todo el grupo de próximos abogados a intervenir en la lucha política del estado y del país.

Fue una amistad que contribuyó para que Juárez se afianzara en su pensamiento moderno y progresista.

El 13 de enero de 1834 Juárez recibe el título de abogado. Para lograr su graduación, hubo de presentar sus exámenes el 30 de julio de 1829, donde expuso y defendió que “los poderes constitucionales no deben mezclarse en sus funciones; debe haber una fuerza que mantenga la independencia y el equilibrio de los poderes; esta fuerza debe residir en el tribunal de la opinión pública”. Y el 12 de agosto de 1830, sostuvo otras dos tesis: “La elección directa es más conveniente en un sistema republicano y las elecciones se hacen tanto más necesarias, cuanto más ilustración haya en el pueblo” [19].

No quitaba Juárez el dedo del renglón democrático: someterse a la opinión pública, como tribunal político de última instancia. Eso lo hizo comprender más la función del Congreso, el proceso electoral (entonces indirecto); el papel de los representantes en los órganos del Estado y, sin lugar a dudas, el ejercicio de las libertades por los ciudadanos (“…a nadie, decía, se ha molestado en el pleno goce de su libertad”) y la libertad de prensa como conquista de la nación, en cuanto sociedad civil constituida individual y colec-

tivamente por el pueblo triunfante en su constante tarea de liberalización.

Con todo, la nueva libertad jurídica de manifestación de las ideas y la de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia sin previa censura, fue considerada, con justas razones y fundados argumentos, por Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y Zarco, entre otros liberales que exigían la máxima libertad de prensa y mínimas e incluso ninguna sanción ni penal ni civil a “los excesos de la prensa. En memorable y actual, impecable e implacable razonamiento, Zarco escribió el 14 de enero de 1868, un mes antes de que entrara en vigor la ley orgánica de libertad de imprenta: “Los principios verdaderamente progresistas, eran para el gobierno de entonces y para muchos liberales, peligrosas utopías. La prensa, libre de toda traba, les parecía un ariete contra la sociedad, un riesgo para las instituciones, un arma terrible contra la paz pública, contra la moral y contra la familia. La doctrina de que no habiendo delitos de opinión, no hay delitos de imprenta; y de que para los excesos de la prensa no hay más correctivo que el de la misma prensa, causaba escándalo y se calificaba de verdadera locura.”

Y en un párrafo anterior, Francisco Zarco puntualizaba, refiriéndose a la ley reglamentaria de los artículos 6 y 7 de la Constitución de 1857: “Liberales como son estas prevenciones constitucionales, más liberales sin duda que las de todas las constituciones anteriores a la de 1857, tienen todavía mucho de restrictivo, y lo peor es, que las restricciones son demasiado vagas y por lo mismo puede dárseles una latitud contraria a la libertad. Al establecimiento de estas restricciones se opuso la minoría progresista que en el Congreso Constituyente defendió la abolición de la pena capital, la libertad de cultos y el juicio por jurados” [20].

La revisión de las principales medidas de Juárez como jefe de gobierno (la Presidencia mexicana reúne en un individuo la de jefe de Estado y jefe de gobierno), muestran a un gobernante que no ha sido siquiera igualado por quienes le siguieron y superó con creces a sus antecesores. Sobre todo en eficacia administrativa, honradez en el manejo de los dineros de la hacienda pública, la organización del poder Judicial, el restablecimiento de los poderes de los Es-

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tados y los municipales. El apego a la legalidad y su constancia en legitimarse por vía electoral. Y su patriotismo fue intachable. Los reaccionarios y conservadores, de ayer y de hoy, no aceptan las conquistas del Estado laico, la libertad de creencias, la educación laica y gratuita. Nunca estuvo Juárez al margen de las críticas, de sus propios correligionarios, de sus adversarios y sus enemigos. Su tratamiento del problema indígena (“lo que no vio Juárez”, escribió Narciso Bassols), es una de las dos o tres críticas que no deben pasarse por alto y menos tratar de justificar no obstante que lo hizo para sacarlos del atraso con una modernización sin atender las aristas de los pueblos indígenas.

