Contralínea 528

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2017

Año 15 • Número 528 • $30

OPINIÓN NUESTROS LECTORES

DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES

PGR ALIENTA LA IMPUNIDAD

EN CASO AYOTZINAPA

INFORMACIÓN Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx EDICIÓN Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx WEB Gonzalo Monterrosa info@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa samuellaravilla@gmail.com Ariel Noyola noyolara@gmail.com Adrián Ramírez presidencia.limeddh@gmail.com ASISTENTE WEB Armando Covarrubias ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 SUSCRIPCIONES Y VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF 4

27 de febrero de 2017

El pasado 9 de enero de 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres y a las madres de las víctimas del caso Iguala los resultados de la investigación interna iniciada por las irregularidades en la indagatoria que detectó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica en la indagatoria. La resolución entregada a las familias es limitada y parcial, lo que desde nuestra perspectiva constituye un alarmante mensaje de impunidad que debilita al estado de derecho.

Entre las irregularidades detectadas por el GIEI estuvo el señalamiento de que existieron actuaciones en la investigación que no fueron reportadas dentro del expediente. En su Segundo Informe presentado el 24 de abril de 2016, el GIEI reveló un video donde se aprecia que el 28 de octubre de 2014 el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, trasladó ilegalmente a

un detenido al Río San Juan, le interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia.

Dicho detenido presentó posteriormente huellas de maltrato. Esto resulta sumamente relevante puesto que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis oficial: en el lugar escenario de las actuaciones irregulares se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.

Después de la revelación del GIEI, la PGR se comprometió a realizar una investigación interna exhaustiva y expedita a cargo del entonces visitador general de la institución, César Alejandro Chávez. Dicha investigación no fue concluida en los tiempos anunciados a las familias, lo que incluso derivó en la suspensión de la interlocución entre éstas y las instancias federales.

Posteriormente, diversos trabajos periodísticos –Reforma, Aristegui Noticias, Proceso, Anabel

Hernández y The New York Times– revelaron que el visitador había realizado un proyecto de resolución que de manera inédita señalaba las graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal por la “posible trascendencia penal” de dichas actuaciones ilegales. Los reportes de la prensa indicaron también que justamente fue por el contenido crítico del trabajo de la propia institución que el proyecto no fue aprobado, lo que derivó incluso en la salida del visitador Chávez de la PGR. Hoy, a casi 10 meses de las revelaciones del GIEI se ha hecho pública la resolución final de la PGR, es claro que el proyecto avanzado por el anterior visitador fue recortado en sus principales alcances para generar una conclusión que de forma inaceptable convalida graves violaciones al debido proceso y con ello fomenta la ilegalidad. Al omitir toda referencia al derecho internacional de los derechos huma-

NUESTROS LECTORES

nos, al considerar legales detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar a Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el Río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río, sin duda la resolución encubre severas ilicitudes.

La relevancia que pudiera tener esta resolución se diluye al sólo proponer el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves, dejando de lado el inicio de investigaciones penales; de esta manera también se alienta la arbitrariedad de las policías de investigación, pues se les permite situarse al margen de las obligaciones básicas de respeto al debido proceso y de su sujeción al ministerio público.

En suma, la resolución realizada por la visitadora Adriana Campos, ya dentro de la administración del procurador Raúl Cervantes Andrade, abona a la impunidad y violenta al estado de derecho. No sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias, como la Visitaduría General, carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica. Estas deficiencias deberán ser tomadas en cuenta en las discusiones

sobre el diseño de la nueva Fiscalía General de la República.

En este mismo sentido, no debe pasarse por alto que al quedar algunos de los procedimientos administrativos por iniciarse en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, hoy encabezada por Arely Gómez –quien como procuradora de la República tuvo a su cargo tanto a César Chávez como a Tomás Zerón– su desenlace pondrá a prueba las recientes reformas al Sistema Nacional Anticorrupción.

La decepcionante resolución de PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho desde la sociedad civil y la academia. Esperamos que esta decisión pueda ser revisada en las instancias judiciales correspondientes y que se transparenten todos los procedimientos administrativos y sus resoluciones, de modo que esta determinación no constituya un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y verdad para este importante caso. Recordamos que la cabal resolución del caso Ayotzinapa sigue siendo no sólo del interés de las víctimas sino de todo México.

Aleida Calleja; Carolina Pimentel; Daniel Gershenson; Guadalupe Barrena; Jacobo Dayán; Layda Negrete; Luis Daniel Vázquez; Maite Azuela; Margarita

Griesbach; Alarbo; Causa en Común; Centro de Análisis e Investigación Fundar; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro Diocesanos para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro Nacional De Comunicación Social; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Fray Juan de Larios; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; I(dh)eas Litigio Estratégico; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, Puebla; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Justicia Pro Persona; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; México Unido contra la Delincuencia; Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana; Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Iberoamericana, Torreón; Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, Guadalajara; R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana)

OPINIÓN

Demandan transparencia en elección de titular de la CEAV Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana; senadores y senadoras Por este medio nos dirigimos a ustedes en relación con el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En tal sentido, queremos hacerles llegar una serie de inquietudes y preocupaciones en relación a este tema.

Por la importancia tanto del proceso como del cargo, las organizaciones firmantes consideramos fundamental que se respete lo establecido en el artículo 85 y el transitorio quinto de la Ley General de Víctimas, y que también se retomen las mejores prácticas relacionadas con procesos transparentes, incluyentes, participativos y certeros. Por ello, de manera inicial hemos participado de forma activa en el proceso de selección del o la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, haciendo llegar nuestra propuesta a través de las vías establecidas.

La Ley General de Víctimas vigente prevé que en el proceso de selección se garantice “el respeto a los principios que dan marco a [la]Ley [General de Víctimas], especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.” Asimismo, la Ley señala que debe realizarse una consulta pública, www.contralinea.com.mx

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al menos, con tres sectores: con víctimas, expertos/as y organizaciones de la sociedad civil. El primer párrafo del quinto transitorio de la última reforma a esta legislación, prevé lo siguiente: Quinto. Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, remitirá al Senado de la República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo 3 años.

En virtud de que a la fecha no tenemos conocimiento del curso que ha tomado el proceso de selección, con fundamento en los artículos Primero, Sexto y Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley General de Víctimas, le solicitamos respetuosamente lo siguiente: -Que se nos informe la lista de personas que fueron propuestas para ocupar la titularidad de la CEAV y quiénes fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y/o expertos/as que les propusieron.

-Que se nos explique –independientemente de lo que está establecido en las bases de la convocatoria publicadas en el Diario Oficial 6

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de la Federación que contiene las reglas generales del proceso– cuáles son los pasos, tiempos y criterios que se están siguiendo para elegir la propuesta de candidato/a que será enviada por el ejecutivo al poder legislativo y que de la misma manera el Senado informe el proceso que seguirá para concluir la elección del o la próximo/a titular de la CEAV. -Que se nos explique de qué manera tanto el Ejecutivo como el Legislativo van a garantizar un proceso transparente, inclusivo y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, expertos/as y organizaciones de la sociedad civil.

Para las y los firmantes, es fundamental que el proceso de selección de la persona titular de la CEAV, sea transparente, inclusivo y que se nos permita participar en el mismo. De igual manera, resulta fundamental que la persona propuesta cumpla con el perfil idóneo para ejercer tan alta responsabilidad. Consideramos que la consulta no se agota con proponer a una persona, sino estar al tanto del proceso de selección, participar del mismo y que tal participación sea efectivamente tomada en cuenta en la decisión final.

En este sentido, solicitamos al Ejecutivo que antes de someter la propuesta al Senado, se haga un escrutinio público del perfil de la persona en el que participen organizaciones, colectivos y personas expertas. Ello podría hacerse, al menos, a

través de la revisión de los documentos y trayectorias de la misma así como a partir de entrevistas públicas. De la misma manera solicitamos al Senado que una vez recibida esta propuesta, se lleve a cabo un escrutinio público con las mismas características.

Consideramos que el perfil de la persona a elegir debe cumplir no solamente con los requisitos establecidos en la convocatoria, sino que se debe buscar a la persona, cuya trayectoria, experiencia y honorabilidad en el trabajo con las víctimas, garantice un mejor ejercicio al frente de la CEAV. Finalmente, no obsta señalar que la excepcionalidad de este proceso podría dar lugar a acciones discrecionales, si no se garantiza de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos y supuestos mencionados previamente.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su pronta respuesta y aprovechamos la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

Atentamente, Consuelo Morales Elizondo; Irma Rosa Martínez Arellano; Julieta Patricia Tello Alfonso; Laura Elena Gutiérrez Robledo; Nicomedes Fuentes García; Pablo Romo Cedano; Pilar Noriega García; Artículo 19; Bowerasa; Haciendo Camino; Casa del Migrante Saltillo Frontera con Justicia; Casa Xitla; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua; Centro de Derechos Humanos de la

Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro Nacional de Comunicación Social; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Derechos de la Infancia y la Adolescencia; El Barzón Chihuahua; Ecos de Mirabal; EQUIS Justicia para la Mujeres; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, regiones Laguna, Sureste y Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; Fundación para el Debido Proceso Legal, con el apoyo de Washington Office on Latin America (WOLA); Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Abogadas Demócratas; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Grupo Feminista Ocho de Marzo de Chihuahua; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Indignación, Promoción y Defensa de los

Derechos Humanos; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla; Mexicanos en el Exilio; Movimiento Insurgencia Magisterial de la ciudad de Chihuahua; Mujeres Barzonistas; Observatorio Designaciones Públicas; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana; Red por los Derechos de la Infancia en México; Scalabrinas Misión con Migrantes y Refugiados;Tierra Nativa;Transforma; Uno de Siete Migrando y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana)

Vivo, el ejemplo de Gumaro Amaro Ramírez Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.

Y no se extinguirá la hora en que caísteis, aunque miles de voces crucen este silencio.

La lluvia empapará las piedras de la plaza, pero no apagará vuestros nombres de fuego.

Siempre Pablo Neruda

Veintiocho años han pasado desde que las detonaciones de arma de fuego nos estremecieron, una vez más nuestro pueblo pagaba con sangre su anhelo de libertad. Cayó un hijo digno de nuestro pueblo, que creció en el trabajo diario desde niño, se formó en el estudio tenaz de las mejores ideas de su época, se comprometió con las más dignas causas y trabajó por hacerlas realidad.

Nuestro compañero Gumaro en la práctica siempre fue consecuente con sus ideas. Preocupado por las condiciones de miseria y explotación de nuestro pueblo, emprendió una lucha sin cuartel al lado amas de casa, estudiantes, colonos, obreros y campesinos. A todos ellos les enseñó la necesidad de organizarse y los acompañó en la lucha en contra de su enemigo de clase, la burguesía. La represión sobre él fue constante, cruel, despiadada.

Aun así avanzó, nunca dudó.

Pero vino el estado con sus chacales. Buscaban al estudiante de derecho y de artes plásticas, al antropólogo, al economista; buscaban al inquieto deportista de futbol americano y natación; buscaban al padre de familia amoroso; buscaban al hijo, al hermano; buscaban al buen amigo. Hasta aquí llegaron porque querían borrar su ejemplo “peligroso”; de colono organizado, de estudiante rebelde, de obrero y campesino combativo y revolucionario.

Venían llenos de coraje los cobardes asesinos.

No era la primera vez, ya sabían que era valiente, ya sabían que no daría un paso atrás, sabían que no lo podían frenar con amenazas porque ya lo habían amenazado, sabían que no cedería ante la tortura porque ya lo habían torturado.

Lo que no entendían y nunca entenderán es que lo sostenía un sólido amor al pueblo, una fe absoluta en la libertad y una conciencia de clase a toda prueba.

Fueron nueve las balas mortales que impactaron su cuerpo de apenas 37 años.

Así quisieron borrarlo de la historia, sembrar terror entre sus compañeros para por fin poder subyugarlos, así pretendían borrar de la memoria su ejemplo y sus enseñanzas. Y es verdad, los perjuicios inmediatos de la ejecución los recibieron quienes formaban parte de los múltiples proyectos impulsados por él, así como su familia; sin embargo las muestras de cariño, coraje e indignación se mostraron en las múltiples acciones políticas de masas que exigían ¡castigo a los culpables!

Desde ese día terrible, funesto, indignante en que lo arrancaron de nuestras vidas, en que nos quitaron sus manos trabajadoras, sus consejos serenos, su mirada firme, nuevas generaciones se siguen formando a la luz de su ejemplo, hombres y mujeres dignos siguen ocupando las calles, jóvenes rebeldes con manta y panfleto en mano defien-

den la educación, obreros consientes aún levantan la voz y el puño, campesinos organizados defienden la tierra en distintos puntos de nuestra patria y los muros siguen pintados con las consignas del pueblo que lucha por libertad y justicia.

Decimos: ¡no has muerto camarada! En cada manta, en cada consigna, en cada grito, en todas las marchas y mítines sigues vivo; en las aulas universitarias, en las colonias, en las fábricas y el campo aún se escucha tu nombre; tu ejemplo sigue siendo guía y luz de nuestra práctica, tu recuerdo sigue inspirando sueños y anhelos de libertad.

Te decimos, camarada, ¡no descansaremos hasta hacerte justicia!, somos el pueblo en lucha que no calla, no perdona y no olvida, continuaremos la digna lucha por la construcción del socialismo. ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados! ¡Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Hombro con hombro, codo con codo; el pueblo les exige: preséntenlos a todos! ¡Nuestros compañeros no son delincuentes; su único delito es ser consecuentes! ¡Venceremos!

Fraternal y combativamente, Frente Nacional de lucha por el Socialismo www.contralinea.com.mx

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CONTENIDO

OPINIÓN 4 NUESTROS LECTORES 10 OFICIO DE PAPEL ALGUIEN QUIERE APROPIARSE EL DINERO DE LA REINA DEL PACÍFICO Miguel Badillo 12 ZONA CERO POLICÍAS PRIVADAS, BOMBA DE TIEMPO Zósimo Camacho 14 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PLATAFORMAS: TRASNACIONALES DAÑAN ERARIO DE PEMEX Nancy Flores 16 CONTRAPODER BELTRONES: GOBERNABILIDAD POR COALICIÓN PARA 2018, CON JEFE DE ESTADO Y JEFE DE GOBIERNO Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 18 DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES EN EL INAH Roberto E Galindo Dominguez 20 SOBERANÍA Y UNIDAD NACIONAL COMPETEN AL PUEBLO Martín Esparza Flores 22 LOS AGRARISTAS DE BACA Guadalupe Espinoza Sauceda 24 REMEDIOS COMERCIALES DE TRUMP SE BASAN EN UN MAL DIAGNÓSTICO Jomo Kwame Sundaram/Inter Press Service 26 LAS TIERRAS INDÍGENAS REÚNEN 80 POR CIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Baher Kamal/Inter Press Service 28 UN SISTEMA GANGSTERIL Xavier Caño/Centro de Colaboraciones Solidarias

INVESTIGACIÓN 30

PORTADA Los niños de una sociedad criminal José Réyez

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RENDICIÓN DE CUENTAS Pemex gasta 3.4 mil millones de pesos en refinería fantasma Nancy Flores

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RENDICIÓN DE CUENTAS Sedena compra acero con sobreprecio de 220 por ciento Zósimo Camacho

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LÍNEA GLOBAL Uruguay: feminicidios no ceden Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina

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LÍNEA GLOBAL Afectados por la minería alzan su voz en Sudáfrica Mark Olalde/ Inter Press Service

MISCELÁNEO

Fotografía de portada: 123RF

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SOCIEDAD BETA Donald Trump y sus nombres de dominio Gonzalo Monterrosa

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EX LIBRIS Fuentes históricas de la Constitución de 1917 al cumplir su centenario Álvaro Cepeda Neri

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número 528, del 27 de febrero al 5 de marzo de 2017– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certifi cado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98,

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colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 24 de febrero de 2017. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

ALGUIEN QUIERE APROPIARSE EL DINERO DE LA REINA DEL PACÍFICO MIGUEL BADILLO

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ecluida 7 años en una prisión de alta Unidad de Inteligencia Financiera; además, orseguridad, acusada por delitos de delin- ganismos internacionales como la OFAC (Oficicuencia organizada (liderar una banda na Federal para el Control de Activos del Tesoro del narcotráfico) y lavado de dinero producto del trá- estadunidense) han advertido a los bancos que fico de drogas, Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina deben fiscalizar a sus clientes a fin de evitar el del Pacífico, recuperó su libertad hace 2 años des- blanqueo de capitales. Según Ávila Beltrán, el dipués de que un magistrado la absolviera por “fal- nero en su poder es lícito, producto de actividades ta de pruebas”; sin embargo, jueces y banqueros empresariales.

