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EDICIÓN 161 · Julio 2016

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE PERSONAS JURÍDICAS EN CONCURSO

• Conferencia LIDECO analiza coyuntura y perspectivas económicas, con Tamara Schandy, Ignacio Munyo y Sebastián Pérez. • Registración de Balances en AIN: se anuncia fiscalización del cumplimiento de la obligación de registrar, a empresas obligadas. • AIN capacita a los socios de LIDECO sobre registración de estados contables en XBRL.

• Recibimos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Director General de Rentas. • SCJ confirma prohibición de iniciar nuevos juicios contra el deudor concursado. • Preguntas frecuentes en materia concursal y en cobranza morosa. • Información comercial: convergencia entre seguridad y riesgo en los negocios.

LIGA DE DEFENSA COMERCIAL / Contenido

Contenido EDITORIAL......................................................................................................2

Consejo Directivo

INICIATIVAS LIDECO

Cr. Pablo Montaldo Presidente NIXUS S.A.

Iniciativas vigentes: Información comercial, seguridad jurídica, herramientas de prevención y de corrección ante dificultades …...................3

Dra. Matilde Carrau 1er Vicepresidente PINTURAS GRANITOL S.A.

Registración de Estados Contables: un derrotero con historia.......................8

Nueva fase para el Comercio Electrónico. La Economía compartida o colaborativa...............................................................................6

INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL Novedades en materia de Registración de Estados Contables.....................12

Cra. Serrana Gauthier 2do Vicepresidente BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A. Cr. José Luis Rial Secretario CONAPROLE Dr. Fernando Fernández Prosecretario SCHANDY S.A. Cr. Francisco Danza Tesorero LEVER S.A. Cra. Lic. Adriana Landaburu Protesorero BROU Sra. Yelsa Corbella Vocal OCA Sr. Francisco Kantor Vocal ALMENA S.A. Cr. Valentín Martínez Vocal BANCO ITAÚ URUGUAY S.A. Sr. Heber Assaf Vocal ARNALDO CASTRO S.A. Cr. Jorge Velasco Vocal BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.

La accesibilidad de información financiera potencia la confianza y la seguridad en los negocios.......................................................................16 Información comercial: punto de convergencia entre la seguridad y el riesgo en los negocios.............................................................................18 GESTIÓN DEL RIESGO Riesgo: abordaje desde la calidad, la cultura empresarial y la planificación estratégica.............................................................................20 CONCURSALES Preguntas frecuentes en materia concursal y de cobranza morosa.............24 La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas en concurso....................................................................................................28 Suprema Corte de Justicia confirma prohibición de iniciar nuevos juicios contra el deudor concursado...............................................................32 DE INTERÉS Intereses compensatorios y moratorios en la Ley de Usura: su regulación histórica e importancia en la práctica diaria.............................34 VISITAS Y EVENTOS Avance en la colaboración entre LIDECO y a Suprema Corte de Justicia.....38 Compartimos proyectos y realizamos puesta a punto con la DGI................40 Conferencia LIDECO. Coyuntura y perspectivas de la economía uruguaya: ¿cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos?.....................42 Capacita LIDECO. Central de Balances Electrónica Registración de Estados Contables...............................................................60 NUESTROS SOCIOS CUENTAN Iniciativas, propuestas y novedades de los socios de LIDECO.....................66 SEPARATA En memoria del Dr. José Pedro Ponce de León............................................70 Consejo Directivo...........................................................................................72 Julio Herrera y Obes 1413 Tel: 2908 1636* Fax: 2902 2857 www.lideco.com / lideco@lideco.com Los artículos que se publican son de total responsabilidad de sus autores y la Dirección de la Revista no se solidariza necsariamente con las opiniones en ellos expuestas.

Diseño y maquetación: Gráfica Mosca D.L.: 349.996

EDITORIAL Nos encontramos transitando un escenario económico incierto, cuyo análisis merece de parte del empresariado un espacio de reflexión. A tales efectos hemos planteado una Conferencia dedicada a abordar el tema de la coyuntura y perspectivas de nuestra economía, contribuyendo así a aportar elementos para la toma de decisiones. Oficiamos como canal de comunicación para que la Auditoría Interna de la Nación pudiera por nuestro intermedio llegar a las empresas socias y no socias de LIDECO, a fin de capacitarlas en los menesteres de las modificaciones normativas y del nuevo lenguaje de registración de estados contables (XBRL). Siendo éste un tema que para nuestra gremial es y ha sido de suma relevancia, no cabía sino generar también un ámbito más para la concientización y actualización respecto a las nuevas exigencias y requisitos en la materia. Mantenemos y profundizamos la relación con los Organismos del Estado, en relación a los cuales venimos manteniendo estrechas relaciones de colaboración. Además del evento realizado con la AIN en materia de capacitación, hemos recibido en nuestra sede social al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Director General de Rentas. Continúa nuestra Institución atendiendo muy diversos asuntos concursales y proponiendo a la plaza comercial sugerencias y propuestas en los casos concretos en los que tenemos injerencia, así como en aquellos en los que somos consultados merced a nuestra experiencia centenaria. Acercamos en este número una serie de respuestas a preguntas que frecuentemente son objeto de inquietud por parte del empresariado en lo que refiere a la materia concursal y a los servicios de representación de LIDECO en tales asuntos. Dentro del mismo tema, abordamos uno no menor, que refiere a la responsabilidad de los administradores de personas jurídicas en concurso, respecto al cual recomendamos especial atención, debido a sus implicancias. Analizamos lo relativo a la posibilidad de iniciar juicios contra los deudores concursados por los créditos nacidos con anterioridad a la declaración del concurso, recomendando también en este caso una lectura detenida sobre el punto. Promovemos incesantemente las bondades del uso de información comercial y de una adecuada gestión del riesgo, aspectos éstos que creemos deberían estar concebidos dentro de la gestión estratégica de toda organización.

EDITORIAL

Analizamos aspectos cotidianamente implicados en el otorgamiento y aceptación de créditos como el de los intereses en relación con la usura. Como gremial, aspiramos a continuar atendiendo la realidad práctica de los negocios en el marco de una reflexión dialéctica que nos conmina a apostar siempre a la mejora de los instrumentos y mecanismos que puedan hacerlos más fluidos, seguros y transparentes. Esta edición constituye una compilación gráfica que condensa muestras de nuestro accionar, nuestra razón de ser y nuestro rol articulador y promotor de equilibrios entre empresarios, intereses privados e intereses que tienen que ver con el bien público y común. La labor de LIDECO está lejos de circunscribirse en sus efectos, solamente a su masa de asociados. Nuestro carácter no sectorial y los fines que nos inspiran determinan una impronta capaz de reunir diversas facetas en torno a la búsqueda del bien común para el comercio. Ese desafío es el que pretendemos comunicar por este medio.Consejo Directivo de Liga de Defensa Comercial

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LIDECO / Julio 2016

Iniciativas vigentes:

Información comercial, seguridad jurídica, herramientas de prevención y de corrección ante dificultades Las iniciativas de LIDECO en materia de sus cometidos institucionales se desarrollan hoy con el mismo espíritu y marco de referencia que hace cien años. Han cambiado circunstancias y necesidades concretas en el comercio, permaneciendo vigente la necesidad de alcanzar una siempre más transparente y segura plaza comercial. En ese afán seguimos trabajando e invitando a la reflexión respecto al rol de cada actor convocado desde LIDECO a ser parte del desafío antes señalado. Los cometidos

os Estatutos sociales de LIDECO son claros cuando en su artículo 2 plasman que el objeto fundamental de nuestra Institución “…es el de crear un órgano representativo del Comercio y de la Industria nacional, que, reuniendo y vinculando entre sí a todos los componentes de esas colectividades, contribuya a desarrollar el espíritu de solidaridad, organizándose así para la defensa eficaz de los intereses colectivos, combatiendo el fraude, la deshonestidad y la ineptitud comercial, y velando por el progreso de las entidades que representa, para que su organización alcance el mayor grado de perfección, de influencia y representación que le corresponde como factor importante de la vida social y económica de la Nación”. Igualmente claros son cuando plantean en el literal d) del artículo 3, que, dentro de los fines declarados, la Institución deberá “prestigiar las ventajas de la información comercial a base de la mayor buena fe y sinceridad, como recurso preventivo a favor del saneamiento comercial, creando y manteniendo al efecto un registro de firmas comerciales e industriales en la forma más completa y ordenada. Los

asociados deberán facilitar, en todo lo posible, los datos que se les requieran con tal objeto”. La legislación nacional recoge la relevancia de la labor de LIDECO cuando expresa en el artículo 107 de la Ley 16.002, que “Los organismos estatales deberán proporcionar a Liga de Defensa Comercial la información que les requiera para el cumplimiento de sus cometidos de defensa del crédito, del consumo y de la lealtad y corrección comercial. Lo dispuesto precedentemente no comprende a aquella información que, de acuerdo a normas vigentes, tenga carácter secreto”. Asimismo, el literal c del mismo artículo plantea que la gremial deberá “…propiciar ante los poderes públicos la sanción de leyes, decretos o disposiciones útiles para el comercio, ya sea para facilitar su desenvolvimiento y prosperidad en el orden económico, o para asegurar sus transacciones…”

Seguridad a través de información y respaldo jurídico En diversos momentos de nuestro extenso devenir institucional de más |5|

de un siglo de trayectoria, hemos debido tomar la iniciativa de sostener la convicción de las bondades del uso de la información comercial para la toma de decisiones de negocios, en términos de la seguridad comercial, esto es, en términos de la máxima reducción posible del riesgo, con el máximo control posible de las variables que pueden determinar la ocurrencia de un fenómeno indeseado en materia de incumplimiento comercial. El Sector Jurídico de la Institución es otro gran pilar que sustenta la pretensión de dotar de seguridad al comercio, a través del asesoramiento preventivo en materia de contratos, garantías, documentación comercial, etc., y ya en instancias de dificultad, mediante el servicio de representación en cobranza morosa y en asuntos concursales.

Rol articulador entre fines y actores Nos interesa en este apartado llamar a la reflexión respecto al rol articulador que LIDECO viene ejerciendo entre su propio accionar, el de las empresas y el de los Poderes y Organismos del Estado, en aras de satisfacer sus cometidos instituciona-

Iniciativas LIDECO les. Rol que se ejerce desde y por la búsqueda de mejores condiciones para la interacción comercial, en lo que refiere a la buena fe, la transparencia, la lealtad y las buenas prácticas comerciales. Sin que existiera el auge de una teoría sistémica a la que hacer referencia, desde sus inicios, la concepción de los cometidos de LIDECO conlleva los ejes claves de un abordaje sistémico, en tanto en los fundamentos que justifican nuestro nacimiento como entidad, está implícita la comprensión de la interconexión entre los diversos actores del mercado y la influencia recíproca que necesariamente conlleva ese inevitable y esencial entrelazamiento. Esencial, porque no existe transacción comercial que no implique a un distinto. Hace a la esencia de la cosa la existencia de relaciones y efectos recíprocos entre partes que interactúan entre sí. Está plenamente vigente el llamado de LIDECO a que las empresas aporten y usen información comercial bajo el doble objetivo de preservar su patrimonio y promover una plaza saneada. Las empresas preservan su patrimonio evitando arriesgarlo en operaciones inseguras, si basan sus decisiones en la consulta de información. Del mismo modo, propenden a generar condiciones generales de seguridad cada vez que aportan información con carácter preventivo para la plaza. Asimismo, es también vigente el llamado a que las empresas procuren asesoramiento en materia de derecho comercial para proteger sus negocios con un eficiente y eficaz uso de los instrumentos legales previstos en la normativa que rige el comercio, en las distintas etapas que hacen a la operativa negocial.

La construcción y protección de la confianza Apostar a la buena fe y a las buenas prácticas no implica una confianza ingenua. Son necesarios,

aquí y en el mundo, mecanismos que garanticen de algún modo la posibilidad de la confianza desde diversos ámbitos de acción. El acceso y la disponibilidad de información es uno de los ámbitos de peso indiscutible para la seguridad en el comercio. La labor de nuestra gremial continúa contemplando la pretensión de lograr una apertura y acceso cada vez mayor a la información pública de utilidad para la toma de decisiones comerciales, así como también la pretensión de mantener los logros obtenidos en la materia, o revertir restricciones que consideramos injustificadas y no consecuentes con la legislación vigente. En el mismo sentido, continuamos, diariamente, dando denodada batalla para lograr ampliar en el mercado empresarial la convicción de que una plaza comercial segura se construye con el aporte de todos actuando en forma proactiva y no reactiva. La red informativa se robustece cada vez que una empresa aporta los propios datos y cada vez que alerta sobre hechos indeseados.

justificación de nuestro trabajo en el ámbito de la información comercial y en el ámbito jurídico, sea cuando se promueven instrumentos legales o cuando se atienden directamente dificultades en el cumplimiento de obligaciones entre empresas (incumplimientos, concursos). Todo ello, teniendo como máxima el bien común y la defensa de los intereses colectivos. La sabiduría de la concepción de LIDECO como entidad, radica en esa trascendencia que ha sabido contemplar una perspectiva integral del proceso de negocios, generando herramientas consistentes con las diversas etapas de la gestación de los mismos.

En suma Empresas, instituciones como LIDECO y los poderes y organismos públicos debemos continuar recorriendo un camino de colaboración que haga más robusto al sistema comercial, más aún en momentos en que las cosas no ruedan con los mejores impulsos.

También periódicamente insistimos en la importancia de respaldar los créditos - además de con información -, con adecuada documentación y garantías. La ocurrencia de incumplimientos que afectan el patrimonio de las empresas se evita cada vez que una empresa fortalece sus sistemas de control y resguardo legal.

Todos tenemos expectativas respecto a todos. Debemos buscar la consistencia entre lo que esperamos y lo que ofrecemos. Todos los actores tenemos que mirar críticamente nuestro aporte en la construcción del sistema en el que se desarrolla el comercio y procurar, siempre, trascender los límites del propio horizonte, el cual sin duda es incompleto.

Tanto la perspectiva informativa como jurídica del accionar de las empresas nucleadas en torno a LIDECO contribuyen a que el mercado desarrolle costumbres saludables que inhiben de por sí las conductas comerciales inadecuadas. Si cada empresa cuida celosa y sistemáticamente sus negocios, se reducen los espacios y las posibilidades para las malas prácticas.

El camino recorrido y el camino a recorrer no estuvo ni estará exento de dificultades, las cuales han sido todas, oportunidades de aprendizaje.

Pragmatismo con ideales El mundo ideal no existe ni existirá. Pero sí un mundo perfectible y un comercio perfectible. De ahí la plena |6|

LIDECO continuará en esta línea de promoción de la cultura de información y de protección jurídica antes durante y después del otorgamiento de créditos y la concreción de negocios, atenta siempre a los cambios que imponen las nuevas realidades en el comercio.-

Iniciativas LIDECO

Nueva fase para el Comercio Electrónico. La Economía compartida o colaborativa En el presente artículo el autor plantea los desafíos de la economía colaborativa, que crece a pasos agigantados merced al desarrollo tecnológico y su impacto en la dinámica del comercio, concretamente del comercio electrónico, que acompaña tales avances. Avances que el marco normativo no contempla a la misma velocidad.

Dr. Nicolás Antúnez Sector Jurídico de Lideco. Profesor Adscripto de Informática Jurídica (FEDER - UDELAR). Docente de Derecho Comercial y Derecho de la Empresa (Facultad de Ciencias Empresariales UDE).

na de las notas características del actual estado de la vida negocial es el notable vínculo entre el comercio y el desarrollo tecnológico. El resultado excluyente de esta realidad es la instauración del “Comercio Electrónico” (C.E) como una actividad que ya ha sido asimilada a nuestra vida cotidiana. No obstante esta habitualidad, periódicamente nos sorprendemos con que estos nuevos formatos tienen dificultades para compatibilizarse con marcos jurídicos basados en estruc-

Problemas como la falta de regulación específica, la existencia de prueba de las transacciones, la identificación de jurisdicciones y leyes aplicables y de la celebración de contratos, la discusión sobre la competencia leal que estas nuevas formas de hacer negocios comporta, son algunos de los temas que reclaman definiciones. Lejos de pretender agotar la profundidad de los asuntos a analizar, el artículo pone sobre la mesa el carácter complejo de esta nueva realdiad comercial a la que el orden jurídico busca dar respuesta. turas concebidas en épocas pretéritas. Tal es así que doctrinariamente se ha “acusado” al C.E de erigirse como el gran causante de la crisis de la contratación y la tributación. Por lo pronto este tipo de comercio ha cumplido el papel de ser la primera usina normativa para interpretar el papel de las TIC’s en la sociedad. Previamente a las primeras definiciones legislativas las dificultades surgidas en el C.E fueron satisfechas por disposiciones de carácter contractual. Por este motivo la autonomía de la voluntad privada ha sido el punto de partida del camino regulatorio lo cual ha dejado un perfil muy marcado en la actividad fruto de las prácticas comerciales. Con la ex|8|

pansión de Internet entre los consumidores, la progresiva inclusión de prestadores y dado el notable peso económico que ha adquirido este mercado, se consolidó la necesidad que el Estado opere como agente regulador de este tipo de operaciones. Entre las múltiples definiciones que describen al C.E rescatamos aquella que lo conceptualiza como “...la producción, distribución, comercialización, venta entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”.1 Doctrinariamente se ha distinguido entre el C.E “tradicional”, el cual se verifica por lo general entre empresas y con una participación acotada, del C.E “en Internet” el que se

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encuentra dotado de una amplitud mucho mayor ya que vincula a empresas, consumidores y administraciones públicas sin limitación en relación al espacio o a los participantes. Otra clasificación diferencia entre el “C.E indirecto” el cual sucede cuando en las transacciones intervienen conjuntamente medios electrónicos y físicos del “C.E directo” especie en la cual todas las fases del negocio se constatan electrónicamente. Algunos de los múltiples problemas jurídicos que suelen imputarse a esta modalidad negocial es la falta de regulación específica, el surgimiento de problemas de índole probatorio en las transacciones, las dificultades relativas a la identificación de la jurisdicción y la ley aplicable, así como la complejidad de los contratos por el entramado de responsabilidades contractuales y extracontractuales que surgen de los mismos. Cabe complementar que estos fenómenos no pueden ser analizados sin contar con otras variables como es la progresiva bancarización o inclusión financiera de la economía lo cual integra cada vez más participantes a este ámbito. Cambios técnicos como los sucedidos en la tecnología móvil con su notable poder expansivo y nuevos modelos de negocios como el consumo colaborativo o compartido cuestionan rápidamente las soluciones jurídicas alcanzadas. En cuanto a este último elemento se lo ha caracterizado como un modelo de negocios que tiende a profundizar la eliminación de los intermediarios2 mediante el desarrollo de plataformas electrónicas que explotan

todas las potencialidades que otorga Internet. El innegable fundamento jurídico en el que se sustentan estas iniciativas es el principio de libertad, con especial referencia a la libertad de comercio y de empresa. Probablemente Uber y Airbnb son de las muestras más elocuentes y palpables de este nuevo panorama. Pero por si fuera menester aclarar, no todo son rosas en este camino. Como bien señaló Jordi Busquet3 en ocasión de la I Reunión Iberoamericana de la OMT sobre economía colaborativa en el alojamiento turístico, celebrada los pasados días 4 y 5 de abril en Montevideo, es que los nuevos operadores son bienvenidos a ingresar y por tanto a competir en el mercado pero estos deben estar sujetos a las mismas reglas de juego con la que compiten los operadores ya establecidos. Parece una cuestión de estricta justicia y de lealtad en la competencia, que los nuevos jugadores deban de cumplir los parámetros generales instaurados para cada rama de actividad. Caso contrario nos expondría a las distorsiones lógicas que surgen cuando conviven un mercado reglado y otro o bien desregulado o bien informal. La innovación necesariamente desafía a los modelos tradicionales, lo cual no debe significar que “lo nuevo” quede exento de cumplir con las normas destinadas para la especialidad en la que esté incluido. En la actualidad nuestro Parlamento se encuentra abocado al estudio de un proyecto de ley que busca regular a los prestadores que emplean medios informáticos y aplicaciones

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tecnológicas para concertar diversos servicios. A nuestro juicio, la versión originalmente remitida adolece de serias dificultades, entre las que se cuentan aspectos de dudosa constitucionalidad, sobre los cuales hacemos votos para que la labor parlamentaria pueda superarlos con éxito. Por nuestra parte entendemos que, como ya en el año 2000 señalaba la Directiva Europea 2000/31/CE, se debe intentar alcanzar en materia de Comercio Electrónico un marco jurídico que sea “... sencillo, claro y seguro y compatible con las normas vigentes a escala internacional..” Surge entonces la necesidad de reinterpretar, integrar y legislar armónicamente un fenómeno tan dinámico a la luz de los principios generales del derecho clásicos. Por nuestra parte esperamos que la nueva normativa que surja de esta iniciativa sea el comienzo para encontrar soluciones frente a desafíos tan trascendentes.-

1-https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ wkprog_s.htm 2- Casanova, Miguel. (2016). El Derecho comercial ante la economía compartida. En Disrupción, Economía compartida y Derecho (69). Montevideo: FCU. 3-Presidente de la IHRA International Hotel & Restaurant Association.

Iniciativas LIDECO

Registración de Estados Contables: un derrotero con historia Si algo ha demostrado con creces nuestra gremial es su disposición a sostener denodadamente y por el tiempo que sea necesario la iniciativa de persuadir al empresariado respecto de las bondades del uso de información comercial, y en el caso que nos ocupa, a las bondades de poder contar con información financiera para la toma de decisiones de negocios. Por ello se ha dado específica batalla para promover la obligatoriedad del registro de estados contables, y logrado ello, para que la normativa se cumpliera a cabalidad tanto en cuanto a la obligación de registro como en cuanto a la sanción en caso de incumplimiento. Está claro que de ser necesario continuaremos insistiendo en ello.

a posibilidad de acceder a los estados contables de las empresas, entendidos como insumo clave para la toma de decisiones, ha sido para LIDECO, históricamente, objeto de debate y preocupación. Siempre entendió nuestra gremial, que no podían tener carácter privado los datos que sin ser estratégicos, o de investigación y desarrollo, impactan en la forma en que las contrapartes evalúan los riesgos implicados en el otorgamiento de un crédito. Crédito viene del latín, creditium, que significa “cosa confiada”. Hemos señalado que en materia de negocios, la confianza no es una cuestión de fe ingenua. Una empresa que otorga un crédito confía en que podrá recuperar en el futuro el activo que está puesto en juego, basando lo anterior en la buena fe, pero también en contratos, respaldos documentarios y garantías. El acreedor tiene pleno derecho a exigir el pago del crédito que se le adeuda. En ese mismo marco, tiene derecho a poder evaluar con información veraz y suficiente todos los aspectos que pueden contribuir al análisis del riesgo implícito en las operaciones comerciales cuyo pago se compromete a plazos. No hay duda que la evaluación de la información financiera de

una empresa es un insumo fundamental a tal efecto. La insistencia de nuestra gremial en la accesibilidad de la información contenida en los estados contables se sustentan en términos generales en los conceptos arriba vertidos, que son también, planteados sintéticamente, los que motivan el constante esfuerzo para ofrecer al empresariado un amplio espectro de información para nutrir y robustecer sus procesos de gestión y análisis del riesgo de crédito.

Evolución normativa hasta el año 2001 La Ley de Sociedades Comerciales número 16.060 del 4 de setiembre de 1989 fue alcanzada por la modificación planteada por la Ley 17.243 (29 de junio de 2000) considerada con Declaración de Urgencia, estableciéndose en su artículo 61, que se agregaba a la Ley 16.060 el Artículo 97 (bis) estableciendo que “Las sociedades, cualquiera sea su forma, cuyos activos totales al cierre de cada ejercicio anual superen las 30.000 UR (treinta mil unidades reajustables) o que registren ingresos operativos netos durante el mismo período que superen |10|

las 100.000 UR (cien mil unidades reajustables), deberán registrar ante el órgano estatal de control sus estados contables dentro de los ciento ochenta días siguientes a la finalización de su ejercicio económico” (… ) “La sociedad no podrá distribuir utilidades resultantes de la gestión social sin que previamente haya registrado los estados contables correspondientes al último ejercicio cerrado. El órgano estatal de control, en caso de infracción a las prohibiciones precedentes, aplicará las sanciones que disponga la reglamentación…”. El decreto número 253/001 Promulgado el 4 de julio de 2001, establecía en su artículo 1° que sería la Auditoría Interna de la Nación el Órgano Estatal de Control encargado de llevar el Registro de Estados Contables, y en el artículo 2°, que estarían obligadas a registrar los Estados Contables “… todas las sociedades, cualquiera sea su forma, cuyos activos totales al cierre el ejercicio anual superen las UR 30.000 (treinta mil unidades reajustables) o que registren ingresos operativos netos en igual período, que superen las UR 100.000 (cien mil unidades reajustables)”. Se tomaría el valor de la UR correspondiente a la fecha de cierre del ejercicio.

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Los artículos 3 al 8 del decreto establecían los requisitos y formalidades exigidas para la registración, dejaba fuera de esta exigencia a las instituciones de intermediación financiera registradas por el Decreto –Ley número 15.322 del 17de setiembre de 1982, establecía los plazos de presentación de los Estados Contables en el Registro (180 días siguientes a la finalización del ejercicio económico), se definía lo que se consideraba distribución de utilidades (pago de dividendos) a efectos de aclarar el contenido del artículo 97 bis, establecía las competencias de la Auditoría Interna de la Nación en tanto Organismo Registrador, a saber: recibir y registrar la documentación exigida a las empresas, expedir constancias, poner a disposición de los interesados la información registrada previo pago de una tasa, y aplicar las sanciones de apercibimiento, apercibimiento con publicación y multa en caso de incumplimiento a la normativa relativa al tema. El artículo 9 establecía que serían la AIN, el BPS y la Dirección General de Aduana los organismos encargados de exigir la presentación de la constancia de haber cumplido con la obligación de la registración. En su momento, LIDECO celebró

como un gran avance lo dispuesto en el decreto de referencia. Siempre fue parte de sus objetivos lograr sistematizar el enriquecimiento de los datos financieros de su base de datos empresariales a efectos de ofrecer mejores posibilidades de evaluación del riesgo a los procesos de análisis y gestión del riesgo de crédito de sus asociados. El decreto de la época permitía augurar mejoras en tal sentido, y de hecho nuestra gremial pasó a nutrir lo que unos años más adelante sería su Central de Balances - lanzada en el año 2007 en el marco del Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes cofinanciado con BID-FOMIN, y gracias a la colaboración de la Universidad ORT - mayoritariamente con los estados contables registrados en la AIN. Ello no obstó que continuara con su práctica de solicitar los estados contables directamente en las empresas en el marco de su tarea cotidiana de relevar información de la plaza comercial.