Con todo y eso Juárez, el hombre de Estado, de un Estado liberal en lo político e inaugurando un liberalismo económico del capitalismo racional (y no del “capitalismo prerracionalista conocido en el mundo desde hace cuatro milenios y, en particular, del capitalismo de aventureros y de rapiña enraizado sobre todo como tal en la política”) y que los actuales “neoliberales” han cambiado por el capitalismo salvaje, masivamente empobrecedor, nacido “bajo la sentencia thatcheriana: there is no alternative. No hay

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ninguna alternativa a la privatización, al reino de los mercados financieros y de las empresas transnacionales, a la disminución de los poderes del Estado y al incremento sin precedentes de las desigualdades y de la precariedad, en los países llamados ricos y aún más masivamente en el Sur. No hay alternativa alguna al ajuste estructural, esa mezcla económica-teológica, una sola y misma doctrina que mata” [21].

Por ello podemos concluir que, “sirviéndonos de una imagen fantástica, si después de milenios pudiésemos salir de la tumba, en presencia de las generaciones futuras, buscaríamos huellas remotas de nuestra generación”, escribió el clásico de la sociología Max Weber. Las huellas de la época que vivió Juárez, a través de las conquistas de su Generación y la nación republicana, están en la actual Constitución Política (que reformó a la de 1857, si atendemos a su expedición [22] y que están en la mira de los nuevos reaccionarios ultraderechistas, neoliberales y serviles del fondomonetarismo para introducirle a la Ley Fundamental contrarreformas antiliberales y para desmantelar al Estado de todos los principios juaristas: tolerancia religiosa, enseñanza laica, separación del Estado y las iglesias y demás postulados esbozados en este examen biográfico del estadista Benito Juárez.

Referencias: [1] Randolph Starn, Metamorfosis de una nación. Los historiadores y la crisis (ensayo del libro El concepto de crisis, Ediciones Magápolis, Argentina 1979.

[2] Walter V Scholes, Política mexicana durante el régimen de Juárez, 1855-1872, FCE. [3] Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México, Editorial Hermes, México, 1959.

[4] Ídem.

[5] Francisco Zarco, Obras completas, Centro de Investigación Científica Jorge L Tamayo, AC, México, 1993.

[6] Ídem.

[7] Niall Ferguson y otros autores, Historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si…?, Editorial Taurus, España, 1998.

[8] D Snowman, editor, “If Had Been…Ten Historical Fantasies”, Londres, Inglaterra, 1979.

[9] Herbert A L Fisher, Historia de Europa, Editorial Sudamericana, Argentina, 1946.

[10] Jorge L Tamayo, Epistolario de Juárez, Ediciones políticas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1984.

[11] Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna, Napoleón III y México, Fondo de Cultura Económica, México, 1973.

[12] Jean Bodino, Los seis libros de la república, Aguilar Ediciones, España, 1973.

[13] Ídem [14] Hans Kelsen, La ragione si Stato de Maquiavelo (en su libro: Teoría general del Estado, Editorial Labor, España, 1934.

[15] Angel Pola, Notas a Juárez, gobernador de Oaxaca, en el libro Benito Juárez. Exposiciones. Cómo se gobierna, publicado por la imprenta de F Vázquez, Calle Tacuba número 25, México, 1902, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1987.

[16] Florence Toussaint Alcaraz, Teodosio Lares, ensayo con introducción y compilación, Edición Cámara de Senadores, México, 1987.

[17] Lepold von Ranke, Pueblos y estados en la historia moderna, Fondo de Cultura Económica, México, 1948.

[18] Max Weber, Escritos políticos, Folios Ediciones, México, 1982.

[19] Anastasio Zerecero, op cit.