Un segundo caso en contra de Ávila Beltrán impiden ahora que recupere todos sus derechos ciudadanos por el estigma social de que es “una ocurrió apenas hace unos días, cuando el juez persona muy peligrosa” y que su dinero proviene cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó liberar sus cuentas de la relación con cárteles de la droga.

Primero, la presidencia de la Comisión Na- bancarias bajo el argumento de que “no acreditó ser la titular de las miscional para la Defenmas”. sa y Protección de Las instituciones financieras insisten Por supuesto que los Usuarios de los Servicios Financieros en negarle a Ávila Beltrán sus servicios. ésta no sería la primera (Conducef), a cargo de Tampoco le quieren devolver el dinero vez en donde la banca, en colusión con miemMario Di Costanzo, que manejaba en diversas cuentas bros del Poder Judicial, recibió el año pasado impiden a propietarios una queja “por discriminación de la banca”, al negarle a la empresaria de cuentas bancarias retirar bienes y recursos que Sandra Ávila la prestación de servicios financie- dejan a resguardo de organismos financieros, con ros. El abogado que entregó dicho recurso acre- el propósito de apoderarse de ellos. Hay muchas ditó ser el representante legal de la llamada Reina historias de corrupción y abuso por parte de la banca, y cuando hay un cliente polémico como del Pacífico.

Pero las instituciones financieras que insisten Sandra Ávila Beltrán, quien a pesar de haber sido en negarle a Ávila Beltrán servicios como aper- absuelta tiene que enfrentar el estigma de la incritura de cuentas, expedición de chequeras y hasta minación, pues las condiciones son aprovechadas el uso de tarjetas de crédito y débito, argumentan para abusar de ella.

De acuerdo con la resolución judicial, en que de aceptarle realizar operaciones financieras podrían recibir alguna sanción de las autoridades más de 1 año Ávila Beltrán no exhibió el confiscalizadoras del país, que en este caso serían la trato bancario que la acredite como titular de las Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la cuentas. Además advierte que el Servicio de Ad-

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ministración y Enajenación de Bienes y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no notificaron a Sandra Ávila las respuestas a sus solicitudes sobre la liberación de las cuentas. Lo que hace parecer entonces una chicana legaloide para evitar que esta mujer recupere sus recursos.

Han habido muchos casos documentados por la prensa sobre abusos y maltratos de la banca a los clientes, pues es común que los servicios financieros también sean negados a quienes aparecen en las listas de las personas políticamente expuestas (Ppes), elaboradas por las autoridades financieras.

Lo preocupante de estas acciones es que las autoridades poco o nada hacen para solucionar estos abusos de las instituciones financieras, las cuales además de dar un pésimo servicio a la población, se arrogan el derecho de rechazar a quienes las autoridades hacendarias consideran como Ppes, de tal manera que gobierno y banca abusan de los usuarios en lugar de perseguir en realidad a los verdaderos blanqueadores de dinero sucio, que en la mayoría de los casos son los propios prestadores de servicios financieros, quienes ocultan y protegen las cuentas bancarias que son abultadas con dinero del narcotráfico, de la corrupción gubernamental y de los grandes fraudes financieros.

Nos cuentan que el abogado de Ávila Beltrán que interpuso la queja en la presidencia de la Conducef señala a varios bancos, pero el principal es Citibanamex. La pregunta es si la banca tiene el derecho o las bases legales para negarle el servicio a una empresaria que ya fue exonerada por la autoridad judicial, y aún más considerarla como “un riesgo” y una “publicidad negativa” para aquel que se atreva a prestarle servicios financieros.

Puntos suspensivos… A menos de 2 años del próximo cambio de gobierno, Enrique Peña Nieto mueve sus piezas en busca del próximo aspirante a la Presidencia de la República. Eso explicaría la petición que hizo al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, para que se manten-

OPINIÓN

CUARTOSCURO

OFICIO DE PAPEL

ga en el cargo hasta noviembre próximo. En esos cambios comentados en los pasillos del poder, se consideraría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para sustituir a Carstens. La razón es que el funcionario no tiene la militancia priísta y se le vincula más con grupos panistas, aunque ha demostrado su lealtad a Peña Nieto y al canciller Luis Videgaray. Si este movimiento se da en el gabinete, Meade quedaría fuera de la carrera presidencial y dejaría la vía libre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para convertirse en el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Para sustituir a Meade en el manejo de las finanzas públicas, el presidente estaría considerando a José Antonio Fernández, desmantelador general de Pemex, y en su lugar al frente de la exparaestatal se ha pensado en el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola. El problema que tiene Peña y su partido es la falta de un buen candidato que, además de ser popular y conocido por sus buenas acciones, pueda mantener el poder para el próximo sexenio; pues hasta ahora es el candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien va arriba de todas las encuestas, con los aspirantes panistas en segundo lugar y hasta el tercero, el PRI.

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OPINIÓN ZONA CERO

POLICÍAS PRIVADAS BOMBA DE TIEMPO ZÓSIMO CAMACHO

N

De acuerdo con el más reciente informe de la adie sabe cuántas corporaciones policiacas privadas existen, qué servicios ofrecen Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Seni de cuántos elementos disponen. Así cretaría de Gobernación (Segob) no ha concluido viene el asunto desde el foxismo. Con el caldero- el proceso de registro de las empresas de seguridad nismo y su “guerra”, el número de empresas que privada. Pasan los sexenios y la promesa de “pose aventuraron a ofrecer servicios de protección se ner orden” en ese sector nunca se concreta.

El máximo organismo de fiscalización del país incrementó exponencialmente: con tantos secuestros, asesinatos y extorsiones, el éxito comercial encontró que en el Registro Nacional de Emde estas compañías estaba asegurado. Y es que la presas, Personal y Equipo de Seguridad Privada protección ya no la necesitaron sólo los potenta- que ejecuta la Segob, a julio de 2016, ha quedados. Integrantes de las clases medias también bus- do asentada la existencia de 1 mil 168 empresas que laboran en el ámbito federal, con 80 mil 788 caron proteger su vida y su raquítico patrimonio.

Las empresas brotaron sin control alguno y elementos de “personal operativo”, 44 mil 684 arrebasaron a las autoridades. Van desde aquellas mas y 12 mil 50 vehículos. Y se han contabilizaque ofrecen veladores y escoltas hasta las que ven- do 4 mil 43 empresas con 282 mil 924 elementos “operativos” de las que den protección de los sistemas de cómputo No es el amplio espectro de servicios prestan servicios a nivel contra los hackers. Y lo que preocupa, sino la negligencia de las estatal. Hasta ahí van las cuentas y no se ve en ese abanico de posiautoridades: ni siquiera llevan la cuenta de para cuándo conclubilidades están las que yan. blindan carros, cuidan las policías privadas que aparecieron Pasan los años y el inmuebles, rastrean vehículos de manera satelital, instalan cámaras, registro no está completo. Pero no es lo peor. Los proveen de botones de pánico, ofrecen servicios auditores encontraron que no se acreditó “que la información fuera utilizada para dar cumplimienparamédicos de emergencia…

No es el amplio espectro de servicios que ofre- to a funciones de supervisión, control, vigilancia y cen y que ha rebasado al ámbito jurídico lo que evaluación de los prestadores de servicios de segupreocupa, sino la negligencia de las autoridades ridad privada”.

La misma Segob se llevó una sorpresa en sus que ni la cuenta llevaron de las “policías” privadas que aparecieron. También preocupa que, ante la escasas 313 visitas de supervisión a las empresas: falta de regulación y la omisión gubernamental, la sólo 38 (el 12.1 por ciento) acataron las obligaciogran mayoría de estas empresas no cuenta con la nes establecidas en la normativa. La amplia macertificación profesional (de la oficial ni hablamos) yoría, 275 (el 87.9 por ciento), incumplió con los que acredite su capacidad para proporcionar lo requisitos.

Pese a todo (o tal vez a causa de ello), resulta servicios que dice vender.

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ZONA CERO

que la Segob ejerció apenas el 59.8 por ciento del presupuesto que se le asignó precisamente para atender el “problema público” (así se le llama en la auditoría) de las empresas de seguridad privada.

La Cámara de Diputados le asignó un monto de 76 millones 603 mil 600 pesos para el programa presupuestario E905 Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito. La Segob sólo ejerció 45 millones 789 mil 700 pesos. Ante su incapacidad,

OPINIÓN

cuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”.

El escenario todavía puede ser peor. Ojalá el “control” llegue antes de que integrantes o exintegrantes de estas policías privadas sean pillados cometiendo actividades ilícitas en ámbitos en los que supuestamente son expertos: manejo de armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, espionaje cibernético, rastreo de vehículos y personas, blindaje ilegal de vehículos…

Se le acaba el tiempo a la Segob. Que reaccione antes de que un escándalo mayor la haga reaccionar. ¿O de eso se trata?

Fragmentos

123RF

Hoy concluye, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la V Convención Nacional Popular. Han sido 2 días de trabajos en los que se han discutido los grandes problemas por los que atraviesa México, destacadamente la desaparición forzada de los 43 normalistas de esa normal y de las decenas de miles más, las reformas estructurales y el encarcelamiento de luchadores sociales. La V Convención, junto con otros esfuerzos sociales también apartidistas, busca construir un programa político y un plan de lucha para resistir el despojo y generar nuevos caminos para un México mejor. Los anfitriones, el H Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón junto con las otras organizaciones convocantes muestran que los caminos de la izquierda social van a contracorriente de la “izquierda” electoral.

habría tenido que reintegrar a la Tesorería de la Federación el 40.2 por ciento de lo que le había sido asignado para la ejecución del mencionado programa, es decir, 30 millones 813 mil 900 pesos.

Aunque la ASF busque ser condescendiente con el desastre encontrado, el dictamen es contundente. Señala que en el periodo revisado: “se desconoció el universo de empresas que operan en territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el ade-

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

PLATAFORMAS: TRASNACIONALES DAÑAN ERARIO DE PEMEX NANCY FLORES

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os trasnacionales –una de origen estadunidense (Nabors) y otra china (Cosl)– han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de causar estragos en el erario de Petróleos Mexicanos (Pemex), por diversas anomalías detectadas en contratos para la renta de plataformas.

Aunque la caída de los precios del crudo en el mercado internacional afectó algunos negocios en la empresa productiva del Estado, el del arrendamiento de plataformas se ha mantenido a flote, con multimillonarias sangrías para la hacienda nacional.

Son al menos 25 los onerosos contratos cuya vigencia caduca entre junio de 2017 y febrero de 2019, gracias a convenios modificatorios que han alargado el periodo originalmente acordado.

La subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP, ahora Pemex Perforación y Servicios) no sólo ha beneficiado a las contratistas con montos multimillonarios, sino también con ausencia de supervisión y sobre todo de sanciones. Y es que a pesar del colapso en el sector petrolero, las trasnacionales han incumplido impunemente los contratos.

Los dos casos que llaman la atención, por su gravedad, se refieren a los contratos 421003876 –con Nabors Perforaciones de México, filial de la estadunidense–, y 421002850 –con Cosl México, filial de la china–, que incurrieron en posibles daños al erario, reporta el máximo órgano de fiscalización.

De acuerdo con información de Pemex Exploración y Producción, el primero de ellos –que

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involucra a la plataforma MASE 807– ascendió a 1 mil 532 millones 460 mil 630 pesos, y su vigencia es del 11 de enero de 2015 al 11 de octubre de 2018.

El objeto de este contrato es el arrendamiento sin opción a compra de un equipo modular tipo diésel eléctrico, para perforación, terminación, reparación, reentradas y profundización de pozos, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México.

Del segundo –referente a la plataforma COSL 7–, la información oficial de la subsidiaria indica que tiene un costo para el erario de 1 mil 426 millones 414 mil 473 pesos, con una vigencia del 18 de marzo de 2014 al 20 de julio de 2017. Éste se pactó para el arrendamiento sin opción a compra de un equipo modular tipo diésel eléctrico, para perforación, terminación, reparación, reentradas y profundización de pozos, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México.

En la auditoría “Gestión financiera del arrendamiento de plataformas”, la ASF determinó que Nabors [de la que omite su nombre] incurrió en un desfase de 14 días (del 26 de junio al 9 de julio de 2015) en la corrección de dos anomalías presentadas durante la operación de la plataforma MASE 807, de las cuales una se penalizó al 3 por ciento y la otra al 5 por ciento del monto de la renta diaria, que asciende a 60 mil dólares, establecido en el convenio modificatorio.

Sin embargo, el órgano fiscalizador comprobó que hasta ahora no se le ha cobrado la pena convencional por 67.2 mil dólares, equivalentes

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

dador a la fecha de revisión (junio de 2016)”.

Pero fue hasta el 10 de junio de ese año cuando el supervisor del contrato solicitó al encargado del Despacho de la Coordinación de Servicios de Alimentación-Hospedaje y Transporte de Personal, los montos de las comidas y pernoctas en exceso para hacer el recobro al arrendador; pero no lo efectuó.

Un año después, la anomalía persistía: “después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad evidenció que con el oficio PPS-SIPDN-GSTAC-RCCDB-3186-2016, del 28 de junio de 2016, se notificó al arrendador el recobro por la cuantificación en exceso por concepto de alimentación y hospedaje, por 332 mil pesos, de los cuales 43.7 mil debieron aplicarse en 2014 y 288.3 mil en 2015”.

Por este tema la ASF también emitió un pliego de observaciones, en el que “presume un probable daño al patrimonio de Pemex Perforación y Servicios por 288 mil 349.26 pesos, referente a la cuantificación en exceso de pernoctas y comidas proporcionadas al personal del arrendador de la plataforma modular COSL 7 del contrato 421002850”.

El negocio para los propietarios de las plataformas es redondo: contratos multimillonarios –hasta por 200 mil dólares diarios– y fallas solapadas por el personal de la petrolera mexicana.

Lamentablemente, los costos asociados no son sólo económicos; también hay pérdidas humanas, con accidentes evitables –si los equipos operaran correctamente y recibieran mantenimiento puntual–, que han cobrado decenas de vidas de trabajadores. Además, claro, de la contaminación que han causado sobre todo en la Sonda de Campeche.

ARCHIVO CONTRALÍNEA

a 1 millón 276.6 mil pesos. Y es que a Pemex se le “olvidó” notificar al arrendador esa penalización: “la notificación se efectuó el 17 de junio de 2016, es decir, 337 días después de la fecha en que fueron corregidas las anomalías”, refiere la Auditoría Superior.

La “justificación” de la subsidiaria es que “mientras dicho contrato se encuentre vigente en el plazo del arrendamiento, se pueden hacer efectivas todas y cada una de las penas convencionales o deductivas pendientes dentro de dicho acuerdo de voluntades, pudiéndose inclusive hacer dentro del propio finiquito cuando se hace la extinción formal de derechos y obligaciones de ambas partes”.

No obstante, los auditores observan que, en el contrato, la cláusula referente a las penas convencionales establece que PEP “deberá cuantificar por escrito al arrendador las penas convencionales generadas durante el mes de que se trate, indicándole las causas que originaron las mismas; la aplicación de las penas comunicadas al arrendador será efectuada por PEP a más tardar en las siguientes fechas de corte para la presentación de las factura”.

Sobre este punto, la Auditoría Superior emitió un pliego de observaciones, en el que “presume un probable perjuicio al patrimonio de Pemex Perforación y Servicios por 1 millón 276 mil 584.96 pesos, por no cobrar en su oportunidad la penalización por ese desfase de 14 días”.

Aunque menor en monto, el caso de la trasnacional china [de la que también se omite el nombre] es peor, pues ésta habría intentado cobrar de más a PEP por servicios inexistentes. Según la ASF, en enero de 2015 “el supervisor [de la subsidiaria] cuantificó un exceso de 58 comidas y 20 pernoctas, las cuales no se han cobrado al arren-

OPINIÓN

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OPINIÓN CONTRAPODER

BELTRONES: GOBERNABILIDAD POR COALICIÓN PARA 2018, CON JEFE DE ESTADO Y JEFE DE GOBIERNO ÁLVARO CEPEDA NERI

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a no hay solución ni salida, pacíficas, para la competencia-disputa presidencial para este ya a la vista 2018, que sujetar la elección por medio del voto individual de la democracia directa en las urnas. Y, de una vez por todas, afianzar al Estado con los dos postulados políticos que ha estado proponiendo el político Manlio Fabio Beltrones Rivera. Uno ya tiene vigencia constitucional, y es “la integración del gobierno de coalición en el sistema presidencial”, sobre lo que Beltrones puntualiza en su breve ensayo: Unidad y gobernabilidad (El Universal, 23 de enero de 2017). El otro principio, para apuntalar el anterior, es que se divida la figura presidencial en un jefe de Estado y un jefe de Gobierno, para su eficaz desempeño en lo político y lo administrativo (ahora que llegamos al centenario de nuestra Ley Suprema). Y así contribuir a resolver, de una vez por todas, que nuestro sistema-régimen continúe siendo “país de un sólo hombre” (tal y como analiza Enrique González Pedrero en su magna obra País de un solo hombre: el México –desde– Santa Anna; en tres tomos del Fondo de Cultura Económica).

