Sociedades que transforman el derecho
Derecho en corto para comprender sociedades que reescriben las reglas
EDITORIAL ESPECIAL
No. 10, AÑO 3, VOL. III MAYO - JUNIO 2026 UNA COLABORACIÓN PARA
2
MARZO | ABRIL 2026
Derecho en corto para comprender sociedades que reescriben las reglas CONTENIDO
MIGUEL MEDINA ROMERO
RAÚL ALBERTO RODRÍGUEZ ALVARADO ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: COOPERATIVAS, BANCOS DE TIEMPO Y MONEDAS LOCALES EN CLAVE JURÍDICA
DIRECTOR Y EDITOR EN JEFE
DIANA BERENICE JIMÉNEZ ALANÍS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NIÑEZ Y PERSONAS MAYORES: EXIGIBILIDAD DE DERECHOS EN LA VIDA DIARIA
No basta con decir que “las instituciones están en crisis”: lo decisivo es mirar qué está haciendo la sociedad con esas instituciones y con el derecho que las sostiene. Mientras los diagnósticos revelan desconfianza y desgaste, comunidades migrantes, juventudes climáticas, barrios organizados, cooperativas, colectivos digitales y redes transnacionales ensayan, en la práctica, formas concretas de transformar las reglas y de abrir espacios de justicia cotidiana. El número 10 de Derecho en corto. Suplemento de divulgación jurídica y social, titulado Sociedades que transforman el derecho, parte de la siguiente apuesta: observar el derecho desde las prácticas que lo disputan y lo rehacen desde abajo. No se propone construir una teoría total sobre “la sociedad en movimiento”, sino identificar algunos lugares donde ya se están redefiniendo, día a día, el acceso a la justicia, la defensa de territorios y cuerpos, y la manera de habitar ciudades y entornos digitales.
SERGIO SANTIAGO NÚÑEZ GALINDO IMAGINARIOS DE FUTURO: QUÉ ESPERAN LAS NUEVAS GENERACIONES DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
MARÍA GUADALUPE GORDILLO OJEDA PRÁCTICAS RESTAURATIVAS Y MEDIACIÓN COMUNITARIA: JUSTICIA COTIDIANA MÁS ALLÁ DEL EXPEDIENTE
HÉCTOR ALCÁNTAR RODRÍGUEZ DE LA GALA PLATAFORMAS DIGITALES DE DENUNCIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO: INNOVACIÓN SOCIAL Y RIESGOS
Los textos recorren, en pocas pinceladas, esos frentes en transformación: comunidades migrantes que organizan redes de apoyo y litigio desde la diáspora; juventudes que empujan la agenda climática hacia nuevas normas y políticas; clínicas jurídicas y consultorios comunitarios que acercan el derecho a quienes quedaron fuera de los circuitos formales; periodismo de investigación que detona litigios estratégicos;
ALEJANDRO OCHOA FIGUEROA DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL AGUA: ASAMBLEAS COMUNITARIAS, GUARDIAS Y LITIGIO SOCIOAMBIENTAL
plataformas digitales que abren canales de denuncia y acompañamiento, aun con riesgos. Se suman experiencias de economía social y solidaria, prácticas restaurativas y mediación comunitaria, arte y memoria en contextos de violencia, exigibilidad cotidiana de derechos de personas con discapacidad, niñez y personas mayores, redes transnacionales “desde abajo”, nuevas profesiones jurídicas, defensas del territorio y del agua, autodefensas digitales y autogestión de vivienda y ciudad.
JOSÉ JESÚS ARMERÍA DELGADO ARTE, CULTURA Y MEMORIA EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA:DERECHO A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN SIMBÓLICA
MARTHA CAMARENA REYES COMUNIDADES MIGRANTES ORGANIZADAS: REDES DE APOYO, LITIGIO E INCIDENCIA DESDE LA DIÁSPORA
Leído así, Sociedades que transforman el derecho no es sólo un título: es el reconocimiento de que el campo jurídico se está moviendo allí donde comunidades, colectivos y redes deciden no limitarse a pedir cambios, sino a practicarlos. Derecho en corto para comprender sociedades que reescriben las reglas es, en última instancia, una invitación a dejar de mirar esas experiencias como excepciones y empezar a verlas como laboratorios del derecho que viene. Porque las reglas ya se están reescribiendo; la cuestión es si quienes trabajan con el derecho quieren seguir viéndolo sólo desde los códigos, o están dispuestos a aprender de quienes, en la vida diaria, lo están transformando.
ANTERO JOSÉ RODRÍGUEZ BÁRCENA AUTODEFENSAS DIGITALES: SEGURIDAD, ANONIMATO Y CUIDADO EN REDES PARA PERSONAS EN RIESGO
CARLOS RODRIGO ELIZONDO RAMÍREZ JUVENTUDES Y CLIMA: MOVIMIENTOS QUE IMPULSAN NUEVAS NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
EDITOR ADJUNTO ALEJANDRO ORTIZ/OMAR CALDERÓN COORDINACIÓN EDITORIAL LUIS FELIPE JACINTO HERNÁNDEZ DISEÑO EDITORIAL MARIA CARMEN GARIBAY GODINEZ RELACIONES PÚBLICAS ÓSCAR ASCENCIO REDACCIÓN CÉSAR DARÍO ASCENCIO SILVESTRE CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOGRAFÍA JESSICA GUADALUPE CHÁVEZ FLORES/BENJAMIN BEDOLLA
MIGUEL PÉREZ POMPA REDES TRANSNACIONALES DE CIUDADES, UNIVERSIDADES Y COLECTIVOS: COOPERACIÓN “DESDE ABAJO” FRENTE A PROBLEMAS COMUNES
MIGUEL MEDINA ROMERO NUEVAS PROFESIONES JURÍDICAS: COMPLIANCE, LEGALTECH, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y DEFENSA COMUNITARIA
Derecho en Corto
Derecho en corto, Suplemento de divulgación jurídica y social, Año III, Vol. 3, Núm. 10, mayo-junio de 2026, es una publicación bimestral editada por el Dr. Miguel Ángel Medina Romero, con domicilio en Finlandia 190, Fracc. Valle Quieto, C.P. 58066, Morelia, Michoacán, México; tel. (443) 136 6323. Página electrónica de la publicación: https://lideresgenerandolideres.com/derechoencorto/ y buzón electrónico: mmedina.derecho.en.corto@gmail.com Editor responsable: Dr. Miguel Ángel Medina Romero. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-2025-112514332800-107, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN: en trámite. Responsable de la última actualización: C.P. Omar Calderón Rojas, editor adjunto. Última modificación: 15 de mayo de 2026.
TANIA HAIDÉE TORRES CHÁVEZ CLÍNICAS JURÍDICAS Y CONSULTORIOS COMUNITARIOS: ACCESO A LA JUSTICIA DESDE UNIVERSIDADES Y COLECTIVOS
JORGE OSNAYA GONZÁLEZ PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGIO ESTRATÉGICO
Las opiniones expresadas por las personas autoras son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura del editor, del equipo editorial, ni del Consejo Editorial Consultivo. Los contenidos son de divulgación jurídica y social y no constituyen asesoría legal. Acceso abierto bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0: se permite reproducir total o parcialmente citando la fuente, sin fines comerciales y bajo la misma licencia.
Consejo Editorial Consultivo Dr. Rafael Luviano González Rector del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán.
Dra Martha Ochoa León Coordinadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Dr. Federico González Santoyo Presidente de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores, A.C.
Dr. Víctor Antonio Acevedo Valerio Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, A.C.
Dra. Martha Beatriz Flores Romero Presidenta de la Academia Michoacana de Ciencias, A.C.
Dr. Gamaniel Esparza Verduzco Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C.
Mtro. Juan Carlos Velasco Procell Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán.
EUNICEARIAS ARIAS AUTOGESTIÓN DE VIVIENDA Y CIUDAD: OCUPACIONES, COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y DERECHO A LA CIUDAD
Dr. Rodrigo Ochoa Figueroa Titular del Despacho Jurídico Ochoa Figueroa y Asociados Abogados Consultores.
