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LIGA DE DEFENSA COMERCIAL / Contenido

Contenido EDITORIAL......................................................................................................2

Consejo Directivo Cr. Pablo Montaldo Presidente NIXUS S.A. Dra. Matilde Carrau 1er Vicepresidente CARRAU & CIA. S.A. Sra. Yelsa Corbella 2do Vicepresidente OCA S.A. Cr. José Luis Rial Secretario CONAPROLE Dr. Fernando Fernández Prosecretario SCHANDY S.A. Sr. Heber Assaf Tesorero ARNALDO C. CASTRO S.A. Cr. Jorge Velasco Protesorero BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A. Sr. Francisco Kantor Vocal ALMENA S.A. Cr. Valentín Martínez Vocal BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. Dr. Guzmán Arregui Vocal BANCO SANTANDER S.A. Cr. Albérico Gadea Vocal ADP S.A. Sr. José Luis Dos Santos Vocal NORTESUR S.A.

INICIATIVAS LIDECO LIDECO facilita a sus socios el acceso a la Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada con celeridad, comodidad y seguridad….....................3 Vientos de cambio en materia de Protección de Datos Personales. Perspectivas y necesidades de las empresas................................................6 INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL Ley de acceso a la información pública: derecho y garantía para la empresa..............................................................10 GESTIÓN DEL RIESGO Integrar funciones para evitar fragilidad operacional en la gestión del riesgo de crédito.......................................................................................16 Herramientas de prevención y acción correctiva en LIDECO: información comercial y servicios jurídicos para la gestión del riesgo de crédito........................................................................................................20 CONCURSALES Los números concursales 2016.....................................................................22 Enseñanzas del caso PLUNA que tienen aplicación a otros casos...............24 VISITAS Y EVENTOS Mano a Mano con LIDECO: una puesta a punto y reflexiones sobre usos de la Firma Electrónica Avanzada.........................................................30 Capacita LIDECO. Relaciones laborales: manejar el marco normativo para potenciar positivamente el clima laboral y el relacionamiento con el personal..........................................................................................................32 Conferencia LIDECO. Declaración de concurso: Impacto para deudor y acreedor. Responsabilidades, posibilidades de cobro, consideración de las garantías..............................................................................................38 Capacita LIDECO. Compramos, vendemos, nos financiamos: Diferentes visiones de la gestión del riesgo de crédito en el contexto de la actividad de la empresa.........................................................................50 CMS 9º Congreso Nacional de Crédito: Consumo, Riesgo y Recupero LIDECO estuvo presente respaldando el evento...........................................56 NUESTROS SOCIOS CUENTAN Iniciativas, propuestas y novedades de los socios de LIDECO.....................58 SEPARATA Asamblea Ordinaria Nº 101 inaugura un nuevo ciclo de historia...................66 Reconocimientos y despedidas......................................................................69 Consejo Directivo...........................................................................................72

Julio Herrera y Obes 1413 Tel: 2908 1636* Fax: 2902 2857 www.lideco.com / lideco@lideco.com Los artículos que se publican son de total responsabilidad de sus autores y la Dirección de la Revista no se solidariza necsariamente con las opiniones en ellos expuestas.

Diseño y maquetación: Gráfica Mosca D.L.: 349.996

EDITORIAL Mucho es el camino recorrido y por recorrer en la vida y dinámica del comercio. Los adelantos tecnológicos imponen cambios a un ritmo vertiginoso. Cada vez más nos vemos abordados por novedades que impactan en la forma en que se realizan los negocios y se concretan las transacciones comerciales. La mayor integración que deriva de la globalización y los avances en la comunicación y la digitalización, impone obligadamente la necesidad de adaptar y acomodar esquemas de interacción a las nuevas realidades. Entre tales esquemas, se encuentran las formas de regulación o las normas que rigen los intercambios. Desde distintas áreas de acción nuestro país viene transitando, desde años atrás, un camino de modernización y de puesta a punto en cuanto a la forma de hacer negocios, por ejemplo con el comercio electrónico. Corolario de ello ha sido el surgimiento de documentos electrónicos y firmas electrónicas que aún están en proceso de ajuste y cuyo potencial, lejos de estar agotado irá develándose a partir de la experiencia. Los nuevos instrumentos de intercambio han permitido mejoras sustanciales de coordinación empresa - empresa, empresa - Estado, así como también entre los distintos organismos de la estructura estatal. La factura electrónica, la firma electrónica, los trámites electrónicos de diversa índole, la inclusión financiera, la digitalización de documentos, las posibilidades cada vez más amplias de acceder a información útil para el comercio, sea pública o no, son todos factores que contribuyen a ello. Desde LIDECO procuramos acompañar estos procesos de cambio apuntalando siempre aquellas iniciativas y posiciones que: • converjan en una mayor y más ordenada disponibilidad para acceder a información útil para la toma de decisiones seguras en materia comercial • sean proclives a generar los instrumentos comerciales que mejor respondan, simultáneamente, a la transparencia, seguridad y fluidez del comercio • promuevan el ajuste normativo que regula los intercambios comerciales y las responsabilidades, acorde a los nuevos instrumentos de intercambio En el mismo sentido se encuadra la vigilancia que nuestra gremial ejerce sobre la materia concursal, a efectos de potenciar las posibilidades de acción que permite la actual legislación, a la vez que hacer confluir la experiencia con la reflexión respecto a las posibilidades de mejora de la ley que rige tales asuntos.

EDITORIAL

También en ese marco se insertan las iniciativas de actualización, información y formación para el empresariado, las cuales tienden todas a contribuir a mejorar la comprensión de la realidad, a explorar alternativas a partir de los recursos disponibles, a generar conocimiento y a promover las transformaciones que sean necesarias. Muy amplio es el espectro de acción que de una forma u otra recorrimos en el último semestre y en el año. Nuestros esfuerzos y recursos están abocados a mejorar siempre la gestión y a convocar al empresariado a acompañar las iniciativas que redundan en el bien común. Despedimos el 2016 recibiendo al nuevo año con el renovado compromiso de seguir construyendo, acorde a los ritmos de la historia, siempre mejores condiciones para la transparencia, fluidez y seguridad del comercio.Consejo Directivo de Liga de Defensa Comercial

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LIDECO facilita a sus socios el acceso a la Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada con celeridad, comodidad y seguridad Requerimientos del Estado exigen certificados digitales

a Ley número 18.600, aprobada el 21 de setiembre de 2009, reconoce la admisibilidad, validez y eficacia jurídica del documento electrónico y de la firma electrónica, de modo tal que la firma digital reemplaza a la rúbrica manuscrita. La firma electrónica es una herramienta que permite firmar documentos digitalizados y así enviarlos en ese formato a diversas entidades públicas o privadas. El proceso que se iniciara desde la DGI en 2012 con la facturación electrónica impone a todas las empresas que estén insertas en el sistema de facturación electrónica, y a las que acorde a los plazos y ritmos previstos estén próximas a integrarse al mismo, la condición de contar con el Certificado Digital o de Firma Electrónica Avanzada. La utilización de un certificado electrónico reconocido y el acceso a su clave privada, asegura la autenticidad del emisor de los comprobantes fiscales electrónicos y su integridad, es decir, que ni la firma ni su contenido fueron alterados. La validez de una factura electrónica es exactamente la misma que la tradicional factura en papel y la firma digital que incluye, garantiza su autenticidad e inalterabilidad. Hemos instado en diversas ocasiones a nuestros asociados, a que atiendan las fechas de vencimiento de sus certificados, a efectos de

A raíz de que nuestra gremial firmara un convenio con Abitab S.A. en su calidad de autoridad certificadora de Firmas Electrónicas Avanzadas, LIDECO se constituye en un canal de expedición de los certificados digitales de la mencionada institución. Inicialmente a consecuencia de las disposiciones de la DGI, recientemente por los nuevos requerimientos para la registración de Estados Contables en la AIN, las empresas deberán contar con distintos tipos de firmas digitales. LIDECO está en condiciones de proporcionarlas con el beneficio de la celeridad, comodidad y seguridad. que puedan solicitar su Certificado Digital en tiempo y forma. Recientemente, la exigencia de publicación de los estados contables en formato XBRL incluye el requisito de que los estados contables cuenten con la firma digital del profesional actuante y con las firmas digitales del o de los representantes legales del obligado, teniendo la firma el carácter de declaración jurada en relación a la condición de representante legal. En función de lo anterior, y en nuestro carácter de emisores de firmas digitales, recordamos que LIDECO puede facilitar a las empresas socias y al empresariado en general, la emisión de firmas digitales en 24 horas, sin que sea necesario trasladar documentos fuera de la empresa (en caso de socios).

¿Cómo se obtiene la Firma Electrónica en LIDECO? Hemos comentado el procedimien|5|

to en publicaciones anteriores, no obstante lo cual, las nuevas circunstancias justifican refrescar los pasos necesarios para hacer efectiva la solicitud del certificado digital a través de nuestra web, donde se encuentran detallados. En la pestaña del Menú Principal correspondiente a Servicios Jurídicos, se encuentra la opción Firma Electrónica (e – firma), en la cual se explica el procedimiento para solicitar firmas digitales para persona física y para persona jurídica. El certificado puede solicitarse vía web completando el Formulario de Solicitud correspondiente, por correo electrónico a efirma@lideco.com, o telefónicamente llamando al 2908 16 36*. Los pasos para obtener el certificado digital, una vez en la opción Firma Electrónica del Menú de Servicios Jurídicos de nuestra web, son los siguientes: 1. Completar formulario que se encuentra en nuestro sitio web con los datos que se solicitan.

Iniciativas LIDECO

2. Seleccionar: a) Si es certificado de persona física o persona jurídica b) En dónde se va almacenar el certificado c) Si la vigencia es por 1 o 2 años d) Si se trata de la solicitud por primera vez o renovación. 3. Elegir una de las preguntas de seguridad que se encuentran en el formulario y responderla: esto es necesario para el caso en que el certificado deba ser revocado en algún momento. Con esos tres pasos se habrá completado la solicitud y LIDECO se comunicará para continuar el trámite, sea que se haya solicitado la firma para persona física o para persona jurídica. Si se ha solicitado Certificado de Firma Electrónica para Persona Física: • Se enviará al correo electrónico ingresado en la solicitud, dos comprobantes de pago, uno con el costo del certificado solicitado y otro con el costo del dispositivo para almacenar la firma (token). Estos comprobantes deben ser impresos y abonados en un local de Abitab. • Culmina el trámite con la entrega en la empresa, por parte del Escribano

de LIDECO, del dispositivo Token con el certificado de firma instalado. Si se ha solicitado Certificado de Firma Electrónica Avanzada para Persona Jurídica: • Se enviará al correo electrónico ingresado en la solicitud, un comprobante de pago con el costo del certificado solicitado y el costo del dispositivo Token USB, si lo hubiera adquirido. Este comprobante debe ser impreso y pagado en un local de Abitab. • Una vez que se abona el comprobante de pago en Abitab, se enviará al correo electrónico indicado en la solicitud de la Firma Electrónica Avanzada, la Solicitud de Certificado de firma digital – Persona Jurídica, con todos los datos ingresados en el primer formulario. Esta solicitud deberá ser impresa y debe ser firmada por la misma persona que inició el trámite. La firma debe ser certificada por un escribano. • La certificación notarial deberá cumplir con los requisitos que se detallan a continuación: a) Certificación notarial de la firma del solicitante b) Certificación de la calidad que asume la persona física que suscribe la solicitud c) Control de la persona jurídica a la |6|

cual representa (incluyendo nombre y número de RUT o BPS) d) Vigencia del certificado notarial no mayor a 30 días con respecto a la fecha de su presentación e) Otros documentos a adjuntar al presente: fotocopia del documento de identidad del solicitante. Finalizados todos los pasos enumerados: • Si la empresa es socia de LIDECO es preciso comunicarse al teléfono 2908 1636* a efectos de coordinar día y hora para que el Escribano de LIDECO se dirija a la empresa con el fin de: a) Controlar toda la documentación b) Suscribir el contrato entre Abitab y la Persona Jurídica (debe estar presente el solicitante para la firma) c) Entregar del Certificado Digital y del dispositivo Token, en caso de haberlo adquirido. • Si la empresa no es socia de LIDECO, es preciso concurrir a nuestra sede social en Julio Herrera y Obes 1413, en donde se controlará la documentación y se hará entrega del Certificado Digital y del dispositivo Token, si se hubiera adquirido.-

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Vientos de cambio en materia de Protección de Datos Personales. Perspectivas y necesidades de las empresas.

El impacto de la tecnología en nuestra vida y en la vida comercial ha impuesto la necesidad de buscar caminos que equilibren la velocidad de los cambios con el trasiego de información de diversa índole y los derechos personales que deben ser salvaguardados. Recorriendo experiencias de otros lares y la gestada en nuestro país, el autor plantea una serie de vertientes de análisis a la luz de las cuales comprender la evolución de las normativas relativas a la Protección de Datos Personales, así como los desafíos que en esta temática existen en materia de seguridad jurídica para la actividad empresarial. Dr. Nicolás Antúnez Sector Jurídico de LIDECO Profesor Adscripto de Informática Jurídica (FEDER – UDELAR). Docente de Derecho de la Empresa (Facultad de Ciencias Empresariales – UDE)

a normativa en materia de protección de datos personales (P.D.P) que rige en nuestro país es en gran medida el reflejo de la regulación europea de mediados de los noventa. Parecería ocioso destacar que desde aquellos tiempos la relación tecnología – información ha rediseñado gran parte de nuestras vidas. La expansión de internet como principal vehículo de la “sociedad de la información”, la masificación y dependencia general hacia los dispositivos informáticos, las redes sociales, el comercio electrónico, el tratamiento masivo de datos (big data) o los

servicios que puede ofrecer la “nube” (cloud computing) son algunos de los cambios que han desfasado la regulación de la privacidad en la era digital. Cabe señalar que estas cuestiones no son en lo absoluto ajenas a la realidad cotidiana de las empresas ya que la normativa alcanza a las diversas bases de datos propiedad de las empresas1. Para intentar adecuarse a esta cambiante realidad el pasado 27 de abril de 2016 vio la luz el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos2. Atento a la tradición y a los compromisos que nuestra República ha generado con Europa, este nuevo cuerpo normativo se perfila como un insumo trascendente para orientar eventuales reformas. En este marco seguidamente esquematizaremos la actualidad del derecho a la P.D.P en nuestro país para luego atender alguna de las principa|8|

les necesidades empresariales frente a los futuros cambios normativos.

Sobre la Protección de Datos Personales Uruguay Doctrinariamente se ha identificado a la P.D.P, como “…. un derecho autónomo y complejo, que es el que debe ser tutelado, polifacético pero que tiene aristas propias dentro del marco de los derechos personalísimos” 3. Complementariamente Durán Martínez, recogiendo a Puccinelli, señala a la P.D.P como “... la facultad o el poder que tienen las personas para actuar per se y para exigir la actuación del Estado o de quien tenga competencia para ello a fin de tutelar los derechos que pudieran verse afectados por virtud del acceso, registro o transmisión a terceros de los datos que atañen a su personalidad”4. Después de largas discusiones, ha quedado zanjado el carácter inde-

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pendiente que tiene este derecho frente a sus ilustres antecesores refiriéndonos con esto a la intimidad y a la privacidad. Según explica la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (U.R.C.D.P) de la República Oriental del Uruguay (R.O.U) se identifica a este derecho como el “...amparo a los ciudadanos contra la posible utilización por terceros, no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento automatizado, para, de esta forma, confeccionar una información que identificable con él, afecte a su entorno personal, social o profesional, en los límites de su intimidad ”5. Algunos autores han destacado que la P.D.P es en sí misma un derecho humano fundamental6, mientras que otros entienden que ésta adquiere sentido cuando la misma tiende a tutelar un bien jurídico en concreto como por ejemplo la imagen7. A pesar de configurarse como una garantía netamente individual, su plena vigencia afecta a la sociedad en su conjunto. En un mundo donde la información es fuente de poder, la P.D.P intenta operar como un contrapeso a los constantes embates que experimenta la esfera restringida del individuo8. Sus caracteres clásicos implican la concurrencia de circunstancias fácticas que permiten el despliegue de esta protección. En ese entendido destacamos que se debe apreciar la confluencia de la utilización de datos personales automatizados, que estos se encuentren dispersos, la falta de autorización en el manejo (sin que exista una causa enervante de esa obligación) y la posibilidad de afectar al titular.

Los complementos teóricos de esta una categoría de datos especialmente garantía no han cesado en su evolu- protegidos, regula las bases de datos ción, destacándose ejemplos como de titularidad pública y privada, el Órla privacidad por diseño o “privacy by gano de Control, culminando con una design” y los sistemas “do not track” serie de disposiciones transitorias. punto intermedio entre la sofisticación de una garantía y el perfeccionamien- El cuerpo normativo desarrollado por to de un modelo de negocio. En am- Uruguay y su protección efectiva del bos casos la idea central es concen- derecho a la P.D.P lo ha llevado a ser trarse en la etapa preventiva antes declarado como país adecuado por la Unión Europea en materia de Protecque en la reparatoria9. ción de Datos Personales, de conforEn algunos países este derecho se ha midad con la Directiva 95/46/CE14. Por fundado en normas constitucionales, otra parte la R.O.U tramitó y formalizó supranacionales o legales encontran- su adhesión al Convenio Nº 108 ante do aún resguardo en normas de me- el Consejo de Europa para la protecnor jerarquía. En otros, el desarrollo ción de las personas con respecto al doctrinario ha operado como vanguar- tratamiento automatizado de datos dia para el avance de este derecho. de carácter personal y su Protocolo También se distinguen ejemplos como Adicional para la protección de las el Alemán, donde estos derechos son personas con respecto al tratamiento básicamente construcciones de fuen- automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control te jurisprudencial. y a los flujos transfronterizos de daEn el ordenamiento jurídico de la tos15. R.O.U, los derechos a la intimidad y privacidad se desprenden de los artí- Algunos puntos básicos culos 10 inciso primero10 y del artículo que eventuales cambios 7211 de nuestro texto Constitucional. normativos deberán Otra interesante fuente de desarrocomprender llo de estas garantías individuales en nuestro derecho han sido los tratados El primer parámetro que deberán tesuscriptos por la República12. ner en cuenta los eventuales cambios Evitando detallar una evolución his- normativos es que no solo los titulares tórica de carácter general por consi- de los datos son sujetos de derechos. derarla excesiva a los efectos de este Aquellos que tratan información para artículo, nos limitamos a señalar que los más diversos fines también deben la Ley Nº 18.331 sobre “Protección de de gozar con la protección y las gaDatos Personales y Acción de “Ha- rantías relativas a una actividad en la beas Data”(L.P.D.P)13 publicada en el que todos de alguna forma estamos Diario Oficial el 18 de agosto de 2008 involucrados. Las empresas tratan ines una referencia cardinal en cuanto formación relativa sobre clientes, proal manejo de información en nuestro veedores, trabajadores, etc., en el hapaís. Los nueve capítulos de la misma bitual desempeño de sus actividades. abordan las disposiciones y principios generales de la Ley, los derechos de En nuestra vida personal, laboral o los titulares de los datos, determina académica permanentemente inte-

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Iniciativas LIDECO ractuamos con datos personales de terceros, situación que la norma no puede dejar de atender. Por esta razón los derechos no solo deben considerarse desde nuestra faceta de titulares de datos sino que también deben interpretarse desde la realidad cotidiana de la interacción en la sociedad de la información. Habrá que tomar debida nota que determinados instrumentos como “el previo consentimiento informado” ya no responden de forma adecuada a lo requerido por la realidad social y negocial resultando en muchos casos requisitos meramente formales y sin mayor alcance sustantivo16. Esta situación es recogida por parte del novel Reglamento flexibilizando acertadamente el criterio al permitir que tal expresión no sea solamente admisible a través de una declaración sino también se configura mediante un “clara acción afirmativa”. Otra necesidad lógica de las empresas es la de contar con certidumbres jurídicas para desarrollar sus actividades. En particular nos referimos a los sucesivos cambios (o al menos intentos) que ha tenido la regulación de los datos publicitarios y comerciales. Será importante que el legislador tome conciencia que cada modificación pueden implicar importantes costos asociados no solo para las empresas sino que también para los consumidores. Generar un horizonte previsible a la legislación sobre estos puntos seguramente redunde en ir sedimentando los cambios culturales imprescindibles para la comprensión de estos derechos. En definitiva, a nuestro entender las herramientas de protección de datos deben basarse centralmente en el concepto de autodeterminación o libertad informática el cual es definido con acierto como “...el derecho del individuo a controlar la obtención, tenencia, tratamiento, uso y transmisión de los datos relativos a su persona..” construcción ésta que “ ... no es absoluta, sino que, como todos los derechos reconoce límites o restricciones que permiten su coexistencia con los derechos de terceros y especialmente, con los intereses de la sociedad.

Consecuentemente el derecho a la protección de datos no prohíbe ni entorpece el acceso a los datos, sino que establece el marco de condiciones y estándares que permitan en forma segura su libre circulación17.” Como señaláramos, nos encontramos en etapas de cambios jurídicos que necesariamente deberán tener en cuenta la realidad de las empresas de nuestro medio, la cual dista en muchos casos de los parámetros europeos. No sería ni lógico ni conveniente trasladar de manera automática a nuestra realidad construcciones hijas de procesos sociales e históricos diferentes. El desafío será entonces adecuar estos derechos a nuestra realidad nacional en un contexto de permanentes e inesperados cambios.1. Es importante destacar que la Ley N.º 18.331 define a la base de datos “ indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.” Por otra parte la misma norma señala que el responsable de la base de datos es la “persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de la base de datos o que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” 2. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUEL-2016-80807 Visitada el 13.12.16 3. François Andreoli, Nicolás. (2010). Los derechos personalísimos frente a la publicidad registral. La ley de habeas data. Los derechos de los particulares frente a la información personal vertida en un registro público. Acciones. Recursos y vías de apelación.. de UNAV Sitio web: http://www.unav.edu.ar/trabajos_alum/DCHO_ REG_II_2010_ANDREOLI.pdf Visitada el 13.12.16 4. Durán Martínez, Augusto. (2012). Derecho a la protección de datos personales y al acceso a la información pública. Montevideo: Amalio M. Fernandez. pág 12.

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5. https://datospersonales.gub.uy/inicio/preguntas-frecuentes/ Visitada el 13.12.16 6. Galindo, Fernando. 2006. La protección de datos personales como derecho fundamental. En Derecho Informático (VI, 125) Montevideo: FCU. 7. Durán Martínez, Augusto. (2012). Obra citada. pág 12 8. Pérez Luño, Antonio Enrique. (1994). La protección de datos personales en España. presente y futuro. Informática y Derecho, 4, pág. 245. 9. Brian Nougreres, Ana. 2011. PbD Privacy by Design. En Derecho Informático (Tomo XII) Montevideo: FCU. pág 18. 10. Artículo 10 Inciso 1º: Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados 11. Artículo 72: La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. 12. Sobre el particular destacamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en suartículo 17 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José de Costa Rica) en el artículo 11 y el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 13. Modificada por Ley Nº 18.719 de 27/12/2010 y Ley Nº 18.996 de 07/11/2012. Reglamentada por Decretos Nº 664/008 de 22/12/2008 y 414/009 de 31/08/2009. 14. https://datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/ urcdp/8146c28d-e459-4a74-be04-54ff0e11afba/Adecuacion_UE.pdf?MOD=AJPERES Visitada el 13.12.16 15. https://datospersonales.gub.uy/wps/wcm/connect/urcdp/924a2158-d29b-490c-93d9-dc1d13198ada/Descargar+Ley+N%C2%B0+19030+%28. pdf+89KB%29.pdf?MOD=AJPERES Visitada el 13.12.16 16. Antúnez González, Nicolás. 2016. Fortalecimiento de herramientas para la protección de datos personales frente al debilitamiento del principio del consentimiento. En Donoso Abarca, Lorena. 2016. Tratamiento de datos de salud. Condiciones de legitimidad de los usos secundarios de los datos personales por las entidades de salud. En Hacia https://datospersonales.gub.uy/wps/ wcm/connect/urcdp/924a2158-d29b-490c-93d9-dc1d13198ada/Descargar+Ley+N%C2%B0+19030+%28. pdf+89KB%29.pdf?MOD=AJPERES Visitada el 13.12.16una Justicia 2.0. Actas del XX (III, 82) Salamanca, España: Ratio Legis. (III, 11 y ss) Salamanca - España: Ratio Legis. 17. Donoso Abarca, Lorena. 2016. Tratamiento de datos de salud. Condiciones de legitimidad de los usos secundarios de los datos personales por las entidades de salud. En Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX (III, 82) Salamanca, España: Ratio Legis.

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Información Comercial

Ley de acceso a la información pública: derecho y garantía para la empresa Dr. Gabriel Delpiazzo Antón - Miembro del Consejo Ejecutivo de la UAIP* - AGESIC** Dra. Mariana Gatti Font - Asesora Jurídica del Consejo Ejecutivo de la UAIP* - AGESIC**

1. Introducción

l 17 de octubre de 2008, nuestro país aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública -ley N° 18.381- colocándose de esa manera en la lista de países que cuentan con legislación en la materia. Esta Ley vino a reconocer en forma expresa que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante. Correlativamente, impone diversas obligaciones a las entidades públicas, tanto estatales como no estatales, a fin de asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho. De esta manera, se parte de un nuevo paradigma, que supone entender que la información que obra en poder de un organismo público es en principio pública; es decir, del público (de todos), por lo que deberá estar disponible para todo aquel que quiera acceder a ella.

Si bien hoy consideramos a esta regla de principio como un presupuesto lógico de un Estado Democrático de Derecho, lo cierto es que la consideración de estos valores como condiciones básicas de la democracia es una conquista social relativamente reciente1. En nuestro país, hace no tantos años, la regla era la inversa. El secreto de las actuaciones administrativas era el principio, hablar de transparencia era impensado y, mucho más, hablar de “control ciudadano”2.