Qué pasó con las empresas, la registración y la información Entre los años 2001 y 2012, el comportamiento del empresariado obliga-

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do a registrar los estados contables fue muy irregular. En los hechos, quedó librado a la buena voluntad, a las convicciones y a la iniciativa de cada sociedad comercial el cumplir con la obligación impuesta por la norma. A nivel de la calidad de la información el efecto constatado a partir de la irregularidad fue la ocurrencia de saltos entre ejercicios que dejaban vacíos en la trazabilidad de una empresa que era inconstante en materia de la registración de sus estados contables. Por supuesto, otras no tenían discontinuidad sino ausencia total de trazo, pues nunca habían cumplido con la inscripción de la información. Esto generó una importante y entendible desmotivación en las sociedades comerciales que efectivamente daban cumplimiento a lo estipulado por la ley, dado que no hubo, en todo ese período, diferencia alguna entre la empresa cumplidora y la incumplidora en lo que a sanciones respecta. La principal resistencia de las empresas estaba y estará dada por la sensación de verse desigualmente expuestas en relación a su competencia, sin que mediara consecuencia alguna favorable para la empresa

Iniciativas LIDECO con voluntad registradora, o desfavorable para la omisa. El principio de reciprocidad y de justicia, quebrados ambos, están en juego en esta dinámica, por cuanto las empresas se ven inhibidas en la intención de registrar sus estados contables si sus colegas no los hacen accesibles y nada acontece en materia sancionatoria. Desde LIDECO se estimó en su momento, que solamente el 10% de las empresas obligadas estaba cumpliendo con el registro de sus estados contables y así se planteó el dato ante las autoridades con las que se mantuvieron contactos, bajo la consideración de que es de justicia diferenciar al cumplidor del incumplidor. Entre tanto, lanzábamos en 2007 nuestra Central de Balances en la convicción de la relevancia que tenía para el mercado disponer de una herramienta que permitiera consultar en forma rápida y sencilla los estados contables y reportes financieros en términos de segundos, que pudieran dar cuenta de los principales indicadores de las empresas tanto tomadas individualmente como en forma comparativa (versus empresas y versus mercado o sector de actividad). La Central de Balances de LIDECO fue y es sin duda una potente herramienta de análisis, cuyo impacto se veía afectado por la dificultad de contar con el universo de las empresas obligadas a registrar los estados contables. Impacto que además podía verse reflejado en beneficios para las propias empresas, dado que es sabido que la disponibilidad de información fidedigna y completa hace que se reduzca el costo del crédito y aumente la seguridad y la fluidez en las transacciones comerciales. En todo ese período, en el marco de su razón de ser, de la convicción sobre la importancia de los datos financieros para la toma de decisiones, y de los lazos de colaboración entre la gremial y los organismos del Estado en pos de la defensa de la

competencia leal y la transparencia, se mantuvieron, en reiteradas ocasiones, encuentros con las autoridades de la AIN, la DGI y el BPS, en los que se planteó la inquietud de que debían existir, a través de las sanciones previstas, una diferenciación entre las empresas cumplidoras e incumplidoras con la obligación de registrar sus estados contables. Uno de los planteos recurrentes refirió a la posibilidad de que la DGI no emitiera o suspendiera los certificados anuales a las empresas que estaban en falta. La insistencia de nuestra gremial fue constante, pues no se consideraba un tema menor que el 90% de las empresas obligadas sencillamente no presentaba sus estados contables, sin que en todo ese período de tiempo hubiera existido aplicación de sanciones. En la edición 151 de nuestra Revista, de julio 2010, planteábamos, “... hace ya once años que estamos propugnando, LIDECO y las empresas que registran sus estados contables, que se implementen mecanismos para que las empresas omisas en cuanto a la obligación de presentar sus estados contables, regularicen su situación”. Una nueva luz pareció encenderse en el camino cuando el artículo 270 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2011, en sustitución del artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado de 1996, establecía que la DGI estaba habilitada para suspender la vigencia de los Certificados Únicos anuales que ya hubiera expedido, cuando la empresa no hubiera cumplido con la obligación de registrar sus estados contables ante la AIN. La satisfacción de LIDECO radicaba en aquel entonces en que al fin habría una medida que desestimularía el incumplimiento. El estímulo de 2011 terminó siendo solo un estímulo que se vio empañado por la continuidad de la situación anterior, de modo que habríamos de continuar sosteniendo la insistencia en el planteo de nuestra preocupa|12|

ción ante la situación tantas veces ya señalada. Entretanto, la desmotivación del empresariado crecía y las irregularidades en la presentación también, observándose una clara tendencia a la disminución del registro de los Estados Contables en la AIN. Más que afectada se veía la pretensión de poder ofrecer información de calidad y sistemática a partir de la cual poder agregar valor para el análisis de datos financieros en nuestra Central de Balances, pues estábamos teniendo dificultades con los insumos clave. Lejos de poder relajar esfuerzos, se mantenía la necesidad de sostenerlos. Siguieron dándose los encuentros con autoridades de la DGI y la AIN, en los que volvió a ponerse sobre la mesa el planteo de nuestra recurrente inquietud respecto al tema. En mayo de 2015, a partir de la visita de la Auditora Interna de la Nación en nuestra sede social, planteábamos en el Comunicado número 22 del 27 de mayo de ese año: “Total consonancia hubo entre la postura de la AIN y la de LIDECO en cuanto a la importancia de insistir en la promoción de la cultura de información, en pos de la salud del mercado y de mejores oportunidades para la atracción de inversiones. Se coincidió en que la motivación ideal que se espera lograr en el empresariado en relación a la registración de los Estados Contables, tiene que ver con el mundo de las convicciones, no obstante lo cual, se planteó que los aspectos normativos en su perfil sancionatorio, juegan también un importante rol”. En ese encuentro compartíamos con beneplácito los avances de la AIN en la construcción de la plataforma de registro de estados contables en formato XBRL (eXtensibe Business Reporting Language), lo que permitiría avances en el registro y disponibilidad pública de aquellos, siempre en el marco de los modelos estándar aceptados internacionalmente por la OCDE. Tanto LIDECO como AIN coincidía-

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mos en que el mundo se mueve hacia la transparencia informativa, no obstante lo cual la situación de nuestro país en términos de la disponibilidad de la información financiera para la toma de decisiones, no estaba mostrando una tendencia a la mejora, contrastando con los avances observados en la región y en el mundo.

Expectativas frente a las recientes disposiciones Nos encontramos en estos meses ante una nueva y en principio alentadora realidad, tras nuevas disposiciones en la materia, las cuales son abordadas en la Sección Información Comercial en esta edición. Esta nueva realidad normativa, junto al proceso de modernización de la AIN que se expresa en la nueva modalidad de registración de balances en XBRL, constituyen otra vez un avance en el objetivo de mejorar la calidad, el acceso y la disponibilidad de los estados contables como insumo clave para la toma de decisiones de negocios. Esperamos sí, que esta vez puedan

levantarse los escollos que han venido inhibiendo y desmejorando la tasa de registración de estados contables en AIN en el transcurso de todos estos años, desde aquel primer decreto alentador en 2001. Como siempre, desde LIDECO estaremos abiertos a profundizar la confluencia de esfuerzos entre públicos y privados. Continuaremos trabajando para lograr el convencimiento y persuasión en el empresariado respecto a las bondades y beneficios de la transparencia informativa. Si hay una Institución en el Uruguay que ha trabajado denodadamente en ese punto desde hace más de 100 años, esa es Liga de Defensa Comercial. Específicamente, a partir de lo que hemos observado en función de nuestro seguimiento constante de la registración de los estados contables en la AIN, podemos afirmar con claridad que, como en otros aspectos de la vida, las normas valen no sólo porque señalan las conductas correctas, sino también porque señalan las consecuencias por no observarla. La conducta del incumplidor debe ser diferenciada de la del cumplidor.

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Estamos en condiciones de plantear que no es suficiente y no lo ha sido - a las pruebas de los resultados en materia de registración nos remitimos – apelar únicamente a la persuasión y al convencimiento para lograr que las entidades obligadas por ley a registrar sus estados contables, efectivamente los registraran. Confiamos en que estas novedades tecnológicas y normativas que rodean a la registración de estados contables y a la recientemente presentada Central de Balances Electrónica de la AIN, se verán respaldadas por un claro accionar en materia de aplicación de las sanciones que hasta ahora fueron las grandes ausentes de este extensísimo proceso de 15 años, en los que nuestra gremial ha clamado incesantemente por la aplicación de un instrumento de justicia y motivación a la hora de diferenciar cumplidores de incumplidores y de respetar las disposiciones de las propias leyes.-

Información Comercial

Novedades en materia de Registración de Estados Contables Como resultado de un extenso proceso de disposiciones sobre el tema, dos decretos del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía y Finanzas, establecen algunas modificaciones respecto a los parámetros que la normativa planteaba respecto al tipo de entidades obligadas a proceder a la registración, los montos a partir de los cuales rige tal obligación. Además, se reafirman las competencias de la Auditoría Interna de la Nación como órgano estatal de control, se establece la fecha a partir de la que rigen las nuevas disposiciones y también las sanciones correlativas al incumplimiento de los dispuesto. A su vez, la AIN establece, en una resolución, las condiciones de registración de los estados contables en la Central de Balances Electrónica.

Decreto 155 / 016 Ministerio de Economía y Finanzas, 30 de mayo de 2016

ISTO: lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 18.930 del 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el artículo 215 de la Ley N° 19.355 del 19 de diciembre de 2015. RESULTANDO: I) que de acuerdo a dicha norma, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades

y asociaciones agrarias, así como las entidades no residentes que cumplan las condiciones a que refieren el art. 2° de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el Banco Central del Uruguay, deben registrar sus estados contables ante el órgano estatal de control, de acuerdo a lo requerido por la reglamentación.

de 2014 y las demás normas concordantes y complementarias.

II) que las sociedades comerciales están obligadas a aplicar los cuerpos normativos establecidos en los Decretos N° 124/011 de 1° de abril de 2011 y N° 291/ 014 de 14 de octubre

II) que resulta necesario establecer el cuerpo de normas contables aplicable a los obligados a registrar sus estados contables comprendidos en el artículo 24 de la mencionada Ley 18.930.

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CONSIDERANDO: I) que el Poder Ejecutivo ha fijado como objetivo apoyar la implementación de un plan de mejora de la transparencia informativa de los mercados, a través de la existencia de un proceso sostenido y efectivo de adopción de las normas internacionales de información financiera.

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III) que resulta conveniente establecer normas que faciliten la interpretación de la información reportada. IV) que resulta pertinente que los obligados comprendidos en el artículo 24 de la Ley 18.930 incluyan en sus estados contables información adicional. V) que la sucesiva emisión de Normas Internacionales de Información Financiera, por parte el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board), conforman cuerpos normativos con reconocimiento internacional. ATENTO: a lo precedentemente expuesto, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA: ARTÍCULO 1°.- Apruébense como normas contables de aplicación obligatoria, para los obligados por el artículo 24 de la Ley 18.930 de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el artículo 215 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015, los cuerpos normativos aplicables a las sociedades comerciales establecidos en los Decretos N° 124/011 del 1° de abril de 2011 y N° 291/014 de 14 de octubre de 2014 y las demás normas concordantes y complementarias. ARTÍCULO 2°.- Toda otra información complementaria a la prevista en el artículo anterior, que sea considerada relevante a esos efectos por el órgano estatal de control o por el obligado, deberá ser incluida mediante notas a los estados contables. ARTÍCULO 3°.- Lo establecido en el

presente Decreto es de aplicación obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2016. Sin perjuicio de ello, queda habilitada su aplicación voluntaria, para los ejercicios iniciados con anterioridad.

la presentación de los estados contables, tomando en cuenta las particularidades de cada categoría de obligado a registrar, para así facilitar su registro y acceso por parte del interesado.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese y archívese.

III) que el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado de 1996, en la redacción dad por el artículo 313 de la Ley 18.996 del 7 de noviembre de 2012, otorga a la Dirección General Impositiva la potestad de suspender la vigencia de los certificados anuales que haya expedido, cuando el contribuyente omitiera registrar sus estados contables ante el órgano estatal de control.

Decreto 156 / 016 Ministerio de Economía y Finanzas, 30 de mayo de 2016 VISTO: lo dispuesto por el artículo 97 (bis) de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 151 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, y el artículo 24 de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el artículo 215 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015. RESULTANDO: I) que dichas normas establecen determinados obligados a registrar sus estados contables, en el registro de estados contables del órgano estatal de control. II) que dichas normas delegan, en el Poder Ejecutivo, la reglamentación del monto de los activos y/o ingresos a partir del cual nace la obligación de registrar la fijación del plazo en que deberán registrar y las sanciones que deben aplicarse por el incumplimiento de la obligación de registrar y de la prohibición de distribuir utilidades sin previo registro.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA: ARTÍCULO 1°.- (Registro). El registro de estados contables estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, en su carácter de órgano estatal de control. ARTÍCULO 2°.- (Cometidos). Compete a la Auditoría Interna de la Nación: 1) Recibir y registrar los estados contables formulados conforme a las normas contables adecuadas, así como la documentación exigida. La recepción de los estados y de la documentación, no implica expedirse sobre su contenido o veracidad.

CONSIDERANDO: I) que es necesaria la reglamentación de los aspectos indicados

2) Expedir una constancia certificando el registro de los estados contables respectivos.

II) que es conveniente uniformizar

3) Proporcionar al interesado que lo

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Información Comercial solicite copia de la información registrada. 4) Evacuar las consultas que efectúen los interesados, conforme lo permitan las herramientas informáticas implementadas en el registro. 5) Aplicar las sanciones previstas en el presente Decreto. ARTÍCULO 3°.- (Monto). Las sociedades comerciales, las sociedades y asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes que cumplan las condiciones que establece el artículo 2° de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el Banco Central del Uruguay, deberán registrar sus estados contables válidamente emitidos y, en caso de corresponder, aprobados: a) cuando los ingresos de sus actividades ordinarias, al cierre de cada ejercicio anual, superen las 26.300.000 (veintiseis millones trescientas mil) Unidades Indexadas; o b) cuando obtengan ingresos que superen las 4.000.000 (cuatro millones) de Unidades Indexadas al cierre de cada ejercicio anual, siempre que al menos el 90% (noventa por ciento) de los mismos generen rentas que no sean de fuente uruguaya. A tales efectos, en ambos casos se deberán considerar los ingresos generados en el ejercicio anterior. En caso que dicho ejercicio abarque un período menor a doce meses, los ingresos deberán ser proporcionados a un ejercicio completo. El valor de la Unidad Indexada aplicable, será el vigente a la fecha de cierre del ejercicio. ARTÍCULO 4°.- (Plazo). El plazo para el registro de los estados contables será de 180 días corridos, contados a partir del día siguiente a la fecha de cierre del ejercicio económico. ARTÍCULO 5°.- (Requisitos). La Au-

ditoría Interna de la Nación establecerá, mediante una Resolución que deberá publicarse en el Diario Oficial y en su página web, todas las formalidades y condiciones requeridas para la presentación de los estados contables, en un plazo que no exceda los diez días corridos a contar desde el día de la entrada en vigencia del presente Decreto. ARTÍCULO 6°.- (Prohibición de distribuir utilidades). Aquellos obligados que, por su naturaleza, puedan distribuir utilidades, pero no cumplan con la obligación de registrar en el plazo fijado, no podrán hacerlo hasta tanto no cumplan dicha obligación. A estos efectos, se entenderá por distribución de utilidades el pago de dividendos o de sus equivalentes, según la naturaleza del obligado. ARTÍCULO 7°.- (Multas). El incumplimiento del deber de registrar los estados contables en el plazo fijado en el artículo 3° y de la prohibición de distribuir utilidades, dará lugar a la imposición, por la Auditoría Interna de la Nación, de las siguientes multas: 1) Incumplimiento de la obligación de registrar en plazo: a) Se aplicará una multa de 2.000 (dos mil) Unidades Indexadas b) En caso de reiterarse el incumplimiento en un período de cinco años calendario, se aplicará una multa de 3.000 (tres mil) Unidades Indexadas, que no será acumulable con la del literal a). 2) Incumplimiento de la prohibición de distribuir utilidades: a) Se aplicará una multa de 125.000 (ciento veinticinco mil) Unidades Indexadas b) en caso de reiterarse el incumplimiento en un período de cinco años calendario, se aplicará una multa de 250.000 (doscientos cincuenta mil) Unidades Indexadas, que no será acumulable con la del literal a). |16|

Las multas aplicables no podrá superar el valor equivalente a 10.000 Unidades Reajustables. ARTÍCULO 8°.- (Suspensión del certificado anual por DGI). Una vez notificado el acto de imposición de la multa, la Auditoría Interna de la Nación comunicará a la Dirección General Impositiva, la nómina de aquellos obligados que hubieran omitido registrar sus estados contables, a los efectos de la suspensión de la vigencia del certificado anual, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 del Título Ordenado de 1996. ARTÍCULO 9°.- (Vigencia). Respecto de las sociedades comerciales, el régimen establecido en el presente Decreto, comenzará a regir para los ejercicios económicos cerrados a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Resolución que dicte la Auditoría Interna de la Nación reglamentando los aspectos indicados en el Artículo 5°. Respecto de los obligados comprendidos en el artículo 24 de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el artículo 215 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, el Decreto comenzará a regir para los ejercicios económicos iniciados a partir de la referida fecha. ARTÍCULO 10°.- (Exclusiones). Para las instituciones de intermediación financiera, las empresas aseguradoras, las administradoras de fondos de ahorro previsional y los intermediarios de valores, sometidos al control, supervisión y/o superintendencia del Banco Central del Uruguay, no regirá la obligación de registrar los estados contables ante la Auditoría Interna de la Nación ni las disposiciones del presente Decreto. ARTÍCULO 11°.- (Derogaciones). Deróganse los Decretos N° 253/001 de 4 de julio de 2001 y N° 353/001 de 6 de setiembre de 2001, así como toda otra norma reglamentaria que contravenga el presente Decreto. ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese y archívese.

LIDECO / Julio 2016 Resolución de la Auditoría Interna de la Nación del 9 de junio de 2016 VISTO: lo dispuesto por el Artículo 97 (bis) de la Ley N° 16.060 del 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el Artículo 151 de la Ley N° 19.149 del 24 de octubre de 2013 y el Artículo 24 de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el Artículo 215 de la Ley N° 19.355 del 19 de diciembre de 2015, y el Decreto reglamentario N° 156/016 de fecha 30 de mayo de 2016, respecto al Registro de Estados Contables ante la Auditoría Interna de la Nación. RESULTANDO: que es firme propósito de la Auditoría Interna de la Nación propiciar las mejores prácticas y la transparencia en la gestión y manejo de la información contable con la meta de que el Registro de Estados Contables se convierta en una Central de Balances Electrónica (CBe), en el marco del Programa de Modernización Institucional – Proyecto de Asistencia Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. CONSIDERANDO: que el Artículo 5° del Decreto 156/016 dispone que la Auditoría Interna de la Nación establecerá, mediante una Resolución que deberá publicarse en Diario Oficial y en su página web, las formalidades y las condiciones requeridas para la presentación de

los estados contables ante el Registro de Estados Contables.

4) de la presente resolución será aplicable a:

ATENTO: a lo precedentemente expuesto:

a) las sociedades comerciales que cierren sus ejercicios económicos a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente Resolución;

LA AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN RESUELVE: 1) Los obligados registrarán sus estados contables en “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) a través del portal Central de Balances Electrónica (CBe), de acuerdo a las taxonomías, al procedimiento y a los formularios emitidos por la Auditoría Interna de la Nación y publicados en la página web. 2) Los estados contables estarán a disposición en XBRL, PDF y EXCEL. 3) Los estados contables deberán ser acompañados por certificación de un profesional universitario con título de Contador Público o equivalente, habilitado para su ejercicio en el territorio nacional. Serán aceptados como certificaciones los informes de compilación, de revisión limitada o de auditoría, elaborados según las normas generalmente aceptadas. El informe deberá contar con la firma digital del profesional actuante.

b) los obligados a registrar por el Artículo 24 de la Ley N° 18.930, en la redacción dada por el Artículo 215 de la Ley N° 19.355, para los ejercicios económicos iniciados a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.355; c) aquellos obligados que registren los estados contables de ejercicios económicos cerrados con anterioridad a las fechas indicadas 6) Derógase las Resoluciones del Auditor Interno de la Nación de fechas 18 de noviembre de 2014, referidas a las taxonomías y al procedimiento de registro de estados contables aplicables a las sociedades anónimas abiertas; así como el Manual de procedimiento aprobado por Resolución de fecha 17 de marzo de 2009 y sus modificativas.

4) Los estados contables deberán incluir las firmas digitales del o de los representantes legales del obligado, la cual tendrá carácter de declaración jurada de su condición de tal.

7) Pase a la División Planificación y Desarrollo a efectos de: a) publicar la Resolución en el Diario Oficial y en la página web; b) publicar en la página web el enlace de acceso a la aplicación de la nueva Central de Balances Electrónica (CBe) www.cbe.gub.uy

5) Lo indicado en los numerales 1) a

8) Cumplido, archívese.-

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Información Comercial

La accesibilidad de información financiera potencia la confianza y la seguridad en los negocios Nada que no se haya dicho antes. Pero lo obvio, por obvio no debe obviarse, y más aún, debe reforzarse siempre que sea necesario. En este apartado recordamos algunos aspectos centrales del valor de la accesibilidad de la información financiera para el mercado interno y para la proyección externa (internacional) de los negocios. Nuestro país, desde distintas iniciativas está cada vez más acoplado a las tendencias de modernización internacional, en un proceso sin retorno que celebramos en lo que a la mejora de la transparencia del mercado comporta.

a tendencia mundial hacia la transparencia en materia de información financiera es incontestable. Luego de la crisis de 1998, el mercado mundial, ha procurado formas de crear instrumentos que favorezcan la confianza necesaria para la concreción de negocios. Ello motivó el establecimiento de estándares internacionales para la presentación de información financiera (IFRS - International Finantial Reporting Estándar o Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF), con el objeto de generar una estructura global e internacional de colaboración para el manejo de información financiera. En la medida entonces en que los mercados globales procuran mejores sistemas de información para prevenir crisis y dificultades fortaleciendo la prevención en los negocios, los mercados emergentes y dependientes nos vemos impelidos a adaptarnos a los estándares por los cuales discurren las relaciones comerciales internacionales, dado que la aspiración a crecer está concatenada con el acceso a nuevos mercados. De ahí que nuestro país acompañe estas tendencias de modernización no solo en cuanto a la registración de balances sino además en nuestro ya muy avanzado sistema de facturación

electrónica, que también se extiende en el mundo. Que la ausencia de información financiera fiable sienta las bases de la incertidumbre y la inseguridad, no es discutible. Que ello no favorece la confianza necesaria para el desarrollo económico, es indudable. Que las economías emergentes necesitan ampliar su inserción en los mercados internacionales es una convicción que está presente en todas las plataformas políticas de todos los gobiernos. El fenómeno de la globalización potenciado además por el comercio electrónico ha impuesto a los países y a las grandes empresas, a fuerza de realidad, la conciencia de que no es posible sostenerse al margen de los estándares internacionales en materia de información financiera si se pretende entrar en el juego de la conquista y ampliación de mercados externos. En ese marco, la adopción de las NIIF juega un rol facilitador de la inserción económica internacional, en tanto la realización de negocios requiere, para la captación e interpretación de la información en función de la cual se tomarán las decisiones, un lenguaje común y homogéneo que facilite la circulación y comprensión de la in|18|

formación financiera necesaria para evaluar riesgos y condiciones del relacionamiento comercial. A la interna, el reciente lanzamiento de la Central de Balances Electrónica (CBe) de la Auditoría Interna de la Nación, conjuntamente con las correspondientes nuevas disposiciones que comentamos en esta edición y a través de nuestros comunicados semanales, constituyen un movimiento alineado con los conceptos arriba vertidos, que impacta en las diversas aristas de análisis de estos temas: por lo pronto en la arista ética y en la arista práctica. La arista ética, tiene que ver con las convicciones de carácter más filosófico relativas a la obligación de responder por la propia conducta de transparencia u ocultamiento, en la medida en que tanto una cosa como la otra impacta en las consecuencias de las decisiones tomadas por un tercero, ignorante o conocedor (en función de la menor o mayor accesibilidad de datos) de la información relevante para sopesar el riesgo implicado en los negocios por los que opta. La arista práctica viene de la mano de un hecho muy simple: sin información compartible se complica la fluidez en los negocios, aumenta el riesgo y se

LIDECO / Julio 2016

afecta el acceso al crédito tanto a la interna como a la externa, dado que los interlocutores comerciales necesitan información transparente, comparable, pertinente y confiable. En función de todo lo anterior es que nuestra gremial ha insistido fuertemente durante muchísimos años en propugnar la obligatoriedad de la registración de estados contables ante el organismo de control, a estos mismos fines de transparencia y eficiencia. Los agentes de crédito se quejan recurrentemente respecto a las dificultades para la obtención de la información financiera de las empresas solicitantes de aquellos. De encontrarse en la AIN todos los estados contables de las empresas obligadas, la fluidez del acceso a los créditos se potenciaría y del mismo modo, la reducción del riesgo.

ofrecer su información financiera las expone a una riesgosa vulnerabilidad, cuando en realidad, en circunstancias como la actual, en que la actividad económica no crece al ritmo deseado y se reducen las posibilidades de capitalización para la inversión a base de la generación de recursos propios, la necesidad apelar al endeudamiento como recurso de financiación debería aspirar a la máxima eficiencia, esto es, a la reducción del costo de crédito, y ello viene dado en buena parte por la accesibilidad de informa-

quieran permanecer dentro del sistema de intercambios que está asentándose, deberán adaptarse más tarde o más temprano a los nuevos códigos de ese sistema de intercambios. Las relaciones comerciales, como toda relación de convivencia e intercambio, son dinámicas y merecerán siempre revisiones, modificaciones y ajustes. Existen no obstante principios básicos y realidades concretas que justifican los beneficios que derivan de la disponibilidad de información para la toma de decisiones, tanto para el solicitante como para el otorgante de créditos.

nuestro país, desde distintas iniciativas está cada vez más acoplado a las tendencias de modernización internacional

Para su desarrollo armónico el mercado (las empresas) necesita de información, sea que se trate de empresas locales o internacionales. La transparencia está en la base de la confianza necesaria para que las contrapartes de los negocios puedan tomar decisiones seguras, basados en información compartible, entendible, suficiente y adecuadamente ordenada. Existe un primer obstáculo a sortear, sobre el cual es necesario seguir insistiendo, que tiene que ver con la reducción del costo de crédito y del riesgo que viene de la mano de la accesibilidad de la información. Muchas empresas siguen creyendo que

ción comercial y financiera para los actores que con la venta a plazo o los préstamos bancarios, otorgan crédito en el mercado. Todos los agentes de crédito (bancos, clientes, proveedores, acreedores) necesitan información para decidir adecuadamente las condiciones en las que establecer negocios. La tendencia en materia de información va hacia la simplificación y la uniformidad, de modo que más tarde o más temprano todos los actores de la cadena comercial irán confluyendo hacia lenguajes y procedimientos comunes en la registración e intercambio de información. Así viene dándose el esquema en términos de incorporación a la facturación electrónica, firma electrónica y ahora a la registración de estados contables en XBRL. Los actores que

