Población Civil 1

REVISTA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTO

Testimonio Diario de una Defensora Comunitaria| Pag.3 Opinión Por una alianza humanitaria | Pag.8 Memoria Una excursión bajo el fuego | Pág. 22 Marzo - Mayo 2004 / Nº 0

Mayo - Julio 2004 / Nº 1 / ISSN 17943205

POBLACIÓN

CIVIL

Los pueblos

guardianes de la Sierra

El conflicto desde la óptica de los derechos humanos Vo l m a r

A n t o n i o

D E F E N S O R

Con este primer número de Población Civil, boletín de la Defensoría sobre derechos humanos y conflicto, la Defensoría del Pueblo abre, con orgullo, un nuevo espacio para la divulgación de los derechos humanos en el país.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, que ha mantenido un constante respaldo a la labor de la Defensoría, desde la creación de la entidad en 1991.

No es gratuito que la Defensoría haya escogido el tema del conflicto para poner en marcha este esfuerzo editorial: sin duda, la confrontación armada es hoy en día la principal fuente de violaciones contra los derechos humanos en el país y la población civil se convierte cada vez más en el blanco de los ataques de uno y otro bando.

En el año 2003, más de 22.000 personas fueron asesinadas, según el Ministerio de Defensa, y más de 180.000 se registraron como desplazadas ante la Red de Soli-

D E L

P é r e z

O r t i z

P U E B L O

daridad Social. Prácticamente ninguna región del país puede considerarse libre de la presencia de los grupos armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo no puede sustraerse de este contexto. Su labor en estas circunstancias no puede limitarse a la divulgación del contenido y alcance de unos derechos, consagrados en el papel, sino que debe orientarse a la búsqueda de alternativas para que los derechos fundamentales se hagan realidad en la vida cotidiana.

Esta publicación responde a esa lógica. Su propósito no es limitarse a presentar una determinada visión del conflicto ni publicitar las actividades de la Defensoría, sino mostrar, de manera contextualizada, la situación de aquellas comunidades que luchan por sobrevivir en zonas apartados del país, a donde la mayoría de los colombianos no tienen acceso.

No es un secreto que la información que recibe la opinión pública del país en materia de conflicto es fragmentada, desarticulada y en muchos casos interesada.

Ante esta realidad, la Defensoría considera su obligación aportar elementos de juicio a la sociedad para que esté en capacidad de comprender problemáticas que por lo general parecen extrañas y lejanas.

La premisa que ha tomado como suya la Defensoría al iniciar este proyecto es que para informar adecuadamente sobre el conflicto hay que contar las historias de las personas que resultan afectadas por él.

Por esta razón, los protagonistas de los artículos de Población Civil serán siempre quienes están en medio del conflicto, pero no para insistir en su condición de víctimas, sino para destacar cómo, a pesar de que en muchos casos están poniendo en riesgo sus vidas, siguen trabajando a favor de su comunidad.

El único propósito es, con su ejemplo, invitar a nuestros lectores a que descubran que el respeto por los derechos humanos es la única arma verdaderamente eficaz a favor de la paz.

[ Contenido ] Diario de una defensora comunitaria 3 lengua indígena 17

Por una alianza humanitaria 7

Mapa del conflicto en la Sierra 18

Consulte el contenido de esta revista en: www.defensoria.org.co Envíe sus inquietudes, sugerencias y comentarios a: poblacioncivil@defensoria.org.co Esta publicación fue financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a través de Management Sciences For Development, en el marco del Programa de Derechos Humanos.

Las manifestaciones expresadas en esta publicación no representan la opinión de USAID o MSD.

Los pueblos guardianes de la sierra 10

Una excursión bajo el fuego 22

Atención de salud en

Memorias de la guerra en Colombia 24

DEFENSOR DEL PUEBLO Volmar Pérez Ortiz. DIRECTORA Paula Gaviria Betancur, Directora Nacional de Promoción y Divulgación.

CONSEJO DE REDACCIÓN Paula Gaviria Betancur, Camila Moreno, Daniel Medina, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, María Girlesa Villegas.

EDICIÓN Y COORDINACIÓN Luis Carlos Gómez Díaz. INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN Carlos Andrés Arias Orjuela, Luis Carlos Gómez Díaz. FOTOGRAFÍA Harvey Danilo Suárez (Foto Portada), Carlos Andrés Arias, Jairo Carrillo. GEOREFERENCIACIÓN Carlos Alberto Zúñiga. IMPRESIÓN Panamericana S.A.. COLABORAN EN ESTE NÚMERO Francisco Galindo, Eric Lair, Jorge Enrique Calero, Daniel Libreros y Guido Alberto Bonilla (Sistema de Alertas Tempranas), Luz Mery Panche, Carlos Cortés Castillo.

POBLACIÓN

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P o r

L u z

M e r y

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P a n c h e *

Diario de una defensora comunitaria Tomadas del documental ‘Una mano para la tierra negra’

LUZ MERY PANCHE, INDÍGENA NASA, ACOMPAÑÓ POR MÁS DE UN AÑO A LAS COMUNIDADES DEL CACARICA. AL INICIAR UNA NUEVA ETAPA COMO DEFENSORA COMUNITARIA EN OTRA ZONA DEL PAÍS, CUENTA SUS EXPERIENCIAS EN ESTA REGIÓN. Cuando llegué a Cacarica, el primer comentario que hicieron sobre mí fue: "¡una indígena defendiendo negros!".

Soy miembro de la comunidad nasa del resguardo La Laguna, en el norte del Cauca. Fui contratada por la Defensoría del Pueblo, en junio de 2002, para ejercer el cargo de defensora comunitaria en la cuenca del Cacarica, región habitada predominantemente por población afrocolombiana.