Para abordar el tema del acceso a la información pública, contamos en esta oportunidad con el aporte de dos destacados profesionales que contribuyen a ilustrar un tema de gran importancia para la ciudadanía y el empresariado. El presente artículo recorre aspectos claves en relación a ello: qué es información pública, qué excepciones caben a esa definición, cómo es que puede solicitarse acceder a la información pública, cómo puede protegerse el derecho a acceder a aquella, cómo actuar ante incumplimientos y cómo se salvaguarda la confidencialidad de la información que queda exceptuada de difusión. Ha sido necesario superar una “cultura del secreto” que estaba arraigada en nuestras instituciones y que todavía muestra algunos vestigios, que determinan que aún deba continuarse la lucha contra la opacidad en la gestión pública. Sin perjuicio de ello, “en la actualidad, y especialmente gracias a la ley N° 18.381, podemos afirmar que los avances han sido notables”3. Entre dichos avances, interesa destacar en las próximas líneas algunas herramientas -derechos y garantíasque la Ley ofrece a las empresas.

2. Derecho de acceso a la información pública 2.1. Alcance La Ley N° 18.381 emplea un criterio residual y subjetivo para delimitar el concepto de información pública: entiende que es toda aquella que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por la ley. |12|

Es en ese sentido que la doctrina nacional4 ha establecido que la ley no define información, lo que es información pública. Que el criterio de dicho cuerpo normativo para considerar como pública una información es el subjetivo. Es información pública la que emana o está en posesión de una persona pública estatal o no como se refería anteriormente. Por esa sola circunstancia, el hecho de emanar o estar en posesión de una persona pública estatal o no, la información es pública y accesible a toda persona. Pero a estos efectos también hay que tener en cuenta el artículo cuatro de la norma multicitada, en cuando presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados, con independencia del soporte en el que estén contenidas. Como se ve, la ley agrega aquí dos supuestos más en los que se presume que la información es pública al añadir los términos de obtenida y

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bajo el control que no coinciden exactamente con los conceptos de emanadas o producidas o está en posesión o en poder5. De esta manera, la norma no define el concepto de información pública, sino que delimita sus excepciones, por lo que toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de una entidad pública que no encuadre estrictamente dentro de tales excepciones, debe considerarse pública. A tales efectos, se establecen tres tipos de excepciones al principio de máxima publicidad de la información: a) los secretos establecidos por ley; b) los supuestos en que la información puede ser clasificada como “reservada”; c) los supuestos en que la información puede ser clasificación como “confidencial”. La información secreta es aquella que por ley se ha calificado como tal, como ser -por ejemplo- la información comprendida en el secretario bancario, tributario, estadístico o profesional, entre otros. En estos casos, es el legislador el que lo ha definido

así, por lo que no es necesario clasificar la información como secreta (sin perjuicio de la conveniencia de rotular como secretos los documentos que contengan información de este tipo). Distinto es el caso de la información reservada y confidencial, las cuales sí presuponen un acto de clasificación por parte del organismo respectivo. La información reservada es información que es pública pero que procede mantenerla fuera del conocimiento público porque su divulgación puede comprometer o dañar un interés público protegido, como ser la seguridad pública, la defensa nacional, la estabilidad financiera, las negociaciones internacionales (y demás valores enumerados en art. 9° de la Ley). Quiere decir que para determinar que esa información debe mantenerse en reserva, para evitar daños a esos otros valores de interés público, es necesario que el organismo que posee la información realice un ejercicio de ponderación que denominamos “prueba de daño”. Por ende, no basta con que un documento refiera a seguridad pública

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para ser “reservado”. Es necesario comprobar que su divulgación comprometería a la misma. Por su parte, la información confidencial tiene una naturaleza diferente: es aquella que posee un organismo público pero que refiere a un particular, por lo que su divulgación puede comprometer otro tipo de valores, como es la esfera de privacidad e intimidad de la persona, su patrimonio, sus datos personales (y demás valores enumerados en el art. 10 de la Ley). Nuevamente, al momento de decidir la clasificación de información como “confidencial”, el organismo se enfrenta a un ejercicio de ponderación entre los valores en conflicto: el interés público en el acceso a la información, por un lado; y la protección de la esfera privada de la persona a la que la información refiere, por otro. Dicho ejercicio de ponderación suele denominarse “prueba de interés público”.

2.2. Procedimiento de solicitud de información pública Los artículos 13 a 18 de la Ley, regu-

Información Comercial lan todo lo relativo al procedimiento administrativo para acceder a la información pública que se encuentra en poder de los sujetos obligados por la misma. Dicho procedimiento tiene las siguientes características principales6: a) Se trata de un procedimiento administrativo especial. Sin perjuicio de ello, cabe entender que en todo lo no previsto por la Ley, resultan aplicables los reglamentos generales de procedimiento administrativo adoptados por cada organismo (Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 y análogos), en cuanto condiga con su naturaleza. b) El procedimiento comienza con una petición de acceso a la información pública dirigida al jerarca del organismo, en los términos de lo establecido por el artículo 13 de la ley. c) Dicha petición obliga al organismo que la recibe a brindar la información que posee, salvo que encuadre dentro de los casos de excepción antes referidos, pero ello no implica la obligación de producir la información que no se dispone, tal como lo regula el artículo 147. d) Una vez recibida la solicitud de acceso a la información, ésta debe ser contestada de inmediato, si ello fuera posible. En su defecto, el organismo destinatario de la petición dispondrá de veinte días hábiles para decidir. Este plazo podrá prorrogarse por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales que lo justifiquen, lo que deberá explicitarse en forma adecuadamente motivada y por escrito, tal como lo prescribe el artículo 15. El rechazo de la petición solo puede efectuarse mediante resolución fundada del jerarca del organismo, con indicación de la norma legal en la que se funda, tal como se encuentra previsto en el artículo 18 de la Ley, o eventualmente indicando la inexistencia de la información en poder del organismo que ha recibido la solicitud. Dicho artículo regula lo que se ha denominado “silencio positivo”, en tanto dispone que “El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del

organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde. Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la ley 17.0608 de 23 de diciembre de 1998, y del artículo 31 de la presente ley”. Quiere decir que ante la pasividad o silencio del sujeto obligado frente a un pedido de información, la información quedará abierta al conocimiento público sin más trámite. A criterio de la doctrina internacional9 la previsión del silencio positivo que recoge nuestra legislación en el artículo 18, resulta una motivación muy poderosa e innovadora para impulsar a los funcionarios a cumplir con los plazos expuestos en la ley.

2.3. Alternativas de acción frente a incumplimientos Todo solicitante que no reciba la información pretendida o no reciba respuesta alguna, tiene dos alternativas de acción: a) promover la acción judicial de acceso a la información; y/o b) denunciar el incumplimiento ante la Unidad de Acceso a la Información Pública. La alternativa judicial se encuentra prevista en el artículo 22 de la Ley, a cuyo tenor, “Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés”. Uruguay, es de los países que ha previsto una acción específica para resolver las disputas en torno al ejercicio del derecho de acceso a la información10. Se trata de un proceso sumario que tiene una estructura procesal similar a la del proceso de amparo en nuestro país, regulado por |14|

la ley 16.011 de 19 de diciembre de 1988. La resolución judicial que recaiga al cabo de esta acción tiene efecto vinculante para el organismo público demandado. La alternativa administrativa, consiste en acudir al órgano de control creado por el artículo 21 de la Ley, que es la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Dicho artículo establece que la misma deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones establecidas en el cuerpo normativo. En función de los cometidos que se le atribuyen, la UAIP recibe denuncias de los particulares que no han obtenido respuesta satisfactoria por parte del sujeto obligado, ya sea por el silencio en los plazos establecidos o por denegación de la información requerida.

3. Garantía de confidencialidad de la información 3.1. Alcance Como viene de decir, el art. 10 de la ley N° 18.381 establece los supuestos de excepción en que la información en poder de un organismo público puede ser considerada como confidencial. El primero de los supuestos previstos refiere a la información que fuera entregada a la Administración en carácter de confidencial, siempre que la misma cumpla con alguna de las siguientes condiciones: a) refiera al patrimonio de una persona; b) comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor; o c) esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad. El segundo de los supuestos previstos comprende a “los datos personales que requieran previo consentimiento informado”. Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones

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de documentos que contengan estos datos. Trazar la línea a partir de la cual termina el ámbito de la privacidad y comienza el de la publicidad, es tal vez una de las cuestiones que presenta más complejidades en la práctica. Esta es la zona gris donde la resolución de los aparentes conflictos entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales se vuelve una tarea harto difícil.

3.2. Aspectos prácticos en materia de información confidencial Desde el punto de vista práctico el Decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010 reglamentario de la Ley, ha establecido los mecanismos operativos que deben ser realizados por el sujeto obligado a los efectos de proteger la información confidencial que encuadra en las hipótesis del artículo 10 antes referidas. Este tipo de información debe ser clasificada como tal11 por parte del jerarca del organismo, a efectos de impedir su acceso público12.

Dicha clasificación debe realizarse mediante resolución fundada, en el momento que se recepciona, produce o genera el expediente o documento. En su defecto, también puede disponerse la clasificación a partir de la recepción de una solicitud de acceso a la misma (si no se hubiera realizado antes)13 o cuando el particular interesado así lo requiere (si hubiere omitido invocar el carácter confidencial de la información al momento de entregarla). A diferencia de lo que sucede con la información reservada, la confidencialidad no está sujeta a un plazo determinado. La ley se encarga de establecer que constituye falta grave, el hecho de permitir el acceso injustificado a información clasificada como confidencial. Ello es sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente en este ámbito el “principio de divisibilidad” de la información, que se encuentra consagrado en el Decreto antes referido. Esta regla postula que si un documento contiene información que pueda ser

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conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. Como resultado de dicha tarea, la Administración queda obligada a confeccionar lo que se denomina la “versión pública” del documento. En similar sentido, cabe hacer referencia a los mecanismos de disociación de datos que se encuentra regulada en el artículo 4º de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, a partir de los cuales se procura que el tratamiento de datos pueda realizarse de manera que la información obtenida no pueda vincularse a persona determinada o determinable.

3.3. Aplicación al caso de las ofertas en procedimientos licitatorios Al momento de comparecer como oferentes en procedimientos licitatorios convocados por organismos públicos, es común que las empresas deban agregar información referida a su patrimonio o que pueda ser útil para un competidor.

Información Comercial Ello motivó que, en el año 2011, en oportunidad de introducirse importantes cambios al régimen de contratación pública, se regulara esta situación. Así, el art. 39 de la ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 201114, previó que “En el contenido de las ofertas, se considerarán informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en tal carácter (artículo 10 de la ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008), la información de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezcan los pliegos únicos o, en su caso, el pliego particular. No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta”. Como la propia norma lo indica, se trata de una aplicación al caso de las ofertas del criterio general establecido por el art. 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. En efecto, la “información de clientes” puede involucrar datos personales, cuya divulgación no esté autorizada por su titular. Por su parte, la exhibición de información “objeto de propiedad intelectual” de un oferente (metodologías, know how, desarrollos informáticos) puede resultar útil para un competidor. Por ende, cabe entender que la referida precisión que realiza el actual art. 65 del TOCAF, no agota el elenco de información confidencial que puede contener una oferta. Así, un oferente podrá entregar en tal carácter sus estados contables y balances, extremo que encontraría amparo en el art. 10 de la ley N° 18.381, por tratarse de información que refiere al patrimonio de la persona. Así es que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales, combina en su art. 12.2 lo establecido en el art. 10 de la ley N° 18.381 y en el art. 65 del TOCAF, precisando que “El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información: a) la relativa a sus clientes; b) la que puede ser

objeto de propiedad intelectual; c) la que refiera al patrimonio del oferente; d) la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; e) la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; y f) aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular”. En suma, cabe concluir que la información confidencial de una oferta no puede ser divulgada por la Administración. Tal restricción no alcanza lógicamente a los funcionarios encargados de evaluar las ofertas, a otros funcionarios que participen en el trámite del procedimiento de contratación ni a los funcionarios del Tribunal de Cuentas encargados de controlar la legalidad del procedimiento e intervenir el mismo. Como aspectos prácticos a tener en cuenta frente a este escenario, cabe recordar dos puntos principales. En primer lugar, presentar la información confidencial de su oferta en forma claramente identificada y en una carpeta o archivo separado de la parte pública de la misma. En segundo lugar, entregar en la parte “pública” de la oferta, el “resumen no confidencial” requerido por el art. 30 del Decreto N° 232/010.

4. Reflexiones finales Lo expuesto evidencia que existen en la legislación nacional mecanismos para dotar de protección a la información confidencial, en especial a aquella información que puede ser sensible para el negocio de diversas empresas o para su competitividad. Sin perjuicio de ello, es importante recalcar que la confidencialidad opera como una excepción al acceso a la información pública, que como tal debe ser interpretada de manera estricta, de manera de lograr el necesario equilibrio entre la protección del ámbito privado de la empresa y el principio de máxima publicidad que debe imperar en el ámbito de la Administración. Es que la más amplia accesibilidad y visibilidad, lejos de comprometer el |16|

correcto funcionamiento del aparato administrativo, refuerza su legitimidad democrática y su configuración esencialmente servicial15.*UAIP: Unidad de Acceso a la Información Pública. **AGESIC: Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 1. Así: Gabriel DELPIAZZO ANTÓN – “Cinco propuestas para potenciar el derecho de acceso a la información pública en el Uruguay” en A.A.V.V. – “Ética pública y patologías corruptivas”, U.M., Montevideo, 2014, pág. 433. 2. A modo ilustrativo, cabe citar el Decreto Orgánico de los Ministerios de 14 de mayo de 1907, que en su art. 69 decía que “los empleados tienen prohibición para transmitir, en cualquier forma, noticias de los asuntos de servicio y de las resoluciones dictadas, sin la autorización del Ministro u oficial Mayor”. 3. Así: Martín Luis THOMASSET LOUREIRO – “Transparencia y Democracia: el acceso a la información pública”, F.C.U., Montevideo, 2016, pág. 13. 4. Así: Augusto, DURÁN MARTÍNEZ, Augusto – “Derecho a la Protección de Datos Personales y al Acceso a la Información Pública”, Amalio Fernández, Montevideo, 2009, pág. 102. 5. Así: Augusto, DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, Ibidem, pág. 106. 6. Así: Augusto, DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, Ibidem, pág. 108. 7. El artículo 14 establece que no se entenderá producción de información la recopilación de información que se encuentra dispersa en las diversas dependencias del organismo. En dichos casos el sujeto las deberá compilar y entregar al solicitante. 8. La ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 es la ley Anticorrupción y Ética Pública, que crea la Junta de Transparencia y Ética Pública. 9. Así: Toby, MENDEL, “El Derecho a la Información en América Latina”, UNESCO, Ecuador, 2009, pág. 164. 10. Así: Centro de Archivos y de Acceso a la Información Pública, “Obstáculos en la implementación de políticas y normas de acceso a la información pública en siete países de América Latina”, Mastergraf, Montevideo, 2011, pág. 77. 10. Así: Centro de Archivos y de Acceso a la Información Pública, “Obstáculos en la implementación de políticas y normas de acceso a la información pública en siete países de América Latina”, Mastergraf, Montevideo, 2011, pág. 77. 11. El decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública en el artículo 28 y siguientes del mismo, regula todo lo relativo a la información confidencial y al procedimiento de clasificación de la misma, ya que la ley simplemente se limita a establecer en qué casos estamos en presencia de información confidencial o no. 12. Manual de Clasificación de la Información realizado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, pág. 24. 13. n ese sentido el artículo 31 del Decreto Reglamentario dispone que: “…II. Para que la información puede ser clasificada como confidencial, se requerirá resolución fundada de la autoridad administrativa competente, tanto en el momento en que se genera el documento o expediente como en el momento en que se recibe la solicitud de acceso a la información, en el caso que no se hubiera clasificado previamente.” 14. Disposición incorporada al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) como art. 65, inc. 11. 15. Así: Daniel, OCHS, “Acceso a la Información en Poder del Estado y Restricciones fundadas en la confidencialidad, en Protección de datos personales y acceso a la información pública”, Coordinador, Carlos DELPIAZZO, Instituto de Derecho Informático, Fundación de Cultura Universitaria – AGESIC, Montevideo, 2009, pág. 24.

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Gestión del Riesgo

Integrar funciones para evitar fragilidad operacional en la gestión del riesgo de crédito

ada vez es más extendida en la práctica la necesidad de concebir a la empresa como un todo integrado, eliminando las barreras funcionales y comprendiendo la gestión organizacional como un proceso continuo en el que, en todas sus fases, se debe cuidar el principal activo de la empresa: la relación con los clientes. Tal como lo hemos planteado en otras oportunidades y en todas las instancias que desde los Seminarios Capacita LIDECO hemos ofrecido sobre el tema, para una efectiva gestión del riesgo de crédito, es necesario trascender las barreras funcionales y retroalimentar recíprocamente el conocimiento y experiencia que se va generando a partir del ejercicio de las distintas actividades dentro de la organización. La especialización de funciones que deriva de la división del trabajo tiene que ser bien gestionada para evitar funcionar bajo la dinámica de células aisladas que operan más o menos autónomamente sin que exista un adecuado proceso de integración y diseño de la interacción entre las partes. El lector concordará en que si bien por definición una organización es una agrupación de individuos reunidos para alcanzar objetivos comunes, suelen existir carencias en materia de coordinación, que determinan procesos de trabajo cuyo diseño no contribuye a que aquellos objetivos se alcancen con la mayor eficacia y eficiencia posibles. La clásica oposición entre la función comercial, financiera, de riesgo y cobranza, requiere, para ser superada,

La gestión del riesgo de crédito es una actividad que, como todas, forma parte de una concatenación de procesos que involucra a todas las áreas de la organización. Concebirla quebrando las barreras entre la función de créditos, cobranzas y comercial es condición para favorecer sinergias y generación de conocimiento compartido que redunde en la posibilidad de incrementar ventas, en el marco de la seguridad comercial. Si se fortalecen los procesos operativos involucrados en la gestión del riesgo, se reduce el riesgo de que ocurran pérdidas derivadas de errores internos de la organización que se revisen los modelos mentales desde los cuales se concibe el diseño organizacional y por ende la forma en que los integrantes de cada sector perciben los límites de sus tareas. El gran desafío de las organizaciones está, precisamente en lograr una cada vez más fluida integración, complementación e interacción entre las distintas funciones. La definición de las políticas, criterios y procesos propios de la gestión del riesgo de crédito, debe, para reducir los puntos ciegos que existen entre el saber hacer de cada función, contemplar la visión de todas las áreas y actividades que participan en la relación con el cliente desde la prospección y venta, hasta que el ciclo se cierra con un cobro eficiente. Esto no solo reporta beneficios para la empresa, sino para el mercado. En la medida en que la empresas fortalezcan sus capacidades internas en la gestión del riesgo en todas las fases de la relación con el cliente, las condiciones para un mercado saludable se verán |18|

asentadas. Una empresa tiene que generar recursos para solventar sus costos, reinvertir, dividir ganancias y sostenerse competitiva, y para eso sus procesos internos deben estar debidamente integrados, diseñados y ejecutados para evitar el riesgo operacional o la fragilidad operacional de la organización, que es aquella que se deriva de fallas en los procesos de la empresa. En esta materia además, un punto clave es el manejo de la información del cliente, a partir de la cual se toman decisiones en todas las etapas y en todos los procesos involucrados en la relación con él. Es claro que el valor de una empresa está en su capacidad de captar recursos puertas afuera, esto es, en su capacidad de captar y retener clientes. Esta perspectiva de marketing relacional pone el foco en la construcción de relaciones de largo plazo con los clientes, apuesta que implica integrar todos los elementos y momentos que hacen a una relación comercial. En el marco de esa perspectiva, el valor está en conservar al cliente rentable y hacer

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rendir el costo de su captación a través de su perdurabilidad en el tiempo. La estrategia general de la empresa pauta los objetivos de venta necesarios para generar recursos. El área de riesgos, cobranza y el área financiera deben trabajar codo a codo con el área comercial colaborando en la elaboración de las mejores estrategias a partir de las cuales los procesos de cada una de ellas confluyan hacia los objetivos generales de la organización y dentro del marco estratégico de acción pautado. Por otra parte, la empresa vendedora debe tener claro qué aporta a la empresa compradora en términos de la cadena de valor de aquella. La idea de colaboración inter áreas es una premisa necesaria, no sólo a la interna de la organización, sino en la relación con el cliente. Empresa vendedora y empresa compradora se precisan mutuamente, y cuanto más precise la empresa compradora los servicios o productos de la empresa vendedora, mayor capacidad y poder de negociación tendrá la segunda con relación a la primera. Acorde a la rentabilidad de los clien-

tes, la empresa vendedora deberá procurar identificar qué posibilidades tiene de ocupar roles de mayor relevancia en el proceso de producción o prestación de servicios de su contraparte. Cuando una empresa se ocupa de colaborar para fortalecer la solidez comercial y financiera de sus clientes, no hace sino asegurar sus posibilidades de vender en el largo plazo con reducción del riesgo de crédito. Se posibilita entonces la permanencia competitiva de todas las partes, a

adecuadamente el mercado de empresas y la propia cartera de clientes es requisito para poder ajustar las estrategias de venta y comercialización en forma adecuada a las características, necesidades y riesgos de cada segmento en los distintos sectores de actividad. Conocer el mercado de cada segmento de empresas, estar informados de los aspectos claves que determinan su performance permitirá elaborar estrategias específicas que luego se traducirán en el diseño de procesos de interacción con los clientes en cada una de las

La empresa vendedora debe tener claro qué aporta a la empresa compradora

partir de concebir la relación de mercado en forma integrada. Una eficaz gestión de riesgo de crédito exige que la empresa cuente con información que le permita conocer a quién le vende. Segmentar

etapas de la relación con ellos. Asimismo, la empresa tiene que tener claro qué vende. Eso supone trascender la idea de productos o servicios. La empresa vende una relación de confianza y construye

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Gestión del Riesgo

relaciones de confianza. Por ende, debe cuidar que nada ponga en peligro la confianza que se haya logrado construir, desde ninguna actividad a partir de la cual la empresa interactúa con el cliente: venta, entrega o prestación del servicio, seguimiento de pos venta, re negociaciones de condiciones de crédito, cobro, en recupero, etc. En la gestión del riesgo de crédito, las estrategias de relación con los clientes en todas las fases del negocio son fundamentales. Éstas deben diseñarse en base a información proveniente del histórico de relación con la empresa, datos de mercado, antecedentes comerciales, comportamiento de pago, posibilidades de cumplimiento o incumplimiento que pueden derivarse del estudio de los indicadores financieros de la empresa y del sector de actividad, etc. El primer paso concreto de la gestión del riesgo de crédito empieza en la forma y condiciones en que se concreta una venta: si se falla en este punto y una línea de crédito está mal aprobada, todos los procesos posteriores se verán afectados. Un aspecto relevante en este punto tiene que ver con la información que se requiere del cliente para aprobar un crédito: en el marco de la perspectiva relacional, la empresa debe trabajar para generar el vínculo de confianza que facilite el acceso a esa información sea que

ésta se obtenga directamente del cliente o sea solicitada por agentes externos como LIDECO. El equipo de ventas y comercialización, conjuntamente con el departamento financiero y de cobranza, deben alinearse para que exista consistencia tanto a la hora de admisión, seguimiento, redefinición de condiciones comerciales, cobro o recupero. Esta consistencia derivada del trabajo conjunto e integrado de las distintas áreas o funciones de la organización, alineadas tras los objetivos estratégicos generales, permite evaluar en forma más certera el riesgo asociado a cada segmento de clientes o a cada cliente y establecer en forma precisa las acciones más adecuadas en cuanto a la comercialización, seguimiento, cobro y recupero. De esa forma se contribuye a reducir la posibilidad de incurrir en errores operacionales y por ende a evitar los costos derivados del retrabajo (correcciones, re planificaciones, enmiendas), que generalmente provienen de fallas en la coordinación entre funciones. Este proceso de integración genera un aprendizaje y conocimiento organizacional de mucho valor para la empresa: • se potencia la creación cada vez • se comparten y comprenden las dis|20|

tintas formas de percibir y concebir la relación con el cliente • se ajustan y mejoran los procesos a partir de los cuales es posible rediseñar condiciones de esa relación • se cuenta con criterios más realistas y acabados en cuanto a qué acciones –sea en la venta, seguimiento, cobro o recupero– son las pertinentes para rentabilizar la relación en el largo plazo. A partir de ese esquema de trabajo concebido en forma sistémica, es factible individualizar la relación con el cliente en forma eficaz, de modo que sin perder la visión de conjunto sea posible estipular condiciones particulares que no contravengan los objetivos generales de la empresa, sino que se enmarquen en una política de meditada flexibilidad. Flexibilidad basada en el esfuerzo conjunto de la empresa por conocer el mercado, a los clientes y por mejorar la comprensión del propio funcionamiento interno y de cómo cada área desde lo que se espera de ella debe contribuir a las metas generales. Trabajar en todas las áreas desde la perspectiva de servicio al cliente interno, considerando los impactos recíprocos entre las distintas funciones mediatizadas por la relación con el cliente, es condición relevante para promover una gestión de riesgo integrada.-

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Gestión del Riesgo

Herramientas de prevención y acción correctiva en LIDECO:

información comercial y servicios jurídicos para la gestión del riesgo de crédito Contar con información comercial adecuada para la toma de decisiones, respaldar los contratos comerciales con adecuada documentación y garantías, son elementos esenciales para cualquier transacción comercial. LIDECO pone al servicio de sus asociados las herramientas que soportan una buena gestión de riesgo de crédito, a través de su servicio de Información Comercial, y de los servicios de asesoramiento y representación jurídicos en materia comercial, antes, durante y después del otorgamiento de créditos. Continuamos trabajando en la concientización de las empresas de plaza respecto a estos asuntos que hacen a la razón de ser de nuestro aporte institucional.

lo largo de los 101 años de trayectoria, nuestra gremial ha gestado amplia experiencia en cuanto al conocimiento del mercado de empresas y específicamente, en relación a si determinadas formas de llevar adelante negocios contribuyen o no a la seguridad comercial de la plaza. La necesidad de promover las condiciones que doten de transparencia al entramado de transacciones comerciales sigue hoy tan vigente como en las instancias fundacionales de nuestra gremial. No obstante el siglo transcurrido, y más allá de que obviamente nuestros asociados constituyen una masa privilegiada en cuanto a la posibilidad del acceso a información comercial reunida en un solo lugar en forma sistemática, seguimos constatando que nuestro país se debe serias reflexiones en torno a las resistencias y recelos en el manejo y aporte de información comercial. Encontramos aún que es necesario seguir insistiendo: 1) para que el mercado pueda hacerse de la información relevante para la toma de decisiones 2) para que las empresas comprendan a cabalidad la relevancia de aportar información al mercado para prevenir los riesgos en las

transacciones comerciales 3) para que las empresas consulten proactivamente en forma sistemática, como parte de su propia gestión del riesgo de crédito, información comercial más allá de la experiencia de relacionamiento de la empresa con sus interlocutores comerciales.