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En lo que a nuestros cometidos corresponde, hay un aspecto clave a cuidar y es la buena fe del acreedor que arriesga la posibilidad de incumplimiento con un pago a plazo, quien debe, de alguna forma, poder hacerse de los indicios que le permitan confiar en que recuperará el dinero comprometido en esa operación. El solicitante del crédito no puede pretender la confianza ciega. La reciprocidad en materia de riesgos y beneficios es lo que está en juego. No estamos planteando con lo anterior ninguna novedad, no obstante lo cual no cejaremos en seguir insistiendo en reforzar el mensaje de la necesidad y los beneficios de la transparencia en materia de datos financieros. Estaremos atentos a los sucesos relativos a la registración de estados contables a partir de las recientes novedades y disposiciones.-

Información Comercial

Información comercial: punto de convergencia entre la seguridad y el riesgo en los negocios No hay forma ni recurso que reduzca a cero la probabilidad de que se den circunstancias comerciales no deseadas. La incertidumbre es un componente ineludible en materia de negocios. En ese marco, entre otras herramientas de prevención, la información comercial oficia como recurso clave para reducir el riesgo a parámetros que pueden, dentro de ciertos límites, mantenerse bajo control o en el marco de un riesgo conocido.

a información comercial reúne y sintetiza, en distintos formatos, con mayor o menor grado de amplitud en cuanto al espectro de datos que comprende, la situación de una empresa en un momento dado. Cuando un empresario solicita información comercial de una contraparte, tiene en mente determinados objetivos que lo motivan en la búsqueda de información: • Conocer a una empresa con la que va a relacionarse comercialmente por primera vez • Profundizar en el conocimiento de una empresa con la que va a ampliar una línea de créditos o establecer algún otro tipo de vínculo o sociedad • Reevaluar los negocios con la empresa para ajustar condiciones de relacionamiento • Ampliar la perspectiva de conocimiento de la empresa procurando referencias del mercado • Evaluar el riesgo de impago • Conocer la situación financiera de la empresa, su solvencia y capacidad de hacer frente a sus obligaciones comerciales • Conocer si los integrantes de la firma

tienen vinculación con otras empresas y eventualmente evaluar los antecedentes de aquellas • Conocer si sobre la empresa o sus titulares recae algún tipo de afectación de bienes, etc. Es amplia la diversidad de objetivos que llevan a los distintos empresarios a consultar diversas alternativas de información comercial, teniendo todos ellos como factor común, el buscar decidir reducir la asimetría de información que existe entre el otorgante del crédito y el solicitante, para asegurar de que el mismo sea efectivamente pagado. Es amplia también la diversidad de información que nuestra gremial pone a disposición del asociado a efecto del objetivo arriba planteado. La antigüedad de la empresa, su historia, su naturaleza jurídica, su reputación en el mercado, el tipo de actividad que desarrolla, el sector dentro del cual la desarrolla, sus interdependencias con relación a otros actores del mercado, la cantidad de personal que sustenta, los seguros que comporta, sus instalaciones, el registro de marcas y patentes que detenta, la existencia de actividad de comercio exterior, la vinculación de sus integrantes con otras empresas y sus respectivos antecedentes, la existencia de embargos o prendas, la situación financiera que se desprende |20|

de sus estados contables, su situación de endeudamiento con el sistema financiero según la Central de Riesgos del BCU, los antecedentes negativos (cuentas corrientes bancarias sancionadas en el pasado o en la actualidad, antecedentes concursales en el pasado o en la actualidad, incumplimientos comerciales), son todos datos que pueden encontrarse con distinto nivel de agregación en los distintos reportes comerciales o de crédito que están disponibles en nuestra redlideco. Acorde a las políticas de riesgo de cada empresa y en función del monto implicado en las operaciones de crédito, las presiones de tiempo para la toma de decisiones, los instrumentos de pago a considerar, etc. cada organización decide qué tipo de información es la más conveniente para la decisión que debe tomar, en el momento en que debe tomarla: antes de la concesión de un crédito o luego de concedido en las distintas etapas de seguimiento. El interjuego entre las políticas de gestión de riesgo, las operaciones implicadas y la información consultada, determinará el límite del crédito, los instrumentos de respaldo del crédito y la forma en que el mismo será monitoreado o vigilado en cada caso. La información comercial ayuda a generar sinergia entre la necesaria

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visión comercial y la también necesaria visión de riesgo de crédito. Ambas visiones, deben sintetizar la realidad de la empresa y su objetivo de conquistar ventas, con diversos factores del negocio (por ejemplo la estacionalidad) y de coyuntura del sector de actividad o de la economía en general. La perecibilidad y complejidad dinámica1 de la información es uno de los elementos clave que no pueden ser ignorados dentro de la política de administración del riesgo. La variabilidad de las situaciones a evaluar, la naturaleza incompleta y asimétrica de la información, y el hecho de que la velocidad de los hechos comerciales suelen darse a un ritmo superior al del tiempo en que puede darse noticia de los mismos, hacen, que sea recomendable contar con la mayor cantidad de alertas y resguardos informativos con perspectiva de mercado.

ten estados contables de más de un ejercicio sobre la empresa con la que van a hacer negocios, estamos estimulando la anticipación de tendencias en cuanto a la solvencia y capacidad de la entidad de hacer frente a sus obligaciones. Y lo mismo cuando estimulamos la consulta de los reportes financieros comparativos sectoriales, que permiten comparar la performance de la empresa con la de su sector de actividad. Nunca en ningún mercado será posible contar con información co-

comerciales, que en realidad son dinámicos en sí mismos) se mantengan estables. Por más sofisticación que tengan los métodos de análisis de información y los modelos matemáticos de credit scoring aplicados a tales insumos, las sucesivas crisis que atraviesan las economías en países con tecnología sofisticada y avanzados métodos de análisis de datos, así como en economías con menor desarrollo tecnológico y analítico, dan cuenta de que el riesgo sigue siendo una realidad siempre vigente.

la información comercial ayuda a generar sinergia entre la necesaria visión comercial y la también necesaria visión de riesgo

De ahí que cuando recomendamos un Servicio de Alerta sugerimos a las empresas que no centren el monitoreo de empresas exclusivamente en sus clientes sino que lo amplíen a todos los actores de la cadena productiva. Cuando sugerimos a las empresas que aporten y consulten referencias comerciales, estamos pretendiendo lograr una visión más completa de la conducta comercial de la empresa. Cuando sugerimos a las empresas que consul-

mercial completa, porque el hecho comercial siempre va por delante de la información. Pero la información, sí permite configurar escenarios de probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno y estimar, en base a instrumentos cuantitativos y cualitativos, objetivos y también subjetivos (porque las decisiones que se toman a partir de la información tienen un componente de subjetividad) la frecuencia en que puede estimarse que ocurra un hecho (sea positivo como la generación de negocios, o negativo, como un incumplimiento) bajo el supuesto de que determinadas condiciones (las del mercado y los hechos

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Las economías, por tanto, se ven impelidas siempre, a buscar la mejor integración posible entre por un lado, el manejo de un recurso siempre incompleto como el de la información, con la necesidad de asumir riesgo a través de la generación de negocios, bajo la premisa de que ante la imposibilidad de tener el control absoluto de las situaciones, la alternativa es apostar a contar con información de calidad y robustos recursos internos en términos de sistemas de análisis y gestión del riesgo de crédito.-

1-Por complejidad dinámica, dentro de la perspectiva sistémica, se considera al hecho de que los actos y sus consecuencias no están próximos en el espacio y en el tiempo

Gestión del Riesgo

Riesgo: abordaje desde la calidad, la cultura empresarial y la planificación estratégica El presente artículo puntea, a partir de distintas perspectivas, aspectos que refuerzan la necesidad de que exista en las organizaciones una gestión del riesgo de crédito profesional y sistemático en las organizaciones. En los hechos, todas las empresas gestionan riesgos en todos los ámbitos de su operativa. El propósito de este apartado es evidenciar las tendencias a sistematizar esa gestión mucho más allá de lo que concierne al área financiera o de créditos de la organización.

a norma ISO 31000 aborda el tema del riesgo aplicado a todos esos espacios y ámbitos de acción e influencia de una organización, entendiendo que en todas las áreas existe riesgo, y que si el mismo se concreta, según la profundidad de su impacto negativo, puede afectar el cumplimiento de los objetivos de una organización, sea en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, a la seguridad laboral, al manejo de tecnología, al riesgo operacional, al riesgo de crédito. La norma aporta un método de análisis para evaluar en qué grado una organización está comprometida con la gestión del riesgo a todo nivel. En lo que nos ocupa, focalizamos el tema en la gestión del riego de crédito y proponemos a través de este artículo, que las empresas puedan procurar ubicar dónde se posicionan a ese respecto. Para la UNIT, toda organización, pública o privada, necesita gestionar el riesgo para asegurar el alcance de sus objetivos, entendiendo claramente que “en un mundo dinámico y donde las partes interesadas con cada vez más exigentes e informadas, las organizaciones no pueden darse el lujo de no conocer sus riesgos. El

amplio universo de riesgos internos y externos que afronta una organización debe ser identificado, valorado y mitigado o aceptado según una decisión consciente, económica y eficaz”.1 Plantea la gestión de riesgos como una base común e integradora de todos los sistemas de gestión, y la concibe dentro del esquema de la mejora continua en lo que refiere al propio sistema de gestión de riesgos, y también en el efecto positivo o el valor que aporta esa mejora del sistema en todas las áreas de la organización, bajo la forma de información para la toma de decisiones en todos los niveles. Un concepto muy obvio vinculado al riesgo que manejan las definiciones de UNIT, y que no debe descuidarse, es el de la definición de contexto como ambiente externo en el que la empresa procura alcanzar sus resultados. Así como Drucker afirma tan obviamente que los resultados deben buscarse afuera de la organización, pues es el ámbito en el que se consiguen o se pierden las ventas, también es, en parte, afuera de la organización donde se encuentran los potenciales factores de riesgo que la empresa debe cuidar mediante sus sistemas internos de gestión. Partiendo de estas premisas es difícil que alguna organización pueda pre|22|

tender fundamentar en forma racional que no es necesario prevenir el riesgo de crédito con controles sistemáticos, o solamente apelando a la información interna. La vastedad de variables que afectan al mercado revela de por sí la fragilidad y riesgo implicados de una práctica tan limitada en la evaluación del riesgo de crédito. Uno de los uno de los capítulos de las etapas de formación que propone UNIT refiere a las resistencias al cambio en relación con la gestión del riesgo. En las rondas de visitas que desde LIDECO efectuamos a las empresas de plaza, y a partir de diversas investigaciones realizadas en distintos períodos de tiempo, encontramos algunos los argumentos que surgen como justificación de la ausencia de una gestión sistemática del riesgo de crédito: • La presión por vender: el área comercial tiene metas elevadas para alcanzar, y tiende a limitar la evaluación de riesgos a efectos de alcanzarla. Esta justificación revela una frágil o inexistente integración interfuncional entre el área de cobranza, comercial, financiera y de recursos humanos. El área de crédito y cobranza no forma en este caso un aliado estratégico con el área comercial. En otro orden, los vendedores suelen estar remune-

LIDECO / Julio 2016 Figura 1: Estructura de la gestión del riesgo UNIT - ISO 31000

rados en base a comisiones por ventas, las cuales deberían estar moderadas por las reales posibilidades de cobro y la menor o mayor cantidad de tiempo y recursos que se despliegan a tales efectos. • Límites de tiempo para alcanzar metas: en relación con el punto anterior, además de las metas éstas deben cumplirse en determinados plazos que atentan contra una cabal observancia del riesgo de crédito. • La creencia de que el futuro es una prolongación del presente: ante la ausencia de antecedentes negativos en el histórico de ventas, se funciona bajo el supuesto de que el

comportamiento con la empresa contraparte estará siempre bajo control y desarrollándose dentro de los parámetros conocidos. • Ausencia de sistemas definidos de gestión del riesgo • Políticas de gestión del riesgo que asumen como un hecho que tendrán incobrables: cuando en el marco de la facturación total los ingresos y el funcionamiento de la empresa no se ven afectados por los montos que resultan incobrables, éstos se asumen sin tomar medidas que los prevengan. La norma propone un esquema para la gestión de riesgo en general, que

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obviamente aplica también para la gestión del riesgo de crédito. El esquema, requiere de un alto compromiso por parte de la Gerencia o Dirección General, a partir del cual se diseña el marco de trabajo, se implementa, se instrumentan mecanismos de seguimiento y revisión para finalmente especificar oportunidades de mejora que redundarán en un rediseño del trabajo, tal como se aprecia en la Figura 1. El esquema que plantea la Figura 1, se corresponde o responde además a una serie de principios que la Norma ISO 31000 postula con relación a la gestión del riesgo, en el entendido de que esta última:

Gestión del Riesgo • Crea valor

Figura 2: Matriz de riesgo para la toma de decisiones en prevención

• Está integrada a los procesos de una organización • Forma parte de la toma de decisiones • Trata explícitamente la incertidumbre • Es sistemática, estructurada y adecuada • Está basada en la mejor información disponible • Está hecha a medida • Tiene en cuenta factores humanos y culturales • Es transparente e inclusiva • Es dinámica, iterativa y sensible al cambio • Facilita la mejora continua de la organización En el esquema tiene un peso importante el rol de la Dirección o Gerencia General, en tanto principal responsable de los buenos resultados de la organización, y en tanto responsable de liderar la instauración o mejora de la cultura de prevención del riesgo, recordando que la Norma abarca todos los riesgos a los que está expuesta una empresa, más allá de que en nuestro enfoque el centro esté puesto en la gestión del riesgo de crédito. En ese punto concreto, la organización debe evaluarse a sí misma en cuanto al tratamiento que da a este tema, respondiendo en primer lugar si lo considera clave para proteger la posibilidad de salvaguardar los recursos de la empresa y alcanzar sus objetivos. La respuesta a si existe una cultura interna de análisis de riesgo responde la pregunta anterior: si esto es así, esa cultura debe verse reflejada en los procesos de trabajo de los empleados y la capacidad para analizar riesgos debe incluirse dentro de todas las descripciones de cargo (esto, considerando la transversalidad del riesgo empresarial), con lo cual es de suyo que, específicamen-

te lo que afecta al riesgo de crédito, será una competencia clave a identificar en el personal a reclutar o bien a considerar en los planes de capacitación referidos al personal abocado al área comercial, al área de riesgos, al área de cobranzas y al área financiera. De ese modo, “incrustada en las prácticas del día a día, la cultura inteligente de riesgo abarca todas las áreas y actividades y es influenciada por incentivos, sistemas y normas de comportamiento organizacionales. Ayuda a una organización a lograr su misión y objetivos estratégicos, se transmite vía liderazgo y promueve un fuerte gerenciamiento del riesgo, transparencia y responsabilidad. Tal cultura ayuda a los empleados a entender cómo sus acciones y decisiones encajan dentro del perfil y enfoque de riesgo de la organización” 2. El documento de Deloitte al que corresponde la cita anterior plantea que si bien la cultura de riesgo es un concepto “blando” y difícil de medir, es no obstante de fundamental importancia para todas las empresas para la consecución de sus objetivos, al punto tal que debe ser la aspiración de toda administración, que la gestión del riesgo esté incluida en la planificación estratégica en todos los niveles de la organización. Advierte que es necesario contar con claros estánda|24|

res de admisión de riesgos para que la empresa no quede expuesta a criterios ambiguos a la hora de calibrar su grado de exposición a aquellos, ya sea para prevenirlos o para mitigarlos en sus efectos negativos. Calibrar la exposición a riesgos en una matriz, en función de las coordenadas de Probabilidad (alta o baja) e Impacto (alto o bajo), estableciendo categorías de riesgo (alto, medio, bajo), permite clasificar las situaciones en orden a establecer prioridades de resguardo e intervención, como muestra la Figura 2. El Portal de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, si bien centra el análisis de la matriz de riesgo para las actividades de las entidades financieras, considera el necesario carácter integral y sistémico de la evaluación de riesgos, tal es el punto que nos interesa destacar por su carácter extrapolable a la gestión de riesgo de las empresas no financieras. Para remarcar ese enfoque, compara concepciones ya en desuso respecto a la gestión de riesgo, con las concepciones actuales, tal como se muestra en la Tabla 1. En ese marco plantea una serie de recomendaciones para las instituciones financieras, extensibles a cualquier la actividad empresarial de cualquier sector de actividad comercial, y en tal

LIDECO / Julio 2016 Tabla 1: Comparación de enfoques sobre la gestión del riesgo3

sentido afirma que es imprescindible que las empresas cuenten con herramientas que permitan: 1) “Definir criterios a partir de los cuales se admitirán riesgos; dichos criterios dependerán de sus estrategias, plan de negocios y resultados esperados 2) Definir a través de un mapa de riesgo, áreas de exposición a los riesgos inherentes a sus actividades, en consecuencia establecer el riesgo máximo aceptable así como el área no aceptable 3) Monitoreo y medición de todas las categorías de riesgo que pueden impactar el valor de la entidad en forma global, por unidad de negocios, por productos y por procesos. 4) Definir el nivel de pérdida esperada aceptable y la metodología de medición. 5) Diseñar mecanismos de cobertura a los riesgos financieros, operativos estratégicos con una visión integral y comprensiva del negocio. 6) Relacionar el área de máxima de exposición al riesgo con el capital que se desea arriesgar en forma global y por unidad estratégica de negocio. 7) Definir y estimar medidas de desempeño ajustada por riesgos. Con relación a los incisos 1), 2) y 3), relacionados con la identificación y evaluación de riesgos, la matriz de riesgos constituye una herramienta útil en el proceso de evaluación continua de las estrategias y manejo de riesgos”.4

En suma, La reflexión teórica respecto a la necesidad de la gestión del riesgo a nivel empresarial concuerda en que las buenas prácticas en tal sentido, no solo fortalecen internamente a la empresa sino que la posicionan fuertemente en el mercado, incluso en materia de reputación e imagen. Esa reflexión está sustentada en la convicción de la necesidad de una gestión integral que trasciende en mucho a la gestión del riesgo de crédito. De hecho, plantea la necesidad de promover una cultura de riesgo expandida en todos los procesos de la organización. Estamos lejos de pretender incursionar en todos los ámbitos de prevención del riesgo: más moderadas son las expectativas con relación al presente artículo. Desde el ámbito de acción que hace a nuestros cometidos institucionales, tomamos estas consideraciones para reforzar nuestra insistencia en que es imperioso que todas las empresas adopten sistemas de gestión del riesgo de crédito para prevenir la ocurrencia de hechos indeseados. Lo que sintéticamente hemos expuesto en términos de recomendaciones en el marco de la gestión de calidad, de los aprendizajes que los administradores han desarrollado identificando como responsabilidad de la dirección la creación de una cultura inteligente de riesgo como soporte de las prácticas |25|

y procesos organizacionales, y de la necesaria introducción del riesgo en el planeamiento estratégico y la asignación de prioridades y recursos, constituye apenas un esbozo del espectro de perspectivas de análisis del tema y una muestra de que la tendencia, de la que no podemos escapar, es la de la aplicación de la metodología aplicada otrora casi que exclusivamente a los riesgos financieros y de negocios, a todos los procesos de la organización.-

1-http://www.unit.org.uy/capacitacion/categoria/riesgo/142/ 2-Gestión Inteligente del Riesgo: lecciones aprendidas por el Consejo de Administración. Deloitte. (Risk Intelligent governance Lessons from state-of-the-art board practices) . cita en pág. 7 3-SIGWEB, El portal de los expertos en prevención de riesgo de Chile, pág. 1 4- Id. ant. cita en pág. 8

Concursales

Preguntas frecuentes en materia concursal y de cobranza morosa Nuestro Sector Jurídico ofrece servicios de alta complementariedad y relación entre sí, así como con respecto a los servicios de Información Comercial de nuestra Institución. En este apartado, se recorren algunas consultas recurrentes que pueden plantearse ante situaciones empresariales que comprometen las posibilidades de recuperación de créditos otorgados.

os servicios de LIDECO cubren en conjunto, todas las etapas del otorgamiento de un crédito o de la celebración de negocios, promoviendo la prevención del riesgo a través del uso de información para la toma de decisiones mediante consulta a nuestra base de datos (tanto en la fase de inicio como de seguimiento de un crédito), asesorándose adecuadamente sobre el respaldo legal, documentario, contractual y de garantías necesario en cada operación comercial, o bien a la hora de verse en la necesidad de actuar cuando existen obligaciones comerciales incumplidas. En el marco de la oferta integral de nuestra gremial con respecto al respaldo en todas las fases del crédito, LIDECO asesora y representa a sus asociados en diversos momentos de las relaciones comerciales. Bajo la dinámica de las Preguntas Frecuentes, exponemos respuestas claves en relación a los asuntos que atiende nuestro Sector Jurídico en su labor.

judiciales, promoviendo las gestiones y procesos necesarios para obtener el pago de los créditos adeudados a nuestros asociados. El área de Concursos, representa a nuestros asociados para el cobro de los créditos comprometidos en un proceso concursal, además de actuar en representación de LIDECO como Síndicos o Interventores en caso de ser designada nuestra Institución en tales roles. En diferentes oportunidades LIDECO integra Comisiones de Acreedores, las que han demostrado ser de gran utilidad concertando convenios entre acreedores y deudor y posteriormente en el control del cumplimiento de aquellos. Además, el Sector ofrece el servicio de expedición de Firma Electrónica Avanzada, ya comentado en esta edición. ¿Puedo solicitar a LIDECO se ocupe de gestionar cuentas impagas a mi empresa?

El Sector Jurídico se divide en dos áreas: Cobranzas y Concursos.

Sí, siempre que su empresa esté afiliada a la gremial, y la documentación que respalde las deudas sea adecuada. LIDECO brinda además, asesoramiento respecto a las posibles mejoras de la documentación que respalda un crédito.

El área de Cobranzas, está a cargo del Registro de Incumplimientos y de las gestiones de cobro extrajudiciales y

¿Puedo solicitar a LIDECO que me asesore en materia de documentación comercial y garantías?

¿Qué áreas o servicios comprende el Sector Jurídico de LIDECO?

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Sí. Nuestra gremial brinda asesoramiento a nuestros asociados respecto al correcto manejo de la documentación comercial y la forma de garantizar adecuadamente los créditos a conceder. ¿LIDECO brinda instancias de formación en materia de documentos comerciales, contratos, garantías, cobranzas? Sí. Periódicamente se ofrecen cursos de capacitación abiertos, a los que por un costo muy reducido asisten los funcionarios de las empresas asociadas a LIDECO. ¿Qué debo hacer si un deudor no me paga? Varias recomendaciones, en orden cronológico. La primera, es que reúna todos los documentos que acreditan que existe una deuda sin cobrar (facturas, cheques, vales, etc.). La segunda, es que acerque esa documentación a LIDECO para ingresar el incumplimiento en nuestro Registro de Incumplimientos (previa firma del Protocolo correspondiente), a efecto de prevenir a la plaza comercial. La tercera y simultánea a la anterior, es que encomiende a LIDECO la gestión de cobro, por vía extrajudicial o judicial.

LIDECO / Julio 2016

¿LIDECO cobra honorarios por la gestión de cobro de cuentas morosas? No. Lo que se cobran son los gastos operativos, una suma para gastos en los casos en que se deba iniciar juicio, y una comisión muy accesible, únicamente sobre el crédito recuperado y los intereses recuperados. En caso de promoverse juicios ejecutivos existen honorarios que se perciben del deudor. ¿Qué debo hacer si mi deudor salda la deuda y la misma estaba inscripta en el Registro de Incumplimientos de LIDECO? La normativa vigente (Ley 18.331) dispone que es obligación del acreedor informar la ocurrencia de la cancelación de la deuda a las bases de datos donde la cuenta morosa hubiera estado registrada. ¿Cuándo tengo más probabilidades de lograr cobrar deudas impagas? Las probabilidades de una gestión de cobro exitosa, aumentan cuando el incumplimiento se tramita para su cobro lo más cercanamente posible a la fecha de vencimiento y cuando el crédito está adecuadamente respaldado con la documentación y garantías correspondientes. ¿Qué pasa con los incumplimientos en gestión cuando la empresa deudora es declarada en concurso? Lo que sucede es que esa deuda o incumplimiento pasa a ser parte del pro-

cedimiento concursal, y por lo tanto ese crédito impago deberá ser verificado tal como lo dispone la normativa vigente en materia concursal (Ley 18.387). ¿Qué es un Concurso? Un concurso es un procedimiento jurisdiccional, a través del cual se manifiesta la situación de insolvencia de un deudor (esto es, la imposibilidad de que el deudor cumpla con sus obligaciones). El procedimiento pretende determinar cuánto y a quiénes se le debe, mientras se busca una salida a la situación de insolvencia. La salida puede ser la aprobación de un convenio de pagos (que determinará el plazo y el porcentaje de la deuda a pagar, según cada caso particular), o la liquidación de todos los bienes del deudor, y su posterior reparto, en el orden que establece la Ley 18.387. ¿Qué debo hacer si mi deudor es declarado en Concurso? Debe presentarse a solicitar la verificación de los créditos (art. 93 y siguientes de la Ley de Concursos 18.387), no importa que el incumplimiento o los incumplimientos en cuestión hayan sido gestionados previamente a la declaración del concurso. Por lo tanto, si quiere que nuestra Institución se encargue de la verificación de esos créditos, debe presentar en LIDECO, dentro de los 60 días corridos siguientes a la declaración del concurso, toda la documentación que permita denunciar y probar que la empresa concursada mantiene una deuda con su empresa, acreedora del concurso. La Ley 18.387 (Ley de Concursos)

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exige lo antes dicho en el proceso de “verificación de créditos”, por lo cual instamos a nuestros socios a que presenten celeramente la documentación en LIDECO, a efectos de poder asesorarlos para presentar correctamente la solicitud de verificación. (Por mayor información ver respuesta a la pregunta “¿Cómo verifico mi crédito?”). Si la verificación del crédito no se realiza en el plazo dispuesto, se puede proceder a una verificación tardía, que implica costos. ¿LIDECO cobra honorarios para representar a sus socios en un concurso? ¿Qué costo tiene la representación a los Asociados? Los socios de LIDECO tienen derecho a ser representados sin costo en los asuntos concursales en que son acreedores. La representación en materia de Concursos no tiene ningún costo adicional a la cuota social para nuestros asociados. Posteriormente, para el caso que se cobre el crédito se cobrará una comisión sobre las cifras efectivamente cobradas y en el momento en que se haga efectivo el cobro. ¿Qué costo tiene la representación a los no Asociados? Los no asociados pueden solicitar la representación por el sector, la que tendrá un costo del 1% del crédito con un piso de 3.000 UI y un techo de 10.000 UI. ¿Cómo sé si mi deudor solicita Concurso? Si su empresa está afiliada a nues-

Concursales tra Institución, puede acceder al dato consultando nuestra base de datos en forma gratuita a través de la opción Antecedentes LIDECO. Si desea estar prevenido y recibir la noticia de las presentaciones concursales en forma automática y simultánea al momento en que la recibe LIDECO, puede contratar el Servicio de Alerta al Socio. Puede también realizar un chequeo masivo de las empresas de su interés a través del servicio Monitor LIDECO. ¿Puedo pedir el Concurso de mi deudor? Sí. Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Concursos, un acreedor, tenga o no su crédito vencido, puede solicitar la declaración judicial de concurso de su deudor, a través de un trámite particular previsto en la Ley. Es lo que se denomina Concurso Necesario. Cuando el deudor se presenta por cuenta propia, estamos ante un Concurso Voluntario. ¿Cómo verifico mi crédito? El proceso de verificación de créditos está previsto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Concursos. Todos los acreedores deben presentarse a verificar sus créditos -incluidos los garantizados con derechos reales de prenda o hipoteca, y los laborales-, dentro del plazo que prevé la Ley. Según el artículo 94, el plazo es de 60 días corridos contados desde la declaración del concurso. El mismo no es un plazo fatal, esto es, si el plazo se vence, igualmente se pueden presentar solicitudes de verificación, pero con dos consecuencias importantes: a) La primera de ellas, es que deberán abonarse los honorarios del Síndico o Interventor por la verificación del crédito. Dicha regulación no está determinada, y la práctica nos enseña que las Sedes fijan arbitrariamente una cantidad. b) La segunda -y más importante- es que, de haberse realizado algún pago (por ejemplo, porque se aprobó y homologó un convenio, y se han comenzado a abonar las cuotas previstas), quien se presente tardíamente no tendrá derecho a percibir cuotaparte por los pagos ya realizados, y podrá comenzar a recuperar su crédito una vez que el mismo haya sido verificado en el concurso.

