X-Más - Revista 32 - Junio 2016

Entre Ríos, junio 2016 Año VI • Número 32 Precio $75

Mercado regional de capitales: ¿Por qué no?

El desconocimiento atenta contra la posibilidad de buscar recursos financieros alternativos para las PYMES, y también a que los inversores puedan participar del crecimiento de esas industrias de la región. ¿Qué pasaría si se creara un mercado de capitales con las empresas que todos conocemos y respetamos?

Elecciones Ley de antenas 2015

Cuidar lade Análisis salud resultados y comunicarnos y cómo será bienel gobierno desde el 10 de Diciembre

ElInnovación software pide en Pymes su lugar Calidad, Todas pueden innovación hacerlo y mucho futuro, pero perodesconocido pocas lo sistematizan

Distopía Oferta y demanda laboral ¿Estamos Una brecha en una que sociedad cada día antiética e indeseable? se distancia más

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Paraná • Entre Ríos • Argentina • Junio 2016 • Año VI - Nº 32 Edición de 92 páginas – Tirada 1.000 ejemplares

Editorial P

asaron los primeros seis meses de gobierno con diferentes sensaciones, tanto en lo nacional, como provincial y municipal.

Cada uno tendrá su balance que determina mayor o menor crédito disponible hacia las autoridades para la demanda de soluciones a los viejos y constantes problemas, como para la presentación de las nuevas políticas que tanto se prometieron en campaña.

Pero hay un denominador común en estos seis meses y que atraviesa a la gran mayoría de los gobiernos: la falta de transparencia, el desorden administrativo y la idea de que “el Estado” es cada uno de los funcionarios, los cuales no son nunca alcanzados por la Ley y eso les brinda la impunidad que hoy tanto asquea al país.

Donde los gobiernos cambiaron de color se hicieron más visibles estos “desórdenes”. Donde el partido gobernante continuó en el poder, solamente hubo comentarios en el “off the record” y todo parece seguir igual, a pesar de haber encontrado una Provincia literalmente fundida.

Los principales personajes que gobernaron Entre Ríos en los últimos ocho años –y que adherían a la primera línea del Gobierno del FPV- usaban exactamente las mismas fórmulas para llevar adelante la gestión. El tradicional “copy – paste”. ¿No es hora de buscar en Entre Ríos a los responsables del actual estado de las cuentas públicas? Cada uno que pase por la función, ¿no responderá por sus actos, acciones u omisiones ante los organismos de contralor o la justicia? ¿Tendremos alguna vez tres poderes independientes, donde cada uno cumpla con su rol? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de los ciudadanos para que esto todavía no ocurra?

Las preguntas pueden ser utópicas

Martín Oleinizak Director Editor responsable X-Más

y hasta infantiles si se quiere, pero son la base para una democracia que permita el crecimiento de la sociedad.

Tal vez hemos bajado tanto las expectativas que cada vez nos conformamos con menos.

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Índice

Desconocimiento, el freno para canalizar el ahorro de la región en fondos para PYMES locales Página 12

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Distopía entrerriana

Hola… hola… hooolaaaaa!!!

Página 50

Página 68

Software, la industria invisible Página 78

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Mercado de Capitales

Cada lado del mostrador

Página 14

Página 19

Alternativas de inversión

El inversor entrerriano

Página 25

Página 28

La pata entrerriana para los Mercados de Capitales

Sobre llovido, mojado

Página 34

Página 36

Instrumentos de inversión y financiamiento Página 22

La nueva Ley de Mercado de Capitales Página 31

Gotte SA llega a Crespo con New Holland Página 42

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Índice (cont.)

Yeso agrícola, un recurso natural para recuperar los campos

Para recordar objetivos Página 48

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Un mal llamado “seguro” ambiental hace peligrar la continuidad de PYMES

Sistemas de gestión de la energía, eficiencia y competitividad

Página 60

Página 64

Costo del metro cuadrado para la provincia de Entre Ríos

INCUBER, un espacio para las nuevas ideas

Página 77

Página 89

Preocupan los números de la recaudación provincial Página 58

Construir se fue por las nubes Página 76

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Instrumentos financieros

Desconocimiento, el freno para canalizar el ahorro de la regiรณn en fondos para PYMES locales

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“La Argentina NO tiene problemas de ahorro ni le falta capacidad, el problema es el destino que se le da a ese ahorro”. La frase, dicha por uno de los tantos economistas que pululan por todos los medios en estos días y en cada medio de comunicación que se encienda, contiene uno de los grandes problemas a resolver por éste y los siguientes Gobiernos. ¿Qué hacen los argentinos que pueden ahorrar, con esos recursos?

Plazo fijo y compra de dólares, además de “ladrillos”, son –parecen ser- las únicas alternativas de ahorro.

A eso habría que sumarles las cuentas en el exterior y la fuga de divisas en los sectores más pudientes.

Sin lugar a dudas el primer tema a resolver es la CONFIANZA. Eso se logra solamente con tiempo y un programa económico claro, con objetivos establecidos y políticas perdurables en el tiempo. ¿Sencillo?, para nada.

En el mientras tanto la confianza puede tener una ayuda con el CONOCIMIENTO. Conocimiento que en materia de desarrollo debe basarse en las regiones.

Y es aquí donde nace el espíritu de este artículo. ¿Por qué los entrerrianos no aprendemos a utilizar otros instrumentos para canalizar los ahorros individuales, que pueden ser hasta más rentables que las herramientas tradicionales? Incluso, se podría combinar el ahorro con potenciar el crecimiento de PYMES regionales, que tenemos cerca, que conocemos a sus dueños, su forma de trabajar, su forma de manejarse, su prestigio y podemos mirar certeramente sus perspectivas de desarrollo. Esto por el lado de los ahorristas o inversores.

Pero las PYMES regionales también tienen severos problemas para financiar sus planes de crecimiento.

La reinversión de utilidades y los recursos propios han sido las principales fuentes de financiamiento en la región. Esto puede ser bueno en algunos aspectos, pero siempre retrasa el progreso y puede hacer perder

oportunidades. El Mercado de Capitales ofrece diferente instrumentos alternativos disponibles hoy en día.

El desconocimiento de este abanico de herramientas es la primera barrera a traspasar. Luego, la formalización de la empresa en pos de trazar un camino y elegir el instrumento que mejor se adapte a las necesidades de corto, mediano o largo plazo que tengan.

Ha habido experiencias exitosas.

Desde Petropack SA con sus Obligaciones Negociables emitidas hace casi 10 años y la posibilidad cierta de sacar acciones de la empresa a través de la Bolsa de Comercio, hasta la creación de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) en dos de las empresas avícolas más importantes de la provincia, Establecimiento Las Camelias y Granja Tres Arroyos.

Acaso empresas como Johnson Acero, Nexo, Cartocor, Molinos San José, La Agrícola Regional o el Grupo Motta en la costa del Paraná o Acoplados Lambert, Rothex, Cremigal o Maringa Maderas en el resto de la provincia –y por solo nombrar algunas-, ¿no tienen la trayectoria, la marca, el prestigio y las posibilidades de crecimiento cierto en el corto y mediano plazo, como para ponerse a consideración de inversores regionales y captar esos fondos?

Entonces, si tenemos PYMES regionales que crecen, que tienen un enorme futuro de desarrollo, y que conocemos, generando instrumentos y buscando fondos en el mercado de capitales, ¿por qué esos fondos que buscan no puedan ser de los propios entrerrianos que necesitan ahorrar e invertir?

Oferta y demanda pueden estar muy cerca, solamente es necesario que se conozcan y que se generen los instrumentos para que la confianza aparezca. Este es el objetivo del presente artículo. Explicar al ahorrista/inversor sus posibilidades, y mostrar a quienes necesitan esos recursos financieros, dónde más puede buscarlos.

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Mercado de Capitales E

l Mercado de Capitales funciona como cualquier otro mercado en el cual se intercambian bienes o servicios, con la diferencia que en este caso se ofrecen y demandan fondos o medios de financiación, instrumentados bajo la forma de valores negociables o activos financieros de corto, mediano y largo plazo, caracterizados como de renta fija, renta variable o instrumentos derivados.

En el Mercado de Capitales se

visualizan por un lado a los inversores, que buscan instrumentos en los cuales poder invertir: y por el otro, a las empresas, gobiernos y otras entidades (emisores) que precisan fondos para financiar sus proyectos. En este sentido, el Mercado de Capitales cumple un papel fundamental en la canalización del ahorro de los inversores hacia el sector productivo.

La diferencia con el sistema financiero tradicional es que permite conectar directamente a todas aquellas personas que poseen fondos disponibles (potenciales inversores) con aquellos que necesitan financiarse por fuentes de financiamiento no bancarias, pasando a denominarse a los poseedores de excedentes de fondos “inversores” en lugar de ahorristas, que son aquellos que delegan en un banco la facultad y decisión de inversión de los recursos que administran.

Los inversores (personas físicas o jurídicas) intentarán localizar aquellos instrumentos de inversión que les permitan obtener la mayor rentabilidad posible sujeta al riesgo que estén dispuestos a asumir, sus objetivos y horizonte de inversión. Los emisores, por su parte, ofrecerán públicamente tales instrumentos o valores negociables (de renta fija, variable y derivados) de forma tal de reunir los recursos necesarios que les posibiliten financiar sus proyectos.

En el Gráfico 1 se puede apreciar cómo se interrelacionan los diferentes actores en el Mercado de Capitales, que son los mismos ac-

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tores que también se interrelacionan en la economía real de un país.

Las personas o familias brindando su trabajo y percibiendo en contraprestación los ingresos o salarios.

Las empresas mediante la provisión de bienes y servicios obtienen sus recursos, y el Estado –mediante la exacción impositiva- obtiene recursos de las familias y empresas que luego los vuelca a la economía real mediante la ejecución del gasto público e inversiones.

Organización del Mercado de Capitales El Mercado de Capitales Argentino está conformado por un conjunto de instituciones habilitadas y reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), siendo el marco jurídico de actuación establecido por la Ley 26831 de funcionamiento de los mercados y acceso a la Oferta Publica.

El verdadero proceso de canali-

zación del ahorro a la inversión se da en el momento que se denomina de Colocación Primaria, donde el emisor mediante un proceso de suscripción primaria, logra que los inversores suscriban e integren el o los instrumentos que ofrece a la oferta publica, transmitiendo los valores negociables a los inversores vía transferencia en caja de valores y percibiendo los recursos financieros de los mismos, que ingresan al emisor, quién los destina de acuerdo a lo establecido en el prospecto de emisión que sustenta su presentación a la oferta pública (Gráfico 2).

La otra secuencia es la negociación secundaria donde el inversor, quien adquirió los valores negociables en el proceso de colocación primaria o mediante un proceso previo de negociación secundaria, decide desprenderse del activo adquirido. Para ello, teniendo abierta una cuenta comitente en un agente de mercado registrado ante la CNV que tenga funciones de negociación,

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• Alfredo Calabrese – Contador - Presidente Entre Ríos Valores SA

liquidación y compensación (AN y/o ALYC y AN propio o terceros) y depositado el instrumento financiero en la cuenta depositante del mismo, instruye al agente la negociación y la misma se concreta en un mercado de valores también registrado ante el organismo de contralor. Al liquidarse la operación el comitente vendedor recibe los pesos por la liquidación de la venta realizada y entrega el activo en su poder mediante movimiento en la subcuenta comitente, dependiente de la cuenta depositante que tenga abierta el intermediario donde tiene abierta su cuenta comitente y el comitente comprador produce el proceso inverso.

Principales sujetos del Mercado de Capitales • Comisión Nacional de Valores: Es una entidad autárquica del Estado Nacional que tiene por objeto regular y controlar los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del Mercado de Capitales. Como autoridad de aplicación y contralor de la Ley 26831 de Mercado de Capitales, el artículo 19 detalla todas las funciones atribuidas a la misma.

En el proceso de emisión es la encargada de autorizar la oferta pública de Valores Negociables y su cotización.

• Mercados de Valores: Los mercados son sociedades anónimas y constituyen el ámbito en el cual se produce la concertación, registración y liquidación de operaciones, cargadas a los sistemas de negociación por sujetos registrados y habilitados por la CNV con facultades de negociación, operando por instrucciones de sus comitentes inversores o eventualmente por cartera propia, realizadas con Valores Negociables que cuentan con oferta pública autorizada por la CNV. • En Argentina existen dos Mercados de Valores: el Merval (Mercado de Valores de Buenos Aires) y el MAV (Mercado Argentino de Valores). En cuanto a Mercados de Derivados o Futuros se encuentra el ROFEX (Mercado de Futuros de Rosario) y el MATBA (Mercado a Término de Buenos Aires). Estos mercados son los que autorizan a listar en sus recintos los instrumentos de inversión.

En los Mercados de Valores y Derivados, los intermediarios o agentes registrados, manifestarán las órdenes de compra y de

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venta en función de lo solicitado por los inversores. La negociación será al mejor postor y las operaciones se concretan de acuerdo con una prioridad precio tiempo.

A igual precio, tendrá prioridad la orden de compra o venta que haya ingresado primero. Cuando las ofertas de compra y de venta concuerdan la transacción se concretará. En nuestro país también operan algunos actores, principalmente las entidades financieras, en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde se realizan las principales suscripciones primarias de instrumentos emitidos por el gobierno Nacional o Provinciales y se operan, por diferencias de precios, instrumentos de renta fija únicamente.

• Un acuerdo institucional prevé que el Merval (que próximamente se transformara en ByMA (Bolsa y Mercados Argentinos), se constituya como mercado Senior, donde se opere todo tipo de acciones y títulos públicos, mientras que el MAV (surgido de la fusión del Mercado de Valores de Rosario y el Mercado de Valores de Mendoza) se transforme en un mercado junior o PYME, concentrando en su ámbito de nego-

ciación únicamente los productos emitidos por Pequeñas y Medianas Empresas.

• Bolsas de Comercio: Anteriormente tenían facultades para autorizar la cotización de Títulos Valores y los Mercados de Valores siempre estaban adheridos a una Bolsa de Comercio como requisito indispensable para poder funcionar. La actual ley les ha reducido las funciones dentro del sistema bursátil, pero sí pueden convertirse en entidades precalificadoras en la emisión de Valores Negociables previo a la autorización de la oferta pública o en sustentos de servicios de los Mercados.

• Agentes Registrados: Los inversores y emisores podrán negociar valores a través de Agentes de Mercado Registrados (intermediarios) quienes están autorizados a cursar órdenes de compras o ventas o instrucciones de sus comitentes.

• Los Agentes Registrados se encuentran autorizados por la CNV para abarcar las actividades de negociación, colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de Valores Negociables, las de administración y custodia

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de productos de inversión colectiva, las de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales.

Actualmente el agente registrado, que sustituye integralmente las funciones que cumplían las antiguamente denominadas jurídicamente sociedades de bolsa, son los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) Propios o de Terceros.

• Caja de Valores: También sociedades anónimas registradas ante la CNV que cumplen la función de custodia y depósito colectivo de títulos valores, sus transferencias entre subcuentas comitentes, así como la gestión de cobranza y pagos de servicios de amortización y deuda de títulos públicos, como cobranzas y pagos de dividendos y otras operaciones de características similares.

• Agentes de administración y custodia de Productos de Inversión Colectiva: Bajo este concepto se integran dos grandes grupos: los vinculados con la actividad de los Fondos Comunes de Inversión –instrumentos de inversión colectiva-, y que lo conforman las Sociedades Gerentes (administran) y las Sociedades Depositarias (encargadas de la custodia) y los Fiduciarios Financieros, que son los agentes que registra la CNV para actuar como fiduciarios de fideicomisos financieros que emiten Valores Representativos de Deuda o Certificados de Participación con Oferta Publica.

• Agentes de Calificación de riesgo: Prestan servicios de calificación del riesgo en la emisión de valores negociables con oferta pública, a los efectos de poder estandarizar la media de riesgos asociada al instrumento emitido, facilitando particularmente el criterio de decisión de inversión a los inversores. La nueva ley auto-

riza a constituirse en esta categoría de sujetos a las Universidades Nacionales.

• Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): Son entidades independientes en su mayoría vinculadas a una cadena de valor productiva, que otorgan garantías a las PYMES facilitando el ingreso de sus instrumentos al Mercado de Capitales. Mediante el contrato de garantía, estas sociedades tienen la obligación de abonar en el supuesto que la PYME garantizada incumpla con la obligación asumida instrumentada mediante el valor negociable presentado a su negociación.

Sistemas de negociación de Valores Negociables.

Los intermediarios ingresarán las órdenes de compra y de venta a los diferentes mercados, vía el Sistema Integrado de Negociación Asistida por Computadora (SINAC) o mediante la negociación tradicional a viva voz (en piso). Cada uno de los mercados mencionados tiene o posee su plataforma de negociación. Lo que promueve la nueva ley es la interconexión de las mismas, de tal manera que las ordenes de compra o venta se puedan cargar una sola vez y la combinación de plataforma encuentre donde negociar la orden incorporada.

En el MAE la plataforma –la única que no esta interconectada actualmente-, por la característica propia del sistema de negociación del mismo y los actores que operan, se denomina SIOPEL (Sistema de Operaciones Electrónicas). Actualmente el MAV, el Merval y el Rofex tienen sistemas de plataformas de negociación que permiten canalizar las operaciones a cualquiera de los tres mercados. La tendencia es que los agentes registrados autoricen a sus comitentes de ciertas características, mediante nuevas plataformas de gestión, al ingreso directo al mercado, reduciendo al mínimo los tiempos de gestión de las órdenes.

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Cada lado del mostrador C

omo mencionamos al comienzo, cada uno de los actores que interactúan en una economía abierta al mundo pueden ser oferentes o demandantes de capital, adoptando el rol de quienes ahorran (productores de capital) o de quienes solicitan financiamiento (consumidores de capital) y dependiendo que en sus finanzas ingrese más de lo que egrese (por ejemplo egresos por gastos, repagos de deudas o inversiones), o que egrese mas de lo que ingrese (recordemos que alguien puede ahorrar y al mismo tiempo endeudarse, lo que lo sitúa como oferente y demandante al mismo tiempo).