Cacarica es una región apartada, en cercanías de la Serranía del Da-

rién. Para llegar allí, hay que ingresar por mar, atravesar el golfo de Urabá y adentrarse por una de las bocas más pequeñas del río Atrato para desviarse posteriormente por el caudal que forman los ríos Perancho, Peranchito, La Raya, Cacarica, El Limón y El Cirilo.

Si se navega en lancha rápida con motor fuera de borda, el viaje tarda unas cuatro horas; si se viaja en una embarcación como las que suelen ser utilizadas en la zona, lancha o chalupa, el trayecto demora de nueve a doce horas. En

todo el camino, solo se encuentran dos pequeños caseríos al salir de Turbo.

Las comunidades de Cacarica tuvieron que desplazarse en 1997, como consecuencia del conflicto armado. Una parte de ellas regresó a la zona, hace cuatro años, y desde ese momento ha logrado permanecer en su territorio, a pesar de las amenazas constantes de los grupos armados ilegales.

Con una fuerte experiencia en organización comunitaria, era lógico que los miembros de la comuni-

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4 dad sintieran, al principio, desconfianza de las enseñanzas que pudieran recibir de una defensora indígena. Además, los indígenas que ellos conocían, los embera, viven en condiciones difíciles y tienen un débil proceso organizativo.

De los negros que viven en mi resguardo, tampoco conservaba yo una buena impresión: la mayoría me parecían un poco individualistas y desorganizados. Con esas dos impresiones equivocadas tenía que empezar mi trabajo en Cacarica.

Soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional con sede en Palmira. Aunque los miembros de las comunidades indígenas tenemos derecho a cupos especiales en la universidad, no quise esperar la autorización de mi cabildo para conseguir este beneficio, y tuve que irme a estudiar por mi propia cuenta.

Al principio, fue muy duro para mi papá, que tuvo que pagar el primer semestre, pero después, con base en préstamos y becas logré terminar la carrera. Gracias a mis estudios, me vinculé al trabajo que desarrollaba el cabildo, pero diferencias de criterio me llevaron a buscar otros proyectos de organización comunitaria.

Estaba trabajando con unos maestros del Cauca en un proceso de enseñanza de los campesinos de la región, cuando me contaron del proyecto de defensores comunitarios que adelanta la Defensoría del Pueblo.

En ese momento, yo no conocía la existencia de Cacarica. Sin embargo, casualmente, conocí en Bogotá por esos días, a dos de los miembros de la comunidad y quedé impresionada con el proceso que habían vivido. Pocos días después me enteré de que había sido elegida.

Asumir como única representante del Estado en ese alejado territorio implicaba desde intentar solucionar inconvenientes familiares hasta hacer frente a los grupos armados ilegales que asedian la región.

Aunque una de mis funciones bási-

Las comunidades del Cacarica tuvieron que desplazarse en 1997, a causa del conflicto. Una parte de ellas intentó reubicarse en Turbo, otra regresó organizada como Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad.

cas era enseñar a la comunidad sus derechos, ellos ya estaban más que formados en el tema, al punto de enseñarme a mí. Por eso, traté de enfocar mi labor a apoyar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a problemas específicos, en materia de salud, educación o conservación de la biodiversidad, por ejemplo.

La atención médica que se recibe en los asentamientos es muy precaria, de modo que mi trabajo consistía en asesorar a los habitantes de la región sobre cómo exigir la prestación de esos servicios a los hospitales y centros de salud de la región.

Con los profesores también hubo dificultades porque los habitantes de la región se negaban a recibir a los educadores que les enviaban desde Riosucio, que es la cabecera del municipio, porque sentían que no tendrían compromiso con su proceso, y la alcaldía no aceptaba

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contratar a los profesores que viven en Cacarica. Mi papel fue facilitar un acuerdo entre las dos partes, que aún no se ha dado. Sin embargo, ya ha habido algunos acercamientos.

En muchos casos, me tocó intervenir en asuntos de pareja y atender a mujeres que habían tomado la determinación de separarse de sus compañeros por sus constantes infidelidades. Este es un asunto que no es competencia de la Defensoría, pero me tocaba incidir para evitar que se presentaran maltratos, sobretodo contra los niños.

De otro lado, visité a las comunidades indígenas Emberá de la zona y acompañé algunas de sus actividades.

En varias ocasiones exigí a los miembros de las autodefensas el respeto por la población civil. Nunca me los había encontrado frente a frente, aunque había escuchado y poseía información sobre ellos y sabía del temor que les tenían en la región.

La primera vez que me los encontré, acompañaba a un miembro de la comunidad a devolver una chalupa de la Red de Solidaridad en la que había sido enviada una ayuda humanitaria.

Salimos hacia Turbo y viajando por el Atrato se nos atravesaron en unos cascos (embarcaciones pequeñas) unos hombres vestidos de civil. En nuestra barca íbamos el conductor, una anciana que llevábamos al médico y un funcionario de Parques Nacionales que recogimos en el camino.

Se acercaron a la chalupa y la inspeccionaron. Yo no tenía ni idea de quienes eran, hasta que ví unas armas largas. Sentí un frío que me paralizó, pero recordé que representaba a una institución. Guardé el miedo y les hablé, solicitando respeto por quienes viajábamos allí.

Gerard Fayoux

Me preguntaron quién era y les contesté que trabajaba para la Defensoría del Pueblo. Solicitaron mi identificación y les dije que sólo me identificaba ante una autoridad.

Les pregunté quiénes eran y me

El proyecto de Defensores Comunitarios El proyecto de Defensores Comunitarios de la Defensoría del Pueblo vincula a jóvenes profesionales que viajan a zonas en donde están ubicadas comunidades desplazadas y en riesgo de desplazamiento, para convivir con ellas y acompañarlas de manera permanente en el desarrollo de sus planes de vida.