Los socios de LIDECO pueden tramitar la verificación de sus créditos sin costo alguno (recordando que debe hacerse dentro del plazo de 60 días antes referido). Asimismo, nuestra Institución ofrece a sus socios representarlos en la Junta de Acreedores, a los efectos de la aprobación de un Convenio concursal, o de la Liquidación de la masa activa. Ante la presentación de cada nuevo proceso concursal, LIDECO comunica a sus socios que, de tener créditos pendientes de pago contra el concursado, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los documentos que acreditan tal extremo, de modo de tramitar la verificación. ¿Qué documentación es necesario presentar para la verificación de créditos? Aquellos documentos originales que prueban la existencia del crédito, a saber: a) Los documentos originales que acreditan la existencia de adeudos por parte del concursado. b) En caso de ser tenedores de títulos valores, aportar además de los títulos, la documentación que acredite la causa de dicho crédito (facturas, notas de crédito, recibos contra la entrega de los documentos, etc.). c) En caso de aportar documentos notariales (fotocopias autenticadas, testimonios de poder, etc.), aportar los timbres correspondientes. d) Una carta firmada por los representantes de la empresa, habilitando a LIDECO a representar al asociado en la Junta de Acreedores, para emitir el voto. ¿Por cuánto tiempo es válida la representación de LIDECO en el concurso? La representación es válida durante todo el proceso concursal, sin necesidad de renovación alguna. ¿Qué documentación se requiere a los efectos de la representación en un concurso? |28|

Como se lee en la respuesta a la pregunta “¿Qué documentación es necesaria para la verificación de créditos?”, detallamos a continuación: a) Los documentos originales que acreditan la existencia de adeudos por parte del concursado. b) En caso de ser tenedores de títulos valores, aportar documentación que acredite la causa de dicho crédito (facturas, notas de crédito, recibos contra la entrega de los documentos, etc.). c) En caso de aportar documentos notariales (fotocopias autenticadas, testimonios de poder, etc.), aportar los timbres correspondientes. d) Una carta firmada por los representantes de la empresa, habilitando a LIDECO a representar al asociado en la Junta de Acreedores, para emitir el voto en la Junta de acreedores, en caso que nuestro representado así lo desee. ¿Cómo recibo mis pagos? Los acreedores que tengan partidas a cobrar fruto de las gestiones del sector jurídico se deben anotar de lunes a miércoles y los cheques se hacen para el viernes posterior, pudiendo ser retirados a partir de ese viernes todos los días hábiles en el horario de 13 a 17. También pueden para cada pago solicitar en papel membretado y firmado por persona autorizada, que se le acredite en una cuenta bancaria. ¿Es necesario estar afiliado para poder acceder a los servicios jurídicos de LIDECO? Sí, excepto para ser representado en materia concursal, para solicitar la Firma Electrónica Avanzada o para asistir a los seminarios de capacitación, que son abiertos al público. ¿Cómo me afilio a LIDECO? Solicitando la visita de uno de nuestros funcionarios de ventas (2908 16 36 internos 240, 248, enviando un correo electrónico a marketing@lideco.com), quien presentará nuestros servicios a efectos de que evalúen la conveniencia de la afiliación.-

Concursales

La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas en concurso

Dr. Fernando Cabrera Responsable Sector Jurídico LIDECO Docente de Derecho Concursal (Universidad de Montevideo)

a Ley de Concursos y Reorganización Empresarial 18.387 (en adelante LCRA) es aplicable para todos los tipos sociales, por lo que la primer apreciación que hay que hacer es que estas consideraciones son extensivas a todos los administradores de personas jurídicas que se concursen, sin importar cual sea su tipo social o si se trata de personas jurídicas de naturaleza civil o comercial. En efecto, la LCRA en su artículo 2º 1 establece que la ley es aplicable a todas las personas jurídicas civiles o comerciales, por lo que no pueden caber dudas del carácter extensivo

En el presente artículo el autor analiza una serie de disposiciones de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial que atañen a las severas consecuencias que se derivan para los administradores cuando el concurso es calificado como culpable. Conocer las circunstancias en que un concurso puede ser así calificado, así como aquellas que la evitan resulta a todas luces de extrema relevancia para salvaguardar la posibilidad de que el concurso transcurra como instrumento para la recuperación de la empresa. De lo contrario, podría derivar, por ignorancia de algunas implicancias legales, no solamente en la imposibilidad de alcanzar aquel objetivo, sino en un gran problema para el administrador que debe responder con su patrimonio personal por no atender adecuadamente algunos puntos importantes que establece la ley. Tal como lo plantea el autor, “se terminó aquella época en la cual una persona a lo largo de su vida comercial podía hacer varios concursos y no resultaba afectado su patrimonio”. Recomendamos leer las líneas que siguen con la debida ponderación. de esas disposiciones. Por imperio del citado artículo estas normas son también aplicables a los directores de sociedades de intermediación financiera, que si bien tienen un proceso especial de liquidación, se les aplica el título de calificación del concurso.2 La calificación será aplicable a todo proceso concursal, a menos que se cumplan acumulativamente las condiciones previstas en el artículo 213 de la ley 18.387: “1.- El concurso de acreedores fuera voluntario. 2.- El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, |30|

que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo”. Con esto la ley pretende generar uno de los incentivos para la tempestividad de la presentación de la solicitud del amparo concursal, por cuanto el deudor podrá evitar la calificación del concurso y sus consecuencias negativas si se presenta voluntariamente a solicitar su propio concurso y lo hace cuando la marcha del negocio no está tan deteriorada que permite el pago del 100% del pasivo en un plazo no mayor a dos años o que el producido de la liquidación de los activos permita cancelar todo el pasivo.

LIDECO / Julio 2016

Siguiendo el artículo 192 3 de la ley, el concurso se calificará como culpable si en la producción o agravamiento de la insolvencia existe dolo o culpa grave del deudor o de los administradores de las personas jurídicas. La ley establece una serie de presunciones de culpabilidad, algunas absolutas y otras relativas consagradas en los artículos 193 y 194 4 de LCRE. Entre las presunciones relativas, la que tiene mayor importancia práctica es aquella que se configura con no solicitar en tiempo el amparo concursal, esto es dentro de los 30 días siguientes a que conoció o debió conocer la insolvencia. Dentro de las presunciones absolutas la que ha tenido mayor relevancia práctica, es la que establece la responsabilidad porque en los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores, los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado. En muchos concursos se ha invocado esta presunción y los jueces la interpretan – a nuestro modo de ver correctamente –

de modo estricto y con ello dan lugar a la condena. Podrán tener en cuenta los lectores la importancia de estas presunciones, pues en muchos casos en que se trata de bienes insuficientes o inadecuados y el deudor no pide el concurso oportunamente, pues pretende seguir con el emprendimiento comercial o industrial e intentando otras medidas para la salida, no estará haciendo más que agravar su situación patrimonial personal. La LCRE crea una figura nueva pero de gran aplicación práctica que son los cómplices: todos aquellos que actuando con dolo o culpa grave hubieren colaborado en la producción o agravamiento de la insolvencia.5 El proceso de calificación se inicia con un llamado a interesados titulares de un interés legítimo, que puedan dar a conocer hechos relevantes para la calificación del concurso.6 Luego el síndico hará su informe7 que contendrá una propuesta de calificación del concurso, indicando si el mismo será culpable o fortuito y en caso que sea culpable, indican-

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do las personas que son afectados y sus eventuales cómplices e indicando las causas de su propuesta. La sentencia final de este proceso tiene gran importancia, por cuanto la misma puede considerar que el concurso ha sido culpable y como tal afectar a los administradores de las personas jurídicas. La sentencia tiene una fuerte sanción, porque por un lado lo puede inhabilitar para administrar bienes propios o ajenos por un período que va de 5 a 20 años y además condenarlo a abonar el pasivo concursal insatisfecho. En efecto: la sentencia que declara la culpabilidad con la cual concluye la calificación tiene un contenido complejo que está determinado por el artículo 201 de la LCRE que establece que: “Artículo 201. (Sentencia de calificación).- La sentencia que declare culpable al concurso tendrá el siguiente contenido: 1) La declaración del concurso como culpable, con expresión de la causa o de las causas en que se fundamente la calificación.

Concursales 2) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como de las personas declaradas cómplices.

dos en tanto pierden los derechos que pudieran tener en el concurso y pueden ser condenados a resarcir los daños y perjuicios causados.

3) La inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos Personales.

Por otra parte, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas y sus liquidadores o integrantes del órgano de control interno pueden ser condenados a cubrir la parte insatisfecha del pasivo concursal.

4) La pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia. En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva. Las disposiciones sobre calificación del concurso se establecen sin perjuicio de las normas penales que correspondiera aplicar, en caso de que alguno de los involucrados hubiera incurrido en conductas delictivas tipificadas por las referidas normas”. Si se analiza el referido artículo, vemos que por un lado la sentencia tiene que declarar culpable el concurso, pero además determinar las personas físicas afectadas por la calificación y sus cómplices. Debe contener además la inhabilitación de administrar bienes propios o ajenos por un período de 5 a 20 años y de representar a cualquier persona por idéntico período.

Esta disposición tiene una gran relevancia porque por un lado es una forma en la cual se puede afectar el patrimonio personal de los administradores. Se terminó aquella época en la cual una persona a lo largo de su vida comercial podía hacer varios concursos y no resultaba afectado su patrimonio. Hoy va a ser objeto de una calificación y no podrá escapar de ello por la mera vía de poner un testaferro por cuanto se califica a los administradores de hecho y de derecho. Ya tenemos casos jurisprudenciales que se ha condenado al administrador de hecho, dejando de lado la cobertura que le daba poner a otra persona – en general insolvente – al frente de su negocio. Pero la responsabilidad no concluye allí, sino que la hace extensiva para los integrantes del órgano de control interno, por lo que los síndicos o integrantes de comisiones fiscales también pueden incurrir en estas responsabilidades. Es un hecho no menor y que sugerimos que sean debidamente analizado antes de aceptar un cargo de esa índole en una persona jurídica.

En suma, entendemos que el tema merece mayor desarrollo y lejos está de agotarse en los párrafos anteriores. Nuestra Institución continuará profundizando y generando espacios propicios para acercarlo y hacerlo accesible a sus asociados.-

También los cómplices son afecta|32|

1-Artículo 2o.- La declaración judicial de concurso procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial. 2-Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los Gobiernos Departamentales y las entidades de intermediación financiera, en este último caso con excepción de las normas relativas a la calificación del concurso, contenidas en el Título IX. 3-El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho. 4-Artículo 193. (Presunciones absolutas de culpabilidad).- El concurso se calificará como culpable, además, en los siguientes casos: 1) Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con la finalidad de retrasar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución que se hubiera iniciado o fuera de previsible iniciación. 2) Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado. 3) Cuando, antes de la declaración del concurso de acreedores, hubieran salido indebidamente del patrimonio del deudor bienes o derechos. 4) Cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase, estando legalmente obligado a ello, o cuando hubiere llevado doble contabilidad o hubiere cometido falsedad en la contabilidad. 5) Cuando el deudor hubiera cometido falsedad en cualquiera de los documentos adjuntados a la solicitud de declaración judicial de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento. Artículo 194. (Presunciones relativas de culpabilidad).Se presume la existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos: 1) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso. 2) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de cooperación con los órganos concursales, no les hubiera facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiera asistido a la Junta de Acreedores. 3) Cuando el deudor hubiera incumplido con su obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados contables anuales, estando legalmente obligado a ello. 5-Artículo 195. (Cómplices).- Se consideran cómplices las personas que, con dolo o con culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, en el caso de personas jurídicas deudoras, con los administradores y liquidadores a la realización de cualquier acto que hubiera producido o agravado la insolvencia. 6-Artículo 197. (Comparecencia de los interesados).Dentro de los quince días siguientes a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución judicial que ordene la formación del incidente de calificación, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá comparecer ante el Juez del concurso, denunciando los hechos que considere relevantes para la calificación del concurso como culpable. 7-Art 198… “dentro de los quince días siguientes, presentará al Juez del concurso un informe documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso de acreedores, con propuesta de resolución. Si se propusiera que el Juez califique como culpable el concurso, expresará la identidad de las personas a las que debe afectar la calificación, así como la identidad de las personas a las que debe calificarse de cómplices, justificando la causa”.

Concursales

Suprema Corte de Justicia confirma prohibición de iniciar nuevos juicios contra el deudor concursado. Los créditos nacidos con anterioridad a la fecha de declaración de un concurso no podrán ser reclamados a la empresa concursada por fuera del proceso concursal, tal como lo dispone el artículo. 56 inciso 1 de la Ley de Declaración de Concursos y Reorganización Empresarial. A partir del resultado de una acción de inconstitucionalidad presentada contra el mencionado artículo, el autor ofrece elementos para la reflexión y el análisis acerca de las implicancias del tema para los acreedores. presarial (en adelante, “LCRE”), Nº 18.387.

Dr. Daniel Martínez Vigil Sector Jurídico LIDECO Profesor Asistente de la Cátedra de Derecho Concursal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.

“Los acreedores no pierden el derecho de accionar sino que se transforman las condiciones del ejercicio de ese derecho”.1 l pasado 9 de junio del corriente, el máximo órgano jurisidiccional del país resolvió sobre la acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 56 inciso primero de la Ley de Declaración de Concursos y Reorganización Em-

El mismo establece: “(Prohibición de promover nuevos juicios). Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas”. Lisa y llanamente, lo que dispone el artículo es la imposibilidad, establecida legalmente, de iniciar un juicio al deudor que ha sido declarado en concurso, por aquellos créditos nacidos en forma previa a la misma. Ante ello, GNLS SA interpuso por vía de excepción la inconstitucionalidad de la citada disposición, ya que se encontraba imposibilitada de que se le reconociera y cuantificara el crédito que mantenía contra OAS Sucursal Uruguay, declarada en concurso. Según el contrato que las vinculaba, cualquier contienda debería resolverse a través de un proceso arbitral (en la especie, la determinación y el |34|

monto del crédito), pero aquella estaba impedida de iniciarlo, en mérito al artículo 56 inciso primero LCRE. La Corte, confirmando una posición resuelta en abril del año pasado, en la que resolvió: “... en virtud de los efectos que provoca la moratoria provisional (art. 56 inc. 1 de la Ley Nº 18.387) en los acreedores del concursado, éstos no pueden ventilar pretensión crediticia alguna por fuera del proceso concursal (...). En efecto, el objeto del litigio debe tratarse y resolverse dentro del proceso concursal, conforme los parámetros de la relación sustancial que vinculó a las partes, pero nunca por fuera en una acción ordinaria (...)”. 2 Se entiende entonces por parte de la Corporación que el “día ante el Tribunal” de los acreedores del concursado no resulta afectado, ya que si bien no pueden iniciar un nuevo juicio contra su deudor, la LCRE les establece el mecanismo para hacer valer su crédito, esto es, a través del proceso de verificación (artículos 94 y siguientes). La consecuencia inevitable de este

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pronunciamiento resulta en que el Síndico/Interventor designado deberá entonces determinar el an debeatur y el quantum debeatur, esto es, deberá él mismo asumir las funciones propias de un Juez, y decidir si el instante es efectivamente acreedor, y el monto de su crédito. Por su parte, los acreedores deberán estar alertas a iniciar los juicios contra sus deudores con la mayor celeridad posible, bajo la consecuencia que si éste obtiene la declaración del concurso, los procesos contra él quedarán inhibidos. Y queremos advertir la peligrosidad de la situación a través del siguiente ejemplo: supongamos que resulto atropellado por un vehículo, lo que me genera lesiones y gastos. Vía responsabilidad extracontractual, podré accionar contra el agresor, en un proceso por vía ordinaria en el que se determinarán los daños emergentes, el lucro cesante, y el daño moral que me generó el desafortunado suceso. Ahora bien, dentro del período de cuatro años a partir del hecho dañoso en el cual puedo iniciar mi acción, el imprudente conductor resulta declarado en concurso. Entonces, yo no podré iniciar un juicio para determinar la responsabilidad de éste, y el monto de la reparación que me corresponde, sino que estaré obligado a presentarme en el expediente concursal a que el Síndico o Interventor verifique, no solo el monto de mi crédito, sino si efectivamente soy acreedor. Pero para ello, deberá determinar si se dieron todos los elementos que generan la responsabilidad civil: si existió el hecho ilícito, si el mismo ocurrió por culpa o dolo de quien manejaba el vehículo, si se generó un

daño, y si existe nexo causal entre ambos, y una vez comprobado esto, deberá determinar el monto de la reparación: los gastos en los que incurrí y los ingresos que perdí por causa del daño generado, pero además, el daño moral. Noten los lectores la posición en que la que se ha colocado al Administrador concursal, que lisa y llanamente deberá calzarse y vestirse en los lienzos de los magistrados, y será el responsable de determinar la existencia y cuantía de créditos que deberían ser establecidos a través de un proceso judicial. Y más aún, el Juez del concurso no podrá ni siquiera tener incidencia en ello, ya que en principio la verificación de los créditos es administrativa: los acreedores insinúan sus créditos, y el Síndico o Interventor resuelven la misma a través de la realización de la Lista de Acreedores, que en caso de no ser impugnada se aprueba tal cual fue presentada, sin que el tribunal del concurso pueda modificarla de manera alguna. El artículo 56 inciso primero, entendemos, deberá ser modificado. Al respecto, nos sumamos a la posición largamente sostenida por Camilo Martínez Blanco, quien sostiene: “Nuestra interpretación de la norma comentada es que en sustancia, nada impide que se promuevan contra la concursada todos los procesos de conocimiento imaginables, siguiendo la especialización jurisdiccional. Pero una vez formado el título (sentencia ejecutoriada, líquida y exigible), entran a jugar las dos disposiciones observadas: imposibilidad de trabar embargo, por paralización de la vía de apremio y fuero de atracción.

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Para nosotros en la redacción de este artículo 56 se habría omitido una frase que otorgaría mayor claridad a todo este capítulo. Insertada entre el primer y el segundo inciso, la frase (o similar): “Las acciones se promoverán en todo caso contra la persona del Síndico o Interventor, según corresponda”, otorgaría mayor claridad a la disposición. Lo que procura la ley es que el deudor no sea interpelado judicialmente “a espaldas” del concurso, por eso impide que las demandas de conocimiento por motivos anteriores a la declaración concursal, se dirijan exclusivamente contra el concursado. Obviamente el juicio de conocimiento (en todas sus instancias, incluso preparatorias) se promoverá ante el Juzgado cuya materia y jurisdicción especializada corresponda, citándose al Síndico o Interventor en su caso. El Tribunal del concurso, como acertadamente reclama la Profesora Teresita Rodríguez Mascardi, no es un “súper juzgado” que pueda hacer tabla rasa con las especializaciones dispuestas por ley, de ahí la necesidad de recurrir para el reconocimiento del derecho y la formación del título a la jurisdicción que ordinariamente corresponde” 4.-

1-RODRÍGUEZ, Nury. “Manual de Derecho Comercial Uruguayo”, Fundación de Cultura Universitaria. Volumen 6, 1ª edición, Montevideo, 2009. Página 199. 2-Sentencia SCJ Nº 111/2015, de 30 de abril de 2015. CHEDIAK, SALVO, LARRIEUX (r), PÉREZ MANRIQUE, RUIBAL. IUE: 2-19769/2010. 3-Artículos 1319 y 1332 del Código Civil. 4-MARTÍNEZ BLANCO, Camilo. “Manual de Derecho Concursal”, Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, junio de 2012. Páginas 275-276.

De interés

Intereses compensatorios y moratorios en la Ley de Usura:

su regulación histórica e importancia en la práctica diaria El presente artículo recorre aspectos conceptuales e histórico legales de elementos como los intereses compensatorios y moratorios, presentes en la actividad comercial cotidiana. Recorriendo la evolución de su regulación, da cuenta de las situaciones que cada nueva normativa buscaba contemplar, llegando al ordenamiento legal vigente que tanto quien otorga o recibe créditos debe atender para operar acorde al marco legal vigente. También podemos encontrar sus raíces en la Antigua Roma, donde se conocía el concepto y se utilizaba con frecuencia pero sin un marco regulatorio. Cuentan las crónicas que un referente era Marco Junio Bruto, no solamente conocido por ser uno de los conspiradores del magnicidio de Julio César, sino por realizar mutuos a un módico interés del cuarenta y ocho por ciento.

Conceptos

Dr. Pablo Briñon Sector Jurídico LIDECO Introducción

l tema que nos ocupa sobrepasa el límite teórico conceptual asentando su vigencia directamente en el plano fáctico. El interés existe prácticamente desde que existe el dinero. La primera regulación sistémica la encontramos en la Antigua Mesopotamia, en el año 1.728 A.C. en la recopilación de leyes sumerias denominada Código de Hammurabi, uno de los primeros intentos legislativos de la humanidad.

Cuando nos referimos a intereses, los podemos categorizar en intereses compensatorios y moratorios. El interés compensatorio debemos asimilarlo a la retribución del capital: es aquel interés que se fija a modo de indemnización por la disponibilidad de un capital ajeno. El interés moratorio atiende a un carácter punitivo, es aquel que se adeuda por el incumplimiento de la obligación de restituir el capital, el precio de los bienes o servicios recibidos en el tiempo y forma pactada. Estos intereses rigen en períodos distintos. Los compensatorios, desde el nacimiento de la obligación hasta su exigibilidad, mientras que los moratorios desde que se ha constituido en mora al deudor y hasta la extinción de la obligación. |36|

La usura, desde el punto de vista terminológico, no es más que un interés excesivo. Como lo señala Mercader1 y Whitelaw2 podemos distinguir la usura crediticia, que consiste en el cobro de intereses excesivos en los contratos de préstamos o mutuo dinerario, de la usura real, que consiste en el lucro excesivo en cualquier otro tipo de figura contractual.

Regulación No podemos referirnos a los intereses y a la usura sin hacer referencia al proceso histórico de su regulación. Ambos fenómonos, por su naturaleza jurídica son restringidos por la normativa y dicha limitación se cumple analizando los intereses permitidos a la fecha de contraída la obligación. a) Constitución. La usura tiene su regulación constitucional desde 1934. El Artículo 51° expresaba: “Prohíbese la usura. Es de orden público la Ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas”3. Este artículo se encuentra vigente en todos sus términos, con la única excepción que a partir de la Constitución de 1952 cambió su numeración a Artículo 52°.

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El constituyente le ha otorgado un lugar privilegiado, prohibiendo la práctica abusiva, librando al legislador regular los límites máximos de los intereses y en consecuencia limitando también a la autonomía de la voluntad al dictaminar que aquella Ley será de orden público.

El modificatorio Decreto Ley 14.887, en su Art. 1° facultaba al Banco Central a establecer las tasas máximas de interés y su Art. 2° establecía la prohibición a los jueces de dar trámite a ejecuciones que persiguieran el cobro de obligaciones o intereses superiores a los establecidos por el BCU.

Gorfinkiel expresa “según opinión de destacado constitucionalista, no es una disposición programática sino que consagra un derecho” 4 , como bien sabemos, en aplicación del Art. 332 de nuestra Carta Magna, aquellas normas que consagran derechos son de aplicación inmediata, sin necesidad que exista una ley expresa que los regule, en éste caso, sin la necesidad de una norma expresa que establezca los límites máximos.

La doctrina y jurisprudencia se enfrentaron a un dilema cuando por el Art. 161 de la Recopilación de Normas de Regulación y Contralor del Sistema Financiero, el BCU deja de

b) Decreto Ley 14.095, 14.887

emitir los topes máximos de interés permitido, librando su estipulación al libre juego de oferta y demanda. En su lugar, por el Art. 162 de la misma Recopilación, el BCU comienza a publicar las tasas medias de interés del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios, prohibiendo establecer intereses a una tasa superior del 75% sobre las tasas medias.