Independientemente del rol que se ocupe en la economía, los instrumentos negociados en el mercado de capitales son los mismos, pero variará su fin según el actor que los ocupe.

Es decir, una “acción” será para la empresa emisora una forma de financiarse y para su adquirente una inversión.

Emisor Sector Público

Desde el inversor

La primera clasificación de los instrumentos o valores negociables operados en los mercados de capitales, y atento las características del emisor (Gráfico 1), son en Valores de Renta Fija y Valores de Renta Variable.

Los instrumentos de Renta Fija son aquellos que poseen un cronograma de pagos futuros conocidos para el inversor al momento de la emisión y/o la compra. El inversor conoce de antemano la rentabilidad del instrumento si lo mantiene hasta su total amortización o a finish.

Los instrumentos de Renta Variable son aquellos que no se conoce de antemano cuáles serán los flujos de renta que generarán, pues éstos dependen de diversos factores tales como el desempeño de una empresa, el comportamiento del mercado, la evolución de la economía, etcétera.

Un inversor que ha comprado acciones de una empresa puede obtener rendimientos de dos formas: per-

Renta Fija

Renta Variable

Títulos Públicos Letras y Notas del Banco Central Obligaciones Negociables (ON)

Sector Privado

Valores de Corto Plazo (VCP)

Acciones

Cheques de Pago Diferido - Pagaré Pagaré

Fideicomiso Financiero

Valores de Deuda Fiduciaria (VDF)

Certificados de Participación (CP)

Fondo Común de Inversión

Cuotapartes de Renta

Cuotapartes de Acciones

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cibiendo dividendos o vendiendo sus acciones a otro inversor por un precio mayor de lo que pagó por estas.

Tanto el pago de dividendos como la venta de sus acciones dependen del éxito de la empresa, de sus expectativas y, sobre todo, de su capacidad para generar beneficios. Los inversores compran acciones con la esperanza de que la empresa tenga éxito, pero ese éxito es algo incierto y depende de infinidad de factores, incluyendo la situación de la economía en general.

Debido a ello, la rentabilidad de las acciones no se conoce en el momento de su adquisición. Por eso, se les considera títulos de renta variable.

Mapa del Financiamiento Empresario Tal como lo vemos graficado en la siguiente imagen, los instrumentos pueden ser caracterizados como: Instrumentos de participación en el capital; instrumentos de deuda o securitizacion; o titularización de activos.

Los instrumentos de capital son aquéllos que representan una participación en la empresa (como lo dice el nombre, en el capital de la empresa), los de deuda son los que representan un préstamo otorgado por los inverso-

res a los emisores, y titularizar activos consiste en aislar activos de liquidez diferida en instrumentos estructurados, de forma de obtener mediante la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria o Certificados de participación, el financiamiento atado al repago de los activos fideicomitidos.

Desde el emisor

Ahora bien, si nos pondríamos en el lugar de un demandante de capital, es decir del Emisor de instrumentos de financiamiento, una de las primeras preguntas que nos haríamos sería ¿Qué características debe tener mi empresa para acceder al mercado de valores?

En términos generales, el emisor debe reunir algunas características para acceder al mercado de valores: primero, tener el perfil adecuado como para convencer a los inversores que le entreguen sus recursos. Esto significa ofrecer al inversor condiciones atractivas de liquidez, rentabilidad y riesgo; sus necesidades de financiamiento deben ser de magnitud coincidente con el instrumento que se emita, de tal forma que permita diluir los costos de originación y transacción propios del mercado de valores; y tener una empresa organizada, formalmente constituida, con

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buenos antecedentes y posibilidades de brindar información confiable y transparente.

También podría preguntarse ¿Por qué debería acudir al mercado de capitales en lugar del sistema financiero tradicional? ¿Qué ventajas ofrece?

Al respecto podemos sintetizar esta respuesta en los siguientes componentes: obtención de recursos a costo competitivo; minimización de costos de intermediación; estructuración de las fuentes y mecanismos de financiación de acuerdo con las necesidades específicas de financiamiento, atando la estructura a su capacidad de repago y moneda preponderante en su flujo; capitalización y difusión de la compañía; y optimización de la estructura financiera de la empresa o proyecto.

Desde el inversor

Si cambiáramos de rol y pasáramos a ser oferentes de capital, es decir Inversores, podríamos plantearnos los mismos interrogantes. Respecto a las características con las que se debe contar cabe mencionar que cualquier persona con un excedente de dinero puede invertir en títulos en el mercado

de valores –acciones e instrumentos de deuda-, con el objetivo de obtener una rentabilidad por su inversión. El mercado ofrece una amplia gama de alternativas de inversión para que cada individuo pueda elegir aquella que más le convenga a sus necesidades e intereses. Esta elección depende, entre otras variables, del monto que disponga para invertir, el tiempo durante el cual pueda prescindir de los fondos, el retorno que desea obtener y el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir. En las ventajas para el inversor podemos destacar las siguientes: financiar y participar de la economía real; operaciones garantizadas; diferentes instrumentos para diferentes perfiles de riesgo; posibilidad de invertir en instrumentos emitidos en diferentes monedas y con diferentes clausulas de ajustes; inversión a corto, mediano y largo plazo; una amplia protección brindada por el marco regulatorio y los requerimientos de emisión de los mercados; el mantenimiento del valor de la inversión; una liquidez inmediata atento la existencia del mercado secundario de negociación; y beneficios fiscales para el inversor persona física asimilable a un plazo fijo bancario.

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Instrumentos de inversión y financiamiento A

la hora de decidir qué instrumentos se van a utilizar para inversión o financiamiento hay tres cuestiones básicas que se deben considerar: el volumen de la operación, el plazo y los riesgos que se está dispuesto a asumir.

Una vez definido esto se podrá optar entre los siguientes instrumentos: Cheques de pago diferido: Son órdenes de pago libradas a una fecha determinada contra una entidad financiera autorizada. El plazo máximo admitido para la emisión de un cheque de esta naturaleza coincide con el plazo máximo admitido por la normativa bancaria, siendo de 360 días. Los cheques de pago diferido se pueden negociar en los siguientes tres segmentos: el Sistema Patrocinado se refiere a la facultad que tienen las sociedades comerciales legalmente constituidas de solicitar y obtener de una Bolsa de Comercio la autorización para que los beneficiarios de sus cheques de pago diferido puedan ofrecerlos a la negociación bursátil. En este segmento se descuentan cheques de pago diferido propios presentados por la libradora.

El segundo segmento es el Sistema Avalado, estos cheques pueden ser propios o cheques de su cartera, es necesario contar con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), quien otorgará garantía y seguridad

de su cobro llegada la fecha de vencimiento al adquirente o inversor, minimizando así la tasa de descuento o interés. La colocación se realiza a través de las SGR. Por último, el Segmento Directo con garantía de Warrant, donde le permite a todo tenedor de cereales o activos cuyo precio de referencia sea transparente, obtener financiamiento afectando dichos stocks o tenencias como garantía de una operación bursátil de descuento de cheque de pago diferido. De tal manera, toda empresa que posea granos podrá constituir con ellos un Warrant y obtener financiamiento en el Mercado, afectando dicho warrant como garantía. Esta herramienta le permite al tenedor de la mercadería mejorar la estrategia comercial, al independizar la necesidad de financiamiento de la venta de la mercadería y evitar la venta del producto cuando los precios no resultan del todo convenientes.

Valores de corto plazo: son valores negociables representativos de deuda de corto plazo cuya duración máxima puede alcanzar los 365 días y pueden ser ofertados públicamente con exclusividad a los Inversores Calificados. Les confieren a sus titulares (inversores) un derecho de crédito y pueden representarse

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como pagarés seriados, como valores representativos de deuda de corto plazo o como obligaciones negociables de corto plazo, de acuerdo con la naturaleza societaria del emisor.

Pagarés: Un pagaré es un valor de deuda que puede ser negociado en los Mercados autorizados en forma exclusiva por la CNV. Su instrumentación es similar a la del Cheque de Pago Diferido, pero a un plazo más extendido, ya que los Pagarés podrán emitirse de 180 días a 3 años.

En el caso de que el emisor sea una PYME, los Pagarés a ser negociados en mercados deberán estar avalados por una SGR. Para ser avalados por una SGR, la PYME deberá asociarse como socio partícipe de la misma forma que con los CPD. Esta garantía asegura la cobranza al inversor y por ende posibilita disminuir la tasa de interés del financiamiento de la PYME. El Pagaré puede estar nominado en pesos o en moneda extranjera con un monto mínimo de $ 100.000 o valor equivalente.

Obligaciones Negociables: Son valores de deuda privada de renta fija emitidos por entidades y empresas privadas, para obtener los fondos que necesitan para el desarrollo de sus actividades. Las Obligaciones Ne-

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gociables (ON) se negocian en los mercados de capitales y son el equivalente a los títulos públicos, pero destinados a la financiación productiva del sector privado. No implican participación societaria alguna y el inversor es un mero acreedor. Las obligaciones negociables pueden ser rescatadas por la emisora para su cancelación en cualquier momento de la vida del título, siempre que esta posibilidad esté establecida en el Prospecto de Emisión del valor negociable. Las pequeñas y medianas empresas pueden emitir estos valores negociables bajo un régimen simplificado de oferta pública y listado, regulado por la Ley Nº 23.576.

Muchas empresas recurren a estos bonos para ampliar capital, mejorar tecnología o implementar proyectos de investigación. El monto máximo de una emisión de ON PYME no puede superar, al momento, $ 100 millones por empresa, podrán emitirse en pesos o en su equivalente en dólares.

Fideicomiso Financiero: Es una herramienta financiera mediante la cual las PYMES, en forma individual o conjunta, pueden obtener fondos separando determinados activos (reales o financieros) de su patrimonio, y cediéndolos a un administrador en propiedad fiduciaria, para que sean transformados en activos financie-

ros líquidos para su negociación en el mercado bursátil. Los activos fideicomitidos que los fiduciantes han decidido transferir a favor del fiduciario para que éste a su vez los administre a favor de los beneficiarios adquirentes, pueden ser bienes, derechos y/o flujos de fondos presentes o futuros. Existen Fideicomisos Financieros (FF) que cuentan con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) sobre la emisión financiera del FF, favoreciendo tanto a los emisores-fiduciantes que podrán obtener financiamiento a una menor tasa de interés, como a los inversores-beneficiarios adquirentes, ya que el instrumento reducirá su riesgo de no repago.

El Fondo de Garantía está orientado aquí a empresas PYMES que son socias partícipes de la SGR y cuyo aval mejorará las opciones de financiamiento de las primeras.

Acciones: son títulos de capital que representan las partes en las cuales se divide el capital social de una empresa con forma de Sociedad Anónima. Constituyen un activo financiero de renta variable. Cuando una empresa decide ampliar su patrimonio neto mediante la emisión de nuevas acciones, está abriendo su capital social a nuevos socios o accionistas.

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Alternativas de inversión De Renta fija:

• Títulos públicos: Son bonos emitidos por el Estado Nacional, los estados provinciales o los municipios, con el fin de canalizar el ahorro de los inversores hacia la financiación de sus actividades: infraestructura, servicios públicos, entre otras.

Los títulos públicos le ofrecen al inversor la posibilidad de contar con diferentes alternativas en cuanto a plazos y a sistemas de amortización y pago de intereses. Por otra parte, si bien se pueden retener hasta su fecha de vencimiento cobrando así todos los intereses, también se puede optar por venderlos en el mercado secundario. Teniendo en cuenta esto, las ganancias de estos instru-

mentos pueden estar dadas o bien por el rendimiento que se obtiene del cobro de los intereses o por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Estos títulos pueden comprarse y venderse en cualquier momento a través del mercado de capitales.

• Letras del Banco Central (LEBAC): Son títulos de deuda de corto plazo que licita el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) los martes de cada semana, con pago total y único al vencimiento (instrumento bullet) y cuyo rendimiento o costo financiero surge de una tasa de descuento implícita para el período en cuestión. Se pueden adquirir sólo con dinero en efectivo a través de bancos o sociedades de bolsa.

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• Ricardo Couchot – Contador - Mandatario Integrar

• Luisina Aguilar y Juan Pablo Ríos – Contadores, Depto. Asistencia PYME Bolsa de Comercio de ER

Existen LEBAC en pesos, en pesos ajustables por CER y en dólares.

• Obligaciones negociables • Valores de corto plazo • Cheque de pago diferido • Pagaré

De renta variable:

• Acciones • Certificados de participación: Son valores negociables emitidos por los fideicomisos financieros, que representan una porción del capital

del fideicomiso. El inversor adquiere de esta forma una cuota de la propiedad del fideicomiso.

• Fondos comunes de inversión (FCI) Es un instrumento de inversión que se forma juntando el capital de un grupo de inversores (cuota partícipes). El patrimonio resultante es administrado por una Sociedad Gerente, que lo invierte de manera profesional en otros productos financieros y valores del mercado de capitales: ac-

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Qué es una PYME CNV La participación de las Pequeñas y Medianas Empresas en el mercado de capitales argentino constituye una preocupación de todas las entidades que lo conforman y en particular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a fin de posibilitar a esta categoría de empresas el acceso al financiamiento en condiciones ventajosas.

La Comisión Nacional de Valores no es ajena a este fenómeno y en sus Normas contiene un nuevo marco regulatorio de oferta pública denominado Régimen PYME CNV para aquellas empresas que deseen emitir valores negociables representativos de capital o deuda.

En este sentido, la Comisión permite que las PYMES accedan a un régimen de oferta pública diferenciado –régimen PYME CNV-, con beneficios y ventajas que buscan impulsar el financiamiento productivo, así como acompañar el proceso de crecimiento de la empresa dentro del ámbito de la oferta pública.

Las principales ventajas que poseen las PYME CNV son el acceso a los servicios que brinda la oficina de asistencia PYME CNV, una menor carga de reporte informativo periódico, trámites simplificados de acceso a la oferta pública, la no obligatoriedad de constituir comité de auditoría ni contar con órgano colegiado de fiscalización para empresas con capital social inicial inferior a los $ 10 millones, más la eximición del arancel de autorización y de la tasa de fiscalización.

ciones, bonos públicos y privados, depósitos a plazo fijo, etc. Los FCI son una forma idónea para que los pequeños inversores accedan a los mercados, ya que facilitan la diversificación y el control de los riesgos,

incluso cuando sólo se dispone de montos reducidos para la inversión.

• Derivados: Los más habituales y conocidos son los Futuros, donde las partes se comprometen a comprar o vender una determinada cantidad del activo subyacente (bienes o valores) en una fecha futura determinada y a un precio fijado desde el principio. Cuando se realizan fuera de los mercados organizados de productos derivados, se denominan contratos a término (forwards); las Opciones, donde la persona que compra una opción adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente antes de una fecha establecida, a un determinado precio (precio de ejercicio).

La opción de compra se denomina call, y la de venta put; y los Swaps, también llamados permutas financieras. Las partes se ponen de acuerdo para intercambiar pagos o ingresos futuros.

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El inversor entrerriano “¿Es segura la inversión?” “Tengo poca plata, esto no es para mí”. “¿Y si pierdo todo?”. Son algunos de los principales cuestionamientos que se plantean los nuevos (y potenciales) clientes de Integrar SA. Sin lugar a dudas, el mercado de capitales argentino tiene algunos aspectos centrales que resolver en lo relativo a la cantidad de personas que operan en él (denominados en el rubro “comitentes”), sobre todo en la comunicación, conocimiento de los instrumentos y establecimiento de una relación a largo plazo.

Son cuestiones culturales que tienen que ver con el escaso contenido que se brinda en las distintas etapas educativas formales (inclusive en carreras de grado) sobre fi-

nanzas personales e inversiones en particular.

La mayoría de las personas opta por una inversión en Plazo Fijo de una entidad bancaria, y ve a la inversión en el Mercado de Capitales como algo “remoto” o fuera de sus posibilidades. Asimismo, por distintas circunstancias que se han ido produciendo a lo largo de la historia argentina, quienes cuentan con algún excedente en sus ingresos se vuelcan a los otros refugios de capital: el ladrillo y/o el dólar.

Entre Ríos no escapa a esta realidad en la relación del inversor-ahorrista con el mercado de capitales, una relación generalmente tímida que busca fundamentalmente apoyarse en la confianza.

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A partir de las primeras intenciones de ingresar al mercado de capitales –y más allá de nuestra experiencia en el trato con inversores y el consiguiente conocimiento de sus necesidades-, existe un cuestionario que nos permite establecer para cada uno de ellos un perfil de inversor. Este instrumento ayuda a diseñar, en conjunto con el cliente, una estrategia de inversión dentro de la diversa gama de instrumentos disponibles en el Mercado de Capitales que más se ajusten a su perfil.

El inversor entrerriano es en términos generales conservador, reticente al riesgo, y tiene un horizonte de inversión de corto-mediano plazo; busca fundamentalmente tener a alguien que le brinde confianza y

a quien pueda consultar personalmente. Es fundamentalmente conservador, busca instrumentos que le permitan mantener su capital, tratando de tener alguna ganancia con el mismo, pero sin descuidar aquel objetivo primario. Parte importante de estos inversores se ha volcado a bonos soberanos (títulos públicos del Estado Nacional) en dólares; dichos instrumentos logran esos objetivos ya que permiten tener un capital nominado en dólares y un pago de renta periódica, además de la liquidez (es decir, posibilidad de comprar y vender en cualquier momento) de este tipo de instrumentos.

También (seguramente, y siempre hablando en general por no estar

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los argentinos habituados a una estabilidad macroeconómica que permita planificación de largo plazo) es de corto-mediano plazo, por ello es que busca instrumentos que satisfagan estos objetivos.

