LIGA DE DEFENSA COMERCIAL / Contenido
Contenido EDITORIAL......................................................................................................2
Consejo Directivo Sr. Agustín Carrau Presidente CARRAU & CIA. S.A. Dr. Diego Rodríguez 1er. Vice Presidente FERRERE ABOGADOS (Cerisola, Varela y otros) Cra. Serrana Gauthier 2do. Vice Presidente BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A. Sr. Roberto Linn Secretario LINN Y CIA. S.A. Sr. Santiago Parodi Prosecretario CITIBANK N.A. Sucursal Uruguay Cr. Francisco Danza Tesorero LEVER S.A. Cr. Raúl Cerviño Protesorero AIR LIQUIDE URUGUAY S.A.
INICIATIVAS LIDECO Convenio LIDECO Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) ............3 Convenio LIDECO Universidad Católica del Uruguay....................................6 Participación de LIDECO en emisión de Firma Electrónica Avanzada...........8 INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL A distintas decisiones, distintos productos en la redlideco.............................10 Proactividad en la construcción de un mercado transparente: implicancias éticas del uso y aporte de información comercial......................16 GESTIÓN DEL RIESGO Central de Riesgos del BCU e información disponible en LIDECO: análisis de la capacidad de pago y la experiencia de pago...........................18 Es necesario y económico incluir el análisis financiero en la prevención y gestión del riesgo crediticio.......................................................22 La gestión del riesgo crediticio debería incluir la conducta de registro de incumplimientos en sus procedimientos básicos.........................24 Las referencias comerciales y el riesgo reputacional: otro aporte colectivo a la construcción de la seguridad comercial.................26 CONCURSALES Se confirma cambio de paradigma concursal................................................32 Asuntos Concursales: breve retrospectiva a cinco años ...............................34 DE INTERÉS Una pareja que trabaja a largo plazo: ética y negocios.................................36 Valores, principios y normas morales en la práctica comercial......................40
Lic. Javier Maresca Vocal CIA. NACIONAL DE CEMENTOS S.A. Cra. Lic. Adriana Landaburu Vocal BROU Dr. Guzmán Arregui Vocal BANCO SANTANDER S.A. Cr. José Luis Rial Vocal CONAPROLE Sra. Yelsa Corbella Vocal OCA Gráfica Mosca D.L.: 349.996
VISITAS Y EVENTOS Capacita LIDECO: ¿Qué falla cuando falla la motivación? ...........................44 Conferencias LIDECO. Agenda para potenciar al Uruguay competitivo........46 Conferencias LIDECO. Ley de Inclusión Financiera: oportunidades y desafíos para el sector empresarial. ¿Cómo impacta la reglamentación en la vida de la empresa? ....................................................54 Participación de LIDECO en el 5to Aniversario de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales..................................66 SEPARATA Homenajes, reconocimientos y despedidas...................................................70 Consejo Directivo...........................................................................................72 Julio Herrera y Obes 1413 Tel: 2908 1636* Fax: 2902 2857 www.lideco.com / lideco@lideco.com Los artículos que se publican son de total responsabilidad de sus autores y la Dirección de la Revista no se solidariza necsariamente con las opiniones en ellos expuestas.
Diseño y maquetación:
EDITORIAL Esta edición nos encuentra protagonizando algunos de los cambios culturales que sin duda la historia recordará en la lista de los más importantes en la vida del comercio de los últimos tiempos: los derivados de la factura electrónica, la firma electrónica avanzada y la ley de bancarización. En el mismo sentido podemos decir aún hoy, a 6 años de su aprobación, que la última reforma concursal continúa recorriendo caminos de aprendizaje. Cada vez más empresas están incorporándose al régimen de facturación electrónica. Cuando comiencen a vencer los certificados expedidos por DGI, aquellas empresas que ya emitan factura electrónica y las que se sumen a ella, deberán contar con la identificación digital, esto es, con la firma electrónica avanzada. En el correr de este año se irán sumando ítems a los aspectos ya reglamentados de la Ley de Inclusión Financiera. En sucesivos números, incluido el actual, hemos comentado avatares derivados de la nueva -pero ya no tanto- ley de concursos. LIDECO no es ajena al devenir de la vida económica y comercial. Ha venido destinando esfuerzos y recursos a procurar ofrecer al empresariado los espacios para obtener información de primera línea sobre los temas arriba mencionados. Realizando conferencias, departiendo mano a mano con los principales responsables de aquellas iniciativas, llevando nuestras inquietudes al Parlamento, estando abiertos a las consultas de nuestros asociados, de la prensa, de diversos actores, atendiendo importantes asuntos concursales, etc., hemos estado atentos al impacto de todos esos menesteres en nuestra plaza. Podemos adelantar que en lo que respecta a la transparencia comercial, los nuevos sistemas de operación que imponen las reformas actuales están alineados con el objetivo de promover una economía cristalina, más segura, más eficiente, que obstaculiza la evasión, la informalidad del comercio y por ende favorecen la competencia leal. Es nuestra responsabilidad como empresarios, velar para que nuestras organizaciones puedan cumplir con los nuevos requerimientos a cabalidad.