Continuando con la regulación histórica de nuestro país, debemos referirnos al Decreto Ley 14.095 que fuera posteriormente modificado por los Decreto Ley 14.887 y 15.226. El primero estableció la usura como delito con pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Cabe destacar que aplicaba exclusivamente a las entidades de intermediación financiera y en cuanto al préstamo de dinero, dejando de lado a las entidades administradoras de crédito y operaciones de financiamiento de venta de bienes o servicios. En ese contexto, Gorfinkiel nos ilustra que algunos autores se inclinaron a sostener que no había limitación para las tasas convencionales de interés. En otro extremo, algunos autores apoyados por la jurisprudencia

quien otorga o recibe créditos debe operar acorde al marco legal vigente

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mayoritaria entendieron la subsistencia de la usura cuando se sobrepasara el límite objetivo de la ley penal (A.D.C.U. 14 p.196). Incluso Larrañaga sostuvo que la usura civil subsistía en forma simétrica a la penal, debiendo configurarse el límite objetivo (superar el 75% de la tasa media) y el subjetivo (aprovechar

De interés la necesidad). A.D.C.U. 23 p. 586. c) Ley 17.569 La Ley 17.569 del 28 de octubre de 2002 viene a saldar la discusión doctrinal planteada. En su Art. 1° establece su ámbito de aplicación tanto a las relaciones de consumo como a los préstamos en efectivo, a las operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios otorgados por empresas de intermediación financiera y por personas físicas o jurídicas administradoras créditos. Con ello amplía el ámbito de aplicación que el Decreto Ley 14.887, pero según el Dr. Ricardo Olivera quedan excluidas entidades que operan con recursos originalmente propios, los cuales no fueran producto de su adquisición a terceros. En cuanto a las tasas, se entendía usura cuando los intereses, compensaciones, comisiones o gastos u otros cargos superaren individual o conjuntamente el 75% de las tasas medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación. Y en caso de estipularse intereses moratorios, cuando los mismos superaren el 100% de las referidas tasas. Mercader resalta otra diferencia con el sistema anterior con importancia práctica: “En la primera la base es el interés promedial cobrado por los bancos en sus operaciones corrientes de crédito. Mientras que en la segunda el interés promedial se calcula tomando como base el interés de los préstamos bancarios otorgados a las familias”.6 La importancia práctica radica en que para calcular el límite de usura no se debe observar al sujeto pasivo en su condición de Empresa o Familia, sino que exclusivamente se debe tomar en cuenta la columna de Familias. Conjuntamente, el Art. 3° estipula la consecuencia de la usura civil “Configurada la usura conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.” La legislación se flexibiliza am-

pliamente, en el régimen anterior los jueces tenían prohibido dar trámite a ejecuciones que se ampararen en documentos con intereses en usura, vedando virtualmente la reclamación de capital, intereses y cualquier tipo de gasto. En este caso, el legislador ajusta la normativa, limitando a establecer la caducidad en cuanto a los intereses, permitiendo la reclamación del capital. El legislador hace extensiva la caducidad a todos los intereses, compensaciones y gastos, no solamente a aquellos que sobrepasan las tasas máximas permitidas, limitando el reclamo únicamente al capital. Entendemos que el análisis de usura no puede limitarse al primer acto de proposición sino que debe ser considerada en cualquier etapa de liquidación posterior. Sucede habitualmente que en los documentos se establecen cláusulas genéricas como ser: “la tasa máxima de interés moratorio permitida” y en tal sentido el título es perfecto dado que difieren a una etapa posterior el cálculo de la tasa de interés. En dichos casos la usura se hace evidente no en el título sino en la liquidación de crédito, intentando reclamar más intereses de los legalmente permitidos. En tal sentido ese análisis se debe realizar en cualquier acto de proposición y basta que se configure en cualquier etapa del proceso para atraer su consecuencia, la caducidad de todos los intereses y gastos. d) Ley 18.212 A pesar que la Ley 17.569 brindó claridad sobre aspectos que habían sido controvertidos, para muchos doctrinos no colmó las expectativas técnicas requeridas, dando nacimiento a la modificatoria Ley 18.212. La ley 18.212 fue publicada el 19 de diciembre de 2007, su ámbito de aplicación son las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas, las operaciones de crédito a título expreso pueden recaer en dinero, bienes o servicios, la condición es que el pago sea en momento diferente al que se concreta la operación.7 |38|

Los únicos intereses que las partes pueden fijar son los compensatorios y los moratorios a los que ya nos referimos, los mismos tienen períodos distintos de devengamiento no debiendo aplicar nunca la acumulación de los mismos (T.A.C. 1er Turno Sentencia 108/2012). A los efectos de determinar el tope máximo de interés la Ley prevé una diferencia en cuanto al capital prestado. Inferior a 2: de UI el tope de los intereses compensatorios se ubica en el 55% de las tasas medias y en cuanto al interés moratorio en el 80% de las tasas medias. Si sobrepasan estos límites se configura la usura.8 Por otra parte, en capitales iguales o superiores a 2: de UI el tope del interés compensatorio se ubica en el 90% sobre las tasas medias y el moratorio en el 120% sobre las tasas medias. En ambos casos se incluyen en el cálculo tasas, gastos y comisiones. En cuanto a la consecuencia de configurarse la usura, la Ley mantiene la distinción entre usura civil y penal. La consecuencia civil es la caducidad del derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza, a excepción de las costas y costos del proceso. Debemos insistir en la claridad de la Ley, la nulidad no es parcial sobre el monto que sobrepase el tope máximo, sino absoluta. Basta que la usura se configure en cualquiera de los dos tipos de interés (compensatorio o moratorio) para atraer la caducidad del derecho al cobro de todos los intereses y gastos con la única excepción de los costos y costas, debiéndose abonar únicamente el capital prestado. También se estipula el descuento de los intereses, comisiones ya cobrados en forma ilegítima. Por otro lado, en cuanto a la usura penal, se estipula el delito para quien en una operación de crédito se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona y le hiciere dar o prometer para sí o terceros intereses usurarios. La Ley también responsabiliza a los mediadores que procuren, adquieran o

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transfieran un crédito cobrando una comisión usurera o a quienes hagan valer un crédito en usura. El castigo continúa siendo de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Existen sanciones a las instituciones de intermediación financiera y a las personas físicas o jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias, las mismas van desde el apercibimiento a sanciones económicas hasta 20: de UI o el equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción paga en exceso. Observaciones Los intereses compensatorios, moratorios y la usura son conceptos que vienen de larga data, la última modificación la encontramos en la Ley 18.212 del 2007, no obstante, es frecuente ver documentos en los cuales se estipulan intereses a tasas en usura civil. La normativa vigente es lo suficientemente clara y habilita a estipular intereses compensatorios y moratorios en la venta de bienes o servicios al igual que en los títulos valores. Alentamos dicha práctica comercial: los mismos deben ser estipulados en forma clara

y concisa, estipulando incluso la mora automática. En esta tarea es primordial tener presente la Ley vigente y la tabla del BCU donde se estipulan las tasas medias de interés. Las tasas de interés medio que estipula el BCU están expresadas en TEA y uno de los errores típicos que comenten los operadores es expresar intereses mensuales sin realizar el correspondiente cálculo en TEA para determinar el tope de usura. Otro error frecuente es acumular los intereses compensatorios y moratorios en las reclamaciones, hemos realizado referencia a que los mismos tienen períodos de vigencia distintos y realizar la sumatoria no solamente es incorrecto sino que factiblemente se convierta en usura. También es frecuente no calcular los gastos y comisiones para el límite de usura, recordemos que los mismos deben ser considerados en el cálculo a excepción de las costas y costos y de factores ajenos al negocio como ser el IVA sobre los intereses. En suma, la normativa es clara y cualquier operador que no desee caer en

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usura debe tener presente los topes máximos permitidos, la consecuencia de configurarse la usura también es clara, caducidad del derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.1-MERCADER, Teresita, (2002), “Las tasas máximas de interés convencional y el delito de usura en nuestro país, luego de la vigencia de la Ley 17.569”, Revista de la Facultad de Derecho N° 21 p.91-116. 2-WHITELAW, James A., (2008), “La nueva Ley de Usura”, Disponible en http://www.cncs.com.uy/docs/ USURA.pdf. 3-Constitución de la República Oriental del Uruguay 1934, disponible en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitución. 4-GORFINKIEL, Isaac, (2009), “La usura y el duplo hipotecario”, La Justicia Uruguaya Tomo 128. 5-Decreto Ley 14.095, (1972), “Tipificación de delitos económicos del Banco Central del Uruguay y creación de un cuerpo especial de prevención y represión de delitos económicos”, Art. 7°. 6-MERCADER, Teresita, Op. Cit. P 93. 7-Ley 18.212, (2007), “Ley de tasas de interés y usura. Regulación de las operaciones de crédito”, Art. 1°. 8-Ley 18.212, Op. Cit. Art 11° 9-Ley 18.212, Op. Cit. Art 21° 10-La tabla se puede extraer de: http://www.bcu.gub. uy/Servicios-Financieros-SSF/Tasas%20Medias%20 de%20Inters/tasas_medias_interes.pdf

Visitas y Eventos

Avance en la colaboración entre LIDECO y a Suprema Corte de Justicia Recibimos al Dr. Ricardo Pérez Manrique, Presidente de la Suprema Corte

Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO), Ing. Marcelo Pesce (Director División Tecnología del Poder Judicial), Dr. Ricardo Pérez Manrique (Presidente de la SCJ), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO)

La relación de colaboración entre el Poder Judicial y LIDECO es de larga data, y en ese marco, como es habitual, nuestro Consejo Directivo recibió en nuestra sede al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Pérez Manrique, quien concurrió acompañado por el Ing. Marcelo Pesce, Director de la División Tecnología del Poder Judicial.

l encuentro tuvo lugar el 3 de marzo, y se inició con una breve presentación institucional y de los fines estatutarios de nuestra gremial por parte del Cr. Pablo Montaldo, Presidente del Consejo Directivo. Acto seguido hubo un espacio para un intercambio de camaradería, en el que el Dr. Manrique valoró el rol de LIDECO en materia concursal, recordando diversas instancias de acercamiento y de trabajo conjunto con nuestra gremial. A continuación se expusieron los temas de interés para ambas instituciones. Dese LIDECO se volvió a hacer manifiesta la inquietud respecto a la necesidad de acceder lo más celera-

mente posible a los datos de las presentaciones concursales del interior del país. Fundamentó lo anterior en su mandato estatutario de atender específicamente la materia concursal y de alertar al mercado mediante el aporte temprano de información relevante para prevenir el riesgo de crédito, como lo es sin duda la noticia de una presentación concursal. Si bien esa labor puede cumplirse adecuadamente en relación a los casos que se dan en el departamento de Montevideo, se insistió en que la dilación con que se toma nota de las presentaciones concursales del interior dificulta la prestación acabada del servicio de información comercial con carácter preventivo. |40|

En otro orden, ambas instituciones confluyeron en la relevancia de crear sistemas de apoyo para los jueces del interior del país que actúan en materia concursal. LIDECO puso a disposición a tales efectos la experiencia de sus profesionales, en aras a colaborar mediante talleres, seminarios o cursos sobre la materia concursal, que puedan resultar de interés para los operadores de la Justicia. La experiencia de los profesionales de nuestra gremial en el tema, a partir de la representación a acreedores, la actuación como Síndicos o Interventores, la promoción de adecuaciones normativas, la vigilancia de la observancia de los principios que rigen los procedimientos concursales, y su participación docente en la academia y en el propio Colegio de Síndicos e Interventores Concursales, constituye un recurso de valor para el respaldo a los jueces que atienden estos asuntos fuera de Montevideo y en mérito a ello fue expresa la voluntad de LIDECO para colaborar con la formación de los jueces que atienden estos asuntos fuera de Montevideo,

LIDECO / Julio 2016

Vista general. De frente, de izquierda a derecha: Dr. Pablo Briñon (Sector Jurídico LIDECO), Esc. Gabriel Hernández (Sector Jurídico LIDECO), Cr. José Luis Rial (Secretario LIDECO), Dra. Matilde Carrau (1er Vicepresidente LIDECO), Sr. Francisco Kantor (Vocal LIDECO), Ing. Marcelo Pesce (Director División Tecnología del Poder Judicial), Dr. Ricardo Pérez Manrique (Presidente de la SCJ), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO)

dado que la complejidad de la materia concursal requiere indefectiblemente de especialización para atenderla. Se planteó además, en ese marco, la iniciativa de conformar una biblioteca y videoteca virtual a través de la cual compartir conocimientos mediante publicaciones y videos con el registro de conferencias y capacitaciones sobre el tema. Por parte de la SCJ, fue explícita su voluntad para colaborar con LIDECO en su labor en la materia concursal. Los presentes intercambiaron sobre el rol esencial que cumple el Poder judicial en todo estado de derecho y como garantía del estado de derecho, coincidiendo en la fortaleza que supone para un país contar con una justicia que pueda funcionar con los recursos humanos y de infraestructura adecuados. En ese marco, nuestros invi-

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tados se explayaron compartiendo los desafíos en que está trabajando hoy el Poder Judicial, entre los cuales se destacó el esfuerzo de informatización de procedimientos y expedientes, que continúa y se viene realizando desde hace tiempo atrás, siendo una tarea sumamente compleja que va avanzando a buen ritmo. Reconociendo los beneficios de la colaboración público privada, como lo es la que desde otrora se da entre el Poder Judicial y LIDECO en su calidad de auxiliar de la Justicia, se valoraron todas las iniciativas planteadas para fortalecer los lazos de colaboración, y se destacaron los esfuerzos que se están realizando para que nuestra Justicia mantenga el prestigio que la caracteriza.-

Visitas y Eventos

Compartimos proyectos y realizamos puesta a punto con la DGI Recibimos la visita del Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra

Sr. Daniel Laffitte) Director División Informática DGI), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Lic. Joaquín Serra (Director General de Rentas), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO)

IDECO y DGI mantienen una extensa relación de colaboración en cuanto a diversos temas que hacen a la dinámica del comercio y a la aspiración de lograr siempre mejores y más justas condiciones de transparencia informativa para el mercado. En ese sentido, la factura electrónica y sus avances fue uno de los objetos de intercambio, especialmente en consideración al impacto que su introducción tiene en cuanto a la reducción de la informalidad en el comercio y la dotación de transparencia a las transacciones de negocios. Además de comentarse el cronograma de incorporaciones al sistema de e-factura, se destacaron los avances realizados hasta el momento. La previsión de la DGI es que para 2019 todas las empresas estarán insertas en el sistema, para lo cual la secuencia de inclusiones seguirá la lógica del volumen de ventas. En el intercam-

El pasado jueves 26 de mayo, nuestro Consejo Directivo recibió la visita del Director General de Rentas, Lic. Joaquín Serra, quien concurrió acompañado por Daniel Laffite, Director de la División Informática de la DGI. En el marco de la extensa relación de colaboración entre ambas instituciones, se trataron temas de interés para la transparencia y fluidez del comercio. bio, la DGI destacó el rol fundamental que en la fluidez de la implementación del sistema jugó la colaboración entre privados y la DGI, lo cual permitió que la asimilación de empresas al mismo pudiera darse en forma ordenada y a buen ritmo. En relación con esta nueva forma de documentación electrónica de las transacciones comerciales, LIDECO introdujo su proyecto relativo a hacer de la factura electrónica un título ejecutivo, iniciativa que fue enmarcada dentro de la consideración del nece|42|

sario respaldo y adecuación jurídica que requieren estos nuevos patrones de intercambios exigidos por el sistema electrónico de facturación. En otro orden, el encuentro fue propicio para recorrer asuntos de pendiente resolución, y como no podía ser de otra manera, estuvo sobre la mesa la preocupación de nuestra gremial en torno a la necesidad de que los estados contables de las empresas estén accesibles como insumo para la toma de decisiones. Al respecto, se señaló que la experiencia de

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Vista general. De frente, de izquierda a derecha: Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO), Proc. Lilián Espinosa (Adscripta a Gerencia LIDECO), Dr. Fernando Cabrera (Responsable Sector Jurídico LIDECO), Sr. Heber Assaf (Vocal LIDECO), Cra. Serrana Gauthier (2do Vicepresidente LIDECO), Cr. Valentín Martínez (Vocal LIDECO), Sr. Gabriel Hernández (Responsable Operaciones LIDECO)

Vista general. De frente, de izquierda a derecha: Dr. Nicolás Antúnez (Sector Jurídico LIDECO), Dra. Matilde Carrau (1er Vicepresidente LIDECO), Cr. José Luis Rial (Secretario LIDECO), Sr. Francisco Kantor (Vocal LIDECO), Sr. Daniel Laffitte) Director División Informática DGI), Lic. Joaquín Serra (Director General de Rentas), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO)

LIDECO en materia de recolección y captación de estados contables permite afirmar que la cultura empresarial relativa al aporte de información contable requiere, para modificar sus paradigmas, de la existencia de sanciones que acompañen efectivamente las obligaciones que plantean las normas. En tal sentido, y ante la inminencia de la exigencia de registración de estados contables en el sistema XBRL por parte de la Auditoría Interna de la Nación, nuestra gremial volvió a señalar la importancia de que cuando aquella se haga efectiva, también sean efectivamente sancionadas las empresas que no cumplan con la registración, tal como lo dispone la normativa vigente. Otros asuntos fueron también objeto de intercambio, quedando planteados algunos caminos a recorrer para continuar avanzando en materia de transparencia informativa, de los cuales daremos cuenta oportunamente. La visita del Director General de Rentas redundó en un productivo encuentro que, como es habitual, sentó nuevas bases para afianzar los lazos entre LIDECO y la DGI, prueba de lo cual fue que la reunión culminó con la fijación de una agenda de temas a abordar y propuestas a elevar, en consonancia con los objetivos que persiguen ambas instituciones bajo el sello de la colaboración mutua.-

Durante el intercambio: Laffitte, Serra, Montaldo, Quesada

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Visitas y Eventos

Conferencia LIDECO

Coyuntura y perspectivas de la economía uruguaya: ¿cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos?

Apertura a cargo del Presidente de LIDECO. De izquierda a derecha: Cr. Sebastián Pérez, Ec. Ignacio Munyo, Cr. Pablo Montaldo, Ec. Tamara Schandy

Sofitel, 21 de Junio

abiendo saboreado un exquisito café de bienvenida, a las 9:00 en punto, tal como estaba estipulado, el Cr. Pablo Montaldo, Presidente de LIDECO, iniciaba el evento con su discurso de apertura.

Agradeciendo la presencia de los presentes, Montaldo encuadró el encuentro como una instancia de aprendizaje, intercambio de ideas, de información y de conocimiento interempresarial, favorable para tender redes de colaboración. Invocando el mensaje de convocatoria, apreció que en el complejo e incierto contexto local, regional y global,

El ciclo de Conferencias LIDECO 2016 se inició abordando las variables en torno a la coyuntura actual de nuestra economía y sus perspectivas de futuro. La Ec. Tamara Schandy, el Ec. Ignacio Munyo y el Cr. Sebastián Pérez, fueron los responsables de acompañar a la nutrida audiencia que se dio cita en los salones del Sofitel, en un marco inmejorable para escuchar con atención los aportes de los connotados profesionales. Perspectivas similares y con enfoques complementarios, elementos para el análisis, numerosas preguntas. Un productivo encuentro, propicio para asimilar elementos para la reflexión y el pronóstico, y con ello orientar el camino hacia la toma de decisiones empresariales. a nivel político, económico y social, la incertidumbre es su característica predominante. El actual período de tasas de interés extremadamente bajas, señaló, está desconcertando a los principales gestores de políticas monetarias. Simultáneamente, |44|

dijo, los países desarrollados han bajado apreciablemente sus niveles de crecimiento e inflación, lo cual de prolongarse tendría un sinfín de implicancias económicas, políticas y sociales en esos países y en el resto del mundo. La incertidumbre también

LIDECO / Julio 2016

Cra. Laura Gesto, Cr. Francisco Danza, Dr. Fernando Fernández

Vista general

afecta, dijo, a los precios de diversos productos y activos (petróleo, commodities, metales). Hay incertidumbre sobre la evolución de mucha economías, en algunos casos por agotamiento de sus modelos de crecimiento y en otros porque prácticamente se han vuelto inviables, señalando en particular la situación de a los países de Asia Occidental y de África con el aumento de las migraciones como secuela. “Por momentos da la impresión de que vamos hacia un mundo más integrado, con menor nivel de protección arancelaria y para arancelaria, con mayor comercio de bienes y servicios y con más facilidad para el movimiento de empresas y personas: se firman acuerdos como el de la Alianza del Pacífico, y se negocian tratados amplios como el Acuerdo Trans Pacífico de Cooperación Económica, o el acuerdo sobre comercio y servicios (TISA), o el acuerdo EEUU – Unión Europea. Pero en otros momentos, hay países o regiones que se plantean salir de acuerdos previos, como lo que podría llegar a pasar con el Reino Unido y la Unión Europea o con Cataluña y el resto de España”. En el marco de las contradicciones que revelan esas circunstancias, Montaldo añadió al análisis el tema de la nueva revolución tecnológica que está viviendo el mundo, apreciando que “por ser partícipes de la misma nos cuesta aquilatar su real dimensión, su impacto en nuestras vidas, su impacto en la economía, en las empresas, y su duración. A lo largo de la historia

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las innovaciones tecnológicas han provocado cambios cuantitativos y cualitativos de gran envergadura en la estructura socioeconómica de los países y del mundo, pero no necesariamente todos los países tienen la capacidad para beneficiarse por igual o al mismo tiempo, de estos adelantos tecnológicos”. Pasó entonces a plantear preguntas clave: “¿Cómo se encuentran parados Uruguay y la región ante todas estas incertidumbres? ¿Hemos aprovechado bien los años de bonanza? ¿Estamos pasando por una simple virazón o nos atrapó un torbellino que traerá daños de envergadura? ¿Estamos actuando correctamente en esta hora de cambios? ¿Sabremos aprovechar la ola de cambios tecnológicos y dar el salto definitivo hacia la modernidad y el desarrollo? Enmarcó sus apreciaciones en la intención de dejar constancia de que “en LIDECO estamos atentos a procurar espacios que nos ayuden a mejorar, y a arrojar luz sobre estas temáticas. Nos es grato ofrecer estos espacios de encuentro acompañados por un excelente panel”. Agradeciendo la presencia de los técnicos y su disposición a compartir conocimiento, conminó al público a continuar asistiendo a los eventos previstos para el transcurso del año. Seguidamente, cedió la palabra a los disertantes.

Visitas y Eventos Ec. Tamara Schandy (Deloitte)

La coyuntura 2016 y algunas reflexiones mirando al 2017

Schandy agradeció la oportunidad de compartir la visión de Deloitte respecto al tema de convocatoria. Coincidiendo en la existencia actual de muchas incertidumbres, apreció al momento como propicio para despejar algunas de ellas, en particular el rumbo de los lineamientos de la política económica y de algunos condicionantes domésticos. Comenzó señalando que estamos en una economía que “ha dejado de crecer: llevamos prácticamente un año y medio sin crecimiento en términos agregados”. Refirió que si se dejan de lado los números relativos al sector electricidad (por su volatilidad, debida a su dependencia de lo azaroso de las lluvias), “la economía está 1% por debajo de los niveles de actividad de un año atrás. Si bien la observación por sectores muestra panoramas diferentes, en general la dinámica económica de los sectores presenta retroceso, especialmente el sector primario donde la agricultura, lechería y ganadería caen, siendo el único sostén del mismo la extracción de madera, que crece a raíz de la demanda de las plantas de celulosa”. Señaló que el sector industrial, luego del impacto de la actividad de Montes del Plata, no ha tenido otro elemento dinamizador. En el mismo sentido, dijo que la construcción, a la fecha del evento llevaba cinco trimestres de caída generada por el descenso de la inversión pública y privada. Sumó el comercio a la lista de sectores en declive, según datos aportados por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. “Estamos asistiendo a un escenario que plantea un cambio de dinámica muy generalizado a nivel sectorial, y que si lo miramos desde el punto de vista de la demanda, de qué es lo que hace crecer la economía, la lectura, a juicio de Deloitte es incluso más preocupante, porque tenemos un escenario en el que la demanda interna está cayendo de ma-

Cr. Sebastián Pérez (CIU), Ec. Ignacio Munyo (IEEM), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Ec. Tamara Schandy (Deloitte)

nera muy visible, la inversión pública y privada están con caídas del 20% en la comparación interanual, el consumo privado también está cayendo, y esa situación configura un escenario en el que, por demanda doméstica estamos 7% abajo con relación a un año atrás”. Si la economía no ha caído más, según Schandy, se debe “al ajuste que

ción. Si lo miramos desde el punto de vista del cierre macroeconómico, el hecho de que las importaciones estén cayendo por un lado es una señal negativa en tanto denota retroceso de la demanda, pero por otro lado es un factor de amortiguación muy relevante del aflojamiento de la demanda interna sobre nuestro propio PBI”. “En ese escenario en que la actividad

la economía ha dejado de crecer: llevamos prácticamente un año y medio sin crecimiento en términos agregados

se está procesando en el sector externo, dado que hemos tenido cierto aumento de las exportaciones – lamentablemente no muy generalizado – en el primer trimestre, en relación con una buena temporada turística. También por el ajuste de las importaciones, que cayeron 17% en volumen en relación a un año atrás, lo cual en parte es una respuesta endógena a la propia caída de la demanda”. Ejemplificó: “Menos inversión trae de la mano menos importaciones de bienes de capital pero también es el resultado de que Uruguay ha procesado cierto ajuste de precios relativos, el tipo de cambio ha subido en forma relativamente significativa si lo comparamos con un año atrás y eso es un factor de desaliento a la importa|46|

económica ha perdido muchísimo vigor aparece al ajuste fiscal”, dijo, “y el ajuste fiscal se da porque en los últimos años hemos asistido a un deterioro muy visible del resultado fiscal: pasamos de tener un resultado deficitario en 1% del PBI hace 4 o 5 años, a uno del 4% del PBI según los últimos datos al mes de abril”. Se preguntó cómo llegamos hasta allí, y como respuesta planteó que, “debido a que hemos tenido un aumento muy grande del gasto público. Si comparamos la situación de hoy con la de 5 ó 6 años atrás, tenemos más de 2 puntos enteros del PBI de más gasto público corriente, esto es, sin considerar inversiones. Porque hemos tenido un aumento de la carga de intereses de deuda pública, porque ha habido un

Visitas y Eventos deterioro del resultado primario de otras reparticiones del Estado (Banco de Seguros, Intendencias), y además ha habido un deterioro del resultado primario corriente de las empresas públicas. La economía ha dejado de crecer de la forma extraordinaria en que lo venía haciendo en años anteriores, con lo cual la variación de los ingresos ya no es tal para compensar ese incremento del gasto, y a partir del año pasado por otra parte, hubo un ajuste muy significativo de la inversión pública que es en definitiva la primera palanca de ajuste que un gobierno puede tocar. Esa palanca ya se tocó, la inversión pública cayó en forma muy sustantiva: en relación al PBI los niveles de inversión pública que tenemos actualmente son comparables con los de 2003, 2004, o sea niveles de inversión realmente mínimos después de la crisis. Ese ajuste de las inversiones no compensa el aumento de gasto estructural que hubo en otras áreas, y en definitiva tenemos una situación en que el gasto público aumentó en áreas estructurales en un contexto en el que los ingresos crecían con un componente cíclico muy importante que ahora se desvanece mientras el aumento de gasto permanece”. Observando el tema desde una perspectiva histórica, dijo, “el gasto público en Uruguay está en niveles record. Tuvo un ajuste en 2015 de la mano de menores inversiones, pero sigue siendo muy alto y el gasto público corriente (sin inversiones) está en niveles incluso superiores a los que tuvimos antes de la última gran crisis que vivió Uruguay, que fueron niveles que a la postre resultaron insostenibles”. Responder si ese nivel de gasto es excesivo no es trivial, dijo, y se refirió a la comparación internacional, donde coexisten casos de gasto público superior e inferior al de nuestro país donde no hay una correlación clara con el nivel de ingresos de los países sino con preferencias políticas: hay sociedades que prefieren estados más grandes, sociedades que prefieren estados más pequeños. La opinión técnica económica, dijo, “es solo una pieza del debate, con lo cual desde el punto de vista exclusivamente técnico lo que es importante señalar