En lo relativo al conocimiento del Mercado de Capitales, un instrumento en particular que ha sido un canalizador de consultas e iniciador en dicho mercado, han sido las LEBACS. Las Letras del Banco Central que, martes a martes, emite a distintos plazos y tasas.

Ha permitido al público inversor (o ahorrista) encontrar rendimientos superiores a los plazos fijos en instrumentos de similar duración e igual riesgo (o menor, ya que el deudor es el propio Banco Central). Es un instrumento que, si bien es relativamente nuevo para el público inversor en general, ha suscitado un interés enorme, pasando a ser una parte importantísima del volumen de operaciones en Integrar SA. Sabemos que la confianza es un elemento fundamental en las inversiones, por eso la premisa fundamental es la orientación hacia el cliente, brindando atención personalizada y acompañamiento en la toma de decisiones. El “cara a cara” tiene un peso significativo.

¿Cómo hago para invertir?

Para poder comprar o vender acciones u otros títulos en el mercado de capitales es necesario acudir a un agente de negociación y/o liquidación, (AN o ALYC) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien actuará como intermediario.

Los agentes deberán tener una membrecía en un mercado también registrado, autorizado y regulado por la CNV. Para comprar acciones o invertir en otros instrumentos, los inversores deben en primer lugar abrir una cuenta comitente en un agente y a partir de allí pueden comenzar a cursar las órdenes de compra y venta o instruir la realización de operaciones bursátiles con el subyacente de valores negociables. Los operadores ejecutan las órdenes de sus clientes en alguno de los sistemas habilitados para la negociación.

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Legislación vigente

La nueva Ley de Mercado de Capitales E

l mercado de capitales, en sentido amplio, es el punto de encuentro entre la oferta y la demanda de recursos financieros, es la conexión entre las unidades económicas superavitarias y las deficitarias de dichos recursos.

En un sentido más restringido, se excluye al mercado bancario o financiero o de dinero, caracterizado por la intermediación habitual de las entidades financieras, limitándose al segmento (mercado de capitales en sentido estricto o de valores) en el cual la vinculación entre las personas oferentes de recursos (inversores) se hace directamente con las personas demandantes de fondos (el propio Estado y empresas) mediante el empleo de valores negociados con la participación de agentes especializados y autorizados a ese fin.

Siempre dentro del mercado de capitales en sentido estricto, hasta hace poco tiempo, quienes, desde el sector público o del privado, pretendían obtener recursos de los inversores, debían emitir títulos valores en serie o en masa, en soporte papel, con los que generaban relaciones de deuda (bonos estatales, obligaciones negociables, entre otros.) o de participación (acciones de sociedades anónimas), por lo que el inversor posee-

dor del título devenía en acreedor o en accionista del emisor.

En cada operación de financiamiento, el demandante de recursos lo obtenía, real o potencialmente, de una pluralidad indefinida de adquirentes de los títulos emitidos, fraccionando así la provisión de fondos (salvo excepciones en alguna modalidad de underwriting).

Desde hace unos años, merced principalmente al avance tecnológico en informática y telemática, el soporte papel fue remplazando por el anotaciones en cuenta de sistemas de depósito colectivo de títulos (en Argentina, “Caja de Valores”), ampliándose el concepto de los instrumentos al genérico de “Valores Negociables”.

Todo el sistema gira alrededor de la posibilidad de que los valores puedan ser negociados, tanto en la emisión original (mercado primario) como posteriormente (mercado secundario) mediante “oferta pública”, esto es por invitación a personas indeterminadas (incluso a grupos o sectores determinados de personas), pues ello no sólo genera mayor demanda de valores sino también, en mercados institucionalizados, suficiente liquidez, esto es la posibilidad de renegociar los mismos valores en el mercado secundario lo que agrega atractivo a la inversión.

Por Roberto Sergio Reggiardo Abogado. Docente universitario

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Todo el sistema descripto tiene especial interés en las políticas públicas dado que un mercado de valores eficiente facilita y abarata el financiamiento, del propio sector público (en todos sus niveles) y de las empresas, y para que funcione con volúmenes adecuados debe ser confiable para los inversores. De ahí que universalmente, desde el Estado y por diversos mecanismos, se pretenda proteger al oferente de recursos, no para asegurarle resultados, pero sí para que tenga suficiente información y, principalmente, para que no sea defraudado.

El ideal es aquel en el cual un importante número de pequeños inversores aportan sus ahorros para medianos y grandes proyectos en la economía real.

El funcionamiento del mercado permite definir el precio, cotización, de cada valor negociado.

Antecedentes inmediatos en Argentina Desde 1968 el régimen legal de este

mercado estaba estructurado bajo la Ley 17.811, siendo su instrumento institucional de regulación la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el centro del sistema operaba el mercado “bursátil”, denominación de fuerte raigambre histórica, porque la negociación de títulos valores comenzó y se realizó durante muchos años en los ámbitos de las “bolsas de comercio”. La negociación de valores se hacía en los “mercados de valores”, sociedades anónimas que debían estar adheridos a una “bolsa de comercio”.

El mecanismo de negociación por “voceo” en un recinto se fue reemplazando por la comunicación electrónica.

Los principales operadores de los mercados, los agentes y sociedades de bolsa, para poder hacerlo debían ser accionistas del respectivo mercado. Cada mercado tenía poder de registro, reglamentario y disciplinario sobre sus agentes.

Por su parte la CNV conservaba la fiscalización directa sobre los mercados y las emisoras.

Cada emisión debía contar con autorización para hacer oferta pública otorgada por la CNV y para cotizar otorgada por cada “bolsa de comercio”.

En los años ´90 tomó impulso el “mercado extrabursátil”, a través del Mercado Abierto Electrónico, operado principalmente por bancos y sobre títulos públicos.

Como regla cada emisión debía contar con una “calificación de riesgo” de una sociedad calificadora, autorizada como tal por la CNV. Los valores tradicionales comparten la oferta de títulos junto con instrumentos más novedosos como los emitidos a partir de productos de inversión colectiva como los “fideicomisos financieros” y los “fondos comunes de inversión”, en un mercado reducido, si se lo compara con la población y el producto bruto argentino.

A mediados del 2.001, se dicta el Decreto 677 del P.E.N. “Régimen de Transparencia de la Oferta Pú-

33 Más info www.x-mas.tv

blica”, que pretendió modernizar el alicaído mercado de capitales de Argentina.

Actualidad

De la mano de críticas a nivel mundial por la ausencia de control Estatal sobre los mercados de capitales con motivo de la crisis financiera global de 2008, así como de criterios políticos de mayor intervención pública imperantes en nuestro país, se sanciona y promulga a fines del año 2.012, la nueva Ley 26.831 de Mercado de Capitales derogatoria de la normativa anterior, y reglamentada por el Decreto 1.023/13.

La nueva legislación se caracteriza por asignar el registro y fiscalización directa de todos los partícipes del mercado a la CNV, eliminado el sistema de “autorregulación” de los mercados de valores en relación a sus agentes. Asimismo se elimina el requisito de ser accionista de cada mercado para poder operar en él.

Así la CNV administra los registros de los agentes que autoriza para participar en las diferentes actividades propias del mercado y fiscaliza directamente a las emisoras de valores negociables, además de ser autoridad de aplicación de todo el régimen de “oferta pública”.

Desde un comienzo la nueva normativa fue merecedora de críticas por ciertos excesos en cuanto a las atribuciones asignadas a la CNV, sobre todo, cuando ellas pueden importar afectar derechos constitucionalmente garantizados, incluso en materia de intervención a entidades sujetas a fiscalización.

Los “mercados de valores” autorizados para operar, pueden garantizar las operaciones y tienen la función de permitir el listado o negociación de valores negociables, previamente autorizados a la oferta pública por la CNV. Las “bolsas de comercio” prácticamente han perdido todo rol en el mercado de capitales.

La nueva normativa recoge también disposiciones del decreto 677/01 citado, en protección de accionistas minoritarios de sociedades cotizadas, con el sistema de “oferta pública de adquisición” (voluntaria y forzosa), el régimen de “participaciones residuales” y la situación de “retiro de la oferta pública”.

Además, establece un régimen de transparencia y publicidad, sobre todo de emisoras y de las operaciones del mercado, hasta con un sistema de sanciones, que apunta a alcanzar los objetivos definidos por la misma Ley.

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Bolsa de Comercio de ER

La pata entrerriana para los Mercados de Capitales L

a Bolsa de Comercio de Entre Ríos es la entidad local que opera en el mercado de capitales y trabaja en el desarrollo de proyectos que se financian a través de la institución. Su accionar y operatoria abarca una amplio espectro de inversores, emprendedores y desarrollistas, y su objetivo es llegar a ellos con la oferta de información, capacitación, servicios, asistencia en la búsqueda de financiamiento que contribuyan y posibiliten la expansión de los negocios, el crecimiento de Entre Ríos junto a la región, generando oportunidades de empleo calificado, incluyendo mejor calidad de vida.

La Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER) se fundó en 1992 motivada por empresarios con el espíritu de impulsar el crecimiento de Entre Rios y que sea un campo propicio para impulsar el mercado de capitales donde interactua el ahorro y la inversion productiva.

Los avatares de la macroeconomía argentina y mundial de las últimas décadas propiciaron estrategias adaptativas que dieron lugar a la creación de sociedades vinculadas, a efectos de operar cumplimentando las normativas vigentes y atender con eficiencia la demanda.

La Sociedad Entrerriana de

Certificados de Depósitos de Warrants SA nace ante la necesidad de una herramienta financiera por parte de los sectores productivos, que mejoren el acceso al financiamiento a tasas competitivas con garantía de la producción.

En 2003 se decide modificar la forma de vincularse con la operatoria de los mercados de capitales regionales y nacionales, surgiendo Entre Rios Valores Sociedad de Bolsa SA con la misión de ser operadores regionales.

Dos años después nace Entre Rios Fiduciaria SA con la aptitud suficiente para motorizar distintos tipos de negocios y servicios recibiendo bienes en Fideicomiso.

En 2011 y por un cambio de expectativas de uso de los instrumentos ofrecidos en la Sociedad de Depósitos y Warrants SA, se decide la venta de la sociedad.

En 2014, ante la nueva legislación del Mercado de Capitales, se acuerda asociar la operatoria bursátil en Integrar SA Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) y Agentes de Negociación (AN propio), fusionándose operativamente con BICA Cooperativa, De la Cruz Sociedad de Bolsa SA, participando de la nueva sociedad la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El cambio de paradigma que se ha

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• Alcides Balla – Contador - Presidente Bolsa de Cereales de ER

instituido en la macroeconomía argentina dejando atrás el default, permite acceder a los mercados internacionales con la posibilidad de emitir deuda soberana y poder ser considerados como país emergente, lo que generará una significativa oportunidad de expansion del mercado de capitales. Con una visión de mediano plazo y asumiendo crecimiento económico, baja de inflación y mejora fiscal, tendremos la posibilidad de un desarrollo genuino y constante.

Ante este nuevo factible escenario, la BCER tiene el firme propósito de brindar oportunidades para que el anhelo de los fundadores pueda comenzar a transitar un camino de realizaciones.

Con el accionar de las sociedades vinculadas Entre Ríos Fiduciaria SA, Valer SA (estructuras y mandatos), e Integrar SA ALYC y AN Propio, están las estructuras para brindar productos y servicios orientados a satisfacer la demanda de inversores locales y de empresas regionales.

A fin de canalizar la información y el asesoramiento financiero/bursátil se creó el Departamento de Asistencia a PYMES ofreciendo el conocimiento de operatorias alternativas de las tradicionales de inversión y financiamiento.

Es relevante en el nuevo escenario del mercado de capitales, el inicio de operaciones de B&MA, el nuevo mercado que empezaría a cotizar próximamente que junto con el MAV –Mercado Argentino de Valores- y diversificarán el acceso a operar tanto a empresas macro como a PYMES. Considerando que la visión de la BCER es propiciar la expansión de las PYMES, la entidad participará como accionistas en el MAV, cuya operatoria contiene productos adaptativos al sector, teniendo la opción de canalizar los intereses de Entre Ríos y contribuir a los planes de desarrollo MAV, aportando la visión sectorial y particular de nuestra región.

En este contexto en que las PYMES tendrán un rol preponderante es que se ha suscripto un convenio de colaboración de partes con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (SGR) a fin de propiciar el acceso al financiamiento en instituciones bancarias y/o mercado de capitales.

Son tiempos de esfuerzo y perseverancia, donde el cortoplacismo no debe ocultar el horizonte de crecimiento, expectativas y esperanzas de consolidar el porvenir de la región y el país.

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Final de Campaña 2015/2016

Sobre llovido, mojado Más de tres años de malas campañas no podía haber. Esta era la oportunidad para recuperar mucho de lo perdido. Estaba casi todo listo. Incluso se llegó a cosechar soja un par de días y las expectativas provocaban entusiasmo. Cambiaba el panorama, volvía la ilusión y el optimismo. Pero llovió como nunca y todo se derrumbó. Entre las deudas anteriores y las de la campaña que terminó, ¿cómo queda el campo entrerriano para afrontar la nueva siembra? ¿Cómo quedan las cooperativas y acopios para respaldar a sus productores? ¿Se cumplirán las promesas?

E

l año pasado en la edición de junio, cuando hacíamos este mismo informe, decíamos que había pasado la mejor campaña agrícola de Entre Ríos en términos productivos, pero la peor en términos económicos. Era una gran paradoja difícil de explicar a quienes no entienden el negocio del agro: con récords de producción se había perdido mucha plata.

Con ese resultado y la mochila pesada por las pérdidas de las otras dos campañas anteriores, el productor debía salir a buscar otra nueva financiación para decidir si sembraba o no. Porque también la decisión debía considerar el factor electoral, donde podía cambiar (o no) el panorama.

La primera consecuencia fue la disminución del área sembrada en Entre Ríos. Hubo un 10% menos de hectáreas utilizadas en relación a la campaña anterior. Ese porcentaje significan 210.000 hectáreas que salieron de la agricultura. Hay

que remontarse al año de la “crisis del campo y la Resolución 125” (el 2008) para encontrar un registro menor al actual. El trigo, cultivo de invierno que convivió con todas las incertidumbres de las previas electorales, perdió el 40% del área que se había sembrado un año atrás.

Ya en agosto se daba el primer resultado –sorpresivo para muchosde las PASO, un evento “Niño” instalado que prometía lluvias (muy bueno para el maíz) y expectativas de mejoras en los precios internacionales para finales de campaña que podían complementarse con una actualización del precio del dólar, que todavía seguía frenado por el Gobierno. Para el maíz tampoco alcanzó y se redujo el área en 40.000 hectáreas. Nuevamente la soja, para los que se animaran, era la única alternativa.

El calendario avanzaba y octubre ofrece la primera buena noticia para el campo con el resultado

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Valor de la producción entrerriana - últimas seis campañas Toneladas

Promedio de rinde por hectárea

$ / T de grano

US$ / T de grano

Campaña 2010/11

Volumen de la producción

6.129.020

3.011 Kg/Ha

$ 1.024

US$ 249,15

Campaña 2011/12

Volumen de la producción

5.906.254

3.008 Kg/Ha

$ 1.040

US$ 231,63

Campaña 2012/13

Volumen de la producción

5.779.667

2.980 Kg/Ha

$ 1.410

US$ 267,05

Campaña 2013/14

Volumen de la producción

6.429.640

3.058 Kg/Ha

$ 1.934

US$ 238,47

Campaña 2014/15

Volumen de la producción

7.104.678

3.358 Kg/Ha

$ 1.491

US$ 165,94

Campaña 2015/16

Volumen de la producción

4.201.485

2.205 Kg/Ha

$ 3.156

En millones de pesos

En millones de dólares

$ 6.276

US$ 1.527

Total del valor de la producción

Total del valor de la producción

$ 6.142

US$ 1.368

Total del valor de la producción

Total del valor de la producción

$ 8.696

US$ 1.647

Total del valor de la producción

Total del valor de la producción

$ 13.112

US$ 1.617

Total del valor de la producción

Total del valor de la producción

$ 10.595

US$ 1.179

Total del valor de la producción

Total del valor de la producción

US$ 217.65

$ 13.262

US$ 913

(valor dolar $14,50)

Total del valor de la producción

Total del valor de la producción Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIBER

Valor de la producción por cultivos Producción en T

Cotización al

Precio por T

Dólar en fecha

Valor de la producción en $

Trigo

550.330

30-dic

$ 1.700

$ 13,80

$ 935.561.000

Lino

17.600

29-dic

$ 2.800

$ 13,80

$ 49.280.000

Girasol

1.140

22-mar

$ 3.850

$ 15,15

$ 4.389.000

Arroz

454.070

30-abr

$ 2.250

$ 14,85

$ 1.226.407.500

Maíz

1.220.000

31-may

$ 2.900

$ 14,55

$ 3.538.000.000

Sorgo

190.490

31-may

$ 2.200

$ 14,55

$ 419.078.000

Soja

1.767.855

31-may

$ 4.010

$ 14,55

Total

4.201.485

$ 7.089.098.550 $ 13.261.814.050

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIBER

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Campañas agrícolas

2006/07

TRIGO

LINO

GIRASOL

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

Producción (ton)

Campañas agrícolas

782.960

2006/07

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha) 25.330

1.033

Producción (ton)

Campañas agrícolas

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

Producción (ton)

25.411

2006/07

53.490

1.409

72.694

285.740

2.838

2007/08

312.320

2.829

879.285

2007/08

6.080

891

5.416

2007/08

72.695

1.919

139.499

2008/09

254.993

2.158

480.649

2008/09

14.850

1.063

15.724

2008/09

47.366

1.172

51.888

2009/10

327.589

3.643

1.132.962

2009/10

38.050

1.300

48.771

2009/10

17.431

952

15.878

2010/11

279.470

3.844

1.074.373

2010/11

21.600

1.221

26.375

2010/11

20.347

1.832

36.661

2011/12

280.906

3.381

949.863

2011/12

7.930

1.149

9.112

2011/12

10.450

1.737

17.685

2012/13

163.700

1.893

298.950

2012/13

8.000

878

6.840

2012/13

2.820

988

2.747

2013/14

270.900

2.748

740.360

2013/14

13.400

1.119

14.906

2013/14

2.770

1.152

3.123

2014/15

309.700

2.480

766.883

2014/15

12.000

970

11.250

2014/15

1.610

2.202

3.545

2015/16

190.100

2.956

550.330

2015/16

15.600

1.150

17.600

2015/16

500

2.280

1.140

Campañas agrícolas

ARROZ

MAIZ

SORGO

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

Producción (ton)

Campañas agrícolas

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

Producción (ton)

Campañas agrícolas

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

Producción (ton)

2006/07

67.570

7.020

469.913

2006/07

165.170

8.002

1.116.731

2006/07

83.750

5.271

307.586

2007/08

71.770

7.342

515.795

2007/08

189.240

5.073

912.455

2007/08

97.165

5.049

447.542

2008/09

87.012

7.233

595.905

2008/09

152.097

1.394

212.069

2008/09

103.575

2.910

301.449

2009/10

91.735

6.313

578.368

2009/10

139.477

8.360

1.037.906

2009/10

109.850

4.137

371.717

2010/11

99.608

7.150

712.217

2010/11

191.851

5.054

803.801

2010/11

109.900

4.800

527.000

2011/12

73.468

7.266

533.835

2011/12

214.470

4.680

933.000

2011/12

192.097

4.661

792.838

2012/13

68.400

6.798

461.900

2012/13

242.100

6.300

1.525.230

2012/13

124.000

4.500

558.000

2013/14

68.000

7.441

506.010

2013/14

264.100

5.222

1.240.190

2013/14

120.000

4.298

388.540

2014/15

74.200

7.380

547.560

2014/15

252.100

6.699

1.543.885

2014/15

90.000

4.500

405.000

2015/16

71.400

6.552

454.070

2015/16

210.600

6.000

1.220.000

2015/16

71.100

3.677

190.490

de las elecciones. La primera consecuencia –más allá del fin del Kirchnerismo-, era la casi certeza de que el dólar oficial iba a validar lo que la práctica del blue diariamente reflejaba una vez que asuma el gobierno electo de Mauricio Macri.