Sistema de gestión del riesgo e información comercial Seguimos constatando que hay empresas que aún no cuentan con sistemas de gestión del riesgo de crédito sólidamente establecidos. En diversas oportunidades hemos comentado el riesgo que supone para el mercado que las empresas no prevengan el riesgo en forma sistemática y acorde a criterios definidos, documentados y fundamentados procesos de administración y gestión del riesgo de crédito, los cuales no pueden ignorar el manejo de información comercial como insumo para la toma de decisiones. En la Edición 153 de nuestra Revista, de Julio de 2012, en la página 28 y siguientes, procurábamos explicar |22|

la falta de preocupación de algunas empresas respecto a la firmeza de los procesos de gestión de riesgo de crédito y al no uso sistemático de información. En aquel entonces planteábamos que “Una primera posible respuesta tiene que ver con la forma en que naturalmente tendemos a percibir las amenazas del entorno: cuando no son abruptas, no generan preocupación. El problema en este punto es que, nuestro sistema de percepción – reacción no está preparado para reaccionar ante amenazas graduales (…). En otras palabras, las personas se muestran proclives a actuar cuando perciben amenazas declaradas. En el actual contexto de relativa calma1 no se perciben amenazas violentas para la economía. Una segunda posible respuesta, es que en la medida en que no se utiliza información sistemática con una perspectiva de mercado, el horizonte perceptivo de las empresas es limitado, y por ende no se percibe el riesgo de crédito porque no se atienden los datos que dan cuenta de él. Aun aceptando que el nivel de riesgo en la actual coyuntura2 es bajo, el riesgo de crédito siempre existe y al respecto puede optarse por la postura que acepta tolerar cierto nivel de pérdida

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y/o (pues no son contrapuestas) por aquella que además propende a optimizar sus resultados, no solo disminuyendo las pérdidas sino aumentando el potencial de los negocios. Una visión es conservadora (...). La otra apunta a crecer. Una tercera posibilidad de análisis nos remite simplemente a reflexionar sobre la historia económica: es cíclica e incierta. (…) Existe un peligro intrínseco al exceso de confianza en materia de administración del riesgo de crédito. El peligro refiere al debilitamiento de la conciencia de la importancia de ser riguroso y sistemático en cuanto a los procesos de gestión del riesgo profesionalmente atendidos: con personal capacitado y con los recursos y la tecnología de la información que permitan trascender la intuición, el “olfato” y las referencias de los colegas”. Las anteriores reflexiones confluían en concluir que la fortaleza de la gestión del riesgo de crédito instalada en el mercado, basada en la consulta de información comercial seria y con perspectiva de mercado, constituía un factor clave para la seguridad comercial y la confianza necesaria para la realización de negocios. Es de suyo que el uso de información comercial contribuye a: 1) mejorar la calidad de los créditos otorgados a través de la toma de decisiones calificadas en sus distintas etapas 2) prevenir y disminuir el riesgo de mora o incobrables 3) mejorar el recobro del crédito y la recuperación en caso de cobranza morosa.

Sistemas de gestión del riesgo y respaldo jurídico de los negocios Por otro lado, el Sector Jurídico de LIDECO ofrece a las empresas la posibilidad de capacitarse y asesorarse en cuanto a: 1) cómo manejar eficazmente los documentos comerciales que respaldan la compraventa y los contratos 2) de qué forma pueden garantizarse eficazmente los créditos para aumentar las posibilidades de recupero en caso de incumplimiento 3) la gestión de cobro extrajudicial

y judicial que lleva adelante nuestra gremial. Pese a que respaldan los derechos y obligaciones que comprometen a las partes que concretan una compraventa, por ser de uso común, muchas veces los documentos comerciales como la factura, el remito, el conforme o el cheque, suelen ser manejados sin la debida diligencia, descuidando las consecuencias jurídicas que de ello se deriva, siendo que constituyen elementos fundamentales a la hora de tener que enfrentar reclamos y acciones legales. El documento comercial, que es todo documento que se redacte a partir de un acto comercial y que representa un crédito, constituye una prueba de la relación comercial, y de ahí la relevancia de su correcto uso ante la eventualidad de un incumplimiento que compromete el cobro del crédito otorgado. Los documentos comerciales constituyen el respaldo documentario que prueba la celebración y ejecución de los contratos de compraventa que en caso de incumplimiento posibilitan los reclamos y acciones legales correspondientes. Las garantías, son un recurso no menor a través del cual el otorgante del crédito minimiza los riesgos mediante una cobertura contractual que asegura la posibilidad de recuperar el capital comprometido en el crédito otorgado, sea a través de la afectación del patrimonio de la persona (garantía personal) o de un bien específico (garantía real). Poder contar con un adecuado asesoramiento en relación con las garantías de los créditos es una facilidad y beneficio con que cuentan nuestros asociados a través de los servicios prestados por nuestro Sector Jurídico. Ahora bien, llegados a la situación declarada de un incumplimiento, nuestros servicios de información y nuestros servicios jurídicos confluyen cuando el asociado ingresa un incumplimiento comercial en nuestro Registro de Incumplimientos dando así a la plaza la chance de estar alerta de la existencia |23|

de obligaciones impagas. Asociado ello a la gestión de cobro extrajudicial o judicial, el socio cuenta con la cobertura integral de servicios en materia de prevención primero (información, documentación y garantías) y de acción concreta por el recupero cuando se efectiviza la caída en mora o incumplimiento de una obligación. Un buen crédito se inicia con información, y del mismo modo una buena gestión de cobro. La mejor cobranza es la que se asegura previniendo la posibilidad de incumplimientos a través de la consulta de información para prever la capacidad de pago y la voluntad de pago de una empresa. Asimismo, se acompaña de un adecuado respaldo documentario y de garantías. Por último, más posibilidades de cobro habrá cuanto menor sea el tiempo que transcurre entre que se constata la caída en mora, y se procede tanto a incluir la cuenta en el Registro de Incumplimientos como a iniciar la gestión de cobro. En tanto mejor sea la calidad de la información, de la documentación y más celero sea el inicio de acciones de recobro, mayores serán las posibilidades de desenlaces exitosos en materia de cobranza morosa.1. “El actual contexto de relativa calma” corresponde a la situación económica de 2012, año en que se elaboró el artículo del cual se extrae el texto entre comillas. 2. “La actual coyuntura”, se enmarca dentro de lo expuesto en la referencia anterior.

Concursales

Los números concursales 2016 Cierres de ciclos motivan análisis y revisiones. Es así que el presente artículo expone sintéticamente los números que en materia concursal deja el año 2016. Cantidad de presentaciones clasificadas por año, clase, lugar de presentación, cantidad de convenios celebrados y decretos de apertura de liquidación son algunos de los ejes que desglosan el derrotero de este año en materia de asuntos concursales.

s habitual que en esta época hagamos análisis y revisiones sobre lo que nos deja el año que acaba de terminar. Los números de los concursos no escapan a esa práctica y por esa razón hacemos un breve resumen de los mismos. El año 2016 no fue un año caracterizado por la gran cantidad de asuntos concursales. Por el contrario, rompió la tendencia que se venía registrando de años atrás que era el aumento de las cantidades de presentaciones respecto del año precedente. La Tabla 1 muestra la evolución de los números desde el año 2008 al 2016. Tabla 1: Cantidad de presentaciones concursales por año Año de presentación

Cantidades

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total general

456

De este modo, el total de presentaciones concursales regidas por la ley 18.387 desde el 3 de noviembre de 2008 hasta el 23 de diciembre de 2016 ha sido de 456 asuntos concursales en todo el país. El año con mayor cantidad de presentaciones desde la entrada en vigencia del nuevo régimen concursal sigue siendo el 2015

con 90 presentaciones, mientras que 2016 ha registrado una merma llegando al 85% de la cantidad de presentaciones del año récord. Éste no ha sido un año donde se hayan presentado importantes volúmenes de activos o pasivos salvo contadas excepciones. El total de activos y pasivos que denunciaron los concursados cuando solicitaron su concurso voluntario es el que se muestra en la Tabla 2. Tabla 2: Activos y pasivos 2016 Año de presentación

Pasivo en $

Suma de Activo en $

2016

4.348.289.090

3.692.983.161

Si consideramos la clase de concurso según la distinción entre concursos necesarios y voluntarios que establece el artículo 111 de la ley 18.387 el resultado se expone en la Tabla 3. Tabla 3: Concursos por clase Concurso Necesario

Concurso Voluntario

Total general

135

321

456

Si analizamos la cantidad de concursos necesarios y voluntarios existentes en Montevideo y el interior de la República, el resultado es que en la capital por medio de los juzgados letrados de concursos se tramitaron 368 concursos y en el resto del país 88. El detalle se traduce en la Tabla 4. Tabla 4: Concursos por clase Montevideo e interior |24|

LIDECO / Diciembre 2016

Clase de Concurso

Interior

Montevideo

Total

Necesario

105

135

Voluntario

263

321

Total general

368

456

concurso necesario que en uno voluntario. Tabla 6: Liquidaciones decretadas

Clase de concurso

El registro de la cantidad de convenios celebrados sigue creciendo en los últimos 3 años, lo que demuestra que la finalidad establecida en la exposición de motivos de la ley de concursos se sigue cumpliendo y se ha ampliado la cantidad de convenios presentados y homologados, que alcanzan al 23% de los convenios presentados en los últimos 3 años y el 26% del total de asuntos desde la entrada en vigencia de la ley. Los datos se presentan en la Tabla 5. Tabla 5: Cantidad de convenios

Año de presentación del Convenio

Clase de concurso Necesario

Voluntario

Total general

2014

2015

2016

Total general

Respecto a la cantidad de aperturas de la etapa de liquidación decretadas (Tabla 6) el número de casos de liquidaciones decretadas en los últimos 3 años ascendió 76, que divididas de acuerdo a la clase de concurso el resultado es que 22 casos fueron concursos necesarios y 54 concursos voluntarios. Esto refleja que es más probable que resulte una liquidación cuando se trata de un

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Fecha de decreto de apertura de liquidación

Total general

2014

2015

2016

Necesario

Voluntario

Total general

Este es un breve panorama descriptivo de los números de los concursos durante el año 2016 donde se puede demostrar que ha habido una mejora, aunque leve, en cuanto a la cantidad de empresas que han tenido que recurrir a la herramienta concursal para superar su crisis empresarial.1. El concurso será voluntario cuando sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista una solicitud de concurso previa, promovida por alguno de los restantes legitimados legalmente. El concurso será necesario en los restantes casos.

Concursales

Enseñanzas del caso PLUNA que tienen aplicación a otros casos

Dr. Fernando Cabrera Responsable Sector Jurídico LIDECO Docente de Derecho Concursal (Universidad de Montevideo)

a sido de público conocimiento que en los últimos días del año 2016, por medio de Liga de Defensa Comercial se ha comenzado a pagar a los acreedores quirografarios de PLUNA S.A., quienes cobrarán el 100% de su crédito verificado convertido a dólares a la cotización de 29,83 pesos por dólar. Además de los acreedores quirografarios se abonarán los créditos de los acreedores post concursales y aquellos que tenían crédito con privilegio general, entre los cuales se cuenta a la masa de trabajadores. Cuando se presentó este concurso durante la feria judicial menor del año 2012, sus activos y pasivos su-

En el presente artículo el autor aporta una mirada retrospectiva y prospectiva a partir de la experiencia gestada en el seguimiento y actuación en un asunto concursal por demás complejo como el de PLUNA S.A. Principios y convicciones se reafirman a partir de los logros alcanzados en un asunto del que poco se esperaba en términos de satisfacción de los acreedores. En seis etapas, el autor comenta el transcurso de una historia que culmina finalmente con un desenlace exitoso. periores a los U$S 300 millones lo situaron como el asunto concursal más grande en la historia del país. En aquel entonces resultaba como de difícil satisfacción el crédito de los acreedores. A continuación, se recorrerán algunas etapas de este concurso referenciando la posición de los acreedores, lo que en la práctica redundó en el éxito del cobro de sus créditos.

Primera etapa: formación de la Comisión de Acreedores La ley 18.387 en su artículo 501 prevé la posibilidad de que, en cualquier momento, el 50% de los acreedores quirografarios con derecho de voto del deudor pueda conformar la Comisión de Acreedores. Para la formación de la comisión no se requiere ninguna particularidad y alcanza que esté reunido más del 50% del pasivo quirografario con derecho de voto y se labre acta notarial de la constitución de la Comisión. Históricamente Liga de Defensa Comercial ha sido defensora de este órgano eventual del concurso pues |26|

estima de vital importancia el rol que cumple esta comisión, que puede ser un interlocutor válido para las negociaciones que culminen en la obtención de un convenio o que inciten la actuación del juzgado o del síndico en defensa de los intereses de los acreedores. Al momento de formarse la Comisión de Acreedores transcurría el mes de septiembre de 2012 y era inminente la subasta de los aviones, por lo que desde LIDECO se afirmaba que era necesario adoptar alguna decisión sobre el remate y eventualmente presentarse en el Juzgado que entendía en el Concurso, para presentar alguna medida. También surge del acta constitutiva de la Comisión la necesidad de que se adopten medidas contra las personas físicas que eran o habían sido directores de la concursada en aplicación de los artículos 24 y 25 de la ley 18.387. Finalmente, los acreedores expresaron su conformidad y se conformó la referida comisión, quien posteriormente delegó en el Dr. Nicolás Brause en representación del Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause y del Dr. Fernando Cabrera en

LIDECO / Diciembre 2016

representación de Liga de Defensa Comercial, las gestiones tendientes a la presentación y negociación de alternativas de salida de sus créditos.

Segunda etapa: reuniones con los Síndicos

de la etapa de liquidación, sino que dictó el decreto habitual de concurso que habilitaba la etapa de convenio. A los pocos se presentó la primera excepción de inconstitucionalidad y el expediente se paralizó en virtud de las disposiciones vigentes hasta tanto se pronunciara la Suprema Corte de Justicia.

Posteriormente a la formación de la Comisión fueron muchas las instancias en las que invitamos a la sindicatura a reuniones en nuestra Institución a efectos de interiorizarnos en la marcha de una sindicatura difícil y compleja. Fue en el marco de uno de esos encuentros en los que se sugirió a la sindicatura, la que contestó afirmativamente, la necesidad de que fuera ella quien promoviera la inconstitucionalidad contra la ley 18.931 pues se veía en ello el único camino para obtener efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ.

Paralelamente, los delegados de la Comisión de Acreedores, Dres. Brause y Cabrera, presentaron al Poder Ejecutivo de la época una propuesta de convenio extrajudicial, por entender que era todavía aplicable esa figura y que podía concluir de modo exitoso el engorroso proceso judicial que recién iniciaba. Lamentablemente, esa propuesta no fue de recibo por el PE y naufragó, a pesar de que se trataba de una salida jurídicamente perfecta y que hubiera evitado a los acreedores años de espera.

Estas reuniones no hicieron más que ratificar la importancia de trabajar conjuntamente Sindicatura-Comisión en una dupla importante para la mejor tutela de la totalidad de los derechos involucrados en el concurso. En efecto, muchas fueron las medidas que se pudieron aplicar y tuvieron como fundamento estas reuniones en las que el intercambio de opiniones y conocimiento de la posición del otro redundaron en el beneficio colectivo.

Queda de esta etapa, el convencimiento de que se planteó la iniciativa en forma tempestiva, pero que se necesitaba que el Poder Ejecutivo adoptara una resolución contra reloj por la existencia de un plazo fatídico que era el decreto de apertura de la liquidación, que una vez dictado impedía cualquier posibilidad de convenio concursal. Esa es una de las necesidades más claras de reforma de nuestro sistema concursal, que derogó el viejo concordato resolutorio o concordato en la quiebra, que posibilitaba aún después de dictado el auto de quiebra, que deudor y sus acreedores se pusieran de acuerdo en la forma de liquidar sus bienes.

Nos queda entonces la convicción de que trabajando de modo coordinado y armónico entre estos dos órganos se pueden conseguir mejores resultados que en un andar disociado, como ocurre en muchos casos.

Tercera etapa: primer propuesta efectuada por la Comisión de Acreedores Cuando el deudor se presentó ante el Juzgado Letrado en lo Civil de turno en la feria judicial menor solicitando la admisión del concurso, también solicitó que se decretara la apertura de la etapa de liquidación. El juzgado, inadvertidamente, no decretó la apertura

Cuarta etapa: comparecencia en los distintos expedientes Una vez que se decretó la inconstitucionalidad de la ley 18.931 se retomaron las actividades en los distintos expedientes, se decretó la apertura de la etapa de liquidación lo que vedaba ya la posibilidad de un convenio concursal y cada uno de los acreedores tuvo que comparecer a solicitar la verificación de sus créditos. |27|

Paralelamente se promovían distintos expedientes en los que en representación de acreedores quirografarios comparecieron Liga de Defensa Comercial y Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause. Entre estos expedientes hay dos que tienen gran importancia como ser la calificación del concurso y el juicio reclamando al Estado las capitalizaciones comprometidas y no realizadas. En efecto: la ley 18.387 consagra en los artículos 1922 y siguientes la calificación del concurso y establece los casos en los que el concurso debe ser considerado culpable. Expresa que será culpable cuando en la producción o agravación de la insolvencia hubiera habido dolo o culpa grave del deudor o de los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas. Asimismo, el artículo 1973 establece que los interesados pueden comparecer a manifestar los hechos que sean relevantes para la calificación del concurso como culpable. Fue así que en representación de la Comisión de Acreedores comparecimos a dar cuenta de una serie de hechos que para nosotros debían de ser considerados al momento de calificar el concurso. También comparecieron algunos acreedores individuales a aportar otros hechos. Todos esos elementos fueron tenidos en cuenta por la sindicatura, quien presentó su informe definitivo con su propuesta de calificación del mismo como culpable4. Existió otro importante expediente en el cual la Comisión de Acreedores instó a la sindicatura para su promoción y luego presentó una tercería coadyuvante que es la acción tendiente a reclamar del Estado las aportaciones comprometidas y no realizadas. De acuerdo al artículo 51 numeral 2)5 esta acción puede ser promovida únicamente por el síndico, por lo que los delegados de la Comisión de Acreedores presentaron tercería coadyuvante con la sindicatura tendiente a obtener del Estado el cumplimiento de su obligación de re-

Concursales constituir el patrimonio social de la concursada. También en el expediente principal del concurso la Comisión de Acreedores tuvo participación ya que por medio de los Dres. Brause y Cabrera compareció ratificando y avalando lo actuado por la sindicatura por ejemplo en la venta de las aeronaves, lo cual aportó al concurso su principal activo.

Quinta etapa: nueva propuesta efectuada por la Comisión de Acreedores Para el mes de abril de 2015 el expediente concursal había avanzado mucho. La inconstitucionalidad había hecho que los aviones volvieran a integrar la masa activa del concurso y la Sede de concursos había autorizado la venta de los aviones, que ya habían sido pagados en su totalidad y los fondos se encontraban a la orden de la Sede de concursos en una cuenta de la concursada en Banco Santander. También la sindicatura había presentado la lista de créditos verificados y si bien se habían planteado algunas impugnaciones, las mismas estaban identificadas y en base a los criterios jurisprudenciales era razonable determinar cuáles tenían cierto grado de éxito y cuáles no. Se había dado traslado a todos los afectados por la calificación del concurso y estos habían ya presentado sus defensas en muchos casos, interponiendo excepciones o pidiendo citaciones a terceros en garantía. Ese escenario hacía suponer años de juicio por delante mientras se tramitaban exhortos por demandados domiciliados fuera del país y para diligenciar diferentes medios probatorios. El Estado también era posible afectado en la calificación de PLUNA y era demandado por la sindicatura para que cumpliera con la obligación de efectuar aportes que se había comprometido a hacer y no había efectuado.

La sindicatura tiempo atrás ya había rescindido los leasing con Bombardier y algunos aviones ya habían sido reintegrados a su propietario, obteniendo a cambio la renuncia al crédito que tenía la empresa canadiense por los leasing. Esta compleja situación fue la que permitió que se hiciera una propuesta a los representantes de Pluna Ente Autónomo para solucionar el problema. Consistía en que se liberara el pago a todos los acreedores del concurso y con eso los acreedores se declaraban íntegramente satisfechos y se pedía la conclusión del incidente de calificación del concurso en base a lo que disponía el artículo 196 inciso 2 6 de la ley 18.387.

Sexta etapa: negociaciones La idea que se trasmitió a los representantes de PLUNA Ente Autónomo fue que la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto apoyaba esta salida y que si era necesario conseguir un apoyo mayor estábamos dispuestos a encarar las actividades tendientes a su obtención. Entendíamos que la mejor solución – dado que no era posible obtener un acuerdo concursal como tal – era seguir todos los trámites que prevé la ley 18.387, hacer lo necesario para llegar a la etapa de pago a los acreedores contenida en los artículos 181 y siguientes de la ley 18.387. La ley en ese sentido es muy clara, en cuanto a que establece que tienen que cobrar los acreedores post concursales, los acreedores con créditos privilegiados, distinguiendo primero los de privilegio especial y luego los de privilegio general en sus distintos órdenes para recién luego llegar a los créditos quirografarios. Sin embargo, eran los acreedores quirografarios quienes estaban dispuestos a dar un enorme paso en la obtención de esta solución y les pedimos que nos indicaran un por|28|

centaje significativo de adhesiones a la propuesta de pago que implicara que el Estado se involucrara en la solución del tema. Ese porcentaje se elevó hasta el 90%. La Comisión de Acreedores se reunió en la Sede de LIDECO, valoró la situación, ratificó todo lo actuado por LIDECO y por Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause y volvió a designar a los Dres. Cabrera y Brause respectivamente para que redactaran los borradores, los sometieran a la consideración de la Comisión y luego se dedicaran a la tarea de obtener adhesiones a esa salida. Es de destacar el rol de los distintos integrantes de la Comisión, que siempre hicieron aportes y estuvieron presentes cada vez que se les requirió para ratificar lo actuado por los Dres. Cabrera y Brause. Se redactaron los borradores y un Acuerdo Colectivo de Pago por medio del cual los acreedores quirografarios se declaraban íntegramente satisfechos si cobraban sus créditos (convertidos a dólares a la cotización de 29,83 por dólar) antes de un plazo que establecían (que luego tuvo que ser prorrogado en dos oportunidades). Ese Acuerdo Colectivo de Pago se puso a consideración de los acreedores y en 4 días hábiles se llegó a reunir más del 96% del pasivo quirografario con derecho de voto y verificado por la sindicatura que expresara su conformidad. Esas firmas fueron entregadas a los representantes de PEA el viernes anterior a que iniciara Semana Santa y significaba un enorme paso adelante pues los acreedores estaban diciendo que iban muy en serio y que en esas condiciones se declaraban satisfechos, lo cual posibilitaba la conclusión de todos los expedientes. Eso era importante, pero no suficiente, pues es era necesario acordar con los acreedores que habían impugnado la lista de créditos, llegando a una solución con aquellos que tenían un crédito razonablemente fundado que significaba renunciar a parte de lo impugnado a cambio de

LIDECO / Diciembre 2016

la certeza en la inclusión en la lista, todo lo cual se consiguió.

También fue necesario encarar todos los créditos post concursales, para lo cual la sindicatura tuvo que realizar un detalle de los mismos y acordar algunas reclamaciones existentes.

nitud. La particularidad estaba dada por ser un acreedor quirografario con el crédito suficientemente garantizado porque tenía la fianza solidaria del Estado uruguayo. Lo que se logró fue que este crédito renunciara a cobrar del concurso de Pluna S.A. y aceptara cobrar de su garante en iguales términos que lo venía haciendo ahora. Esta es una solución que no puede empañar en nada el éxito de la resolución de este concurso pues esta fianza era del año 2007, varios años (5 para ser más exactos) anterior a la presentación concursal y lo que se hace es seguir cumpliendo tal como venía ocurriendo. Es decir, este acuerdo no grava al Estado con un pasivo mayor, sino que este pasivo ya existía de muchos años antes y venía siendo abonado por el Estado y si no lo hubiera hecho, habría significado un incumplimiento de la deuda soberana, lo que es imposible. En suma, se considera que la solución alcanzada es la mejor para todas las partes, pues se evitan años de litigios, lo que iba a ser perjudicial para todos los involucrados.

Un crédito que presentaba muchas particularidades era el de ScotiaBank, que fue uno de los últimos en resolverse pero que tenía gran mag-

Con todos esos aspectos solucionados y con la anuencia del Estado manifestada por medio de sus representantes se firmaron y presentaron

Era necesario resolver otras situaciones. Dentro de los créditos con privilegio general se encontraba situación de los créditos laborales, quienes tenían un escenario muy variado, con acreedores que habían promovido juicios, otros que no lo habían hecho, otros que habían acordado en el MTSS. Era necesario unificar criterios y transar los juicios de los acreedores laborales que tenían promovidos juicios. La tarea de obtener una transacción de esos litigios fue asumida de modo exitoso por el Dr. Nicolás Brause quien finalmente logró que los acreedores laborales accedieran a firmar de conformidad el acuerdo, percibir un razonable porcentaje de su reclamo y dejar sin efecto las acciones.