[20] Francisco Zarco, Obras completas, tomo XV. [21] Susan George y Martin Wolf, La globalización liberal, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002.

[22] Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México: 1808-2000, Editorial Porrúa, México, 2000.

Las huellas de la época que vivió Juárez, a través de las conquistas de su Generación y la nación republicana, están en la actual Constitución Política, ahora amenazada

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

VOLVAMOS A VOLTAIRE PARA ENFRENTAR INTOLERANCIAS Y CENSURAS ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

A Francois-Marie Arouet (1694-1778), mejor conocido con el alias de Voltaire, se le ha adjudicado la célebre frase en las dos versiones con las que ha circulado al pasar del tiempo: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho para decirlo”. O la otra, más conocida y citada que dice: “Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo”. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración; pero en primer lugar, no fue Voltaire su autor, sino que la dedujo de sus estudios sobre ese pensador francés de dimensión universal su biógrafa británica: Evelyn Beatrice Hall (1868-1956), quien la escribió tal como aparece en la primera versión. Y quien utilizó el seudónimo “Stephen G Tallentyre” para firmar sus seis libros sobre Voltaire, entre los que está: Los amigos de Voltaire –ninguno traducido al español, así es que sólo dominando el idioma de Shakespeare es posible platicar con ella para conocer sus trabajos–; y que nos lleva a encontrar una pista más sobre quien nos abrió las grandes avenidas para la tolerancia política, social, sexual.

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III. En la colección Aprender a pensar II. Además de la tolerancia en y que nos recuerda la divisa de Kant: para las libertades y derechos, para “¡Atrévete a pensar!”, se ha publicado combatir las injusticias, censuras y una biografía de Voltaire, con texto de abusos del poder económico y político.

Adrián Ratto, que ofrece una apretadíSobre su obra enraizó la Revolución sima síntesis de ese pensador francés de de 1789: la de los derechos del homuna originalidad innovadora que conbre y del ciudadano. Y el final de las tribuyó a la irrupción de la Revolución monarquías preconstitucionales, afeFrancesa de 1789. Y quien murió en rradas al derecho natural o derecho 1778; unos años antes de ese alumbradivino de los reyes y del absolutismo miento social, político, económico y despótico (John Nevilla Figgis, El cultural de gran trascendencia derecho divino de los reyes, FCE; mundial. Cito también traducción de Edmundo aquí la biografía de John O’Gortman). Así que Compilador: Sebastián Morley: Voltaire, la concon la nueva barbarie Escámez Navas ciencia del poder de la iluscriminal, la intolerancia Título: El pensamiento liberal tración y los derechos de la religiosa, el rechazo a contemporáneo sobre inteligencia humana. Y en la las migraciones de quietolerancia biografía de divulgación nes huyen de la opresión Editorial: UNAM, aquí comentada, el lector política y la pobreza; los 2014 encontrará la invitación a rasconflictos raciales; las centrear más libros de los 80 volúmesuras a las libertades de informar, nes que escribió Voltaire; los cuales nos criticar y de opinar, etcétera, se hace servirán para aprender a luchar contra necesario volver a Voltaire. Quien las intolerancias, avivando el respeto hizo de las libertades, la tolerancia, la por los demás en un plano de igualdad. igualdad, la laicidad y la supresión de Voltaire defendió las injusticias de su la tortura, la columna vertebral de su tiempo; y su obra es de indispensable obra; y abrió el camino a los derechos lectura para fortalecer la cultura dede la mujer y el hombre (“todos somos mocrática, en momentos cuando la iguales, sólo nuestras máscaras son diintolerancia renace con gran virulencia ferentes”). Proponiendo la educación y desde la discriminación racial, sexual y difusión del conocimiento y exigiendo económica, con las constantes trabas al ajustar el relato histórico “a la razón y ejercicio de los derechos. los hechos, para la veracidad”.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2018

Año 17 • Número 614 • $30