Preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES I. Sobre el Consejo de Coordinación y la Secretaría Técnica ¿Qué es el Consejo de Coordinación? ¿Qué fecha tiene el decreto de creación del Consejo de Coordinación? ¿Cuál es el Marco Jurídico del Consejo de Coordinación? ¿Quién integra el Consejo de Coordinación? ¿Qué es la Secretaría Técnica?

II. Integración de la Secretaría Técnica.

¿Qué estructura tiene la Secretaría Técnica? ¿Cuál es el objeto de la Secretaría Técnica? ¿Cuál será la estrategia de la Secretaría Técnica? ¿Con qué instituciones colabora la Secretaría Técnica para la coordinación de la reforma penal?

III. Diagnóstico.

¿Qué entidades cuentan ya con la reforma penal? ¿Qué entidades están próximas a iniciar parcialmente la reforma? ¿Por qué la reforma debe entrar de forma gradual? ¿Cuándo habrá un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales? ¿Cuál es el panorama nacional actual en materia de justicia penal? ¿Qué instancias gubernamentales o no gubernamentales han participado en la implementación de la Reforma?

IV. Sobre el sistema acusatorio.

¿Qué es la reforma al sistema de justicia? ¿A partir de cuándo entra en vigor la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal? ¿Por qué la necesidad de una Reforma Constitucional en materia penal? ¿Qué hay que saber del nuevo modelo de justicia? ¿Esta reforma penal reducirá los índices de criminalidad? ¿Qué es la justicia alternativa? ¿Cuáles son los casos de justicia alternativa? ¿En qué casos no se aplica la justicia alternativa? ¿Qué beneficios tiene la justicia alternativa? ¿Cuál es la diferencia entre justicia alternativa y juicio oral?

¿Qué es el Consejo de Coordinación?

I. Sobre el Consejo de Coordinación y la Secretaría Técnica

Es una instancia de coordinación que tiene por objeto establecer la política y la coordinación nacional necesaria para implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las acciones de coordinación se llevarán a cabo con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación. ¿Qué fecha tiene el decreto de creación del Consejo de Coordinación?

Lunes 13 de Octubre de 2008, se cuenta además con un acuerdo al que concurren los tres poderes de la unión para dar cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación, de fecha 10 de junio de 2009, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de Agosto de 2009. ¿Cuál es el Marco Jurídico del Consejo de Coordinación?

El 18 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México. ¿Quién integra el Consejo de Coordinación?

El Consejo de Coordinación se integra por: Representantes de los tres Poderes de la Unión: a. Poder Legislativo Federal: Un Diputado y un Senador. b. Poder Ejecutivo Federal: El Secretario de Gobernación. c. Poder Judicial de la Federación: Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejero de la Judicatura Federal.

Representaciones de instancias previstas constitucionalmente. a. Un representante de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública. b. Un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. c. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. d. Un representante del sector académico. e. Un representante de la sociedad civil.

Para garantizar la coordinación con las instancias encargadas de la política interior, prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia, así como de la asesoría y normatividad jurídica, ubicadas en el ámbito federal, en virtud de que las políticas y acciones que deberá planear y definir el Consejo de Coordinación para el cumplimiento de su objeto impactan en diversas instancias del sistema penal e involucran entre otros a dichos operadores del sistema, se incorporarán permanentemente al Consejo de Coordinación, los titulares de los siguientes órganos e instituciones: a. Procuraduría General de la República. b. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. c. Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Qué es la Secretaría Técnica?

Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que, además de ejecutar los acuerdos y demás determinaciones del Consejo de Coordinación, está encargada de apoyar a las autoridades federales y locales, cuando así lo soliciten, con absoluto respeto a sus atribuciones y soberanía.

II. Integración de la Secretaría Técnica. ¿Qué estructura tiene la Secretaría Técnica?

Consta de 5 Direcciones Generales, que son: 1. Estudios y Proyectos Normativos, 2. Asistencia Técnica, 3. Planeación y Coordinación Interinstitucional, 4. Capacitación y Difusión 5. Administración y Finanzas ¿Cuál es el objeto de la Secretaría Técnica?

Mediante las acciones a cargo de esta instancia de Coordinación se diseñarán y realizarán estrategias encaminadas a la materialización de la multicitada reforma, con el propósito de que su operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en todo el país, respetando los principios establecidos en la reforma constitucional. ¿Cuál será la estrategia de la Secretaría Técnica?

Principalmente analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar la reforma, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia. ¿Con qué instituciones colabora la Secretaría Técnica para la coordinación de la reforma penal?