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conjuntamente dos escritos: un escrito donde se solicita la aprobación del acuerdo para la distribución de los fondos que componen la masa activa y otro de conclusión del incidente de calificación en los términos del acuerdo de distribución de los fondos que componen la masa activa. El hecho de la cancelación de la totalidad de los activos de la concursada es un elemento fundamental pues permite la aplicación del artículo 196 inciso 2 de la ley 18.387 por cuanto los activos alcanzan para cubrir los pasivos y por tanto no hubiera sido necesaria la apertura del incidente de calificación. Sucede que tal como se había señalado, el deudor pidió directamente la apertura de la liquidación y no el convenio por lo que impidió que oportunamente se valorara que el activo permitía cancelar la totalidad del pasivo. Frente a estos dos escritos la Sede concursal puso los expedientes de manifiesto por diez días, transcurridos los cuales no hubo oposiciones y posteriormente el juzgado aprobó los acuerdos presentados. Fue muy positivo el accionar de la Sede concursal que estudió el problema en profundidad - en una solución que no

Concursales

era sencilla - y aprobó el acuerdo de distribución de activos y la conclusión del expediente de calificación. A la fecha, AUPE como síndico de PLUNA S.A. entregó a LIDECO la suma correspondiente a los acreedores quirografarios quienes están cobrando sus créditos.

Conclusiones Entre las enseñanzas que nos dejó un caso tan importante destacamos: 1) La importancia de la Comisión de Acreedores para aportar soluciones a la compleja problemática concursal. 2) La conveniencia de trabajar armónicamente con la sindicatura o intervención, lo que redunda en beneficios para todos. 3) La constitución de la Comisión de Acreedores, que debe mantener la debida oposición de intereses con el deudor, lo que permite que se defiendan mejor los intereses de los representados. 4) Ratificar, una vez más, la impor-

tancia de las Sedes especializadas en materia concursal, que permitieron que la juez, con los conocimientos y expertise de un juzgado especializado, luego de un debido y profundo estudio del expediente, pudiera resolver en un tema complejo. 5) La necesidad de incorporar la figura del acuerdo resolutorio en futuras reformas del sistema concursal. 6) La convicción, como Abogado, de la importancia de las negociaciones que permitan a los involucrados ponerse de acuerdo por encima de las trabas de las formas jurídicas, que no deben encorsetarnos en la búsqueda de soluciones. 7) El reconocimiento de que tanto el Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause como LIDECO trabajaron conjuntamente y de común acuerdo para la mayor satisfacción de los intereses de los acreedores y el resultado obtenido fue excelente.1. Artículo 50. (Designación de un administrador o una Comisión de Acreedores por los acreedores). Sin perjuicio del régimen de suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, en cualquier estado de los procedimientos, en audiencia o mediante acta notarial, acreedores quirografarios con derecho de voto, que representen por lo menos la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto, podrán nominar un administrador

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del patrimonio y del giro del deudor durante el concurso. En este caso, el administrador designado por los acreedores sustituirá al síndico o al deudor, según los casos, en la función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor. Igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una Comisión de Acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del deudor. 2. El concurso de acreedores se calificará como culpable o como fortuito. El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho. En los demás casos se calificará como fortuito. 3. Dentro de los quince días siguientes a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución judicial que ordene la formación del incidente de calificación, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá comparecer ante el Juez del concurso, denunciando los hechos que considere relevantes para la calificación del concurso como culpable. 4. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 197, el síndico o el interventor, dentro de los quince días siguientes, presentará al Juez del concurso un informe documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso de acreedores, con propuesta de resolución. 5. Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la acción para obtener el pago íntegro de las aportaciones comprometidas por los socios o accionistas, así como el cumplimiento de las prestaciones accesorias. En caso de insuficiencia de bienes propios de la sociedad deudora, el síndico podrá reclamar a los socios o accionistas el pago íntegro de los aportes comprometidos y no realizados, aun cuando no estuviera vencido el plazo establecido para el cumplimiento de dicha obligación. 6. No procederá la formación del incidente de calificación cuando concurran acumulativamente las siguientes condiciones: 1) El concurso de acreedores fuera voluntario. 2) El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo.

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Visitas y Eventos

Mano a Mano con LIDECO:

una puesta a punto y reflexiones sobre usos de la Firma Electrónica Avanzada

Intercambio mano a mano entre los participantes del encuentro

LIDECO ha acompañado desde el inicio el movimiento por concientizar al empresariado sobre los avances de la era digital, dados los cambios derivados de la estrategia de gobierno electrónico que viene desarrollándose ya desde años atrás. Cabe recordar los eventos que desde 2010 se realizaron primero respecto a la factura electrónica y luego, en relación con ella, a la firma electrónica avanzada. A tales efectos hemos mantenido estrecha colaboración tanto con la DGI como con AGESIC. En ese marco también, se firmó el Convenio con Abitab S.A., en función del cual LIDECO puede expedir certificados digitales Id Digital de Abitab, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Así, el pasado 18 de agosto nos dimos cita en nuestra sede social un grupo de empresas socias y no socias de la gremial, para una puesta a punto respecto al alcance de la Firma Electrónica Avanzada, y para procurar reflexionar directamente con el empresariado y de la mano de AGESIC, respecto al alcance y posibles usos de la Firma Electrónica para facilitar, empujar y dotar de mayor seguridad a las transacciones comerciales.

n la tarde del 18 de agosto, convocados por el Consejo Directivo de LIDECO, nos encontramos en nuestra sede social un grupo de socios y no socios con el Ing. Jorge Prego, Gerente de la División Identidad Electrónica en AGESIC.

El objetivo fue intercambiar, en el marco de un Encuentro Mano a Mano con los representantes de la Unidad de Certificación Electrónica (UCE), pareceres sobre el uso de la Firma Electrónica Avanzada en las transacciones empresariales, a efectos de |32|

encontrar aquellos usos a partir de los cuales la misma podría facilitar y potenciar los negocios inter empresariales, así como los trámites con el Estado. La UCE es una Agencia descon-

LIDECO / Diciembre 2016

centrada de la AGESIC, cuyas funciones son la acreditación, control, instrucción, regulación y sanción en aquellos aspectos que refieren a las Firmas Electrónicas Avanzadas en Uruguay. El objetivo del encuentro fue generar un espacio de colaboración entre el sector privado y la UCE, para a partir de una puesta a punto sobre el tema, explorar áreas en las que fuera posible facilitar la dinámica y la seguridad de las transacciones comerciales, con el fin de procurar identificar y proponer qué nuevas transacciones podrían canalizarse por la vía electrónica usando la Firma Electrónica Avanzada. La intención fue encontrar oportunidades para a través de este mecanismo y diferentes usos de la firma, lograr beneficios como la reducción de costos, reducción de tiempo y el aumento de la seguridad jurídica. A tales efectos, se procuró intercambiar sobre: 1. Aquellos trámites o procesos con el Estado en los que el uso de la Firma Electrónica Avanzada podría

Durante la puesta a punto del Ing. Jorge Prego

redundar en beneficios para nuestras organizaciones y el comercio en general. Ejemplo: presentación de declaraciones juradas, registro de empresas, presentación de ofertas en licitaciones, etc. 2. Aquellas operaciones entre particulares en las que la Firma Electrónica Avanzada podría ser útil para mejorar la seguridad jurídica, reducir costos, reducir tiempos y facilitar las actividades de comercio exterior. (Ejemplo: aceptación de factura electrónica, firma de contratos para el co-

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mercio nacional e internacional, firma de vales, firma de remitos, firma de reconocimientos de embarque, cheques electrónicos, etc.). Fue un productivo encuentro que dejó expuestos sobre la mesa los avances en la materia, así como aquellas áreas en las que aún hay mucho camino por recorrer: en la operativa, en materia legal, en materia de capacitación y en cuanto a la creación de una cultura favorable para el uso de una tan importante herramienta para el comercio electrónico.-

Visitas y Eventos

Capacita LIDECO

Relaciones laborales: manejar el marco normativo para potenciar positivamente el clima laboral y el relacionamiento con el personal

Vista general

Sede UPAEP, 23 de agosto

bordando el marco normativo en las relaciones laborales. el docente señaló su evolución, que pasó de la desregulación y abstencionismo del Estado antes de 2005, a la regulación parcial y al tripartismo como modelo, a partir de 2005. En ese proceso las principales modificaciones, a su criterio, refirieron entre otras a la reinstalación del Consejo de Salaraios, a la Licencia Sindical, a la regulación de las ocupaciones y desocupaciones, a la abreviación del proceso laboral, a la prescripción de los créditos laborales, a las tercerizaciones, a la responsabilidad penal empresaria, el consumo de cannabis en el ámbito laboral, los cambios en materia de negociación colectiva, la discriminación y la nulidad de los actos discriminatorios, la constitución de pruebas y la articulación de los roles en la empresa.

Fue el 23 de agosto cuando una nutrida concurrencia se dio cita en la sede de UPAEP para incursionar en el complejo tema de las relaciones laborales, su marco normativo, los principales cambios que en él se han ido operando en los últimos años y su aplicación en la gestión de recursos humanos, la cual debe procurar lograr un clima laboral positivo para el trabajo. Conocer cómo manejar las principales herramientas de ese sistema de relaciones se convierte en una herramienta estratégica para los objetivos antes mencionados. Desde ese enfoque, el Dr. Raúl Damonte - Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UDELAR), de profusa experiencia en materia de Recursos Humanos y de asesoría en materia de RRHH, Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo-, a través de ISEDE, fue quien tuvo la responsabilidad de facilitar los contenidos del Seminario, el cual adelantamos, no tuvo desperdicio y fue positivamente valorado por los participantes. Exponemos a continuación una síntesis de los principales conceptos trabajados. Haciendo un poco de historia, comentó que desde mucho tiempo atrás y hasta 2005 el sistema de relaciones laborales en nuestro país no estaba regulado y el Estado se mantenía por fuera del sistema, interviniendo sola|34|

mente cuando era necesario. De ahí la expresión abstencionismo (políticamente asumido como tal) y desregulación, pues el sistema funcionaba desde la autorregulación (autonomía de las partes) entre tres subsistemas (la

LIDECO / Diciembre 2016

sindicalización, el derecho de huelga, negociación colectiva) mediados por las normas de la OIT, la Constitución de la República, dos convenios internacionales (97 y 98) de trabajo. Recordó que luego del gobierno de facto se re instalan los consejos de salarios previstos en la ley de 1943, y se desinstalan en el período 1991 - 2004, período en que no hubo negociación colectiva obligatoria, esto es, no había prohibición ni obligación de negociar, aunque los sectores referentes con cultura de negociación, continuaron negociando sus convenios colectivos, teniendo éstos alcance entre las partes pactantes. En 2005, se plantea la regulación parcial y se vuelven a instalar los consejos de salarios mediante el decreto 105/05. Seguidamente, se da la ley que consagra la Licencia Sindical (Ley 17.940) para subsanar algunos problemas que habían surgido en el período anterior en relación a la protección de los actores fundamentales de la negociación colectiva. Damonte planteó que la regulación parcial trajo aparejadas algunas dificultades, por ejemplo respecto a la licencia sindical de los delegados sindicales, es decir, las personas designadas por el sindicato, porque la ley no define qué es el sindicato, entendiéndose por tanto que la norma plantea algunos aspectos en blanco e incompletos, a saber, entre otros: cómo se constituye un sindicato, si debe o no tener personería jurídica, cómo se eligen los delegados, cada

cuántas personas puede haber un delegado. En el Derecho comparado estos aspectos y otros están resueltas a texto expreso o en función de acuerdo entre partes, cosa que no sucedió en nuestro país, siendo tema pendiente, señaló el docente. En 2005 se consideró que era necesario establecer pautas para la recuperación del salario real, planteada como objetivo que derivó en pautas para la negociación colectiva. En 2006, 2007 y 2008, considerándose que se había recuperado el salario real, surge el concepto de crecimiento, actualmente imperante. Hasta ese momento la negociación colectiva se limitó a negociar tasas de salarios y recuperación salarial. Recién en 2009 surge la ley 18.586 de Negociación Colectiva sobre la cual aún hoy se está trabajando. Con anterioridad a esa fecha las modificaciones habían referido solamente a la reinstalación del Consejo de Salarios. Con relación a la huelga, en 2006 surge el decreto 165/06 (provisorio, pero que sigue funcionando hasta hoy) que derogó la anterior regulación sobre las ocupaciones de los lugares de trabajo, estableciendo un procedimiento para poder ocupar y desocupar una empresa. En él, a criterio del expositor, se omiten aspectos que debieron estar contemplados, como ser la prevención de conflictos, mecanismos de conciliación, mediación, pre avisos, etc., pues pauta solo un protocolo de actuación para lo que

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en realidad es la instancia final (ocupación), que denuncia el fracaso de las etapas anteriores de carácter preventivo. Otro de los aspectos importantes del decreto es que consagra la ocupación como una extensión legítima del derecho de huelga, lo cual es un tema controvertido que ha sido motivo de la queja de las cámaras empresariales al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Entonces: de un sistema desregulado, bipartito y basado en la regulación autónoma de la voluntad de las partes se pasa a un sistema tripartito donde el Estado pasa a intervenir, regulando y formando parte del sistema, con facultades importantes y definiéndose como órgano de contralor y gobernanza de las relaciones laborales (lo cual significa intervenir y decidir), con lo cual no solo se convoca a negociar sino que se dictan pautas (plazos, condiciones, términos establecidos en la ley de 1943 de Consejo de Salarios, definición de sectores, etc.) que en ocasiones rigidizan las posibilidades de negociación íntegra entre los tres sectores. La dificultad de la regulación parcial, estimó, es que hay poca cosa regulada y resulta difícil lograr un equilibrio entre las partes en un contexto y un mercado en el que las estrategias y los tiempos de la negociación han ido cambiando, lo que hace que se firmen convenios con un plazo que se proyecta bajo el supuesto de determinado funcionamiento constante del mercado, lo cual es muy difícil de poder asegurar.

Visitas y Eventos Por otro lado señaló que más allá de los aspectos jurídicos, en este sistema de regulación parcial, la realidad impone una correlación de fuerzas donde además de haber pocas normas, no siempre se cumplen y no hay responsabilidad para quien no las cumple. Así, se entiende que el esquema presenta fallas de base, pues si bien centra su eje en la sindicalización, no define lo que es un sindicato, siendo que si el sindicato no es una persona jurídica no puede tener responsabilidad en caso de incumplimiento de un convenio. El convenio puede ser denunciado por las entidades que lo firmaron, pero si se diera el caso de incumplimiento por parte del sindicato, si éste no tiene personería jurídica no hay cómo dilucidar el tema en el ámbito jurídico, promoviéndose entonces un nuevo conflicto que requiere otra vez negociar, con lo cual el marco de hecho pasa a tener más peso que el marco de derecho. Refiriéndose a la ley 17.940, dijo que si bien es conocida como ley de fuero sindical, paradójicamente, no consagra fueros sino el ejercicio del derecho de ejercer la licencia sindical en los términos y condiciones que se reglamentan en el Convenio colectivo, lo cual, señaló, es muy lejano a un fuero. Un fuero es inmunidad, y este no es el concepto del ejercicio del derecho sindical, pues ese ejercicio tiene condiciones es que lo limitan, como ser, el hecho de que el delegado sindical es primero trabajador, y la ley establece claramente que el ejercicio de la actividad gremial en horario de trabajo requiere autorización del empleador. En la práctica, eso se traduce en los recursos del pre aviso, la coordinación y la no afectación de los procesos productivos. De ese modo, la ley prevé que el derecho sindical debe ejercerse en el marco de los otros derechos. El problema, es que no siempre esto se comprende así, y en ocasiones se considera que los delegados no pueden ser sancionados y gozan de libertad para disponer de su tiempo discrecionalmente dentro de la empresa. No obstante malas interpretaciones, existen casos donde el sistema de relaciones laborales fluye con una

buena relación entre las pertas y lo previsto por la ley funciona en forma armoniosa. En sistemas complejos sin embargo, no es tan sencillo generar un funcionamiento armónico y de confianza, advirtió Damonte: el marco regulatorio y los convenios no siempre conviven armoniosamente con la realidad. La conclusión de Damonte, a partir de la comparación entre la situación previa al 2005 y la posterior, es que el sistema planteado desde 2005 y con la regulación de 2009, ha puesto nuevamente en el centro a los negociadores, pues la regulación parcial ha dejado vacíos que generan conflictos y exigen la constante negociación, con lo cual la solución no viene del propio sistema sino de los acuerdos que logren las partes a partir de la gestión propia, tal como se operaba en el sistema previo a 2005. No obstante, hay sectores que han asumido esa regulación y han logrado avances positivos, dijo. Señaló que un aspecto clave de la ley 17.940 es que establece la nulidad de los actos discriminatorios de la actividad sindical, siendo éste un aspecto muy importante que involucra a un sinfín de medidas de recursos humanos que se toman día a día. La ley plantea que los actos serán nulos salvo que la empresa demuestre la causa razonable basada en capacidad o conducta. Surge también el tema de la abreviación del proceso laboral, a partir de lo cual las empresas tienen mucho menos tiempo para contestar una demanda o presentar una prueba. Los departamentos de Recursos Humanos deben comprender que no se trata solo de un aspecto de competencia jurídica que afecta a los abogados de las empresas, enfatizó el docente, pues si la empresa es demandada, las pruebas y respaldos de las acciones que se emprendieron desde la gestión de recursos humanos deben estar perfecta y celeramente documentadas para que se pueda cumplir con los plazos jurídicos abreviados y presentar las pruebas. Continuando con los aspectos impor|36|

tantes que debe atender a gestión de recursos humanos desde el punto de vista normativo, señaló el previsto por la ley 18.091: la prescripción de los créditos laborales. En función de ello los trabajadores en actividad pueden reclamar cinco años hacia atrás, y los que se han ido de la empresa, en el plazo de un año pueden reclamar también por un período de cinco años hacia atrás. Se requiere entonces que la empresa cuente con toda la documentación de respaldo al día. Las tercerizaciones constituyen otro de los aspectos clave que Damonte recomendó no ignorar. Señaló que si bien las tercerizaciones se conciben como un medio para hacer más eficiente el negocio central de la empresa, en nuestro país, las normas que regulan este tipo de subcontratación, si bien la permiten, al mismo tiempo plantean la responsabilidad subsidiaria y solidaria del contratante para con la empresa a la que se le ha tercerizado un servicio. Esta realidad exige a las empresas, además de pagar por un servicio, tener una estricta auditoría del cumplimiento y la documentación de la empresa tercerizada (laudos, pagos en fecha, aportes, etc.), pues los reclamantes de esta última, pueden actuar contra la empresa contratante y exigir reclamos, sin que sea necesario que primero ese reclamo pase por la empresa tercerizada. Pasando al ámbito de la salud y la seguridad, comentó que la ley 5.037 que regía, tenía 100 años de antigüedad. El art. 1 de esa ley establece en forma enunciativa, que las empresas deberán tomar acciones preventivas para evitar riesgos en la salud y la seguridad de los trabajadores. 101 años después, la ley consagra la responsabilidad penal por omisión, dando cierre a aquel enunciado a través del decreto 291 de 2007 que reglamenta un convenio internacional del trabajo, estableciendo entre otras cosas, que como parte de la gestión preventiva de seguridad y salud es necesario tener un delegado de salud de los trabajadores. Se trata de un tema que requiere un compromiso importante

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de parte del empresariado y conocimiento de las exigencias de la ley. La ley de responsabilidad penal, establece que el empresario es responsable no solamente en caso de accidente sino en caso de que pudiera haber ocurrido un accidente. La omisión en la prevención supone la responsabilidad penal. A todo esto se sumó la ley que libera el consumo de cannabis, y el decreto que la reglamentaba, que en su art 42 trataba los aspectos laborales, estableciendo que no se podían tomar acciones disciplinarias en relación al consumo de cannabis. Como por otro lado, la empresa debe cumplir con todo lo que debe cumplir so riesgo de ser culpable por omisión, -no solo en caso de que ocurra un hecho indeseado sino por la probabilidad de que hubiera ocurrido-, se configuraba una situación compleja para articular el cumplimiento simultáneo del art 42 con el 291/07, pues dado el caso de constatarse que un trabajador se encontrara bajo efectos del cannabis, el conflicto entre las disposiciones en cuestión era evidente. A partir de ello, Damonte comentó que se realizaron gestiones ante el Consejo Nacional de Salud, donde en representación del empresariado, se planteó la anterior dificultad de articulación normativa, habiéndose logrado una solución con el decreto 128 del 2016, que extiende el control y la reglamentación no solo al consumo de cannabis sino al alcohol y otras drogas, al mismo tiempo que deroga el artículo 42. Esto habilita la toma de decisiones en caso de constatarse que un trabajador se encuentra bajo efectos de alcohol o drogas, lo cual tiene un fundamental objetivo correc-

tivo y no sancionatorio, de modo que el decreto 128 establece que todo debe enmarcarse en una gestión preventiva y de detección precoz, en el marco de la salud y seguridad del trabajo. De hecho, la OIT entiende que el consumo de alcohol y drogas afectan la salud y en ese marco debe tratarse preventivamente. Volviendo a la ley 17.940 que reglamenta la licencia sindical, consagrando el derecho en función de la normativa interna e internacional existente, dice que se concederá licencia sindical remunerada en los términos y condiciones que se reglamenten por convenio colectivo. Lo más importante de esta ley, señaló Damonte, es la nulidad de los actos que se puedan calificar de discriminatorios o en menoscabo de la libertad sindical de los trabajadores. Se encuentran en este punto algunos conceptos difíciles de manejar, como el de la discriminación o el menoscabo, pues dependen mucho de la interpretación. Interpretar las conductas como discriminatorias o menoscabantes, tiene un alto componente de subjetividad, más en quien recibe el supuesto menoscabo o la discriminación, que en quien hipotéticamente está actuando en tales términos: un mismo hecho puede ser bien tomado por unos y mal tomado por otros. Cuando el objetivo de la ley era proteger el hecho sindical se discutió a quién proteger. Entonces, si lo que se quería era preservar a los interlocutores sociales en las instancias de negociación, esa protección debía circunscribirse a los delegados sindicales. Pero también existía la postura que abogaba por un alcan-

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ce más amplio para esa protección, pues quienes no son delegados también tienen derecho a ser protegidos en su condición sindical. Se fue más allá aún, y se entendió que lo que había que proteger no es al afiliado ni al delegado sino a todos los trabajadores enmarcados en el hecho sindical. De ahí que la ley se refiera a la discriminación o menoscabo “por razones sindicales”, independientemente de que el trabajador esté afiliado al sindicato, y de que sea o no delegado. Otro aspecto, es que la empresa debe demostrar que no ha existido discriminación, lo cual en derecho se conoce como inversión de la carga de la prueba, dijo Damonte. Ante un trabajador que alega haber sido discriminado, la empresa acusada debe demostrar que la discriminación no ha existido sino que se trata de una percepción. Se debe contar con un argumento de capacidad o de conducta que respalden la decisión tomada con respecto al trabajador. Probar razones de conducta para desestimar un reclamo, requiere ante todo contar con un reglamento interno de obligaciones y derechos que materialice el poder disciplinario que es inherente a la empresa, el cual si bien es inherente no es irrestricto y debe ajustarse a derecho, contemplando una serie de principios como el de gradualidad, proporcionalidad, buena fe, etc. El reglamento interno, debe estar escrito, debe ser comunicado y se debe contar con prueba de esa comunicación, esto es, recibo firmado por el trabajador, para que la empresa pueda probar que el regla-

Visitas y Eventos mento y el régimen de sanciones era conocido. Se debe demostrar que se ha cumplido con el requisito de la comunicación del reglamento. Cuando ante la notoria mala conducta se alega discriminación, debe considerarse que la notoria mala conducta se configura por la acumulación sucesiva de hechos menores o por un solo hecho grave, los cuales, para demostrar que no hubo discriminación, deben estar documentados, con el requisito de la firma, siendo que la firma en una sanción o comunicación de sanción solamente cumple un requisito de notificación y no significa validación ni conformidad con lo que se comunica. Si un trabajador se niega a firmar, debe documentarse la presencia de un testigo que confirme la negación de la firma, y en el documento debe constar que el trabajador fue notificado pero que se negó a firmar. Cuando existen antecedentes documentados, que dan cuenta que las sanciones responden a la normativa y no a discriminación, el tema queda laudado. Distinta es la situación si no se tiene reglamento o si por ejemplo se tiene reglamento pero no existe la documentación de las advertencias. Cuando se habla de la gradualidad se recomienda se inicie por el apercibimiento verbal, luego el escrito y luego se pase a otro tipo de sanciones. Incluso el apercibimiento verbal debe constar en algún registro, para poder probar que se ha cumplido con la gradualidad de las sanciones. Damonte señaló que éstos son detalles que en ocasiones hacen la diferencia entre ganar o perder un juicio. Ejemplo de ese tipo de situaciones son las mudanzas de domicilio que hacen imposible las notificaciones vía telegrama. Para prevenir ese tipo de situaciones, en el reglamento y/o en el contrato de trabajo debe constar que la modificación de los datos de contacto y domicilio del trabajador deben ser notificadas a la empresa. Esto, debe aplicarse con éste u otros asuntos, como por ejemplo la utilización de los implementos de protección en el trabajo: la empresa debe poder do-

cumentar que entregó los implementos, que el personal fue capacitado, que se hizo un seguimiento para la empresa tener la certeza de que los trabajadores usan en tiempo y forma los implementos de seguridad, etc. Señaló que es necesario distinguir dos conceptos: el de la discriminación y el de la discrecionalidad. Discriminar es no tener un fundamento para actuar diferente, ser discrecional es considerar las situaciones particulares. Ante un mismo hecho, por ejemplo una llegada tarde, se configura una circunstancia diferente si el caso es un trabajador que llega siempre tarde, o un trabajador que por una situación dada llegó tarde pero habitualmente es puntual. Se debe poder tratar diferente situaciones diferentes, con fundamento, ética y tratamiento ecuánime. Probar razones de capacidad también requiere herramientas de gestión y documentos en los cuales apoyarse. Entre las herramientas de gestión se encuentran la descripción del puesto, el perfil del cargo, la capacitación, la supervisión y la evaluación de desempeño. Un trabajador puede performar siempre, nunca o parcialmente, con los requerimientos del puesto. El operario, antes de ser evaluado debe tener clara la descripción de su puesto y cargo, haber sido capacitado si fuera necesario y conocer los factores de ponderación que se utilizan en la evaluación. Una vez que el trabajador tiene claro lo que debe hacer y sus principales responsabilidades, cuenta con los recursos para desempeñarse adecuadamente y la empresa lo ha supervisado, recién entonces se está en condiciones de establecer la evaluación de desempeño, la cual llegado el caso, junto al resto de las acciones, permitirá demostrar que las evaluaciones son negativas y desmentir la discriminación, con todos los instrumentos y documentos de respaldo que sean necesarios para probar la corrección de los procedimientos. Es preciso contar con estándares de comparación, los criterios a los que se responde, la comunicación de la discrepancia del rendimiento con los requerimientos del cargo, etc. |38|