Cr. Sebastián Pérez (CIU), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Ec. Tamara Schandy (Deloitte). Ec. Ignacio Munyo (IEEM)

es que la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública, no viene dada por la magnitud del gasto sino por el hecho de que el gasto encuentre un financiamiento económico políticamente viable en la base de ingresos. Lo que pasó en Uruguay es que se procesó un aumento de gasto relativamente estructural sin que al mismo tiempo se procesara la necesaria discusión de que ese aumento de gasto necesitaba apoyarse en ingresos mayores a los que tuvimos en Uruguay. Así es que llegamos a este ajuste fiscal en el que estamos ingresando, que trae aparejado un aumento de impuestos en un momento en el que la economía está transicionando en el ciclo y que acentúa por lo tanto los riesgos recesivos”. Otro elemento importante para analizar en relación al ajuste fiscal, fue a su criterio el de su oportunidad, su

Cr. Marcelo Debat, Cr. Fernando García

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perspectiva temporal y su viabilidad: “Más allá de la vocación de ajuste de gasto y más allá de preferencias ideológicas y políticas a partir de las cuales se pueda debatir si el gasto debería ser éste o menor, hay un tema de realidad: el gasto público en Uruguay es muy rígido a la baja. De los 15.000 millones de dólares que gastó el gobierno central y el BPS en 2015, un tercio del gasto está en pasividades, un 30% en transferencias del sistema de salud, del seguro de desempleo, de asignaciones familiares, etc., un 20% corresponde a remuneraciones y menos de un 15% a gastos de funcionamiento, que son los que serían más discrecionalmente recortables. Habiendo accionado ya la palanca más fácil de ajuste que es el recorte de la inversión, las demás palancas son bastante rígidas”, advirtió, agregando que “un ajuste de casi 500 millones de dólares como el

Visitas y Eventos que se está planteando en este momento, hubiese sido poco creíble si se recostaba únicamente del lado del gasto sin afectar cambios en materia de ingresos. Desde el punto de vista del nivel de gasto, y ni que hablar de su composición y calidad, hay un debate, pues es muy difícil concebir un ajuste de esta envergadura únicamente sobre el gasto en un panorama en el que el gasto tiene esta estructura, y donde además no se trata de un ajuste por única vez sino que es una corrección que tiene que persistir y reiterarse año a año.” Dicho esto, se remontó a su planteo inicial respecto a que “el ajuste de impuestos llega en un momento inopor-

tuno desde el punto de vista del ciclo económico: son más impuestos para las empresas en momentos en que la inversión está cayendo fuertemente, y más impuestos para las familias en un contexto en el que los motores del consumo se están apagando. Tenemos un mercado de trabajo que ha perdido la firmeza que tenía en años anteriores, el desempleo ha subido (se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo en el último año), el salario real que venía creciendo a tasas de 4 o 5 % está creciendo mucho menos, y cuando termine la ronda de negociaciones salariales que está en curso probablemente los incrementos reales del salario sean mucho más acotados (en torno de cero). El crédito al consumo si bien no ha caído, tampoco está creciendo al ritmo de tasas del 10 y 15% que vimos en años anteriores, con lo cual este ajuste de impuestos seguramente tenga impactos contractivos sobre la demanda interna”. “Es basados en esa perspectiva general, que en Deloitte estamos trabajando con un escenario prácticamente de estancamiento de la economía por los próximos trimestres. Nuestra proyección puntual para 2016 es de una ligera caída del PBI (0,3% en el promedio del año) y un ligero crecimiento el año próximo. Considerando que las proyecciones siempre tienen un margen de error significativo, la lectura de este dato no tiene que ver con el signo de una u otra variación sino más bien con la perspectiva de prolongación de un escenario sin crecimiento,

que se relaciona en parte, con el comportamiento de la demanda interna y con que no vemos ningún elemento dinamizador de aquella en el corto plazo, y por otro lado con la perspectiva respecto al sector externo”. Al respecto dijo que “hay algunos elementos del contexto internacional que pueden ayudar a Uruguay a impulsar a la economía. En las últimas semanas se está consolidando un escenario de tasas de interés en dólares en el mundo, inferiores a las que podíamos haber anticipado un año y medio atrás, y eso tiene muchas implicancias para el acceso al financiamiento, en los flujos de inversiones del mundo”.

En la línea anterior, señaló que debido a los ajustes operados en Argentina y Brasil se está consolidando un escenario de mejores expectativas regionales, si bien Brasil sigue en una de las mayores recesiones de los últimos 30 años y en Argentina sigue cayendo la actividad económica. Cierta mejora en los precios de los commodities también contribuye a mejorar el escenario para nuestro país, aunque, dijo, “no estamos viendo en Deloitte que ese giro sea lo suficientemente potente como para contrarrestar los elementos domésticos que están condicionando nuestro escenario de crecimiento. Tenemos un contexto de expectativas bastante adverso, un contexto de desequilibrios macro (déficit fiscal arriba del 4% del PBI), inflación que persiste en niveles en el entorno del 10% y sobre todo una situación de competitividad que es bastante frágil”. Apuntó que el ajuste fiscal era necesario para preservar una deuda pública sostenible, el grado inversor y la prudencia en la gestión de la deuda pública, pero dijo también que aquél, llega conjuntamente con una política monetaria más restrictiva y con rezago cambiario, señalando que el mayor riesgo para nuestro país es que sigue siendo caro en dólares en un mundo en el que el dólar se ha fortalecido. Para Schandy ese es un elemento central del diagnóstico: advirtió que estamos en una situación demasiado parecida a la situación previa a la devaluación del Uruguay en el período 1999 - 2002 cuando |50|

Visitas y Eventos nuestro país no corrigió sus costos en dólares, destacando lo nocivo que ello terminó siendo para la actividad económica. Tales apreciaciones no fueron vertidas pensando solamente en los países que son destino de nuestras exportaciones, sino en los países que además, como el caso de Brasil, “son competidores mucho más baratos que Uruguay y nos disputan posición en los mercados”. Señaló que de todos los frentes, “el de la competitividad con Argentina no es el más preocupante, debido a que también está cara en dólares. Estamos caros en relación a otros productores de commodities como Australia y nueva Zelanda con quienes competimos”, insistiendo en que esa debe ser una variable a considerar en el análisis. La perspectiva económica de Deloitte, dijo, no se puede desligar de su pronóstico cambiario: “seguimos esperando una evolución creciente en el tipo de cambio y mantenemos quizá tercamente un pronóstico de suba fuerte del dólar. Tenemos un pronóstico indicativo de $35 para fin de año y más de $40 para el año próximo”. Planteando que es claro que lo que suceda en nuestro país con el dólar depende de lo que suceda también en otros lados, subrayó firmemente que “en Uruguay tenemos razones suficientes para necesitar un dólar más alto, más allá de lo que pase en el mundo. Uruguay tiene razones suficientes para empezar a abaratarse en relación a los demás y si eso no pasa hay un riesgo grande para la actividad económica, pues la demanda interna está cayendo, y si el PBI no está cayendo más abiertamente es por el ajuste que se está procesando en el sector externo. Uruguay necesita mejorar la competitividad del sector exportador, necesita que se re dinamicen las exportaciones de bienes y que se sostenga el ajuste en las importaciones que está operando como colchón amortiguador de la caída de la demanda doméstica sobre el PBI. Un escenario en el que el dólar no suba en forma significativa es un escenario en el que Uruguay queda caro en dólares, y eso va a tener, más tarde

Emanuel Araújo, Eliana Testa, Silvana Viqueira, Lorena Distacio, Juan Carlos Mastroianni, Gustavo Gil

o más temprano, implicancias en la actividad económica”. La economista planteó que “nos guste o no nos guste hemos entrado en modo ajuste, y el ajuste fiscal nos debería devolver a una trayectoria más sostenible del resultado fiscal”. No obstante, dijo, “el ajuste puede ser insuficiente porque si la economía tiene un desempeño inferior al que está contemplado en la programación fiscal, hay un riesgo de que los ingresos tributarios sean inferiores a los contemplados en la programación fiscal”. Advirtió también que hay un riesgo en que el gasto tenga una inercia mayor a la prevista y sea superior al proyectado, lo cual conduciría a escenarios diferentes, donde el ajuste debería ser completado con el incremento de tarifas públicas o el anuncio de mayores impuestos, configurándose un escenario nocivo en términos de expectativas, signado por ajustes sucesivos que afectarían más el consumo de las familias y las inversiones. Para Deloitte, dijo, la economía está en estanflación (no crecimiento e inflación relativamente alta), lo cual impone restricciones a la política económica. Podría colaborar positivamente para cambiar la situación, una modificación en el contexto externo, respecto al cual hay algunos indicios, si bien es prematuro pensar que tendría la fuerza necesaria para levantar los condicionantes domésticos de poco crecimiento. “Tendemos a pensar que además del factor impulso externo Uruguay tiene que hacer su parte, y es muy peligroso seguir transitando |52|

por un escenario esperando que el mundo nos reimpulse sin que hagamos nuestro propio rebalanceo de política económica. Desequilibrio fiscal arriba del 4% del PBI, inflación de dos dígitos, rezago cambiario importante, crecimiento de los salarios por encima del crecimiento de la productividad de las empresas, todos esos son elementos que hay que abordar. Hay un gobierno que está encarando algunos ajustes. El timing de esos ajustes es debatible, pero se están realizando. Si ese ajuste se procesa de manera consistente y coordinada (frente fiscal, monetario, cambiario, salarios), Uruguay puede tener un costo en términos de actividad económica al no crecer por algunos trimestres, pero estaría sentando las bases para un crecimiento más importante en el futuro”. Ya sobre el cierre de su ponencia, señaló que “hay un riesgo que vale la pena subrayar: que terminemos teniendo un ajuste que llega tarde, que en su magnitud termina siendo incompleto no por lo fiscal sino por los otros frentes de la política económica. Y con un Uruguay caro en dólares, los riesgos de un escenario donde la actividad económica caiga de forma más abierta son riesgos que están creciendo, y no es bueno negar las señales que estamos teniendo desde el plano local, pues no vemos desde la coyuntura doméstica, elementos que nos vayan a permitir re dinamizar la economía en el corto plazo”.

LIDECO / Julio 2016

Ec. Ignacio Munyo (Universidad de Montevideo)

Perspectivas económicas del Uruguay

Agradeciendo también la invitación de LIDECO, se adentró en las perspectivas del Uruguay el mediano y largo plazo, desde un enfoque donde se asigna un rol fundamental a los factores externos: la situación regional y lo que sucede con las condiciones financieras internacionales: la tasa de interés que fija la Reserva Federal, las tasas de interés globales que se juegan en Europa y en Japón, los precios de los commodities que Uruguay exporta.

Cr. Sebastián Pérez (CIU), Ec. Tamara Schandy (Deloitte), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Ec. Ignacio Munyo (IEEM)

en el impacto sobre las fluctuaciones de corto plazo del PBI en el Uruguay, viendo la evolución de nuestra actividad económica desde 1992 a la fecha, el 50% de ese impacto está en Argentina y Brasil, que también se ven afectados por los precios de los commodities y las condiciones financieras internacionales. En otras pala-

debemos observar lo que pensamos va a pasar con las variables externas que afectan el PBI en el Uruguay

A todo ello, dijo, se le suman los aspectos internos que amplifican esos factores externos: “la estabilidad macroeconómica, el grado inversor que Uruguay tiene (establecido por el Presidente de la República como el principal activo intangible del país, al cual es absolutamente vital mantener) y el gasto público que en los últimos años ha sido gran fuente del impulso de crecimiento en Uruguay”. En ese marco observó que, si se mide el peso de los factores externos

bras, dijo que las dos terceras partes de las fluctuaciones de corto plazo del PBI en el Uruguay se pueden explicar por el movimiento de variables externas, en tanto el tercio restante se juega en la estabilidad macroeconómica, que es lo que potencia a la interna lo que sucede afuera. En función de ello, dijo, para poder plantear lo que sucederá en nuestro país en los próximos años “debemos observar lo que pensamos va a pasar con las variables externas que afectan el PBI en el Uruguay”.

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Comenzando por la situación de Brasil, que en último año y medio estuvo pautada por el tema corrupción, crisis económica e impeachment, dijo que a pesar de la gran incertidumbre política reinante, hoy está dando señales de que las variables económicas están cambiando haciendo referencia a la encuesta de expectativas que el Banco Central de Brasil actualiza semanalmente aplicándola a casi 100 empresarios privados. El estudio arroja que este año se espera una caída del 3,6% del PBI que configura junto a la de 2015 “la peor caída de la economía brasileña desde 1930”, pero para 2017 se vislumbra una recuperación, del 1%, lo cual atribuyó a tres factores: 1) El abaratamiento de Brasil respecto a sus socios comerciales, tendencia que viene constatándose desde 2011. Este ajuste cambiario lo posiciona en una situación competitiva más favorable, y las exportaciones se están recuperando levemente. 2) Brasil ha cerrado completamente el desequilibrio externo de la cuenta corriente, encontrándose hoy con superávit y 3) El sistema financiero ha permanecido sólido, con reservas estables del Banco Central de Brasil a pesar de la caída del PBI en estos años, estando el sistema financiero en condiciones de

Visitas y Eventos poder apuntalar un crecimiento. En Argentina, dijo, “la administración Macri ha desatado todos los nudos que habían quedado pendientes de la administración anterior: cepo, fondos buitres, organismos internacionales”. Señaló que el principal desafío del gobierno es la inflación, que, de la mano de un déficit fiscal difícil de revertir, ha sufrido una escalada importante. Señaló como positivo que los datos del INDEC hayan sido creíbles en tanto arrojaron cifras de inflación más altas que las que preveían las consultoras privadas. “La compleja situación de Argentina se empieza a desatar en tanto comienza a recibir inversiones del exterior, lo cual es la gran apuesta del gobierno para en el segundo semestre empezar a salir de la situación de estancamiento y de caída de la actividad económica que tiene este año, en que se proyecta una caída del PBI del 1%. Para el año próximo las proyecciones de mercado y de los organismos multilarerales pronostican una fuerte recuperación, con lo cual tenemos un rebote regional que es incorporado a nuestro modelo de proyecciones y sustenta para el año próximo una perspectiva más positiva que la que tenemos actualmente”, dijo. En cuanto a las condiciones financieras internacionales, para Munyo “la situación es realmente compleja y difícil de entender: existe a nivel global una enorme incertidumbre respecto a cómo las grandes economías van a, a través de la política monetaria, impulsar la actividad económica. Hoy tenemos tasas de interés reales negativas en EEUU, Europa, Japón, y están en discusión hasta alternativas de regalar dinero a la población para impulsar la actividad económica. Lo que nos impacta a nosotros es que no sabemos cuándo van a subir las tasas internacionales, siendo que unos años atrás se hablaba de que se había terminado el ciclo de tasas de interés bajas, lo cual hoy no se puede afirmar, así como tampoco que empezarán a subir en el corto plazo”. En relación con lo anterior destacó el impacto de las decisiones de

la Reserva Federal en el resto del mundo. Al respecto, dijo que la Reserva Federal de los EEUU procesó en diciembre la primera suba de la tasa de interés, impactando en forma turbulenta en los mercados internacionales, generando un trimestre extremadamente negativo en materia de bolsas. En febrero, la Reserva Federal anunció por primera vez en la historia un objetivo dual: atendería para la toma de decisiones que alteren las tasas de interés, no sólo lo que sucede en EEUU (inflación y tasa de desempleo) sino lo que sucede a nivel global. El efecto de ello fue que las bolsas tuvieron una recuperación importante, el precio de los commodities aumentó y las monedas del mundo comenzaron a apreciarse con respecto al dólar. “Esto muestra que los anuncios financieros a nivel internacional están teniendo un impacto tremendo en las variables internas de los países a nivel global”, señaló. En función de todo lo anterior, dijo, se construyen las proyecciones del IEEM sobre el tipo de cambio, y al respecto expresó que “luego de una suba fuerte en el primer trimestre, hay un marcado enlentecimiento de la suba del tipo de cambio y a menos que haya modificaciones importantes en la Reserva Federal no vemos una tenencia demasiado alcista, con lo cual el tipo de cambio estaría cerrando a fin de año en el entorno de $32,5”. Aclaró que tales pronósticos no analizan si ello es conveniente o inconveniente (compartiendo las apreciaciones de Schandy respecto a las bondades de operar un ajuste para abaratar a Uruguay), sino que contemplan lo que pautan las tendencias globales. Con respecto a la inflación, dijo que llegaría a cifras menores al 10% a partir de julio, pues su aumento responde a la suba del dólar: en consonancia con la caída de esa moneda, es de esperar suceda una caída de la inflación. Por otro lado, señaló que las proyecciones deben ser constantemente monitoreadas y revisadas, cotejando los hechos y variables de la realidad –que no se pueden controlar - para evaluar la necesidad de su ajuste. Planteando la aspiración de que Uru|54|

guay corrija la situación de disparidad cambiaria para volver al equilibrio con relación a sus socios comerciales, estando hoy nuestro país un 20% más caro de lo que debería estar, planteó que, para lograrlo sin pasar por una crisis financiera, debe sostenerse la combinación de una inflación bastante menor que la devaluación durante al menos dos o tres años más. “El año pasado la devaluación fue el doble que la inflación, este año también es mayor, y debería mantenerse esa tendencia hasta el 2018: recién allí estaríamos convergiendo en una paridad cambiaria, lo cual sería posible, debido a que la dolarización actual es mucho menor a la de otros momentos”. Siendo lo anterior un ejercicio teórico, no dejó de advertir “lo difícil que es abaratar al Uruguay, aún en el escenario más suave posible”. Abordando la inquietud de hasta cuándo va a ser posible contar con financiamiento disponible del exterior, listó una serie de datos relativos a lo que sucede en los Bancos Centrales del mundo, donde se observan tasas de interés reales negativas en el euro, en Dinamarca, Suecia, Japón, y la Reserva Federal, con lo cual “el retorno a la inversión está siendo muy poco atractivo en el mundo desarrollado. No sabemos y nadie puede asegurar a ciencia cierta hasta cuándo se sostendrá esta situación, pero más allá de ello, a nosotros nos posibilita seguir teniendo una ventaja comparativa a la hora de atraer inversiones al Uruguay”. Señaló que esta coyuntura es diametralmente diferente a la que teníamos en los contextos de las crisis del 82 o del 2001 cuando no existían fondos externos para invertir, no existía interés en invertir en Uruguay, las tasas internacionales eran mucho más elevadas y nuestro sistema financiero no estaba bien posicionado como al día de hoy. “Con la información que hoy tenemos disponible, no pensamos que vamos hacia una nueva crisis” y agregó que “si bien los flujos de capitales del exterior que ha tenido el Uruguay han caído, siguen siendo elevados en relación a los registros históricos”. Sobre el precio de los commodities, hizo referencia obligada a la situación

Visitas y Eventos financiamiento extra, lo cual también aporta tranquilidad”.

Dr. Mario Zugarramurdi, Cra. Serrana Gauthier, Ec. Bernardo Quesada

en China y su desaceleración, la cual se da en el marco de una economía que se multiplicó por seis en los últimos diez años, apreciando que se generan muchos más puestos de trabajo en una economía que crece al 7% que una economía que crece al 14%, con lo cual “lo que a nosotros nos importa de China no se ha debilitado: hay un factor político importante en China más allá de los cuestionamientos respecto a la naturaleza de la democracia en China y de que no sea deseable vivir allí. Ahí no se discute nada y los planes quinquenales se cumplen a raja tabla, lo cual aporta una estabilidad importante en las decisiones macroeconómicas que fijan un rumbo claro sobre el cual no se duda”. Mirando hacia los próximos años, señaló que China está siguiendo el mismo derrotero y patrón que las economías que una vez fueron pobres y que llegaron a ser ricas (Corea, Japón), y para afirmarse en ello debería crecer dentro de los próximos veinte años a una tasa del 5%. En China la demanda por alimentos es muy sólida, especialmente de los alimentos que vende nuestro país (carne), por lo que más allá de los vaivenes financieros que afectan el precio de los commodities, China es un importante comprador subyacente, siendo además que hoy se constata un aumento en esos precios y no se prevé que caigan fuertemente. Para Munyo, “todos los factores externos que acabamos de repasar, indican por lo menos al día de hoy, que el viento en contra se frenó”,

si bien dijo que ello “no quiere decir que haya viento a favor como en los años pasados”. Dijo que nuestro país tiene condiciones para aprovechar este cambio en términos de estabilidad macroeconómica, siendo el principal indicador de resumen de esta última, el riesgo país (el valor que está incorporado de riesgo en los bonos uruguayos relativo a bonos de otros países), constatándose que en los mercados Uruguay ha mantenido el riesgo bastante por debajo de Brasil, sin que se haya operado un contagio de la compleja situación de ese país. Indicó que es clave mantener la situación bajo control para no perder el grado inversor: “Se podrá discutir si las medidas que ha tomado el gobierno son o no suficientes, pero lo claro es que alguna medida había que tomar para apuntalar la confianza en los mercados internacionales”. “Si uno mira las reservas, el nivel actual es de 13.300 millones, bastante menos al del año pasado. Hubo una enorme intervención del Banco Central para que la volatilidad del dólar no fuera superior a la observada el año pasado. Si uno extrae todo lo que no es del Banco Central, se encuentra que queda un colchón neto de reservas de 4.200 millones todavía sólido y elevado que da tranquilidad financiera, a lo que se le suma créditos contingentes por 2.000 millones de dólares con organismos multilaterales, a tasas bajas. Esto es vital, porque hoy tenemos ya acordados a tasas muy bajas acceso a |56|

En cuanto al tema del gasto público, señaló que desde octubre de 2011 subió 3 puntos de PBI impulsando gran parte el crecimiento económico y el famoso desacople con respecto a América Latina. No obstante, ese impulso de crecimiento se terminó, dijo, siendo insostenible mantenerlo a costa del gasto público. El ajuste observado indica que no va a haber aporte del gasto público para dinamizar la economía, dijo, lo cual determinará un crecimiento nulo del PBI, y el año que viene, si las condiciones externas se mantienen se prevé un crecimiento de 0,9. “La gran duda es, si estos anuncios, que generan no solo un menor crecimiento directo por la demanda interna sino también un freno en muchas inversiones, cuestionan la confianza y la credibilidad, y si ese efecto va a tener un impacto mayor para el próximo año”. Apreció que hay bastante potencial para esperar que el año próximo sea mejor y se revierta la caída de los últimos años, advirtiendo que “este año aún no hemos tocado el piso y vamos a tener el peor año desde 2012 con crecimiento prácticamente nulo de la actividad económica. La buena noticia es que a partir del año próximo se empezaría a revertir la situación”. Con respecto a horizontes más lejanos Munyo señaló que “el panorama se ve nublado, y no está claro cómo va a hacer Uruguay para retomar tasas de crecimiento relevantes, no está claro qué es lo que va a impulsar el crecimiento, y en ello hay un enorme riesgo. El boom con el que se cerró el año 2003-2014 solo es equivalente a lo sucedido entre 1945 y 1955 donde el PBI creció 70% en términos reales, prácticamente lo mismo que lo que sucedió entre 2003 y 2014. ¿Qué vino después? Vino un período nefasto de la historia del Uruguay, que fue un estancamiento que duró casi 15, 20 años, donde la economía no creció, donde la economía se cerró, donde Uruguay no se pudo adaptar a un nuevo mundo que planteó cambios relevantes en apertura comercial y donde florecie-

LIDECO / Julio 2016

ron economías de Asia como Japón y Corea. Uruguay no estuvo a la altura de los cambios del mundo. Hoy los cambios son distintos y no podemos decir que Uruguay se va a cerrar, porque eso es lo que justamente el Poder Ejecutivo no quiere hacer y de ahí la búsqueda de un modelo de inserción internacional. Pero no se trata solo de eso: hay además muchos cambios tecnológicos, de robotización y cambios en el mercado de trabajo que mencionaba Pablo al inicio. Nuestra legislación laboral no está adaptada para incorporarlos y generar mayores ganancias de productividad, que es hoy el gran desafío que tiene el Uruguay. El corte hoy es cómo hace el Uruguay para aumentar la productividad y seguir creciendo, y no entrar en una trampa como entró en el pasado, que vino por un modelo de sustitución de importaciones que se incorporó en el país y en toda América Latina que mostró ser tremendamente negativo para las perspectivas de crecimiento de la región. Hoy el desafío es distinto pero de una magnitud similar. Si se miran las barreras que hoy tiene el país en materia de productividad, se observa que la legislación laboral se encuentra entre las principales barreras y la inserción internacional

Norberto Cánepa, Diego Paysee, Gabriel Rizzo, Heber Assaf, Roberto Linn

es la segunda. Aquí tenemos muchísimo para hacer pensando más allá de la mejora del 2017, proyectando hacia el mediano y largo plazo. Estos desafíos son enormes. Señales que se den para mejorar estos aspectos, desde la calidad educativa, el peso del Estado en la economía, y aquí me refiero al gobierno de las empresas públicas – donde hay muchísimo para ganar -, todo lo que se pueda hacer en materia de inserción internacional por más que los resultados vengan en mediano y largo plazo, la flexibilización que se pueda hacer en materia laboral, etc.

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Las señales que se den hoy en esa línea, si son sólidas, si son creíbles, ya van a tener resultados más allá de que un TLC con China se pueda firmar varios años adelante. Esas señales son las que pueden también impulsar un crecimiento para el año que viene y para el año 2018 en un contexto externo en que el viento dejó de estar soplando de frente. Este es el enorme desafío que hoy tiene el país: dar señales claras de cuál es el rumbo, hacia dónde queremos ir. Esas señales deben darse ya, por más que los resultados no sean instantáneos”.