Tiene como objetivo fortalecer la acción del Estado en lugares en donde no existe presencia institucional o esta es muy débil, como un mecanismo de prevención de violaciones de derechos humanos y de protección de la población civil.

La labor de los defensores comunitarios se orienta a brindar herramientas a las comunidades locales para que se apropien de sus derechos y sean capaces de ejercerlos, así como para que fortalezcan su identidad y autonomía y desarrollen iniciativas de organización comunitaria.

Actualmente, el programa se desarrolla en 13 zonas del país: la Costa Pacífica Nariñense, la Costa Pacífica Vallecaucana, el Bajo Atrato, el Medio Atrato, Cacarica, el Noroccidente Antioqueño (Dabeiba, Ituango y Peque), el Alto Sinú en Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, la región del Catatumbo, el Bajo Putumayo, San Vicente del Caguán, el Macizo Colombiano en el Cauca y el Alto Baudó en el Chocó.

En la región de Cacarica fue donde la Defensoría desarrolló la primera experiencia de acompañamiento permanente a comunidades en zonas de conflicto armado, desde septiembre de 2000.

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[ Las comunidades desplazadas de Cacarica ] Entre 1996 y comienzos de 1997, 3.500 campesinos de la cuenca del río Cacarica, en la región del Bajo Atrato chocoano, tuvieron que desplazarse a raíz de una serie de asesinatos, amenazas e incursiones de los grupos paramilitares.

2.300 de ellos se asentaron provisionalmente en Turbo y Bocas del Atrato, un corregimiento de ese municipio. Alrededor de 200 cruzaron la frontera con Panamá y los demás se desplazaron a otras zonas del país, como la Costa Atlántica y el departamento del Valle.

En Turbo, algunos de los desplazados fueron ubicados en el coliseo de la localidad, en donde el hacinamiento y la carencia de condiciones mínimas de saneamiento ge-

respondieron que eran civiles y que eran la autoridad en la zona. Luego se marcharon río arriba.

Cuando nos quedamos solos, volví a sentir que las piernas me temblaban del susto. La anciana se acercó, me abrazó, me encendió un cigarrillo y me dijo: "ya se los volverá a encontrar".

No hablo de la guerrilla porque en el tiempo que estuve en Cacarica nunca los ví. Solo supe que un grupo de milicianos llegó en dos ocasiones a Nueva Vida (uno de los dos asentamientos de Cacarica) pero me dijeron que fueron enfrentados por las mujeres, quienes les pidieron respeto por su proyecto de vida.

Nunca tuve contacto con ellos y lo único que me hacía suponer que estaban en algún cerro cercano era que en ocasiones la emisora Apartadó Estereo era sacada del aire y reemplazada por la emisora de la guerrilla.

Hoy estoy en el Bajo Putumayo, con sede en Puerto Asís, y no trabajo con una comunidad específica sino en una región muy amplia, con muchos problemas diferentes y en donde la situación de conflicto es distinta, más compleja. Prácticamente, tengo que volver a aprender a hacer mi trabajo.

neraron condiciones de vida infrahumanas para las familias. Con recursos de agencias internacionales se construyeron dos albergues. Otras personas se alojaron en casas de familiares y amigos.

Un sector de la población desplazada optó por reasentarse en Turbo; otro decidió organizarse en la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) y solicitó al Gobierno garantías y apoyo necesarios para rehacer su proyecto de vida en su territorio. En 1999, dos años después de sufrir los rigores del destierro, se produjo el retorno a la cuenca del Cacarica.

Otra parte de la comunidad permaneció en Turbo, con el propósito de reconstruir sus condiciones de vida en esta población

o en Bocas del Atrato. Sin embargo, sus líderes afirman que el Estado no les ha garantizado condiciones dignas para el éxito de esta reubicación.

Cinco años después, ante la falta de posibilidades reales de un restablecimiento digno, decidieron regresar también al Cacarica.

Hoy esas familias exigen al Estado colombiano las mismas garantías que les fueron otorgadas a quienes retornaron en 1999.

Estas comunidades han solicitado en forma reiterada, tanto a los actores del conflicto armado como a diferentes instancias gubernamentales, el respeto por sus derechos y por su legítima opción de paz al margen del conflicto armado y de los combatientes.

Gerard Fayoux

“Aunque una de mis funciones básicas era enseñar a la comunidad sus derechos, ellos ya estaban más que formados en el tema, e incluso podían enseñarme a mí.”.

Me queda la incertidumbre sobre qué va a pasar con los procesos organizativos de Cacarica, que siguen siendo estigmatizados por el simple hecho de que sus habitantes quieren defender su vida y su territorio.

Sin embargo, conocer la historia de cada uno de sus habitantes, entender sus símbolos, sus proyectos de vida y compartir día a día las pequeñas alegrías, el miedo, el calor y el asedio de los mosquitos, son experiencias que me reafirman en mi voluntad de seguir trabajando por las comunidades y que

compensan, ampliamente, las frustraciones y dificultades que se presentan en el ejercicio del trabajo humanitario.

Lo último que supe es que el alcalde de Riosucio, municipio cuyos mandatarios han sido muy críticos frente al proceso de Cacarica, visitó a estas comunidades, como uno de sus primeros actos de gobierno.

Ojalá esta sea una señal de esperanza. * Testimonio construido con base en entrevistas y textos escritos por la Defensora Comunitaria.

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[ Opinión ]

Por una alianza humanitaria La oficina en Colombia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) viene promoviendo desde hace algunos meses, un proyecto para que todos los sectores del país se unan en la atención de las víctimas del conflicto. En este texto, editado a partir de una conferencia, el Representante del organismo explica los alcances de esa idea.