Damonte insistió en recalcar que una sólida y ética gestión de recursos humanos y de relaciones laborales, son el mayor recurso para administrar la causa razonable contra la nulidad, pues de esa gestión se desprenden las posibilidades de, llegado el caso, ante una pretensión sin fundamento, poder establecer la prueba que corresponde para que la empresa pueda justificar la corrección en su accionar. Señaló que un efecto fundamental que se desprende de estas acciones es la credibilidad, confianza, certezas y estabilidad que se genera en el sistema de relaciones laborales. En este contexto, señaló que existen ciertas dificultades que responden a paradigmas instalados, que no se condicen con las necesidades del trabajo del mundo de hoy. Flexibilidad y multitarea por ejemplo, son requerimientos muy resistidos, señaló. Pasando a abordar la ley de negociación colectiva (ley 18.566 de diciembre 2009), Damonte planteó que su primer defecto es que no fue colectiva. Se basó en un proyecto de ley anterior de los años 90, que había tenido aspectos no consensuados habiendo quedado la ley como asignatura pendiente. Cuando en 2009 se aprueba la ley 18.566, y se vio que estaban planteados los puntos de controversia del proyecto anterior que había quedado en suspenso, las 24 cámaras empresariales se quejaron ante el Movimiento de Libertad Sindical de la OIT. Éste, envió a nuestro país una comisión, exigió algunas correcciones y si bien se está realizando el ejercicio de procurar consensos1, existen zonas de complejo tratamiento para el acuerdo. El art. 4 trata sobre el deber de buena fe en la negociación colectiva y plantea algunos puntos: 1) que se debe conferir mandato suficiente a los negociadores para que negocien 2) que las pretensiones deben fundamentarse 3) se debe tener disposición para intercambiar información necesaria para el proceso de negociación, siendo éste es uno de los puntos cuestionados en cuanto a la obligatoriedad de entregar informa-

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ción y a la información confidencial. Al respecto se consideró que si hay información confidencial hay obligación de reserva. Un agregado de la ley establece que quienes incumplan con el deber de reserva incurrirán en responsabilidades, aunque tales responsabilidades no han sido detalladas. Por estos temas el artículo está cuestionado. El consejo superior tripartito es uno de los elementos que cambian el sistema de relaciones laborales. Está compuesto por seis representantes del Poder Ejecutivo (Ministro de Trabajo, Director de Trabajo y asesores), seis representantes de las 24 cámaras empresariales y seis representantes de la central de trabajadores. Está definido como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales. A partir de esta definición el sistema de relaciones laborales está absolutamente regulado en forma tripartita, lo cual supone reparos para quienes consideran que las relaciones laborales deben ser bipartitas y que en lugar de la gobernanza del Poder Ejecutivo debe existir el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. La ley establece tres niveles en la negociación colectiva: consejo superior tripartito (órgano macro), rama (Consejo de Salarios) y empresa (negociación bipartita). La ley dice que se puede negociar en cualquiera de estos niveles, pero que quien negocia a nivel bipartito no puede negociar por debajo del nivel superior. Puede pactar diferente (mejorando cosas por ejemplo) pero no por debajo del nivel de rama. El convenio que se negocia en la rama es obligatorio para todo el sector, hayan negociado, participado o no. En el tercer nivel, de empresa, se puede negociar libremente cualquier materia pero nunca por debajo de los mínimos otorgados en la rama. En este nivel, por los trabajadores los autorizados a negociar son los sindicatos y si hay más de un sindicato, el más representativo. Por la empresa los autorizados a negociar son el representante de la empresa, la gremial empresarial, el apoderado,

el delegado. Pero si no hay organización sindical de base, a nivel de negociación colectiva por empresa, la legitimación para negociar recaerá en la organización sindical de nivel superior. Este punto motivó el reclamo de las gremiales empresariales ante el Movimiento de Libertad Sindical de la OIT, pues se entiende que esta disposición viola el principio de la autonomía de la voluntad, pues así como se debe proteger al trabajador por su condición de optar por afiliarse a un sindicato, se debe proteger o respetar a aquel trabajador que opte por no adherir a un sindicato. Suponiendo una empresa en la que los trabajadores optaran por no organizarse sindicalmente, en nuestro sistema esos trabajadores no son sujetos de la negociación colectiva, lo cual se considera desconoce el derecho libre de suscribir o no a un sindicato. En otras palabras: el que no está afiliado o no tiene un sindicato, no está habilitado para negociar. A partir de la ley además, una vez que el convenio se sube a la página web del Ministerio de Trabajo, entra en vigencia. La nueva ley elimina el requisito de homologación y de publicación en Diario Oficial. Otro punto a considerar, es la discusión en cuanto a la ultractividad de los convenios, esto es, la perdurabilidad o no de los efectos de los convenios más allá de su caducidad. Existen a este respecto dos posturas: 1) la teoría de la incorporación de los derechos individuales del trabajador, que plantea que los beneficios establecidos en el convenio quedan incorporados a los derechos individuales una vez vencido aquél y 2) la teoría de la autonomía de la voluntad de las partes, que dice que los términos del convenio terminan con la fecha de caducidad del mismo. Se trata de una discusión jurisprudencial y de doctrina presente desde siempre en el ámbito de la negociación colectiva y que desde el año 2006 comenzaba a inclinarse hacia la teoría de la autonomía de la voluntad de las partes, si bien en los hechos esto implicaba el riesgo de conflicto si caía algún tipo de beneficio planteado |39|

en el convenio, señaló Damonte. En 2009, la ley establece que los convenios colectivos vencidos mantendrán su total vigencia hasta que un nuevo convenio los sustituya, salvo que las partes acuerden en contrario. En cuanto a la cláusula de paz, se plantearon aspectos importantes a considerar. El art. 21 establece que “durante la vigencia de los convenios las partes se obligan a no tomar medidas que contradigan lo pactado ni a aplicar medidas de fuerza por ese motivo”. El incumplimiento de la cláusula de paz habilita a la rescisión del convenio, pero deberá recurrirse a la vía judicial. El convenio garantiza por lo pactado, pero no sobre lo no pactado. Lo que no garantiza esta cláusula de paz, es que el proceso de negociación que se cerró luego de esfuerzos y recíprocas concesiones se respete como cerrado durante el plazo de duración del convenio, pues de lo contrario la cláusula de paz no oficia como tal, y queda vulnerado el sistema de negociación colectiva y la certeza jurídica respecto a la fuerza de los acuerdos logrados. Damonte cerró su exposición planteando que es mucho el trabajo por hacer en la gestión de recursos humanos. Los aspectos normativos dejan espacios blancos que deben ser completados y cubiertos con una adecuada gestión que en el marco de la cultura de trabajo se base en el diálogo, en un modelo integracionista y ganar – ganar, en la buena fe, en la disposición de agregar valor a la organización y en una apuesta al compromiso mutuo en lugar de la confrontación.1. Considerar a estos efectos que el seminario fue dictado en agosto 2016, y que al momento en que el lector se encuentre con este documento pueden haber surgido novedades en la materia

Visitas y Eventos

Conferencia LIDECO

Declaración de concurso: Impacto para deudor y acreedor. Responsabilidades, posibilidades de cobro, consideración de las garantías

Apertura del Presidente de LIDECO, Cr. Pablo Montaldo. De izquierda a derecha: Dr. Fernando Cabrera, Dr. Daniel Martínez Vigil, Cr. Pablo Montaldo, Dr. Carlos López, Dr. Eugenio Xavier de Mello

Sofitel,

5 de Octubre

gradeciendo la presencia del panel y del público, el Cr. Pablo Montaldo, Presidente de LIDECO abrió el evento recordando que cuando en 1915 se funda Liga de Defensa Comercial, se establecía dentro de sus cometidos clave la prevención del fraude que se perpetraba mediante el mal uso de los entonces llamados concordatos. Para reforzar lo anterior citó el literal b del art. 3 de los Estatutos Sociales, donde se lee que nuestra Institución procurará “Combatir la deshonestidad comercial y principalmente los fraudes que se realizan por medio de los concordatos y arreglos privados o liquidaciones amistosas, tratando de hacer recaer sobre los culpables, las sanciones que les correspondan, propendiendo así al saneamiento general del comercio. Para que la acción de la Liga sea eficaz en este caso, se abocará por sí misma al conocimiento de esos asuntos y resolverá el temperamento a seguir…”

En la mañana del 5 de octubre, el Salón Doré de Sofitel fue nuevamente el escenario de nuestro ciclo de conferencias. En esta oportunidad, para departir junto al Dr. Eugenio Xavier de Mello (Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay), el Dr. Carlos López (Presidente del Colegio de Síndicos e Interventores Concursales), el Dr. Daniel Martínez Vigil (Integrante del Sector Jurídico de LIDECO), y el Dr. Fernando Cabrera (Responsable del Sector Jurídico de LIDECO), sobre un tema muy propio del quehacer institucional de LIDECO, como es la materia concursal. En el marco de la ley 18.387 de Declaración de Concursos y Reorganización Empresarial, esa inmejorable mesa de disertantes analizó diversas perspectivas del impacto que la declaración de concurso tiene para la empresa deudora y para la acreedora en cuanto a las responsabilidades de los administradores, las posibilidades de cobro y la consideración de las garantías. Con el Salón Doré colmado de público, el evento encontró un auditorio participativo que tuvo la oportunidad de profundizar y despejar inquietudes sobre un tema complejo y de sumo interés para el empresariado. Continuó diciendo que desde hace más de 100 años la gremial viene ocupándose de estos asuntos, habiendo llevado adelante esta labor |40|

prestigiosos profesionales, desde los distintos roles en que la misma se ejerce: el rol de síndico, de interventor o de representante de empresas

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en la junta de acreedores. Dijo que la representación en concursos es el único servicio que desde sus orígenes LIDECO presta a socios y no socios, por entender que es de vital importancia contar con un rol articulador que por encima de los intereses particulares cortoplacistas, prestigie las soluciones de mayor impacto para beneficio de todos en términos de la recuperación de la salud del comercio. Señaló que se trata de un rol nada sencillo, porque no son sencillas las circunstancias de las que se ocupa: las crisis empresariales y el impacto que generan en el sistema. En ese ejercicio, remarcó que LIDECO participó en las sucesivas reformas y ajustes de las leyes referidas a estos temas, así como en asuntos concursales complejos en los que fue designada y en algunos en que sin haberlo sido, sí fue objeto directo de consulta, en función de la experiencia institucional gestada en la materia. Citó el surgimiento del curso de especialización para Síndicos e Interventores como muestra de la necesidad de profesionalización en la materia, destacando que los disertantes presentes habían todos participado, como participantes propiamente dichos o como docentes, en tales instancias de formación. “Institucionalmente entendimos que era importante además, ofrecer un espacio para que el empresario y administrador comprenda a cabalidad la complejidad de las implicancias que lo involucran ante la eventualidad de que su empresa deba ampararse en un concurso, o ante la eventualidad de ser acreedor en un concurso”, dijo. “Responsabilidades, posibilida-

Vista general

des de cobro y consideración de las garantías son los temas a recorrer, acompañados por una mesa inmejorable que tiene hoy el desafío de enfrentarse a un nutrido público el cual esperamos aproveche esta instancia para plantear dudas e inquietudes”. Augurando una mañana provechosa, dio paso a la palabra de los expositores.

Las garantías de los créditos frente al concurso Dr. Eugenio Xavier de Mello Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay Agradeciendo la invitación y el enfoque práctico dado al evento, Xavier de Mello abordó prontamente el tema de las garantías en el concurso, destacando la complejidad del tema y de la normativa en la materia concursal. Ubicó al crédito como la savia que nutre al organismo económico, y procuró delimitar el concepto de garantía a partir de señalar que es utilizado de diversas maneras tanto en el lenguaje técnico como en el popular, planteando la complejidad de pretender definir en forma simple

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un concepto cargado de una amplia multiplicidad de usos. Distinguió una primera división tradicional entre garantías personales y reales, siendo que dentro de esas categorías hay diversas especies, dudas y discusiones. En materia de garantías reales la ley de concursos distingue los créditos garantizados con prendas e hipotecas, que son los derechos que menciona la ley de concursos entre los clasificados como privilegios especiales. Señaló que se discute cómo debe calificarse y donde ubicar en la clasificación de las garantías al fideicomiso de garantía, porque en el mismo hay un efecto real, porque se transfiere la propiedad de un bien a un fiduciario en garantía de una obligación, pero el bien no permanece en el patrimonio del deudor. A su vez, las garantías reales pueden ser sobre bienes propios del deudor o sobre bienes de terceros, habiendo entre unas y otras una muy grande diferencia de tratamiento, porque en las garantías de terceros no está comprometido un bien que integra la masa activa del concurso. Con respecto a las garantías personales dijo que también el elenco

Visitas y Eventos es muy amplio, detallando entre ellas 1) la fianza: típica garantía personal, en sus diversas clases, a saber, fianza civil comercial, fianzas específicas o genéricas, fianzas sobre créditos presentes o futuros 2) el aval cambiario que se agrega como garantía específica en los títulos valores (letras, vales, cheques), siendo su carácter especial que tiene fuente unilateral y no contractual, lo cual amerita su estudio particular 3) las garantías a primera demanda, llamadas avales bancarios, que permiten un cobro muy rápido de los créditos y 4) los seguros de caución y otras categorías Con respecto a las garantías reales, planteó que, 1) se parte de la base de que todos los créditos garantizados por garantías reales forman parte de la masa pasiva del concurso, o sea, son deudas que asumió el concursado 2) se plantea que los titulares de garantías reales pueden pedir el concurso y asistir a la junta de acreedores si su crédito está verificado o si fueron autorizados expresamente por el juez a participar, señalando no obstante que, surgen problemas a la hora de votar, pues si los acreedores con garantías prendarias e hipotecarias votan, pierden su privilegio (salvo que tengan otros créditos específicamente incluidos en la categoría además de otros que sean comunes, en cuyo caso se puede entender que votaron por los comunes. Si tienen solo un crédito con privilegio especial y votan, pierden la garantía) 3) los acreedores de créditos quirografarios suficientemente garantizados con garantías sobre bienes de terceros o de otra forma, no pueden votar Señaló que otros aspectos de la norma recaen sobre las garantías reales, como ser, en sede de revocación de determinados actos del concursado, el llamado período de sospecha y en casos en los que se levantan las garantías constituidas cuando se dan los requisitos que establecen las normas. Remarcó la importancia de considerar que existe una especie de espera en la cual lo que se pretende es que la existencia de garantías reales que muchas veces afectan a bienes muy

Andrea Alterwain, Hernán Mata, Ma. José Iramendi, Adriana Giménez, Marcelo Debat

relevantes del activo del deudor, no obstaculice la búsqueda de acuerdos. Así, los acreedores titulares de prenda o hipoteca no pueden continuar las ejecuciones ya iniciadas ni promover nuevas ejecuciones si esto no ha ocurrido en el momento de la declaración del concurso. A partir de allí se abre un plazo de 120 días dentro del cual les están vedadas las acciones antes mencionadas. Se supone que ese plazo de 120 días es suficiente para que se pueda incluir en las negociaciones que se realicen con los acreedores, también a los preferentes. Al respecto dijo, se ha discutido que es un plazo muy exiguo, cuestionándose además si los titulares de créditos con privilegio especial tienen que verificar sus créditos. Como la ley dice que se tienen que verificar todos los créditos, también estarían incluidos los créditos prendarios e hipotecarios, pero, por otra parte, como el proceso de verificación puede llevar un tiempo y además puede haber impugnaciones, se podría volver ilusoria la posibilidad tan importante que se otorga para en 120 días promover ejecuciones o continuarlas.

judicar a los acreedores que fueron diligentes haciéndose otorgar prendas o hipotecas, pues comprometer sus derechos podría tener un impacto sistémico gravísimo, en la medida en que si el crédito es esencial para la economía y las garantías esenciales para el crédito, comprometer el valor de las garantías reales generaría efectos negativos en cuanto a la concesión de créditos y al aumento de las tasas por aumento del riesgo.

De Mello señaló que mediante ese tiempo de espera se quiso lograr un equilibrio entre intereses contrapuestos a efectos de procurar: 1) favorecer las negociaciones para llegar a un acuerdo con los acreedores y salvar la unidad productiva 2) que el peso de las garantías reales no impida llegar a una solución, y 3) no per-

Sobre el punto comentó que se discute si un crédito no verificado es un crédito que no puede hacerse valer en el concurso, pues en la medida en que luego de la verificación el síndico o el interventor hace una lista donde figuran todos los acreedores que han verificado, la ley dice, según Xavier de Mello, que también en esa lista

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Agregó que pese al anterior intento, la verificación puede sembrar incertidumbre sobre esa posibilidad en función de las posibles impugnaciones. El beneficio que a partir de las verificaciones eventualmente podría tener un acreedor prendario o hipotecario puede derivar de que si la garantía no cubriera la totalidad del crédito adeudado, quedaría un saldo sin cobrar que podría entrar dentro de los créditos quirografarios, por ende quedar librado a la suerte del concurso y así eventualmente el acreedor podría cobrar su saldo. No obstante, se entiende que podría considerarse no esencial la verificación para este tipo de créditos preferentes.

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se incluyen los no verificados de los que haya constancia suficiente, y que aprobada la lista, todos los créditos que ella contiene se tendrán por verificados, por lo que parecería que pese a que de la ley surgiría en principio la necesidad de la verificación, ésta no es imprescindible ni siquiera para los acreedores quirografarios en la medida en que el síndico o interventor tengan suficientes elementos como para incluir créditos en la lista. Pasó luego a listar las ventajas de los acreedores con privilegio especial (prendarios e hipotecarios: 1) si el crédito fue constituido en moneda extranjera, no es necesario convertirlo en moneda nacional como sí ocurre con los demás créditos 2) no se suspende el curso de intereses, lo cual sí ocurre con los créditos comunes a partir de la declaración del concurso. En este punto se discute si la no suspensión abarca tanto a los créditos compensatorios como a los moratorios, planteándose que en tanto los créditos moratorios son como una sanción, deberían ser tratados como créditos quirografarios y no estar cubiertos por la garantía, estando sobre este tema totalmente abierta la discusión. En cuanto a los créditos con garantías personales señaló que son aquellas que recaen sobre la generalidad del patrimonio del deudor y de su garante, existiendo un amplio elenco de garantías posibles. El art. 2372 del Código Civil establece que “los bienes todos del deudor son la garantía común de sus acreedores”, donde la palabra garantía está refiriendo a la obligación, a la responsabilidad y a lo que alcanza la responsabilidad del propio deudor, que responde con todos sus bienes, a diferencia de la garantía prendaria

Martín Hermida, Inés Tambasco, Guzmán Arregui, Luis Bornonet

o hipotecaria, que recaen sobre un bien específico. Ejemplificó que en el caso de una fianza el deudor responde con todos sus bienes y el fiador también, de modo que el acreedor que logró a su favor una garantía personal podrá, aunque su crédito sea quirografario, pretender el cobro por fuera del concurso reclamándole el pago a su fiador, lo cual constituye una ventaja muy importante por sobre las garantías reales. En la fianza, si el fiador paga la deuda de su afianzado, adquiere el derecho a repetir lo que ha pagado contra ese propio deudor afianzado, y esto abre una situación especial. Cuando el legislador establece los criterios en base a los cuales se van a ubicar los créditos en cada categoría, no utiliza el mismo criterio, y ello permite que un mismo crédito o que en una misma relación crediticia pueda haber una calificación doble y teóricamente hasta triple: puede haber un acreedor con privilegio especial que a su vez tenga un privilegio general. Citó como ejemplo a la DGI, que puede pedir al deudor que constituya una

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prenda o hipoteca, en cuyo caso estaríamos ante un crédito preferente por la prenda e hipoteca y un deudor con privilegio general por la deuda tributaria si es de las que la ley considera preferidas. De Mello advirtió que en el vértigo de la actividad comercial, tanto acreedores como deudores no suelen prestar ante el tema de las garantías la debida atención y cuidado, porque cuando solicitan o dan un crédito no están pensando en la posibilidad de un concurso. Pero atendiendo a que nadie está a salvo de la crisis empresarial, recomendó que en la selección de las garantías, tanto deudor como acreedor tengan en cuenta una serie de consideraciones: 1) la aptitud de la garantía conforme a su naturaleza y valor, para lograr el efectivo pago de las obligaciones 2) el costo y tiempo de su ejecución 3) el costo de la constitución de la garantía. En caso de que la garantía tenga costo, como en el caso de la prenda e hipoteca, generalmente lo asume el deudor

Visitas y Eventos 4) que la garantía no tenga la posibilidad de caer mediante la acción revocatoria concursal: cuando se declara un concurso hay un período hacia atrás (período de sospecha) en el cual hay determinados actos realizados por el deudor que pueden ser revocados. La ley prevé que si se constituyen garantías reales sobre los bienes del deudor en los seis meses previos a la declaración del concurso, hay una sospecha de que esa garantía se constituyó en previsión de aquel, con lo cual la garantía podría revocarse (si se están garantizando obligaciones pre existentes u obligaciones vencidas) 5) que el deudor por lo general tiene el mayor interés en que las garantías sean las menos posibles (si bien un crédito bien garantizado tiene la ventaja de verse afectado por tasas más bajas) pues cuantas más garantías ponga a favor de un acreedor se reduce su patrimonio para nuevos créditos y si llega a concurso, el hecho de que existan muchas garantías puede afectar la posibilidad de que se realice una negociación de cara a un convenio de pago 6) que el acreedor va a luchar por tener las mejores garantías, con independencia de cómo quede ubicado el deudor para hacer frente a un convenio dado un concurso 7) que en previsión de un concurso, el acreedor puede exigir obligaciones complementarias en un contrato, las cuales le permitirán estar en mejores condiciones si el mismo sucediera. La ley de concursos prohíbe estipular que un contrato se rescinde si se declara un concurso, pero sí permite establecer otras condiciones resolutorias para las etapas previas a la declaración de concurso a modo de alerta, como ser que si cambia la relación entre activos y pasivos, se enajenan determinados bienes, si la plantilla de personal se reduce, o si la producción o comercialización bajan en determinados porcentajes, podría ser causal de resolución del contrato 8) que quien concede un crédito debe estar informado antes de otorgarlo y durante el plazo en el cual el crédito no ha sido pagado, pues la información permitirá al acreedor reaccionar a tiempo para tomar previsiones, como ser la tolerancia cero en mate-

Exposición del Dr. Fernando Cabrera

ria de atrasos o moras en los pagos cuando las condiciones comerciales de la empresa permiten prever dificultades o un eventual concurso.