Dr. Javier Eliott Olmedo Castillo Secretario General del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, A.C.
UNA COLABORACIÓN PARA
Mtro. Diego Romeo Chávez García Presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Federación Estatal, A.C.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MAYO | JUNIO 2026
Economía social y solidaria: cooperativas, bancos de tiempo y monedas locales en clave jurídica La expresión economía social y solidaria agrupa formas de organización económica que se alejan del modelo corporativo clásico. Cooperativas, bancos de tiempo y monedas locales comparten principios como la primacía de la persona sobre el capital, la gestión democrática y el vínculo estrecho con comunidades y territorios. Y este ttópico invita a preguntarse cómo se relacionan estas experiencias con el derecho. Las cooperativas son quizás la figura más conocida. En ellas, las personas socias suelen ser al mismo tiempo propietarias y, en muchos casos, trabajadoras o usuarias. Las decisiones se toman bajo el principio de “una persona, un voto” y los excedentes se distribuyen según reglas que privilegian la participación y el trabajo, reservando parte para fondos colectivos. Jurídicamente, muchas legislaciones reconocen a las cooperativas en leyes específicas, pero no siempre desarrollan plenamente las consecuencias de su modelo democrático. Uno de los desafíos clave es evitar que algunas cooperativas se utilicen para precarizar relaciones laborales. Por eso, los marcos normativos deben asegurar derechos de quienes trabajan en ellas, garantizar prácticas de democracia interna y diferenciar cooperativas genuinas de estructuras que sólo buscan eludir obligaciones. Al mismo tiempo, deben reconocer el aporte social y económico de estas entidades y ofrecer condiciones adecuadas de fomento y regulación. Los bancos de tiempo y las monedas locales representan formas menos tradicionales de economía solidaria. Los bancos de tiempo son redes donde las personas intercambian servicios usando como unidad de cuenta el tiempo dedicado, lo que permite reconocer trabajos de cuidado y apoyo mutuo que el mercado suele invisibilizar. Las monedas locales son medios de intercambio creados por comunidades o redes, destinados a fortalecer economías territoriales y proyectos con fines sociales o ecológicos. En ambos casos, se abren preguntas jurídicas complejas. ¿Cómo se encuadran los bancos de tiempo frente al derecho laboral y fiscal? ¿Qué responsabilidad tienen quienes coordinan estas redes? ¿Cómo se sitúan las monedas locales frente a la potestad estatal de emitir moneda de curso legal y frente a la regulación financiera? La ausencia de marcos claros puede generar inseguridad; un exceso de regulación puede desnaturalizar prácticas precisamente por su carácter comunitario y flexible.
que
funcionan
Mirar la economía social y solidaria en clave jurídica no significa intentar que todas estas experiencias encajen a la fuerza en categorías existentes. Significa, más bien, reconocer su existencia y su aporte, y diseñar normas que las protejan sin sofocarlas. Esto incluye regímenes de reconocimiento y fomento, tratamientos fiscales adecuados, garantías laborales y espacios de diálogo entre estos actores y las instituciones públicas. Así, las transformaciones del derecho también pasan por prácticas económicas concretas que buscan producir, intercambiar y cuidar de maneras distintas.
RAÚL ALBERTO RODRÍGUEZ ALVARADO DOCTOR CON ESPECIALIDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS, GOBIERNO LOCAL Y DESARROLLO. FUE COLABORADOR DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
Cooperativas, bancos de tiempo y monedas locales no son sólo respuestas locales a crisis, sino ensayos de modelos que se preguntan qué significa hacer economía cuando el objetivo no es exclusivamente el lucro, sino la vida digna en común. Tomar en serio este tema implica aceptar que el derecho económico y el derecho del trabajo no pueden seguir ignorando estas experiencias o tratándolas como “excepciones folklóricas”. Deben incorporar, en su análisis y diseño, la diversidad de formas de producción, intercambio y cuidado que ya existen. La economía social y solidaria, mirada en clave jurídica, no es sólo un objeto de estudio; es, potencialmente, un campo en el que se ensayan respuestas distintas frente a las crisis económicas, sociales y ambientales contemporáneas.
UNA COLABORACIÓN PARA
3
4
MAYO | JUNIO 2026
Personas con discapacidad, niñez y personas mayores: exigibilidad de derechos en la vida diaria Para personas mayores, puede significar conservar autonomía en decisiones sobre salud, vivienda y patrimonio, acceder a servicios de cuidado adecuados y estar protegidas frente a violencia y abuso.
DIANA BERENICE JIMÉNEZ ALANÍS ABOGADA Y MAESTRANTE EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO. ACTIVISTA EN DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Las personas con discapacidad, las niñas y niños y las personas mayores comparten una historia de trato como “objetos de protección” más que como sujetos plenos de derechos. Convenciones y leyes recientes han intentado cambiar esa mirada, afirmando su igualdad jurídica y su derecho a participar en decisiones que les afectan. Pero, ¿qué ocurre cuando ese lenguaje normativo se confronta con la práctica cotidiana? En la vida diaria, la exigibilidad se juega en situaciones concretas. Para una persona con discapacidad, puede ser la posibilidad de entrar a un edificio, recibir información accesible, obtener ajustes razonables en el trabajo o en la escuela, o contar con apoyos para tomar decisiones sin que se sustituya su voluntad. Para niñas y niños, puede implicar ser escuchados en procesos familiares y escolares, acceder a educación de calidad, recibir protección frente a violencia en casa o en la comunidad.
El primer requisito para exigir derechos es conocerlos. Sin embargo, el lenguaje jurídico suele ser complejo y distante. No siempre se explica de manera accesible qué implica, por ejemplo, la capacidad jurídica plena de una persona con discapacidad, la participación infantil en decisiones o los derechos de las personas mayores frente a instituciones de salud o de cuidados. La falta de información clara limita la posibilidad de que estas personas se reconozcan como sujetas de derecho y actúen en consecuencia. La exigibilidad también depende de la existencia de mecanismos de queja y denuncia adecuados. Acudir a defensorías, instituciones de derechos humanos o tribunales sólo se convierte en recurso real si los procedimientos son accesibles, si se admite la representación adecuada y si se evita la revictimización. En estos grupos, las barreras son específicas: dificultades de comunicación, dependencia de terceros, miedo a represalias, desconfianza en que las autoridades tomarán en serio sus experiencias. Las organizaciones y colectivos de personas con discapacidad, de familias, de defensa de la niñez y de personas mayores cumplen un papel esencial. Acompañan casos, traducen lenguaje jurídico, documentan patrones de violación, impulsan reformas. La exigibilidad cotidiana se apoya en estas redes, que ayudan a nombrar situaciones como problemas de derechos y no sólo como “infortunios”.
A nivel jurídico, se han logrado avances mediante sentencias y reformas que reconocen capacidad jurídica plena, exigen educación inclusiva, ordenan adaptar servicios y protegen la autonomía de personas mayores. Sin embargo, persisten prácticas paternalistas y fragmentación institucional que dificultan la aplicación efectiva. La exigibilidad en la vida diaria requiere coordinar sectores (salud, educación, trabajo, justicia), simplificar procedimientos y formar a quienes toman decisiones. Así, pues, la transformación del derecho se mide, en última instancia, en las experiencias concretas de quienes han sido históricamente marginados. Que una persona con discapacidad pueda decidir sobre su proyecto de vida, que una niña sea escuchada en asuntos que le afectan, que una persona mayor mantenga control sobre sus decisiones no son detalles; son pruebas de hasta qué punto el discurso de derechos ha logrado entrar —o no— en la vida diaria. El desafío para el derecho —y para las instituciones— no es menor. Supone revisar prácticas arraigadas, construir dispositivos de apoyo reales, simplificar procedimientos, formar a funcionariado y profesionales, y abrir espacios donde estos sujetos puedan participar en el diseño de las propias respuestas. Sin ello, la brecha entre el discurso de derechos y la vida diaria seguirá siendo demasiado amplia.