Las buenas noticias siguieron con los resultados del trigo. Lamentablemente solo se sembraron 190.100 hectáreas y el rendimiento promedio crecería casi 500 Kg/Ha en relación al año anterior, ubicán-

dose el promedio en los 2.956 Kg/ Ha. La producción total del cereal fue de 550.330 toneladas en Entre Ríos.

Simultáneamente la soja estaba en plena siembra pero también retrocedió. Junto con el 2008, fue la segunda vez en el siglo que el “yuyo verde” retrocedió en relación al año anterior, siendo destinadas unas 30.000 hectáreas menos que en el ciclo agrícola anterior.

El verano trajo lluvias y enero

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SOJA

PRODUCCION TOTAL DE GRANOS en ER

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Evolución de la producción en la provincia de Entre Ríos

Campañas agrícolas

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

Producción (ton)

Campañas agrícolas

Superficie Rendimiento (Ha) (Kg/Ha)

2006/07

1.285.000

2.587

3.316.792

2006/07

1.986.050

1.654.980

6.092.089

2007/08 2008/09

1.307.995

2.288

2.979.275

2007/08

2.057.265

1.738.865

5.879.267

1.117.660

948

1.059.992

2008/09

1.777.553

1.507.710

2.717.675

2009/10 2010/11

1.308.786

2.716

3.554.684

2009/10

2.032.918

1.667.279

6.744.286

1.312.350

2.300

3.018.241

2010/11

2.035.126

1.734.056

6.129.020

2011/12

1.254.670

2012/13

1.329.900

2.120

2.660.154

2011/12

1.963.196

1.674.360

5.904.695

2.200

2.926.000

2012/13

1.938.920

1.767.220

5.602.082

2013/14

1.363.200

2014/15

1.376.000

2.463

3.357.561

2013/14

2.102.370

1.818.070

6.429.640

2.646

3.638.690

2014/15

2.115.610

1.793.910

6.833.043

2015/16

1.345.400

1.314

2.371.390

2015/16

1.905.700

1.691.500

4.805.020

complicó al arroz, cultivo que retrocedió en 3.000 hectáreas y sigue “planchado” en los mismos bajos números desde hace 5 años. La evolución del cereal no fue de las mejores y terminó con un rinde de 800 kilos menos por hectárea, promediando 6.552 Kg por hectárea y con una producción total de 454.070 toneladas. Las casi 100.000 toneladas menos del presente año son compensadas con el carry over que quedó sin vender de la pasada cam-

Producción (ton)

paña por falta de mercados y competitividad en el sector.

En febrero comenzó avanzando con intermitencias por las primeras lluvias fuertes que se registraban en la región, la cosecha del maíz de primera (87% del total sembrado).

Los resultados finales –si bien todavía no ha finalizado la trilla del maíz de segunda-, se puede estimar que dejarán una reducción de 600 kilos por hectárea, llegando a un promedio de 6.000 kilos y que to-

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talizaría unas 1.220.00 toneladas, un 20% menos de producción que el ciclo anterior.

Quedaba la soja. La gran ilusión.

Lo que permitiría olvidar rápidamente los años malos al sector y pensar nuevamente en crecer. Estaba todo dado para eso. Incluso en una de las exposiciones más importantes del sector, en el mes de marzo, se daba record de operaciones en compra de maquinarias e insumos, presagiando el buen resultado por venir.

El avance de la campaña había dado algunos sustos, pero en general el cultivo llegaba a mediados de marzo en buen estado. Los primeros lotes cosechados seguían incrementando las expectativas, y en algunas regiones el rendimiento era excelente. Pero llegó abril y las lluvias. No tiene mucho más sentido ahondar en un tema que fue tapa de nuestra edición anterior.

El resultado final lo publicó el SIBER en el mes de junio: se cosecharon 2.371.390 toneladas de soja en Entre Ríos, 1.267.300 menos que en el ciclo pasado cuando se recolectaron 3.638.690 toneladas. Los excesos hídricos causaron la pérdida de 44.900 hectáreas (3% del total implantado). La producción

registró una caía del 35% y se situó en 2.371.390 toneladas; esto generó una merma de 1.267.300 toneladas.

El rendimiento promedio fue de 1.823 kg/ha. Pero como la calidad de lo cosechado fue mala en muchos casos, el productor sufrió descuentos equivalentes a otros 500 Kilos por hectárea.

Los resultados finales.

De esta manera, el volumen de la producción entrerriana de la campaña 2015/2016 totalizó 4.201.485 toneladas de granos, retrocediendo un 41% en relación al año anterior y convirtiéndose en la peor campaña productiva del siglo.

El resultado se resume en una producción de 2.205 kilos por hectárea sembrada en Entre Ríos.

Si hacemos el ejercicio que reproducimos todos los años, tomando el valor de cotización de cada cultivo a la fecha de finalización de su cosecha, nos dará un valor estimativo de la producción entrerriana. En el gráfico adjunto se encuentran los resultados de la presente y anteriores campañas.

El valor económico de las 4.201.485 de toneladas cosechadas en Entre Ríos fue de $ 13.262 millones, dando un valor promedio

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de $ 3.156 por tonelada de grano.

Si transformamos los pesos en dólares, aplicándoles el valor de la moneda promedio entre el 30 de diciembre y el 31 de mayo ($14,50), podemos concluir que el valor asciende a U$S 913 millones.

Pero esto es solo facturación. No se consideran los costos y gastos que tiene el productor para poder llegar al final de la campaña. Para eso, tratando de entender por qué el campo perdió por cuarto año consecutivo, basta reproducir el informe publicado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que explica lo siguiente: “los factores climáticos al momento de la trilla afectaron seriamente a la calidad de la semilla; no obstante se verificó una minoría de lotes donde no hubo descuentos por grano dañado hasta sitios donde el valor superó al 80% y en las peores circunstancias chacras que directamente no fueron cosechadas”.

Además agregó que “el factor promedio para la campaña 20015/16 fue del 75%, esto equivale a un daño promedio del 30%, (ya que existe en las normas de comercialización una tolerancia de hasta el 5% que no es castigada). En otras palabras, con un daño del 30% el productor por

cada 100 kg de soja recibe el pago equivalente a 75 kg”. En conclusión, “si aplica el descuento por calidad a las toneladas producidas y se la divide por el área total sembrada se obtiene un rendimiento promedio provincial de 1.314 kg/ha. Este valor es lo que refleja realmente el ingreso del productor. Por otra parte, el rendimiento de indiferencia (que es el costo para producir soja e incluye desde la siembra hasta la cosecha y acondicionamiento) para el caso de Entre Ríos es de aproximadamente 2.227 kg/ha, lo que ocasionó al productor una pérdida de 913 kg/ha”.

Al considerar una cotización de soja de $ 4.000 por tonelada, el SIBER señaló que el resultado económico es el siguiente: el productor entrerriano invirtió $ 8.908 por hectárea y tuvo un ingreso de $5.256 por hectárea, por lo tanto tiene que afrontar una pérdida de $ 3.652 por hectárea.

En base a los datos descriptos, el SIBER dedujo que los productores realizaron una inversión total en la campaña de soja 2015/16 de $ 11.985 millones, con un retorno de $ 7.070 millones y por lo tanto están afrontando una pérdida de $ 4.915 millones.

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Inauguración

Gotte SA llega a Crespo con New Holland

L

a empresa familiar Gotte SA, originaria de Bovril en los años `50, tuvo su primer desarrollo en el norte entrerriano de la mano de Don Julio Gotte –segunda generación-, y responsable de integrar varias localidades de la región mejorando instalaciones, agregando actividades, equipando con la tecnología disponible en cada área en esa época y proyectando el emprendimiento para el resto de la provincia y el país.

Desde el año 2003 los hermanos Sergio y Gabriel Gotte –tercera generación-, tomaron la conducción de la empresa familiar y llevan adelante el desafío de crecer comprometidos con la región.

Gotte SA representa desde hace 11 años a la marca New Holland con

una concesionaria en Bovril, la cual a partir del mes de julio contará con una flamante sucursal en la ciudad de Crespo. La nueva locación ubicada en la intersección de las calles Güemes y Otto Sagemüller está destinada a la venta de repuestos, líneas de tractores, cosechadoras y forrajes, e incorporará la venta de implementos agrícolas.

“Es un gran esfuerzo y un enorme orgullo lograr que la familia Gotte se expanda y sea precisamente en esta ciudad. Las nuevas oficinas representan un paso más en nuestro plan de desarrollo estratégico y nuestros objetivos apuntan a satisfacer la demanda creciente de trabajo por parte de nuestros clientes”, expresó Sergio Gotte, en el momento de lanzar el nuevo emprendimiento.

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Piedras Blancas SA

Yeso agrícola, un recurso natural para recuperar los campos Después de las lluvias e inundaciones de abril y con la historia de escasa rotación en los últimos años, es necesario recuperar la productividad de los suelos entrerrianos.

Este producto natural aporta mejor que ninguno a estructurar, corregir y fertilizar las tierras.

L

a empresa Piedras Blancas SA extrae el yeso de sus canteras en la localidad homónima sobre la costa del Río Paraná y lo procesa para la industria de la construcción –el uso más habitual y conocido de este producto- y para el sector agrícola.

Este segundo uso, el agrícola, comenzó en el año 2003 y tuvo un gran crecimiento hasta 2011, último año donde el agro argentino tuvo rentabilidad positiva. Desde entonces los productores comenzaron a recortar inversiones y mantenimiento de sus campos hasta la campaña anterior.

El núcleo productivo del país con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba eran los mercados más demandantes de Yesoer, la marca comercial de Piedras Blancas SA.

El cambio de las reglas de juego con la quita de las retenciones al trigo y el maíz, sumado a la baja de la alícuota para la soja volvieron nuevamente interesante la posibilidad de invertir en los campos argentinos.

Al contexto económico se sumaron las precipitaciones en el final de la campaña que en muchos casos lavaron los campos –y en otros más graves los inundaron- y se llega a esta instancia con la necesidad imperiosa de recuperar y fertilizar las tierras que vienen sufriendo y perdiendo producción en los últimos años.

Ecológico y natural

El yeso agrícola no modifica el pH del suelo pues es de carácter neutro. No induce acidificación como otros fer-

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tilizantes azufrados, como el azufre elemental y el sulfato de amonio, y neutraliza la acidificación producida por la urea. No es tóxico en dosis recomendadas. Es mineral natural y no ha sufrido contaminación ante procesos sintéticos. Es posible mezclarlo con otros fertilizantes y no tiene vencimiento. Tiene una mejor relación costo-beneficio dando mayores resultados con menor costo.

Conocido comúnmente como yeso agrícola o sulfato de calcio des-

hidratado, su fórmula química es CaSO4 2H2O. De esta fórmula los componentes que interesan para el uso agrícola son el calcio (Ca) y el azufre (S), elementos que le otorgan beneficios de estructurador, corrector y fertilizante de suelos.

El aporte de calcio brinda estabilidad a los suelos, con lo cual se logra mantener o recuperar la estructura del mismo, la cual pudo verse afectado por precipitaciones y labores que se producen sobre el mis-

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mo. Por lo tanto su uso disminuye la erosión hídrica, mejora la aireación y la actividad bilógica.

Las ventajas del yeso por corregir el sodio reemplazándolo por el calcio se deben al mejoramiento de las propiedades físicas, químicas, físicoquímicas y biológicas que esto conlleva y se traduce en una gran estabilidad de materia orgánica, agregado de suelo más estable y mejoramiento de la infiltración del agua. Todo esto favorece el desarrollo de los cultivos.

Otras de las razones de por qué aplicar yeso agrícola surge por el conocimiento que se tiene sobre que la deficiencia de azufre y de calcio en suelos agrícolas es producida fundamentalmente por procesos erosivos y extracción general de nutrientes por

el cultivo, es decir que cada cultivo extrae del suelo determinados nutrientes los cuales deben reponerse a los efectos de mantener la sustentabilidad del mismo. El yeso como fertilizante, al proporcionar azufre y calcio mantiene el pH en condiciones de óptima fertilidad.

Como se mencionó precedentemente el uso agrícola hace que se disminuyan los niveles de calcio y azufre en el suelo junto con los de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y de materia orgánica. Por esto es muy viable pensar en incorporar la utilización del yeso agrícola como fertilizante azufrado y cálcico. Que además de aportar estos dos minerales, produce una mayor eficiencia de utilización de los demás nutrientes

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(N, P, K) por parte de los cultivos. En Entre Ríos existen suelos con déficit de fósforo para las plantas, y puede ser debido a la falta de azufre y calcio que faciliten su absorción. El yeso permite obtener fertilidad inmediata en suelos muy arenosos, degradados o con poca mineralización, como es el caso de la siembra directa.

Dosis y aplicaciones

Las dosis de sulfato de calcio a aplicar dependen de las propiedades y del tipo de suelo, de los niveles de nutrientes y de la demanda nutricional por parte de los distintos cultivos.

Siempre es recomendable la consulta con el ingeniero agrónomo. YESOER tiene una solubilidad mucho menor a la de los fertilizantes sintéticos, lo cual demuestra una importante ventaja porque bajo determinada distribución granulométrica (entre 1 mm. y 5 mm.), se logra una solubilización inmediata, pero gradual y con efecto residual, evitando los inconvenientes y mermas de persistencia del azufre y calcio en el suelo generados por disoluciones instantáneas, como la de algunos peletizados de yeso y el sulfato de amonio.

El yeso no requiere maquinaria especial para su aplicación y se puede realizar en cualquier momento.

Se puede dosificar y distribuir tanto con sistemas por gravedad, como con sistemas por fuerza centrífuga.

Se puede aplicar tanto en cobertura como en hileras; en pre-siembra, post-emergencia e incluso en la siembra misma.

Los resultados de las lluvias y las necesidades de los productores ya están impactando en la demanda del producto. Piedras Blancas SA incrementó las ventas en el primer semestre del año en un 20%, en relación al mismo período del año anterior, y las expectativas de ventas se incrementan para los próximos meses. La novedad viene de la mano de Entre Ríos, donde las principales zonas agrícolas (Gualeguay, Diamante y Victoria) han comenzado a usar el producto en forma más importante.

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Día del Cooperativismo

Para recordar objetivos C

omo todos los años, el primer sábado del mes de julio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Cooperativismo, y en este 2016 la consigna es “Cooperativismo: el poder de actuar para un futuro sostenible». El eslogan se eligió para hacer hincapié en la contribución cooperativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El cooperativismo argentino tiene cuna en la provincia de Entre Ríos y la región, nucleando en el movimiento a las empresas más antiguas que tiene la Provincia, mayoritariamente vinculadas al sector agrícola. En los últimos 100 años han nacido y se han desarrollado fortaleciendo a pequeños productores.

Paradójicamente, el cooperativismo fue una de las principales formas asociativas impulsadas por los últimos gobiernos, y buena parte de esos agrupamientos no pudieron perdurar en el tiempo. El Gobierno anterior nunca entendió que el cooperativismo no es solamente una forma asociativa y jurídica. Es un movimiento basado en valores, cultura propia y educación, donde todos sus integrantes trabajan por el bien común. Sin los intereses comunes acordados por todos sus integrantes, difícilmente pueda perdurar ningún proyecto.

Por eso, en este nuevo aniversario del Día del Cooperativismo, es bueno recordar conceptos y significados de sus principales símbolos, para entender y poder encausar en este tipo de ordenamiento jurídico proyectos integrales, y no solo asociativos.