Visitas y Eventos Cr. Sebastián Pérez (CIU)

Acciones a emprender ante el nuevo escenario económico

Luego de agradecer la convocatoria al evento, Pérez introdujo su abordaje partiendo de la premisa de que los tres disertantes compartirían en líneas generales el diagnóstico de situación, planteando que su intervención pretendía abordar el desafío de cómo operar con esa información económica para mediar entre ella y el quehacer del empresario: “Hacia dónde vamos, qué hacemos con esto y cómo nos repercute en nuestras empresas, en los resultados, en los estados contables, en nuestra gestión”. Retomando algunos de los aspectos del diagnóstico planteados por Schandy y Munyo, comenzó diciendo que, más allá de las leves señales positivas señaladas por Munyo, la actual caída de la demanda y por ende caída en las ventas, sería bastante sostenida en el tiempo (2016 y 2017), “con una alta dispersión según los sectores de actividad y los modelos de negocios: no a todas las empresas les va a pasar lo mismo. En general hablamos de promedios para simplificar y resumir, pero va a haber dispersión porque entramos en un período económico de transición. Desde finales de 2015, 2016 y buena parte de 2017 están cambiando las condiciones y van a cambiar los modelos de negocio en el Uruguay”. Pasó a hacer precisiones al respecto y señaló que habrá aumento de las presiones competitivas porque la debilidad de la demanda hará más difícil ganar un negocio y ello afectará los precios tanto como la rentabilidad empresarial y la valuación de las empresas: “nuestras empresas valen menos de lo que valían antes, y más si la moneda que se utiliza para medir, es el dólar. Esto se puede mirar desde dos perspectivas: pueden valer menos para el accionista, pero el que está fuerte financieramente puede en-

Ec. Ignacio Munyo (IEEM), Ec. Tamara Schandy (Deloitte), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO), Cr. Sebastián Pérez (CIU)

contrar oportunidades para comprar”. En otro orden, dijo que los precios de exportación elevados de años pasados no se van a repetir, y ello, junto con la caída de las exportaciones en términos de cantidad, puede tener impacto en materia de incumplimiento en los objetivos en proyectos de inversión que están muy apalancados en el alcance de metas de exportación y de empleo, siendo además que las metas de exportación se miden en dólares corrientes. En relación con la caída de los precios de exportación

también la política de defensa de la competencia, advirtió. En cuanto a la necesitad de abaratamiento relativo de costos al que debe tender el Uruguay, más allá del timing en cuanto a las predicciones sobre el precio del dólar, planteó que la tendencia en el mediano plazo es hacia el abaratamiento, lo cual entiende “va a cambiar los modelos de negocio e impactará en las decisiones de las empresas respecto a importar o fabricar, dedicarse a exportar o a impor-

están cambiando las condiciones y van a cambiar los modelos de negocio en el Uruguay

señaló que a partir de ella está ocurriendo una afectación hacia atrás en la cadena agroindustrial, que puede llegar al precio de los activos como la tierra y los arrendamientos: “los que están a rendimiento ya cayeron, y los que no y están a precio fijo seguramente serán re negociados”, planteó. Según Pérez, seguramente la inflación persistente impacte en mayores presiones en cuanto a la fijación de precios por parte del gobierno, sobre todo para quienes trabajan en el mercado retail. Tal presión, dijo, se ha dejado ver en las rondas de negociación salarial donde en algunos casos incluso se han establecido cláusulas vinculadas al mantenimiento de precios. Probablemente se endurezca |58|

tar. Por eso estamos en un momento de transición: no imaginemos que vamos a poder volver a escenarios como los de los últimos tres, cuatro o cinco años hacia atrás. Los modelos de negocio van a cambiar en el futuro”. Advirtió también que se observa un mayor endeudamiento relativo de las empresas. Si bien el endeudamiento en unidades indexadas ha crecido, a nivel empresarial eso no se nota tanto, dijo, pues “a nivel industrial el 90% del endeudamiento está en dólares, cuando en términos generales la industria vende el 50% al mercado interno y el restante 50% al mercado externo, por lo que hay un apalancamiento en dólares del endeudamien-

LIDECO / Julio 2016

to, y el proceso de abaratamiento relativo va a dejar a las empresas con balances con un pasivo en dólares que va a pesar más. Ese impacto ya se ha visto en 2015 en virtud del aumento del tipo de cambio, y esta necesidad del país de abaratarse va a seguir procesando la misma tendencia observada el año pasado”. Abordando el freno a la inversión, planteó que impactará principalmente en la cadena de la construcción y de todos sus eslabones de abastecimiento, señalando que el sector va a estar en dificultades durante los próximos dos o tres años. El área que podría llegar a dinamizarse sería la vinculada a infraestructura, mucho menos compradora de bienes y servicios locales pues es un más intensiva en maquinaria y menos en mano de obra o en proveedores locales, lo cual va a tener un efecto hacia atrás en la cadena de abastecimiento de los proveedores de la industria de la construcción, así como en los precios de los activos, lo cual, como señalara con respecto a la cadena agroindustrial, para algunos sería un problema y para otros una oportunidad. Señaló que el déficit fiscal también va a ser persistente, lo cual a nivel de

las empresas proveedoras del Estado impactará aún más fuertemente que en la actualidad debido a que va a profundizarse la caída de la venta hacia el Estado. En el mismo marco se verá afectada la construcción en tanto el Estado es un gran demandante de la construcción. Otro aspecto que a su criterio afectará a las empresas son las tarifas públicas, las cuales, desalineadas, no evolucionaron de acuerdo a sus fundamentos, especialmente las tarifas públicas que dependen del petróleo. “No visualizamos que en el futuro esto se pueda alinear rápidamente”, pues las tarifas públicas pueden constituir un recurso para hacer ajustes en forma persistente. Para quienes son intensivos en el uso de bienes o servicios públicos asociados a tarifas, en el esquema de ajuste de tarifas de nuestro país, al que adjetivó como de carácter bastante discrecional, “las noticias probablemente no sean buenas, por lo que esto implica en sus costos”. Debido a la inercia de la economía, señaló que probablemente el desempleo siga aumentando, más allá de que en el futuro pueda haber una recuperación. Dijo que ello determi-

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naría menores presiones para aumentar los salarios y que haya ajustes más austeros que los planteados en otros años, lo cual redunda en mayores facilidades para contratar personal. No obstante, señaló que el desempleo generaría solicitud de re perfilamiento de pasivos o quiebras: “la gente que pierda su empleo quedará endeudada y deberá re perfilar sus pasivos o directamente quedará sin pagarlos”. En este punto, retomó el cuidado de los objetivos de empleo de los proyectos de inversión, pues el incumplimiento en ese punto obliga a pagar el IRAE que estaba exonerado, actualizado por UI: “si bien no es un asunto demasiado grave desde el punto de vista de la tasa de interés, sí lo es desde la dinámica del capital de trabajo en un momento de caída de la demanda”, advirtió. En cuanto a las tasas de interés internacionales, dijo que más allá de que pueda discutirse cuándo, la tendencia es que en algún momento van a subir, y eso va a implicar salida de capitales y un menor flujo de entrada para el país, lo cual implicará un mayor costo de financiamiento. Dijo que se debe tener en cuenta esta variable en las proyecciones empresariales, dijo, en atención a que probablemen-

Visitas y Eventos te no se logre mantener los precios de las tasas que se están pagando hoy. “Tenemos que empezar a estresar nuestros proyectos, nuestros presupuestos y nuestros modelos de proyección estratégica o de flujo de fondos con tasas de interés más altas. Si bien la corrección de tasas ha sido más lenta de lo previsto, en algún momento va a operar”. Comentó que desde su perspectiva, habrá empresas en situación concursal o que demandarán re perfilamiento de pasivos, lo cual impactará en capital de trabajo (razón por la cual insistió en la necesidad de estresar los flujos de fondo) y en un aumento de las cuentas a cobrar que ya se está visualizando a nivel empresarial. No obstante, dijo, aunque los ratios de las empresas desde el punto de vista de capital de trabajo están relativamente sólidas, se verían resentidos los niveles de capital de trabajo, lo cual debería ser tenido en cuenta, advirtió. Hay en este contexto mayor incertidumbre y también expectativas, dijo. “Las expectativas están sobre reaccionando. Más allá de que haya algunas señales de optimismo, no es lo que se percibe en las personas. Eso tiene un correlato en la vida de los negocios, porque aumenta la especulación y la dispersión en los precios de los activos, y esto determina que va a haber oportunidades que quienes estén sanos van a poder aprovechar: venimos de un período de crecimiento económico y de acumulación de la riqueza que también se ha visto”. Listó tres ámbitos de acción frente a todos estos datos: acciones de escala empresarial, acciones de gobierno y acciones conjuntas. A nivel empresarial afirmó que es el mejor momento para trabajar en materia de productividad y reducción de costos: “éstos son momentos propicios para la re negociación de contratos, para aprovechar las condiciones actuales para re negociar las condiciones de trabajo”. Señaló que la política de dividendos debe contemplar este escenario, porque las

rentabilidades y la demanda están afectadas y porque hay mayores riesgos que pueden afectar el capital de trabajo. Los dueños o socios deben presupuestar los retiros en función de lo planificado acorde a la coyuntura económica. Para Pérez debe hacerse foco en la estructura de financiamiento. El apalancamiento está sesgado hacia el dólar y Uruguay va a transitar el abaratamiento relativo hacia un dólar más caro, y “es momento de incorporar estas proyecciones estresando nuestro flujo de fondos con escenarios de aumento de tipo de cambio. Lo relevante aquí es tener en cuenta la tendencia”. El gobierno, dijo Pérez, puede emprender acciones desde distintas perspectivas. La primera que señaló refirió a las relaciones laborales: “estamos en los peores lugares de los rankings internacionales en esta materia”, dijo, y comentó que las cámaras presentaron una queja ante la OIT por el modelo de relaciones laborales o en particular sobre la ley de consejo de salarios: “Se está negociando, pero creemos que el gobierno puede dar una señal, principalmente para afectar expectativas de hacia dónde vamos. Hay aspectos de la negociación que son muy nocivos para la determinación de salarios y condiciones de trabajo. El modelo de relaciones laborales debe alinear el tema de los salarios a la productividad”. Otro de los aspectos sobre los que el gobierno debe actuar, apuntó, es el de la prudencia fiscal. “A todos nos rechina el ajuste fiscal, pero debemos ser justos: hoy es necesario. Pero no tenemos que olvidar por qué estamos en la situación actual, que obedece a una mala política fiscal desde 2011, 2012 cuando se aumentó el gasto público en el momento del alza de la economía”. Planteó la necesidad de tener una regla fiscal, pues lo hecho, dijo no fue lo mejor: se dedujo el gasto público en pleno momento de baja del ciclo económico aumentando la presión tributaria. El tercer eje de acción que debería emprender el gobierno, dijo, refiere al manejo de las empresas públicas, en lo que tiene que ver con las tari|60|

fas. “En Uruguay el modelo de las unidades reguladoras se dejó de lado y no tenemos idea de cómo se fijan las tarifas de costos que nos afectan”. Señaló también que tenemos que mejorar cómo se gestionan las empresas públicas. Uruguay quiere tener empresas públicas grandes y fuertes, y para eso “necesitamos que las empresas públicas nos den otra cosa o no nos saquen”. Señaló que es momento para trabajar sobre políticas activas para Pymes y de tener un plan nacional de competitividad, apuntó. “Los problemas que tenemos a ese respecto ya están mapeados Hay que elaborar un plan concreto y medible”. Recordó que tenemos una acumulación de fondos muy importante en INEFOP, disponibles para aumentar la calidad de la formación de nuestra gente, y que eso debe utilizarse para mejorar la productividad. La firma de acuerdos internacionales, dijo, es muy importante como señal desde el punto de vista de las expectativas de los inversores, señalando que Uruguay tiene condiciones competitivas de largo plazo para aprovechar. Listó algunas áreas de trabajo conjunto entre públicos y privados: la materia ambiental fue uno de los puntos señalados. También la necesidad de fortalecer los ámbitos de diálogo entre el sector empresarial y el público, así como seguir promocionando en el exterior a nuestro país y ampliar los mecanismos de fomento a la innovación público – privados: “tenemos allí un foco de competitividad que a pesar de la crisis no debemos descuidar”, dijo, “que implica además mejorar la vinculación de la academia con las empresas”. Ya vislumbrando la culminación del tiempo disponible para su exposición, cerró su aporte apuntando, “todos tenemos mucho por hacer: ese es el mensaje”. Seguidamente, tuvo lugar un rico intercambio de preguntas y respuestas entre el público y los técnicos presentes. El encuentro se cerró puntualmente, con el aplauso de los participantes.-

Visitas y Eventos

Capacita LIDECO Central de Balances Electrónica Registración de Estados Contables 20.07.2016 Sede UPAEP

uego del café de recepción, el evento se abrió a las 9 en punto. El Ec. Bernardo Quesada, Director Gerente de LIDECO, agradeció la presencia de la Auditora Interna de la Nación, Cra. Ma del Carmen Rúa, y de los técnicos responsables de la exposición. Recordó la relevancia de la registración de los estados contables para LIDECO, en el marco de la transparencia informativa y de la calidad de la información para la toma de decisiones comerciales, manifestando la satisfacción de nuestra gremial respecto a esta nueva etapa en la que habrá acciones diferenciales para las empresas que cumplen con la registración respecto de las que no lo hacen. Planteando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, dejó constancia de la plena disposición de LIDECO para colaborar recibiendo dudas y preguntas del sector empresarial, así como para expedir a las empresas las firmas electrónicas que son necesarias para esta nueva modalidad de registración, recordando a los presentes el convenio que

El pasado 20 de julio, la sede de UPAEP tuvo cupos completos. Ante las autoridades y técnicos de la Auditoría Interna de la Nación hubo numeroso público presente, ávido de interiorizarse sobre las nuevas disposiciones y procedimientos para registrar los Estados Contables en el mencionado organismo. Una mañana de aprendizaje y rico intercambio en el marco de un proceso de profundización de la transparencia informativa, para el cual nuestra gremial debía estar presente como canal de difusión, comunicación e información. LIDECO firmara con Abitab a tales efectos. Sin más preámbulos, cedió la palabra a la Auditora Interna de la Nación y a los técnicos responsables de abordar la temática de la jornada.

Cra. Ma. Del Carmen Rúa (Auditora Interna de la Nación) La Auditora Interna dio cuenta de la satisfacción que representa para la AIN encontrarse presentando la Central de Balances Electrónica, en tanto reformulación tecnológica del registro de estados contables que naciera en el año 2000, siendo un proyecto que apunta no solo a fortalecer el registro de estados contables, sino a sumarse a la iniciativa del gobierno de lograr el 100% de trámites en línea. En ese marco, la AIN se propone favorecer la comodidad en la registración y compra de los estados contables, para todos los usuarios, con prescindencia del lugar del país en que se encuentren. |62|

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Hizo público reconocimiento de la labor llevada adelante por el equipo de trabajo de la AIN en un esfuerzo por apostar a las mejores tecnologías y a las mejores prácticas puestas al alcance de los usuarios, mediante herramientas compatibles y amigables con la calidad de la información y la sostenibilidad del registro en términos de accesibilidad de costos y de exigencias de actualización. Insistió en que el objetivo fue procurar el menor esfuerzo posible para las empresas en relación con el nuevo formato de registración. Fue clara al compartir con el público que se está en el marco de un proceso que se encuentra en etapas primarias que serán objeto de ajustes y mejoras. Se ha comenzado a trabajar con empresas de gran porte, no obstante lo cual, dijo, la intención del Poder Ejecutivo es ir abarcando la mayor cantidad de empresas: “a futuro van a ser más las empresas que van a caminar en este proceso. Se habló aquí de transparencia. La Central Electrónica de Balances apunta a transparentar las decisiones en base a información de calidad. Estamos en un proceso de mejora continua, por lo que agradecemos las sugerencias que ustedes puedan hacernos llegar en forma constructiva”, puntualizó apelando a la colaboración del mundo empresarial en el camino de mejora antes nombrado. Seguidamente, dio la palabra a los técnicos que la acompañaban.

Cra. Patricia García ¿Quiénes son los sujetos obligados a registrar los estados contables y qué plazo tienen? ¿Cuáles son las sanciones y a partir de cuándo rigen? Los sujetos obligados a registrar los estados contables, son los del art 97 bis de la ley 16.060: las sociedades comerciales cualquiera sea su forma, a los cuales se suman a partir de la ley 18.930 en la redacción dada por el art. 215 de la ley 19.355, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes que cumplan los requisitos del art. 2 de la ley 18.930 (sede de dirección efectiva y establecimiento permanente en el país), y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el BCU. El decreto 156 establece que dentro de estos grupos, están obligadas aquellas entidades que tengan ingresos por actividades ordinarias mayores a 26.300.000 UI (Unidades Indexadas, aproximadamente a la fecha, $ 88.600.000/ USD 2.858.000), o ingresos mayores a 4.000.000 UI (aproximadamente a la fecha, $ 13.640.000/ USD 440.000) y que generen, el 90% de esos ingresos, rentas que no sean de fuente uruguaya. El plazo para el registro son 180 días desde el cierre del ejercicio económico, siendo importante considerar que no se incluyen los días de Semana Santa. A efecto de ilustrar la afirmación, se especificaron los plazos en la presentación, los cuales pueden verse en la Tabla 1, que contempla plazos a partir del cierre de 30 de junio. |63|

Tabla 1: Plazo para el registro desde la fecha de cierre del ejercicio económico Fecha Cierre Ejercicio

Vencimiento de Plazo

30/06/2016

27/12/2016

31/07/2016

27/01/2017

31/08/2016

27/02/2017

30/09/2016

29/03/2017

31/10/2016

06/05/2017

30/11/2016

05/06/2017

31/12/2016

06/07/2017

31/01/2017

06/08/2017

31/01/2017

03/09/2017

28/02/2017

04/10/2017

31/03/2017

27/10/2017

30/04/2017

27/11/2017

30/06/2017

27/12/2017

Las sanciones, se dividen en dos grupos: las referidas al incumplimiento de la prohibición de distribuir utilidades sin previo registro, y las referidas al registro fuera de plazo. Por otro lado, están las sanciones por reiteración de las faltas antes mencionadas. La sanción por distribuir utilidades sin registro de los estados contables es de 125.000 UI (aproximadamente a la fecha de la exposición, $ 405.000), y 250.000 UI (aproximadamente a la fecha $810.000). La sanción por registrar los estados contables fuera de plazo es de 2.000 UI (aproximadamente a la fecha $ 6.500), y la sanción por la reiteración en 5 años es de 3.000 UI (aproximadamente a la fecha $ 9.800). Notficado el acto de imposición de la multa, AIN lo comunica a DGI a efecto de la suspensión del Certificado Único anual. Si una empresa está omisa en la presentación de los estados contables y se le impone la multa con todos los temas formales que ello requiere, una vez que la empresa presenta los estados contables, automáticamente queda la constancia al día respecto de la presentación, con la cual se puede acudir a DGI para solucionar el problema. Anotó que DGI también tiene acceso a la consulta de las empresas que están al día con la registración de estados contables. Para las sociedades comprendidas en el art. 97 bis de la ley 16.060, las sanciones relativas al registro fuera de plazo, rigen para los ejercicios cerrados a partir de la publicación de la Resolución de la AIN el 13 de junio de 2016, o sea que aplica para los ejercicios cerrados a partir del 30 de junio de 2016. Para el resto de los sujetos obligados, las sanciones para el registro fuera de plazo rigen para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016.

Visitas y Eventos Cra. Verónica Lamas Procedimiento para la presentación de estados contables ante el Registro de Estados Contables a través de la Central de Balances Electrónica La Cra. Lamas planteó los requerimientos necesarios para la presentación de los estados contables: planilla de cálculo Excel 2007 en adelante y navegadores Internet Explorer del 8 al 11, Firefox 26 al 31 o Chrome del 28 al 36. También se debe contar con firmas digitales de persona física común o avanzada para para los responsables legales de la empresa y el contador que va a firmar el informe que emita. Las firmas digitales serán las del Correo, Abitab o CI. Se accede al registro a través de la web www.ain.gub.uy, o directamente a partir de la página de la Central de Balances, ww.cbe.gub.uy. Una vez dentro de la Central de Balances Electrónica, debe seleccionarse en la pestaña superior del Menú, la opción “Presentación” y presionar el botón “Nuevo Trámite” para proceder a la presentación. En la pantalla siguiente se observa una línea de tiempo que plantea 4 etapas: Presentación, Firma, Pago y Validación y debajo los datos que se solicitan para la presentación: RUT, fecha de cierre de ejercicio (mes, año), un correo electrónico (que se solicita dos veces para que no haya errores y que es al que llegarán todas las notificaciones del proceso de presentación) y el tipo de informe y la opción de subir el archivo en formato XBRL. En caso de que no se cuente con XBRL, AIN puso a disposición un recurso para convertirlo a ese formato. Para ello es necesario: • Seleccionar la plantilla o formulario Excel correspondiente, según el cuerpo normativo contable aplicable a la entidad • Completar la plantilla o formulario en base a los estados contables • Guardar las Notas a los EECC y el Informe del Contador en HTML. • Con los archivos anteriores se generaría el archivo XBRL. Para generar el archivo XBRL hay que ingresar a la página donde dice Bienvenidos y entrar a la opción Generación de Estados Contables, a partir de lo cual se van a generar dos pestañas: Taxonomía y Descarga de Plantillas y Conversión a XBRL. Se debe ingresar en Taxonomía y Descarga de Plantillas para acceder a las Taxonomías Vigentes para los distintos tipos de cuerpos normativos contables. Seleccionada la adecuada, se selecciona Descarga de Plantilla y se completan los sucesivos requisitos que plantea cada plantilla. Se anotó que los datos que aparecen en cero, son tomados de otros formularios. La Hoja de Control y Comprobaciones de la plantilla, tiene algunas validaciones tendientes a reducir la cantidad de errores en

la Presentación. Si hay algún error el mismo se señalará en rojo debiéndose entonces corregir lo que sea necesario. Dados esos pasos se procede a la Conversión en XBRL, para lo cual se debe subir la plantilla o formulario Excel completo, las Notas de los estados financieros en HTML, y el Informe del Contador también en formato HTML. Se destacó que el HTML no puede contener imágenes. Para la conversión, se debe acceder a la pestaña Conversión, y se procede a cargar los archivos arriba mencionados, culminado lo cual debe descargarse el archivo XBRL, se genera el archivo XBRL con esa extensión e ir a la pestaña Presentación para efectivamente presentarlo. En la pestaña Presentación se va al campo Subir Archivo Formato XBRL, y se procede a ello. En caso de que fuera consolidado debe marcarse el campo Presenta consolidado y llenar los datos. Si todos los datos son correctos, se notificará de ello al correo electrónico ingresado al inicio, detallando número de solicitud, el RUT de la empresa, y el correo electrónico a donde se envió la notificación. En cuanto a la Firma, se requieren las firmas digitales de los representantes legales y la del contador que firma el informe. Los representantes legales estarán aceptando que lo hacen con carácter de declaración jurada. Luego de la firma se pasa al Pago de timbres. Se debe seleccionar la forma de pago. Si el mismo se efectúa por Abitab o RedPagos, se emite un boleto de pago, se debe concurrir al Abitab, pagarlo y aguardar la notificación al correo electrónico que habilite a continuar el trámite. La etapa de Validación es la que permite verificar la consistencia de la información presentada, mediante dos opciones: “Validado” o “Con errores”. La presentación de estados contables en XBRL deben pasar siempre por esta validación, aunque la misma no suponga consideración respecto de la información, de la cual son responsables los representantes legales y el contador que hizo el informe. Lo que se valida son únicamente inconsistencias o errores, para prevenir los cuales en la página de Bienvenida se encuentra un Instructivo aclaratorio del paso a paso.

A/P Gonzalo Quinteiro ¿Cómo consultar y acceder a los estados contables presentados? El A/P Gonzalo Quinteiro señaló que para consultar y acceder a los estados contables, en la página de Bienvenida a la Central de Balances Electrónica, seleccionando la pestaña Consulta se accede a la Nómina de Estados Contables Registrados seleccionando los filtros que se despliegan en la página: RUT, Palabra Clave, Código CIIU, etc. A partir de los filtros se va a despliegan los resultados correspondientes donde las empresas se describen mediante su Razón Social, RUT, Giro, Código CIIU y los Ejercicios Registrados. La opción de Consulta permite a una empresa ver la |64|

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constancia de la propia presentación de estados contables y decidir la compra de los estados contables de otras empresas, en cuyo caso habrá que acceder a la pestaña de Compra. Como para descargar un estado contable hay un plazo, existe la opción Continuar en el proceso de compra, que permite dejar el proceso en suspenso: no es necesario comprar inmediatamente al acceder. Cada compra, tiene un correo electrónico y un número de compra que se genera cuando ésta se inicia. El proceso de compra tiene tres partes: 1) la selección de los estados contables o la categoría que se desea comprar 2) el pago y 3) la descarga. En la Compra Inmediata, se eligen los estados contables a adquirir y en el momento, el sistema calcula el monto a pagar. Luego del pago se dispone de cierto plazo para la descarga. En la Compra por Categoría, a través de un categorizador se elige el número de estados contables de acuerdo a las categorías disponibles (desde un balance a 800 balances, etc.). Luego del pago (Fijado en Unidades Reajustables), se dispone de plazo tanto para seleccionar los estados contables y para su descarga (10 días). La Compra de Usuario Exonerado se reserva para usuarios suministrados por AIN. Al seleccionar Pagar se solicita dos veces el correo electrónico del usuario para asegurar que no haya errores en el mismo. A ese correo se envían las notificaciones referidas al pago, generalmente llegan dos: la de inicio de la compra y la de confirmación de pago). Luego de seleccionar la opción “Aceptar”, se muestran las opciones de pago, y una vez seleccionado el medio de pago se puede acceder al resumen del pago con el número de compra generado. Confirmado y acreditado el pago se pueden Descargar los estados contables desde el link que se envía vía notificación, al correo electrónico ingresado. Lo que se descarga es: 1) el archivo con extensión *.zip, que contiene los estados contables 2) el archivo con extensión *.txt que contiene la información relacionada con el contenido de la compra.

las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes que cumplan las condiciones a que refiere el artículo 2º de la presente Ley, y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el Banco Central del Uruguay (Art. 24 de la Ley N° 18.930, en la nueva redacción dada por el Art. 215 de la Ley N° 19.355), por incumplimientos correspondientes a los ejercicios económicos iniciados a partir del 01/01/16. La Cra. Recarey insistió en que en la actualidad está toda la estructura armada y cerrada para poder aplicar las normas y sanciones previstas en la normativa: parámetros, plazos, sanciones. ¿Los estados contables correspondientes a qué ejercicios económicos deben registrarse? La obligación de registrar los estados contables está consagrada en las normas legales desde la creación del Registro de Estados Contables, es decir, desde el año 2000, por lo que el deber existe desde ese momento. Sin perjuicio, se fiscalizará y sancionará únicamente los incumplimientos que se verifiquen según se detalla: *Para las sociedades comerciales, los ejercicios económicos cerrados a partir del 13/06/16. *Para las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes que cumplan las condiciones a que refiere el artículo 2º de la presente Ley, y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el Banco Central del Uruguay (Art. 24 de la Ley N° 18.930, en la nueva redacción dada por el Art. 215 de la Ley N° 19.355),los ejercicios económicos iniciados a partir del 01/01/16. *Ref: Art. 97 bis Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989, art 24 Ley 18.930 de 17 de Julio de 2012, Arts. 9 Dec. 156/016 de 30 de mayo de 2016 y Num. 5 Res AIN de 9 de junio de 2016

La Cra. Recarey planteó la importancia de que las empresas acerquen sus inquietudes a la AIN, señalando que el mecanismo para recibir consultas es el correo electrónico en base a lo cual se elaboran Preguntas Frecuentes, y compartió con el público las que ya están procesadas al momento, a saber:

La Cra. Recarey compartió con el público la inquietud de algunos usuarios respecto a si hay que registrar balances anteriores, aclarando que las sanciones se aplicarán hacia adelante y no en forma retroactiva, aunque la obligación de la registración rige desde el año 2000. Comentó además que detectado un incumplimiento se notifica al usuario de su incumplimiento y también a la DGI para que proceda a suspender el certificado único. La empresa tiene 10 días para solucionar el inconveniente. En caso de que la DGI hubiera suspendido el certificado, reparado el incumplimiento y presentados los estados contables, con la constancia de registro se repara la sanción de la DGI.