UNA COLABORACIÓN PARA
MAYO | JUNIO 2026
5
Imaginarios de futuro: qué esperan las nuevas generaciones del derecho y de las instituciones Las
nuevas
generaciones
han
crecido en un contexto marcado por crisis múltiples: climática, económica, informativa, democrática, de cuidados. En ese escenario, sus imaginarios de futuro sobre el derecho y las instituciones combinan desconfianza hacia prácticas actuales con deseo de transformación. ¿Qué esperan las nuevas generaciones del derecho y de las instituciones? Es este espacio buscaremos capturar algunos
La relación con la tecnología es ambivalente. Se espera que las instituciones utilicen herramientas digitales para mejorar transparencia, participación y eficiencia, pero también que el derecho establezca límites claros frente a vigilancia masiva, algoritmos opacos y concentración de poder en plataformas. Los imaginarios de futuro incluyen la expectativa de derechos digitales efectivos y de regulación democrática de la inteligencia artificial y de la gestión de datos. El clima y la crisis socioambiental ocupan un
rasgos de esas expectativas.
lugar central en estas visiones. Muchas personas jóvenes esperan que el derecho
Un primer elemento es la demanda
incorpore el largo plazo, la justicia climática y la protección de generaciones futuras. Esto se expresa en apoyo a cláusulas verdes, derechos de la naturaleza, órganos de justicia ambiental y políticas que conecten clima con trabajo, salud, vivienda y movilidad. La dimensión del
de accesibilidad y coherencia. Muchas personas jóvenes perciben al derecho como distante y formal, pero al mismo tiempo reconocen que sin marcos jurídicos robustos es difícil enfrentar problemas como la desigualdad, la violencia o el clima. Esperan un derecho que pueda entenderse y usarse: lenguaje claro, procedimientos simplificados, canales digitales pensados desde las personas usuarias y presencia territorial cercana. Otro eje central es la exigencia de que el derecho tome en serio la intersección de las violencias. Las nuevas generaciones miran problemas como discriminación o exclusión múltiples territorio,
desde coordenadas —género, raza, clase, edad, discapacidad,
diversidad sexual— y esperan que las instituciones reconozcan esa complejidad. Mecanismos de protección diferenciada, políticas de inclusión, acciones afirmativas y espacios de participación específica son valorados cuando tienen efectos reales, no sólo simbólicos.
cuidado y de la salud mental también aparece con fuerza. En contextos de precariedad y hiperexigencia, se espera que las instituciones reconozcan el impacto psíquico de la vida en policrisis y que integren el cuidado en políticas de educación, trabajo, salud y seguridad. El derecho es visto no sólo como mecanismo de orden, sino como potencial herramienta para garantizar condiciones de vida más sostenibles. Así, las nuevas generaciones esperan participación sustantiva en decisiones públicas. Valoran espacios donde puedan intervenir en diseño y evaluación de políticas, pero son críticas frente a mecanismos meramente decorativos. La demanda no es sólo más participación, sino participación con impacto real. En
conjunto,
estos
imaginarios
de
futuro
muestran que las expectativas respecto al derecho y las instituciones no se reducen a pedir “más de lo mismo”. Apuntan a un derecho capaz de dialogar con la complejidad del presente, de asumir responsabilidades frente al futuro y de abrir espacios donde quienes van a vivir más tiempo con las consecuencias de las
SERGIO SANTIAGO NÚÑEZ GALINDO ABOGADO. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS. DIRECTOR DE ALPHA CONSULTORES.
decisiones de hoy puedan influir en cómo esas decisiones se toman. Pensar los imaginarios de futuro no implica asumir que existe una única visión juvenil del derecho y de las instituciones. Las experiencias de las nuevas generaciones son diversas y están atravesadas por desigualdades profundas. Pero escuchar y analizar estas expectativas permite identificar, al menos, algunas líneas comunes: la necesidad de coherencia entre discurso y práctica, la demanda de inclusión real y la exigencia de que el derecho no se limite a administrar el presente, sino que se atreva a proteger y abrir posibilidades de futuro.
UNA COLABORACIÓN PARA
6
MAYO | JUNIO 2026
Prácticas restaurativas y mediación comunitaria: justicia cotidiana más allá del expediente Personas con legitimidad en la comunidad, formadas para facilitar el diálogo, ayudan a que las partes expongan sus perspectivas, exploren soluciones y acuerden compromisos. El objetivo no es declarar ganadores y perdedores, sino encontrar salidas que permitan seguir compartiendo espacios sin que el conflicto se agrave.
MARÍA GUADALUPE GORDILLO OJEDA ABOGADA, MAESTRA EN DERECHO Y DOCENTE UNIVERSITARIA. ES TAMBIÉN INTEGRANTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
La imagen clásica de la justicia está asociada al expediente y al tribunal. Sin embargo, una parte importante de los conflictos que afectan la vida cotidiana se aborda en otros espacios, con otras herramientas. Las prácticas restaurativas y la mediación comunitaria son ejemplos de formas de justicia que operan más allá del expediente. La justicia restaurativa se centra en el daño y en las necesidades de quienes lo sufrieron. En lugar de limitarse a sancionar, busca generar procesos de diálogo en los que víctimas, responsables y, a veces, miembros de la comunidad participan. Se trata de reconocer lo ocurrido, asumir responsabilidades, identificar cómo reparar—en la medida de lo posible—y qué cambios son necesarios para evitar que se repita. Este enfoque ha sido incorporado en ámbitos como la justicia penal juvenil, ciertos conflictos familiares y programas de convivencia escolar. La mediación comunitaria, por su parte, se enfoca en disputas cotidianas: conflictos vecinales, tensiones en escuelas, desacuerdos en espacios de trabajo, problemas entre familias.
Estas prácticas cumplen varias funciones relevantes. Permiten abordar conflictos que el sistema judicial no alcanza o no logra resolver adecuadamente; ofrecen espacios de escucha y reconocimiento que muchas veces están ausentes en procedimientos formales; contribuyen a prevenir escaladas de violencia en contextos de desconfianza institucional; y fortalecen capacidades comunitarias para gestionar tensiones. Desde el punto de vista jurídico, su institucionalización plantea preguntas: ¿en qué casos es apropiado derivar hacia programas restaurativos o de mediación?, ¿cómo garantizar la voluntariedad y la protección de derechos?, ¿qué formación y responsabilidades deben tener las personas que facilitan estos procesos? Es importante evitar que estos enfoques se utilicen para minimizar daños graves o para presionar a personas vulnerables a aceptar acuerdos injustos. El derecho también se construye en espacios donde la solución no es una sentencia, sino un acuerdo trabajado colectivamente. Reconocer el valor de estas experiencias no significa renunciar a la justicia formal, sino ampliar el horizonte de lo que entendemos por justicia, incorporando procesos que, sin dejar huella en expedientes, contribuyen de manera decisiva a recomponer vínculos y a reducir violencias en la vida diaria. Pensar la justicia cotidiana más allá del expediente no significa renunciar al expediente, sino reconocer sus límites. Los tribunales son necesarios para resolver conflictos que requieren decisiones vinculantes, para sancionar violaciones graves, para fijar criterios de interpretación. Pero no pueden, ni deben, ser la única forma de justicia. Las prácticas restaurativas y la mediación comunitaria muestran que una parte importante de la vida jurídica se juega en espacios donde la escritura se sustituye por la palabra, el sello por el acuerdo y la sentencia por el compromiso. Tomar en serio este tópico implica, en definitiva, aceptar que la justicia no es sólo un resultado, sino un proceso. Y que, en muchos casos, ese proceso se construye en círculos de diálogo, en mesas de mediación, en encuentros comunitarios que no aparecen en las estadísticas judiciales pero que, en la práctica, permiten que personas y grupos vivan con menos miedo y más posibilidades de recomponer lo roto.
