Secretaría Técnica
¿A quiénes beneficia la Reforma? La implementación del nuevo sistema de justicia penal es una mejora en la tutela de los derechos de todos los ciudadanos, lo cual permitirá incrementar la confianza en la actuación de las instituciones de justicia penal y seguridad pública.
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
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Las autoridades involucradas en la ejecución del nuevo sistema de justicia penal serán objeto de escrutinio público, con lo que se favorecerá la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo los procesos de actuación en el marco de la gobernabilidad democrática. Asimismo, se profesionalizará el trabajo de las policías, ministerios públicos, abogados defensores, jueces, litigantes y peritos, como consecuencia del establecimiento de reglas procesales que incentivan la investigación, la integración de una investigación sólida, la preparación de una defensa adecuada y la toma de decisiones fundadas en pruebas y razonamientos objetivos.
Reforma al Sistema de Justicia Penal
Reforma de Justicia Penal La reforma al sistema de justicia penal obedece a la dinámica reformista, en el marco de la transición democrática.
Por decreto del Presidente de la República se consolida con la Reforma Constitucional publicada el 18 de junio del 2008.
La envergadura de este proyecto es de tal magnitud que se considera el cambio más importante en México desde la instauración del sistema mixto en la Constitución de 1917. La transición al modelo de justicia acusatorio deberá materializarse en un plazo de 8 años, contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional.
Objetivos de la Reforma Constitucional en Materia Penal Creación de las figuras de juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución de penas, orientados bajo los principios de oralidad y publicidad.
Innovaciones en el Proceso Penal El Constituyente Permanente propuso éstas reformas a fin de:
Incorporación de los medios alternativos de solución de conflictos.
Transitar de un proceso penal mixto hacia uno de carácter acusatorio, oral y público, que concrete presupuestos garantistas en el ámbito del debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a la víctima, la reparación del daño y una nueva racionalidad para la ejecución de penas;
Protección a los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos.
Incorporar un régimen procesal especial contra la delincuencia organizada como estrategia de política criminal contra este fenómeno delictivo que azota al país;
Reconocimiento del principio de presunción de inocencia a nivel constitucional, el cual impone la modificación de las reglas de tratamiento hacia los imputados.
Implementar el sistema nacional de seguridad pública, a través de la creación de áreas altamente profesionalizadas para el control institucional (selección, ingreso y operación) de los operadores de las instituciones de seguridad pública.