P o r

F r a n c i s c o

G a l i n d o

V é l e z

REPRESENTANTE EN COLOMBIA DE ACNUR

El desplazamiento es el desarraigo forzado para buscar protección, para buscar seguridad. Los desplazados forzados no abandonan su tierra porque quieran buscar suerte en otro lugar del país o porque quieran conocer el exterior. Lo hacen porque su vida o integridad física están siendo amenazadas de diferentes formas. Esta situación implica que hay una violación de derechos, especialmente el de permanecer en el lugar que uno desea.

El reto para una sociedad frente al desplazamiento, desde la perspectiva de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se puede resumir en dos frases: 1. Cómo lograr la protección de las personas en el contexto de un conflicto que aún no ha terminado.

2. Cómo lograr soluciones duraderas para los problemas de estas personas en el contexto de un conflicto que continúa.

ACNUR es un organismo que trabaja en favor de personas que deben desplazarse a otros países en búsqueda de protección y de seguridad. ¿Por qué, entonces, estamos trabajando en Colombia, con desplazados internos?

Porque tanto los refugiados como los desplazados internos responden a una situación similar: la amenaza a sus vidas e inte-

gridad física, la necesidad de dejar su sitio.

Así mismo, el reto humanitario es similar.

A lo largo de los años, desde que empezó a funcionar ACNUR, a la Agencia se le ha solicitado participar en varios países del mundo. En 1997, el Gobierno colombiano nos pidió que estableciéramos una oficina en el país y el Secretario General de las Naciones Unidas y la entonces Alta Comisionada para los Refugiados aceptaron la solicitud.

En Colombia, según las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional, hay una crisis humanitaria. Las cifras de desplazamiento suman de dos a tres millones de personas. Adoptemos la cifra más alta o la más baja, de todos modos estamos hablando de demasiadas personas en situaciones sumamente difíciles.

Para hacer frente a este reto, se pueden adoptar muchas medidas, más o menos eficaces, pero lo que es fundamental en un conflicto es hacer que todos los que están en la guerra respeten el carácter civil de la población y la dejen por fuera del conflicto. No es nada fácil, pero hay que trabajar para lograrlo.

También es importante que la sociedad tenga conciencia de la crisis humanitaria.

En Colombia, ciertamente, hay muchos sectores que entienden lo que está ocu-

rriendo, pero también hay otros que tienen información pero no la dimensionan, la ven como algo ajeno, distante, como la mendicidad que hace parte del paisaje, cuando detienen su carro en un semáforo.

El desplazamiento implica la destrucción del proyecto de vida de las personas. Deberíamos imaginarnos qué significaría que de un segundo a otro perdiéramos todo lo que tenemos, lo que hacemos para vivir y todas las ilusiones que tenemos.

El desplazamiento también produce un cambio demográfico en los países y un impacto económico. Los campos dejan de cultivarse y esto tiene un impacto social y cultural.

En reuniones de muchas horas, indígenas y afrocolombianos de Colombia nos han contado lo que significa el desplazamiento para ellos. Por ejemplo, para los indígenas que tienen la tradición milenaria de los Consejos de Ancianos, en donde se toman las decisiones importantes para la comunidad, el desplazamiento, cuando afecta a los ancianos, significa que la población queda muy desorientada y perdida.

Aquellos que tenemos la suerte de no ser desplazados, debemos ver este problema como algo que afecta a todo un país. Ojalá todos lo vieran por razones humanitarias, pero si no es así, deberían verlo desde

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8 otras perspectivas, por ejemplo, la económica, social, cultural o demográfica y llegarían a una conclusión: el impacto no es inmediato o no se puede medir tan fácilmente, pero está ahí, se va desarrollando y en unos años va a ser bastante evidente.

Colombia cuenta con uno de los regímenes jurídicos más elaborados y desarrollados para tratar el tema del desplazamiento.

Es impresionante lo que se ha hecho a partir de la Ley 387 de 1.997, pero el reto es cómo aplicar esta ley, cómo darle vida.

Es importante abordar el problema de manera integral y, en esta medida, pensar, por lo menos, en nueve componentes del problema:

1. Enfoque de derechos. La asistencia material es sumamente importante, la gente la necesita y hay que brindarla, pero no es suficiente. Si con el desplazamiento ha habido una violación de derechos, entonces se necesita que las personas puedan recuperar lo que perdieron y ser reparados.

2. Prevención. Hay que trabajar por las personas que ya están desplazadas, pero también hay que tener en cuenta a los que están en riesgo de serlo. Hay comunidades que están bloqueadas, sitiadas, que no pueden salir del lugar donde se encuentran para buscar protección. Nuestra labor debe orientarse a que las personas que están en medio del conflicto no tengan la necesidad de desplazarse para obtener esa seguridad que requieren.

3. Soluciones duraderas. El retorno voluntario es una solución sumamente importante, pero el conflicto no ha terminado. Entonces, debemos garantizar la seguridad y sostenibilidad del retorno de las personas que vuelven al lugar de donde fueron desplazadas y también la posibilidad de integrar localmente a quienes definitivamente no quieren volver a su sitio de origen. La protección a estas personas es sumamente importante para que rehagan su vida y no se limita a un problema de seguridad, tiene muchas dimensiones, la legal, la documentación, el ejercicio de sus derechos, etc.

personas y sus derechos y esto es aplicable tanto a quienes se desplazan dentro de los países como a quienes salen hacia otros países.

5. Responsabilidad. Sin duda, la responsabilidad principal es del Estado. De eso no cabe duda. Pero además de eso, hay una responsabilidad del resto de la sociedad colombiana, de todos los sectores de ella, de la Iglesia, de la empresa privada, de las organizaciones no gubernamentales, de universidades, de sindicatos, de medios de comunicación. Ningún sector puede decir que esta crisis humanitaria no le incumbe, que no es suya. También hay una responsabilidad de la comunidad internacional y por eso nosotros, en lo que hacemos, propiciamos el enfoque participativo, es decir,

En Colombia, ciertamente, hay muchos sectores que entienden lo que está ocurriendo, pero también hay otros que tienen información pero no la dimensionan, la ven como algo ajeno, distante. que todos debemos estar en esto, instituciones de Gobierno, de Estado, organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales, las Naciones Unidas, las agencias de cooperación, todos.