Más que a la unidad, por nuestro pluralismo político y los ya demasiados partidos… ¡siete!, ha de convocarse a la unión nacional, tanto para enfrentar los cambios y amenazas del exterior, como para disputar los cargos electorales, democráticamente. En dos párrafos, el ensayo beltronista expone el tema central. “Sin duda éste es el momento de convocar a nuestro país a una unidad fundamental pare enfrentar lo que viene, con convicción, con determinación, adecuando al nuevo contexto y cir-

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cunstancias mundiales, inclusive las reformas emprendidas, sin que ello implique perder su esencia.

Todo para generar crecimiento, inversión, empleo y un mejor lugar de México en el mundo”. En el segundo, pero continuando el anterior, escribió: “En México, para lograr estabilidad y unidad duraderas, sería necesario y conveniente armonizar la integración del gobierno de coalición en el sistema presidencial mexicano, opción que ya está en nuestra Constitución con vigencia a partir de 2018”. Y formar gobiernos de coalición, como en otros sistemas, que así lo han resuelto “sin importar sean sistemas presidenciales o parlamentarios”.

De continuar siendo el “país de un sólo hombre” mediante un sólo partido, desde las elecciones del 2018, seguirán los conflictos políticos que hemos venido arrastrando, cuando menos desde los últimos 8 sexenios. Y esto desgasta la eficacia y eficiencia no solamente política, sino también de las políticas económicas y sociales. Es el momento de mediano plazo el que tenemos para reorganizar nuestro presidencialismo en nuestro también Estado Federal. Celebrar los 100 años de constitucionalismo es, pues, caminar resolviendo “con más democracia los problemas de nuestra democracia”. Y compartiendo y distribuyendo la ya incontrolable concentración del poder presidencial en un sólo partido.

Coaliciones, jefe de Estado y jefe de Gobierno es el tríptico para ahora sí modernizar y actualizar nuestro régimen que ya no da para más. Se trata de evitar la desunión. Reducir los conflictos. Y contribuir al buen gobierno democrático y republicano, en una tradición renovada de nuestro constitucio-

OPINIÓN

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

CONTRAPODER

nalismo (Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México: 1808-2017). Las coaliciones, para competir en las urnas y para cogobernar desde uno de los tres poderes federales (y ejemplo a seguir en las entidades de la Federación), para hacer más efectivos los contrapesos de la democracia representativa, permite, incluso, que mayorías y minorías se integren. Esto para evitar la advertencia de Alexis de Tocquevielle, de que prevalezca “la dictadura de la mayoría”.

Beltrones Rivera propone “renovar las instituciones políticas” por medio de reformas jurídicas para actualizar nuestra centenaria Constitución.

De lo contrario seguiremos sobreviviendo en un presente jaloneado por el pasado que ya dio de sí y reclama, necesita, como en aquella divisa renacentista: renovarse o morir. La inteligencia ilustrada de una cabeza política como la de Manilo Fabio Beltrones Rivera, ha estado reflexionando, de cara a la opinión pública, sobre cómo enriquecer lo que el Nicolás Maquiavelo de Las décadas de Tito Livio, propone para el régimen republicano. Así también se gestiona, económicamente, la igualdad, el empleo y mejores salarios para combatir la pobreza.

Lo central de la discusión pública, es cuando un escritor político (como lo ensaya Beltrones en su citado artículo), “no se limita a describir… sino a

manifestar cuál de las formas de gobierno descritas es buena, cuál mejor y expresa uno o más juicios de valor para orientar prescribiendo que la mejor de las tres formas de gobierno es la de los muchos” (Norberto Bobbio, Teoría General de la Política y su Teoría de las Formas de Gobierno en la Historia del Pensamiento Político; editoriales Trotta y FCE). Y ante el embate estadounidense, resultado de su nueva forma de gobierno de los pocos, como oligarquía, nepotismo y plutocracia, estamos urgidos de transformar nuestra vida tradicional.

Y por el método de las coaliciones para la competencia electoral enriquecer nuestro presidencialismo con una dosis de semiparlamentarismo, para responsabilizar ante el Congreso a un jefe de Gobierno, que recogería su aprobación para el nombramiento de los secretarios del despacho. Y el representante de esa forma de Gobierno con el jefe de Estado. “Al hacerlo –concluye en su ensayo Beltrones Rivera– lograríamos modernizar nuestra gobernabilidad y eficacia, no con una sola persona que responda por todos, sino con un todo que responda a los problemas con sus mejores hombres y mujeres.

Hoy, sin duda, ello aparece como indispensable”.

Se trata de un presidencialismo nuevo por consenso de los ciudadanos.

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OPINIÓN ARTÍCULO

DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES EN EL INAH ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓN Y GEOFÍSICA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGIDOS Y BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS

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as condiciones laborales de los investigadores eventuales, de diversas disciplinas del Instituto Nacional de Antropología es Historia (INAH), han sido modificadas; ahora no tendrán contratos y serán prestadores de servicios que cobrarán mediante recibos de honorarios.

Lo anterior, debido a la austeridad económica que está aplicando el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), avalada por las Cámara de Diputados, en los recortes presupuestales a las áreas de ciencia y cultura, entre muchas otras. En el caso del INAH, todo maquillado: con la extinción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y su mediocre renacimiento en una disminuida y recortada –presupuestalmente– Secretaría de Cultura de la que ahora depende.

Las coordinaciones nacionales, los centros estatales, las unidades administrativas y los jefes de departamentos y subdirecciones, fueron notificados mediante dos circulares firmadas por el secretario Administrativo, Alejandro Ordoño, el coordinador Nacional de Recursos Humanos, Francisco García, y Pedro Vázquez, director de Análisis y Seguimiento de Proyectos. Con el Oficio Circular 001 del 6 de enero de 2017 se dio un duro golpe a los trabajadores del INAH: “En apego a la política dictada por el Ejecutivo Federal, relacionada con las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, se les informa que a partir de esta fecha se cancela la contratación de plazas presupuestales de carác-

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ter eventual (compactados) para el ejercicio 2017.

Así mismo, la vigencia para aquellos que se encuentran activos de acuerdo a la plantilla enviada a la Coordinación Nacional de Recursos Humanos, será de tres meses, contados a partir del mes de enero del año en curso [sic].

“Adicionalmente, deberá realizarse en cada uno de los Centros de trabajo, una revisión exhaustiva de la citada plantilla, a efecto de eliminar aquellas plazas no sustantivas para la operación y buen funcionamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia [sic].”

En el oficio Circular 002 del 11 de enero de 2017, se informa que para el ejercicio presupuestal anual de los proyectos –dirigidos por los que tengan plaza o que aún sean “sustantivos”– las erogaciones se deberán calcular con base en un monto financiero 20 por ciento menor al de 2015. No es poca cosa: un retroceso económico de 2 años, que sin duda implicará recorte de empleos y una disminución en la cantidad y calidad de las investigaciones del INAH. Los trabajadores eventuales que hasta 2016 firmaron contratos por 3 y hasta 5 meses y medio, han laborado por años o décadas, incluso algunos han prestado sus servicios al INAH toda su vida laboral; y no han tenido los beneficios económicos y sociales que marca la ley, entre éstos el goce de vacaciones y seguro médico. Esa forma de contratación, de no más de 5 meses y medio, se debía a que a partir de los 6 meses, y si se repetían los contratos por determinado tiempo, los

ARTÍCULO

Chihuahua. Personal dedicado a la investigación y enseñanza. Además se calcula que el instituto cuenta con alrededor de 4 mil trabajadores, de los que 3 mil son administrativos, técnicos, manuales y de servicios, poco más de 150 arquitectos y restauradores, así como 400 empleados de confianza (Arturo Alcalde Justiniani, “Los indocumentados del INAH”, La Jornada, 27 de agosto de 2011) que, en la mayoría de los casos, ocupan puestos de mandos medios para arriba en los diferentes laboratorios, subdirecciones, direcciones de investigación y académicas, y en el área administrativa.

Desde hace años ha resultado injustificable, de acuerdo a su propósito fundamental de investigación, que el INAH tenga más trabajadores administrativos que de enseñanza e investigación, pero al parecer al Instituto sí le es sustantiva tal cantidad de administrativos. Asimismo, es injustificable la cantidad de investigadores, que es insuficiente para atender todos los frentes de investigación que intenta atender el Instituto. Es por ello que ante la poca apertura de plazas basificadas, durante décadas el instituto se ha servido de miles de investigadores eventuales por contrato.

El prestigio que el INAH tiene a nivel nacional e internacional, no sólo ha sido labrado por los pocos investigadores de renombre o sin éste, que tienen plaza, o por aquellos de confianza en mandos medios o altos que dirigen direcciones o subdirecciones; ha sido alcanzado en gran parte por esos miles de eventuales sin reconocimiento, sin beneficios de seguridad social, muchos de los cuales ahora se verán privados de su empleo; los que sobrevivan a la purga deberán aceptar las peores condiciones laborales que el instituto haya otorgado en su historia. Así es que el detrimento laboral del INAH no es nuevo, sólo se está agravando más, lo que conllevará al deterioro académico del mismo.

INAH

trabajadores podían entablar un pleito legal con el INAH, para comprobar su antigüedad y la necesidad de su labor; y reclamar así la basificación, lo que significa tener todas las prestaciones de la Ley del Trabajo y del mismo INAH –ambas que en cada contrato de ese tipo el Instituto no cumplía–. La interrupción laboral entre contratos era el periodo de descanso obligatorio impuesto por el INAH, denominado vacaciones; una burla oficial del instituto para la fuerza de trabajo que durante años lo ha sostenido. Ahora, además a muchos de esos trabajadores ni siquiera se les incorporara al nuevo esquema de trabajo.

El INAH tiene una Secretaría Técnica, siete coordinaciones nacionales y 31 centros estatales. Instancias de investigación responsables de

OPINIÓN

110 mil monumentos históricos; 29 mil zonas arqueológicas registradas –se calcula que existen alrededor de 200 mil–, de las cuales sólo 180 están abiertas al público. Asimismo es responsable de más de 120 museos de diferentes categorías.

Es evidente que esta cantidad de monumentos históricos, zonas arqueológicas y museos requiere para su investigación, conservación y difusión una gran cantidad de investigadores. En los últimos años el INAH ha manejado la cifra de 800 investigadores, incluidos en ésta los académicos que laboran en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRM) y en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que se encuentra en

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OPINIÓN ARTÍCULO

SOBERANÍA Y UNIDAD NACIONAL COMPETEN AL PUEBLO MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

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as reafirmadas amenazas del presidente estadunidense Donald Trump de levantar su muro en la frontera con nuestro país y deportar a millones de connacionales, buscan ser canalizadas a su favor por nuestra temerosa y pasmada clase política, invocando a la unidad nacional y la defensa de la soberanía como instrumentos ideológicos para rehabilitar su desahuciada imagen y atemperar, de paso, el generalizado descontento social originado por los anunciados gasolinazos, dejando en el plano imaginario el impulso a una auténtica enmienda del rumbo económico, guiado desde hace tres décadas por el neoliberalismo, que tiene sumidos en la pobreza a 60 millones de mexicanos.

Voces de la parte oficial y partidos políticos llaman a la unidad y a la firma de acuerdos nacionales y, en una grotesca mascarada, se rasgan las vestiduras, dispuestos a “inmolarse” en aras de la patria, ocultando en su patrioterismo trasnochado los errores acumulados por décadas de programas económicos supeditados a los intereses de los organismos internacionales, donde los beneficios se han repartido entre una reducida clase política y empresarial, despojando al pueblo de sus riquezas y recursos naturales.

Los que ahora buscan por todos los medios ganar el apoyo de un pueblo al que nunca han consultado en la toma de trascendentes decisiones como la aprobación de las reformas estructurales, se guardan bien de llevar al debate nacional los orígenes de la incontrolable migración de mexicanos a los Estados Unidos, registrada

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en las últimas dos décadas y que de acuerdo con lo pactado en 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), tendría que decrecer.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, valga recordar, la propaganda oficial destacaba que con la puesta en marcha del acuerdo comercial, habría un indudable “crecimiento económico, se crearían millones de empleos y se reduciría la migración desde México”. En síntesis: deberíamos prepararnos a ser un país de “primer mundo”. ¿Por qué quienes ahora convocan a la unidad, la defensa del país y de los connacionales en riesgo de ser deportados, no rectificaron a tiempo lo que no funcionaba y siguen sin hacerlo?

Para poner en su sitio a estos rocambolescos “defensores” de la patria y del TLC, analicemos las siguientes cifras: mientras en 1995 el 24 por ciento de la población del país se dedicada a la agricultura, para 2010 sólo lo hacía un 13 por ciento. A la entrada en vigor del tratado había en Estados Unidos unos 2 millones 900 indocumentados de origen mexicano; para 2012, la cifra se había disparado a 12 millones 900 mil connacionales; esto es, que en dos décadas de operar el acuerdo comercial que debía generar más empleos en el agro y ofrecer mejores salarios a los campesinos, 10 millones de agricultores empobrecidos no tuvieron otra alternativa que huir del país para no morir de hambre. ¿Dónde quedaron las bondades del acuerdo?

Se calcula que tan sólo en la última década, un promedio de 400 mil personas emigraron al

ARTÍCULO OPINIÓN

año a la unión americana, huyendo tanto de la incluye a todos los mexicanos sin distinción de extrema pobreza como de la violencia generada condición social, afiliación partidista o religión; en sus lugares de origen por el crimen organi- pero cuando el asunto es repartir la riqueza nazado. El diagnóstico de los magros resultados cional, el llamado se constriñe a la privilegiada es irrefutable. Y peor todavía, la clase política clase política y empresarial. A unos cuantos que neoliberal con la complicidad de los empresa- desde hace décadas la han saqueado.

Nuestra Constitución acaba de cumplir cien rios, insiste en defender un acuerdo comercial que sólo ha reportado estancamiento y pobreza años y en este contexto de llamados a la unidad al país, negándose a aceptar sus errores y operar nacional y a la defensa de la soberanía, es el momento de que sea el pueblo, la sociedad misma, un cambio en el modelo económico. ¿Creen acaso que con llamar a la unidad la que retome la lucha por su defensa para resnacional y a la defensa de la soberanía se solu- tablecer la legalidad y el estado de derecho; de cionará un problema acumulado en décadas de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Judespojos a los recursos y riquezas nacionales, así rídicas de la UNAM, los dos tercios de las 229 reformas y 695 cambios realizados a 114 de los como el abandono total al campo?

Habremos de preguntar a los expresidentes 136 artículos de nuestra Carta Magna de 1917, y exfuncionarios, así como a sus favorecidos em- empezaron a ejecutarse a partir de 1982, con la presarios nacionales y extranjeros, ¿dónde que- llegada de los gobiernos neoliberales al poder. daron los millonarios recursos generados con la No es casual que estas reformas abrieron el caventa de más de 1 mil empresas públicas, tan mino a la desaparición y privatización de las empresas públicas y a rentables como Teléla apertura del sector fonos de México, iniUna broma de mal gusto, el anuncio de energético, ahora conciada desde el sexenio de Miguel de la Ma- que los inmigrantes encontrarán en Mé- sumado con las refordrid? ¿Qué acaso no xico infinidad de oportunidades, cuando mas estructurales.

El pueblo nunca pensaron en la defensa la carencia de éstas los obligó a irse votó por estos cambios de nuestra soberanía y retrocesos que aninacional cuando aprobaron recientemente, de espadas al pueblo, las quilaron el espíritu social de nuestra Constitureformas estructurales entregando nuestro sec- ción, que en su artículo 39 aún conserva la llave mágica que debe motivar a los mexicanos a su tor energético a firmas trasnacionales?