Qué es una cooperativa

Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales, con plena per-

sonería jurídica, de duración indefinida, de responsabilidad limitada, donde las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil. Las cooperativas se rigen por estatutos y por la Ley de Asociaciones Cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos.

Sólo puede llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos.

El logo

El emblema cooperativo es un signo muy difundido a nivel mundial pero no tiene carácter universal. Se empezó a utilizar en 1922. Muestra la identificación positiva de los cooperativistas y su sentido de propósito y trabajo común.

El árbol del pino es un antiguo símbolo de vida, de inmortalidad y de fecundidad. Representa la perennidad, la perseverancia y la solidaridad, tres de los grandes pilares sobre los cuales se asienta el movimiento cooperativo. El pino, en su afán constante de ascender a los cielos, es idéntico al ideal de perseverancia cooperativista de escalar las alturas de una idea. Los dos pinos unidos simbolizan la hermandad, la unión y la necesidad de un trabajo conjunto.

El círculo tiene la calidad interminable de la eternidad, sin horizonte final. Representa además el mundo que todo lo contiene y todo lo abarca. El fondo amarillo oro del círculo recrea la idea del sol como fuente de luz y de vida. El color verde oscuro se asemeja al color de la clorofila, donde nace el principio vital de la naturaleza.

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La Bandera

La Bandera de la Cooperación está formada por los colores del arco iris, que simbolizan los ideales y objetivos de paz universal, la unidad que supera las diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de humanidad en un mundo mejor, donde reine la libertad, la dignidad personal, la justicia social y la solidaridad.

Tiene los siete colores del arco iris, en franjas horizontales, que simbolizan su carácter universal y pluralista, a través de los que los hombres de todos los credos e ideas se unen para trabajar por el bienestar general. En ella se recogen los colores de todas las banderas del mundo y es el único símbolo de carácter universal del movimiento.

Los siete colores

El rojo representa el fuego y el amor que une a las personas. El cooperativismo es la fragua donde se forja un

destino feliz en un marco de igualdad y de democracia.

El naranja recuerda un amanecer glorioso. El cooperativismo es como un surtidor de logros en diversos campos: ahorro, crédito, consumo, mercadeo, producción, vivienda, seguro, educación, arte y servicios necesarios para el consumidor.

El amarillo es el color del sol que da luz, calor y vida. El cooperativismo asegura una vida feliz, dinámica y solidaria.

El verde representa la esperanza de los que, unidos en el amor y en el trabajo, hacen posible el milagro de la cooperación.

El azul celeste es la ilusión. Es el color del cielo y nos estimula a admirar la belleza de la creación.

El azul marino encarna el valor que impulsa a buscar nuevas rutas y nuevos surcos donde acunar la semilla de la fe y la cooperación.

El violeta significa la humildad, una de las virtudes que acerca más a lo divino y al prójimo.

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Política, justicia y sociedad

Distopía entrerriana “La vida política de un pueblo marca la condición en que se encuentra, marca su nivel moral, marca el temple y la energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido y en decadencia, o es víctima de una brutal opresión” Leandro N. Alem el 13 de Abril de 1890, al ser designado presidente de la Unión Cívica.

U

Roberto Trevesse Lic. en Periodismo y Comunicación

na distopía o antiutopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. Esta sociedad distópica suele ser introducida mediante una novela, ensayo, cómic o cine.

El concepto de “distopía” proviene de la cultura anglosajona. El término fue acuñado a fines del siglo XIX por John Stuart Mill, quien también empleaba el sinónimo creado por Bentham, cacotopía.

Ambos términos se basaron en el término utopía acuñado por Tomás Moro procedente del «prefijo que indica algo bueno o favorable», significando ‘buen lugar’, un lugar imaginario, no existente donde habita una sociedad idealizada.

Distopía o cacotopía son términos antónimos de utopía significando una “utopía negativa”, donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad ideal, representando una sociedad hipotética indeseable.

Se atribuye la primera utilización del término “distopía” que existe

documentada a John Stuart Mill, en un discurso de una intervención parlamentaria en 1868. Si bien el término distopía estuvo relegado del Diccionario de la Real Academia Española fue añadido por uno de sus académicos quién describe la distopía como la “representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de alienación moral”.

Para retratar los males de una sociedad ficticia, la distopía se caracteriza por poseer una naturaleza real, ya que tiene un fundamento real para reflejar su trama y poseer una naturaleza irreal: utópica para describir estados sociales y/o políticos ilusorios e imaginados.

La mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencia de tendencias sociales actuales y que llevan a situaciones totalmente indeseables. Surgen como obras de advertencia, o como sátiras, que muestran las tendencias actuales extrapoladas

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en finales apocalípticos.

Las distopías guardan mucha relación con la época y el contexto socio-político en que se conciben. Por ejemplo, algunas distopías de la primera mitad del siglo XX o a mediados de siglo advertían de los peligros del socialismo de Estado, de la mediocridad generalizada, del control social, de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias, del consumismo y el aislamiento.

Otras más recientes utilizan una ambientación distópica en que el mundo se encuentra coercitivamente dominado por las grandes transnacionales capitalistas con altos grados de sofisticación tecnológica y carácter represivo.

El conocimiento de los individuos en las distopías puede ser por medio de un control tan riguroso que el Estado lo controla mediante el sistema.

También trata temas como

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la manipulación para crear una sociedad conformista o que las catástrofes ecológicas pueden ser presentadas como parte de la trama o como un elemento central, siendo una de las subdivisiones más utilizadas de las distopías.

Por supuesto que la distopía existe en la literatura y en el cine, según el papel que desempeña la sociedad en sí misma, basadas en complejos sistemas sociales, legales, económicos, culturales o políticos y en donde se desarrolla la historia. La trama que se describe no parte del enfrentamiento del protagonista con el sistema.

Esta breve explicación tiene que ver con nuestra Provincia que no escapa a la precedente explicación, que se asemeja y mucho a lo que significa que como sociedad regional de la Argentina seamos distópicos. Lo que no habla nada bien de nosotros.

Por ejemplo, el gobierno explicitó sus pretensiones respecto al caso del abogado Guillermo Smaldone.

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, presentó el expediente con el decreto en que el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del entonces presidente del Tribunal de Cuentas y, en el mismo acto, solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que declare abstracta la cuestión. De esta manera se evita dictar sentencia y sentar jurisprudencia. Se trata del Decreto Número 1.548/16, con fecha del 14 de junio de 2016. Lo hizo con el argumento de que Smaldone dio un paso al costado, el Fiscal de Estado pidió que se declarara abstracta la cuestión, pero Juan Carlos Arralde, por el contrario, quiere que el alto cuerpo se expida. Luego de que el joven abogado abandonara el cargo, el ex senador radical presentó una nota ante el STJ exigiendo que dicte sentencia ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta hace dos años y en la que se cuestionó el proceso de designación de Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas.

Más allá de la cuestión y de quién tenga razón, el joven Smaldone debió no haber aceptado el cargo, más allá de la cuestión legal y esto tiene que ver con que no pensó (al menos, eso parece) en la cuestión ética y en la transparencia, ya que a mi juicio no debe integrar un órgano autónomo de contralor de las cuentas públicas y mucho menos como Presidente, quien es hijo de Juan Ramón Smaldone, vocal del Superior Tribunal de Justicia. Esto es lisa y llanamente un serio conflicto de intereses que se pudo evitar.

Otro ejemplo que agrede a la institucionalidad y a la independencia de poderes, es que Mauro Urribarri sea Ministro de Gobierno (la cartera más importante del Poder Ejecutivo) y su padre Sergio Urribarri sea el Presidente de la Cámara de Diputados. Vale recordar que cuando este último se desempeñó por dos períodos consecutivos como Gobernador por la voluntad popular en elecciones libres y democráticas, su hijo Mauro ocupó la Secretaría de la Cámara de Senadores. También esta situación es inaceptable en cualquier gobierno republicano.

Mientras tanto, el ex Gobernador de Entre Ríos y ex Intendente de Paraná por el Justicialismo, contador Mario Moine hizo declaraciones radiales en el programa “A quien corresponda” (FM de la Plaza, 94.7Mhz) y en esa jugosa entrevista se despachó en contra de la corrupción y dijo que dentro de su partido “es una larga historia”. Calificó de “traidor a la Patria a todo aquel funcionario que roba en el Estado”, y pidió igual condena para “políticos y empresarios”. Sobre el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, precisó: “Es tan clara la evidencia. Yo no recuerdo ninguna otra situación así”.

Luego agregó que además están los empresarios que salieron a reconocer el pago de coimas, como el empresario, Héctor Méndez, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, que admitió que “a la obra pública le

53 Más info www.x-mas.tv

decían Movicom: porque iba con el 15 adelante”.

En referencia al escenario provincial, Moine advirtió que el gobernador Gustavo Bordet deberá “marcar la cancha en este aspecto”.

Reclamó que Sergio Urribarri “pague si realmente se confirma” la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra. Le llamó la atención sobre las “palabras tan elogiosas, el afecto y cariño” que ha tenido públicamente la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dra. Claudia Mizawak, para con la gestión Urribarri. También opinó sobre el Tribunal de Cuentas y marcó que “hace años no genera nada”. Sin embargo, marcó que “el periodismo ha demostrado la cantidad de publicidades y contratos en forma directa que ha habido”.

Con una sinceridad no habitual en un político entrerriano, agregó que “Yo no entiendo por qué hay políticos condenados que no cumplen efectivamente la prisión. No entiendo por qué, excepto algún que otro caso” y remarcó “Estoy totalmente de acuerdo que si le tocan 20 años al político, le tocan 20 años al empresario”.

Finalmente, Moine enfatizó que el Estado no es una empresa privada.

(Fuente: “A quien corresponda”.

Otro peronista que hizo críticas declaraciones fue el ex senador nacional, Héctor Maya al señalar que en el actual escenario, Sergio Urribarri “no habla porque está en una situación política incómoda” y alertó que “hay gente para la cual no hay alambrado alto, pega el salto sin ninguna prudencia, se pasa por oportunismo y eso es sucio”. También reclamó por el voto de la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, en el planteo de inconstitucionalidad por la designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas.

“Es necesario que se expresen todos, y sobre todo una persona cuestionada por vínculos con la política como la doctora Mizawak”, apuntó. (Fuente: Análisis Digital 22.06.2016) El ex Senador provincial radical, Juan Carlos Arralde –denunciante sobre la cuestión en el Tribunal de Cuentas-, señaló que pretende que la justicia diga si fue o no constitucional el procedimiento atacado.

También algunos de los vocales del STJ están interesados en sentar jurisprudencia sobre el tema y evitar conflictos similares ante el intento de otras probables o no designaciones, sin la promulgación de leyes reglamentarias.

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En una entrevista exclusiva con el diario El Entre Ríos de Colón, junto al vocal del STJ Bernardo Salduna, la presidente del citado cuerpo habló sobre varios temas, enfatizando que “El Poder Judicial hace 10 años no le admitía ni a un periodista ni a nadie que nosotros no éramos ágiles ni eficientes, porque ¡¿cómo lo iba a admitir y menos públicamente?! Hoy lo admitimos. Ya es un gran paso admitirlo. Y estamos trabajando para corregirlo”, confió Claudia Mizawak.

Cabe recordar que Mizawak es la esposa del Secretario de Estado de Energía, el ingeniero Raúl Arroyo, lo que nos marca otro caso potencial de conflicto de intereses entre poderes del Estado a lo que la política provincial no le da importancia y por supuesto que hay más ejemplos.

El empresario uruguayense de la construcción, Víctor Pietroboni habló sobre su inclusión en la lista que Lázaro Báez presentó al juez Sebastián Casanello. En jugoso diálogo con Hugo Barreto en el programa “Las cosas por su nombre” por Radio 9 (96.9 Mhz. de C. del Uruguay), dijo que durante la década de Néstor y Cristina fue presionado para no presentarse a las

obras en que licitaba Lázaro y explicó mecanismos mediante los cuales Báez hizo su fortuna: “cobraban 10 millones de dólares por obras que cuestan 700 u 800 mil pesos, los que estamos en el rubro lo sabemos”.

Pietroboni destacó que Lázaro Báez es “un delincuente” y lo que hizo el kirchnerismo “es indefendible”. Es más, el empresario uruguayense dijo que lo llamaban para que no se presente a licitaciones arregladas para Lázaro.

Reconoció su relación con Sergio Urribarri y negó que se lo beneficie en la obra pública entrerriana. También dijo que los sobreprecios para coimas existen “en todos lados”.

“Es una condición del mercado, que si no lo contemplas después tenés que sacarlo de algún lado”, arguyó el empresario, quien se manifestó dispuesto a que lo citen.

Un observador de la realidad me dijo con fastidio que es evidente la falta de participación de oficio en forma inmediata de la Justicia entrerriana y/o federal. Hace años que llama la atención la ausencia de actuaciones de oficio de fiscales y jueces de esta Provincia. Nos hace pensar en inoperancia y en alguna forma de encubrimiento tácito o cierta conni-

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vencia entre los poderes del Estado entrerriano.

Los jueces y fiscales deben comprender definitivamente que una vez elegidos por su idoneidad, honestidad e integridad de acuerdo a nuestra Constitución, solo tienen que dedicarse a hacer JUSTICIA en tiempo y forma, más allá del poder de turno.

Lo llamativo es que la sociedad en general mira casi siempre para otro lado, pero lo más grave son la mayoría de las organizaciones constituidas en las diferentes profesiones liberales, industriales y empresariales que no dicen absolutamente nada sobre el rol de la Justicia y cuando lo hacen, son atinentes a temas que afectan a sus intereses particulares

de cada una de ellas. Tampoco lo hacen en otros hechos relevantes de la vida cotidiana provincial que nos comprende a todos. Por lo menos se trata de una actitud llamativa y negativa, por cierto.

Otro caso: la información oficial en su página web daba cuenta en 2011 que el viernes 18 de marzo se habían firmado los contratos en Concordia para iniciar la autovía de la ruta 18 en cuatro frentes simultáneos. Se trataba de una obra trascendental para el desarrollo entrerriano de 227 kilómetros de extensión.

En septiembre de 2010 también en la ex capital del citrus, se había realizado la apertura de sobres de la licitación de la autovía Paraná-Concordia, y se realizaba el acto for-

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mal de firmar los contratos de esta gran obra que demandaba –en aquel entonces- una inversión cercana a 1.997 millones de pesos, la que se ejecutaría en cuatro tramos al mismo tiempo, en un plazo de 36 meses.

Se trata de una continuidad de la red vial bioceánica del Mercosur.

La ruta nacional Nº 18 atraviesa el centro provincial con sentido este– oeste desde la ruta nacional Nº 12 hasta la ruta nacional Nº 14 uniendo ambas márgenes, desde el río Paraná hasta la costa del Uruguay. En su recorrido vincula las ciudades cabeceras de los cuatro departamentos que comunica: Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia, así como una importante cantidad de localidades y poblados rurales. Lamen-

tablemente la obra se paró mucho tiempo, a tal punto que hace más de 2 años y 3 meses que debería estar inaugurada. Ahora se está trabajando, pero se ha modificado el proyecto global original. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién da explicaciones? ¿Quién las pide? ¿A alguien le interesa?

Por otro lado, el vocal del STJ Emilio Castrillón, quien fue diputado provincial hasta el 10 de diciembre del 2006 y luego “a los pocos días” miembro del STJ sin escalas, –no siendo el único caso en la historia democrática entrerriana-, hizo declaraciones en este mes de junio en el programa “En el dos mil también” (FM Litoral 103.1 Mhz.) señalando que la presidencia del alto cuerpo judicial a veces fue rota-

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tiva y a veces no. Siempre hubo un acuerdo que se arreglaba. Cambiaba el gobierno y se terminaba el acuerdo. La pregunta que el ciudadano se hace, es ¿Qué tiene que ver que cambie el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Luego dijo que a él sus pares no lo quieren para presidente y que ejercer ese cargo es tener la representatividad del poder judicial, la firma calificada. Negó que haya fondos reservados para los integrantes del Tribunal, solo hay fondos para consumos que los llaman gastos de protocolo y que él no tenía la más remota idea que había la partida 392 para estos casos. Se trata de cien mil pesos anuales por vocal, lo que indicaría un promedio de ocho mil pesos mensuales. Dicho esto, este hombre polémico formado en la trinchera política le expresa al colega palabras más palabras menos: “¿te crees que por ocho mil pesos se va a vender muy fácil un vocal del STJ?”.

Consideramos que no debió pensarlo y menos decirlo, pero lo dijo.

Ante otra pregunta sobre cómo se rinde el gasto de dicha partida 392 y que la presidente Mizawak le había dicho a la prensa que se rinde de forma global, Castrillón expresó “A mí no me quedó claro ¿si vos me lo explicas?”

Queda claro que en estos siete ejemplos de muchos más que pudimos haber narrados, sobrevuela todo el tiempo la distopía o antiutopía, que es -como dijimos al principio- una sociedad ficticia indeseable en sí misma.

Una cosa es respetar la Ley y otra ser una persona ética, transparente e íntegra, y que cuando se equivoca, asume públicamente sus errores.

Cada uno de nosotros sabe o no, si ha vivido circunstancias extremas a lo largo de su vida, pero lo cierto es que debemos aprender y entender todos que “hay formas de mantener la dignidad moral en circunstancias extremas”, frase que tomé del intelectual búlgaro radicado en Francia desde 1963, Tzvetan Todorov (1939).

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Administradora Tributaria de Entre Ríos

Preocupan los números de la recaudación provincial A pesar de estar vigente en los últimos meses una amplia moratoria que maquilló la caída de la recaudación, los números de la ATER están muy por debajo de los resultados de organismos nacionales y mucho más lejos de acompañar el ritmo inflacionario.