UNA COLABORACIÓN PARA
7
MAYO | JUNIO 2026
Plataformas digitales de denuncia y acompañamiento jurídico: innovación social y riesgos En muchos contextos, denunciar un abuso o buscar asesoría jurídica implica enfrentarse a instituciones lejanas, trámites complejos y, a menudo, miedo. Las plataformas digitales de denuncia y acompañamiento jurídico han surgido como intentos de reducir esas barreras: sitios web, aplicaciones y canales de mensajería que permiten narrar hechos, recibir orientación y conectarse con redes de apoyo sin salir de casa. Estas herramientas son diversas. Algunas denuncias identidad
permiten
presentar
anónimas o con reservada; otras
ofrecen chats donde equipos jurídicos responden preguntas básicas;
algunas
registran
incidentes con geolocalización y evidencia digital; otras conectan
a
personas
con
abogadas, clínicas universitarias u organizaciones especializadas. En todos los casos, representan una forma de innovación social, en la medida en que combinan tecnología con prácticas de cuidado y acompañamiento. Desde la perspectiva del acceso a la justicia, las plataformas digitales ofrecen ventajas claras. Pueden ampliar el alcance de servicios jurídicos hacia territorios alejados, facilitar que víctimas de violencia de género encuentren canales más discretos para pedir ayuda, permitir que jóvenes acostumbrados a comunicar por medios digitales den el primer paso para iniciar un proceso.
Funcionan también como espacios de información: explican, de manera sencilla, qué derechos existen y qué instituciones deben intervenir. Sin embargo, su uso plantea riesgos y desafíos que no pueden ignorarse. El primero es la protección de datos y de la privacidad. Las denuncias y consultas contienen información sensible; si la plataforma no cuenta con medidas fuertes de seguridad, puede haber filtraciones, accesos indebidos o usos maliciosos de la información. Esto no sólo vulnera derechos, sino que puede poner a las personas en riesgo. Otro riesgo es el de la fiabilidad y responsabilidad. No siempre está claro quién respalda la asesoría brindada, cuál es la calidad jurídica de las respuestas o qué compromisos asume la plataforma respecto de la canalización de denuncias. Si una persona actúa siguiendo información incompleta o errónea, las consecuencias pueden ser graves. Por ello, la transparencia sobre quién opera la herramienta y qué alcance tienen sus servicios es fundamental. Además, existe el problema de la gestión de expectativas. Denunciar en una plataforma no equivale, necesariamente, a haber iniciado formalmente un proceso ante autoridades. Si esto no se explica con claridad, la frustración y la desconfianza pueden aumentar. Es necesario detallar qué hace la plataforma con la información recibida, en qué casos se canaliza y qué pasos adicionales son necesarios. Desde el punto de vista normativo, muchas legislaciones no contemplan de manera explícita la recepción de denuncias y consultas jurídicas a través de canales digitales gestionados por actores no estatales. Esto genera vacíos respecto del valor jurídico de lo que se recoge, de la coordinación con instituciones y de las responsabilidades de quienes administran las plataformas. Regular estas herramientas no significa frenarlas, sino acompañar su desarrollo. Pueden pensarse estándares mínimos de seguridad y protección de datos, formas de articulación con instituciones públicas, criterios de responsabilidad y transparencia. Al mismo tiempo, es importante reconocer el aporte que hacen:
HÉCTOR ALCÁNTAR RODRÍGUEZ DE LA GALA LICENCIADO EN DERECHO Y MAESTRO EN FISCAL. amplían canales de escucha, crean registros de violencias invisibilizadas, conectan a personas con redes de apoyo y abren la puerta a posibles litigios estratégicos. Finalmente, el derecho ya no vive sólo en expedientes físicos y ventanillas, se ha transformado desde prácticas tecnológicas impulsadas por la sociedad (en códigos de programación, interfaces, chats y formularios en línea). Ahora, lo que se requiere es asegurar que ese derecho digital no sea una versión más frágil y peligrosa del derecho analógico, sino una herramienta para que más personas puedan nombrar lo que les pasa, exigir lo que les corresponde y encontrar apoyo donde antes no lo obtuvieron. Es decir, debe aprovecharse el potencial del nuevo derecho para acercar la justicia y, al mismo tiempo, cuidar que quienes confían en él no queden más expuestos o desprotegidos.
UNA COLABORACIÓN PARA
8
MAYO | JUNIO 2026
Defensa del territorio y del agua: asambleas comunitarias, guardias y litigio socioambiental Las guardias comunitarias o guardias del territorio son figuras creadas por las propias comunidades para vigilar caminos, ríos, bosques y zonas de uso común, y para registrar o impedir ingresos que consideran dañinos. Su autoridad proviene de decisiones comunitarias, no de nombramientos estatales. Desde el punto de vista jurídico, ocupan un lugar complejo: no son policía oficial, pero tampoco grupos ilegítimos. La cuestión de su reconocimiento, protección y posible articulación con instituciones de seguridad es una de las tensiones actuales.
ALEJANDRO OCHOA FIGUEROA DOCTOR EN DERECHO. TITULAR DE PROGRAMA AGUA DEL FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA.
La defensa del territorio y del agua se ha vuelto, en muchos contextos, una tarea central de comunidades indígenas, rurales y urbanas frente a proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura. La defensa del territorio y del agua permite observar cómo estas comunidades articulan prácticas propias con estrategias jurídicas. Las asambleas comunitarias son espacios donde se discuten impactos de proyectos, se deciden posiciones colectivas y se definen mandatos. Funcionan como órganos de gobierno y como instancias de producción de normas internas. Aunque el derecho
El litigio socioambiental se refiere al uso de acciones jurídicas para cuestionar permisos, concesiones y proyectos que afectan territorio y agua. Organizaciones y comunidades han impulsado recursos administrativos, amparos, acciones constitucionales y litigios internacionales para defender derechos ambientales, de pueblos indígenas, de salud y de acceso al agua. Estos litigios suelen apoyarse en documentación comunitaria: actas de asambleas, registros de daños, monitoreos de calidad de agua y aire, testimonios. Los avances en justicia ambiental, derechos de la naturaleza y reconocimiento de bienes comunes han ampliado el repertorio jurídicamente disponible. No obstante, los procesos son largos y exigentes, y la asimetría entre comunidades y empresas o instituciones es considerable. Por ello, la defensa del territorio y del agua combina acción comunitaria, litigio, incidencia política y acción cultural. Este tema muestra que la transformación del derecho se vincula con prácticas concretas de defensa de bienes comunes. Las asambleas, guardias y litigios socioambientales no son sólo respuestas a proyectos individuales; son también espacios donde se produce y se disputa el sentido de principios como justicia ambiental, participación y reconocimiento de sujetos colectivos.
reconoce en ciertos casos la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas, la forma en que estas se implementan no siempre respeta las dinámicas reales de deliberación comunitaria. De ahí que muchas comunidades organicen consultas autónomas, que expresan con fuerza su voluntad respecto a proyectos que afectan el territorio y el agua.
Finalmente, pensar en “asambleas comunitarias, guardias y litigio socioambiental” implica reconocer que la defensa de bienes comunes enfrenta también formas de violencia y criminalización. Personas defensoras del territorio y del agua han sido objeto de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y procesos judiciales que buscan inhibir su acción. La protección de quienes ejercen esta defensa (por parte de instituciones nacionales e internacionales) es parte inseparable del propio derecho al territorio y al agua.