Parece una broma de mal gusto el anunciar defensa y al cuestionamiento de quiénes, desde a los mexicanos que están siendo expulsados de el poder, han llevado a la quiebra al país y a las Estados Unidos, que en México van a tener infi- mayorías a la pobreza extrema. El texto a recornidad de oportunidades, cuando es precisamen- dar y reflexionar dice: “La soberanía nacional te la carencia de las mismas lo que los obliga a reside esencial y orgánicamente en el pueblo. emigrar a riesgo de su propia vida; hay 10 mi- Todo poder público dimana del pueblo y se insllones de jóvenes a la espera de una oportunidad tituye para beneficio de este. El pueblo tiene en laboral; de los 60 millones de pobres la inmensa todo tiempo el inalienable derecho de alterar o mayoría subsiste en la informalidad y sin un em- modificar la forma de su gobierno”.

Al externar su descontento y marchar por las pleo estable que les permita acceder a la seguricalles, los legítimos movimientos sociales emadad social.

Como es fácil apreciar, los “patriotas neolibe- nados del pueblo, deben empezar a dar vuelta a rales” ocultan además el hecho de que los efec- esta llave, porque la unidad nacional y la sobetos de la reeditada crisis, que se repite sexenio ranía son asuntos de su estricta competencia, no tras sexenio, se siguen trasladando a la mayoría de una clase política oportunista que ahora trata de los mexicanos. Y vaya desfachatez: cuando de evadir su responsabilidad bajo la careta de su se trata de defender a la nación, la convocatoria patrioterismo neoliberal.

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OPINIÓN ARTÍCULO

LOS AGRARISTAS DE BACA GUADALUPE ESPINOZA SAUCEDA, ABOGADO Y MAESTRO EN DESARROLLO RURAL; INTEGRANTE DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A PUEBLOS INDÍGENAS, AC

La historia al final es como uno la recuerda y la cuenta decía el fallecido Gabriel García Márquez, porque lo que no se cuenta no existe, pues no hay quien la cuente

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a historia que aquí cuento es tal como yo me acuerdo y lo que he investigado. Esta historia es de los hombres y mujeres de Baca (municipio de Choix, Sinaloa) que nos legaron la tierra durante el proceso de la reforma agraria en México como resultado de la Revolución de 1910, donde los campesinos e indígenas pagaron con sangre esa tierra que se les dotó a los ejidos y que a las comunidades se les reconoció. Baca intentó ser comunidad agraria pero no pudo acreditar los elementos para esa figura y vía, no sé por qué, si porque perdió los documentos antiguos o no pudo acreditar que era comunidad, ahí está pendiente una investigación próxima al respecto para el que quiera, pues otras poblaciones hermanas y de origen indio como Huites salieron ejido y comunidad, lo mismo que la comunidad de Baymena, aquí la pregunta es ¿Y por qué Baca no?

Ahora bien, dirán y por qué la pelea, disputa o cuestión entre que salga ejido o comunidad, ¿cuál es la diferencia? Es sencilla, al ejido se le dota, se le da, el Estado expropia fincas o propiedades, latifundios aledaños para constituir un ejido a un grupo de campesinos, mientras que a la comunidad agraria le reconoce mediante la acción agraria de restitución de una tierra que ya era de ella, pero de la cual había sido despojada por los hacendados como ocurrió durante el Porfiriato; por lo regular esos documentos de

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la comunidad habían sido expedidos durante la Colonia como cédulas, mercedes, títulos primordiales, etcétera, es decir, era una propiedad reconocida por la Corona Española después de la invasión que sufrió México y por lo regular se le daba a los núcleos de población indígena. Baca cuenta con todas las características para que así hubiera sido, pues era el poblado más importante de la nación de los sinaloas. Además, que la propiedad de una comunidad agraria está más protegida legalmente que la de un ejido.

Baca solicitó desde el 20 de marzo de 1918 la restitución de tierras (acción agraria para ser comunidad y no ejido), pero la resolución presidencial de Baca dice que los vecinos del pueblo no pudieron demostrar la propiedad ni el despojo de las mismas, por lo que se inició el procedimiento en la vía de dotación (a ejido), afectando las fincas rústicas de San Miguel de los Panduro y Agua Caliente de Baca del señor Arvizu y los predios de Agua Caliente de Baca y San Francisco de la Ciénega propiedad del señor Guillermo Lamphar o de su sucesión, así como una propiedad mancomunada de diversas personas de Baca (esto podría ser el antecedente de lo que era la comunidad de Baca), dotándoseles el 23 de diciembre de 1954 de 5 mil 204 hectáreas de tierra.

Baca tuvo sus dirigentes campesinos como Amador Gil, Vicente Gil y don Pedro Gil Palma, en un primer momento. A Amador Gil le tocó la tragedia del Bazate en su calidad de presidente del Comisariado Ejidal y jefe de la Defensa Rural, resultando tres muertos en ese zafarrancho, Amador mismo y su pariente Vicente Gil y uno del bando contrario José (Pepe) Cota Pajarola;

ARTÍCULO

comisariado varias veces, que cree también en el agrarismo y en la ideología del nacionalismo revolucionario ligado al Estado mexicano.

Este pequeño artículo estaría incompleto si no menciono a Quirino Alvaz León que también fue un agrarista de convicción, aunque le gustaba poco sembrar, eso no era lo suyo, pero fue el que consiguió durante el salinato que se le pagara al ejido una parte de lo que afectó la vía férrea Chihuahua al Pacífico, faltando otra parte de pagarse y que siempre en el día del ejido, el 8 de junio, mientras estuvo vivo cantó El Barzón, junto con Rubén García que cantaba el corrido del Agrarista, y aunque oficialmente el día del ejido debería ser el 23 de diciembre, en Baca se festeja el 8 de junio.

Hombres y mujeres de mi pueblo que han resistido los embates inclementes de la nueva oligarquía que desprecia a la gente del campo, pero ellos siguen agarrados de las manceras del arado, sea bueno o malo el año, llueva o no, ahí están con la fe por delante.

RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO

a don Pedro Gil lo recuerdo ya entrado en años de sombrero y lentes y siempre que participaba en las juntas (asambleas) del ejido que en ese entonces se hacían en el ramadón y no donde está la casa ejidal. Lo hacía con la Constitución y la Ley Federal de la Reforma Agraria en la mano, fundamentando sus participaciones y dichos en tal artículo, este y este otro. Los tres vienen en la resolución del 54.

Ya en tiempos más recientes recuerdo cuando Armando Gil Espinoza era Comisariado Ejidal y de los más recientes a Rubén García Apodaca, recientemente fallecido que nunca fue comisariado pero que sin duda estaba ahí, era también de los imprescindibles, no figuraba en la lista nominal con puesto, pero por debajo movía todo.

De los comisariados ejidales últimos, los que recuerdo que han defendido al ejido son Ramón Ochoa Miranda quien encabezó el ejido con mucha honestidad y Leonardo León Félix, este último de los de la vieja guardia que ha sido

OPINIÓN

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OPINIÓN ARTÍCULO

REMEDIOS COMERCIALES DE TRUMP

SE BASAN EN UN MAL DIAGNÓSTICO

JOMO KWAME SUNDARAM, EXSECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO ECONÓMICO, QUIEN OBTUVO UN PREMIO WASSILY LEONTIEF POR AVANZAR LAS FRONTERAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN 2007/IPS

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uala Lumpur, Malasia. Hace tiempo que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que su mayor socio comercial hace trampa; por ello, decidió priorizar el cambio de las condiciones y de los términos comerciales, como parte de su estrategia para que su país “vuelva a ser grande”.

El documento sobre la política comercial de Trump fue elaborado durante la campaña electoral por Peter Navarro y Wilbur Ross; ahora el primero es el secretario de Comercio y el segundo dirigirá el Consejo Nacional de Comercio.

Para ellos, la política económica debe estar integrada e incluir recortes impositivos y menos regulaciones, así como medidas para bajar el costo de la energía y disminuir el déficit comercial crónico de Estados Unidos.

Además, en sólo 21 páginas explican cómo aumentará el crecimiento económico de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, con la creación de millones de nuevos puestos de trabajo y billones de ingresos tributarios adicionales.

Uno de sus argumentos es que Trump podrá instrumentar la mayoría de sus políticas sin la obstrucción del Congreso legislativo ni del Poder Judicial. Y además, que a escala internacional, ningún país le hará frente por una “razón muy sencilla: los mayores socios comerciales de Estados Unidos dependen mucho más del mercado estadunidense, que lo que éste depende de ellos”.

Navarro y Ross sostienen que Estados Unidos ya perdió demasiado, principalmente por acuerdos comerciales mal negociados y porque no se

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cumplieron bien, lo que derivó en déficits comerciales. Además, como ese país no usa el sistema de impuesto al valor agregado (IVA), supuestamente el resto del mundo tiene una ventaja comercial injusta que, según ellos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) debió haber rectificado.

En tanto que la más grande economía y el mayor consumidor e importador del mundo, Estados Unidos puede ejercer su voluntad y corregir la situación, por ejemplo, retirándose de la OMC, la que se volvería irrelevante y, por lo tanto, el daño sería menor.

Según su plan, con la reducción del déficit comercial habría más efectivo en los bolsillos de los trabajadores estadunidenses, lo que les permitiría comprar productos más caros fabricados en su país.

Supuestamente, como los productos estadunidenses se harán más competitivos, los precios caerán y mejorará el bienestar de los consumidores.

Mitos sobre China La política de Trump propone aranceles defensivos para hacer frente de forma efectiva a las “trampas comerciales”. China, considerado el “tramposo más grande”, recibe una atención especial.

Para el público estadunidense, China sigue siendo el “taller del mundo” donde cientos de millones de trabajadores mal pagos producen bienes de consumo en masa, mientras el tipo de cambio

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¿Renminbi devaluado?

Durante la campaña electoral, Trump amenazó con declarar que China manipulaba su moneda y así aumentar 45 por ciento los aranceles a las importaciones de ese país durante los primeros 100 días de su gobierno.

La legislación estadunidense permite imponer

aranceles defensivos y compensatorios con el argumento de manipulación de divisa. Navarro y Ross no sólo señalaron a China, sino también a Japón y al euro, con una mención especial a Alemania.

Washington sostienen desde hace tiempo que China deprecia el valor de su moneda de forma artificial para beneficiar a los exportadores. Quizá hace más de 1 década éste pudo ser un argumento válido, pero el renminbi se ha apreciado mucho desde entonces por la gran presión de Estados Unidos, amplificada en gran medida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La mayoría de los economistas serios dudan, de hecho, que el renminbi siga devaluado. Estable durante 1 década antes de 2005, y quizá devaluada por periodos, la moneda china se apreció desde entonces entre 30 y 40 por ciento, lo que llevó al FMI a declarar que ya no estaba devaluada.

De hecho, la menor demanda de exportaciones y la fuerte fuga de capitales ejercieron una presión enorme sobre la moneda china, que obligó a su banco central a usar sus reservas de dólares estadunidenses para sostener la divisa. Por lo que la última manipulación monetaria mantuvo al renminbi sobrevaluado, más que devaluado.

Todo esto sugiere que el equipo de Trump propone remedios que, en el mejor de los casos, se basan en diagnósticos desactualizados. La situación actual es muy diferente.

La incapacidad de lograr avances por medidas mal recetadas podría desembocar en esfuerzos más agresivos, que corren el riesgo de crear una guerra económica que convertiría a la mayoría, incluidos los espectadores, en víctimas. (Traducido por Verónica Firme.)

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artificialmente bajo y los subsidios a la producción le permiten tener precios competitivos. Si bien hace 1 década eso pudo ser cierto, la situación cambió de forma radical.

En el pico de los desequilibrios comerciales de hace 1 década, el superávit comercial era de más de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Pero con el repentino enlentecimiento del crecimiento comercial mundial por la crisis de 2008 y 2009, el aumento del déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó de forma significativa.

De hecho, Estados Unidos todavía tiene un enorme déficit comercial con el gigante asiático, pero este también es su mayor mercado de exportación.

De hecho, en 2014, el sector de servicios superó al manufacturero como principal componente de la economía China. Las exportaciones netas representaron un crecimiento de 1.7 por ciento, ínfimo en comparación con el consumo interno y la inversión.

China querrá seguir exportando hacia Estados Unidos, pero la transformación estructural de su economía y la mayor demanda por varios servicios ahora genera más empleos nuevos, no sólo en su territorio, sino también en otros, incluido el estadunidense, según su análisis.

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LAS TIERRAS INDÍGENAS REÚNEN 80 POR CIENTO DE LA BIODIVERSIDAD BAHER KAMAL/INTER PRESS SERVICE

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Desde hace siglos, las comunidades indígenas oma, Italia. Hay más de 370 millones de personas que se reconocen como indíge- han sido “despojadas de sus tierras, territorios y nas en 70 países y sus territorios ancestrales recursos y perdieron el control sobre sus estilos de concentran más de 80 por ciento de la diversidad vida. Representa cinco por ciento de la población biológica del planeta. Sólo en América Latina hay mundial, pero 15 por ciento de los pobres”, precisa más de 400 pueblos, aunque la mayor concentra- el FIDA. Una de las formas más efectivas para sacarlos ción se da en Asia Pacífico, con 70 por ciento de su de la pobreza es apoyar sus esfuerzos para diseñar y población que se define como indígena.

Los pueblos indígenas tienen una ricas culturas decidir su destino, así como asegurarse de que parancestrales que consideran sus sistemas sociales, eco- ticipen en la creación y la gestión de las iniciativas nómicos, ambientales y espirituales interdependien- de desarrollo. tes. Y gracias a sus conocimientos tradicionales y su comprensión de la gestión de los ecosistemas hacen Derechos de los pueblos indígenas un aporte valioso al patrimonio de la humanidad.

“Pero también están La Declaración de entre los grupos más las Naciones Unidas La tierra no sólo es fundamental para vulnerables, marginasobre los Derechos de dos y desfavorecidos”, la superviviencia de los indígenas, como los Pueblos Indígenas, alerta el Fondo Inter- para la mayoría de los pueblos rurales, adoptada por la Asamnacional de Desarrollo sino que es central para su identidad blea General de la Agrícola (FIDA). “Y ONU el 13 de septiemtienen variados conocibre de 2007, establece mientos profundos y local del mundo natural”, des- un marco universal de estándares mínimos para su taca la organización con sede en Roma. supervivencia, bienestar y el goce de sus derechos.

“Por desgracia, a menudo los pueblos indígeEl documento trata sobre los derechos indivinas pagan el precio de ser diferentes y con dema- duales y colectivos, sobre cuestiones de identidad siada frecuencia sufren discriminación”, subrayó el y de cultura, sobre educación, salud, empleo e FIDA, que realizará una Reunión Global sobre el idioma. Además, prohíbe la discriminación y proForo de Pueblos Indígenas del 10 al 13 de este mes mueve su total y efectiva participación en todos los en la capital italiana. asuntos que los conciernen.

La agencia de la Organización de las Naciones También garantiza su derecho a permanecer Unidas (ONU) reunirá a representantes de institu- diferentes y a perseguir sus propios prioridades en ciones indígenas, así como a sus socios para man- términos económicos, sociales y desarrollos cultutener un diálogo directo entre todos y mejorar la rales. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas participación de los pueblos autóctonos en los pro- se celebra todos los años el 9 de agosto con el fin de gramas nacionales que financia. subrayar sus derechos.

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rias en la mitigación de conflictos.

Sin embargo, las indígenas suelen estar entre los integrantes más desfavorecidos de sus comunidades por su limitado acceso a la educación, a los activos y a los créditos, así como a su exclusión de los procesos de decisión.

El FIDA es un organismo especializado de la ONU creado como institución financiera internacional en 1977, uno de los resultados más importantes de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, organizada para responder a la crisis alimentaria de principios de esa década y que afectó particularmente a los países africanos del Sahel.

En la conferencia mundial, los participantes convinieron que debía “crearse de inmediato un fondo

SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

El FIDA lleva más de 30 años trabajando con pueblos indígenas, y desde 2003, 22 por ciento del presupuesto anual del fondo se destina a proyectos que los conciernen, principalmente en América Latina y Asia.

Desde 2007, gestiona el mecanismo de asistencia a los pueblos indígenas (IPAF). Mediante pequeños préstamos de hasta 50 mil dólares financia pequeños proyectos propuestos por ellos con el fin de fortalecer su cultura, su identidad, su conocimiento, sus recursos naturales, así como sus derechos humanos y de propiedad intelectual.

Para facilitar la concreción de los compromisos, el FIDA creó el Foro de los Pueblos Indígenas, que promueve el diálogo y las consultas entre organizaciones indígenas, los funcionarios del fondo y los estados miembro.

Al fortalecer a las organizaciones de base y la gobernanza local, el fondo también ayuda a las comunidades indígenas a participar en el diseño de estrategias para su desarrollo y a perseguir sus propios objetivos y visiones.