6. Ayuda para el desarrollo. La asistencia en situaciones de emergencia no debe hacernos perder de vista que se debe buscar la manera de que las personas puedan valerse por sí mismas lo antes posible.

No se trata de tener a las personas recibiendo asistencia, sino de darles los medios para que ellas puedan rápidamente de nuevo valerse por sí mismas.

4. Equilibrio. Debe trabajarse por

7. Respeto de la población civil. Me parece que hay que lograr, de una

la seguridad, pero también se debe pensar en los derechos y las necesidades de las personas. La seguridad sola desconoce a las

manera u otra, que los que participan en la guerra dejen a la población civil fuera del conflicto y que respeten la acción humani-

taria. Hay lecciones a lo largo de la historia, de que se pueden lograr espacios humanitarios durante una guerra. Es complicadísimo, dificilísimo, ojalá hubiera una varita mágica para lograrlo, pero no la hay.

8. Garantías para los trabajadores humanitarios. Las personas que se dedican a la labor humanitaria deben tener todas las garantías para realizar su labor. Por el carácter de su trabajo, no pueden ser objeto de amenazas por ningún actor armado.

9. Coordinación y colaboración. Las necesidades humanitarias son ilimitadas pero los recursos son limitados.

Cuando se habla de coordinar y colaborar no se pretende decirle a nadie qué hacer o qué no hacer, sino que sepamos qué es lo que estamos haciendo y ver cómo podemos sumar, no restar, y lograr más.

Los desplazados y las personas en riesgo de desplazamiento no necesitan nuestra ayuda mañana o en una semana o un mes; la necesitan hoy. Son seres humanos que son titulares de derechos, a quienes tenemos que ayudarles.

Nosotros hemos acuñado una frase que resume lo que creemos: "¿Qué hacer por la gente mientras llega la paz?"

En los países que se encuentran en conflicto, se tiene que trabajar para lograr la paz, pero en esa búsqueda de la paz no hay que olvidar las necesidades humanitarias de quienes están en medio de la confrontación.

Sí, es muy importante alcanzar la paz, pero no podemos esperar a que llegue para después devolvernos en el tiempo y decir "ahora sí empecemos a ocuparnos de los problemas humanitarios’.

Hay una lección importante que se repite en todo el mundo y es que un trabajo bien hecho en lo humanitario durante un conflicto, es una inversión en el posconflicto, porque si no, los problemas humanitarios y sociales se convierten en un asunto de tal dimensión que pueden poner en peligro la consolidación de un proceso de paz.

Por eso es que, nosotros, desde las Naciones Unidas, hemos lanzado la idea de una "Alianza humanitaria" para Colombia. Se trata, simplemente, de que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos porque solo de esta forma podremos ser capaces de estar a la altura del reto que se nos plantea.

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[ Verdad, justicia y reparación]*

Una excursión bajo el fuego

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l 15 de agosto de 2000, en desarrollo de una operación militar, el Ejército abrió fuego por equivocación contra un grupo de niños que se encontraba en un paseo escolar. Seis menores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos.

El hecho ocurrió en la vereda La Pica, a doce kilómetros del casco urbano de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño. A las ocho de la mañana de ese día los alumnos de la Escuela Rural La Pica se preparaban para una salida ecológica al cerro La Tolda.

Mientras tanto, una patrulla del Ejército al mando del sargento Jorge Enrique Mina se acercaba a esa misma zona. Los uniformados buscaban a un grupo de guerrilleros del Eln con los que en la madrugada otras tropas habían sostenido combates a unos cuatro kilómetros del lugar.

De los 60 estudiantes de la escuela, 47 participarían en el paseo. No todos salieron juntos. Algunos se unieron al grupo a medida que avanzaba.

Los acompañaban cuatro adultos: la profesora Lucy; su esposo, el concejal Hernando Higuita; Dalia, la ayudante de alimentación y Mery, madre de dos de las alumnas.

La mañana estaba despejada y soleada. Algunos niños se adelantaron de los demás en busca de un arroyo para sacar agua, y de un sitio apropiado para hacer la fogata y preparar el sancocho. David Ramírez, de diez años, asumió un improvisado liderazgo. Conocía la loma y hacía las veces de guía de sus compañeros. El grupo se dis-

HACE TRES AÑOS, SEIS NIÑOS MURIERON EN PUEBLORRICO, ANTIOQUIA, A CAUSA DE UN ERROR MILITAR. EL EJÉRCITO RECONOCIÓ SU EQUIVOCACIÓN Y ACTUALMENTE ADELANTA EL PROCESO DE REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. P o r

C a r l o s

C o r t é s

C a s t i l l o

Cortesía El Colombiano

Los 11.000 habitantes de Pueblorrico acompañaron el sepelio de los seis niños muertos.

persaba, los adultos se quedaban atrás.

El camino se dividía en dos. Los niños que llevaban la delantera tomaron el izquierdo, y los demás, el derecho. Habían caminado tan sólo quince minutos. En un plano del ascenso, los que venían atrás se detuvieron, y el concejal Higuita le gritó a los de adelante que esperaran y

ayudaran a llevar las ollas y la comida del almuerzo. Su grito coincidió con los gritos de alegría de los niños que ya llegaban a la parte alta de la loma. También coincidió con la descarga de los fusiles.

Los niños que habían subido por el lado izquierdo del cerro se arrastraron por el camino hacia la parte más baja.