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Academia Nacional de Seguridad Pública, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, PGR, entre otros organismos locales.

III. Diagnóstico. ¿Qué entidades cuentan ya con la reforma penal?

Chihuahua es la única entidad que actualmente cuenta con la reforma penal en la totalidad de su territorio.

Otras entidades ya han iniciado el proceso de reforma, como Morelos, Zacatecas y Oaxaca, pero de forma gradual y Nuevo León con un sistema por delitos. ¿Qué entidades están próximas a iniciar parcialmente la reforma?

Para 2010 las entidades federativas en las cuales entrará en vigor la reforma son Estado de México, Durango, Baja California e Hidalgo. ¿Por qué la reforma debe entrar de forma gradual?

Iniciar de forma parcial, ya sea en las capitales de los estados o en las áreas de menor incidencia delictiva, permite que los operadores del sistema comiencen a familiarizarse poco a poco con la reforma, conociendo y ubicando oportunamente áreas de oportunidad y posibles fallas.

Además, el impacto presupuestal (equipamiento, infraestructura y capacitación) requiere una planeación a mediano plazo y los operadores ya adentrados en la reforma pueden multiplicar el conocimiento adquirido con sus colegas y así, se reduce el costo de capacitación. ¿Cuándo habrá un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales?

El Congreso está en proceso de análisis de diversas propuestas de códigos, basándose en los ya en vigor en las entidades que ya cuentan con la reforma. Una vez que la Comisión de Seguridad y Justicia adopte un proyecto preliminar, deberá seguir el proceso legislativo establecido en la Constitución.

La Secretaría Técnica trabaja también en una propuesta de código modelo, la cual enriquecerá y complementará el debate junto con las otras propuestas. ¿Cuál es el panorama nacional actual en materia de justicia penal?

La sociedad no confía en sus instituciones de seguridad pública, ni de procuración y administración de justicia, hay elevada incidencia delictiva e impunidad. La cifra negra es del 70% y no existe un servicio de carrera que funcione, para los funcionarios relacionados con el tema.

Las instituciones relacionadas con la justicia penal, se encuentran colapsadas, con sobrecargas de trabajo y con funcionarios desmotivados y poco preparados. Esto porque en México se ha abusado del Derecho penal y de sus instituciones, delitos, penas, prisión preventiva.

Con la reforma se busca descongestionar el sistema a de justicia, resolviendo el interés ciudadano antes que abusar de las medidas represivas del derecho penal, rescatando el principio de fragmentariedad del mismo. ¿Qué instancias gubernamentales o no gubernamentales han participado en la implementación de la Reforma?

Las principales instancias que han participado en este proceso son: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Academia Nacional de Seguridad Pública, INACIPE, PGR, SSP Federal, CONATRIB, IFP de la PGJDF, Secretaría Técnica, APEA, INDEPAC, Red a favor de los juicios orales, CIDE, entre otros organismos públicos y privados.

¿Qué es la reforma al sistema de justicia?

IV. Sobre el sistema acusatorio.

Es un cambio estructural en la procuración e impartición de justicia penal en el que participan las instituciones encargadas de la persecución y sanción de los delitos, para implementar un sistema acusatorio que se traduce en: transparencia, equidad entre las partes, inmediación y publicidad. ¿A partir de cuándo entra en vigor la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal?

La Constitución establece un plazo máximo de 8 años para que tanto las entidades federativas, como la Federación hagan las reformas legales correspondientes y los preparativos necesarios para implementar el sistema acusatorio. ¿Por qué la necesidad de una Reforma Constitucional en materia penal? . Se vive un ambiente de clara impunidad, en el que no se sanciona a los delincuentes, por la incompetencia de las autoridades y los procedimientos obsoletos. . Existe una manifiesta desconfianza e incredulidad en las instituciones de procurar e impartir justicia. . Nuestra legislación penal, es inadecuada y altamente represiva. Obsoleta, lenta e insuficiente para combatir con éxito a la delincuencia actual.

Para revertir estas realidades y estar en condiciones de contar con instituciones sólidas, cabales, eficientes y transparentes, existen retos importantes a abordar en nuestro sistema de justicia penal.

México tiene una deuda histórica con el respeto a los derechos humanos y los procedimientos ágiles y transparentes. Debemos romper paradigmas sin temor al cambio. Consolidar nuestras instituciones y ordenamientos penales, a fin de que se encuentren acordes con el régimen democrático que hoy vivimos. Esta reforma debe ser orgánica y profesional, dirigida a fortalecer instituciones tan vitales como el Ministerio Público, la Policía y los procesos penales. Requerimos darle tranquilidad a nuestra sociedad, con un sistema de justicia penal confiable, eficaz y garantista.