La tierra no sólo es fundamental para la superviviencia de los pueblos indígenas, como lo es para la mayoría de las poblaciones rurales, sino que es central para su identidad.

“Tienen una profunda relación espiritual con sus territorios ancestrales. Además, cuando tienen un acceso seguro a la tierra, también tienen una base firme desde la cual mejorar su sustento”, subraya el FIDA. Las comunidades indígenas y sus sistemas de conocimiento pueden desempeñar un papel vital en la conservación y en la gestión sostenible de los recursos naturales.

Potencial de las mujeres indígenas desaprovechado El FIDA, también llamado “banco de los pobres” porque ofrece préstamos y créditos de bajo interés a comunidades rurales pobres, reconoce el potencial desaprovechado de las mujeres indígenas como administradoras de los recursos naturales y de la biodiversidad, como guardianas de la diversidad cultural y como agentes de paz e intermedia-

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internacional para financiar proyectos de desarrollo agrícola, principalmente destinados a la producción de alimentos en los países en desarrollo”.

Uno de los elementos más importantes derivados de la conferencia fue la comprensión de que las causas de la inseguridad alimentaria y de la hambruna no obedecían tanto a las malas cosechas, sino a problemas estructurales relacionados con la pobreza y al hecho de que la mayoría de las poblaciones pobres de los países en desarrollo se concentraban en zonas rurales.

Desde su creación, el FIDA invirtió 18 mil 400 millones de dólares que beneficiaron a unas 464 millones de personas en áreas rurales. (Traducido por Verónica Firme)

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UN SISTEMA GANGSTERIL XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS

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n tal Luis de Miguel, “cerebro” financiero misiones por adjudicar contratas públicas a emprede una de las mayores mafias de corrup- sas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes ción en el Reino de España (la trama Gür- se destapan unos 10 casos nuevos y, si en 2010 se tel), presumió en el juicio contra los individuos de arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año esa trama de haber logrado que la multinacional pasado fueron más de 2 mil 400 los corruptores o Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, corrompidos detenidos, según el Ministerio de Inpese a sus considerables beneficios, gracias a sus terior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen sistema es que aumentan las filiales de grandes mucha menos recaudación para educación, sani- empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué dad, atención social; significa menos hospitales, querrán las grandes empresas estar en esos mal menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos llamados paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no apoyo al desempleo, más pobreza, más des¿Para qué querrán las grandes empre- pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales igualdad…

No satisfechas con sas estar en esos mal llamados paraísos de grandes empresas no pagar buena parte si no es para perpetrar tranquilamente el del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron de impuestos, grandes delito de no pagar impuestos? un 10 por ciento hasta empresas españolas ser 891, según denunconsiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su cia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para expansión internacional. Pero recién el Tribunal de quién?

Para probar que la putrefacción es bastante Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a general, se ha sabido hace poco que el Banco de esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y co- España escondió la morosidad bancaria que crecía rrupción van de la mano. La corrupción en Espa- al aumentar los créditos por la expansión de la burña, por ejemplo, cuesta 90 mil millones de euros buja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordianuales, según la Cámara Nacional de Mercados nación del Banco aleccionó a los inspectores de esta y Competencia. Casi 48 mil millones de euros per- entidad reguladora para que fueran comprensivos didos son sobrecostos por ausencia de control del y no pretendieran el total cumplimiento de la legalicumplimiento de contratas de administraciones dad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, públicas por empresas privadas. Las otras decenas por ejemplo.

Además, en los últimos 15 años el flujo de dinero de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar co- desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro

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y España no es una excepción. En 2015, el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado.

Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes em-

presas cuesta más de 100 mil millones de dólares anuales a los países empobrecidos; ésos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan “países en desarrollo”. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50 mil millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de 100 años en reducir dos terceras partes la mortalidad infantil en la infancia hasta 5 años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril.

Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

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LOS NIÑOS

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Niños y adolescentes en extrema vulnerabilidad y violencia participaron en narcotráfico, homicidio, secuestro, violación…

Ante la pobreza y el abandono, las armas y las drogas no fueron una elección, sino la única manera de sobrevivir JOSÉ RÉYEZ/PRIMERA DE CUATRO PARTES

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ataron, robaron, secuestraron. Son parte de una generación a la que se le cerraron todas las puertas, menos una: la de la violencia generalizada del país. Del seno del narcotráfico y de las pandillas, a las prisiones juveniles, donde siguen siendo víctimas, ahora de la violencia institucional, malos tratos y remota esperanza de rehabilitación.

“Hablé con el comandante de la organización [Los Zetas] y le pedí trabajo. Me mandó a capacitarme durante 4 meses a Piedras Negras [Coahuila], en armas, tácticas militares, posiciones de tiro, ascenso y descenso de vehículos. Me tocó ir a reventar un rancho de otra organización, para apoderarnos de todo”, dice Carlos, adolescente que en Veracruz permaneció durante 2 años con el cártel más violento de México, convencido de que los miembros de esa organización criminal eran su familia, la que él se buscó y se ganó.

Más de 700 testimonios de adolescentes describen en forma sucinta pasajes de su historia criminal a su corta edad. Son hijos de la pobreza y la

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desigualdad social, la descomposición de un sistema de corrupción e impunidad, y de gobiernos incapaces de frenar el abismo cada vez más profundo en el que se sumerge este sector de la sociedad.

Para ellos asesinar, robar, vender drogas, vigilar, secuestrar, obedecer órdenes de grupos delictivos es reconocido como su “trabajo”, según sus propios relatos contenidos en el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y publicado en enero de 2017. Son los relatos de las condiciones infrahumanas que han padecido niños de entre 14 y 17 años de edad, hoy privados de su libertad por delitos graves, contados en primera persona.

Son las historias de adolescentes reclutados por La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y por los cárteles del Golfo, Los Zetas, los Beltrán Leyva, de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de Tijuana, de los Cabrera, del Milenio, o bien, jóvenes que sin haber sido parte de estos grupos, cometieron secuestro, acopio y tráfico de armas, homicidio, entre otros ilícitos.

De los 13 mil 327 adolescentes privados de su libertad por delitos graves que hay en el país, el informe expone los resultados de una encuesta realizada entre 3 mil 327 de ellos, que representa 19 por ciento de la población total. Además de as encuentas, se realizaron 730 entrevistas. El 37 por ciento de niños y adolescentes dijo haber cometido homicidio; el 35 por ciento confesó haber pertenecido al crimen organizado; el 24 por ciento cometió robo con violencia; y el 13 por ciento, secuestro. De todos, el 70 por ciento admitió haber usado armas.

La coordinadora del estudio, Elena Azaola, doctora en antropología social y los especialistas Cristina Montaño, Fernando Figuera, Nallely Reyes y Lorena López, todos del CIESAS, encontraron que el 70 por ciento de los entrevistados

son menores de 18 años de edad, muchos de ellos cuentan con apenas 15 años.

La encuesta fue realizada en 17 estados representativos de las regiones norte, centro y sur del país: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California y Zacatecas; Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco; y Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz.

Las entidades estudiadas en 2014, fueron: Coahuila, Sinaloa, Morelos e Hidalgo y en el resto de las entidades las entrevistas se llevaron a cabo durante 2016.

Con base en los relatos de los adolescentes acerca del delito que cometieron, los autores del informe distinguieron tres grupos de acuerdo a las modalidades de la conducta delictiva: narcotráfico, pandillas y delitos individuales. En esta primera entrega, se aborda el primer grupo: el de los vinculados al crimen organizado.

Para los niños del crimen, asesinar, robar, vender drogas, vigilar, secuestrar, obedecer órdenes de grupos delictivos es su trabajo

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Delincuencia organizada El informe especial del CIESAS-CNDH reproduce de manera textual los testimonios de los adolescentes involucrados en delitos graves, con nombres ficticios para proteger su identidad, quienes relatan el delito que cometieron, la tortura física y sicológica a la que fueron sometidos y los agravios y vulnerabilidades que padecieron antes de infringir la ley, durante su detención y en los centros de internamiento.

Pavel tiene 17 años. Lleva casi 2 internado en Guadalajara y le quedan poco más de 4 para cumplir con su sentencia. A los 12 años se enroló en el crimen organizado y decidió abandonar su casa cuando empezaron a buscarlo para darle piso (asesinarlo).

Relata: “Cuando me salí de la escuela unos vecinos me contactaron con policías y me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al cártel del Milenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de seis a ocho personas, casi todas mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar”.

BERNANDINO HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

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En México, 13 mil 327 niños y adolescentes han sido privados de su libertad por haber incurrido en la comisión de delitos graves

A Pavel lo detuvo la policía ministerial: “Desde que me trasladaron, comenzaron a pegarme, y en la delegación me quitaron la ropa y me dieron toques con electricidad, patadas, me colocaron una la bolsa de plástico en la cabeza con agua, gas y chile piquín”.

Intentaron cortarle los dedos de las manos y con una punta debajo de la oreja le provocaron dolor hasta perder el conocimiento, que recobraba con chorros de agua y golpes. La tortura incesante perduró durante 10 días, hasta que, inconsciente, fue internado durante 1 mes en un hospital, donde permaneció más de un mes en tratamiento de recuperación.

“Vendía drogas y como me fue bien, me pasaron al área de secuestro; eran mis tareas como parte del cártel de Sinaloa”, relató Lisandro, con 20 años de edad, pero 2 de ellos preso y con 8 más por cumplir.

Fue detenido muchas veces, desde adolescente, y de inmediato liberado: “en el grupo había ministeriales y municipales, operábamos libremente, bastaba con

dar la clave”. Fue capturado junto con otros miembros del grupo en una casa de seguridad, donde “nos patearon, nos pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y nos ahogaban en un bote con agua”. Lisandro recuerda que se desmayó varias veces durante los 6 días de tormento, antes de presentarlo ante el ministerio público.

Alexis, de 20 años, es originario de la Ciudad de México, lleva más de 2 años internado en el Estado de México, donde le quedan más de 3 años para quedar en libertad. Se vinculó con la Familia Michoacana desde los 12 años, cuando conoció al jefe de la plaza, quien “me integró a su grupo como vendedor de droga al menudeo y a los 14 años, como coordinador de escolta”. Cursó la secundaria en el sistema abierto, alternando sus tareas escolares con las de sicario. “Fui adiestrado por un militar que imponía un sistema similar al castrense, tanto en la disciplina como en la forma de otorgar premios y castigos”.

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Sandra ingresó al cartel de Los Zetas, se inició como halcón, ascendió a jefa de un grupo de 53 halcones, lo que le valió para que “me pasaran al grupo encargado de secuestros, levantones y de ejecutar a los secuestrados, hasta que me agarraron cuando iba por un rescate”.

Heriberto trabajaba en el campo de Zacatecas, hoy también cuenta con 20 años de edad. Fue cooptado, de adolescente, por los Caballeros Templarios para vender drogas. Durante su estancia en el cartel, recuerda que ni la policía ni las Fuerzas Armadas interrumpieron sus labores delictivas. “Por eso nos sentíamos seguros”. Fue detenido por agentes ministeriales acusado de secuestro, quienes lo tor-

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turaron aplicándole toques eléctricos, golpes en el cuerpo, asfixia con una bolsa con chile piquín en la cabeza, y lo sumergían alternadamente en el agua.

El 16 por ciento de los niños y adolescentes que cometieron delitos, contaron que en su grupo participaban elementos que eran o había sido miembros de la policía o del Ejército. También dijeron que sus victimarios fueron invariablemente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal Preventiva y los policías de los estados de la república.

Un adolescente de Puebla cuyo nombre ficticio se omite en el informe, describió la forma agresiva en que fue detenido por la Policía Federal durante un operativo. Dijo que el comandante de Los Zetas salió corriendo, y él quedó a expensas de los policías federales. “Me vendaron y golpearon, hincado sobre un palo de escoba con una bolsa en la cabeza y la chicharra en la espalda”. Este joven acabó con la nariz rota. Fue presentado ante el ministerio púbico 4 días después de su detención, pero en su expediente quedó asentado que fue detenido el mismo día. “Me salí de los Zetas porque me di cuenta que, cuando hay madrazos, te dejan tirado”.

Los adolescentes de México muestran una creciente identificación con narcotraficantes y sicarios, por encima de otros modelos como empresario, profesor o miembro del Ejército, señala –en entrevista– el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, José del Tronco Paganelli, quien realizó una investigación de la población juvenil.

El estudio se realizó entre agosto y noviembre de 2012 en los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Durando, el Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas, con los que se pretendió cubrir la diversidad demográfica y socioeconómica de México, encuestando a 1 mil 400 alumnos de escuela secundaria, de entre 13 y 15 años de edad.

Según los resultados, 26.3 por ciento de los jóvenes piensan que ellos mismos, sus amigos o personas de su edad les gustaría parecerse a narcotraficantes y sicarios. Después de estas figuras siguió el de empresario, con el 17 por ciento de preferencia, el 12.4 por ciento se inclinó por el profesor, 10.7 por ciento por el policía o militar, el 4.4 por ciento por funcionario de gobierno y el 1.4 por ciento por un migrante.

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El informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, destaca que la pobreza y la disfunción familiar figuran entre los múltiples factores que explican el comportamiento delictivo de los adolescentes, ya que 53 por ciento de la población total del país se encuentra en esta condición social, mientras que la separación de los padres se observa en que el 29 por ciento de los hogares en México son encabezados por mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La deserción escolar es otro de los factores que tiene un impacto muy importante como antecedente de la conducta delictiva de los adolescentes, ya que mientras que en la población en general el ciento por ciento de los niños del país ingresaron a la escuela primaria en el último ciclo escolar (2015-2016), entre los 1 mil 327 adolescentes que cometieron infracciones graves, el 4 por ciento nunca fue a la escuela y 15 por ciento la abandonó antes concluir la enseñanza primaria.

Asimismo, en tanto que en la población en general del país el 76 por ciento de los adolescentes logran completar la secundaria, entre los adolescentes que cometieron infracciones graves sólo lo hicieron el 20 por ciento; y con respecto de la preparatoria, 36 por ciento de la población en general ha cursado algún grado de la preparatoria mientras que sólo 16 por ciento de los detenidos inició este ciclo escolar.

“Dichos factores requieren del concurso de otros elementos como el bajo nivel de escolaridad de los padres, sus dificultades para supervisar, guiar y contener a los hijos, el abandono, el rechazo, la negligencia, la violencia, el abuso sexual, el consumo de sustancias y el contacto con grupos delictivos, para que, combinados, tengan un impacto en la conducta de los adolescentes”, asienta el documento.

El informe especial incluyó a subgrupos de adolescentes en situación de mayor desventaja y vulnerabilidad aun dentro del conjunto del resto de los infractores de la ley, como son los indígenas, las mujeres y los que son padres o madres que viven en cautiverio. Recoge los testimonios de adolescentes de los grupos étnicos Chatino, Chi-

MARCO POLO GUZMÁN/CUARTOSCURO

Pobreza y disfunción familiar

Mientras que la media nacional refiere que el 76 por ciento de los adolescentes termina la secundaria, entre los infractores sólo lo logró el 20 por ciento

nanteco, Chol, Huichol, Maya, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Tarahumara, Trique, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco y Zoque.

Nicasio un chico de origen Zapoteco que se encuentra interno en Oaxaca. Ahora tiene 21 años.

Lleva más de 2 recluido en el centro de internamiento y le quedan otros 3 años para cumplir con su sentencia. Nicasio fue acusado de violación tumultuaria por una compañera de la preparatoria que los invitó a beber y luego los acusó de haberla violado. Dice que sus compañeros de la preparatoria fueron una mala influencia para él pues lo invitaban a beber y a consumir drogas y, a pesar de que él ya tenía la responsabilidad de una familia, esto lo

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OSWALDO RAMÍREZ/CUARTOSCURO

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Las familias de los adolescentes que cometieron delitos violentos se caracterizan por el autoempleo, los bajos salarios, la inestabilidad o falta de certeza en el empleo

perjudicó pues él no participó en la violación de la compañera, pero se los llevaron a todos y no tomaron en cuenta su declaración.

En cuanto a las mujeres, el informe refiere que padecen mayor vulnerabilidad en relación con los varones, al considerar que es más frecuente que ellas hubieran sufrido agresiones sexuales en comparación con los varones y que ello las hubiera dejado expuestas a una situación más frágil y de mayor desprotección.

A sus 14 años en la secundaria Guadalupe consumía alcohol y drogas, y quedó embarazada de su novio. Se inició en la venta de drogas cerca de su casa, donde logró escapar en varias ocasiones de ser detenida por los militares. Ella fue acusada de homicidio. Era la jefa de un grupo de 17 jóvenes que levantaban y se enfrentaban con grupos rivales que invadían su territorio y que ejecutó a un militar al que confundieron como parte de un grupo anta36

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gónico, al que interrogaron y ejecutaron a pedradas por órdenes del jefe de plaza. Distribuía marihuana, cocaína y piedra.