UNA COLABORACIÓN PARA
MAYO | JUNIO 2026
Arte, cultura y memoria en contextos de violencia: derecho a la verdad y a la reparación simbólica En escenarios de violencia masiva o prolongada, la demanda de justicia suele expresarse en términos de verdad, sanción y reparación. Sin embargo, una parte importante de esa demanda se articula a través del arte, la cultura y la memoria. Y este artículo, precisamente, pone el foco en ese cruce entre prácticas culturales y justicia. El derecho a la verdad implica que víctimas, familiares y sociedad conozcan qué ocurrió, quién fue responsable y cómo operaron las estructuras que permitieron violencias graves. Tradicionalmente, se ha vinculado con comisiones de verdad, procesos judiciales y apertura de archivos. Pero el arte y la cultura han sido también vías fundamentales para nombrar lo ocurrido: novelas, películas, obras de teatro, murales, fotografías y música han difundido relatos sobre desapariciones, ejecuciones, desplazamientos y otras formas de violencia. La reparación simbólica se refiere a medidas que, más allá de compensaciones económicas, buscan reconocer la dignidad de las víctimas y cuestionar el silencio. Incluye actos públicos de disculpa, memoriales, cambios de nombres de espacios públicos, rescate de sitios de violencia como lugares de memoria y apoyo a iniciativas culturales impulsadas por víctimas y comunidades. Estas medidas no sustituyen obligaciones de verdad y justicia, pero contribuyen a que el daño no quede invisibilizado y a que la sociedad reconozca responsabilidades. Desde el punto de vista jurídico, incorporar arte y cultura en políticas de memoria plantea varios desafíos. Es importante evitar que las reparaciones simbólicas se usen como excusa para no investigar ni sancionar violaciones graves. También es necesario asegurar que los proyectos de memoria respondan a expectativas de víctimas y comunidades, mediante procesos participativos, y no sólo a agendas institucionales. La pluralidad de narrativas sobre el pasado violento —oficiales, comunitarias, artísticas— exige que el derecho evite imponer versiones únicas. En contextos de violencia criminal contemporánea, las prácticas culturales han sido formas de resistencia y memoria: murales en barrios, performances en plazas, exposiciones, teatro comunitario, canciones y documentales que visibilizan desapariciones forzadas, ejecuciones, extorsiones y desplazamientos. Muchas de estas iniciativas nacen sin apoyo estatal y enfrentan riesgos; su protección se relaciona directamente con la garantía del derecho a la verdad. Por tanto, queda de manifiesto que la justicia no se reduce al expediente ni a la sentencia. Se juega también en cómo se cuentan las historias del daño y de la resistencia, en qué espacios se consagra la memoria y en qué prácticas culturales se apoyan las sociedades para procesar la violencia.
JOSÉ JESÚS ARMERÍA DELGADO ABOGADO. ESPECIALISTA EN DERECHO ELECTORAL Y DERECHOS HUMANOS. EXASESOR PARLAMENTARIO Y CATEDRÁTICO. REGIDOR DE ACUITZIO DEL CANJE, MICHOACÁN
Reconocer el papel del arte y la cultura en la construcción de verdad y en la reparación simbólica es aceptar que los procesos de justicia en contextos de violencia necesitan, además de normas y procedimientos, lenguajes y gestos capaces de sostener una memoria que no sea sólo jurídica, sino también humana. Finalmente, debe reconocerse que los procesos de justicia transicional y de reconstrucción social no se sostienen sólo sobre argumentos, pruebas y sanciones. Se sostienen también sobre imágenes, relatos, canciones, rituales y espacios que permiten a las personas y colectividades hacer algo con el dolor, en vez de quedar atrapadas en él. La agenda pendiente para el derecho es abrirse a estos lenguajes sin perder su rigor, y entender que la garantía de derechos en contextos de violencia pasa también por preguntarse cómo —y desde dónde— se cuenta lo ocurrido.
UNA COLABORACIÓN PARA
9
10
MAYO | JUNIO 2026
Comunidades migrantes organizadas: redes de apoyo, litigio e incidencia desde la diáspora El del litigio constituye el segundo nivel. Cada vez es más común que organizaciones de migrantes y diásporas impulsen casos judiciales: contra políticas discriminatorias, expulsiones injustas, abusos en detención, violaciones de derechos laborales. Su papel no se limita a conseguir representación jurídica; participan en la construcción de la estrategia, articulan testimonios, sostienen el caso en la esfera pública. Así contribuyen a generar precedentes que pueden beneficiar a muchas otras personas en situación similar.
MARTHA CAMARENA REYES LICENCIADA EN DERECHO. EXPRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, DEL FORO NACIONAL DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS DE MICHOACÁN Y DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
Las migraciones ya no pueden pensarse sólo como flujos que el Estado administra desde arriba. En la práctica, son también redes que las propias personas migrantes tejen para sostener la vida y disputar el sentido del derecho. A través del contenido de este trabajo se pone el foco justamente ahí: en lo que ocurre cuando quienes se han ido se organizan y empiezan a intervenir en normas, políticas y decisiones. El primer nivel son las redes de apoyo. Ante sistemas migratorios complejos y muchas veces hostiles, las comunidades migrantes se agrupan para compartir información, acompañar trámites, apoyar en casos de detención o deportación, buscar vivienda y trabajo, ofrecer espacios de cuidado. Estas redes pueden ser asociaciones formales,
casas
de
apoyo,
colectivos
barriales, grupos digitales. Más allá del formato, cumplen funciones que los Estados suelen dejar descubiertas y, en la práctica, se convierten en un puente imprescindible hacia el ejercicio efectivo de derechos.
El tercer nivel es la incidencia política y normativa. Las comunidades migrantes organizadas dialogan con gobiernos, parlamentos y organismos internacionales; intervienen en debates sobre reformas de leyes de migración, nacionalidad, voto exterior, protección social, refugio. Reclaman reconocimiento de su aporte económico y social, demandan vías legales de movilidad y exigen que las políticas no se hagan de espaldas a quienes viven sus consecuencias. De este modo, la diáspora se convierte en actor político transnacional, con capacidad de influir en varios países a la vez. Estas prácticas no están exentas de riesgos: muchas personas y colectivos operan en condiciones de precariedad legal, con temor a la deportación o a perder acceso a servicios; otras enfrentan discursos de odio o resistencias institucionales. Por eso es clave fortalecer sus capacidades jurídicas, construir alianzas con clínicas universitarias, organizaciones de derechos humanos y profesionales comprometidos, y diseñar marcos legales que reconozcan y protejan su trabajo. El derecho no se transforma sólo en parlamentos o tribunales, sino también en comunidades en movimiento que, desde la diáspora, combinan apoyo mutuo, litigio e incidencia para abrir grietas en estructuras muy rígidas. Pensar las comunidades migrantes organizadas, es, en definitiva, reconocer que la migración no es únicamente un problema que el derecho debe gestionar, sino un sujeto colectivo que transforma el propio derecho. El reto para las instituciones es doble: no obstaculizar estas prácticas y, más bien, construir puentes que las potencien y las protejan. Y el desafío para el derecho crítico es escucharlas, documentarlas y aprender de ellas formas de justicia que no caben del todo en los códigos, pero que sostienen, día a día, la vida de millones de personas en movimiento.
UNA COLABORACIÓN PARA
MAYO | JUNIO 2026
Autodefensas digitales: seguridad, anonimato y cuidado en redes para personas en riesgo Las personas en riesgo —periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, personas LGBTI+, mujeres que enfrentan violencia— no sólo sufren amenazas y agresiones físicas, sino también digitales. En redes sociales, plataformas de mensajería y otros entornos en línea pueden ser objeto de vigilancia, acoso, doxing y campañas de odio. Las autodefensas digitales combinan medidas técnicas y acuerdos colectivos. En el plano técnico, incluyen seguridad básica (contraseñas robustas, autenticación de dos factores, actualización de sistemas), uso de herramientas de encriptación en comunicaciones, encriptación de dispositivos y estrategias de anonimato (separación de identidades digitales, minimización de datos personales visibles, cuidado con metadatos en archivos). Estas prácticas buscan reducir la capacidad de terceros para interceptar, rastrear o explotar información sensible. En el plano colectivo, las autodefensas digitales se traducen en protocolos de cuidado: quién administra cuentas, qué se publica, cómo se responde a ataques, cómo se documentan amenazas, cómo se apoya emocionalmente a personas agredidas. Muchos grupos han desarrollado guías internas para manejar crisis digitales, evitando respuestas impulsivas, registrando evidencias, denunciando cuando es posible y articulando apoyo jurídico y psicosocial. Estas prácticas se sitúan en un campo jurídico y político complejo. Por un lado, ejercen derechos a la privacidad, a la protección de datos y a la libertad de expresión; por otro, enfrentan marcos normativos que pueden ver el anonimato con recelo, especialmente en políticas de seguridad. El desafío es que las normas sobre delitos informáticos, vigilancia y violencia digital reconozcan la legitimidad de la autodefensa y no se conviertan en instrumentos para limitarla. La relación con plataformas y proveedores de servicios digitales es central. La efectividad de muchas autodefensas depende de decisiones empresariales sobre cifrado, anonimato, mecanismos de denuncia y respuesta, gestión de datos. La regulación de estas empresas y la exigencia de estándares de derechos humanos en su funcionamiento son condiciones necesarias para que la protección digital no dependa exclusivamente de buenas prácticas individuales.