EDITORIAL
Como empresarios agremiados, también es nuestra responsabilidad generar los ámbitos de intercambio que puedan acercar las decisiones administrativas con la vida empresarial, especialmente en lo que refiere a los instrumentos de pago y financiamiento, como a la seguridad jurídica necesaria para mantener saludable la dinámica del comercio. Destacamos especialmente lo que será nuestro rol en la emisión de los certificados digitales. Una responsabilidad importante, que como Institución casi centenaria, asumimos en el marco de la confianza del empresariado, de la cual LIDECO ha sabido ser fiel depositaria. La perspectiva del tiempo nos ayudará a dimensionar justamente la importancia del presente que estamos viviendo y a evaluar qué tan bien supimos vivirlo. Mientras eso sucede, nuestro llamado es a reafirmar el compromiso con la vida gremial, para que ésta nos encuentre siempre trabajando en pos del desarrollo de un espíritu solidario entre empresas, gobierno y diversos actores sociales en pos del perfeccionamiento del comercio. Tarea siempre posible, tarea siempre inacabable.-
Consejo Directivo de Liga de Defensa Comercial
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Convenio LIDECO Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC)
Durante la firma. Insp. Ppal. Dr. Ruben Amato (Director Nacional de la DNIC), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO).
La certeza, en materia de información relativa al crédito, es uno de los puntos más celosos de todas las bases de datos. La posibilidad de identificar a las personas físicas y en función de ello chequear sus antecedentes en el marco de las operaciones comerciales y de crédito, es un requerimiento básico para las empresas a la hora de proteger sus transacciones. De ahí que el acceso a los datos de identificación de las personas físicas fuera una aspiración que LIDECO vio concretada el pasado 26 de junio, cuando se concreta la firma del Convenio entre nuestra gremial y la DNIC.
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a fºirma del presente Convenio signa para LIDECO una incursión en los datos de identificación de personas físicas. No obstante una rica base de datos interna construida merced a nuestros casi 100 años de trayectoria en el campo de la información relativa al crédito, la especialización en el
campo empresarial se ve enriquecida ahora con la posibilidad de, a través de la conexión con la Dirección Nacional de Identificación Civil, ampliar y mejorar la precisión de los datos relativos a las personas físicas. Esto permitirá no solo perfeccionar los datos que hemos construido en relación a la vinculación persona |5|
empresa, sino sumar la línea de datos de personas físicas al chequeo de los antecedentes comerciales para la toma de decisiones de negocios. Sin duda, esto significa enriquecer el aflujo de datos accesibles para nuestra masa de asociados para la prevención del riesgo. Fue precisamente la intención de
Iniciativas LIDECO
Esc. Julio Rodríguez, Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Insp. Ppal. Dr. Ruben Amato (Director Nacional de la DNIC), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO).
optimizar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales de defensa del crédito, del consumo y de la lealtad comercial, la que dio marco a la firma del referido Convenio. El Director de la DNIC, el Insp. Ppal. Ruben Amato, y las autoridades de LIDECO, intercambiaron en nuestra sede social, sobre el valor de la información veraz para la toma de decisiones. Se formaliza así una nueva relación
de cooperación entre nuestra gremial y los organismos del Estado. La DNIC pasa a engrosar la lista de relaciones de cooperación que mantenemos con organismos del Estado como la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Registros, la Dirección General Impositiva, el Banco Central del Uruguay, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Estadística, DICOSE, la Dirección Nacional de Aduana, Diario Oficial.
En el convencimiento de que se trata de una nueva instancia de afirmación y trabajo en pos de nuestros fines institucionales, no tenemos sino las mejores expectativas respecto a la firma del presente convenio, que es un escalón más en el camino de la promoción de la buena fe y de la transparencia en los negocios.-
Lectura del contenido del Convenio. Esc. Julio Rodríguez, Insp. Ppal. Dr. Ruben Amato (Director Nacional de la DNIC), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO).