Luego de asesinar al militar, Guadalupe huyó del lugar pero fue capturada por agentes ministeriales, quienes en los separos de la policía judicial la colgaron de los brazos, le aplicaron toques eléctricos y el frágil cuerpo de Guadalupe resintió los golpes con una tabla durante varios días. Inerme, fue entregada a los militares. Ya en el cuartel militar, entre amenazas violación, “me daban el ‘privilegio’ de elegir al que me iba a penetrar primero”. Sufrió de peores tormentos. Ahí se quebró y fue llevada de urgencia al hospital, donde a consecuencia de las torturas perdió a su bebé. Tenía 2 meses y medio de embarazo.

Asimismo, es más frecuente que las mujeres hubieran cometido delitos al tener que huir de sus casas por diferentes motivos y que cometan deli-

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tos impulsadas por el deseo de acompañar, apoyar, encubrir o complacer a sus parejas, actitud que es consistente con los patrones de conducta de género dominantes en la sociedad.

Un ejemplo de ello es el caso de Mitzi, quien fue acusada de secuestro y delincuencia organizada. Relata que: “cuando estaba en la secundaria, conocí al papá de mi hijo. Como me fui a vivir sola, él llegaba conmigo y comenzamos a vivir juntos.

Quedé embazada y poco después del nacimiento de mi hijo comenzaron los problemas. Mi expareja se robó a mi hijo y prometió que no lo encontraría”.

Desesperada, pidió ayuda a la Familia Michoacana para encontrarlo. A cambio, le pidieron trabajar para ellos como halcón y después la obligaron a participar en secuestros.

Situación socioeconómica y laboral Las familias de los adolescentes que cometieron delitos violentos se caracterizan por el autoempleo, los bajos salarios, la inestabilidad o falta de certeza en el empleo, largas jornadas y carencia de trabajo que les permitieran tener acceso a prestaciones, seguridad social y jubilación.

“No podemos dejar de cuestionar las políticas económicas que desde hace varias décadas han mantenido los salarios y su poder adquisitivo extremadamente bajos para la gran mayoría de la población, al punto de hacer imposible que, con dichas percepciones, las familias puedan tener una vida digna y satisfacer sus necesidades”, destacan los especialistas del CIESAS.

SE DISPARA LA VIOLENCIA EN MÉXICO El estudio Violence and Criminal Justice in México and South Africa, de Elena Azaola y Gareth Newham (2016, en prensa), señala que las cifras del sector Salud, que son las que alimentan las Estadísticas de Mortalidad del Inegi, arrojan un total de 120 mil 237 muertes por homicidio durante el periodo del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, mientras que, en los tres primeros años del actual gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2015, sumaron ya más de 57 mil 500 (Inegi 2016).

Durante el periodo 20082015, México ha experimentado una grave crisis de seguridad que ha tenido un costo muy importante y lamentable con la pérdida de 178 mil vidas humanas, precisa el estudio.

“Si bien nos referimos a una crisis de seguridad y de derechos humanos durante el periodo 2008-2015, en realidad los cuatro

componentes de esta crisis, son: 1) la existencia de grupos delictivos con la capacidad para representar una amenaza para el estado; 2) la fragilidad o la incompetencia de las instituciones del estado para contenerlos; 3) la descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos y 4) la falta de controles eficaces frente a los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del estado”, destaca.

Todos estos componentes, sostiene la doctora Elena Azaola, suponen la existencia de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se han ido construyendo a lo largo de décadas con los lamentables resultados que ahora conocemos. Bajo esta perspectiva, la “guerra” emprendida por el gobierno en contra del narcotráfico, habría sido sólo uno de los factores desencadenantes que propició

la emergencia de una crisis que venía gestándose de tiempo atrás.

Detalla que la crisis de seguridad y derechos humanos que México enfrenta, persiste en el actual periodo de gobierno 2013-2018, ya que, a pesar de que el programa de gobierno no colocó como prioridad la de enfrentar a los grupos delictivos en los hechos, durante los 3 primeros años de este periodo se ha mantenido la política de privilegiar el uso de la fuerza y la militarización para combatir al crimen organizado.

“No cabe duda que el indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha experimentado en los últimos años es el incremento notable en el número de muertes por homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo”.

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INVESTIGACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

PEMEX GASTA 3.4 MIL MILLONES DE PESOS

EN REFINERÍA FANTASMA

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RENDICIÓN DE CUENTAS INVESTIGACIÓN

La inexistente Refinería Bicentenario costará a Pemex más de 3.4 mil millones de pesos. Pese a que ésta fue cancelada hace 2 años, la petrolera arrastra una deuda multimillonaria hasta 2027. Según Pemex, el terreno será para “otro proyecto”, incluso una refinería pero en sociedad con la iniciativa privada NANCY FLORES

FRANCISCO VILLEDA/CUARTOSCURO

A

l 17 de enero de 2027, Petróleos Mexicanos (Pemex) habrá gastado más de 3 mil 453 millones 395 mil pesos en la inexistente Refinería Bicentenario. Y es que durante los próximos 10 años, la petrolera erogará 10 millones 865.77 pesos al mes, más intereses, para saldar el costo del terreno donde iba a construirse la instalación, ubicado en los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende, Hidalgo.

Los más de 3.4 mil millones de pesos destinados a ese proyecto –aprobado, en 2008, por el gobierno de Felipe Calderón y cancelado, en diciembre de 2014, por el de Enrique Peña– incluyen los gastos relacionados con la barda perimetral y la reubicación de tres canales de riego y de líneas de transmisión eléctrica que cruzaban el terreno, por 1 mil 388 millones 597.4 mil pesos, pagados entre 2011 y 2015.

Los otros gastos relacionados con la Bicentenario tienen que ver con el precio del terreno: un pago hecho en 2015 a favor del gobierno de Hidalgo por 613 millones 311.8 mil (que sólo cubrió intereses);

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INVESTIGACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

mexicano. Es un autorrobo que se debe denunciar y exigir el regreso de ese recurso”.

Para el experto en la industria petrolera, las autoridades “deben meter a la cárcel a los involucrados por no cumplir con la construcción de la refinería que tanta falta nos está haciendo en estos momentos críticos [por el gasolinazo]”.

Gasto innecesario Para el máximo órgano de fiscalización, el gasto que asumió Petróleos Mexicanos por el terreno en Hidalgo es injustificado. En la auditoría “Reversión de los Terrenos Adquiridos para la Construcción de la Refinería Bicentenario”, señala que la subsidiaria “no justificó ni acreditó documentalmente la necesidad de conservar el terreno que le donó el gobierno de Hidalgo”.

Ello, porque la construcción de la nueva refi-

CUARTOSCURO

y una deuda diferida a 10 años, por 1 mil 451 millones 485.9 mil pesos.

Respecto de este adeudo, el 25 de mayo de 2016, la Dirección de Proyectos de Pemex Transformación Industrial suscribió el pagaré en el que se obligó a pagar al gobierno de Hidalgo esa cantidad.

La subsidiaria se comprometió a realizar “130 pagos mensuales que causarían un interés sobre saldos insolutos, conforme al porcentaje que resulte de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que fije el Banco de México, a un plazo de 28 días, más 0.9 puntos porcentuales que se generarían a partir del pago”, revela el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Consultado sobre estos gastos a costa del erario, el ingeniero Moisés Flores Salmerón –integrante del sindicato independiente de Pemex Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas– considera que “es un engaño más a nuestro pueblo

Una central de almacenamiento o una refinería, los “nuevos” proyectos de Pemex

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FRANCISCO VILLEDA/CUARTOSCURO

RENDICIÓN DE CUENTAS INVESTIGACIÓN

Las autoridades “deben meter a la cárcel a los involucrados por no cumplir con la construcción de la refinería que tanta falta nos está haciendo en estos momentos críticos”

nería se suspendió el 4 de diciembre de 2014 “por considerarse más conveniente para el país la modernización de las refinerías ya existentes”.

No obstante, en la sesión 173 del Consejo de Administración de Pemex Refinación, del 10 de junio de 2015, la Subdirección de Proyectos expuso la intención de que la petrolera adquiriera el predio, porque “realizó mejoras al terreno que recibió en donación en preparación para la construcción de la nueva refinería”. Éstas, detalló, “consistieron en la remoción de líneas de alta tensión, canales de riego, tiraderos municipales de basura y la construcción de una barda perimetral, lo que incrementó el valor comercial del inmueble”.

En la exposición de motivos, admitió que “las condiciones actuales del mercado de hidrocarburos y de varias refinerías generaron que la construcción de la nueva refinería se suspendiera”. Y recordó que,

“previa aprobación del Ejecutivo federal, se modificó el alcance y denominación del compromiso del gobierno CG-083 Refinería Hidalgo, por el de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”. Ello hacía factible la aplicación de la reversión de los terrenos al gobierno de Hidalgo, prevista en el contrato de donación.

Aunado a ello, “el gobierno de Hidalgo había indicado que no tenía interés sobre el inmueble”.

El interés de la subsidiaria en el terreno resurgió por la presión hidalguense: en el oficio DGPR-GCG-808-2015, del 30 de abril de ese año, la Gerencia de Control de Gestión informó a la Subdirección de Administración y Finanzas de la entonces Pemex Refinación, que el gobierno de Hidalgo manifestó su interés para que se le restituyeran los recursos económicos erogados por la compraventa de los predios que donó para la construcción de una nueva refinería, con lo que Pemex

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Refinación conservaría el predio (700-13-34.152 hectáreas), mediante la modificación de la cláusula sexta del contrato, transformándolo de una donación pura, simple y gratuita, en una “donación con carga”.

Posteriormente, en el Acuerdo CAPR-24/2015, el Consejo de Administración autorizó “realizar las gestiones y negociaciones que correspondan ante el

Según la petrolera, son tres los proyectos que podrían construirse en el terreno. Entre ellos, una refinería, pero en sociedad gobierno de Hidalgo para conservar en el patrimonio de Pemex Refinación el inmueble adquirido por donación para la construcción de una nueva refinería, sujeto a que el avalúo de los terrenos donados arroje un valor superior al que se pagará por concepto de carga económica”.

Además, se autorizó celebrar con Hidalgo un convenio modificatorio al contrato de donación para cambiar su naturaleza de simple y gratuita por una donación con carga. Ésta se fijaría en el monto equivalente al erogado por el donante por concepto de capital e intereses del crédito bancario contratado para la adquisición del terreno, así como el monto necesario para la liquidación de dicho crédito.

Ante el señalamiento hecho por los auditores respecto de que la adquisición del terreno es injustificada, Pemex Transformación Industrial –a través de la Subdirección de Programación y Control, la Dirección de Proyectos– y la Gerencia de Administración Patrimonial de Bienes Inmuebles de Pemex “consideraron conveniente mantener el terreno en su patrimonio, debido a su potencial uso para otros proyectos susceptibles de generar valor económico para el organismo o para las empresas productivas subsidiarias”. Ello, sobre todo, por la ubicación estratégica y la plusvalía del inmueble.

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Al suspender definitivamente el proyecto de la Refinería Bicentenario, Pemex argumentó que lo m

Nuevo proyecto: otra refinería Según la petrolera, son tres los proyectos que podrían construirse en el terreno. Entre ellos, una refinería: en ese lugar podría construirse una central de almacenamiento y bombeo de productos refinados, que incluya 600 mil barriles de almacenamiento, casa de bombas y llenaderas; el sitio también podría dedicarse al almacenamiento estratégico de crudo para las refinerías de Tula y Salamanca, hasta por 1 millón de barriles, “o retomar la construcción de una nueva refinería como resultado de alguna alianza estratégica”.

Al suspender definitivamente el proyecto de la Refinería Bicentenario, el propio Pemex argumentó

ARCHIVO CONTRALÍNEA

RENDICIÓN DE CUENTAS INVESTIGACIÓN

umentó que lo más conveniente para el país era modernizar las refinerías ya existentes

que lo más conveniente para el país era modernizar las refinerías ya existentes.

Ahora, el costo por la inexistente Refinería Bicentenario podría ser mucho mayor: 3 mil 648 millones 56 mil pesos. De acuerdo con la ASF, por la donación pura, simple y gratuita del terreno se registró un cargo en la cuenta 1501, “Terrenos”, con abono en la 3107 “Superávit por Donación”, por 980 millones 186.8 miles de pesos.

“Por la donación con carga, el registro se efectuó con cargo en la cuenta 6108, ‘Operaciones Refinerías’, y abono en las cuentas 2102, ‘Proveedores Nacionales’, y 2113, ‘Cuenta Corriente Inter-organismos’, por 2 mil 54 millones 558.1 mil pesos.”

Y “por los pagos al gobierno de Hidalgo, se rea-

lizó cargo en la 2102, ‘Proveedores Nacionales y Abono’ en la 1106, ‘Caja de Egresos Virtuales’, por 613 millones 311.8 mil pesos”.

Al realizar la verificación física del terreno donado, el 22 de junio de 2016 los auditores constataron la existencia del predio; al interior de éste, una zona considerada como arqueológica, según el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia; una barda perimetral; y obras realizadas para los trabajos de reubicación de tres canales de riego que cruzan el predio, así como la reubicación de las líneas de transmisión eléctrica Tula-Querétaro y Tula-Poza Rica.

“Sin embargo, durante el recorrido no se observó la realización de trabajos para el desarrollo de otro proyecto,” advierten en su informe.

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INVESTIGACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

SEDENA

COMPRA ACERO CON SOBREPRECIO DE 220 POR CIENTO

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RENDICIÓN DE CUENTAS INVESTIGACIÓN

Cuatro empresas se confabularon para acaparar contratos en la Sedena.

Vendieron con sobreprecios de hasta más del ciento por ciento. Alrededor de 30 millones pagó de más la secretaría de Estado, revela la Auditoría Superior ZÓSIMO CAMACHO

DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

“S

e presume la confabulación de al menos cuatro empresas comercializadoras de acero” para beneficiarse, entre ellas, por medio de los contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó sólo a una en 2015, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015.

Lo mismo determinó para compras de tungsteno.

De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento practicada por la ASF a la secretaría de Estado encargada de la organización y administración del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el acuerdo ilícito entre las cuatro empresas comercializadoras de acero provocó que la dependencia federal adquiriera el producto a costos mayores a los ofrecidos incluso por empresas extranjeras. Según la documentación, la Sedena terminó pagando, al menos, 30 millones 300 mil pesos demás a las empresas.

El hecho no asombra a Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y seguridad

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nacional. “Lo que ocurre es que hay una larga tradición donde las Fuerzas Armadas definitivamente no están acostumbradas a una rendición de cuentas”, señala. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh explica que “particularmente los militares mexicanos no están acostumbrados

Por la opacidad, la corrupción y la impunidad, México se encuentra en un rezago formidable con respecto a cualquier ejército del mundo a establecer transparencia en cuanto a los procedimientos”.

La ASF encontró, al practicar la auditoría 150-07100-02-0110, que los socios de las empresas mantienen “interrelaciones”. En el dictamen de la fiscalización se concluye que los socios se pusieron de acuerdo para “la presentación de propuestas a la Sedena encaminadas a favorecer a alguna de las empresas que ofertaron precios de referencia más altos”. Se trató de un modus operandi porque las irregularidades, y las omisiones de la Sedena, no ocurrieron en sólo un contrato sino en, al menos, cuatro.

La opacidad, la corrupción y la impunidad propician que, a decir de Guillermo Garduño, “en materia tecnológica México se encuentre en un rezago formidable con respecto a cualquier ejército del mundo”.

Los intermediarios del acero La ASF no identifica los nombres de las empresas ni los de los accionistas. Pero sí describe cómo planificaron para vender con sobrecostos.

El primer caso fue la adquisición por parte de la Sedena de 30 mil piezas de barra redonda de acero por un monto de 30 millones 102 mil pesos. La 46

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empresa que finalmente “ganó” la licitación estaba relacionada con otra de las “competidoras”, pues uno de los accionistas de la ganadora fungió como comisaria de la otra hasta 1 año antes del proceso.

Cuando los auditores de la ASF requirieron información a la empresa e incluso le realizaron una visita domiciliaria, la compañía no pudo presentar toda la documentación, como la que ampara la calidad de los productos que vende.

No fue lo peor. La empresa sólo fue revendedora de otra que sí los producía. Los auditores cotejaron información con el Servicio de Administración Tributaria y encontraron que la empresa “ganadora” de la licitación revendió a la Sedena el acero con un sobreprecio de 220 por ciento.

