BANCA PARA EL DESARROLLO

negocios, para identificar riesgos y oportunidades para los emprendimientos.

Articularemos, en conjunto con el Sistema Banca de Desarrollo, programas de financiamiento para invertir en la creación y desarrollo de empresas Fintech, impulsadas especialmente por jóvenes y por mujeres.

Revisaremos, en conjunto con la SUGEF y el MICITT, el marco normativo para facilitar a las empresas Fintech las condiciones de acceso directo y total a los sistemas electrónicos de pagos para aumentar la competencia, reducir los costos de transacción y promover la inclusión financiera de las personas y las PYMES.

BANCA PARA EL DESARROLLO

Una de las principales políticas públicas desarrolladas por el Estado costarricense para apoyar el emprendimiento, mejorar la productividad y combatir la pobreza es el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), el cual funciona como un banco de segundo piso que canaliza los recursos a través de los operadores financieros participantes como lo son bancos, mutuales, cooperativas, financieras y operadoras de microcrédito.

Según datos oficiales del propio SBD (2021) desde 2008 hasta finales de julio de 2021 se han colocado ¢1.440.244 millones en 445.141 operaciones de crédito para beneficiar a 55.787 clientes, de los cuales 72.5% corresponde a microempresas, el 22.7% a pequeñas empresas y el 2.63% a medianas empresas.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, lo cierto es que muchos de los emprendedores continúan sin tener acceder a créditos. El saldo de cartera del SBD al 31 de agosto de 2021 fue de ₡ 514.119 millones equivalente a $816 millones-, un 17,2% más con respecto al registrado a agosto 2020, dividido entre los distintos fondos que lo componen: el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) con un saldo de ¢157.564 millones, el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) con

¢116.952 millones, el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) que ascendía a ¢41.975 millones, Créditos para Desarrollo (CREDES) que llegaba a ¢186.500 millones y los fondos propios que cada entidad financiera dispone para tales efectos, con un saldo de ¢11.129 millones.

En el gobierno del presidente Cruickshank, estos recursos se destinarán prioritariamente al financiamiento de proyectos impulsados por mujeres, personas adultas mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, personas jóvenes emprendedoras y aquellos que promueven la producción amigable con el ambiente. También para promover el financiamiento y desarrollo de acciones afirmativas que permitan la colocación prioritaria de recursos en zonas con bajos índices de desarrollo social.

En esta línea de acción, el SBD durante la administración Cruickshank Smith, vinculará sus acciones con el Plan Nacional de Desarrollo.

Diseñaremos políticas crediticias diferenciadas dentro del SBD, que promuevan el emprendedurismo con un enfoque en la territorialidad y la condición socioeconómica de los beneficiarios, para asegurar que las zonas con menor indicadores de desarrollo social reciban un abordaje prioritario en la asignación de recursos del FOFIDE.

Implementaremos, en conjunto con la SUGEF, la Secretaría Técnica del SBD y las entidades financieras, una agresiva campaña de comunicación y promoción de los instrumentos y mecanismos que dispone el SBD, para acercarlo a las comunidades, a los grupos sociales y a las personas interesadas en emprender, de manera que se les explique las acciones y requisitos que deben cumplir para acceder a los recursos, a través de esta nueva ventana de oportunidad.

Crearemos un único manual de requisitos para todas las entidades financieras que participan en el SBD, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a los emprendedores. Esto por cuanto la falta de claridad en la información suministrada por los operadores dificulta el uso de los recursos, además de un posible conflicto de intereses que existe,

cuando los operadores ofrecen sus propios créditos, en lugar de los fondos del SBD.

Identificaremos posibles esquemas de financiamiento para crear fondos concursables para capitales semilla y avales que respalden el desarrollo de emprendimientos, proveyéndoles de capital de riesgo y préstamos a MIPYMES, que serán “créditos a la palabra”, utilizando los recursos de FONADE y FODEMIPYMES, una vez analizada la factibilidad de las iniciativas, una vez superado su denominado “valle de la muerte”. Fortaleceremos el seguimiento y monitoreo, desde el Consejo Rector del SBD, de los niveles de ejecución de los recursos para asegurar la correcta y oportuna colocación de los fondos para ayudar a las MIPYMES.

Impulsaremos una reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo para que los informes de la Comisión Evaluadora que analiza el accionar del sistema, rinda sus informes bianual y oportunamente, a fin de tener información actualizada para la correcta toma de decisiones.

Fortaleceremos, con los recursos del SBD, la Red Nacional de Incubación y Aceleración de Empresas para desarrollar programas de acompañamiento y asesoría de nuevos emprendimientos.

Impulsar convenios de cooperación entre el sector productivo, las instituciones públicas, las municipalidades y las universidades estatales para implementar programas de mentoría para el desarrollo de emprendimientos, enfocados prioritariamente en zonas de bajo desarrollo humano. Estos programas deberán contemplar la identificación de proyectos productivos, la capacitación para el cumplimiento de los trámites necesarios para acceder a los recursos del SBD, el acompañamiento para elaborar la solicitud de financiamiento y desarrollar la actividad productiva, así como el seguimiento y evaluación de los resultados.

Como se dijo antes, favoreceremos la disponibilidad de Fintechs y esfuerzos en conjunto con los bancos públicos y privados, para el lanzamiento de servicios financieros enfocados para las micro,

pequeñas y medianas empresas, de forma coordinada con la oferta del SBD.

Si al iniciar la Administración Cruickshank no ha sido aprobada, respaldaremos la promulgación de la “Ley para facilitar el acceso a crédito y reactivar la economía” (Expediente legislativo N° 21.544), que establece la prescripción de las manchas en el historial crediticio en un plazo máximo de 4 años, a fin de que las personas no se encuentren eternamente imposibilitadas para acceder a créditos. Actualmente, más del 50% de los usuarios tienen alguna mancha crediticia con casas comerciales o entidades financieras.

En condiciones similares, promoveremos la aprobación del expediente legislativo N°22.041, “Ley de financiamiento para las MIPYMES afectadas por la emergencia del COVID-19” que permitirá una ampliación en la cobertura de los avales para préstamos hasta en un 90% del monto del crédito en caso de emergencia y hasta en 75% en condiciones normales, extendiendo el uso de los avales a actividades comerciales tales como garantías de participación y cumplimiento, opciones de compra-venta, cartas de crédito, descuentos de facturas y otros.

Promoveremos, en coordinación con la SUGEF y las entidades financieras, la simplificación de requisitos para la apertura de cuentas bancarias de manera que únicamente se exija la cédula de la persona emprendedora.

Revisaremos el encaje mínimo legal y cualquier otro requisito de depósito que deban cumplir las entidades financieras con el Banco Central a fin de valorar medidas que puedan reducir los costos operativos de estas, de manera esos ahorros permitan abaratar el acceso a los productos y servicios para las MIPYMES.

Fortaleceremos decididamente la vinculación del Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y otros actores con el SBD para el desarrollo de programas de servicios no financieros, capacitación y acompañamiento empresarial.