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Iniciativas LIDECO
Convenio LIDECO Universidad Católica del Uruguay
Dr. John Miles (Director Facultad Ciencias Empresariales UCUDAL), Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Dr. Ariel Cuadro (Vicerrector Académico UCUDAL), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO), Cr. Bolívar Gutiérrez (Director Departamento de Disciplinas Contables UCUDAL), Cr. Mario Díaz (Director de la Carrera de Contador Público UCUDAL)
El pasado 26 de junio, recibimos en nuestra Sede Social a autoridades de la Universidad Católica del Uruguay, con el fin de celebrar un Convenio General de Cooperación Académica. A partir del mismo, esperamos iniciar un fructífero camino de intercambio de saberes institucionales, que contribuya a los fines de cada cual y a potenciar las respectivas contribuciones en pos del fortalecimiento del conocimiento y de las buenas prácticas comerciales.
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iga de Defensa Comercial estuvo representada por su Presidente y Secretario, Sr. Agustín Carrau y Sr. Roberto Linn respectivamente. La Universidad Católica por su parte, fue representada por su Vicerrector Académico, el Dr. Ariel Cuadro, y por el Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, el Dr. John Miles. Conversaciones previas entre ambas instituciones condujeron finalmente a sumar este nuevo convenio de cooperación e intercambio, que alenta-
Vista general durante el intercambio.
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Durante la firma. Dr. Ariel Cuadro (Vicerrector Académico UCUDAL), Dr. John Miles (Director Facultad Ciencias Empresariales UCUDAL), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO).
mos desde ya generará experiencias enriquecedoras para ambas comunidades. La academia se nutrirá de la posibilidad de contactarse directamente con el acontecer empresarial, y nuestra gremial, con la posibilidad de enriquecer su rol social agregando el valor del conocimiento académico. La asesoría, la investigación, la asistencia técnica, la formación y la investigación constituyen áreas de interés común para ambas instituciones, lo que motiva la voluntad de coordinación de esfuerzos en los ámbitos que se consideren de interés común. La oportunidad de la firma fue en sí un grato espacio de intercambio que reafirmó lazos previamente existentes entre ambas instituciones. Consolidados ahora formalmente, tales lazos se convierten en una responsabilidad plenamente asumida, de cara a profundizarlos y hacerles rendir fruto. Los presentes coincidieron en sus pareceres, respecto del potencial del
impacto social del presente convenio. Llegar a las generaciones que están en formación, gestando a los futuros empresarios, y recibir también el aporte de la academia para fortalecer la labor gremial, constituye en sí un enorme y motivador desafío para promover los espacios y condiciones que hagan de nuestra plaza comercial y empresarial un ámbito cada vez más seguro y confiable, comprometido con el desarrollo de nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad. En clara consistencia con nuestro mandato institucional, Liga de Defensa Comercial suma un nuevo ramal de acción constructiva y enriquecedora para cumplir con la misión plasmada en nuestros Estatutos Sociales. Éstos, |9|
nos conminan a vincular y reunir a todos los agentes capaces de contribuir a construir un marco organizado de acción solidaria en pos de la defensa de los intereses colectivos, de la prevención del fraude, de la promoción de un comportamiento comercial honesto y basado en las mejores capacidades y aptitudes para la dirección de empresas y la toma de decisiones de negocios. Auguramos entonces el mejor de los éxitos para las acciones conjuntas que se emprendan a partir de la firma del presente convenio.-
Iniciativas LIDECO
Participación de LIDECO en emisión de Firma Electrónica Avanzada
Se viene la Firma Electrónica Avanzada y nuestra gremial no podía estar ajena a ello. En las últimas semanas, LIDECO y Abitab firmaron un acuerdo que posibilita la actuación de nuestra Institución expidiendo los certificados digitales de aquel prestador de servicios. En aras de esta nueva exigencia del comercio, nuestra gremial se adapta para ofrecer a sus asociados canales ágiles, seguros y confiables para hacerse de sus certificados digitales.
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os avances tecnológicos han llegado a la esfera comercial para quedarse. Un complemento indispensable para las nuevas tecnologías resulta ser la firma electrónica avanzada o firma digital. En nuestro país hemos asistido a un proceso de implementación de factura electrónica por parte de DGI, el cual seguirá profundizándose en el año 2015. De la mano de ese proceso, surge la exigencia de la firma electrónica avanzada. En efecto, a partir del momento en que exista un certificador habilitado, los únicos certificados que admitirá
DGI para aquellos que se sumen a la factura electrónica serán los de firma electrónica avanzada y lo mismo sucederá para aquellos certificados no avanzados que hoy están vigentes, pero que caducarán en el transcurso de los próximos meses.