Es decir, el acero costaba 8 millones 336 mil 200 pesos y la dependencia federal terminó pagando 26 millones 728 mil 500 pesos. Así, la empresa se embolsó 15 millones 771 mil 200 pesos por sólo traspasar el acero a la Sedena.

Por este proceso irregular de adjudicación de contrato, la Auditoría emitió a la Sedena una recomendación, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Posteriormente, la Sedena adjudicó otro contrato para la adquisición de más acero, éste ahora en presentaciones de “barra redonda de acero”, “barra rectangular de acero” y “tubo de precisión de acero”. Pagó 22 millones 695 mil 400 pesos.

Otra vez, la empresa sólo traspasó el producto a los militares y, por ese hecho, se llevó 12 millones 167 mil 900 pesos, ya que lo había comprado en 9 millones 803 mil pesos.

De nueva cuenta, la ASF emitió una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y otra de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Un tercer procedimiento de compra de acero de la Sedena, revisado por la Auditoría, permite observar con mayor nitidez la confabulación de empresas para obtener más dinero de la dependencia pública.

Se trató de la adquisición de 23 mil 600 kilos de acero en barra redonda DIN 35B2. Por ese lote la Sedena pagó 3 millones 269 mil 800 pesos.

Supuestamente sólo fue una empresa la que pre-

MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

RENDICIÓN DE CUENTAS INVESTIGACIÓN

Aunque la ASF no identifica los nombres de las empresas ni los de los accionistas, sí describe cómo se coludieron para vender con sobrecostos

sentó la propuesta.

Para empezar, las cotizaciones emitidas por las empresas se presentaron los días 8 y 18 de octubre, pero resulta que el estudio de mercado está fechado desde el 7 de ese mes. Y es de destacarse que la empresa “ganadora” ya había gozado de un contrato adjudicado de manera directa 1 año antes por el mismo producto.

En su investigación, el máximo órgano de fiscalización del país encontró que tres personas –a las que identifica sólo como “1”, “2” y “3”– se encuentran interrelacionadas con las tres empresas “competidoras”.

La “persona 1” es uno de los dos accionistas con los que consta la empresa ganadora, pero fue la que registró ante la Secretaría de Economía a la segunda empresa que participó en el procedimiento. La “persona 2” es el otro accionista de la empresa ganadora, pero hasta 1 año antes era la comisaria de la tercera empresa participante. Fi-

nalmente, la “persona 3” es una de las socias de la segunda empresa, pero fue la que atendió la visita domiciliaria que practicó la ASF a la tercera empresa. Es decir, todas las “concursantes” en realidad pertenecen a un mismo grupo que vende el acero a precios altos a la Sedena.

Más irregularidades detectó la Auditoría en este mismo procedimiento. La empresa ganadora le dijo a la Sedena que el acero lo había comprado en España con una calidad determinada. Para ello mostró un certificado de calidad español. La investigación de los auditores permitió establecer que en realidad el acero fue comprado a una empresa nacional que, a su vez, lo había adquirido de una empresa italiana. Y no cuenta el producto con certificado de calidad alguno.

La ASF observa que “el intermediarismo registrado entre el fabricante de los bienes hasta su venta en la Sedena generó un incremento” de 2 millones 379 mil pesos. La Defensa Nacional

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pagó un total de 2 millones 818 mil 800 pesos, cuando el valor comercial fue de 439 mil 300 pesos.

Al respecto, la Auditoría emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Los confabulados del tungsteno Las adquisiciones de acero no fueron las únicas que la Sedena realizó de manera irregular.

Otro metal, el elemento químico tungsteno, también figura entre las compras “irregulares” de la entidad que administra y organiza al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos.

En 2015, la Sedena adquirió núcleos de carburo de tungsteno por 1 millón 726 mil 300 pesos.

Lo hizo por adjudicación directa, toda vez que un supuesto “estudio de mercado” entre 20 oferentes del producto arrojó que sólo una empresa podía suministrarlo con las características requeridas.

Después se sabría que las partidas 19, 20, 33 y 34 no fueron aceptadas por la dependencia gubernamental por la mala calidad de producto. La ASF señala: “dichos materiales afectarían el proceso de fabricación y las características de calidad del producto terminado por su baja dureza”.

Los auditores señalan que los militares tienen responsabilidad en los hechos: “Se considera que no se realizó un adecuado estudio de mercado toda vez que la Sedena se limitó a contar con una sola cotización y no contó con los elementos necesarios para evaluar las mejores condiciones de compra”.

Otra confabulación ocurrió en la compra de cuatro juegos de martillos forjados por un monto de 960 mil 500 pesos. Resulta que la Sedena invitó al proceso de adjudicación de contrato a cinco empresas, pero al final sólo una presentó una propuesta. Y a ella se le otorgó el contrato. Sin embargo, el certificado de proveedora de industria militar que utilizó era el de otra de las empresas “participantes”. Aún más: la empresa que “ganó” compró los productos a otra de las participantes, “por lo que se presume –dice la ASF– que existió confabulación entre las empresas para favorecer a la empresa adjudicada”.

De nueva cuenta, en la auditoría se establecen 48

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Las adquisiciones de acero no fueron las únicas que la Sedena realizó de manera irregular. Otro m

las omisiones de la autoridad, pues la Sedena decidió continuar con el procedimiento aun cuando no contaba con un mínimo de tres propuestas presentadas.

La ASF emitió por ello una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.

La auditoría se practicó a los Insumos para la Producción y Mantenimiento de Armamento y Accesorios Militares para la Producción de Vestuario Militar. Y la confabulación de las, al menos, cuatro empresas privadas fue sólo una de las irregularidades detectadas en esta práctica. Las otras anomalías fueron la “ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos” y las “deficiencias en la selección de proveedores y en la integración de los expedientes de información que soportan los procedimientos de adjudicación celebrados en el ejercicio 2015”.

La negligencia de la Sedena en la entrega de

MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

RENDICIÓN DE CUENTAS INVESTIGACIÓN

rregular. Otro metal, el elemento químico tungsteno, también figura entre las compras “irregulares”

contratos provocó, además, “la falta de justificación y evidencia documental para acreditar que con los procedimientos de adjudicación seleccionados se aseguraron las mejores condiciones de compra para el Estado”.

La opacidad, una tradición en la Sedena Para la adquisición de insumos para la producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios, y para la producción de vestuario militar, la Sedena destinó en 2015 un monto de 1 mil 721 millones 336 mil 600 pesos. A la dependencia sólo se le había autorizado un gasto en ese rubro por 1 mil 88 millones de pesos, pero se le concedieron “ampliaciones presupuestarias netas” por otros 632 millones 362 mil 300 pesos.

De los 1 mil 721 millones, la ASF sólo auditó una muestra del 47 por ciento del total, es decir, 821 millones 613 mil 400 pesos.

Las áreas de la Sedena que fueron revisadas por la ASF fueron las direcciones generales de Industria Militar (DGIM) y de Fábricas de Vestuario y Equipo (DGFVE). La primera es el órgano técnico y administrativo que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra, maquinaria y vehículos militares y demás equipo militar e industrial. La segunda es un órgano administrativo encargado de fabricar y confeccionar vestuario, equipo militar y mobiliario.

Durante el desarrollo de la fiscalización, la ASF pudo determinar que la Sedena incumplió la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 134; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 1, párrafo 2; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 13, 26 y 50; y el inciso d, numeral 1 de las bases de la invitación cuando menos a tres personas IA-007000997-N803-2015.

El artículo 134 de la Constitución –incumplido por la Sedena, según la ASF– señala que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

El especialista Guillermo Garduño recuerda que luego del alzamiento zapatista en 1994 se aumentaron significativamente los presupuestos para el Ejército Mexicano. A partir de ese momento los civiles tuvieron que establecer tibiamente algunos controles del gasto.

“Hubo mucha resistencia de parte de los militares. Fueron controles internos, de contraloría interna. Hubo un tiempo que no se aceptaba particularmente por parte del secretario de la Defensa que tuviera injerencia cualquier civil en la administración del gasto militar. Hasta que definitivamente Hacienda, ya en el periodo de Zedillo, los obligó a tener que aceptar una fiscalización del gasto”, que es la que realiza la ASF. Garduño rechaza que la opacidad con que se

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CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

“El control del gasto militar se debe realizar casi de manera simultánea, no cuando el hecho ya se consumó, porque ya no hay forma de revertir eso”

conducen las Fuerzas Armadas Mexicanas sea producto de la secrecía con que deben manejarse los asuntos de seguridad nacional. “Nada tiene que ver”. Agrega que ese ardid se utiliza constantemente pero la rendición de cuentas es perfectamente posible aunque se trate de instituciones castrenses.

El manejo que hasta este momento se sigue del gasto militar sigue siendo opaco. No se informa acerca de cómo se determinan los criterios para la adquisición de armamento. Y esta falta de claridad y la corrupción sí terminan por afectar la seguridad y defensa nacionales.

“Esta opacidad es parcialmente responsable de que México no cuente tampoco con una fábrica, que verdaderamente pueda llamarse así, de armamento. Y como consecuencia de eso hay una situación de desventaja frente a cualquier enemigo externo o interno que podamos aventurar”, señala 50

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Garduño Valero.

Sobre el papel de la ASF, el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que es valioso, pero insuficiente. No deja de ser testimonial.

“El control del gasto militar se debe realizar casi de manera simultánea a su gasto. El control no se puede establecer a posteriori, como hoy: que cuando ya las cuentas llegan, el hecho ya se consumó, ya el gasto se ejerció, ya no hay forma de revertir eso”. Las auditorías que presenta a ASF corresponden al ejercicio del gasto de hace 2 años.

La opacidad no se justifica sino de manera política, pues hoy ya es posible “contar con una ingeniería capaz de establecer el control adecuado del gasto”. Una fiscalización oportuna, advierte Garduño Valero, podría “evitar particularmente la discrecionalidad, que es lo que ha venido privando”.

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL

URUGUAY: FEMINICIDIOS NO CEDEN

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LÍNEA GLOBAL INVESTIGACIÓN

Cada 17 minutos una mujer es agredida. Cada 13 días una mujer es asesinada. Generalmente los perpetradores son hombres cercanos a ellas.

Ocurre en Uruguay, donde las tasas de violencia común son más bajas que en el resto de América Latina JUAN CARLOS DÍAZ GUERRERO/PRENSA LATINA

123RF

M

ontevideo, Uruguay. El asesinato de cinco mujeres uruguayas en el transcurso de 2017 y el internamiento de otra en un hospital por su estado delicado, evidenció que siempre es poco lo que puede hacerse para evitar los violentos hechos.

Esas muertes prematuras, por tratarse de muchachas jóvenes en su inmensa mayoría, abrieron nuevamente el debate sobre la violencia basada en género y pusieron en alerta a la sociedad en su conjunto, desde donde se levantaron diferentes voces para condenar.

Un dato llamativo caracterizó a los crímenes: todas fueron ultimadas por su pareja o expareja y en algunos de los casos en presencia de niños pequeños, lo cual agrega mayor tragedia a los hechos, al morir en esas circunstancias en 2016 siete menores como consecuencia de la violencia entre parejas.

Para la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mariela Mazzotti, hace muchos años decimos que los niños no son víctimas indirectas y realmente “son víctimas directas” por-

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INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL

que sufren las furias que padecen sus madres.

El número de decesos puede parecer pequeño si se tiene en cuenta que, según datos del Ministerio del Interior uruguayo, el pasado año perdieron la vida 29 mujeres por violencia doméstica (una cada 13 días) y otras 14 sufrieron intento de homicidio, mientras cada 17 minutos hubo una denuncia.

La incidencia es tan alta que este fenómeno su-

Este febrero, una mujer uruguaya de 42 años murió a manos de su pareja de 45, quien la golpeó salvajemente con una maceta en la cabeza peró al hurto en denuncias, al recibirse en ese período 24 mil 454 acusaciones, 1 mil 190 menos que en etapa similar anterior y la primera baja en una década, indica la fuente.

Pese a estos hechos, no pueden obviarse los esfuerzos del gobierno por erradicar la violencia basada en género donde ocupa un lugar muy especial la aprobación en 2015 del Plan de Acción 2016-2019: “Por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional”.

Los hechos y denuncias El detonante de los asesinatos saltó a la palestra pública en febrero de este año al conocerse que una mujer uruguaya de 42 años murió a manos de su pareja de 45, quien la golpeó salvajemente con una maceta en la cabeza.

En este caso, el hombre no tenía antecedentes penales y tampoco existían denuncias de violencia doméstica entre ellos, según la policía.

El autor del crimen escapó de la vivienda donde convivían, tomó un taxi y luego se presentó en una seccional de la policía para entregarse.

En enero último cuatro mujeres también perdieron la vida a consecuencia de la violencia basada en género y una quinta quedó en estado delicado, lo 54

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cual provocó marchas y protestas de organizaciones feministas contra la violencia.

Una de las asesinadas fue a manos de su expareja, un policía en servicio, quien utilizó su arma reglamentaria para dispararle en la cabeza delante de sus hijos pequeños, quienes por determinación de la Justicia quedaron en custodia de sus abuelos paternos, decisión que originó numerosos cuestionamientos.

El Ministerio del Interior calificó de infame este caso y consideró que con la implementación del protocolo aprobado por esa cartera en 2015 se “pudo y debió evitar esta muerte”, que caló bien hondo en la secretaría de Estado.

Lo sucedido, subrayó en un comunicado, puso de manifiesto que no basta la confección de protocolos si no se garantiza la eficaz aplicación de los mismos.

El Protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o género en el ámbito del Ministerio del Interior, fue aprobado por decreto y el mismo establece el abordaje integral para la prevención, atención, sanción y reparación en los casos que involucren a funcionarios de esa dependencia.

En su comunicado, la cartera de Estado hizo “llegar a la ciudadanía en general y a las personas en situación de violencia doméstica y/o de género en particular”, su más absoluta solidaridad y la renovación del compromiso asumido junto con la profundización de las acciones para la protección de las víctimas.

Paralelo a ello, organizaciones de derechos humanos, sociales y feministas convocaron a las calles, por varios días, a cientos de personas en reclamo de justicia por las víctimas.

La Coordinadora de Feminismos.uy convocó a una marcha en Plaza Libertad y en un comunicado indicó que “una vez más: la noticia, la rabia, el dolor.

Una vez más: salir a la calle, gritar que estamos juntas, que si tocan a una responderemos todas”.

En una declaración pública, entre tanto, las Naciones Unidas en Uruguay reiteraron su compromiso en la lucha contra la violencia, en particular, la cometida contra las mujeres.

El organismo internacional manifiesta su “conmoción y total rechazo” ante los asesinatos, y trasmitió sus condolencias a las familias de las mujeres fallecidas.

Recuerda que en febrero de 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre las muertes de mujeres por causa de violencia basada en género y, sobre todo, lo que restaba por hacer para eliminar este flagelo.

Al respecto, apunta, que 2 años más tarde “la situación continúa siendo muy preocupante” y significa que estas muertes implican un grave impacto para sus familiares y para la sociedad en su conjunto.

Uruguay no puede permitirse que la violencia se naturalice como práctica común, afirma, y lamenta profundamente que estos hechos sigan ocurriendo, “a pesar de los avances logrados en las políticas públicas contra la violencia basada en género”.

Menciona, entre ellos, la creación de más unidades especializadas en el territorio nacional para dar respuesta a la problemática y el aumento del uso de las tobilleras electrónicas como mecanismo de prevención.

Uruguay ocupa el quinto lugar de América Latina y el Caribe (entre 23 países) en cuanto a la cifra de mujeres asesinadas por su pareja o expareja, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), elaborados con base en estadísticas oficiales de los países.

Señala la ONU que cada nuevo femicidio “evidencia la necesidad de una reflexión de la sociedad en su conjunto sobre el uso de la violencia cada vez más corriente”, y sobre cómo lograr un cambio cultural “para que el desprecio, odio, o sentido de posesión deje de convertir a las mujeres en víctimas”.

El organismo multilateral expresa que continuarán colaborando con el Estado y la sociedad civil para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de un cambio a todo nivel, y afirma, que para ello es “fundamental avanzar hacia una legislación nacional que contemple los estándares internacionales en la materia”.

Considera como paso importante en esa dirección la pronta aprobación del proyecto de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Basada en Género, el cual se encuentra actualmente bajo consideración parlamentaria.

Sobre este último aspecto, las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio se comprometieron no sólo a profundizar las medidas normativas necesarias para erradicar la violencia hacia las mu-

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Uruguay ocupa el quinto lugar de América Latina y el Caribe (entre 23 países) en cuanto a la cifra de mujeres asesinadas por su pareja o expareja

jeres, sino “a llegar a las causas profundas que ocasionan esta tragedia cotidiana en nuestra sociedad”.

