4.7.3.3. Centro de Reintegración Social

- En el caso de la Fiscalía, se pudo conversar con el fiscal de Macharetí. La principal dificultad que señaló tiene que ver con el diseño de las jurisdicciones, estas deberían rediseñarse considerando las posibilidades de acceso y cercanía a los centros urbanos. En la región del Chaco chuquisaqueño y cruceño, es muy difícil la vinculación entre comunidades. Muchas veces, los plazos procesales no son compatibles con las distancias y el tiempo de viaje. Por ello, muchas veces los fiscales optan por soluciones rápidas, para evitar el trabajo de desplazarse de las comunidades a la ciudad, en viajes extensos y dificultosos.

Como se observa, siguiendo lo señalado por los servidores públicos de estos tres niveles, la dificultad para aplicar correctamente lo establecido en la norma, con miras a garantizar el buen ejercicio de los derechos de las y los adolescentes, tiene que ver con cuestiones de orden estructural y de atención por parte del Estado: recursos, caminos, medios de transporte. En consecuencia, la capacidad de respuesta de estas instituciones en el área rural es bastante limitada. Ello explica, en gran medida, que en las comunidades se opte por tratar los temas de manera interna, lo cual no siempre es óptimo para el ejercicio de derechos de la población adolescente.

4.7.3.3. Centro de Reintegración Social

Por último, al final del trabajo de campo se realizó una breve estancia en Sucre para conocer el Centro de Reintegración Social Solidaridad para adolescentes con responsabilidad penal. Se pudo acceder al centro gracias al apoyo de un funcionario del plantel. Solidaridad se encuentra en el barrio Zona Patacón de la ciudad de Sucre. El director realizó un recorrido del lugar para mostrar la infraestructura y el funcionamiento. Durante el mismo y las visitas realizadas los días posteriores, se pudo evidenciar algunas falencias urgentes de subsanar.

El Centro Solidaridad alberga a 28 adolescentes con responsabilidad penal, de los cuales, ocho provienen del área rural y 20 del área urbana. Según los funcionarios del lugar, el 60% de los internos está por el delito de violación, constituyéndose en el principal delito, seguido por feminicidio y/o asesinato, tráfico de sustancias controladas y, por último, robo agravado. El balance que realizan, tanto el psicólogo como la trabajadora social, es que, en la mayoría de los casos, los factores que influyen son la falta de control y orientación familiar, así como una falta de “valores morales”. Para el psicólogo del centro, en el caso de las violaciones, existe un “efecto modelador” que tiene que ver con una cultura machista naturalizada e internalizada por las y los adolescentes; cultura que también se traduce en el encubrimiento y la negociación de casos sin favorecer a las víctimas. Otro factor señalado por los entrevistados son sus condiciones de vida: pobreza, hacinamiento, abandono familiar, entre otros.

Considerando lo anterior, las políticas de reintegración social deberían apuntar a ofrecer un entorno óptimo para las y los adolescentes. Sin embargo, pese al esfuerzo y el trabajo de los servidores públicos de Solidaridad, este no es el caso. El centro se halla en una infraestructura que, probablemente, fue una fábrica, ya que los edificios donde se instalan las habitaciones son grandes galpones de concreto que fueron