ANTERO JOSÉ RODRÍGUEZ BÁRCENA LICENCIADO EN DERECHO, MAESTRO EN CIENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DOCENTE UNIVERSITARIO.
Como puede advertirse, la defensa de derechos se ha desplazado también al espacio digitales
digital. Las no sustituyen
autodefensas la obligación
estatal de proteger, pero son respuestas concretas de personas y colectivos que no pueden esperar a que otros actúen. Integrar estas prácticas en políticas de protección, reconocer su valor y evitar su criminalización son pasos importantes para que el derecho y las instituciones estén a la altura de un mundo donde la vulnerabilidad se vive tanto en la calle como en la pantalla. En definitiva, pensar “Autodefensas digitales: seguridad, anonimato y cuidado en redes para personas en riesgo” implica ampliar el concepto de protección. En un mundo donde la vida pasa, en gran medida, por dispositivos y plataformas, cuidar no es sólo cerrar puertas y acompañar en la calle; es también aprender a cifrar, a anonimizar, a documentar ataques, a sostener emocionalmente, a exigir a las instituciones y empresas que el espacio digital no sea un lugar donde la vulnerabilidad se multiplica, sino un entorno en el que los derechos puedan ejercerse con menos miedo.
UNA COLABORACIÓN PARA
11
12
MAYO | JUNIO 2026
Juventudes y clima: movimientos que impulsan nuevas normas y políticas públicas En términos de incidencia, las juventudes han influido en políticas de varias maneras. A través de movilizaciones masivas, han logrado que parlamentos y gobiernos declaren emergencias climáticas, revisen metas de reducción de emisiones o incorporen compromisos más ambiciosos en leyes y planes. En espacios de participación formal —consejos consultivos, parlamentos juveniles, cabildos climáticos— han puesto sobre la mesa temas como salud mental juvenil frente al clima, educación climática y condiciones materiales para la participación.
CARLOS RODRIGO ELIZONDO RAMÍREZ LICENCIADO EN DERECHO Y MAESTRANTE EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
En la conversación sobre cambio climático, las juventudes han dejado de ser un público “a sensibilizar” para convertirse en protagonistas. Huelgas escolares, marchas, campañas digitales, litigios y asambleas comunitarias muestran que los y las jóvenes no sólo quieren participar en el debate, sino impulsar cambios reales en normas y políticas públicas. El tema se sitúa donde la preocupación se convierte en acción organizada. Estos movimientos son diversos. Incluyen estudiantes de secundaria y universidad que se movilizan en las ciudades; juventudes indígenas y campesinas que defienden territorios frente a proyectos extractivos; colectivos feministas jóvenes que conectan clima con cuerpos y cuidados; redes de jóvenes científicos que traducen evidencia para el debate público. Lo que comparten es un diagnóstico: la crisis climática ya está afectando su presente, y la respuesta institucional es insuficiente.
Un terreno particularmente innovador es el litigio climático juvenil. Grupos de jóvenes han presentado demandas contra Estados por incumplir objetivos ambientales y climáticos, argumentando que esa inacción vulnera sus derechos presentes y futuros. Algunos tribunales han reconocido su legitimación y, en ciertos casos, han ordenado ajustar políticas o metas. El impacto de estos litigios va más allá de las sentencias: muestran que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar restricciones de futuro como un hecho inevitable. Además, las juventudes han contribuido a reformular el lenguaje del clima. Hablan de justicia climática, conectando emisiones con desigualdad, raza, género y territorio. Relatan la crisis a partir de experiencias concretas: el calor en las aulas, la contaminación en los barrios, las sequías en las comunidades agrícolas, las inundaciones en zonas precarias. Esta narrativa hace que el clima deje de ser una cuestión de “promedios globales” y se convierta en una cuestión de justicia cotidiana. Los movimientos juveniles enfrentan, sin embargo, desafíos importantes. Se les acusa a veces de falta de realismo o de radicalidad, se les canaliza a espacios consultivos poco vinculantes, se les escucha, pero no se les integra en decisiones clave. Muchas personas jóvenes activistas viven desgaste emocional, con la sensación de cargar con la responsabilidad de impulsar cambios que otros no asumen. Responder a estos desafíos requiere cambios jurídicos y políticos concretos: reconocer su legitimación en litigios climáticos, crear mecanismos de participación con efectos reales en normas y presupuestos, proteger a quienes defienden el clima frente a represalias, integrar seriamente la cuestión ambiental y climática en la educación y en la formación profesional. No se trata de “dar voz” simbólica, sino de reconocer poder de incidencia. Por lo tanto, el desafío es que las instituciones estén a la altura: no sólo escuchar, sino dejarse transformar.
UNA COLABORACIÓN PARA
13
MAYO | JUNIO 2026
Redes transnacionales de ciudades, universidades y colectivos: cooperación “desde abajo” frente a problemas comunes
La imagen clásica de la cooperación internacional está asociada a Estados y organismos multilaterales. Sin embargo, hoy existen numerosas redes transnacionales de ciudades, universidades y colectivos que trabajan de manera coordinada frente a problemas comunes: cambio climático, migración, violencia urbana, desigualdad, derechos humanos, entre otros. Esta comunicación se centra en estas formas de acción internacional ancladas en lo local y social. Las ciudades participan en redes que comparten políticas de transporte sostenible, inclusión social, seguridad ciudadana, cultura y transparencia. Estas redes permiten intercambiar experiencias, coordinar posiciones y, en algunos casos, desarrollar proyectos conjuntos. Las universidades, por su parte, se articulan en consorcios de investigación, alianzas para la defensa de libertades académicas y programas de formación compartidos. Los colectivos sociales se conectan para documentar violencias, impulsar campañas, coordinar litigios y sostener acciones simultáneas en distintos países. Esta cooperación “desde abajo” produce efectos jurídicos y políticos. Las ciudades pueden traducir compromisos asumidos en redes en ordenanzas y programas; las universidades generan diagnósticos y propuestas que informan políticas públicas; los colectivos inciden en tribunales y internacionales
organismos mediante
documentación y presión social. En conjunto, estas redes contribuyen a crear normas y expectativas que influyen en la manera en que se abordan problemas globales desde
Los desafíos son importantes. No todas las ciudades, universidades o colectivos tienen recursos para participar activamente, lo que puede reproducir desigualdades. La multiplicidad de redes puede generar fragmentación y sobrecarga, con compromisos superpuestos y escaso seguimiento. Además, la relación con los Estados nacionales puede ser tensa: algunos gobiernos apoyan o toleran esta cooperación, otros la ven con recelo y buscan controlarla. Desde el punto de vista jurídico, estas redes cuestionan una visión estrictamente estatal de la acción internacional. Si bien no son sujetos de derecho internacional en sentido clásico, ejercen funciones que se acercan a la diplomacia: suscriben acuerdos, elaboran estándares, dialogan con organismos globales, producen informes. El derecho se ve así interpelado a reconocer y gestionar esta presencia sin confundirla con la representación estatal. La transformación del derecho y de las políticas públicas ocurre también en espacios que no son, estrictamente, estatales. La cooperación “desde abajo” permite que problemas comunes se aborden desde los lugares donde se viven, generando soluciones que se ensayan y se ajustan en la práctica. El desafío es que estas redes puedan desarrollarse con autonomía, respaldo y protección, de modo que su aporte no quede reducido a declaraciones, sino que se traduzca en cambios efectivos para las comunidades implicadas.