Recaudación mensual - ATER - 2016 Enero Inmobiliario

Febrero

$ 43.677.741

$ 289.439.688

Marzo

Abril

Mayo

$ 41.972.689

$ 306.587.271

$ 218.248.855

Totales anuales $ 899.926.244

Automotor

$ 17.668.203

$ 16.593.228

$ 262.791.763

$ 41.047.293

$ 44.186.839

$ 382.287.326

Ingresos Brutos

$ 426.960.729

$ 402.986.805

$ 407.673.820

$ 468.808.670

$ 448.081.536

$ 2.154.511.560

Sellos

$ 40.302.787

$ 42.501.016

$ 41.593.241

$ 39.734.675

$ 41.292.916

$ 205.424.635

Ley 4035

$ 50.275.074

$ 38.065.963

$ 39.283.070

$ 40.461.850

$ 43.929.316

$ 212.015.273

Profesiones Liberales

$ 8.165.026

$ 6.951.556

$ 7.324.084

$ 8.161.838

$ 8.601.518

$ 39.204.022

Transferencias gratuitas bienes

$ 1.891.863

$ 986.742

$ 3.277.390

$ 2.114.360

$ 4.760.741

$ 13.031.096

Derecho de Extrac Minerales

$-

$-

$-

$-

$-

$-

Totales

$ 592.720.827

$ 800.849.267

$ 807.831.338

$ 910.857.395

$ 814.427.999

$ 3.926.686.826

Fuente: Elaboración propia en base a datos ATER

Cerró el quinto mes del año y la recaudación de la Administradora Tributaria de Entre Ríos cayó a los $ 814.427.999, una merma del 10,6% respecto al mes anterior y un incremento interanual del 32,9%.

Con estos resultados, el organismo lleva recaudado durante el presente año $ 3.926,7 millones, un 28,7% más que en los primeros cinco meses de 2015.

Los números no serían tan preocupantes si no se tuvieran en cuenta varios factores: primero que la recaudación nacional de la AFIP está creciendo en la comparación interanual al 33,9%, 5,2 puntos más que la pro-

vincial; segundo, que los niveles inflacionarios –con la tasa más alta de inflación interanual registrada en el mes de abril pasado- que se pueden comparar solamente con los primeros años de la década del ’90, que llegan al 43,6% interanual, según el Índice Congreso, casi 15 puntos por arriba de la recaudación de la ATER; y tercero, que en los últimos tres meses estuvo vigente una moratoria en Entre Ríos que permitió recuperar deuda por varios cientos de millones de pesos, los cuales están sumados al total recaudado y ayudaron a maquillar para que la caída no fuera más notoria.

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Con el apoyo del Gobierno Provincial

Un mal llamado “seguro” ambiental hace peligrar la continuidad de PYMES Autoridades de la provincia de Entre Ríos avalan la exigencia de un seguro ambiental que no es tal y que incumple las exigencias de la Ley de Ambiente, además de poner en riesgo la continuidad de empresas por el alto costo que demanda.

L

a Ley General del Ambiente nº 25.675 del año 2002, obliga a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos a contratar un seguro de cobertura suficiente para la recomposición del daño. En su artículo 22 establece claramente que “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus

elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”.

La Ley fue acompañada por dos Resoluciones en 2007 que aprueban las normas operativas para la con-

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tratación de seguros. Se establecen las actividades riesgosas y se otorga un nivel de complejidad a cada una con categorías de baja, mediana y alta complejidad. La única póliza aprobada para cubrir el riesgo fue una “caución”, instrumento que no se considera un seguro, ya que no transfiere riesgo, no permite la cobertura de la pérdida máxima probable y por lo tanto, no garantiza la recomposición en el caso de un siniestro que alcance esas dimensiones.

Además, el sistema para realizar el cálculo de complejidad ambiental posee inconsistencias con las cuales quedan alcanzadas por la medida empresas que no representan riesgo ambiental alguno, y quedan

fuera de ella actividades con real potencial contaminante. El balance es que son obligadas muchas más organizaciones que las que podrían justificarlo.

Discusión judicial

En 2011, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación por las resoluciones que dieron origen a la única póliza de caución existente hasta ese momento en el mercado, ya que la póliza de caución no transfiere riesgo, no cubre a la industria, no protege al ambiente, no protege a la comunidad y no protege al Estado, además de tener altísimos costos que afectan a la competitividad de las empresas industriales (funda-

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Exigencias actuales a las PYMES En la actualidad se ven obligadas a tomar una caución empresas con riesgos ambientales menores, y con una solvencia para remediarlos mucho mayor que el de las organizaciones aseguradoras.

Los premios (costos) de la caución no están regulados por la Superintendencia de Seguros, sino que son fijados por el sector asegurador, el que se ha denunciado como “cartelizado” con acuerdo de precios, los que son sumamente elevados para los montos menores que avalan.

Previo a la emisión de la póliza, para fijar sus montos mínimos, se realiza un estudio ambiental inicial, el que es realizado por una consultora designada por la aseguradora con cargo para el tomador, sin competencia de ofertas. Lo mismo sucede con la remediación, que es realizada por empresas con las que la aseguradora tiene acuerdos sin intervención del tomador, quien finalmente deberá pagar los costos.

mentalmente las PYMES) poniendo en riesgo la continuidad de su operación.

Dichas resoluciones fueron derogadas por Decreto en 2012 y una medida cautelar las mantuvo en vigencia hasta el 11 de diciembre de 2014 cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la cautelar y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal un nuevo pronunciamiento sobre la base de lo decidido por la Corte, cosa que aún no ha sucedido.

La exigencia de ésta póliza de caución solamente en 2014 alcanzó un monto aproximado de $ 350 millones en primas, representando una transferencia de recursos de la industria al sector financiero de seguros sin generar ningún fondo de remediación ambiental.

Un seguro ambiental serio

En el mientras tanto, la industria necesita contar con una oferta de seguros con cobertura con entidad suficiente, para garantizar el financiamiento de la recomposición de posibles daños ambientales (seguros con transferencia de riesgo, fideicomisos, fondos de restauración ambiental, etc.) como lo exige la Ley General del Ambiente, que se

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adapten a la diversidad industrial a precios competitivos en un mercado transparente y que no afecten la competitividad de la industria.

En el mes de junio y mediante la presentación de un caso testigo de la ejecución de un “seguro ambiental” en el ámbito de Entre Ríos, autoridades provinciales presentaron esta póliza de caución como la solución frente a los problemas de contaminación, sin referir las múltiples aristas que han generado la oposición unánime de los sectores productivos, las que han motivado que muchas provincias aún no la hayan exigido.

El sector empresario vive como un verdadero retroceso el que no se haya promovido en todo este tiem-

po una revisión en profundidad de esta normativa, sino que se impulse desde el ámbito oficial un modo cuestionado de transferencia injustificada de importantes ingresos, sin contraprestación que beneficie al sector productivo y proteja a la comunidad.

Es también una asignatura pendiente reglamentar la integración de fondos de restauración ambiental para autoreparación por parte de empresas solventes, que no requieren de un aval. Sin duda, esto último, tanto como la instauración de un verdadero seguro ambiental, atentaría contra este jugoso negocio que tanto perjudica a las empresas, en especial en el difícil contexto que están transitando.

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Norma ISO 50001

Sistemas de gestión de la energía, eficiencia y competitividad Escenario energético actual

Por Profesor Hugo Azzolina Auditor Líder IRCA de Sistemas de Gestión Ambiental

Aunque el consumo de energía primaria por unidad de producción económica ha mejorado a nivel mundial desde 1990, el aumento constante en la producción de bienes y servicios, se ha expandido a niveles inéditos, tanto en la demanda de recursos naturales como en el consumo de energía. El creciente valor de los recursos energéticos, ha magnificado su relevancia en la estructura de costos de las empresas. En cuanto a nuestro país (fuertemente dependiente de la importación), la abrupta suspensión de los subsidios a todas las formas de energía imponen urgentes medidas de ahorro a las organizaciones, a fin de sostener su sustentabilidad y competitividad. Sobre todo para las PYMES, el ajuste tarifario representa una real amenaza, lo que exige implementar medidas de reducción del consumo de energía en todas sus formas (gas y otros derivados de petróleo, carbón, electricidad, etcéte-

ra).

A tales efectos, es posible emprender medidas aisladas o parciales de ahorro, o implantar un sistema de gestión de la energía (SGE), que permita obtener resultados óptimos, sistemáticos y permanentes.

Un SGE está organizado sobre la base de una serie de criterios, procedimientos y recursos que permiten diseñar los procesos, tanto productivos como de apoyo, para identificar oportunidades de mejora en el desempeño energético y fijar objetivos generales y metas específicas, e implementar las acciones necesarias para lograrlo, manteniendo la productividad y calidad de los productos.

El modelo ISO 50001 de gestión de la energía Diversos modelos de SGE se han empleado en las últimas décadas provenientes de diferentes lugares del mundo, los que fueron sentando

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las bases conceptuales para que en 2011, luego de años de trabajo en una comisión ad hoc integrada por más de 50 países (en la cual el nuestro estuvo representado por IRAM), ISO –Organismo Internacional de Normalización-, publicara la Norma ISO 50001 de Gestión de la Energía. Esta es una norma certificable por una entidad que integra el Organismo Argentino de Acreditación (IRAM, TUV, SGS, BVQI, etc.), el que audita el cumplimiento de los requisitos, y emite en consecuencia un certificado.

Aún cuando la norma tenga también como objetos el ofrecer un marco para instalar un SGE o realizar una autodeclaración de conformidad, la certificación por una entidad acreditada es una evidencia ante

Huella de carbono y el efecto invernadero Las fuentes de energía combustible (carbón, derivados de petróleo, gas natural) generan al quemarse gases que al acumularse en la atmósfera favorecen el efecto invernadero, y sus consecuencias en la biósfera son el cambio climático y –su expresión más dramática- el calentamiento global.

La “huella de carbono” es la cantidad, medida en toneladas, de gases productores de efecto invernadero generados por una actividad u organización expresados en equivalentes de dióxido de carbono (CO2).

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“La abrupta suspensión de los subsidios a todas las formas de energía imponen urgentes medidas de ahorro a las organizaciones, a fin de sostener su sustentabilidad y competitividad”.

Escenario actual de la energía Siendo nuestro país tradicionalmente exportador de hidrocarburos, a partir de 2006 se transformó en importador, llegando a insumir entre 2007 y 2015 más de U$S 50.000 millones en importación de derivados de petróleo (gran parte de los mismos se emplean para la generación de energía en centrales termoeléctricas), además de las importaciones directas de electricidad de Brasil, Uruguay y Paraguay (con este último país el saldo neto deudor de más de U$S 120 millones, por compras realizadas en Yacyretá en 2014 y 2015). Aún cuando la demanda varía año a año, fundamentalmente por los extremos climáticos, la variación neta interanual de consumo energía eléctrica de febrero de 2015 a febrero 2016 fue de un +5,2%.

terceros, de que el SGE se ha implementado eficazmente, manteniéndo y mejorando el desempeño energético de la organización en forma continua.

Luego de la publicación de la 50001, ISO continuó la serie con las 50002 de Auditorías Energéticas, y la 50004 de Orientaciones para la Implementación. La ISO 50001 mantiene la organización de alto nivel correspondiente a otras normas ISO más populares, tales como la 9001 y la 14001, con capítulos correspondientes a las cuatro etapas de un sistema de gestión de mejora continua: Planificar (diseñar el sistema, e identificar oportunidades de mejora), Hacer (llevar adelante las acciones necesarias), Verificar (revisar, medir, inspeccionar, auditar), y Actuar (implementar las medidas de mejora).

Objetivo 50001: mejorar el desempeño energético

Las energías renovables en Argentina Existe una natural sinergia entre la eficiencia energética y la utilización de energías renovables, tanto en lo técnico como en lo económico y político. Aún cuando la tendencia en el mundo es la incorporación progresiva de energías renovables a su matriz energética (eólica, solar, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, biomasa y derivados, etcétera), actualmente las fuentes fósiles a nivel mundial representan el 78% del total, frente a un 2,6% de la nuclear, y un 19,1% de la sumatoria de todas las renovables, incluyendo un 9% de biomasa y un 10,1% de las producidas por tecnologías modernas.

Nuestro país se encuentra muy por debajo de estos valores, con 300 megavatios de potencia de energías renovables frente a la potencia total instalada de 24.000 MW, lo que se mantiene por debajo del 1%.

El desempeño energético que la norma ISO 50001 se propone mejorar, está referido tanto a la disminución de consumos de energías de fuentes fósiles, como a la sustitución por fuentes renovables, siendo ambos factores directamente incidentes en la prevención de la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En tal sentido, puede integrarse totalmente con sistemas de gestión ambiental, estudio de ciclo de vida de productos y control de la huella de carbono de procesos y productos.

La implementación en la práctica En la práctica, la metodología consiste en trazar un mapa completo de

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procesos de la organización o definidos para el SGE, identificando las fuentes de uso y consumo de energía (motores, calderas, hornos, luminarias, dispositivos con resistencias eléctricas, vehículos y maquinarias).

Luego se analizan opciones de mejoramiento del consumo (disminución o sustitución), las que pueden incluir desde mejores prácticas (revisión, mejora en controles operacionales, capacitación de los recursos humanos, etcétera) como el análisis y realización de los cambios en la infraestructura, el equipamiento y los procesos. Luego estas opciones son evaluadas y seleccionadas de acuerdo con las prioridades y objetivos de la organización, tanto energéticos, como ambientales, económicos y de producto.

En las diversas etapas la organización puede contar con intervención de una entidad o consultora con experiencia y equipamiento que sustituyan recursos internos insuficientes.

Un proyecto normal de implementación para certificación por tercera parte insume entre 12 y 18 meses, logrando un rápido retorno de la inversión.

Una vez realizado el análisis y jerarquización, se ha determinado en una empresa manufacturera que un factor de consumo significativo de energía en su fábrica lo constituye su horno rotativo alimentado por gas natural, por lo que se evalúan opciones para optimizar su consumo.

Luego del análisis teórico y simulaciones correspondientes, podemos obtener como opciones: primero, posibles controles operacionales de volumen de material procesado por unidad de tiempo, temperatura de la llama de calentamiento, sentido y/o velocidad de rotación, acondicionamiento del material ingresante (granulometría, humedad, etcétera), caudal de aire inyectado; segundo, cambios menores en la infraestructura, como cambios en el sistema de combustión o inyección de aire, modificación del ángulo de inclinación, incorporación de material aislante; tercero, cambios mayores,

ISO 50001 en el mundo y en Argentina Aún cuando se trata de una norma incorporada recién en 2011, su evolución en pocos años ha sido notable.

Sin valores aún oficiales de ISO para 2015, la cantidad de entidades certificadas en 2014 en el mundo, alcanzó una cifra de 6.778, (el 50% en Alemania) con un incremento del 40% sobre 2013, con una tendencia que se estima en estable crecimiento. Nuestro país, en razón de la estructura tarifaria subsidiada, adhirió tardíamente a este SGE, pudiendo registrar a la fecha una docena de organizaciones certificadas, ninguna de ellas radicada en Entre Ríos.

Aún cuando el Ministerio de Energía y Minería de la Nación introdujo recientemente una iniciativa para fomentar la aplicación de esta norma, se requiere de una acción más enérgica por parte del Estado para potenciar a las empresas interesadas. Tanto la Nación como la Provincia deberán ofrecer beneficios concretos a las empresas para la implementación y certificación de esta norma, incluyendo quitas tributarias, créditos blandos para gestión y equipamiento, como también, tarifas diferenciales para consolidar el ahorro de energía que el país necesita.

como sustitución del cilindro por uno de diferente longitud, diámetro, composición aislante o instalación de una torre de recuperación de aire caliente, reemplazo de motores y elementos mecánicos.

Se realiza luego una matriz de evaluación de las expectativas de mejora y requerimientos de inversión y compromiso de recursos para las diversas opciones, y se selecciona e implementa la más conveniente para la empresa.

“El desempeño energético que la norma ISO 50001 se propone mejorar, está referido tanto a la disminución de consumos de energías de fuentes fósiles, como a la sustitución por fuentes renovables”.

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Ley de Regulación de Antenas

Hola… hola… hooolaaaaa!!!

Entre Ríos es pionera y referente Nacional en materia de regulación de estructuras de radiocomunicaciones y antenas, sin embargo, cada ciudad de la provincia tiene su propia ordenanza que va desde el libre albedrío en la materia hasta la prohibición total. En el medio, todos queremos (y no podemos) comunicarnos. Lo que hay que saber para cuidar la salud y tener antenas para que todos ganemos.

E

n el mes de agosto de 2015 –y en medio de las elecciones de primera vuelta-, la Legislatura de Entre Ríos sancionó por unanimidad la Ley 10.383 de Regulación de Estructuras, Soportes de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras Relacionadas siendo la primera de su tipo en todo el país.

La legislación surge después de casi tres años de trabajo mancomunado entre todos los actores necesarios para lograr una norma que cumpla con los aspectos que el tema requiere, teniendo la opinión y participación de ingenieros de diversas especialidades, entidades ambientalistas, medios de comunicación y compañías de telecomunicaciones.

Es una ley modelo y la primera en su tipo en el país y fue apoyada en su totalidad por lo que hoy es el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM).

La idea original era darle al Estado una clara herramienta de control

frente a la instalación de equipos de comunicaciones, con la cual los municipios puedan adherir y realizar las habilitaciones y controles necesarios para que la ciudadanía esté tranquila en los tres aspectos fundamentales del uso de antenas: la obra civil para la instalación de la infraestructura portante, la seguridad de la instalación eléctrica y sus medidas preventivas y, por último, pero no menos importante, el control de las emisiones no ionizantes y su impacto en la salud. Esos tres aspectos son las claves para garantizar el funcionamiento adecuado protegiendo a la sociedad y sentando las bases para lograr, de una vez por todas, mejores comunicaciones.

Antenas en todos lados

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre.

Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electro-

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magnéticas, y una receptora realiza la función inversa. Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada (ejemplo: una emisora de radio o una estación base de teléfonos móviles), y otras deben ser directivas para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).