Pensamos que con adecuaciones como las propuestas, se tienen las condiciones para obtener un cambio cualitativo en el rumbo y sentido que deben presentar las instituciones de procuración e impartición de justicia, con miras a contar con un Sistema de Justicia Penal, moderno y de vanguardia en México.

La reforma atiende al reclamo social, por lo que la participación activa de todos los profesionales dedicados a las disciplinas de seguridad pública y justicia penal, deben ser la punta de lanza de este giro radical. ¿Qué hay que saber del nuevo modelo de justicia?

Dentro del nuevo modelo de justicia existen nuevas figuras jurídicas que intervienen en un juicio como son: los jueces de control, la policía científica, conciliadores y mediadores, el tribunal de juicio oral y el juez de ejecución de sentencia. ¿Esta reforma penal reducirá los índices de criminalidad?

No. La pregunta comporta una falacia, dado que la reforma penal está encaminada a mejorar la impartición de justicia penal, mientras que la reducción de los índices de criminalidad responde a políticas estatales, así como factores sociales y económicos. El nuevo proceso penal busca la sanción de delitos y no directamente su prevención. ¿Qué es la justicia alternativa?

Uno de los principales propósitos de la Reforma es garantizar que los conflictos se resuelvan de manera expedita y apegada a Derecho. Para esto, en el artículo 17 Constitucional se contempla la justicia alternativa como un mecanismo para desahogar los conflictos penales. Es un mecanismo de descongestión, para que mediante el dialogo, la conciliación y la mediación entre las partes, se llegue a un acuerdo y se solucione el conflicto antes de llegar a juicio. ¿Cuáles son los casos de justicia alternativa?

La justicia alternativa procede en todos aquellos delitos patrimoniales, no graves y aun los graves no violentos, utilizando los siguientes medios: . La conciliación, . La mediación, . El arbitraje, . La negociación. . La suspensión provisional del proceso.

¿En qué casos no se aplica la justicia alternativa?

La justicia alternativa no procede en los delitos graves violentos, tampoco en los casos de Delincuencia Organizada.

No procederá la justicia alternativa tratándose de delincuentes reincidentes y en aquellos casos en que alguna de las partes no esté de acuerdo en llegar a un acuerdo reparatorio. Una condición para que proceda la justicia alternativa es que el imputado repare el daño a la víctima. ¿Qué beneficios tiene la justicia alternativa?

Algunos de los principales beneficios de la aplicación de la justicia alternativa, son: . Es un mecanismo de descongestión de asuntos penales, por el que las autoridades atenderán menos asuntos, convirtiendo a la justicia en un instrumento mucho más eficaz, pues los responsables de procurar y de impartir justicia dedicarán todo su esfuerzo, conocimiento y tiempo a atender los asuntos que más agravien a la sociedad, como los homicidios, los secuestros y los relacionados con la delincuencia organizada. . Se permite una pronta reparación del daño a la víctima. . Permite que gran cantidad de asuntos no se prolonguen indefinidamente y se llegue a una solución rápida y expedita. ¿Cuál es la diferencia entre justicia alternativa y juicio oral?

La aplicación de la justicia alternativa permite que los asuntos se resuelvan por una vía alterna al procedimiento penal, de una manera rápida en la cual las partes participan en los acuerdos que ambas aceptarán, para poner fin a un conflicto penal.

Por el contrario, los asuntos que lleguen a juicio oral serán conocidos por un juez o tribunal de juicio oral, ante el que se desahogarán los medios de prueba que las partes juzguen convenientes, con la finalidad de convencer a este juez o tribunal de que ellos tienen la razón, y el juzgador emitirá un fallo por medio de una sentencia, dictada dentro de la propia audiencia oral.

Con el nuevo sistema acusatorio adversarial, la igualdad entre las partes (acusado y fiscalía) queda garantizada, pues el juez escuchará en forma inmediata las alegaciones de las partes y presenciará las pruebas, sin que lo afirmado por el Ministerio Público durante la fase de investigación tenga carácter de prueba incontrastable.

De esta forma, el sistema requerirá, para ser eficaz, de un alto grado de preparación y profesionalismo por parte de las Fiscalías y de las policías investigadoras.

Última modificación: Miércoles 1 de septiembre de 2010 por SETEC