Otros corrieron hasta encontrar refu-

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gio en una casa campesina cercana.

David Ramírez, en un momento en que los disparos cesaron, corrió a buscar una mejor protección, pero fue alcanzado por las balas. Higuita y su esposa trataban de atender a los menores heridos. Les gritaban a las tropas para que detuvieran el fuego.

Los padres de los niños –campesinos que se dedican a la recolección de café y la producción de plátano, yuca y panela– oyeron los tiros y los alaridos desde sus parcelas. Guiados por ese ruido, y sin entender qué pasaba, comenzaron a subir la loma en medio de las balas.

Los disparos provenían de la parte más alta de La Tolda, a unos 300 metros del camino de la excursión. Las ráfagas se combinaban con balazos aislados y explosiones de granadas. El ataque duró 50 minutos.

Los soldados salieron de sus posiciones y comenzaron a bajar. Esperaban encontrar cadáveres de guerrilleros, pero el panorama les quitó el aliento. Unos sólo tuvieron fuerzas para sentarse a llorar con los campesinos, otros reaccionaron con agresiones y evasivas. Los demás pedían comprensión.

Tres niños yacían muertos y otros siete estaban gravemente heridos. Tres de ellos morirían horas después, para un total de seis: Paola Andrea, de ocho años y su hermano Alejandro, de diez; Marcela, de seis; Harold, de siete; Gustavo de nueve y David, de diez.

La demora en la atención médica fue determinante en la pérdida de vidas.

El concejal Higuita llegó hasta el pueblo en busca de ayuda. Los teléfonos de la vereda habían sido desconectados días antes y no había ningún carro que pudiera sacar a los niños. Los primeros heridos fueron llevados en chiva. Los demás fueron atendidos en la loma por el mismo Ejército y trasladados en un helicóptero de la FAC, a la una de la tarde, tres horas después de finalizado el ataque.

En un primer momento, el comandante del Ejército de la época, Fernando Tapias, declaró en los medios que se había tratado de un intercambio de disparos. El comandante de la Cuarta Brigada, Brigadier General

Eduardo Herrera Verbel, manifestó que la excursión había quedado atrapada en medio de la persecución a una columna guerrillera y los niños habían sido utilizados como escudos humanos por los subversivos.

Las versiones de los pobladores del lugar contradecían lo dicho por las autoridades militares. Los testimonios de la gente de La Pica aseguraban que no había habido combates; que era imposible confundir a los menores, no sólo por la vestimenta que llevaban sino por las condiciones climáticas y físicas del lugar.

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menzó a asesorar a las familias de La Pica para encontrar una salida amistosa.

Se les explicó por qué este mecanismo era más conveniente que un litigio de varios años. Simultáneamente, los defensores públicos asumieron la acción de reparación contra la Nación.

El 7 de abril de 2003, la Procuraduría, en fallo de primera instancia, sancionó con suspensión de 90 días al sargento Jorge Enrique Mina González y a los cabos Ancízar López y Avilio Peña Tovar. Según el pronunciamiento, "los menores se movilizaban vistiendo prendas de colores blanco y rojo, dife-

Los soldados salieron de sus posiciones y comenzaron a bajar. Esperaban encontrar cadáveres de guerrilleros, pero el panorama les quitó el aliento.

Unos sólo tuvieron fuerzas para sentarse a llorar.

Tres días después, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, reconoció la equivocación, pero descartó una intención por parte de los soldados: "Este no es un tema de violación de derechos humanos, sino de un posible error humano", señaló ante los medios de comunicación.

La Fiscalía asumió la investigación. No obstante, en septiembre de ese mismo año decidió remitirla a la jurisdicción penal militar. Consideró que no se había tratado de un hecho premeditado y que, por lo tanto, se trataba de una situación relacionada con las funciones militares. Para entonces, cinco suboficiales y 33 soldados ya habían sido retirados del servicio por decisión del Ministerio de Defensa.

El Ejército, en reconocimiento de su error, llevó a cabo un programa de recuperación de la fe y apoyo de la comunidad. Un grupo de sicólogos y médicos viajó al lugar; se hicieron charlas, juegos y eventos; se apoyó la construcción de un polideportivo en la escuela; y por último, un grupo de familias de La Pica fue llevado a conocer la Cuarta Brigada.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso desde el día siguiente de ocurrido. Después de hacer una inspección en el sitio y de rendir un informe, co-

rente a las que usan combatientes que hacen parte del conflicto armado interno". Además de estos tres miembros del ejército, trece soldados continúan en el proceso por homicidio culposo ante la justicia penal militar.

También en fallo de primera instancia, fueron absueltos.

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Defensa ordenó reconocer a las familias de las víctimas de Pueblorrico, una indemnización, como consecuencia del proceso de conciliación. En diciembre pasado, en una audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo, se explicó a los familiares la forma y modalidades en que se realizará el pago.

A pesar de que recibieron dinero y de que el Ejército reconoció su error, algunos padres no se sienten del todo reparados. Buscan que un tribunal internacional de derechos humanos declare responsable al Estado colombiano.

Quieren que los demás recuerden la tragedia en La Pica, que tengan en su memoria a los niños muertos. No lo hacen por ellos. A ellos nunca se les olvidará. * Esta sección está dedicada a recordar a las víctimas del conflicto colombiano, bien sea por ataques directos de los actores armados o como consecuencia de errores militares. Cada tres meses, se contará una historia con base en las decisiones adoptadas por la justicia colombiana o los organismos internacionales de derechos humanos.

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[ Opinión ]

La(s) memoria(s) de la guerra en Colombia espacios, desencuentros y perspectivas P o r

E r i c

L a i r

PROFESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA laireric71@yahoo.fr

Desde hace varias décadas, Colombia es el escenario de una guerra interna1 que no deja de prolongarse en el tiempo y el espacio. En los últimos años, se ha prestado una creciente atención al conflicto, lo cual es sintomático de la irrupción masiva de la violencia en lo cotidiano y en el imaginario de la población.