Las características de las antenas es que dependen de la relación en-

tre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda, las antenas se denominan elementales; si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda, se llaman resonantes; y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas.

Las antenas las encontramos en todos los órdenes de la vida moder-

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na, desde el celular que portamos, el infrarrojo del control remoto, el router que distribuye la señal Wi Fi en el hogar, el auto que conducimos, los equipamientos médicos de un hospital, las radios FM y AM y la telefonía que brinda el servicio (mal). Todas tienen emisiones no ionizantes, las cuales están perfectamente reguladas por la Resolución 202/95 del Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a las

recomendaciones de los niveles que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada vez con más frecuencia las antenas son partes de nuestras vidas, y la tendencia es creciente.

En gran medida el desconocimiento en el tema y la falta de legislación llevó a las autoridades de varias ciudades a prohibir la instalación de antenas (refiriéndose generalmente a las de celulares y ayudando a empeorar un servicio que de por sí es

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ineficiente), pero mirando hacia otro lado cuando las antenas que se siguieron instalando pertenecieron a medios de comunicación, televisión pública o, incluso, fuerzas de seguridad. El vacío legal permitía cualquier cosa. Y el desconocimiento social de la normativa vigente lo sigue haciendo hoy.

Sin conocimiento no hay control El Estado Provincial no tiene idea de cuántas antenas y de qué tipo existen hoy en su territorio (sucede lo mismo en todo el país). Al existir un vacío legal, la declaración de la construcción de una infraestructura para portar una antena dependía de las ordenanzas de cada ciudad. Fuera de los ejidos urbanos era libre albedrío.

Una estimación “a ojo” de quienes conocen el tema, cuentan solo para ilustrar que en el territorio provincial podría haber unas 1.800 grandes estructuras solamente de las compañías de celulares; en Paraná existen unas 200 antenas entre las radios AM y FM, y los canales de televisión, a las que habría que sumarles unas 1.000 antenas más de empresas privadas de todo tipo… y

podemos seguir contando. La zona más comprometida son las manzanas del centro cívico donde conviven tres de medios de comunicación, todas las de Casa de Gobierno, la policía, la justicia y el Consejo General de Educación. Solo basta levantar la vista y asusta.

“Hoy en día los problemas más graves que presentan las antenas para la salud de las personas –contrariamente a lo que mucha gente cree-, no es la emisión de ondas, sino que se caigan”, dice con autoridad Alejandro Dachary, miembro del Directorio del Colegio de Ingenieros Especialistas y uno de los impulsores de la norma. “Con las últimas tormentas de febrero, marzo y abril la cantidad de antenas que cayeron en Entre Ríos tuvieron solo importantes daños materiales, pero cualquiera de esos siniestros pudieron terminar en tragedia. Al no estar reglamentada la instalación, nadie controló nunca las estructuras portantes de las antenas ni las obras civiles necesarias para levantarlas. Los vientos fuertes y las tormentas se encargan de comprobar constantemente esa verdad”.

La Ley 10.383 otorga a los municipios –quien en última medida posee el poder de policía- los criterios que se deben cumplir para la insta-

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“En la práctica, la metodología consiste en trazar un mapa de procesos de la organización identificando las fuentes de uso y consumo de energía”.

Para no olvidar En la charla con Alejandro Dachary y Gabriel Benavidez del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos quedaron algunos conceptos y puntos para remarcar: “La Ley 10.383 apunta a preservar la salud de la población, adoptando los criterios técnicos nacionales e internacionales exigidos a las empresas, pero al mismo tiempo busca hacer sustentable el desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones”.

“La ciudadanía se opone a la instalación de antenas ante la convicción que sus radiaciones generan daños a la salud; pero al mismo tiempo, los servicios de telecomunicaciones – particularmente de telefonía e internet–, cargan con las mayores críticas por sus falencias en la calidad de las prestaciones”.

“La nueva norma habilita la exigida inversión para cobrar por un servicio que actualmente no se presta con la calidad que se requiere. Al nuevo marco normativo deberá adherir cada municipio. Actualmente muchas ciudades poseen ordenanzas propias en las que aún rigen prohibiciones desde hace varios años para habilitar nuevas antenas. Ello torna inviable la sustentabilidad de un sistema interconectado”.

“Los puntos más salientes de la ley son la creación de un registro de estructuras, para identificar a cada una de las existentes, con sus respectivos dueños (empresas), con el propósito de poder fijar la responsabilidad social, en caso de que surja un daño o inconveniente y ser habilitadas en forma correcta y controladas por profesionales”.

“Las nuevas tecnologías usan equipos más pequeños que se pueden diseminar en distintos tipos de portes, y que permitirán mejorar el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones”.

lación de una infraestructura portante, las revisiones periódicas que deben efectuar a las emisiones de ondas no ionizantes, las modificaciones que pudieran sufrir y el desarme en caso de quedar obsoletas. La Ley no legisla sobre el espectro radioeléctrico que es potestad de la Nación y eso sí ya estaba normado. Pero sí habilita a la autoridad de control (municipio en un ejido, Ente provincial en el resto del territorio) a exigir periódicamente los informes técnicos sobre las emisiones de ondas para tranquilidad de toda la sociedad.

Momento de ordenar y mejorar

Desde su entrada en vigencia en el mes de agosto de 2015, la Ley estipula un plazo de 24 meses para la regularización de todas las antenas ubicadas en el territorio provincial.

Simultáneamente, en esos primeros 90 días (entre septiembre y noviembre de 2015) todas las antenas instaladas debieron inscribirse en el Registro para comenzar los trámites.

El ingeniero Gabriel Benavidez, otros de los técnicos del Colegio de Ingenieros Especialistas que participaron en la elaboración de la norma, explica que “en el plazo hasta agosto de 2017 cada empresa, medio de comunicación, radioaficionado, compañía telefónica, entre tantas otras, deberán adecuarse a la normativa: presentar las medidas de cálculo de las estructuras portantes, los planes de mantenimiento, la cantidad y diversidad de antenas que soportan, certificados de instalaciones eléctricas, pararrayos y las condiciones de emisión de ondas, frecuencias y potencias que emiten, con el certificado de habilitación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y esto repetirlo anualmente o cada vez que la infraestructura sea modificada (no es lo mismo tres antenas en una estructura que diez), y lo más importante: a quién pertenecen, para fijar la responsabilidad social de la misma”.

Paralelamente cada municipio debe adherir a la Ley Provincial o sancionar su propia ordenan-

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“Aún cuando la demanda varía año a año, fundamentalmente por los extremos climáticos, la variación neta interanual de consumo energía eléctrica de febrero de 2015 a febrero 2016 fue de un +5,2% en el país”.

za para modificar el panorama que rige en cada ciudad, y legislar en el mismo sentido de la Ley unificando los criterios. Es importante destacar que la regularización de las antenas aportará a las arcas alicaídas de los municipios, porque los habilita a cobrar tres tasas: la habilitación de la infraestructura, la tasa comercial por su explotación y una tasa por inspección. Hoy, al no estar declaradas, la gran mayoría no tributa.

La ciudad de Concordia es la única

que adhirió a la Ley. Varios municipios están estudiando su implementación.

En el caso de nuevas infraestructuras para antenas deben cumplir con cada uno de los requisitos estipulados por la Ley para su instalación.

La norma está, pero el control…

La Secretaría de Telecomunicaciones de Entre Ríos es el orga-

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nismo encargado de hacer aplicar la Ley. Si bien hay intenciones de hacer las cosas correctamente, sorprende la falta de iniciativas para apurar controles y terminar cuanto antes una de las partes más importantes que surgirán en el proceso: saber cuántas antenas hay, qué y cómo están emitiendo. Eso aportará primero al orden, segundo a la salud y tranquilidad de la población, y tercero a mejorar el servicio de las comunicaciones.

Al Estado no le falta gente. Le sobra.

Solamente hay que reestructurar y disponer de recursos en las áreas que lo necesitan. Incluso en estas épocas, el Estado debería disponer los recursos para adquirir equipos y salir a censar las antenas que se hayan declarado y –principalmente- aquellas que no lo han hecho aún, además de realizar controles sobre las emisiones no ionizantes que cada una de ellas están produciendo. Porque llegará agosto de 2017 y solamente existirá lo declarado –quedando sin saber nada sobre las estructuras que no lo hicieron y seguramente esas serán las que presenten los mayores problemas para su habilitación, incluso sin conocer a quién pertenecen.

Entre Ríos dispone de una herramienta modelo para el país, a la cual la están consultando desde las principales ciudades del país para copiarla e impulsarla en sus jurisdicciones. El avance tecnológico es una constante y la comunicación hoy es un servicio estratégico para cualquier sector. No podemos hacernos los distraídos, quedarnos en el tiempo y perder la ventaja competitiva que hoy tenemos.

Es un instrumento indispensable que mejorará las comunicaciones y facilitará la combinación de la nueva tecnología 4G con la fibra óptica tendida en todo Entre Ríos, y que se potenciará con la instalación de la “última milla”, cuando se pueda encender (tema que desarrollamos ampliamente en el pasado número de X-Más).

Hoy la comunicación es tan indispensable como la buena salud de la sociedad. Y sobre lo mejor para ambos aspectos se refiere la Ley.

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Precio del M2 en Entre Ríos

Construir se fue por las nubes En el mes de abril la suba interanual del precio de la construcción creció 11,31% para una vivienda familiar y posicionó al metro cuadrado en los $ 14.933,86. Entre Ríos fue la provincia que más puestos de trabajo en blanco perdió en el rubro, dentro de la Región Centro.

D

e acuerdo a los datos que publica mensualmente el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos –que reproducimos periódicamente en nuestra revista-, el precio final del metro cuadrado de construcción para una vivienda urbana trepó a los $14.933,86 después de haber tenido un incremento del 11,31% en el mes de abril.

En la comparación interanual, el cuarto mes del año presentó la mayor suba de la última década, con un 47,90% más de lo que costaba el metro cuadrado en abril del año anterior cuando llegaba a los $ 10.097,28. El fuerte incremento estuvo asociado a la implementación del Acuerdo Salarial rubricado el pasado 14 de abril con el Sindicato de la Construcción.

Con estos índices es lógico una contracción en el consumo y la confirmación vino de la mano de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) que mostraron merma interanual del 27,6%, muy por encima que la de los meses previos, de hecho, superior a la verificada en los momentos más álgidos de la crisis financiera internacional que se desatara a finales de 2008 y principios de 2009. Para dar cuenta

del bajo nivel de actividad que eso supuso, es necesario retrotraerse hasta el año 2007 para encontrar un mes de abril con menor volumen de consumo de cemento. En los primeros cuatro meses del año acumuló una baja del 13,7%, retroceso que hasta aquí, resulta ser más pronunciado que el verificado en igual período de 2009.

La baja interanual del consumo de cemento a granel prácticamente triplicó a la del realizado en bolsa –hay que tener presente además que el consumo a granel ya había retrocedido en el cuarto trimestre de 2015.

El cemento a granel refleja la actividad de la industria de la construcción, y en este sentido, la provincia de Entre Ríos es la más afectada por el actual proceso pasando de haber logrado un crecimiento del 2,3% interanual en el último trimestre de 2015 a una contracción del 18,1% en el primero de 2016.

Si bien desde la Provincia se remarca constantemente el cumplimiento de las obligaciones adeudadas del año 2015 con las firmas constructoras, evidentemente aún está faltando, ya que las obras siguen a un ritmo de trabajo muy por debajo de lo normal.

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Costo del metro cuadrado para la provincia de Entre Ríos Abr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Ago-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dic-15

Ene-16

Feb-16

Mar-16

Abr-16

Vivienda Urbana Costo m2

$ 10.097,28

$ 11.056,00

$ 11.091,10

$ 11.290,55

$ 11.888,35

$ 12.089,17

$ 12.197,97

$ 12.498,91

$ 13.020,27

$ 13.163,03

$ 13.253,43

$ 13.416,15

$ 14.933,86

Variación sobre mes anterior

1,94%

9,50%

1,22%

0,89%

5,29%

1,69%

0,90%

2,47%

4,17%

1,10%

0,69%

1,23%

11,31%

Incidencia de materiales

48,5%

44,9%

45,5%

46,0%

44,4%

45,3%

45,8%

47,1%

49,2%

49,8%

50,1%

50,7%

46,1%

Incidencia de mano de obra

51,5%

55,1%

54,5%

54,0%

55,6%

54,7%

54,2%

52,9%

50,8%

50,2%

49,9%

49,3%

53,9%

Vivienda Country Costo m2

$ 10.794,27

$ 11.803,56

$ 11.972,79

$ 12.078,51

$ 12.688,80

$ 12.908,12

$ 13.013,99

$ 13.338,84

$ 14.121,10

$ 14.205,94

$ 14.304,85

$ 14.437,13

$ 16.002,73

Variación sobre mes anterior

2,12%

9,35%

1,43%

0,88%

5,05%

1,73%

0,82%

2,50%

5,86%

0,60%

0,70%

0,92%

10,84%

Incidencia de materiales

49,7%

46,1%

46,9%

47,3%

45,6%

46,6%

47,0%

48,3%

51,1%

51,4%

51,8%

52,2%

47,5%

Incidencia de mano de obra

50,3%

53,9%

53,1%

52,7%

54,4%

53,4%

53,0%

51,7%

48,9%

48,6%

48,2%

47,8%

52,5%

Vivienda Colectiva tipo Duplex Costo m2

$ 3.978,48

$ 10.324,91

$ 10.454,88

$ 10.523,93

$ 11.106,41

$ 11.262,91

$ 11.365,63

$ 11.619,70

$ 12.058,30

$ 12.142,28

$ 12.229,45

$ 12.344,96

$ 13.863,46

Variación sobre mes anterior

1,44%

10,09%

1,26%

0,66%

5,53%

1,41%

0,91%

2,24%

3,77%

0,70%

0,72%

0,94%

12,30%

Incidencia de materiales

44,5%

41,0%

41,7%

42,1%

40,5%

41,3%

41,8%

43,1%

45,2%

45,5%

45,9%

46,4%

41,9%

Incidencia de mano de obra

55,5%

59,0%

58,3%

57,9%

59,5%

58,7%

58,2%

56,9%

54,8%

54,5%

54,1%

53,6%

58,1%

Vivienda Torre Costo m2

$ 9.668,06

$ 10.513,19

$ 10.699,96

$ 10.788,06

$ 11.318,97

$ 11.474,28

$ 11.575,64

$ 11.848,58

$ 12.420,92

$ 12.510,26

$ 12.692,53

$ 12.805,57

$ 14.135,17

Variación sobre mes anterior

1,67%

8,74%

1,78%

0,82%

4,92%

1,37%

0,88%

2,36%

4,83%

0,72%

1,46%

0,89%

10,38%

Incidencia de materiales

52,3%

48,6%

49,5%

49,9%

48,2%

48,9%

49,4%

50,6%

52,8%

53,2%

53,8%

54,2%

49,5%

Incidencia de mano de obra

47,7%

51,4%

50,5%

50,1%

51,8%

51,1%

50,6%

49,4%

47,2%

46,8%

46,2%

45,8%

50,5%

Vivienda Urbana Precio m2

Diferencia interanual

Abr-15 $ 10.097,28

Abr-16 $ 14.933,86

47,90%

Fuente: CAPER, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos www.colegioarquitectos.org.ar

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Emprendedores solitarios

Software, la industria invisible Muchos de los productos electrónicos que usamos diariamente tienen un software que los hace funcionar. No sólo las computadoras y los teléfonos móviles, sino que hay heladeras, lavarropas, televisores, y hasta los relojes pulsera cuentan con un software, que no vemos, pero está. Eso supone un proceso de investigación y trabajo para el desarrollo. Muchas veces, eso se produce –sin que lo sepamos-, a la vuelta de nuestra esquina.

L

Por Sebastián Martínez Periodista, Licenciado en Comunicación

a industria del software en la Argentina avanzó a pasos sostenidos en los últimos años. En 2015 tuvo un crecimiento tanto en las ventas como en las exportaciones, de acuerdo a las cifras publicadas por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), que hablan de más de 80.000 profesionales en el sector. La provincia de Entre Ríos no es ajena a este proceso.

En Entre Ríos la industria tiene varias empresas que trabajan en el sector, con mucho potencial para crecer. Dentro del amplio abanico de servicios, nos encontramos con el desarrollo de software a demanda de clientes extranjeros, desde aplicaciones para teléfonos móviles pasando por procesos de automatización industrial, equipamientos técnicos, análisis de laboratorios, juegos y hasta gestión pública. El panorama es diverso, pero las realidades son comunes: mucho optimismo en cuanto a la po-

tencialidad del sector, críticas por la presión impositiva, falta de apoyo gubernamental y problemas para conseguir mano de obra calificada.

Mientras algunos dirigentes políticos sueñan con desarrollar una Sillicon Valley local (el valle en la zona norte de California -EE. UU.- donde se desarrollaron todas las empresas líderes en el mercado mundial de la informática), la realidad muestra un panorama bien distinto, con mucha dispersión y poca interacción entre los actores.

Argentina tiene algunas ventajas competitivas como la mano de obra calificada, el precio del dólar y un huso horario similar al de los Estados Unidos, que la posicionan muy bien en el mercado mundial. Además Entre Ríos cuenta con un polo educativo interesante, sobre todo en Paraná-Oro Verde y Concepción del Uruguay, pero carece de políticas públicas de apoyo al sector y de mucho desinterés de los capitales

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privados.

“El sector tiene una buena realidad con muchísimo margen para crecer, pero sobre todo necesita la inversión del Estado en infraestructura. Hay posibilidades para incrementar aún más la creación de firmas como impulsar la radicación de otras que ya se encuentran funcionando en otras partes del país.

La materia prima que son los recursos humanos los tenemos en calidad y cantidad en nuestra región”,

asegura José Betancourt de Intellymation SRL, una empresa de Concepción del Uruguay que se dedica al desarrollo de software para la automatización de procesos de producción.