¿Cuándo se aplican las multas? Para las sociedades comerciales, por incumplimientos correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a partir del 13/06/16. Para las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas,

¿Hay plazo para la presentación de estados contables cuyo cierre de ejercicio económico fue el 31/12/15? No existe plazo para la presentación, ante el REC, de Estados Contables cuyo cierre de ejercicio económico fue el 31/12/2015.

Cra. Martha Recarey (Gerente de Proyecto XBRL) Preguntas frecuentes

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Visitas y Eventos Fuente: - Artículo 97 bis de la Ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 151 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. - Artículo 24 de la Ley N° 18.930 de 17 de julio de 2012, en la redacción dada por el artículo 215 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015. - Artículos 4 y 9 del Decreto 156/016. - Resolución A.I.N. del 09/06/2016. ¿Qué firmas digitales se admiten para la presentación de estados contables ante la Central de Balances Electrónica? El proceso de presentación cuenta con un paso que es la firma digital, para ello tanto el Contador como el/los Representantes legales deben firmar. El instructivo explica este punto. En la página de Bienvenida del portal de la CBe www.cbe. gub.uy se encuentran links para acceder a informarse. Debe tenerse en cuenta que para poder firmar se debe tener instalado y activado Java (ver Anexo II, del Instructivo). 1) La firma electrónica debe ser firma persona física común o avanzada, con o sin token, emitida por el Correo Nacional o Abitab e instalada según el instructivo que provee quien la haya emitido. También se admite utilizar la firma electrónica de la cédula de identidad en el caso de que la incluya. 2) En caso de que los representantes legales de la sociedad se encuentren en el exterior, y que no puedan concurrir al país para registrar su firma digital, la sociedad puede otorgar un poder a personas que se encuentren en Uruguay, con facultades expresas para registrar estados contables y presentar declaraciones juradas ante organismos como por ej. la AIN, cumpliendo las formalidades pertinentes. En este caso los apoderados deberán registrar su firma digital en el país. Quinteiro explicó que en el Instructivo hay algunos puntos que permiten realizar verificaciones para no tener inconvenientes en el proceso, los cuales suelen devenir de que no está instalado Java o de que está mal instalada la firma. Señaló que Chrome a partir de la versión 36 no admite Java, por lo cual es recomendable usar Internet Explorer o Mozilla de Firefox. En cuanto a las firmas, Recarey comentó que se pensó en poder usar la firma electrónica de persona jurídica o la firma que usa la DGI para la facturación electrónica, pero el hecho de que para el caso de los representantes la firma tenga valor de declaración jurada, exige que deba aparecer la persona física que firma, y en el caso de la firma de persona jurídica de Abitab figura el nombre de la persona jurídica. En función de ello, como criterio genérico se adoptó solicitar la firma de la persona física para asegurar la calidad e integridad de la información, de la cual los re-

presentantes legales son responsables. Insistió en que se debe tener en cuenta la importancia de que la firma tiene valor de declaración jurada. Beneficios de la CBe 1. Poner a disposición de cualquier interesado la información registrada 2. Producir información económico- financiera de interés, clasificada 3. Ayudar a elaborar informes estadísticos y políticas económicas 4. Publicar la información registrada tendiendo a un único juego de estados contables y a una única presentación 5. Proceso de mejora continua Recarey enfatizó que se está transcurriendo un proceso de mejora continua en todo este tema, y que ello requiere revisiones en base a muestreos para corregir errores e imprevistos, a efectos de perfeccionar el sistema. Insistió en que los beneficios de la Central de Balances Electrónica se ampliarán no solo a la interna del país (empresas, Banco Central del Uruguay, DGI) sino también para empresas del exterior. A medida que se vayan viendo los requerimientos del mercado se podrá ir perfeccionando la sistematización de la información y poner a disposición nuevos productos. Señaló que se apunta a lograr un solo Registro de Estados Contables, lo cual va a constituir un gran beneficio en materia de información. Ello, sumado a que se mejorarán los estándares de calidad de la información y se aplicarán las sanciones previstas, hará que aumente el caudal de estados contables y se mejore en eficiencia dado que se apunta a que haya un único modelo de estados contables a presentar. Todo ello redundará en mayor transparencia, la cual es una de las bases del desarrollo. Finalizada la exposición de Recarey, se abrió el espacio para las preguntas del público, las cuales fueron respondidas de la siguiente forma: ¿Se puede hacer en un único momento la aprobación del balance y la aprobación de la distribución de utilidades? Sí, la distribución de utilidades se puede aprobar. Lo que no se puede es distribuir (pagar) utilidades sin que estén presentados los estados contables, pero las utilidades pueden ser aprobadas. Si una sociedad tiene que presentar los balances porque en un ejercicio llega a los niveles de ingresos pero no llega al año siguiente, no estaría obligada a presentarlos, ¿es correcto? No, la obligación no es para siempre. El concepto para la obligación es el ejercicio anterior: si la foto del año anterior cumple con los parámetros, corresponde registrar. |66|

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Los balances cerrados al 31 de enero de 2016 que hay que presentar ahora ¿ya deben presentarse en formato electrónico? Sí. Si una empresa llega a los límites de ingreso y no presenta balance ¿podrían pasar años antes de ser sancionada si no existe fiscalización? No, porque existe comunicación entre los organismos y la DGI envía a AIN la lista de las empresas obligadas a registrar. A su vez AIN publica las empresas obligadas que han dado cumplimiento al registro, lo cual puede ser consultado también por DGI. Además, la AIN notifica a DGI acerca de los incumplimientos en el registro de los estados contables. Los organismos van a estar cada vez más coordinados. A partir de la notificación el usuario tiene 10 días para cumplir con el registro y evitar que la DGI suspenda el certificado. La idea es construir un único balance a presentar ante todos los organismos por lo cual es posible que en un futuro la DGI no solicite balances, sino que los tome de AIN. Respecto a la operativa de registración y el proceso de las firmas, ¿es necesario que la registración del balance y la firma se den al mismo tiempo por parte de los representantes legales y el contador? No. Es posible diferirlos. Con el link y el número de solicitud se puede firmar en distintos momentos. Una de las opciones es firmar a través de la CI. ¿Dónde se puede comprar el aparato para poder firmar por esa vía? Aún no tenemos respuesta para ese punto porque es algo muy reciente que se está habilitando. Habrá proveedores y se podrán adquirir. ¿Las empresas que presentan balances ante el BCU van a poder usar el mismo formato o van a tener que presentar dos balances, uno ante BCU y AIN? Las instituciones excluidas de presentación en la AIN, van a estar en el BCU.

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Si hay más de un representante, ¿pueden firmar los dos? No hay un registro de representantes en la Auditoría y no se controla quien firma porque se firma en carácter de declaración jurada. Puede firmar más de un representante legal. ¿Los resultados por tenencia se deben considerar a valores contables o fiscales? ¿Serían considerados ingresos ordinarios? Eso no está muy claro aún, es necesario profundizar con DGI para visualizar adecuadamente cómo considerarlos, pues aún no hay un criterio escrito claro. Cuando una S.A. tiene el 100% de una sociedad extranjera y en el individual no llega a los ingresos pero sí con el consolidado, ¿debe presentar estados contables? Sí, el principal acorde a las normas contables uruguayas es el consolidado, que va acompañado del individual. Los límites de ingresos hay que mirarlos en el consolidado. Si quiero registrar un balance de 2015 ¿hay que hacerlo vía web y con firma digital aunque no tenga obligación de registrar? Sí. Todas las registraciones son vía web y con firma digital. El encuentro culminó a la hora prevista, con el agradecimiento del Director Gerente de LIDECO a la AIN y al público presente, lo que ameritó un aplauso para los expositores.-

Nuestros Socios Cuentan

Iniciativas, propuestas y novedades de los socios de LIDECO

La diversidad de perfiles de nuestros socios, hacen que esta Sección presente una interesante versatilidad propia de nuestro carácter no sectorial. El objetivo de este espacio, es compartir emprendimientos, propuestas y desafíos de las empresas que conforman nuestra gremial, reflejando sus trayectorias y movimientos. Cada una, desde su particularidad, apuesta a contribuir con la construcción de un comercio dinámico y pujante.

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ANDA ampliará su servicio odontológico con apoyo del BID En presencia de autoridades de ambas instituciones, ANDA recibió del BID un préstamo de US$ 5 millones, para obras de su servicio odontológico. “Se trata de un préstamo con muy buenas condiciones, a cinco años, con dos y medio de gracia. El dinero será destinado al desarrollo de dos policlínicos odontológicos en Montevideo y tres centros regionales ubicados en Paysandú, Colonia y Maldonado”, señaló la ingeniera Elisa Facio, presidente de ANDA. Parte de los recursos serán utilizados para adquirir equipamiento ecológico, capaz de digitalizar la imagen en forma inmediata en lugar de utilizar las placas tradicionales. Esto resulta particularmente útil para realizar el seguimiento de pacientes que se atienden en más de una sucursal. El servicio odontológico es subvencionado y tiene estándares de calidad muy altos. El objetivo con la ayuda del BID, es ampliarlo para llegar a más uruguayos. “Es un orgullo y un logro importante haber obtenido este préstamo, no solo por la posibilidad económica que brinda la financiación a largo plazo, que siempre da tranquilidad para manejar la operativa de una manera más cómoda, sino por lo que representa para una institución como ANDA que un organismo como el BID lo tenga en cuenta. Realmente lo consideramos un reconocimiento al esfuerzo y a la trayectoria de la empresa en el país”

El Banco República lanzó un Programa de atención integral para Microempresas, con excelente receptividad. Las microempresas, bastión de la economía, están diseminadas por todo el país. Nuestra propuesta acerca a esa realidad una venta integrada de productos y servicios. Tomando como base la Ley de Inclusión Financiera, que permite a las microempresas tener una cuenta simplificada, el Banco creó un set a medida: agendando día y hora en el BROU, en una entrevista, el cliente adquiere varios productos y servicios financieros. Ofrecemos un paquete que se compone de una cuenta, Tarjeta Red BROU, débitos automáticos, Acceso total a e-BROU, Tarjeta de Crédito, y una línea de crédito para atender sus necesidades, a tasas diferenciales. También tenemos una oferta para empresas que necesitan un relacionamiento más profundo con la Institución. Asesoramos respecto al proceso de contratación de POS, instrumento que les permitirá aumentar sus ventas, al tiempo que aumentar la seguridad. El BROU asume el desafío de un nuevo modelo de atención basado en la venta centrada en el cliente, la atención integral y la potenciación de los medios electrónicos que permitirán realizar gestiones desde la empresa a través de la web, para que la visita al Banco sea la excepción.

Suc. Casa Central: Río Negro 1341 - Montevideo - Tel.: 2903 0028 - Fax: 2902 7130 Suc. Ciudad Vieja: Rincón 477 Of. 704 - Montevideo - Tel: 2915 1619 - Fax: 2916 9499 Suc. Gorlero: Gorlero entre 27 y 28 - Pta. del Este - Tel: 4244 1326 - Fax: 4244 1322 Suc. Agencia 5: Calle 31 esq. 20 - Punta del Este - Tel: 4249 8191 - Fax: 4249 6224

Delta Digital:

Los tiempos cambian y Delta también. Hacemos el mejor servicio financiero más cómodo para nuestros clientes. Es por eso que decidimos conectarnos a través de las redes sociales, una nueva web y un servicio personalizado por whatsapp. Conectate con nosotros para obtener el mejor servicio financiero de la manera más fácil y cómoda. Delta cambia para vos.

Principales Servicios que brindamos:

Compra y venta de moneda extranjera / Transferencias de fondos con el exterior / Giros de dinero regionales (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay) / Compra de cheques USA / Giros de dinero WesternUnion Cobro de facturas a través de la red Abitab / Giros Abitab en todo el Uruguay.

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Nuestros Socios Cuentan Electroquímica S.A. celebra sus 70 años y renueva su imagen corporativa. La empresa uruguaya especializada en fabricación y distribución de productos propios y de terceros, vinculados con la higiene, limpieza, desinfección y cuidado personal, celebra sus 70 años. Su constante desarrollo, su contribución permanente con la comunidad y el cuidado responsable del medio ambiente, la han consolidado como empresa líder y prestigiosa. Sobre la base de constantes investigaciones y mejoras técnicas la compañía ha conseguido un importante y permanente desarrollo desde su fundación en el año 1946; evolución que ha sido acompañada por importantes logros como la certificación de su sistema de Gestión de Calidad por LSQA, conforme a las Normas ISO 9001:2008, o su inclusión en el Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente. Como parte de este proceso de transformación integral y en el marco de este nuevo aniversario es que Electroquímica S.A. renueva su imagen corporativa. La empresa, hoy fuente de trabajo para más de cien personas y con productos de consumo masivo e industrial altamente reconocidos en el país, cambia por una imagen que es reflejo de una visión que se amplía, sin olvidar lo que la hizo ser la empresa que es hoy.

Schandy ha recibido la certificación TRACE. TRACE es una entidad que audita las prácticas comerciales con el fin de proteger a los clientes de primera línea de acciones reñidas con la ética comercial (sobornos, lavado de activos, etc.). De acuerdo con Diego Moltini, director de Shipping de Schandy “No es un hito más, esto es muy relevante para buena parte de los clientes que, buscan proveedores de servicios calificados. Tampoco es un simple papel, nuestra empresa se caracteriza por manejar los negocios dentro de un claro marco legal y ético, tenemos que seguir siempre siendo así porque a la larga va a ser lo que marque las diferencias en la satisfacción de los clientes, nuestros accionistas y también de todos y cada uno de nosotros porque tendremos claro que estamos actuando bien.” ¿Qué significa tener una certificación TRACE? Significa que Schandy ha completado un amplio proceso de diligencia debida administrado por TRACE, la organización líder en el establecimiento de normas contra el soborno del mundo. La certificación por TRACE significa que se han completado los procedimientos de debida diligencia aceptados internacionalmente y Schandy ha sido proactiva y colaboradora durante el proceso de revisión. La finalización con éxito de la certificación TRACE demuestra el compromiso de Schandy con la transparencia comercial, que le permite servir como un socio de negocios muy importante para las compañías multinacionales.

70 AÑOS 1946 - 2016

Nuestra representada Heiniger AG, una empresa familiar Suiza cumple 70 años y para celebrarlo visitó nuestra firma también con el fin de reforzar nuestra relación comercial de ya 27 años. Estuvieron en Montevideo el Sr. Werner Heiniger, Presidente; Daniel Heiniger CEO y Martin Schmid, Gerente de Ventas Heiniger es la marca líder a nivel mundial en máquinas, herramientas y accesorios para esquila de Lanares.

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El pasado 14 de marzo tuvo lugar el lanzamiento de Bio-Oil, creado para el cuidado de la piel, especialmente en lo que refiere a la mejora de la apariencia de cicatrices, estrías y manchas. Su fórmula única, que contiene el ingrediente PurCellin OilTM, actúa también muy eficazmente sobre el envejecimiento y la deshidratación de la piel. Múltiples investigaciones, testimonios y premios dan cuenta de la efectividad de Bio-Oil, que ocupa en 120 países, el puesto N° 1 en la categoría de productos para el tratamiento de estrías y cicatrices. Se trata además de un producto altamente controlado en cuanto a las condiciones de fabricación, y para el que se utilizan envases de papel reciclables, satisfaciendo el cuidado del medio ambiente y las prácticas sostenibles de conservación de los bosques

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En memoria del Dr. José Pedro Ponce de León

Dr. José Pedro Ponce de León

ué decir de “Ponce” o de “Pepe”, para los más allegados. Siempre impostando una semi sonrisa, de mirada intensa y suspicaz tal como lo era su espíritu, de inquieto intelecto, Ponce supo siempre, durante esos 38 años de vinculación formal a Liga de Defensa Comercial, ser un gran buscador y creador de soluciones y propuestas desafiantes en defensa de los intereses del comercio justo y transparente. Convencido de la necesidad de luchar contra lo que daba en llamar el “oscurantismo”, fue un gran promotor y vocero de la idea de que el mercado necesitaba un actor ejemplarizante que dejara a la luz las malas prácticas comerciales y propusiera como alternativa un bagaje de herramientas destinadas a proteger la buena fe en el crédito y lo que él daba en llamar los “intereses difusos”, siempre en la defensa de aquellos que deberían ser comunes a todo el comercio, como la lealtad, la transparencia y la seguridad jurídica.

El domingo 10 de julio nuestra gremial se vio conmovida por la partida de la vida terrena del Dr. José Pedro Ponce de León Blixen, quien fuera Director Gerente y Asesor Letrado de LIDECO. El Dr. Ponce, ingresó a LIDECO en el año 1967 como profesional, ejerciendo distintas funciones. Fue abogado, fue Asesor Letrado, luego Director Gerente hasta el año 2001, y desde entonces hasta junio de 2005, nuevamente Asesor Letrado. En oportunidad de su retiro, además de ser homenajeado en el 90 Aniversario de nuestra Gremial (Hotel del Prado, Banquete Aniversario de cierre de los eventos de conmemoración), lo que fuera en su momento su despacho, ubicado en forma contigua a nuestra Sala de Consejo Directivo pasó a ser, en señal de reconocimiento, la “Sala de Profesionales José P. Ponce de León”. En esa convicción, y enalteciendo el “espíritu gregario” subyacente a la sostenibilidad de iniciativas como las de nuestra gremial, hizo propios sus cometidos estatutarios adoptándolos siempre con una intensidad tal, que ameritó su vinculación a LIDECO casi hasta sus últimos días, sosteniendo su infaltable presencia en las Asambleas Ordinarias y estando siempre accesible a los profesionales del Sector Jurídico de nuestra gremial para la reflexión y la consulta. Si algo tenía claro el Dr. Ponce era que toda operación comercial estaba sustentada por personas y que era sobre sus convicciones y valores donde se jugaba el rol fundamental para la salud del comercio, sin perjuicio del marco de control pautado por las leyes, de las cuales fue un estudioso. De ahí que, fue propulsor a ultranza de la necesidad de persuadir al empresario sobre los beneficios |72|

de la cultura de uso de la información comercial como medio para identificar la probidad de las contrapartes. No escatimó tampoco en dedicar esfuerzos a señalar la importancia de la documentación comercial y de su correcto uso, volcando gran parte de su energía a la difusión de estos conceptos entre el empresariado. Le cupo a Ponce un rol protagónico en el proceso de gestación del cheque diferido, habiendo sido acérrimo defensor de tal herramienta, siempre conservando la perspectiva integral planteada en los Estatutos de LIDECO: buena fe, información, documentos adecuados, solidaridad y firmeza en el actuar probo. Fueron esos, elementos que configuraron el leit motiv de todo su quehacer y propuestas. En ese marco, bajo su gestión, por los años 90 se impulsó no sin esfuer-

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En la 100va Asamblea Ordinaria, el Dr. José Pedro Ponce de León junto a la Dra. Matilde Carrau y el Dr. Diego Rodríguez

Dr. José Pedro Ponce de León junto a su hijo, Dr. Joaquín Ponce de León

zo la informatización de LIDECO, lo que en su momento constituyó una apuesta revolucionaria para una gremial sostenida por sus socios y nada más que sus socios.

Fue gran mentor de los Principios Concursales sostenidos por Liga de Defensa Comercial. Sus apreciaciones en la materia fueron parte de diversas mesas de discusión.

Entendía que era imperioso y necesario, contar con una herramienta capaz de potenciar la llegada de la información al empresariado.

Adepto al lenguaje técnico y preciso, a la profundidad de las observaciones, a la inquietud del investigador, el Dr. Ponce deja ante todo un firme testimonio de calidad humana y profesional.

También durante su ejercicio como Director Gerente se promovieron un sinnúmero de contactos y encuentros de responsables de crédito en mesas redondas destinadas a la reflexión y a la discusión en torno al acceso y la necesidad de información para la toma de decisiones. En materia concursal, su espíritu de constante revisión e inquietud por la mejora del instrumento concursal lo hizo un estudioso incansable sobre el tema, así como en todo lo referente a los aspectos legales vinculados al comercio.

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Desde LIDECO hacemos llegar a nuestros asociados nuestro pesar por la pérdida de este gran profesional durante tanto tiempo compañero de ruta, para algunos, Maestro y Amigo. A su esposa y compañera de vida, a sus hijos y nietos, llegue nuestro más cálido abrazo. Persistirá en el recuerdo la huella de su más precioso legado: su generosidad a la hora de compartir conocimiento, su don de gente, su bonhomía. Hasta siempre, Dr. Ponce.-

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Consejo Directivo Presidente

Cr. Pablo Montaldo

NIXUS S.A.

1er. Vicepresidente

Dra. Matilde Carrau

PINTURAS GRANITOL S.A.

2do. Vicepresidente

Cra. Serrana Gauthier

BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A.

Secretario

Cr. José Luis Rial

CONAPROLE

Prosecretario

Dr. Fernando Fernández

SCHANDY S.A.

Tesorero

Cr. Francisco Danza

LEVER S.A.

Protesorero

Cra. Lic. Adriana Landaburu

BROU

Vocales

Sra. Yelsa Corbella

ORGANIZACIÓN CRÉDITO AUTOMÁTICO (OCA)

Sr. Francisco Kantor

ALMENA S.A.

Cr. Valentín Martínez

BANCO ITAÚ URUGUAY S.A.

Sr. Heber Assaf

ARNALDO CASTRO S.A.

Cr. Jorge Velasco

BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.

Comisión Fiscal

Cr. Diego Mandía

DELOITTE S.C.

Cr. Mario Zugarramurdi

BDO ESTUDIO HÉCTOR DEFFÉMINIS

Dr. Guzmán Arregui

BANCO SANTANDER S.A.

Suplentes: Consejo Directivo

Dr. Javier Arocena

OROFINO S.A.

Sr. Ricardo Árraga

CEMENTOS ARTIGAS S.A.

Sr. Rafael Barbieri

CENTRO SUDAMERICANO S.A.

Cra. Miriam Bernheim

IBM DEL URUGUAY S.A.

Sr. Norberto Cánepa

NORBERTO CÁNEPA SANTOS

Dr. Gerardo Cedrola

BBVA BANCO S.A.

Cra. Isabelle Chaquiriand

ATMA S.A.

Sr. Julio Cherro

S.A.U.D.U.

Sr. Enrique Frider

PUNTO LUZ S.A.

Cr. Albérico Gadea

ADP (AGRONEGOCIOS DEL PLATA)

Sr. Alberto González Rocca

EMILIO BENZO S.A.

Sr. Walter Macció

PEDRO MACCIÓ & CIA. S.C.

Cr. Fabricio Perdomo

FIERRO VIGNOLI S.A.

Dr. Jorge Pereyra

ASOCIACIÓN DE REPUESTEROS AUTOMOTORES DEL URUGUAY

Dr. Gerardo Porteiro

HERRERA, NICOLÁS Y OTROS (ESTUDIO GUYER & REGULES)

Cr. Alejandro Quintana

GERDAU LAISA S.A.

Cr. Eduardo Radío

SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A.

Dr. Daniel Rainusso

SAGRIN S.A.

Sr. Pedro Ramos

ELECTROQUÍMICA S.A.

Sra. Ma. Cristina Rodríguez

SUDEL S.A.

Sr. Jorge Torres

CENTRO PROTECCIÓN CHOFERES DE MONTEVIDEO

Sr. Juan Antonio Vázquez

HSBC BANK (URUGUAY) S.A.

Lic. Fernando Viera

PORTO SEGURO – SEGUROS DEL URUGUAY S.A.

Suplentes: Comisión Fiscal

Dr. Tabaré De Mello

UTE

Cra. Cecilia Sosa

LÓREAL URUGUAY S.A.

Cr. Diego Chiappe

EDUARDO CHIAPPE S.A.

Dr. Juan Pittaluga

JUAN PITTALUGA & ASOCIADOS

Cra. Alina Gil

JUAN C. BALERIO S.A.

Cr. Luis Normey

PREVISIÓN S.A.

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Liga de Defensa Comercial cuenta con más de 100 años de trayectoria aportando al mercado una importante infraestructura informativa y jurídica para: Promoción de la transparencia informativa

Prevención del riesgo de crédito

Defender al empresario y al acreedor de buena fe

Infraestructura informativa y jurídica Prestigiar el instituto concursal

Por mayor información: marketing@lideco.com www.lideco.com Julio Herrera y ObesJulio 1413 Herrera / CP 11100 Montevideo Uruguay y /Obes 1413 /–2908 16 36* / www.lideco.com Tel: +598 2908 1636* / Fax: +598 2902 2857 / lideco@lideco.com

Fuente estadística de Información Financiera. empresa, sectoriales, de rama y mercado global:

• • Reporte Comparativo Empresas: contrasta entre 2 y 4 empresas de interés para el usuario. • Reporte Comparativo Sectorial: contrasta la tendencia de la empresa analizada con la de aquellos sectores en los cuales participa (CIIU, Rama, Mercado)

Facilita y enriquece la evaluación de:

• La competitividad de la propia empresa, de otras empresas de la misma rama y sector • El riesgo, la performance y potencial de negocios de los distintos sectores y ramas de actividad

Presenta 23 indicadores de gestión, agrupados en siete categorías: • • • • Análisis patrimonial • Rentabilidad • Márgenes •

Permite extraer información a medida:

• Solicitando datos sobre los indicadores de interés, que pueden combinarse con todo el espectro de información disponible en la redlideco.

Se nutre de estados contables extraídos de: • Auditoría Interna de la Nación • Banco Central del Uruguay • Bolsa de Valores de Montevideo • • Balances registrados en la redlideco

Ruta de acceso: • Login en redlideco / Menú de Servicio on Line / Antecedentes LIDECO / Búsqueda de persona física o jurídica / Carpeta / Central de Balances • Login en redlideco / Menú de Servicio on Line / Central de Balances / RUT o nombre de la empresa / Carpeta / C entral de Balances

Por mayor información: marketing@lideco.com Por mayor información: marketing@lideco.com Julio Herrera y Obes 1413 / 2908 16 36* / www.lideco.com Julio Herrera y Obes 1413 / 2908 16 36* / www.lideco.com