A pesar de la abundante literatura disponible, pocos estudios se han dedicado a la cuestión general de la memoria ( y su corolario, el olvido) que se plantea con insistencia en un momento en que el país se interroga, en una tonalidad disonante, acerca de las condiciones del proceso de paz con integrantes de los "grupos de autodefensa" o sobre la oportunidad de un "intercambio humanitario" entre guerrilleros y secuestrados.

Ante el incremento de la violencia con sus consecuencias traumáticas en el tejido social, parece útil detenerse en el tema de la memoria para intentar ver cómo los colombia-

nos entienden, perciben y asimilan el conflicto. La guerra supone "batallas" (ganadas, perdidas o por librar) por la "remembranza" y el reconocimiento de las víctimas que la sociedad colombiana suele ignorar o menospreciar. A continuación, se proponen algunas consideraciones sugestivas relativas a la memoria específica de la guerra2.

Serán complementadas en un segundo artículo que contemplará la problemática del olvido en sinergia con el perdón y la reconciliación.

De entrada, es importante señalar que es sobre los fundamentos de una perspectiva histórica precaria que se ha erigido la arquitectura de la memoria de la presente lucha armada. En efecto, durante las décadas 1960-1970, que correspondieron a la etapa de gestación de las guerrillas, el interés por el conflicto y su proyección en la sociedad fueron limitados. Colombia vivió globalmente una confrontación "periférica" desde un punto de vis-

ta geográfico y, en las representaciones, con una pobre cobertura mediática.

Retomando una expresión que se ha empleado en otros teatros conflictivos, los colombianos sufrieron una situación de "guerra sin nombre" ni "rostro"3 proclive a la indiferencia y a las apreciaciones erróneas. A raíz de los cambios experimentados en la correlación de fuerzas entre los actores bélicos en los años ulteriores y la lucrativa economía de guerra desarrollada con base en tráficos ilícitos y la extorsión, la guerra se ha vuelto más compleja y ha estimulado una abundante producción intelectual. Numero1. Es una confrontación con múltiples dimensiones externas que conllevan varios analistas a evocar, a veces de manera evasiva o distorsionada, la idea de una "internacionalización" de esta misma.

2. Estas breves reflexiones son el fruto de una investigación más amplia titulada "Historia(s), memoria(s) y olvido(s) de la guerra en Colombia".

3. Benjamin Stora, La guerre invisible: Algérie, années 90, París, Presses de Sciences Po, 2001.

Mayo - Julio de 2004

sos estudios compiten hoy para dar cuenta de la propagación de la violencia. Indudablemente, han permitido una mayor comprensión de la contienda armada. No obstante, en reflejo de la diversidad del país, están marcados por el sello de la fragmentación.

Estas contribuciones dispersas se enlazan mal con los episodios de violencia anteriores que puntuaron y moldearon la frágil edificación de la comunidad política. Adicionalmente, no se articulan de manera contundente con la historia nacional, es decir, una narrativa de conjunto susceptible de conferir una clara orientación al pasado, presente y futuro del país En este aspecto, resulta también patente la dificultad del Estado para organizar y guiar la historia y los significados de la guerra actual en resonancia con los conflictos pasados y una gran narrativa nacional, más allá de la violencia. El hecho es que las instancias estatales no han sido depositarias de un proyecto de sociedad unitario. No se puede hablar de una fuerte política de Estado a favor de la historia ni de la memoria.

Noción multidimensional y maleable, la memoria ha atraído investigadores de las ciencias sociales y humanas, y en proporciones crecientes, procedentes del ámbito jurídico con la creación de comisiones de la verdad y el juicio de crímenes de guerra o contra la humanidad, por ejemplo. Muchos analistas concuerdan en que la memoria remite a discursos derivados de experiencias vividas relatadas en un modo personal. En Colombia, en los últimos diez años, se ha empezado a dar la palabra a los damnificados de la guerra tras décadas de silencio e invisibilidad para liberar recuerdos donde afloran emociones y sensibilidades legadas por un pasado más o menos lejano.

En Colombia, en los últimos años, se ha empezado a dar la palabra a los damnificados de la guerra tras décadas de silencio e invisibilidad.

Esta aproximación primordial a la memoria, por excelencia individual, no resulta satisfactoria ya que no tiene en cuenta las áreas con confines inciertos de la memoria colectiva. En las sociedades no desunidas, ésta no es a priori la mera suma de trayectorias y memorias individuales4. Se ajusta a partir de la confluencia e interacción de una pluralidad de protagonistas (memorias individuales) que no se limitan a recordar experiencias íntimas sino sucesos aprendidos y/o enseñados por otros miembros de la comunidad.

En teoría, la memoria colectiva instituye temas, motivos y momentos de reminiscencia compartidos por amplias franjas de la sociedad.

Cuando se repiten y fortalecen las oportunidades de recuerdo propicia a la exteriorización de solidaridades, la memoria colectiva adquiere un valor común (memoria 4. Marie-Claire Lavabre, "La mémoire fragmentée: peut-on agir sur la mémoire?", Cahiers Français, n°303, juilo-agosto, 2001, pp. 8-13.

5. Ver al respecto las aclaraciones de Robert Frank, "La mémoire dans tous ses états: la France des années noires, la mémoire empoisonnée", Cahiers Français, n°303, juilo-agosto, 2001, pp. 56-65.

POBLACIÓN

CIVIL

común: cierta cohesión de la sociedad).

Para sintetizar, la memoria colectiva colombiana hace intervenir actores grupales dentro de diferentes sub-registros5 que se declinan entre las instancias oficiales, los círculos académicos, las facciones armadas ilegales y las clases anónimas (difusas) de la población.