Apoyo oficial

La Ley 25.922, llamada ley de Software, fue sancionada en el año 2004. Establece ventajas impositivas para el sector, régimen especial para importaciones y la imple-

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• José Betancourt – Socio Gerente de Intellymation SRL

mentación de un Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), entre otras cuestiones. Fue una normativa de gran utilidad para el crecimiento de esta industria, pero hoy en día ha quedado reducida a la posibilidad de concursar para ciertos proyectos y con mayor incidencia en las grandes empresas del sector.

“La Ley de software sólo le sirve a las empresas de mayor tamaño, que sólo representan el 5% del total de

nuestra industria”, remarca César Cerrudo, titular de Argeniss. Entre las empresas líderes podemos nombrar a Globant, Hexacta (seguridad bancaria), Velocity, IBM, Accenture, Oracle Argentina.

Betancourt coincide en que la ley de Software hay que mejorarla mucho, pero “que es la mejor herramienta de apoyo con la que cuentan”.

César Cerrudo es el CEO de Argeniss, empresa de desarrollo

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de software para dispositivos móviles para empresas, comercio electrónico y marketing, que se lanzó en el 2005 con base en la ciudad de Paraná. Nació como una empresa de consultoría en seguridad informática y software, con clientes principalmente en los Estados Unidos. Hoy en día cuenta con 30 empleados en la ciudad de Paraná.

La empresa, que nació para un trabajo puntual a pedido de un cliente norteamericano, creció de

manera ininterrumpida desde el 2005 hasta el 2012. “El cepo cambiario perjudicó mucho al sector, porque no alcanzaba para pagar los sueldos de los desarrolladores locales. Durante esos años bajó mucho la exportación”, asegura Cerrudo, quien remarca: “hoy tenemos nuevos pedidos de trabajo, pero necesitamos tomar más recursos humanos y hay escasez de estos recursos en toda la industria. Hay una “guerra de talentos” con mucha

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• Carlos Pais – Titular de CardioCom

Una industria en crecimiento El software argentino tuvo ventas totales por U$S 3.479 millones en 2015 (+29,8%), y por primera vez superó los U$S 1.000 millones en exportaciones, con un crecimiento interanual del 12,7%. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones, con el 50,5% de los ingresos, seguido por Uruguay y México.

Los empresarios del rubro destacan que los gastos en recursos humanos insumen unas tres cuartas partes del costo total, y que el perfil técnico más demandado fue el de desarrollador de aplicaciones, mientras que el puesto más difícil de cubrir fue el de arquitecto de soluciones.

Las expectativas de la industria del software en la Argentina prevé la creación de 7.000 nuevos puestos de trabajo para 2016, mientras que en ventas y exportaciones planean un crecimiento de un 36,2 % en pesos y un 18,9 % en exportaciones medidas en dólares.

competencia entre las empresas”.

Para Betancourt, la coyuntura económica actual, no beneficia al sector, ya que “el mercado interno está muy deprimido y eso afecta a las empresas de software al igual que a las demás, como así también la duplicación de la inflación y la ya desaparecida mejora del tipo de cambio que se había logrado con la devaluación”.

En informática, los recursos humanos compiten a nivel global, porque se trabaja desde cualquier punto para los clientes de los países del primer mundo. Lo que se busca son personas, que hablen inglés, con experiencia en programar, para poder desarrollar software.

En esta industria los empleados tienen buenos ingresos: el sueldo más bajo duplica al salario mínimo. “Están al nivel de los médicos”, aseguran los empresarios. La actividad relacionada con los servicios informáticos y de software está en la mitad de camino entre ciencia y arte. No hay límites bien definidos en la profesión, ni tampoco existe una matriculación para ejercerla, pero en el sector trabajan jóvenes con gran conocimiento en programación, ingenieros y licenciados en sistemas, técnicos en programa-

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Carlos Pais: “En Entre Ríos existe una política de desinvertir en ciencia y tecnología” Carlos Pais empezó en la actividad a finales de los años noventa. Luego de presentar su tesis relacionada con aparatología en cardiología decidió iniciar su carrera empresarial. Con el paso de los años se dio cuenta que el mercado de la salud no pide una innovación constante. Es un mercado más bien conservador, que trabaja con aparatos que conoce y maneja más usualmente. Un doble desafío.

En ese contexto decidió dejar un poco de lado la innovación y producir, de manera certificada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), aparatos más estándar, demandados por el mercado. La pendiente de crecimiento de la empresa siempre fue lenta, en parte, por falta de inversión de capital. Para Pais, “innovar en ciencia y tecnología no es algo sencillo. El mercado le tiene miedo a la innovación”.

CardioCom tiene sólo tres empleados como personal. Pais –que es director de proyectos y desarrollo-, una persona encargada del ensamble electrónico y otra del desarrollo del software.

Orienta toda su producción al mercado interno y un 50% de la estructura empresarial tiene que ver con el software.

El bioingeniero reconoce que “existe apoyo oficial, pero son burocracias que muchas veces entorpecen el desarrollo y la innovación. Por ejemplo, un proyecto de innovación te lo aprueban dentro del año de presentado, y los avances los certifican cada 6 meses, donde te reintegran el 50% de lo gastado, pero un año después.

Entonces su utilidad, es relativa, por la inflación y los procesos burocráticos que hay en el medio. Un año en tecnología es mucho tiempo, ya cambió todo el escenario”.

“En Argentina, y sobretodo en Entre

Ríos, falta interés privado para invertir en innovación en ciencia y tecnología. No hay fondos de inversión, fideicomisos o pooles de capitales de riesgo que se vuelquen en el sector. ¿Si en Argentina tenes un millón de pesos, lo invertís en soja o en innovación tecnológica? En este sentido, el Estado está en soledad”, resalta Pais.

El especialista, reconoce que existen modelos de financiamientos interesantes, pero ninguna en Entre Ríos, como sí promueve entre otros la empresa SanCor, la Bolsa Comercio de Buenos Aires o el gobierno de la provincia de Santa Fe. “Acá en Entre Ríos hay una clara voluntad política de desinvertir en ciencia y tecnología.

No existe apoyo oficial, realmente no existe”, asegura Carlos Pais y recuerda que “hay experiencias provinciales que demuestran que se puede hacer mucho desde una gestión provincial, como el caso de Santa Fe o Salta”.

Todos los aparatos cardiológicos que fabrica CardioCom tienen software incorporado. Para ser más precisos, se llama firmware, que es el software que corre dentro de los sistemas electrónicos. Con el paso de los años el desarrollo pasa cada vez más por el software que por la parte electrónica.

Hoy, los fabricantes de equipamiento de punta, a nivel mundial, innovan en software.

Otro de los logros de Pais en el sector, es el desarrollo de un software para detectar la apnea del sueño, que se patentó en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde cuentan con un área específica para desarrollar patentes. Este proyecto, es un software realizado por Pais junto con el Grupo del Litoral, Diego Milone, quien fue premiado a nivel nacional, y el médico Luis Larrateguy.

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• César Cerrudo – Titular de Argeniss SA

ción, estudiantes, etcétera.

Los empresarios remarcan que cada vez hay menos rentabilidad para las empresas y que el 90% de los gastos son en recursos humanos.

Principal recurso: el factor humano “Es fundamental que desde el Gobierno Nacional se apoye a las empresas que exportamos software

porque todos nuestros gastos son en recursos humanos y necesitamos algunos beneficios impositivos para competir con el mundo y generar trabajo -en blanco- en el país. Esta industria genera ingreso de dólares sin utilizar infraestructura logística”, asegura Agustín Arias, Project Manager de Argeniss.

Para Arias, “la industria del software no se ve como una industria en sí, por la visión tradicional de lo que pensamos que es la in-

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dustria. Por eso nos sumamos a la Unión Industrial de Entre Ríos, con el objetivo de lograr que la informática sea visibilizada como industria y se perciban las ventajas que tenemos”.

Argentina tiene altos costos laborales en comparación con otros países periféricos. India y China, que crecieron en base a la mano de obra barata, han subido sus precios de los obreros más calificados. Una señal de alerta para el sector es que

las empresas de Call Center están migrando a Hungría, Rumania y otros países de Europa del Este, lo que genera el temor de que con el software suceda un proceso similar.

Los referentes consultados por XMás coinciden en que la clase dirigente no toma conciencia del valor agregado que genera la producción de software, con mano de obra de calidad, sin contaminación, sin el desgaste de infraestructura,

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• Agustín Arias – Proyect Manager Argeniss SA

puertos, rutas, ni aeropuertos.

Según cálculos de la industria, Argentina pierde entre 50 y 100 millones de dólares por no fomentar el funcionamiento de la industria del software para PYMES, ya que muchas empresas abren oficinas comerciales en Uruguay, facturan allá, cuando en verdad se trabaja desde acá.

El factor universitario

Si bien algunos creen que en el sector informático vale más la experiencia que la capacitación, los recursos humanos formados universitariamente cuentan con un plus extra para desenvolverse en el mercado laboral. Desde las PYMES entrerrianas destacan que sólo las grandes empresas pueden invertir recursos en capacitación a largo plazo, por lo que la experiencia es también un factor central para ellos.

Los especialistas destacan que la universidad, muchas veces, no se adapta a los tiempos que corren. Cambia mucho el mercado y los programas no se pueden actualizar. Faltan más carreras cortas orientadas al mercado laboral. Y también falla la difusión sobre las carreras relacionadas al software.

Para César Cerrudo, “en el rubro tecnológico estar cuatro o cinco años encerrados en la universidad, no va más. No le sirve ni al alumno, ni a la universidad ni a la sociedad en su conjunto”. En cambio, para Betancourt, la principal falencia de la formación universitaria es que se forma a los jóvenes para trabajar en una gran empresa o para formar una empresa propia, pero no para insertarse en una PYME, que emplean al 70% de los recursos humanos del sector. Intellymation es una PYME que exporta software de automatización en procesos industriales a distintas economías de Latinoamérica y su personal está compuesto en su totalidad por egresados de las carreras de informática de UADER y UTN regional.

Quienes trabajan en la materia reconocen que hoy los lenguajes de programación son más fáciles de utilizar. Destacan que se necesita una buena base de matemática y de lógica de la secundaria. “Se nota una decadencia en la educación en esos temas”, sostienen los reclutadores de talentos en el sector.

El bioingeniero Carlos Pais, de Cardiocom SA, asegura que “la innovación en este rubro sólo lo puedan hacer las grandes empre-

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• Gastón Guillerón – Gerente de Proyectos de LemonData

sas, que tienen departamentos específicos y destinan grandes fondos a nuevos productos, algo que para una PYME es un universo lejano.

Muchas veces nos limitamos a mejorar, modificar y adaptar los productos nuevos que producen en el hemisferio norte, porque para las PYMES es muy complicado imponer conceptos nuevos en el mercado”.

Planificar la innovación

El ingeniero Gastón Guillerón es gerente de proyectos de LemonData, una empresa con diez años de trayectoria que desde 2009 se instaló en Paraná. Trabajan aproximadamente 35 personas de las cuales la mitad tiene base en la capital provincial y la otra parte en Buenos Aires. Sus productos se destinan por el momento al mercado interno. Se dedican al desarrollo de software, de grandes clientes, en su mayoría estatales, y en el desarrollo de nuevos proyectos y aplicaciones. Guillerón cree que “es fundamental en esta industria estar abierto a nuevos aprendizajes, porque la cultura del cambio a nivel mundial marca que debemos aprender lo nuevo y rápido. En este sentido es importante también valorizar el trabajo en equipo, porque ya no

existe el gurú en el que confiamos a ciegas y depositamos todo el futuro de una investigación”.

En LemonData se alienta el intra-emprendedurismo. “Estamos convencidos de que las mejores soluciones surgen a partir de una innovación disruptiva y para esto se requiere de mentes motivadas y que piensen ‘out of the box’ (fuera de la caja)”, aseguran.

Todo el personal de la empresa invierte el 10% de su trabajo mensual en proyectos de I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación) donde se abordan ideas que permiten explorar nuevas tecnologías y oportunidades comerciales. Todos estos productos deben ser exportables, se diseñan los markets y se generan estrategias de monetización. “La empresa apuesta al talento entrerriano y maneja el concepto de intra-emprendedor, para que nuestros empleados puedan desarrollar sus ideas. La lógica es que acá el techo se lo ponga cada uno”, asegura Guillerón.

De estos procedimientos en búsqueda de transformar ideas en proyectos, surgió el software Yacaré, un gestor de pagos que permite pagar servicios desde el teléfono móvil. El software ya está

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en producción. Es un producto entrerriano que se puede expandir más allá del mercado nacional. Es un gateway de pago que opera por el momento con la tarjeta Visa, con todas las medidas de seguridad en la materia y trabaja básicamente con códigos QR (Quick Responde Code - Códigos de Respuesta Rápida).

En la zona hay varias ideas para impulsar el desarrollo de esta industria a partir de la radicación de parques tecnológicos, que nucleen a las empresas del sector. En la uruguayense Intellymation apoyan estas medidas, ya que “generan sinergias, se incuban ideas. Es algo positivo para la industria”. Para Carlos Pais,

impulsar un “Parque Tecnológico sirve como startups (o compañías emergentes), pero es sola una parte de un todo”. Otros son menos optimistas al respecto, pero sin dudas que sería un buen primer paso para comprender la potencialidad del sector, visualizar los beneficios económicos y productivos para la provincia y desarrollar políticas públicas en serio, para ampliar y diversificar el campo de inserción laboral de los jóvenes en Entre Ríos.

El software es una industria en desarrollo que muchas veces produce bienes intangibles, de esos que no vemos, pero solucionan problemas y tienen alta demanda en el mercado mundial.

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Facultad de Ciencias Económicas (UNER)

INCUBER, un espacio para las nuevas ideas E

n julio de 2015 se realizó el lanzamiento formal de INCUBER, la Incubadora integrada por la Facultad de Ciencias Económicas (UNER), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI) y la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos.

INCUBER se desarrolla en el ámbito del Centro de Acciones de Emprendedurismo y Responsabilidad Social AEQUUS de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER). La incubadora de empresas se constituye como herramienta de desarrollo económico, social y empresarial que fortalece la generación de nuevas empresas, el desarrollo de ideas innovadoras y dinamiza la economía regional.

Es importante remarcar que INCUBER es de uso múltiple, esto significa que está orientada a la creación de nuevas empresas de servicios, comerciales, manufactureras, de base tecnológica y todas aquellas otras que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la provincia.

INCUBER busca consolidar una plataforma integral cuyo objetivo es brindar diversos recursos y herramientas a emprendedores dando respuesta a las distintas necesidades y oportunidades de mejoramiento de nuevas ideas con alto potencial tecnológico, económico o social, así como también brindar soporte para acelerar y/o potenciar el desarrollo de emprendimientos innovadores incipientes, con el objetivo final de que al culminar los procesos de incubación dichas iniciativas se establezcan como empresas

autosustentables y rentables económicamente.

La incubadora tiene como propósito contribuir en la formación de nuevas empresas través de la incubación de proyectos y planes de negocios; acelerar el desarrollo y maduración de emprendimientos/empresas informales y/o incipientes, exponiendo todo su potencial, a fin de disminuir sus posibilidades de fracaso; ofrecer al emprendedor un ambiente favorable para su desarrollo y consolidación, brindándole orientación en áreas estratégicas para el desarrollo de la empresa, tales como marketing, contabilidad, legislación y captación de recursos; propiciar la interacción Estado-UniversidadIndustria; favorecer el desarrollo regional dinamizando la economía, ampliando las posibilidades de empleo y diversificando la industria provincial; promover la cultura emprendedora y la competitividad empresarial, además de alcanzar el auto sostenimiento de la incubadora.

Desde sus inicios, se recibieron emprendedores interesados en distintos programas Nacionales y Provinciales de acceso a la financiación donde se busca articular los diferentes programas a las necesidades a resolver, ejemplo de ello son los programas PACC, Fontar y Fonsoft. Se trabajó específicamente con el Ministerio de Industria a través del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad (PACC) e INCUBER acompañó a los emprendedores en la preparación de las presentaciones al Programa.

La incubadora cuenta con profe-

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90

sionales que asisten técnicamente a emprendedores en consultas específicas de sus proyectos o ideas de negocio.

Asimismo se han presentado diez proyectos al Programa PACC de los cuales tres han recibido financiación y dos están finalizando los trámites para recibir la financiación que les ofrece el programa a nivel nacional.

Procesos de incubación

Los emprendimientos incubados transcurren por tres procesos dentro de la incubadora. Un primer paso que hace referencia al proceso de pre-Incubación, pasando luego por la incubación propiamente dicha, y un tercer seguimiento de post-incubación.

Se considera proceso de pre-incubación al período en el cual el emprendedor y su equipo reciben apoyo técnico, ejecutado o coordinado por el equipo de gestión de la Incubadora de Empresas, a los fines de elaborar el respectivo plan de negocios en torno al proyecto presentado.

El proceso de incubación está enfocado a apoyar al emprendedor en la ejecución de su plan de negocios.

La incubadora orienta en forma permanente al empresario en diversas áreas como: comercial, diseño, legal, impositiva, costos, productiva, técnica, entre otras. Así también procura, a través de su red, conseguir financiamiento para que los emprendedores ejecuten su idea. Brinda apoyo y asistencia poniendo en práctica las estrategias señaladas en el plan de negocios.

En la instancia de post-incubación los responsables de los proyectos pueden solicitar a INCUBER asistencia en demandas específicas. Las condiciones de esta asistencia se establecen en un nuevo acuerdo y contienen beneficios diferenciales con respecto a los servicios a terceros no incubados.

Este proceso tiene una duración mínima de un año y máxima de 18 meses desde la aceptación de preincubación del emprendedor.

Próxima edición: Últimos días mes de agosto de 2016