La actuación de los acreedores en el proceso concursal Dr. Carlos López Presidente del Colegio de Síndicos e Interventores Agradeciendo la invitación de LIDECO, la presencia de jueces de concurso, docentes y profesionales afines a la materia concursal, López planteó que cuando se dictó la ley 18.387, ella era esperada con ansiedad en contraste con cierto desprestigio del régimen anterior. A ocho años de aplicación, pueden reverse algunas de las críticas planteadas con respecto a aquel, dijo. El expositor hizo una breve retrospectiva para dar cuenta de que las actuales leyes vienen de muchísimos años de aplicación de antiguas leyes de las que derivan nuestros actuales códigos de comercio, lo cual ha determinado que los acreedores hayan construido una forma de ver, un léxico y una actitud frente al fenómeno concursal, todo lo cual no se cambia automáticamente con una ley nueva. En ese marco López planteó sus dudas respecto a si realmente hubo un cambio en los acreedores a partir de la ley concursal de 2008, en la cual se le cambió el nombre a todo: la quiebra no se llama más quiebra, el concordato tampoco y ahora todo es concurso; al quebrado no se le dice quebrado ni fallido, sino deudor, para evitar connotaciones negativas; |44|

la insolvencia no es más insolvencia porque hay un concepto legal de insolvencia que tiene poco o nada que ver con el concepto de insolvencia económica, siendo que la insolvencia económica es solo una presunción relativa de insolvencia jurídica porque a pesar de que se demuestre que se está en insolvencia económica es posible demostrar que no se está e insolvencia jurídica y entonces no concursar. Todo esto, a criterio del expositor, provoca una serie de confusiones sobre todo en el empresariado, dado que si una empresa concursa se supone que es insolvente en el sentido económico (pasivo mayor que activo), pero no tiene por qué ser así: los concursos se pueden declarar aún cuando el activo es mayor que el pasivo, en caso de lo cual se designa un interventor y no un síndico. Llegado a este punto dijo además que los operadores del mercado (empresas e incluso empresas estatales) no terminan de entender la diferencia entre un síndico y un interventor, cuando entenderlo es clave debido que la legitimación para los actos del deudor varían en mucho cuando se está ante uno u otro. Entre otras confusiones, planteó que cuando un deudor solicita un proceso concursal porque cree que tiene chance de plantear un convenio, el empresario que observa de afuera asimila el hecho a una quiebra, y no es así. Antes, señaló, quien pedía concordato estaba en concordato y no en quiebra, y eso era claro para cualquier actor del mercado. También a la inversa ocurre lo mismo, cuando una empresa pide concurso estando

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al borde de la liquidación. El cambio de palabras planteadas por la ley, para López tuvo consecuencias bastante complejas. También señaló que otra de las creencias que circula respecto a la ley, es que la misma tiene como objetivo primordial mantener la empresa en marcha, cuando esto no es así, sino que la preservación de la empresa existe únicamente como medio, y no como un fin: es un medio para que cuando llegue la liquidación, los acreedores tengan mejor condición de valor para recuperar sus créditos, porque se considera que si la empresa se vende en marcha tendrá mejor valor que si se vende por separado. Esa es la razón para conservar la empresa en marcha. No hay ninguna norma de tutela para la empresa como valor en sí mismo. Volviendo a los orígenes de esta ley, López comentó que se llegó a ella tomando como base el aporte del Prof. Ángel Rojo Fernández Río, autor de la Propuesta de Anteproyecto de Legislación Concursal, que también fue fuente de la legislación española en la materia, de lo cual se deriva la errada conclusión de que nuestra ley deriva de la española. No obstante

el profuso conocimiento en derecho del citado profesional, algunos de los aspectos de la ley que derivan de su aporte, parecen surgir más del escritorio que de la práctica, dijo López, como ser el caso de las alertas tempranas, a partir de lo cual se promueve la idea de que la empresa debe ingresar rápidamente en concurso pues cuanto más rápido lo haga se supone no está en tan malas condiciones y tendrá más chances de salir adelante y los acreedores a su vez, tendrán más chances de recuperar sus créditos. La ley promueve la presentación temprana y habilita incluso al acreedor a que solicite el concurso de su deudor. López advirtió que el acreedor que solicita el concurso temprano debe saber que: 1) una vez que lo solicita no puede desistir 2) una vez que se inicia el concurso ya el tema es de orden público y no entre deudor y acreedor, habilitándose una enorme cantidad de medidas (entre ellas la designación de un síndico o interventor) por considerar que la empresa concursada es peligrosa para el crédito 3) la ley establece responsabilidades para quien pide un concurso, por abuso de la solicitud y por haberla solicitado sin fundamento, existiendo

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la interpretación de que si el concurso es rechazado significa que no tenía fundamento, con las consecuencias que ello conlleva para el solicitante del proceso 4) el daño que se le causa a una empresa a la que se le pide el concurso es enorme, y el acreedor puede ser responsabilizado por ello. Por otro lado, ya desde la perspectiva del deudor que pide su propio concurso, advirtió también que debe saber que acorde al previsto incidente de calificación del concurso, éste puede declararse culpable y en ese caso: 1) puede condenarse al administrador con un plazo que va entre 5 y 20 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos o propios, es decir, no puede disponer de su patrimonio, con lo que se configura una verdadera muerte civil y 2) pesa sobre el administrador una condena a la cobertura del déficit patrimonial, se le puede condenar a pagar todo lo que no se pudo pagar con los activos de la empresa. La única forma de poder evitar el incidente de calificación es que el concurso haya sido voluntario pero aún así, acumulativamente debe lograr un convenio para pagar el 100% de lo que debe en menos de dos años, lo cual, supone de hecho que si la empresa estaba en condi-

Visitas y Eventos ciones de cubrir sus deudas en dos años, no hubiera sido necesario el concurso: los casos en que esto ha sucedido, dijo López, son excepcionales. Los elementos anteriores, al decir de López, están lejos de alentar el concurso temprano, tal como lo pretendía el legislador, con lo cual confirma su parecer respecto a que algunos aspectos de la ley fueron más pensados desde la biblioteca que desde la práctica empresarial. Muy por el contrario, señaló, el empresario va a evitar la solicitud hasta el último momento en que no quede ya nada por prendar e hipotecar, lo cual empeora a su vez toda la situación. A su criterio, todo lo visto tiene sobre los acreedores una consecuencia nefasta, porque si son privilegiados (con privilegio especial), el concurso es una mera molestia: debe esperar 120 días para ejecutar sus garantías. El problema lo tienen los acreedores quirografarios, porque en función de todo lo anterior, generalmente encuentran que la empresa no dispone de activos para recuperar su crédito, porque todo lo que valía está hipotecado o prendado, de modo que cuando llegan los síndicos se dedican a inventariar lo que no tiene valor. En un concurso cobran los acreedores que tienen privilegios especiales, los laborales a veces y a veces también la DGI, por lo cual, el acreedor quirografario se ve desestimulado, según López, a presentarse a verificar sus créditos. López también relativizó el valor de la Junta de Acreedores, pues desde su perspectiva, si no hay convenio, si no hay propuesta, si hubo convenio extrajudicial, no hay Junta, siendo absolutamente excepcional que se vote un convenio en una Junta, cuando supuestamente lo más importante de la Junta es firmar el convenio. Todo eso crea un gran desaliento para los acreedores quirografarios, siempre y cuando además consigan verificar sus créditos. “Mi pronóstico es un poco pesimista, así como está la situación, no creo que hayamos adelantado algo, sobre todo desde el punto de vista de los acreedores, y

hasta cierto punto me llego a cuestionar si vale la pena que exista un proceso concursal simplemente para llegar a una liquidación de unos muebles viejos y nada más, y que nadie cobre nada”, dijo. El Dr. López culminó su alocución agradeciendo la atención de los presentes.

Precauciones para la firma de los convenios Dr. Daniel Martínez Vigil Integrante del Sector Jurídico de LIDECO Agradeciendo a todos la presencia y a los integrantes de la mesa, Martínez Vigil comenzó diciendo que en LIDECO no se tiene una visión tan fatalista de los concursos si bien la práctica muchas veces ha reflejado lo expuesto por el Dr. López. Señaló que LIDECO, por mandato estatutario y porque la ley así lo indica, tiene por norte la defensa de los acreedores y la defensa del crédito. Anunció que basaría su exposición en la firma de los convenios, porque es una instancia clave del concurso, en tanto decide la continuidad o la liquidación de la empresa: si el convenio no se presenta o no se aprueba, la consecuencia inevitable es la liquidación. El desafío es que hay muchos intereses encontrados, dijo, no solo entre deudor y acreedores, sino además el interés divergente de los acreedores, cada uno de los cuales tiene situaciones, necesidades y expectativas diferentes en cuanto a montos y plazos. Lo difícil para el deudor es lograr una propuesta que pueda satisfacer tales divergencias y ser aprobada. Existe un plazo para presentar la propuesta: el deudor debe presentarla 60 días antes de la celebración de la Junta de Acreedores, la cual a su vez debe fijarse en un máximo de 180 días desde que se declara el concurso, con lo cual hay un máximo de 120 días para que el deudor presente la propuesta, que coinciden con los 120 días de espera con que cuenta el acreedor prendario o hipotecario para iniciar su ejecución. La propuesta de convenio entonces |46|

debe incluir una fórmula de pago para los acreedores con privilegio especial, pues de nada sirve arribar a un convenio para que en el día 121 el acreedor prendario o hipotecario inicie sus ejecuciones. En la práctica se da un problema: el proceso de verificación de los créditos. Desde LIDECO, dijo, se insiste en que es preferible que los acreedores comparezcan a verificar sus créditos en tiempo y forma. En los hechos ese trámite excede el plazo de 60 días más los 30 que tiene el síndico o interventor para hacer el informe de verificación. Supuestamente se debería poder contar con una lista firme de acreedores a los 90 días de la declaración del concurso, pero por impugnaciones, presentaciones tardías de acreedores, etc., ese trámite se demora, y ello conlleva a que la Junta de Acreedores no se realice, porque no puede realizarse sin que se sepa cuánto se debe y a quién. De ahí que la Junta se prorrogue o se suspenda hasta que quede firme esa lista, determinando que el único beneficiado en ese proceso sea el deudor, que ve demorada la presentación de un convenio. Advirtió que la propuesta de convenio debe incluir: 1) la fórmula, que normalmente será una quita y una espera 2) un plan de continuación o de liquidación que especifique de dónde se van a obtener los recursos para pagar lo pautado en el convenio, y en el caso de la continuación, también los recursos para seguir funcionando. Si el deudor sabe que no podrá seguir funcionando, a través de una salida conveniada evita las reglas que da la ley para la liquidación 3) las firmas del deudor persona física o de todos los administradores en caso de persona jurídica. Este requisito evidencia la importancia que le da la ley a esta instancia de convenio, marcó, y agregó que, si falta cualquiera de esos elementos, ello equivale a no haber presentado el convenio y la consecuencia es la liquidación. En cuanto a las mayorías necesarias para lograr la aprobación, en términos generales la ley establece la mayoría del pasivo quirografario

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con derecho a voto. Los acreedores privilegiados no votan, y en caso de hacerlo pierden su privilegio. La ley también prevé distintas fórmulas según la quita o la espera que el deudor ofrezca: 1) si la fórmula plantea un convenio gravoso para el acreedor, se deben requerir mayorías más exigentes: las dos terceras partes de ese pasivo 2) si la fórmula es beneficiosa para los acreedores, puede requerirse la cuarta parte del pasivo quirografario con derecho a voto, en caso por ejemplo de que se ofrezca pagar el 100% del pasivo antes de dos años, o pagar inmediatamente de la homologación del convenio con una quita que no supere el 25% de lo adeudado. Refiriéndose a las Juntas de acreedores, concordó con López en que la práctica indica que las Juntas de Acreedores no se hacen, porque el deudor no asume el riesgo de exponerse a que los acreedores voten la propuesta y porque los acreedores no van a la junta, sea porque están descontentos con el deudor que no pagó, o porque no creen que la salida que pueda llegar a ofrecer sea viable. La alternativa que la ley da a ese deudor es acordar directamente con los acreedores y presentarse el día antes de la junta con las firmas recogidas extrajudicialmente. Pero, dijo que el artículo que habilita a esto, dice que lo único que puede presentarse de este modo son las adhesiones pero la propuesta de convenio debería estar formulada con una anterioridad de 60 días de la fecha de

Silvia Lamela, Ec. Bernardo Quesada

celebración de la Junta de Acreedores, de manera que el deudor debería sí o sí presentar la propuesta (con el plan de financiación o de liquidación) bajo la sanción de la liquidación y luego recién salir a recoger las adhesiones que tiene tiempo para presentar antes de la junta. En la práctica presentan propuesta y adhesiones al mismo tiempo. Martínez Vigil planteó que es una falsa oposición decir que el acreedor se encuentra atrapado en la obligación de aceptar la propuesta de convenio so riesgo de no cobrar nada. Si bien es cierto que llegado el concurso la gran mayoría de los bienes de la empresa están prendados o hipotecados y lo que queda no tiene valor ni alcanza para pagar, eso jamás puede ser un argumento para decidir acompa-

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ñar o no una propuesta de convenio. LIDECO entiende que la propuesta debe ser correctamente analizada. Así, señaló que una buena propuesta de convenio debería contener las siguientes cláusulas: 1) fecha cierta de inicio de los pagos, estableciendo claramente la fecha o un plazo acotado. El expositor señaló no obstante diversas circunstancias que pueden demorar la homologación del convenio (el convenio debe ser publicado, pueden presentarse oposiciones, eso tiene un trámite legal y pueden ser apelados, con lo cual existe una demora) 2) centralización de pagos, lo cual implica sacar de las manos del deudor el cumplimiento del convenio, y liberar al acreedor de la carga de hacer

Visitas y Eventos el seguimiento de fechas y plazos. La centralización exige al deudor pagar la cuota entera a un tercero, que se hace responsable de hacer la distribución a todos los acreedores, de modo que llegada la fecha de pago, el deudor debe pagar la cuota entera con independencia de que el acreedor acuda a cobrar o no. Cambia la carga: del acreedor pasa al deudor 3) reajuste de las obligaciones o fórmula de pago de intereses 4) ofrecimiento de algún tipo de garantía de que ese convenio va a cumplirse, por ejemplo, sobre bienes de terceros 5) debe prestarse especial atención al porcentaje de quitas ofrecido: LIDECO entiende que el concurso no implica que el deudor deba pagar menos de lo que debe. Puede haber circunstancias en la que la dificultad de pago se subsane con una espera prudencial 6) debe atenderse la cantidad de cuotas y cuán separadas están en el tiempo, por el régimen de mora establecido. Ej: si las cuotas son anuales y se establece la caída en mora a partir del no pago de dos cuotas consecutivas, para poder hacer caer ese convenio en caso de incumplimiento será necesario esperar dos años. Lo ideal sería que el convenio planteara cuotas acotadas en el tiempo, para prevenir que el único objetivo del convenio sea retardar una inevitable liquidación 7) la viabilidad de la propuesta. La ley da una causal específica de oposición al convenio a la inviabilidad de la propuesta. Por otra parte, síndicos e interventores están obligados a informar específicamente sobre el plan de continuación propuesto por el deudor, el cual debe decir de dónde obtendrá los recursos, detallar los gastos fijos, detallar los gastos operativos, cuánto del excedente va a estar destinado al pago de las cuotas del convenio, cuánto del excedente va a estar destinado a gastos de funcionamiento y cuánto destinado al pago de los acreedores con privilegio especial. Analizar los flujos de fondo, los ingresos históricos de este deudor, compararlos con los ingresos de otras empresas del ramo, es requisito para poder determinar efectivamente la viabilidad de su propuesta.

Estas recomendaciones, dijo Martínez Vigil, han sido sostenidas por LIDECO a efectos de promover que las propuestas sean serias, posibles, y no un instrumento que desvirtúe la herramienta concursal para evitar o dilatar una liquidación, pues cuando la empresa no es viable lo mejor es que desaparezca del mercado. El objetivo es proteger la tutela del crédito y del pago de los acreedores. El cometido es salvar las empresas (no empresarios), que por los productos a que se dedican, los servicios que brindan, la cantidad de personas que emplea, por la incidencia que tenga en una región geográfica determinada, merezca ser salvada. Si la empresa es viable y la propuesta de convenio es seria la empresa va a superar la situación de concurso y va a ser viable. Lo que sí debe evitarse es la competencia desleal legalizada a través del concurso, dijo Martínez Vigil para cerrar su alocución.

y directores que no tienen facultades de representación). En cuanto a lo segundo, las presunciones son absolutas y relativas, y se dividen en presunciones de insolvencia, que son las que habilitan la apertura del concurso, y las presunciones de culpabilidad que se abordan en los incidentes de calificación.

La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas ante un concurso

Art. 25: “El Juez, de manera fundada, también podrá trabar embargo sobre los bienes de ex administradores, ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno, siempre que de un examen preliminar de los hechos surja que, durante el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso, conocieron el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora”.

Dr. Fernando Cabrera Responsable del Sector Jurídico de LIDECO Expresando su agradecimiento por la presencia de los doctores Xavier de Mello y López al haber aceptado la invitación a participar del panel, Cabrera anunció la perspectiva empresarial desde la cual procuraría enmarcar su exposición, comentando que se recorrerían aspectos generales de la materia concursal, el tema de los embargos preventivos dispuestos por el Juzgado de Concursos, lo que se entiende por personal de acta dirección, los créditos subordinados y el incidente de calificación. Entre los aspectos generales, habló de los tipos de concurso y las presunciones. En cuanto a lo primero, la ley previó la existencia de los concursos voluntarios (solicitados por el deudor) y los necesarios (solicitados por otros legitimados: acreedores, fiadores o avalistas del deudor, instituciones gremiales como LIDECO, albaceas |48|

Abordando el tema de los embargos preventivos dispuestos por el Juzgado de Concursos, citó el art. 24 y 25 de la ley 18.387 que tratan sobre el tema, respectivamente: Art. 24: “En caso de concurso necesario de las personas jurídicas, si del estado patrimonial del deudor resulte que su activo no es suficiente para satisfacer su pasivo, el Juez dispondrá el embargo preventivo de los bienes de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno”.

Sobre el punto hizo tres consideraciones: 1) la diferencia en el uso de los verbos. Mientras en el art. 25 dice que el juez “podrá trabar embargo”, en el art. 24 dice “dispondrá”, lo cual parece indicar la existencia de cierta flexibilidad en el primer caso en contraposición con el segundo 2) para el caso de las actuales autoridades la insolvencia deberá surgir específicamente de los estados contables, mientras que para los ex administradores o directores la ley establece un criterio más amplio: que surja de un examen preliminar de los hechos, como ser las memorias explicativas, embargos u otros elementos que surjan del expediente 3) se puede trabar este tipo de embargo aún en caso de un concurso voluntario. Este tema, en el anteproyecto de ley estaba incluido en un solo artículo muy

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extenso, aclaró Cabrera, y al convertirse en proyecto de ley se dividió en dos artículos, entonces la limitación de “en caso de concurso necesario” quedó consagrada para los administradores, liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno y no así para ex administradores o ex liquidadores. “Entendemos que fue algo que pasó desapercibido en su momento pero significa que hipotéticamente se puede trabar este tipo de embargo sobre las ex autoridades también en el caso del concurso voluntario”, dijo. Estos embargos se conservarán hasta la finalización de los procedimientos concursales, salvo que haya recaído una sentencia judicial sobre la responsabilidad de cualquiera de los sujetos mencionados. Lo anterior significa que los ex administradores, ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno son responsables por haber conocido la insolvencia y no haber hecho nada. También son responsables los administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno. Esto implica una serie de obligaciones. El deudor tiene la obligación de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En las personas jurídicas, la obligación recae en cada uno de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno. En el caso de las personas físicas o jurídicas obligadas a llevar contabili-

dad, se presume absolutamente que dicho conocimiento se produjo en la fecha en que preparó o debió haber preparado estados contables. La ley no trae un concepto o definición de insolvencia, sino que habla del “estado de insolvencia” en forma bastante imprecisa: cuando el deudor no puede pagar sus obligaciones. Es decir que el deudor conoció o debió conocer su estado de insolvencia en la fecha en que preparó o debió haber preparado sus estados contables. A partir de ahí, sí hay estado de insolvencia y si no pide el concurso puede incurrir en responsabilidad. ¿Quiénes pueden pedir el concurso? En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser realizada por sus órganos con facultades de representación, es decir, el director que tiene facultades de representación. Pero, cualquier director aunque no tenga facultades de representación o integrantes del órgano de control interno, ¿tienen la facultad o la obligación? No está claro si es una u otra o si es una carga el pedido de concurso, dijo Cabrera, señalando que lo que sí puede hacer este director sin facultades de representación es, frente a una situación de insolvencia, dejar constancia en libros de la situación de insolvencia, de su discordancia con no pedir el concurso, y guardar copia de ello como alternativa para salvaguardar su responsabilidad. En cuanto al Personal de Alta Dirección, la ley prevé que “En el caso del

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personal de alta dirección, el síndico o el interventor, por razones fundadas, podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal”. La ley considera personal de alta dirección “…a los directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del deudor”. Esta expresión tan amplia relativa a las cuestiones sustanciales de la actividad del deudor ha permitido interpretaciones diversas: ejemplificó que en un caso concreto del concurso de una industria, se sostuvo que el jefe de planta tenía facultades de decisión sobre tales cuestiones sustanciales, se solicitó el aplazamiento del pago y fue concedido por el juzgado. En relación a los créditos subordinados, la ley establece que se consideran créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor a: 1) los socios ilimitadamente responsables y los socios y accionistas limitadamente responsables, que sean titulares de más del 20% (veinte por ciento) del capital social y 2) los administradores de derecho o de hecho y los liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Esto, entre otros, pero a efectos de la presentación, dijo, se haría foco en estos casos. El tratamiento de estos créditos es el siguiente: son considerados créditos subordinados y por tanto cobran después de todos los créditos quirografarios. Si tienen garantías prendarias

Visitas y Eventos o hipotecarias se procede a la cancelación de las garantías en los registros públicos. En la práctica y dicho en palabras sencillas, esto significa que “los préstamos de directores o de personas especialmente relacionadas con el deudor van al final de la cola”, dijo. ¿Por qué dispuso esto el legislador de 2008? Porque lo que quiere es dar una sanción a aquellos sujetos estrechamente vinculados el emprendimiento, que debieron haberlo capitalizado y no haber realizado el otorgamiento de créditos”, dijo Cabrera. Pasando a abordar el tema de la calificación del concurso, señaló que la ley prevé que por regla general, cada vez que se decreta la apertura de la liquidación o se aprueba un convenio tiene que abrirse el incidente de calificación, salvo que se den acumulativamente dos circunstancias: 1) se trate de un concurso voluntario 2) que ese concurso voluntario en caso de convenio permita pagar el 100% de lo adeudado en 24 meses, o si se trata de una liquidación, que los activos sean suficientes para cubrir los pasivos. El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho. En los demás casos se calificará como fortuito. Aclaró que el estado de insolvencia puede ser considerado como fortuito, pero es difícil concebir que el agravamiento de la insolvencia, a través del endeudamiento no derive en una insolvencia que no sea, por lo menos, culpable porque, quien tiene conocimiento, o debió tener conocimiento de su insolvencia, tiene la obligación de solicitar concurso, y si no lo solicita, se encuentra en violación de la ley, por lo que es difícil apreciar un agravamiento de la insolvencia como fortuito, cuando por su propia naturaleza, es ilícito e ilegal, por ser violatorio del mandato legal del artículo 10. El agravamiento de la insolvencia, debe identificarse con una ma-

yor extensión de la incapacidad de pago, generalmente vinculada con el aumento del pasivo, sin contrapartida de activo. Ejemplificó, citando la “calesita de cheques” y el hecho de contraer créditos para pagar el endeudamiento. Estas conclusiones no condicen, necesariamente, con la cultura empresarial y, muchas veces, se agrava la insolvencia, aunque sin malas intenciones y con la sana voluntad de abonar, no sólo la deuda nueva, sino también la vieja. Puso el ejemplo de un productor de soja que tiene todo previsto para una buena cosecha, se endeuda, y por factores externos o climáticos no obtiene el rendimiento esperado de esa cosecha. Entonces apuesta todo a una segunda cosecha, vuelve a endeudarse, y nuevamente no logra los resultados esperados, agravando la insolvencia al aumentar su endeudamiento, trasladando el riesgo de la pérdida a terceros. Como el riesgo no es casual, ni imprevisto, el concurso no es fortuito, aunque su intención hubiera sido buena. El legislador conmina al sistema productivo a que, frente a un estado de insolvencia, se ampare al sistema concursal y que no agrave la situación, desembocando en mayor perjuicio para los intereses comprometidos por la insolvencia, a efectos de evitar lo que sucedía con el régimen concursal anterior, en el que el empresario evitaba hasta las últimas consecuencias solicitar el concordato, haciéndolo cuando ya se estaba en presencia de lo que se daba en llamar “quiebra disfrazada”. El sistema de incentivos y castigos que contiene la ley pretende favorecer adelantar la solicitud de concurso. Volviendo al tema de la responsabilidad, Cabrera planteó que en muchos directorios, los integrantes son representantes de accionistas o grupos de interés y se les considera más como directores de “papel” que, más que dirigir la empresa, controlan y defienden el interés de sus representados. Se entiende que en su calidad de directores, debieron tener conocimiento de la marcha económica y financiera de la unidad productiva y, |50|

en consecuencia, apreciar el ingreso a la crisis y el conocimiento real o potencial de la insolvencia. Asimismo, dijo que el Director tiene que conocer las presunciones de la ley, para poder dar esa alerta y dejar constancia en libros. Las presunciones de insolvencia son elementos importantes para que el Director, que no tiene incidencia en el asunto pero tiene participación minoritaria, esté atento a ellas (ejemplo: quien está en el directorio representando determinados intereses económicos). Debe analizar la situación en la interna, ver el plan de negocios, la situación futura y dejar constancia en actas de que alertó de la situación, que aconsejó el concurso, con lo cual se va a poder liberar de responsabilidad. Una presunción es absoluta cuando: 1) durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado 2) cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso y 3) cuando el deudor hubiera incumplido con su obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados contables anuales, estando legalmente obligado a ello. Se consideran cómplices las personas que, con dolo o con culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, en el caso de personas jurídicas deudoras, con los administradores y liquidadores a la realización de cualquier acto que hubiera producido o agravado la insolvencia. Entre los cómplices pueden incluirse a los asesores, fundamentalmente, el cuerpo contable interno, por la omisión con culpa grave o dolo, de denunciar el estado de insolvencia a la dirección de la unidad productiva. Cabe también, igual responsabilidad, al cuerpo de asesores jurídicos notariales, en su asesoramiento de figuras de ocultamiento o enajenación fraudulenta del patrimonio, o aptas para la demora de la de declaración de concurso.

LIDECO / Diciembre 2016

Dr. Daniel Martínez Vigil, Cr. Pablo Montaldo, Dr. Carlos López, Dr. Fernando Cabrera, Dr. Eugenio Xavier de Mello

El administrador de hecho también puede ser condenado en el incidente de calificación con igual alcance que el administrador de derecho. El administrador de hecho es aquella persona que no ha tenido una designación formal e institucional y, sin embargo, sin contradicción con las autoridades de la unidad productiva, ejerce la titularidad de la actividad comprometiendo a aquella con sus actos y contratos. Entrando al contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable, señaló que la misma se compone de los siguientes puntos: 1) la consideración del mismo como culpable 2) la determinación de las personas afectadas por la calificación, así como de las personas declaradas cómplices 3) la inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno

de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período 4) la pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia 5) en el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva.