La memoria oficial de las instituciones no ha impulsado las condiciones de una política de remembranza de las guerras con el fin de hacer presente el pasado. Colombia no es el único país que ha conocido conflictos internos, pero sí ha brillado por una debilidad institucional en la capacidad de relacionar estos acontecimientos con la historia de la nación y la violencia de hoy.

Por esencia, la memoria necesita vectores y espacios para expresarse y ser confrontada públicamente. El Estado colombiano, como máxima figura de la memoria oficial, no ha sabido, podido o deseado (en particular por el carácter atrofiante del bipartidismo político que ha privatizado sus esferas o por el rechazo de atrocidades perpetradas en el pasado) canalizar estrategias adecuadas con medidas (planes seguidos de edificación de monumentos, adopción de fechas de celebración en honor a los muertos y desaparecidos, discursos, etc. ) destinadas a exhumar y exorcizar sufrimientos.

No hay en Colombia una repetición o exuberancia de los actos de memoria colectiva ni una "industria" consagrada al culto de una historia violenta (documentales, películas, venta de objetos, etc.), a diferencia de lo que se ha evidenciado, y denunciado, en distintos países después de eventos sangrientos.

De tal manera que se evidencian disyunciones e incomunicaciones entre las entidades oficiales y los tres sub-repertorios complementa-

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rios de la memoria colectiva que son las memorias académica, difusa y de las organizaciones armadas al margen de la ley.

La memoria académica ha asumido una función de transmisión del pasado con múltiples trabajos (históricos, sociológicos, etc.) publicados en especial sobre la "Violencia" y la presente guerra, integrando elementos de memoria de los actores ilegales. Estas dos categorías de memoria no han sido a menudo retomadas por la memoria oficial, sino ignoradas en una especie de voluntad tácita de amnesia y desprecio.

cia a unos hechos que a otros, saltan de una época a otra, se quedan prisioneros de la repetición de eventos traumáticos, etc.).

Al mismo tiempo, la memoria difusa de la guerra actual, y de violencias históricamente remotas pero a veces cercanas en las mentes, está recluida, negada y callada. No se beneficia de sólidos soportes y mecanismos de exteriorización en la sociedad para desahogarse. No ocupa un lugar significativo por fuera de lo individual. En otras palabras, las memorias personales de la población no se entrelazan con frecuencia con los grupos ilegales

frimientos soportados que no han encontrado receptividad en los embrionarios espacios públicos. Al igual que las demás memorias, la memoria difusa es de tipo "fractal"9. Se había dicho con anterioridad que la formación de la memoria colectiva no equivalía a una adición de memorias personales aisladas. En Colombia, la guerra ha cumplido una labor de desmembramiento de todas las memorias, y por ende de la memoria colectiva, lo cual conlleva a matizar este postulado y a una supremacía de lo individual en detrimento del ideal de la nación.

La guerra ha cumplido una labor de desmembramiento de todas las memorias, y por ende de la memoria colectiva.

Tampoco la memoria académica se ha acoplado con la memoria difusa de la población, probablemente por las insuficientes entrevistas concedidas a las víctimas en los trabajos de investigación7, el difícil acceso a los escritos y las pocas ocasiones de intercambio. La memoria difusa no ha nutrido con aliento la memoria académica de la guerra. En reciprocidad, ésta no ha servido de sustrato y referente a la memoria difusa de la población que recorre además de manera desconcertada los pasillos de una historia nacional donde el papel de la violencia no ha sido bien esclarecido (las personas dan más relevan-

o las instancias oficiales y académicas ni entre sí.

Además, la conexión con la posición intermedia que se podría atribuir a la memoria de la Iglesia católica, cuyo protagonismo ha sido central en Colombia, no ha sido fructífera. La memoria eclesiástica de la guerra no ha servido de puente y acercamiento entre las diferentes memorias en la medida en que los prelados se han demorado en reconocer con una sola voz el papel de la Iglesia y la religión en el desarrollo de los conflictos8.

Por lo tanto, la memoria difusa busca un reconocimiento por su-

7. Situación que está cambiando con el recrudecimiento del interés acordado a los desplazados forzados.

8. La crítica vale únicamente para subrayar la falta de aceptación de la Iglesia en su relación con un pasado de la guerra en el cual tuvo protagonismo y su incapacidad para fomentar una memoria de la violencia en concertación con distintos componentes de la sociedad. Esto no significa que la Iglesia no tenga un papel importante en lo cotidiano de los colombianos y no alivie a las víctimas de la violencia con sus acciones sociales.

9. De fractus: quebrado. El nombre "fractal" fue inventado en matemáticas por el francés Benoît Mandelbrot para definir formas y figuras irregulares y descompuestas en una multitud de puntos. Ahora es a menudo empleado en calidad de adjetivo en ciencias sociales con la intención de designar fenómenos fragmentados y pluriformas.

[ Para no concluir ] A lo largo de estas líneas, se ha tratado de evidenciar que la memoria de la guerra no ha alcanzado puntos de anclaje colectivo y común estables (memorias colectiva y común), los cuales son indispensables a la creación de identidades y una conciencia nacional. Colombia está confrontada a una memoria "fractal" que revela el grado de degradación moral de la sociedad y encierra profundas heridas no curadas.

Frente a la complejidad del tema, es imprescindible avanzar más en la caracterización de la memoria que se leerá en el siguiente artículo, en interferencia con las diversas formas del olvido. Se demostrará que el recuerdo y el olvido son de una gran presencia y pertinencia para abordar las espinosas cuestiones del perdón y de la reconciliación en el país.

Iniciativa para prevenir la vinculación de la niñez al conflicto armado

Con el apoyo de: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMBAJADA DE NORUEGA

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