Los legisladores del partido de gobierno condenaron en una declaración los asesinatos de mujeres y afirmaron que delatan lo mucho que aún falta por hacer para conquistar una sociedad más igualitaria en materia de derechos para todos.

La central sindical PIT-CNT [Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores], por su parte, convocó a su sede a organizaciones feministas, gremios y sectores políticos para coordinar una concentración y marcha

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Cada feminicidio “evidencia la necesidad de una reflexión de la sociedad en su conjunto sobre el uso de la violencia cada vez más corriente”: ONU

por la principal avenida del país, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, el venidero 8 de marzo.

Milagro Pau, presidenta de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del gremio obrero, califica de positivo el encuentro y señala que el compromiso no es solo trabajar para esa fecha, sino también crear un “organismo multisectorial que tenga la defensa de género, equidad y diversidad como algo permanente”.

Plan de acción 2016-2019 No es menos cierto que desde el Estado uruguayo se han impulsado en los últimos años un grupo de acciones de carácter educativo, preventivo y punitivo, en la cual destaca la aprobación en 2015 del Plan de Acción 2016-2019: “Por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional”.

Este programa multisectorial tiene la finalidad 56

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de contribuir a la consolidación de una política pública nacional a fin de prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas.

Desde su entrada en ejecución se fortalecieron las 19 comisiones departamentales que luchan contra la violencia basada en género y se profundizó en el debate parlamentario en torno al proyecto de Ley Integral.

También se fortaleció el Sistema Interinstitucional de Respuesta Integral que trabaja en aspectos de esa problemática como la prevención, servicios de asistencia, acceso a la justicia, protección de víctimas y resocialización de varones, entre otras.

Mientras, los departamentos de Canelones, Montevideo, Cuidad de Plata-San José y Maldonado en los primeros nueve meses del 2016 conectaron 280 dispositivos electrónicos (tobilleras), que este año se extenderá a otros territorios del país.

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AFECTADOS POR LA MINERÍA ALZAN SU VOZ EN SUDÁFRICA

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Víctimas de la industria extractiva –procedentes no sólo de África, sino también de Asia y América– se manifestaron frente a autoridades y empresas mineras en contra de los abusos de ese sector. Además, exigieron que todos los africanos participen de los beneficios MARK OLALDE/INTER PRESS SERVICE

123RF

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iudad del Cabo, Sudáfrica. “Camaradas, llegamos. Hace 8 años que esperábamos esto. Logramos llegar a este lugar”, arengó el obispo anglicano Jo Seoka, deteniéndose por las expresiones de algarabía de una multitud reunida en esta ciudad sudafricana en protesta contra la minería irresponsable.

Seoka, presidente de la organización no gubernamental sudafricana Fundación Bench Marks, se dirigió así a los manifestantes que daban rienda suelta a años de frustraciones con la industria minera local.

La protesta del 8 de febrero formó parte del encuentro anual Indaba Minera Alternativa (AMI, en inglés), realizado en Ciudad del Cabo, y llamada así por el nombre de una importante conferencia celebrada de los pueblos zulú y xhosa en Sudáfrica.

Ese día se reunieron los residentes de las comunidades afectadas por la minería y representantes de organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información sobre los problemas comunes generados por la minería.

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En el tercer y último día del encuentro, los participantes salieron a la calle para presentar la declaración con sus reclamos a la industria y a los delegados gubernamentales.

En una primera instancia, la policía impidió el avance de la marcha hacia el centro de convenciones, donde se llevaba adelante la Indaba Minera, reunión paralela de la industria minera, lo que enfadó más a los manifestantes, quienes se quejan que desde años no se los toma en cuenta.

Finalmente, la marcha llegó hasta las puertas del centro de conferencia donde la policía y guardias

Empresas mineras, en la mira de activistas en el mundo

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privados de seguridad les bloquearon el ingreso, y reclamaron hablar con los miembros de la Indaba Minera.

“Como ciudadanos y representantes de organizaciones ciudadanas, deseamos expresar nuestra voluntad de trabajar con los gobiernos africanos y otros actores para buscar cómo aprovechar los vastos recursos extractivos, para respaldar la transformación socioeconómica de África y la (Visión de la Minería) sienta las bases para ello”, reza la declaración.

“Agradezco mucho la voluntad de diálogo, y creo que es el primer paso para crear una visión común”, destacó Tom Butler, director general del Consejo Internacional sobre Minería & Metales, frente a la multitud, antes de firmar la recepción de la declaración y de pasársela al director de la Indaba Minera para que hiciera lo mismo.

A diferencia de Butler, que se acercó a la AMI en nombre de la industria minera, muy pocos integrantes del gobierno o del sector hicieron lo mismo.

La cuenta oficial de Twitter de la Indaba Minera incluso bloqueó a varios delegados de la AMI que usaron las redes sociales para hacer denuncias.

En la Indaba Minera participaron ministros de Minería, gerentes de mineras y otros representantes de la industria para conectarse y lograr acuerdos. Durante el encuentro, Sudáfrica y Japón, por ejemplo, suscribieron un tratado para impulsar la colaboración en la cadena de valor.

“Esta Indaba reafirmó el estatus de Sudáfrica como destino preferido de las inversiones”, indicó el ministro de Minería, Mosebenzi Zwane, en una declaración al final del encuentro.

“Como gobierno, nos reconforta esto y nos comprometemos de nuevo a garantizar la necesaria seguridad de las políticas y la normativa para atraer aún más inversiones a nuestro país”, añadió.

En su discurso de inauguración de la reunión, Zwane también anunció que el borrador de la nueva Carta Minera, el documento que fija el funcionamiento del sector, se publicaría en marzo.

Pero la AMI surgió como una reacción de la comunidad por la toma de decisiones sin consultas previas con los afectados.

“Van a encontrar a esta masa de gente apiñada”, aseguró Mandla Hadebe, uno de los organizadores del encuentro alternativo, refiriéndose a los objeti-

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Participar de las ganancias de la industria extractiva, una de las peticiones

vos de la protesta en su primer año, donde sólo había 40 delegados participantes.

Pero en sus 8 años de historia, AMI creció hasta los actuales 450 representantes de 43 países. Los delegados llegaron desde distintas partes de África, desde Egipto, pasando por República Democrática del Congo, hasta Malawi, además de otros lugares del mundo tan distintos como Camboya, Bolivia y Australia, para compartir sus historias.

“Esto no hace más que mostrar que la lucha es la misma y que estamos decididos a unirnos por un fin común”, comentó Hadebe, en relación al crecimiento del encuentro. “Queremos transparencia, queremos que asuman su responsabilidad y, lo más importante, queremos que participen las personas perjudicadas por la minería”, precisó.

Numerosos paneles ofrecieron a los activistas plataformas para compartir sus historias y métodos de resistencia. Las salas de conferencias contaban

con traductores de inglés, francés y portugués, una necesidad, además de un nodo tácito para los efectos siempre presentes del mismo colonialismo que trajo a la minería.

“Al principio escuchamos promesas”, relató una activista peruana. “Ya pasaron 30 años y ahora llamo a esta segunda parte del proceso ‘las mentiras’”, añadió.

“Tratamos de construir una masa crítica que esté lo suficientemente enojada como para hacer frente a la minería irresponsable”, explicó un delegado de Kenia.

Hubo paneles específicos sobre los desafíos que presenta la industria extractiva en África. Por ejemplo, se mencionó la necesidad de abandonar los impuestos indirectos por otros directos a las empresas mineras.

El presentador, un integrante de la Red de Justicia Fiscal-África, explicó que el aumento de las

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Acercamientos buscan sensibilizar a la industria respecto de los problemas socioambientales que genera en las áreas explotadas

auditorías del gobierno llevó a un crecimiento de los ingresos fiscales desde 2009; un éxito inusitado, opinó.

Otro panel se concentró en la inminente pérdida de empleos por la generalización de la mecanización, y otro más trató la necesidad de que los gobiernos logren mejores acuerdos con las corporaciones internacionales.

Otras actividades permitieron profundizar el conocimiento sobre asuntos como la corrupción relacionada con la extracción minera en tierras comunales.

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En la proyección de un filme documental sobre el activista sudafricano Mbhekiseni Mavuso, los delegados de otros países como Sierra Leona compararon y contrastaron sus propias experiencias de reubicación forzada.

“Nos ven como personas que no contamos.

Nos convertimos en ‘víctimas del desarrollo’, lo que también nos convierte en víctimas de la democracia. Estamos en lucha, levantémonos y luchemos”, arengó Mavuso.

Algunas veces, los delegados lamentaron que sobren las palabras y falten las acciones concretas.

La mayor parte del AMI se concentró en el documento Visión de la Minería para África, elaborado por la Unión Africana (UA). Su objetivo es lograr que los beneficios de la minería lleguen a todos los africanos, pero el texto se concentra en cuestiones generales de política sin tratar directamente el problema de las comunidades afectadas por extracción.

Los 3 días que duró la conferencia no alcanzaron para profundizar en cada uno de los asuntos que afectan a los países representados, por lo que los delegados promovieran la idea de tener encuentros nacionales. Así, el año pasado, Madagascar, Angola, Swazilandia y otros más organizaron sus propias indabas alternativas.

Una semana antes de la AMI, se realizó en Sudáfrica la primera conferencia nacional en Johannesburgo. Y a pesar de la frustración y del enfado de muchos delegados, la marcha hacia la Indaba Minera ofreció una provisoria sensación de victoria.

Tras obtener algo de reconocimiento de los representantes de la industria, los participantes en la AMI bailaron y se tomaron selfis fuera del centro de conferencias, lejos de los municipios y de las aldeas rurales vecinas a los sitios de extracción.

Los delegados abandonaron el encuentro en autobuses que se sacudían con su zapateo y sus cánticos. Algunos, incluso, se asomaron a las ventanas para vociferar las últimas consignas en nombre de las comunidades afectadas por la minería.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Centro Pulitzer para la Cobertura de Crisis, del Fondo para el Periodismo Ambiental y del Fondo para el Periodismo de Investigación. (Traducido por Verónica Firme.)

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DONALD TRUMP Y SUS NOMBRES DE DOMINIO GONZALO MONTERROSA

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TrumpPyramidScheme.com, ImBeingSuedByTheDonald.com y la respuesta es precisamente para que no los registre alguien más y con ellos pueda afectar a la marca.

La capacidad de un nombre de dominio va más allá de sólo ser la entrada a un sitio web.

Hay que recordar que los dominios no se compran, se registran. Lo que significa que podemos utilizarlos por 1 año o por el tiempo que hayamos pagado, pero al terminar este periodo deberemos renovarlo y pagar de nuevo. Si no lo hacemos, lo perdemos; y alguien más podría utilizarlo por el tiempo que considere pagarlo. Una característica de estos productos virtuales es que están y no están. Los usamos pero en verdad no existen. Así como en los videojuegos se paga por casas, ropa y hasta armas para los personajes con los que jugamos. No compramos nada tangible, pagamos por algo que sólo existe en el ciberespacio.

Pueden usarlos para burlarse, así que en el caso de Trump habrá que ser más ocurrente de lo normal, pues se la ha pasado registrando nombres. Pero si parece exagerado registrar dominios, debemos recordar el caso del candidato republicano Ted Cruz, que nos hace recordar el debate entre Kennedy y Nixon.

SOCIEDAD BETA

Sería un debate televisado; Nixon rechazó la idea del maquillaje; el joven Kennedy aceptó gustoso una capa de polvo para evitar el brillo de la piel. Durante la transmisión y gracias al calor generado por la iluminación, Nixon sudaba, se veía incómodo y desagradable por no entender las nuevas reglas de la televisión. Ni Ted Cruz ni nadie de su equipo se dedicó a proteger dominios a tal nivel que le ganaron su propio nombre: www.TedCruz.com, en la que se subió en su momento una foto de Hillary Clinton declarándola presidente de Estados Unidos.

Aclarado el punto, también hay que señalar comprar un nombre de dominio es barato; casi cualquier persona o empresa por pequeña que sea puede comprar un par. Sin embargo pareciera que cada día aparecen nuevas extensiones de dominio y el costo de mantenerlos todos puede ahogar a las pequeñas em-

presas. Pero a pesar del surgimiento constante de ésas, siempre bastará con registrar un punto com y la extensión del país donde se encuentra la empresa. Y si te sientes mal porque ya te ganaron un dominio, debes de

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saber que a Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos, con todos sus millones, asistentes personales y abogados, el casi anónimo Chris Puchowicz les ganó los dominios: Trump.tv y Trump.org.

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EX LIBRIS

FUENTES HISTÓRICAS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 AL CUMPLIR SU CENTENARIO ÁLVARO CEPEDA NERI

I.

Son 2 mil 339 páginas en tres II. Es una obra de utilidad univertomos tamaño cuartilla y media, sitaria –con permiso de Perogrullo, con dos pulgadas de grueso que escrita por universitarios–, para comdificulta su consulta (se necesita un pletar la información académica y atril para colocarlos y leerlos con cierta profesional. Y para divulgar, discutir facilidad). Con documentos facsímiles, y reflexionar sobre la documentación sus redactores e investigadores nos jurídica en cuando un medio para los llevan al año 1215 (La Carta Magna fines del Gobierno y la Administración Inglesa, con sendas traducciones) a pública. Nada hay sobre la Gloriosa conocer ese universo de medios jurídiRevolución Inglesa de 1688, donde cos y fines políticos implantados como nace el Estado moderno (Steve Pinconquistas, que constituyen “la norma cus, 1688: la primera revolución moderna, fundamental en la que se basa la uniAcantilado). Y si el Estado es una dad del orden jurídico-positivo” estructura de normas jurídicas (Hans Kelsen, Teoría General y en lo fundamental por su del Estado). Es una obra Constitución, el primer muy completa a cargo volumen es un punto Autores: investigadores de académicos con lide partida. El segundo jurídicos cenciaturas, maestrías y ya entra en materia Título: Fuentes históricas de doctorados en la teoría mexicana con Las Bases la Constitución de 1917 y práctica del derecho Constitucionales al Plan de Editorial: Miguel y su historia donde sobra Guadalupe. Y Las reformas Ángel Porrúa la presentación de un tal a la Constitución de 1857.

Camacho, corifeo de Peña Y en el tercer libro, el lector Nieto. Con el Escudo Nacional en tiene la historia desde el Constisus lomos y un precio (cerca de 5 mil tuyente a la creación de nuestra Ley pesos) nada accesible para estudiantes, Fundamental de 1917 como derecho profesores o abogados, la elegante edipositivo escrito, ya con 699 reformas ción parece ser para hojearse y lucirse y contrarreformas, celebrando su en bibliotecas, más que para su estucentenario. Esta Constitución fue el dio. Debe tener un subsidio. Y tal vez resultado de las reformas a la de 1857, parte de sus 1 mil ejemplares (que son surgida de la Gloriosa Revolución de 3 mil), han de haberse destinado para Ayutla; y no obstante la dificultad para obsequios, con la tarjeta de presentaleer lo que debe pesar más de 4 kiloción de algún vivales. gramos, no queda tras que hacerlo a

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la espera de una edición más popular, accesible económicamente y que facilite su manejo.

III. Divididos en: 1215-1821; 18221913 y, 1916-2016, tienen diseño de Verónica Santos, investigación documental y edición de Gabriela Pardo, proyecto y dirección del editor: Miguel Ángel Porrúa y Aldonza María Porrúa; y coordinación académica de Jorge Fernández Ruiz. Sus improbables antecedentes de 1215, 1776, 1787 Montesquieu, Byona, 1811-Chile, de Grabad, Venezuela, Quito… pero con esa perspectiva histórica nuestra trayectoria constitucional se enriquece. Si estos gruesos volúmenes no han de ser adorno de bibliotecas, brindan ilustración de las fuentes de nuestros pactos desde Hidalgo-Morelos para ser gobernados con legalidad y legitimidad; conquistando derechos, garantías y obligaciones.

De la Constitución y sus fines es que los Congresos deducen las leyes reglamentarias por medio de iniciativas de los tres poderes. Estado Federal el nuestro, sus entidades tienen su Constitución.

Sólo falta el Tribunal Constitucional, para que la actual Suprema Corte no sea juez y parte en la constitucionalidad del orden estatal. A mucho de esto nos auxilia leer-estudiar esta obra y diferenciar al tríptico: gobierno, estado y sociedad, para que los funcionarios dejen de identificarse como Estado.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2017

Año 15 • Número 528 • $30