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Las normas de calificación abarcan a todas las personas jurídicas, civiles o comerciales y a las personas físicas que realicen actividad empresarial. Pero las normas sobre calificación del concurso alcanzan además a las instituciones de intermediación financiera. Cabrera cerró su aporte recomendando a los presentes que, más allá de extraer sus propias conclusiones sobre el tema de las responsabilidades, que consulten a sus asesores: “Los riesgos existen y lo mejor es conocerlos y tomar medidas para evitar incurrir en responsabilidades”, dijo. Culminadas las exposiciones, se pasó a una interesante ronda de preguntas.-

Visitas y Eventos

Capacita LIDECO Compramos, vendemos, nos financiamos: Diferentes visiones de la gestión del riesgo de crédito en el contexto de la actividad de la empresa

Vista general

Sede UPAEP,

23 y 24 de Noviembre

uego de la bienvenida del Director Gerente de LIDECO, Ec. Bernardo Quesada, la Cra. Jennifer Manguián fue la encargada de ofrecer una perspectiva general de la gestión de riesgos en la organización, y con tal cometido refirió al título del Seminario como indicativo de la concepción integral de la gestión de riesgo, en tanto la misma recorre los procesos de negocios que se ejecutan a diario en una organización: se compra, se vende y se procura financiación en forma continua. En cada uno de esos procesos debe gestionarse el riesgo de crédito. La visión aportada se enmarcó en una concepción sistémica de la empresa, donde la gestión del riesgo está alineada a la gestión del negocio, lo que significa

Esta vez le tocó a CPA a través de a Cra. Jennifer Manguian, la Cra. Marianela Tejera y la Cra. Josefina Vidal, acompañar a nuestros asociados durante dos jornadas, el 23 y 24 de noviembre, para recorrer un amplio espectro de temas vinculados a distintas perspectivas desde las cuales analizar y comprender la gestión del riesgo de crédito en una organización, contemplando a la empresa como dadora y como solicitante de crédito. Imposible reflejar la cantidad de conceptos, ejemplos y experiencia transmitida en el Seminario. Motivo más que justificado para instar a todos a concurrir para poder aprovechar estas inmejorables instancias de formación. En función de lo anterior, a continuación, el lector encontrará una sintética recorrida por los temas trabajados en dos intensas jornadas que dejaron abiertas las puertas para seguir profundizando. que en la gestión de riesgo, están involucrados todos los procesos de la empresa. Desde ahí, se definió al riesgo como todo aquello – proveniente de fuer|52|

zas internas controlables o externas no controlables – que pueda impedir que los objetivos organizacionales se alcancen. De ahí que la gestión del riesgo no es ámbito exclusivo de un departamento de riesgo.

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Tecnología, macroeconomía, mercado, globalización, negocios que surgen en plataformas tecnológicas, etc. fueron entre otros factores, citados como fuerzas externas que hacen al contexto que las empresas deben considerar para gestionar el riesgo y su permanencia competitiva. Las fuentes internas de riesgo provienen de todos los procesos internos de la empresa en todas las áreas de la organización. Se advirtió que, en el complejo contexto actual, donde la estrategia de negocio, la tecnología y la comunicación avanzan rápidamente, los mecanismos de la empresa deben poder aggiornarse al ritmo de la dinámica del entorno. Desde este enfoque, la primera pregunta que debe plantearse la empresa es si sus objetivos están bien definidos, acorde a la estrategia y recursos de la organización, pues la gestión de riesgo no solo refiere al clásico cometido de “evitar pérdidas”, sino que comprende el diseño de los mecanismos adecuados para identificar oportunidades, para planificar, presupuestar y monitorear el logro de los objetivos, así como para ser capaz de gestionar sus grupos de interés: clientes, proveedores, público en general, etc. La gestión de riesgos no solo evita costos o pérdidas, sino que debe ser concebida desde su potencial para generar valor. Seguido a esta introducción, y también procurando enmarcar el tema desde la visión de negocio, la Cra. Marianela Tejera abordó específicamente el tema del riesgo de crédito. Recordando la más clásica de la definición de riesgo de crédito como pérdida posible cuando la contraparte no cumple alguna condición pactada en una operación, abrió las dos posibilidades en que la empresa se mueve en forma permanente: cuando expone sus activos o cuando solicita un crédito, y cuando genera exposición a otros. Cuando una empresa se expone a un riesgo, puede pasar que gane, pierda o deje de ganar. De ahí que la acepción tradicional y negativa del riesgo como posibilidad de pérdida no defina el concepto de riesgo en forma acabada. La empresa se expone al riesgo, cuando vende a plazo, adelanta a un proveedor, deposita en un banco, compra títulos, etc. La empresa genera riesgo de crédito a otros cuando compra a crédito, genera deuda bancaria, firma convenios de pago, etc. En el primer caso (exposición al riesgo) interesa manejar las buenas prácticas para reducir la exposición al riesgo, y en el segundo (generación de riesgo), qué alternativas se pueden considerar para obtener ventajas.

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Se enfatizó la idea de que la incertidumbre debe procurar transformarse en riesgo, traduciendo en números y anticipadamente, la probabilidad de pérdida y el impacto que la misma tendría en la organización. Tejera recalcó la importancia de procurar cuantificar probabilidades y caracterizar la cartera, en tanto son insumos que ordenan la gestión del riesgo para los distintos tipos de clientes. En ese marco, para cada cliente o grupo de clientes se debe procurar estimar la probabilidad de que presenten dificultades. Esa estimación puede hacerse en base al historial de la relación comercial segmentada por alguna característica de los clientes (localización, volumen de ventas, antigüedad de la relación, etc.), procurando saber, en cada caso, cuál es la la exposición al riesgo, esto es, el saldo que los clientes deben, sin perder de vista las garantías con las que el crédito está respaldado. Con este procedimiento se obtiene una caracterización de la cartera de clientes, a partir de lo cual se pueden generar ratings, tomar medidas de prevención, etc. Se planteó que también se pueden elaborar clasificaciones cualitativas asignando a cada grupo de clientes la calificación de riesgo alto, medio o bajo (esto es alta, media o baja probabilidad de que no pague), cruzado lo anterior con la misma clasificación pero referida al impacto del no pago, y a partir de allí también confeccionar un rating de clientes orientador. Con base en estas herramientas cuantitativas y cualitativas, puede reducirse la incertidumbre para poder gestionar el riesgo de una forma más sistemática y objetiva, para definir cómo se va operar con esos clientes: con qué clientes se va a asumir riesgo y cuánto riesgo se va a asumir con cada segmento de clientes. Otras variables que deben considerarse conjuntamente refieren a la aversión al riesgo (cuánto riesgo está dispuesta a asumir la empresa), pues modera las decisiones que se tomen respecto a cada segmento y situación, y se traduce en términos de tolerancia al riesgo (límites, plazos, descuentos). El apetito por el riesgo (asociado a oportunidades y ganancias), también impacta en lo anterior. Siguieron luego conceptos varios: límite de riesgo, crédito necesario, solvencia, tolerancia al riesgo, entre otros.

Visitas y Eventos

Staff de CPA durante la exposición: Cra. Josefina Vidal, Cra. Marianela Tejera y Cra. Jennifer Manguian

Cuando se gestiona el riesgo, establecer un límite permite establecer el negocio con determinada solvencia dentro de la tolerancia que define la dirección. Este factor debe ser analizado entre otras cosas en términos de plazos, descuentos, margen, porcentaje de venta contado y de venta a crédito, estructura comercial, garantías. A esto se agrega la coordinación macro de todos estos aspectos en función de la gestión de cartera, para lo cual se planteó que, el proceso de elaboración de presupuesto es una herramienta ideal. Se señaló la importancia de que la política de riesgo de crédito sea documentada, para que los criterios comunes que derivan de ella sean la base de la comunicación entre todas las partes de la empresa en las distintas etapas del crédito (admisión, monitoreo y recupero). Para plantear las mejores prácticas, Tejera tomó todas las etapas de un crédito, describiéndolas brevemente para luego subrayar los momentos del proceso en que se genera mayor aprendizaje para la mejora. En la etapa de admisión se decide si una contraparte va a ser cliente, y si lo va a ser, en qué condiciones. En la fase de monitoreo el objetivo es evaluar si se quiere mantener al cliente o modificar la relación comercial (vender más, vender menos, etc.). La fase de recupero supone que el cliente presentó dificultades y amerita llevar a cabo actividades para recuperar saldo y para recuperar el cliente si fuera de interés. Se señaló que el proceso de recupero alimenta siempre el proceso de monitoreo y de admisión, porque es el proceso que debe analizarse para generar experiencia y aprender dónde estuvieron los errores en todo el proceso, desde que el cliente fue admitido. A partir de la revisión de errores, se hacen los ajustes pertinentes y el proceso se realimenta permanentemente, conviviendo además con el negocio: debe mitigarse riesgo pero no obstaculizarse el negocio, se apuntó. Entrando en el tema de la definición del perfil del clien-

te, se planteó que el mismo se deriva del conocimiento que de él se tenga. A partir del perfil se refleja lo que se cree del cliente en función por ejemplo de la categorización de riesgo que se le asigna (alto, medio, bajo). Para conocer al cliente se debe además comprender el mercado en el que trabaja, como performa su sector de actividad, la volatilidad del mismo, la zafralidad, conocer si el cliente forma parte de un grupo económico, cuáles son las perspectivas de su negocio, qué información se dispone de él, cuál ha sido su historia de pago, qué datos se pueden obtener en bases de datos como LIDECO, qué reputación tiene, cuál es su capacidad de pago, qué solvencia tiene (estudio del balance), si paga con cheques de terceros evaluar a esos terceros, estudiar qué garantías se le pueden pedir, etc. Sistematizar esta evaluación ponderando cada ítem y clasificando a los clientes para obtener puntajes de cada uno, es una forma de hacer una evaluación más objetiva, que es lo que permite lograr una visión de cartera y además, delimitar una clara segmentación de selección de clientes que orienten y hagan más eficiente el esfuerzo de captación de clientes. Todo lo anterior (conocimiento y clasificación de clientes), termina confluyendo en el proceso de la toma de decisiones respecto a cómo operar con cada cliente o segmento de clientes. Se considera entonces la estructura comercial de la empresa: precio, descuentos por pronto pago y cantidad, acciones promocionales, la moneda en la que se trabaja, plazos de entrega y cobranza, lugar y condiciones de entrega, devoluciones, medios de pago, límite de crédito, garantías y cláusulas del contrato. Todos estos elementos deben revisarse periódicamente acorde a las metas de ventas de la empresa y al rumbo del negocio, en un proceso que puede cambiar en el marco de una revisión anual, o en el marco de la relación con un cliente particular respecto del cual es necesario hacer correcciones a partir del crédito que necesita, en función la historia de relacionamiento. Tanto el límite de crédito como el lími|54|

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Visitas y Eventos te de riesgo se monitorean y se redefinen, en relación con el crédito necesario del cliente. Del análisis de todas esas variables, del límite de crédito versus el comportamiento del cliente y la gestión de la relación, puede surgir por ejemplo la constatación de que se están perdiendo oportunidades de venta o que se está vendiendo de más a un cliente que no cumple en plazo con sus pagos. En medio de todo este afán de sistematización debe establecerse también un régimen de excepciones, teniendo en cuenta siempre, que si hay demasiadas excepciones, lo que debe revisarse es la regla que está sistematizada. Además, Tejera incluyó como variable importante del análisis la satisfacción del cliente, pues ello ejerce su peso en la posibilidad de renovar negocios y en la puntualidad de los pagos que contribuyan a alimentar o no la relación comercial. Abordando las acciones de recupero, se señaló la importancia de las acciones preventivas como ser por ejemplo los avisos en los días próximos a las fechas de vencimiento, y en ese marco, la importancia de entender que la actividad de recupero forma parte de la experiencia del cliente como tal en el marco de una relación de largo plazo, lo cual hace que sea esencial, llegado el caso, comprender por qué el cliente no paga, a la vez que lograr el compromiso de los clientes con el cumplimiento de los pagos. Las actividades de recupero que tradicionalmente se medían por productividad y efectividad, son ahora evaluadas también en función de la calidad de la gestión de recupero, apuntando a conservar relaciones de largo plazo: capacitación, sistemas de incentivos y de fidelización, etc. son acciones que se pueden implementar a tales efectos. En el mismo sentido, las ventas a crédito, la cobranza, la atención de post venta y la gestión del riesgo de crédito, deben estar alineadas y tener coherencia entre sí. Pasando a la situación en que la empresa toma créditos generando a otros exposición al riesgo (cuando compra a crédito, cuando toma deuda bancaria, cuando toma deudas financieras con otras instituciones financieras, accionistas o terceros, o bien cuando firma convenios de pago con DGI, BPS, etc.), se enfatizó la relevancia de que la empresa conozca desde qué perspectiva van a mirarla esas entidades que otorgan créditos, para poder hacer el ejercicio de prever, desde la perspectiva de análisis con que será considerada, qué crédito se otorgaría a sí misma, cuáles serían sus debilidades ante una entidad bancaria, y procurar subsanarlas. Manejar esta información es útil además para que la empresa pueda acortar los plazos teniendo pronta la información que deberá presentar, se señaló. Seguidamente, la exposición a cargo de la Cra. Josefina Vidal, aunque versó fundamentalmente sobre los criterios que los bancos aplican para evaluar a sus clientes, procuró ampliar la visión de modo que los asistentes consideraran tales criterios también para cuando cada empresa otorga crédito. La exposición fue muy amplia y detallada, ejemplificada e ilustrada. En este extracto, compartiremos los grandes titulares de los temas trabajados.

Con relación a los bancos y la evaluación crediticia que realizan de las empresas, se comentó que deben seguir ciertos lineamientos que derivan de la normativa local y del Banco Central del Uruguay, de las políticas propias o de la casa matriz, y de las mejores prácticas internacionales, contando todos con un departamento de riesgos que tiene dentro de sus cometidos evaluar su cartera de crédito. La información que los bancos solicitan a sus deudores, se encuentra en una circular del BCU llamada “Carpeta del deudor”. La empresa debe conocer las normas banconcentralistas en función de las cuales van a ser evaluadas: • la norma 3.8, que establece criterios para clasificar los deudores en función de su riesgo • la norma 3.12 que establece el costo que la empresa solicitante representa para el banco en función de las garantías que aquella otorga al banco • la norma particular 3.16 y 3.17 que establece una lista taxativa del tipo de garantías que el banco puede utilizar para hacer la deducción del punto anterior En términos generales, se señaló que las fuentes de datos que un banco requiere son: • los estados contables de las empresas con informe de contador público. A lo que se aspira es a contar con tres estados contables. En función del endeudamiento varía el informe que el banco solicita. • las proyecciones financieras de la empresa • una justificación fehaciente de ingresos (en el caso de persona física) • los estados de responsabilidad anuales de dueños y directores • declaraciones juradas, necesarias para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas, pues el banco es solidariamente responsable del mismo • información de las empresas que conforman el grupo económico, de interés porque el banco debe conocer a qué empresa recaerá el dinero que se está prestando. De ahí que se pidan los estados financieros de la empresa y consolidados/ combinados, para evaluar el grupo. Se anotó que debe considerarse que la definición de grupo económico del BCU difiere de la definición contable. Esta última supone control o influencia significativa sobre otra empresa. Para el BCU la definición es más laxa, de modo que la existencia de dos directores comunes por ejemplo, ya configura grupo económico. • estados financieros proyectados con supuestos, para que el banco pueda entender lo que la empresa está proyectando • proyectos de inversión asociado al flujo, con justificación comercial, técnica y económica que dé cuenta de que ese proyecto va a ser viable • información adicional: bases de datos, redes sociales, internet, sector de actividad, etc. • información de la Central de Riesgos Luego de analizar estos datos se configura un escenario |56|

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base que proyecta cómo debería irle a la empresa en un año económico normal, y un escenario de stress que juega con la variación de ciertas variables que podrían hacer que la empresa se viera en dificultades. Hacer las pruebas de stress es un ejercicio que permite al banco prever y adelantarse a situaciones comprometidas. En función de la calificación de riesgo que realiza el banco hace sus previsiones y define la estructura comercial que establecerá con relación al crédito a otorgar. Los bancos operan ajustes sobre los balances que la empresa presenta: se ajustan intangibles, pérdidas no contempladas, deudas financieras (se contrasta el dato del balance con el de la central de riesgos), exposición de resultados, exposición de activos y pasivos, cuentas de directores y accionistas. El banco también analiza el sector de actividad de la empresa procurando información histórica, perspectivas, información de otras empresas del sector. Lo que se procura es comprender: • la situación actual del sector con base en el comportamiento de las variables que determinaron la performance de la empresa • qué se espera del sector de cara al futuro, para entender las cifras proyectadas por la empresa • comparar la performance de la empresa con otras empresas de su sector en los principales ratios Los bancos procuran evaluar la razonabilidad de la estructura de activos, pasivos, patrimonio, resultados y

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cómo evoluciona dicha estructura en el tiempo. A su vez, comparan variaciones año a año. Los ratios más utilizados para el análisis, son: • Ratios de rentabilidad, entre los que se encuentran: Márgenes (margen bruto, neto y operativo), Rotación, Inversión, Apalancamiento. • Ratios de liquidez • Ratios de Financiamiento/Solvencia • Ratios Generación de Recursos/Cobertura Respecto a la Central de Riesgos del BCU, se señaló que resume la situación de la empresa o persona física, en función de la información que envían las empresas de servicios financieros, las administradoras de crédito y las empresas de intermediación financiera, informando la cantidad de deuda en pesos y dólares que mantiene con cada institución. Vidal realizó una recorrida bastante extensa respecto a las calificaciones de riesgo y a la información contenida en la Central del BCU. Insistió también en la necesidad de justificar las inconsistencias que puedan plantarse entre el contenido de los balances y el de la Central de Riesgos. Las expositoras remarcaron durante todo el Seminario, que es un ejercicio muy positivo que las empresas se adelanten a realizar por sí mismas estos análisis, no solo para adelantarse a los requerimientos de los bancos, sino para comprender cómo se posiciona la propia empresa con respecto al mercado, dado que las empresas que van a evaluar si les conceden o no un crédito, van a considerar esos elementos.-

Visitas y Eventos

CMS 9º Congreso Nacional de Crédito: Consumo, Riesgo y Recupero LIDECO estuvo presente respaldando el evento

Vista general del evento durante la exposición del Gerente General de Uber

Hotel Dazzler, 19 de 0ctubre

a intensa lluvia no impidió que los más de 200 participantes disfrutaran de una jornada de intercambio y networking con una agenda atravesada por debates de coyuntura y actualidad, como ser disrupción digital y la incorporación de nuevas tecnologías, tendencias que están modificando los modos de ofrecer y consumir servicios financieros. Luego de las palabras de bienvenida de Rodrigo Rotunno, Gerente Cono Sur de CMS, Iván French, Gerente General de Uber Uruguay, abrió la mañana con una exposición sobre los nuevos paradigmas y el impacto de las plataformas digitales en la economía. Finalizada la exposición de Uber, llegó el turno de la reconocida experta

El 19 de octubre se llevó a cabo en Montevideo, por 9º año consecutivo, el congreso que reúne a las empresas y ejecutivos más destacados de la industria del crédito al consumo y el recobro de Uruguay, de la mano de la firma CMS: el 9º Congreso Nacional de Crédito: Consumo, Riesgo y Recupero. Nuevamente LIDECO estuvo presente, respaldando el desarrollo de una relevante instancia de reunión y reflexión sobre los principales temas que hacen al comercio y la actividad económica interempresarial. de Deloitte, Tamara Schandy, quien ofreció un panorama macroeconómico: “el crédito a las familias (hipotecario, automóviles y consumo) ha tenido una evolución creciente en los últimos meses y mantiene el dinamismo”, señaló la economista. “El mercado crece más que la inflación (8,9% en 12 meses a septiembre) y el PIB (1,4% en el segundo trimestre), pero con una dinámica distinta. En octubre 2015 – marzo 2016 crece mucho (+10%) y en abril – septiembre (de 2016) se ha quedado en niveles más parecidos (+2%)”, añadió, entre otros temas que tocó. Al enfoque macroeconómico, y antes del primer corte, le siguió un panel de líderes integrado por Daniel Saks Kurlender, Gerente General de EVSA – Grupo BBVA, Elisa Facio, Presidente de ANDA, Marcelo Caig, Gerente General de Cabal y moderado por César Calomino, Director General de Equifax Uruguay. Los principales referentes de las diferentes entidades hicieron una bajada en concreto de todos los números presentados por la asesora finan|58|

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Daniel Sacks (Gerente General EVSA – BBVA), Elisa Facio (Presidente ANDA), Marcelo Caig (Gerente General CABAL), César Calomino (Director General Equifax)

Stand de LIDECO: Rodrigo Rotunno (Gerente Cono Sur de CMS), Claudia Fernández (Responsable Marketing LIDECO), Antonio Cesar (Marketing LIDECO)

ciera de Deloitte y así expusieron sus balances del año y un análisis de lo que vendrá en el corto y mediano plazo, con expectativas y desafíos. Todos coincidieron en la necesidad de continuar impulsando el consumo de créditos a pesar de un esbozo de crisis que mal predispone a la gente. Siguiendo con el enfoque tecnológico, un panel integrado por Marcelo Paganini, Director de Paganza, Joaquín Figueiredo, Responsable del servicio de Pagos Electrónicos y Billetera Móvil de Sistarban, Germán Alvariza, Gerente de Estrategias & Innovación de Pronto, Amílcar Perea, CEO de InSwitch Solutions y moderado por Omar Paganini, Vice-Rector de la Universidad Católica del Uruguay, desarrolló en profundidad las tendencias y herramientas para los consumidores. Por la tarde, antes del cierre, se dio lugar a tres exposiciones: en primer término, Andrés Silveira, Director de

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Data & Analytics para Equifax Argentina, Paraguay y Uruguay, compartió los “Beneficios de un uso efectivo de la información”. Posteriormente, fue el turno de dos jóvenes talentos de CGM&A, quienes expusieron acerca de los cambios que se ven obligadas a hacer las organizaciones ante las exigencias de las nuevas generaciones. Por último, Gustavo Vercinsky, cerró la jornada con un tema bien de nicho en el espacio titulado: “Priorización para las acciones de call center”. El congreso que nuclea a la comunidad del crédito de todo Latinoamérica ha pasado una vez más por Montevideo con mucho éxito. Antes de la próxima cita en Uruguay en 2017, CMS convoca a todos los ejecutivos interesados en la disrupción digital a sumarse Innovation Field Trip que estarán desarrollando los días 26, 27 y 28 de marzo en San Francisco y Silicon Valley, con visitas a las empresas más transformadoras de la actualidad.-

Nuestros Socios Cuentan

Iniciativas, propuestas y novedades de los socios de LIDECO

Impulso, renovación, responsabilidad empresarial, mejora continua, servicio, decisiones, nuevos emprendimientos, compromiso, colaboración entre empresa y sociedad, entre empresa y funcionarios, entre empresa y sindicatos, homenajes y agradecimientos, premios y reconocimientos, tecnología, investigación y desarrollo…son algunos de los elementos que hacen a lo que nuestros socios tienen para contar. La diversidad y riqueza características de nuestra masa social no puede sino estimular nuestra mirada hacia el futuro. Empresas pujantes que apuestan por crecer y por hacer crecer la economía de nuestro país, conscientes y comprometidos con el rol social que desempeñan. Compartimos con orgullo y sin más, lo que nuestros socios cuentan.

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El futuro en acción Desde el año 2015 en Dufour Commodities nos planteamos ser una propuesta diferente para el sector. Nos propusimos afrontar desafíos motivantes pero alcanzables. Hoy, a un año, nos encontramos con que las proyecciones han sido superadas: hemos incorporado profesionales para las diferentes áreas, crecido en todas las unidades de negocio y generado nuevas alianzas. Contamos con una cartera de clientes estable y en crecimiento, a quienes ofrecemos la oportunidad de nuevos negocios y un servicio profesional ágil y efectivo. La base de nuestro servicio es ser consistentes y consecuentes en el asesoramiento. Somos promotores de negocios: integramos el conocimiento, las ideas y el acceso a capitales para generar nuevos negocios que logren rentabilidad y se inserten en la cadena de producción. “Nuestra fortaleza es generar acciones destinadas a obtener resultados.” Alinear esfuerzos es la clave para lograr materializar los objetivos. Por eso en Dufour Commodities nos reunimos periódicamente con el equipo para que cada uno desde su puesto de trabajo conozca tanto los logros de la empresa como las metas que se propone para el ejercicio que estamos cursando y contribuya desde su lugar, a alcanzar dichos objetivos. La búsqueda constante por mejorar el servicio nos ha llevado también a ser más exigentes con nuestro conocimiento, a investigar y aprender.

El Banco República lanzó una campaña comercial para que las microempresas de todo el país tengan la posibilidad de bancarizarse De esta forma, podrán acceder a los beneficios que implica la inclusión financiera. La campaña está siendo promocionada en Centros Comerciales de todo el país. En su tradicional rol de fomento, el Banco República facilita productos y servicios financieros accesibles para las pequeñas empresas familiares o unipersonales que conforman el corazón de la economía nacional. Estas empresas tienen ahora la posibilidad de acceder en forma simultánea a una cuenta de ahorros, un préstamo de libre disponibilidad, tarjeta Redbrou, débitos automáticos y acceso a internet, en forma totalmente gratuita. Sin más trámites: con los comprobantes que el empresario ya tiene en su empresa, el BROU le otorga asistencia integral. Funcionarios de la Institución están realizando una gira por distintos Centros Comerciales para difundir estas novedades entre el empresariado local. Las mismas son recibidas con beneplácito por parte de los empresarios, quienes ven una alternativa ágil para el crecimiento de sus empresas.

Suc. Casa Central: Río Negro 1341 - Montevideo - Tel.: 2903 0028 - Fax: 2902 7130 Suc. Ciudad Vieja: Rincón 477 Of. 704 - Montevideo - Tel: 2915 1619 - Fax: 2916 9499 Suc. Gorlero: Gorlero entre 27 y 28 - Pta. del Este - Tel: 4244 1326 - Fax: 4244 1322 Suc. Agencia 5: Calle 31 esq. 20 - Punta del Este - Tel: 4249 8191 - Fax: 4249 6224

Delta Digital:

Los tiempos cambian y Delta también. Hacemos el mejor servicio financiero más cómodo para nuestros clientes. Es por eso que decidimos conectarnos a través de las redes sociales, una nueva web y un servicio personalizado por whatsapp. Conéctate con nosotros para obtener el mejor servicio financiero de la manera más fácil y cómoda. Delta cambia para vos.