MIGUEL PÉREZ POMPA JURISTA NICOLAITA, Y PROGRESISTA. OVERTHINKING DE LA COSA PÚBLICA. Y el reto para el derecho y las instituciones implica, por un lado, que deben abrirse a reconocer y acompañar estas formas de cooperación, evitando la tentación de verlas sólo como “activismo” sin relevancia jurídica; y, por otra parte, que deben ayudar a que estas redes se sostengan y se protejan, garantizando libertades de asociación, de expresión y de participación, y evitando que se conviertan en blanco de hostilidad o captura. En ese mapa, la cooperación “desde abajo” no sustituye a la cooperación tradicional, pero la complementa ocasiones, la
y, en desafía,
recordando que las soluciones a problemas comunes no pueden diseñarse sin quienes los enfrentan día a día en sus territorios y comunidades.
los territorios.
UNA COLABORACIÓN PARA
14
MAYO | JUNIO 2026
Nuevas profesiones jurídicas: compliance, legaltech, acompañamiento psicosocial y defensa comunitaria
MIGUEL MEDINA ROMERO PROFESOR E INVESTIGADOR UNIVERSITARIO.
El trabajo jurídico ya no se limita a la abogacía clásica y a la judicatura. En las últimas décadas han surgido nuevas profesiones jurídicas que responden a cambios en la regulación, en la tecnología y en la forma de entender los conflictos sociales. En esta oportunidad se abordarán cuatro ejemplos significativos: compliance, legaltech, acompañamiento psicosocial y defensa comunitaria. El compliance (cumplimiento normativo) busca prevenir riesgos legales mediante sistemas internos de normas, controles y formación. Personas responsables de cumplimiento diseñan políticas anticorrupción, de protección de datos, de prevención de lavado de dinero y de gestión de conflictos de interés. Su trabajo se sitúa entre la regulación penal, administrativa y financiera, y tiene efectos directos sobre la responsabilidad de empresas y entidades públicas. La legaltech (tecnología aplicada al derecho) agrupa iniciativas tecnológicas aplicadas al campo jurídico: plataformas de gestión, herramientas de análisis documental, automatización de contratos, sistemas de búsqueda de jurisprudencia, chatbots de orientación básica. Profesionales de este ámbito trabajan en equipos interdisciplinarios y enfrentan desafíos como la protección de datos, la no reproducción de sesgos y la delimitación del grado aceptable de automatización en decisiones que afectan derechos.
El acompañamiento psicosocial introduce en procesos jurídicos una mirada sobre el impacto emocional y social de litigios, especialmente en casos de violencia grave o de derechos humanos. Equipos psicosociales se encargan de preparar testimonios, acompañar audiencias, diseñar estrategias de autocuidado y ayudar a tramitar el efecto del proceso en la vida de víctimas y testigos. Su presencia obliga a integrar el cuidado como dimensión constitutiva de la práctica jurídica. Y la defensa comunitaria se refiere a figuras —a menudo con arraigo territorial— que acompañan a comunidades en la defensa de sus derechos cotidianos: territorio, vivienda, servicios, seguridad, educación, salud. Traducen el derecho a lenguajes accesibles, facilitan la relación con instituciones, documentan abusos y sostienen procesos organizativos. Aunque no siempre cuentan con título formal de abogacía, cumplen funciones jurídicas relevantes. Estas nuevas profesiones modifican la geografía del campo jurídico. Amplían el repertorio de tareas asociadas al derecho —prevención, diseño tecnológico, cuidado, traducción comunitaria— y exigen formación interdisciplinaria. También plantean la necesidad de desarrollar estándares éticos y marcos de responsabilidad específicos, pues los errores en estos ámbitos tienen consecuencias jurídicas y humanas significativas. Queda de manifiesto que las transformaciones del derecho pasan también por quiénes lo ejercen y qué tipo de trabajo desarrollan. Reconocer y pensar críticamente estas nuevas profesiones es parte de la tarea de adaptar el derecho a sociedades donde la regulación, la tecnología, el cuidado y la acción comunitaria han dejado de ser dimensiones periféricas para convertirse en componentes centrales de la vida jurídica. Tomar en serio estas nuevas profesiones jurídicas implica reconocer que el derecho contemporáneo ya no puede sostenerse únicamente sobre profesiones pensadas para otro tiempo. Implica aceptar que las respuestas a los problemas actuales requieren equipos más diversos, capaces de prevenir, innovar, cuidar y traducir. El reto radica en construir marcos éticos y jurídicos que acompañen estas profesiones emergentes, sin perder la brújula de los derechos que, en última instancia, justifican su existencia.
UNA COLABORACIÓN PARA
MAYO | JUNIO 2026
Clínicas jurídicas y consultorios comunitarios: acceso a la justicia desde universidades y colectivos El acceso a la justicia suele presentarse como un principio básico de cualquier Estado de derecho. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas se enfrentan a sistemas jurídicos que perciben como lejanos, complejos y costosos. En ese terreno, las clínicas jurídicas universitarias y los consultorios comunitarios han comenzado a desempeñar un papel significativo. Las clínicas jurídicas surgen en las universidades con un propósito doble: formar a estudiantes en contacto con casos reales y ofrecer asesoría o representación gratuita a personas que no pueden pagar servicios profesionales. Bajo la supervisión de docentes y profesionales, el estudiantado participa en la atención de asuntos diversos: desde problemas de vivienda, trabajo o familia, hasta casos de derechos humanos, migración o medio ambiente. Este modelo transforma la enseñanza del derecho, incorporando la dimensión práctica y ética de la profesión, y al mismo tiempo amplía las vías de acceso a la justicia. Los consultorios comunitarios, por su parte, se organizan desde colectivos de barrio, organizaciones sociales, parroquias, asociaciones civiles u otros espacios de base. Atienden problemas detectados directamente en los territorios: conflictos vecinales, violencia familiar, abusos laborales, acceso a servicios públicos, discriminación. Su práctica combina información jurídica con acompañamiento social, mediación y, en ocasiones, apoyo psicológico. En muchos contextos, son la primera puerta para quienes no saben por dónde empezar a buscar soluciones. Estos espacios cumplen varias funciones clave. En primer lugar, ofrecen información jurídica comprensible, traduciendo el lenguaje técnico a términos accesibles y explicando opciones y procedimientos. En segundo lugar, brindan asesoría y, en algunos casos, representación, lo que permite que personas sin recursos económicos puedan iniciar acciones administrativas o judiciales. En tercer lugar, contribuyen a reducir la distancia entre comunidades e instituciones, acompañando a las personas en su tránsito por juzgados, fiscalías u oficinas públicas. Al mismo tiempo, clínicas y consultorios se convierten en observatorios de problemas estructurales. Al recibir numerosos casos, pueden identificar patrones de abuso, vacíos normativos, prácticas discriminatorias o deficiencias institucionales. Esta mirada les permite ir más allá de la solución individual y participar en investigaciones, recomendaciones o propuestas de reforma. Desde el punto de vista institucional, estos modelos plantean retos. Las universidades deben asegurar que la atención brindada sea responsable y de calidad, definir campos de actuación y garantizar supervisión adecuada. Los consultorios comunitarios, por su parte, necesitan sostenerse con recursos limitados, cuidar la seguridad y confidencialidad de quienes acuden y definir claramente sus alcances para no generar expectativas que no puedan cumplir. Al acercar herramientas jurídicas a barrios, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, estos dispositivos contribuyen a que el acceso a la justicia deje de ser una declaración abstracta y se convierta en práctica concreta. La existencia de clínicas y consultorios no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar defensa adecuada y servicios de asesoría pública.
TANIA HAIDÉE TORRES CHÁVEZ DOCTORA EN DERECHO Y ESPECIALISTA LABORALISTA, EN BIOÉTICA Y TECNOLOGÍAS. ACADÉMICA UNIVERSITARIA.
Pero sí señala un camino: el de un derecho que se aprende y se ejerce en diálogo con la sociedad, que se deja interpelar por las experiencias de quienes enfrentan problemas reales y que busca, con recursos limitados pero compromiso claro, abrir puertas donde antes sólo había muros. El derecho no se limita a los grandes debates constitucionales o a las reformas de alto perfil. Se juega también en mesas pequeñas, en oficinas improvisadas, en espacios universitarios, en centros comunitarios, donde personas concretas encuentran a alguien que les escucha, les explica sus opciones y les acompaña en el difícil camino de exigir justicia. Que estos espacios existan y se fortalezcan es una pieza importante de cualquier proyecto que, en serio, quiera acercar el derecho a la sociedad.
UNA COLABORACIÓN PARA
15
16
MAYO | JUNIO 2026
Periodismo de investigación y litigio estratégico Las investigaciones periodísticas cumplen varias funciones relevantes para el litigio. Identifican hechos y patrones que pueden sustentar demandas o denuncias; producen materiales que orientan la búsqueda de pruebas; generan presión social y política, dificultando que las autoridades ignoren ciertas situaciones. En temas como corrupción, derechos humanos o medio ambiente, el tránsito de la página al expediente ha sido una constante. Esta articulación plantea, no obstante, desafíos importantes. Desde el punto de vista jurídico, es necesario distinguir entre la información
JORGE OSNAYA GONZÁLEZ LICENCIADO EN DERECHO. ESPECIALISTA EN GERENCIA PÚBLICA, POLÍTICA SOCIAL Y ANÁLISIS LEGISLATIVO. COORDINADOR DE ASESORES EN EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; Y MIEMBRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
El periodismo de investigación y el litigio estratégico ocupan, en principio, espacios distintos: uno se dirige a la opinión pública, el otro a tribunales y autoridades. Sin embargo, en la práctica, sus caminos se cruzan con frecuencia. Muchas causas judiciales relevantes comienzan, de hecho, con una investigación periodística que abre la puerta a la acción jurídica. El periodismo de investigación se caracteriza por trabajar a profundidad temas que requieren tiempo y recursos: corrupción, violencias, redes delictivas, daños ambientales, conflictos de interés. A través de documentos, testimonios, análisis de datos y verificación de fuentes, los reportajes sacan a la luz información que no estaba disponible en la esfera pública. El litigio estratégico aprovecha esa base para seleccionar casos, construir narrativas jurídicas y diseñar acciones que buscan más que la resolución de un problema individual: pretenden cambios estructurales.
generar
periodística y la prueba judicial, respetando las reglas de admisibilidad y valoración sin subestimar el valor orientador del trabajo de los medios. Desde la ética periodística, se deben proteger fuentes, evitar instrumentalizaciones y mantener la independencia frente a agendas litigantes, aunque se pueda colaborar de manera crítica. La relación más fructífera entre periodismo de investigación y litigio estratégico se da cuando ambos campos mantienen su autonomía y se encuentran en puntos concretos: periodistas que investigan con criterios propios, y actores jurídicos que deciden qué uso dar a esa información en procesos diseñados con objetivos claros. De esa forma, el periodismo no se convierte en “brazo jurídico”, ni el litigio se supedita a la lógica de la noticia inmediata. Estos planteamientos ponen de relieve que el derecho también se mueve desde prácticas que no son, en sentido estricto, jurídicas. Un reportaje puede abrir un caso, un caso puede abrir una reforma, una reforma puede cambiar condiciones de vida. Para que esta cadena funcione, se requieren garantías: protección a la libertad de prensa, seguridad para periodistas y defensores, marcos legales que impidan que las investigaciones se castiguen en lugar de ser atendidas. Debe reconocerse que la defensa de derechos y la búsqueda de verdad no se agotan en los tribunales, pues muchas veces inician en la decisión de mirar donde otros prefieren no mirar, y continúan cuando esa mirada se traduce en acciones jurídicas que se atreven a disputar poder. En suma, en las sociedades contemporáneas, el derecho no comienza siempre en el despacho de una abogada ni en la oficina de una fiscal. A veces empieza en una redacción, en un equipo que decide seguir una pista hasta el fondo, y en una sociedad que se niega a olvidar lo que ese trabajo puso a la vista. Reconocer esa cadena —investigación, visibilidad, litigio, cambio institucional— es clave para entender cómo se mueve hoy el derecho en contextos de policrisis y transformación.
UNA COLABORACIÓN PARA
MAYO | JUNIO 2026
Autogestión de vivienda y ciudad: ocupaciones, cooperativas de vivienda y derecho a la ciudad En muchas ciudades, el acceso a vivienda digna y a barrios habitables no está garantizado por políticas públicas ni por el mercado inmobiliario. Frente a ello, comunidades y colectivos han impulsado formas de autogestión de vivienda y ciudad que incluyen ocupaciones organizadas, cooperativas de vivienda y proyectos urbanos comunitarios. Las ocupaciones de vivienda surgen como respuesta a la necesidad urgente de techo en contextos de encarecimiento del suelo, expulsión de población y ausencia de alternativas. Lejos de ser actos meramente individuales, implican organización colectiva: asambleas, comités, reglas internas, distribución del espacio. Jurídicamente, se sitúan en una posición ambigua: pueden ser objeto de acciones por invasión, pero también expresan incumplimientos de obligaciones estatales en materia de vivienda y planeación urbana. Algunos marcos normativos han incorporado mecanismos de regularización y figuras como la función social de la propiedad para dar salida a esta tensión. Las
cooperativas
de
vivienda
representan
otra
forma
EUNICE ARIAS ARIAS MAESTRA EN DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS. ESPECIALISTA EN POLÍTICA PÚBLICA INTERNACIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS COMPARADAS. PROFESORA DE LA UNAM.
de
autogestión. Personas socias se organizan para construir, adquirir o rehabilitar viviendas colectivamente, bajo principios de propiedad compartida y gestión democrática. Estas experiencias requieren figuras legales adecuadas, acceso a financiamiento y reconocimiento en políticas públicas. El reto es que no queden atrapadas entre normas pensadas sólo para propiedad individual y regulaciones orientadas a grandes desarrollos inmobiliarios. Otras prácticas de autogestión incluyen recuperación de espacios públicos, huertas urbanas, centros culturales comunitarios y proyectos de economía solidaria vinculados al barrio. Todas ellas apuntan a ejercer el derecho a la ciudad entendido como participación en la construcción del espacio urbano, y no sólo como consumo de servicios. El litigio urbano se convierte en herramienta para defender ocupaciones frente a desalojos, cuestionar proyectos que implican desplazamientos, exigir servicios básicos y proteger espacios públicos. Estos litigios dialogan con principios como la función social de la propiedad, el derecho a un nivel de vida adecuado y la prohibición de desalojos forzosos sin garantías. Sin embargo, la vía judicial tiene límites, lo que hace que la autogestión combine acción jurídica con movilización social, negociación política y alianzas con otras instituciones. Este tema muestra que el derecho a la ciudad no se agota en planes ni en leyes. Se juega también en decisiones colectivas de ocupar, construir y sostener espacios de vida.
Reconocer la autogestión de vivienda y ciudad como forma legítima de demanda y ejercicio de derechos es parte de la tarea de adaptar el derecho urbano a realidades donde la formalidad, por sí sola, ha dejado demasiadas personas fuera. En definitiva, “Autogestión de vivienda y ciudad: ocupaciones, cooperativas de vivienda y derecho a la ciudad” invita a mirar la ciudad no sólo desde planos y normas, sino desde los cuerpos y decisiones que la habitan. En ese mapa, la autogestión no es un lujo ni una anomalía: es una forma concreta de ejercer el derecho a la ciudad en contextos donde la formalidad jurídica, por sí sola, no ha garantizado ese derecho.
UNA COLABORACIÓN PARA
17