Principales Servicios que brindamos:

Compra y venta de moneda extranjera / Transferencias de fondos con el exterior / Giros de dinero regionales (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay) / Compra de cheques USA / Giros de dinero WesternUnion Cobro de facturas a través de la red Abitab / Giros Abitab en todo el Uruguay.

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Nuestros Socios Cuentan Campaña contra el consumo de drogas y alcohol en Montecon En el puerto de Montevideo, la empresa Montecon, del grupo Schandy, lleva adelante una campaña contra el consumo de alcohol y drogas durante el horario laboral, de todos sus funcionarios. En coordinación con el sindicato, ambos aspectos se controlan diariamente y han sido tema de dos intervenciones artísticas que obraron a favor de todos los trabajadores del puerto. La campaña nació en el seno de la comisión de seguridad laboral, con el objetivo de mejorar los estándares, de tener protocolos de trabajo seguros, mejorar las condiciones de los elementos de protección personal y las condiciones de trabajo, ya fuera en barco, grúas, terminal u oficinas. Dejamos en claro al sindicato y por su intermedio a todos los trabajadores que, si presentan un consumo problemático y desean superarlo, Montecon va a estar con ellos para ayudarlos a salir adelante. Claro que demandamos compromiso y voluntad para superar el problema. Y los resultados fueron por demás exitosos. Varias personas lo superaron y nos dimos cuenta de que la campaña no solo tuvo impacto en el trabajo, sino en la vida de esos operarios y de sus familias.

Hemos incluido en nuestra cartera de productos para estilistas de mascotas: TIJERAS ALEMANAS PROFESIONALES PARA MASCOTAS Una importante herramienta para los Groomers profesionales. Las mismas son fabricadas por nuestra representada eks Eduard Kühnert GmbH, en Solingen Alemania. Los modelos varias según el tamaño y pueden ser rectas, curvas, de entresacar. Son fabricadas en teflón o acero inoxidable.

Williams y Cía. Productos Químicos S.A. obtuvo recientemente la certificación ISO 14001-2015 En busca de brindar un servicio de excelencia y con el objetivo de seguir siendo reconocida en la plaza como proveedor de productos y servicios de primera línea, Williams y Cía. Productos Químicos S.A. ha obtenido recientemente la certificación ISO 14001-2015, integrando así, un Sistema de Gestión Medioambiental al Sistema de Calidad ISO 9001-2008 implantado hace ya 15 años. Este logro, sumado a los nuevos diseños de imagen corporativa, al acondicionamiento del nuevo local con 1600 m2 de depósito cerrado, a la gestión de nuevas herramientas de comunicación y a la incorporación de personal técnico, busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la sociedad en general, fomentando las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), teniendo como eje la eficiencia orientada a la mejora continua, y con la finalidad de ser una empresa a la vanguardia en la introducción de nuevas tecnologías en productos y servicios.

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44ta Entrega de Donaciones de ELECTROQUÍMICA S.A. En el marco de su programa de Responsabilidad Social, Electroquímica celebró el pasado jueves 08 de diciembre la 44ta edición de Entrega de Donaciones. Durante la misma se hizo efectiva la contribución a más de 40 instituciones dedicadas a la atención a niños, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. El evento tuvo lugar en el Club de los Industriales de la Cámara de Industrias, contando con la presencia de representantes de las instituciones benéficas, autoridades de Electroquímica y medios de prensa. Con motivo de la celebración de sus 70 años, la empresa presentó su nueva imagen corporativa. Pusieron broche de oro al emotivo encuentro la banda musical COTTONETES de la Institución Cottolengo Don Orione, quienes deleitaron a los presentes con su actuación.

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Nuestros Socios Cuentan ELECTRO URUGUAY celebra sus 50 años de existencia en el mercado El año 2017, encuentra a ELECTRO URUGUAY celebrando sus 50 años de existencia en el mercado de Electricidad e Iluminación. Fundada el 30 de Octubre de 1967 por el siempre recordado y respetado por su calidad profesional y personal Don Salomón Adler. En esta oportunidad nos sale del corazón rendir homenaje a su creador, forjador fundamental de la imagen de respeto que hoy detenta la Empresa. Nos toca vivir en una época de vertiginosos cambios a nivel tecnológico y con el apoyo de nuestros proveedores, estamos comprometidos a acompañar esta evolución apostando a soluciones que contribuyan al ahorro de energía y sean amigables con el cuidado del medio ambiente. Saludamos a nuestros colaboradores, clientes y colegas con quienes hemos transitado juntos todo este tiempo, deseando seguir recorriendo unidos este camino y deseando a todos un muy buen año 2017.

Tradición de Calidad Cumplir 81 años en este mercado, no es tarea fácil. Entendemos que un factor clave es manejarse con ética y valores sólidos. Trabajando con responsabilidad social y dándole al cliente el servicio y la calidad que necesita, ganando su confianza. La elección del capital humano de la organización, la dedicación al mismo así como también a todos aquellos que de una u otra forma son parte del diario vivir son fundamentales. En 2015, concretamos la inauguración de nuestro Centro Logístico, los cual nos permitió mejorar tanto la atención al cliente como las condiciones de trabajo de nuestro personal. En 2016, nos afianzamos en las nuevas instalaciones y se logró reorganizar nuestra distribución con la incorporación de una nueva unidad a la flota, que permitió optimizar el servicio de entrega a nuestros clientes. Así estamos haciendo el presente...por un mejor futuro.

DataCenterSummit2017, evento exclusivo de Arnaldo C. Castro S.A. “Transformación Digital: Infraestructuras de TI ágiles y flexibles para la era Digital” 16 de Noviembre fue la fecha de la 5ta Edición del DataCenterSummit2017 el evento más importante sobre Centros de Datos. Recibimos a 9 prestigiosos Speakers internacionales, quienes disertaron sobre tendencias, evolución y proyección de los DataCentrers, destacando la ponencia del Director de Desarrollo de Negocios del Uptime Institute. La temática del evento estuvo centrada en el impacto y cambio en la forma de hacer negocios que impone la “Transformación Digital”. Estos cambios también llegan a las infraestructuras y abordamos cómo los DC deben prepararse para enfrentar estos desafíos. Nos acompañaron marcas internacionales como: Dell, EMC, Schneider Electric, Furukawa, RedHat, Intel, Vmware, iTracs y más. Como novedad, se presentó un Sector específico dedicado a SmartCities&IoT en respuesta a la tendencia creciente. Asistieron aproximadamente 300 personas de los clientes más importantes de Uruguay y Argentina, batiendo record en asistencia de las cinco ediciones. DataCenterSummit2017 nos introdujo en las últimas tendencias, tecnologías y soluciones de infraestructura, permitiendo a los clientes la oportunidad de intercambiar experiencias y conectarse con los principales actores que lideran la Tecnología.

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Nuestros Socios Cuentan HSBC elegido como el Mejor Banco de Financiamiento en Latinoamérica La publicación de negocios, Euromoney, otorgó en Londres los premios Awards for Excellence 2016, en los cuales HSBC ganó en tres categorías: Mejor Banca Corporativa y Empresarial a nivel mundial, Mejor Banco de Inversión en el mundo y Mejor Banco de Financiamiento en Latinoamérica. La publicación otorga 20 premios mundiales, en un evento en el que participan instituciones financieras presentes en 164 países. Euromoney señaló, respecto al reconocimiento de Mejor Banco de Financiamiento en Latinoamérica, que “HSBC Global Banking & Markets es un negocio fuerte y diversificado. Su división de mercado es una de las mejores en el mundo”. Reconoció que una de las fortalezas del banco es que nunca ha sido demasiado dependiente de los mercados de renta fija que muestran volatilidad, además de demostrar solidez en las tasas de cambio y extranjera. Los premios se basan en el monitoreo y seguimiento de las instituciones financieras y los datos que se generan con respecto a éstas en torno a la cuota de mercado que tienen y el grado de satisfacción de sus clientes, información que recopila el departamento de investigación de Euromoney a través de encuestas a líderes de la industria. En HSBC reafirmamos el compromiso con nuestros clientes que han confiado en nosotros y son parte fundamental del reconocimiento que realiza Euromoney.

ANDA se convirtió en Institución Emisora de Dinero Electrónico y lanzó la tarjeta Deanda Deanda S.A, propiedad de ANDA e Institución Emisora de Dinero Electrónico (IEDE), desde mayo de 2015, tras la designación del Banco Central del Uruguay, lanzó una tarjeta prepaga, alineada con los requerimientos de la Ley 19.210 de Inclusión Financiera. La nueva Deanda (Dinero Electrónico de ANDA) se suma a los servicios y beneficios que la institución brinda a socios y no socios. Funciona como tarjeta de débito y prepaga. Los usuarios pueden recargarla para realizar compras, cobrar sueldos o jubilaciones y hacer retiros en efectivo de cajeros automáticos o en la red de sucursales de la asociación. El plástico no tiene costo de emisión ni de mantenimiento para el usuario, tampoco para recargas ni compras a nivel nacional y cuenta con el respaldo del sello Visa. Las compras a través de Deanda acceden a la rebaja de dos puntos de IVA en la tasa básica, y también de dos puntos en la tasa mínima, dispuestas en la normativa, entre otros beneficios. “A lo largo de su historia, ANDA ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios. Adecuarse es algo que está establecido en nuestra misión. Esa capacidad de mejorar y modificar nuestras prácticas es lo que nos ha permitido estar afianzados hoy en la sociedad uruguaya, con más de 250.000 afiliados que confían en nuestros servicios y en nosotros”, apuntó la presidente de ANDA, Elisa Facio.

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Asamblea Ordinaria Nº 101 inaugura un nuevo ciclo de historia

El Ec. Bernardo Quesada, Director Gerente de LIDECO, presentando la síntesis de lo realizado en el ejercicio 2015 - 2016

Acorde al artículo 33 del Estatuto Social de LIDECO, el día 20 de octubre, una cantidad importante de asociados se nuclearon en nuestra sede social, en torno al objetivo de recorrer y analizar un nuevo ejercicio de trabajo: el número 101. Recorridas sintéticamente las principales acciones realizadas durante el ejercicio 2015 - 2016, se procedió a aprobar la Memoria y Balance. Sucedió luego el acto eleccionario, en función del cual se votaron, eligieron y designaron los cargos de nuestro Consejo Directivo y Comisión Fiscal. Como es costumbre, seguidamente, se invitó a los presentes a un brindis de celebración y agradecimiento por un nuevo ciclo de trabajo que invita a continuar caminando.

uego de la bienvenida dada por nuestro Presidente, Cr. Pablo Montaldo, en una sintética recorrida, el Director Gerente de LIDECO, Ec. Bernardo Quedada, expuso las acciones realizadas en el ejercicio 2015 – 2016. Una de las preocupaciones que ya estaba presente en el ejercicio anterior, refería a la restricción al acceso a la información de los Documentos Aduaneros Únicos que planteaba el art. 7 del nuevo Código Aduanero. El trabajo que nuestra gremial realizó en

tal sentido, demandó varias gestiones con y ante diversos organismos y actores, con el objetivo de que no se limitara el acceso a esa información. Fue finalmente en el ámbito del Ministerio de Economía donde a partir de la presentación de un proyecto de ley, LIDECO logró que en la Rendición de Cuentas esa información quedara excluida de la calificación de “secreta”, manteniendo entonces el acceso a la misma. En el mismo tenor estaba planteada la dificultad para acceder a la informa|68|

ción contenida en las Declaraciones Juradas ante la División de Contralor de Semovientes (DICOSE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya en otras oportunidades nuestra gremial ha debido dar batalla por el acceso a estos datos, el cual ha sido antes denegado, se ha logrado nueva apertura para que luego fueran nuevamente restringidos. Pese a las gestiones realizadas, en esta materia la noticia es que LIDECO debe seguir trabajando para revertir una interpretación que entiende equivocada en relación a la negativa que los organis-

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mos que se han pronunciado al respecto han dado en relación a brindar esa información. Se comentó además que se está trabajando en el análisis de diversas posibilidades de colaboración entre LIDECO y la Dirección General de Registros en cuanto a la informatización de las actuaciones registrales, en el marco de la estrategia de gobierno electrónico pautada por la AGESIC. Con AGESIC, se ha firmado un Convenio Marco de Cooperación en función del cual se estableció un ámbito de acción conjunta en temas de interés común como también en aquellos asuntos de interés superior para el Estado.

Cr. Pablo Montaldo durante la votación

Con AIN se ha mantenido un fluido contacto, especialmente en relación al nuevo formato de registro XBRL para los estados contables, en relación a lo cual colaboramos en materia de difusión y capacitación a nuestra masa social y al empresariado. LIDECO continúa además bregando por la promoción de la transparencia del mercado en materia de datos financieros, iniciativa que se sigue sosteniendo y apoyando desde nuestra Central de Balances desde años atrás.

como algunas referidas al perfeccionamiento de algunos aspectos vinculados a la nformación que nos brinda DGI que es de utilidad para el empresariado. En el marco de la profundización de la exigencia de presentación de estados contables ante AIN, la visita fue oportuna para intercambiar sobre la facultad de la DGI para sancionar a los incumplidores. Se planteó además la preocupación relativa al comercio informal y al contrabando que afecta a productos del mercado local.

Visitó nuestra institución el Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra, acompañado del Director de la División Informática de DGI, el Sr. Daniel Laffitte, a partir de lo cual se profundizaron lazos de colaboración planteando inquietudes mutuas respecto a diversos aspectos del comercio así

En cuanto al trabajo de los diversos sectores de LIDECO, se ha continuado avanzando en materia de automatización y autogeneración de diversos tipos de informes comerciales, en procura de ampliar, simplificar y agilizar para nuestros asociados el acceso a la información disponible en la redli-

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deco. Nuestra gremial además, ha dado pasos para profundizar en la incursión de información comercial referida a personas físicas, dato que mucho tiene que ver con las personas jurídicas (vinculación persona – empresa), y se continúan realizando gestiones para ampliar el espectro de datos a disponibilizar para nuestros asociados. En ese marco se inserta además la relación con Infocred, en función de la cual se aspira a mejorar la calidad de la información que sobre personas y empresas se ofrece al empresariado de todo el país. En cuanto a los Servicios Jurídicos, en materia concursal LIDECO tuvo una intensa actividad en el seguimiento de asuntos y presentaciones, más allá de aquellos casos en que fue designada como síndico o inter-

Separata que LIDECO pudiera marcar su posición en la propuesta de nuevos proyectos de ley así como en relación a proyectos en curso. Entre ellos, se citó el Proyecto de Base de Datos de Actividad Crediticia y el de Creación de un Fondo de Garantía de Créditos Laborales: en ambos se tuvo participación en las Comisiones de la Cámara de Representantes. Se presentó ante el Ministerio de Economía un Proyecto sobre la Transferencia Electrónica Diferida y la consideración de la Factura Electrónica como Título Ejecutivo, así como lo ya mencionado respecto al acceso a la información de los Documentos Únicos Aduaneros. Se trabajó también a partir del pedido de AGESIC de profundizar en la regulación normativa del comercio electrónico.

Dra. Matilde Carrau durante la votación

Cr. José Stabile durante la votación. Junto a él, Sr. Julio Arocena y Sr. Roberto Linn

ventor. Se señaló el carácter esencial de esta actividad para la razón de ser de nuestra gremial, a partir de lo cual se realiza acción directa y también seguimiento en casos en los que no somos directamente designados. En tal sentido se señaló se ha promovido la celebración de Comisiones de Acreedores como ámbito natural de control y búsqueda colectiva de soluciones a situaciones empresariales complejas, siendo clave el rol de LIDECO en tal sentido. LIDECO además, integra la Directiva del Colegio de Síndicos e Interventores en la persona del Dr. Fernando Cabrera. Se ha planteado a la Suprema Corte de Justicia representada por el Dr. Ricardo Pérez Manrique una serie de temas de interés común relativos entre otros, a la Unidad de Evaluación de Síndicos creada por la ley de 2008 que aún no está en funcionamiento, así como al acceso fluido a los datos concursales del interior.

En aras de perfeccionar procedimientos en materia concursal, el Consejo Directivo ha aprobado dos Protocolos de actuación que refieren por un lado a las circunstancias y requisitos a considerar en oportunidad de solicitar un concurso necesario y por otro a la propuesta de calificación de un concurso, en el entendido de que en ambos casos hay comprometidos aspectos con importantes derivaciones y responsabilidades. En materia de Cobranzas se ha constatado un aumento de solicitudes de gestión, así como una mejora en los índices de recupero. Se señaló que los profesionales del Sector se encuentran en constante capacitación y que han culminado con éxito el curso dictado por el Colegio de Síndicos e Interventores, del cual han sido docentes y participantes. También el Sector ha tenido actividad en relación a normativa legislativa para |70|

En materia de gestión se destacó el avance logrado a partir de la incorporación del ERP NODUM, que ha permitido dinamizar y perfeccionar el acceso, la seguridad y la eficiencia en el manejo de la información interna en las distintas áreas de la Institución. De implementación compleja, significó un gran esfuerzo de trabajo colectivo felizmente realizado con éxito, con gran protagonismo de trabajo para el área de Sistemas. Se presentó a los presentes al nuevo Responsable de Administración y Finanzas, Cr. Federico Acosta, al alejarse el 30 de abril pasado la Cra. Lilián González. En cuanto al área de Marketing, se comentó la realización de los clásicos eventos (dos conferencias y tres Seminarios de capacitación), así como la edición de las dos revistas institucionales anuales, la mejora del portal web, continuándose con el trabajo de captación de socios y de acercamiento a los socios ya existentes. Se agradeció especialmente el trabajo de las diversas comisiones, el trabajo, compromiso y dedicación de los funcionarios, así como el insustituible el sostén y apoyo de los asociados para continuar haciendo posible la permanencia de LIDECO en el rol social que le da su razón de ser.-

LIDECO / Diciembre 2016

Reconocimientos y despedidas Este ciclo se cierra con cuatro alejamientos del Consejo Directivo, debido a mandatos estatutarios cumplidos. Además, una de nuestras funcionarias cumplió 25 años desde su ingreso a LIDECO. Reconocimientos distintos, todos significativos. Las personas que pasan por nuestro Consejo Directivo dejan su impronta personal, el aporte de una visión sectorial específica, y tiempo dedicado honorariamente para atender las cuestiones gremiales, sea en las sesiones del Consejo o en las distintas comisiones de trabajo. Nuestros funcionarios, por otra parte, son quienes sostienen la prestación de servicios cotidiana haciendo posible que se cumplan nuestros mandatos estatutarios. Corresponde y es merecido, el público agradecimiento a todos por el trabajo y el tiempo brindado.

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Separata Sra. Miryna Matulevicus 25 años de servicio en LIDECO El Consejo Directivo recibió en sesión especialmente a la Sra. Matulevicus en ocasión de los 25 años de servicio en nuestra Institución. Con experiencia en diversas secciones de la gremial, Miryna se caracteriza por una permanente disposición para responder rápidamente a los requerimientos tanto de socios como de clientes internos. En un cálido encuentro matizado por recuerdos, agradecimientos y anécdotas, la Institución premió su trayectoria a modo de reconocimiento por el compromiso y constancia en el trabajo de tantos años.

Cra. Lic. Adriana Landaburu BROU En representación del BROU, la Cra. Lic. Adriana Landaburu se incorpora al Consejo Directivo en el año 2012. Siempre serena y con una sonrisa, su discurso pausado dejó ver una perspectiva analítica y clara a la hora de abordar o expresar opinión sobre las diversas temáticas de intercambio en el organismo de Dirección, donde además de Vocal ocupó el cargo de Protesorero. Coincide el cumplimiento del mandato estatutario que obliga su alejamiento, con su simultáneo retiro del BROU, en merecido descanso luego de una extensa y exitosa carrera. De más está decir que deseamos para Adriana el mejor disfrute para este tiempo nuevo, que sin duda sabrá encontrarla en nuevos emprendimientos e iniciativas, en consonancia con su perfil ejecutivo y emprendedor. Vaya para ella un enorme agradecimiento por su templanza y su siempre acertado y sereno aporte.

Sr. Santiago Parodi CITIBANK N.A. Sucursal Uruguay Otro Consejero que se sumó en el año 2012 fue el Sr. Santiago Parodi, quien tuvo una despedida anterior a la Asamblea y al correspondiente acto eleccionario y finalización de mandato, debido a un cambio de actividad laboral. Representando a CITIBANK N.A. URUGUAY, fue Prosecretario y activo participante de la Comisión de Marketing. Aportó siempre una mirada entusiasta, analítica e innovadora. Reciba nuestro agradecimiento por el tiempo dedicado, así como por una generosa disposición para volcar su experiencia y colaborar siempre.

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LIDECO / Julio 2016 Cra. Serrana Gauthier BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A. La Cra. Serrana Gauthier ingresa al Consejo Directivo en 2012 como vocal, y culmina su mandato como 2do Vicepresidente. Representando a BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A., viajando periódicamente para asistir a las sesiones del Consejo Directivo desde la ciudad de Dolores. Supo aportar desde el inicio un trabajo comprometido y convencido respecto a los fines y mandatos de la gremial, dispuesta a colaborar siempre con las actividades y desafíos institucionales. De opinión firme y serena, su pasaje por el Consejo nos deja un perfil analítico y práctico que siempre supo sostener con calidez. Seguramente el tiempo nos encuentre nuevamente juntos en la mesa ovalada de la Sala del Consejo para debatir y proponer iniciativas acordes a los fines institucionales. Reciba Serrana un sentido agradecimiento y la certeza de próximas instancias de trabajo conjunto.

Cr. Francisco Danza LEVER S.A. Un hombre de mucho análisis, las palabras necesarias y la acción focalizada. En representación de LEVER S.A., el Cr. Francisco Danza se suma al Consejo en 2012 ocupando el cargo de Tesorero hasta que finaliza su mandato estatutario en la Asamblea del 20 de octubre pasado. Siempre afín a participar y a colaborar con las actividades y propuestas gremiales, no tenemos más que palabras de agradecimiento para Francisco, quien tuvo además intenso trabajo en la Comisión de Control de Gestión. Este forzado alejamiento impuesto por plazos estatutarios no significa una despedida. No faltará oportunidad en la que podamos encontrarnos nuevamente compartiendo mesas de discusión y análisis. Junto a un enorme gracias, reciba también un gran “Hasta pronto”.

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Consejo Directivo Presidente

Cr. Pablo Montaldo

NIXUS S.A.

1er. Vicepresidente

Dra. Matilde Carrau

CARRAU & CIA. S.A.

2do. Vicepresidente

Sra. Yelsa Corbella

OCA S.A.

Secretario

Cr. José Luis Rial

CONAPROLE

Prosecretario

Dr. Fernando Fernández

SCHANDY S.A.

Tesorero

Sr. Heber Assaf

ARNALDO C. CASTRO S.A.

Protesorero

Cr. Jorge Velasco

BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.

Vocales

Sr. Francisco Kantor

ALMENA S.A.

Cr. Valentín Martínez

BANCO ITAÚ URUGUAY S.A.

Dr. Guzmán Arregui

BANCO SANTANDER S.A.

Cr. Albérico Gadea

ADP S.A.

Sr. José Luis Dos Santos

NORTESUR S.A.

Comisión Fiscal

Cr. Diego Mandía

DELOITTE S.C.

Cr. Mario Zugarramurdi

BDO ESTUDIO HÉCTOR DEFFÉMINIS

Dr. Hector V. Viana

ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA + BRAUSE

Suplentes: Consejo Directivo

Dr. Javier Arocena

OROFINO S.A.

Sr. Rafael Barbieri

CENTRO SUDAMERICANO S.A.

Cra. Miriam Bernheim

IBM DEL URUGUAY S.A.

Sr. Norberto Cánepa

NORBERTO CÁNEPA SANTOS

Cra. Isabelle Chaquiriand

ATMA S.A.

Sr. Julio Cherro

S.A.U.D.U.

Cr. Diego Chiappe

EDUARDO CHIAPPE S.A.

Ec. Guzmán Elola

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

Cra. Silvia Gómez

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

Sr. Alberto González Rocca Sr. Carlos Hernández

EMILIO BENZO S.A. CEMENTOS ARTIGAS S.A.

Cra. Silvia Hernández

BANCO BANDES URUGUAY S.A.

Cr. Gonzalo Icasuriaga

CPA FERRERE

Cra. Mercedes Ottonello

OTTONELLO HNOS. S.A.

Cr. Fabricio Perdomo

FIERRO VIGNOLI S.A.

Dr. Jorge Pereyra

ASOCIACIÓN DE REPUESTEROS AUTOMOTORES DEL URUGUAY

Dr. Gerardo Porteiro

HERRERA, NICOLÁS Y OTROS (ESTUDIO GUYER & REGULES)

Cr. Alejandro Quintana

GERDAU LAISA S.A.

Cr. Eduardo Radío

SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A.

Dr. Daniel Rainusso

SAGRIN S.A.

Sr. Pedro Ramos

ELECTROQUÍMICA S.A.

Sra. Ma. Cristina Rodríguez

Sr. Jorge Torres

SUDEL S.A. CENTRO PROTECCIÓN CHOFERES DE MONTEVIDEO

Lic. Fernando Viera

PORTO SEGURO – SEGUROS DEL URUGUAY S.A.

Suplentes: Comisión Fiscal

Cra. Cecilia Sosa

LÓREAL URUGUAY S.A.

Dr. Tabaré De Mello

UTE

Cra. Alina Gil

JUAN C. BALERIO S.A.

Dr. Juan Pittaluga

JUAN PITTALUGA & ASOCIADOS

Cr. Ricardo Pereiras

INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A. (IPUSA)

Cr. Luis Normey

PREVISIÓN S.A.

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