3) ser susceptible de verificación por terceros;
De acuerdo a la Ley 18.600, la firma electrónica avanzada es aquella que “...cumple los siguientes requisitos;
5) haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente seguro y confiable y estar basada en un certificado reconocido válido al momento de la firma”.
1) Requerir información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su identificación unívoca. 2) ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control; |10|
4) estar vinculada a un documento electrónico de tal modo que cualquier alteración subsiguiente en el mismo sea detectable; y
Dicho con otras palabras, la firma electrónica avanzada es la mezcla de un resumen del texto encriptado con la clave privada del emisor, que
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se adjunta al documento que se firma y constituye un método seguro de garantizar autoría y emisión del mismo. La importancia de esta firma está dada por el propio texto legal que establece que “La firma electrónica avanzada tendrá idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento público o en documento privado con firmas certificadas, siempre que esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros que: A) garanticen que la firma electrónica avanzada se corresponde con el certificado reconocido emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado, que lo asocia con la identificación del signatario; B) aseguren que la firma electrónica avanzada se corresponde con el documento respectivo y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado; y
hará fe respecto de su fecha, a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador de servicios de certificación acreditado”.
a disponibilidad para el control de documentación y expedición de los certificados digitales que permitirán en el acto, quedar habilitado para utilizar la firma electrónica avanzada.
La importancia de esta firma surge de la propia Ley 18.600, que le da el valor de un documento público o privado con firmas certificadas por un escribano y hará plena fe en cuanto a su otorgamiento, fecha y autoría, si hubiere sido otorgado por un prestador de servicios de certificación acreditado.
De este modo LIDECO estará incursionando en un tema ineludible para el comercio de los próximos años, ofreciendo un servicio más a nuestra masa de asociados y al empresariado en general, siempre en el marco de la principal impronta institucional, como lo es la confiabilidad y la seguridad de las cuales nuestros casi 100 años de trayectoria dan cuenta.
En el transcurso de estos últimos meses Abitab ha sido certificada por la Unidad de Certificación Electrónica como prestador de servicios autorizado y LIDECO ha celebrado un acuerdo con Abitab que permite la actuación de nuestra Institución expidiendo los certificados digitales de aquel prestador de servicios.
C) garanticen que la firma electrónica avanzada ha sido creada usando medios que el signatario mantiene bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado reconocido”.
Esto permitirá que Liga de Defensa Comercial brinde tanto a socios como a no socios un servicio diferencial, destacándose por su atención especializada, uniendo su reconocida solvencia y confiabilidad a las nuevas tecnologías y al comercio electrónico.
Este artículo concluye señalando que “El documento electrónico suscripto con firma electrónica avanzada tendrá idéntico valor probatorio al documento público o al documento privado con firmas certificadas en soporte papel. El documento electrónico no
A los asociados se les diferenciará con la posibilidad de optar por ser atendidos en forma personalizada en su propia empresa, sin que les sea necesario trasladarse: pueden solicitar ser visitados por uno de los Escribanos que nuestra Institución pondrá
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La participación de nuestra Institución en este tema se inserta dentro de nuestra obligación estatutaria, acorde a la cual estamos llamados a promover todos aquellos aspectos que contribuyan a la seguridad del comercio y a su desarrollo más pleno, apoyando el progreso de la economía. Estaremos realizando diferentes eventos y comunicaciones a efectos de difundir este nuevo servicio, el cual confiamos habrá de representar para nuestra masa social la posibilidad de acceder en forma segura, ágil y confiable, a estos nuevos instrumentos del comercio.-
Información Comercial Empresarial
A distintas decisiones, distintos productos en la La información comercial es una de las materias primas fundamentales de la gestión del riesgo de crédito. Es un insumo clave para los responsables de asegurar la rentabilidad de la empresa a la hora de hacer negocios. La redlideco aporta a los asociados un amplio espectro de productos y servicios para satisfacer sus necesidades de información para distintos momentos del proceso del crédito.
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os negocios requieren de confianza y la confianza se basa en el conocimiento, o al menos en la reducción de la incertidumbre, lo cual se logra merced a la posibilidad de acceder a información comercial. Los expertos en materia de gestión del riesgo y gestión de información comercial acuerdan en que la información empresarial necesaria para cuantificar el riesgo depende de: • El monto involucrado en las operaciones comerciales • La antigüedad de la relación comercial • La reputación de la empresa en la plaza comercial En LIDECO es posible acceder a los tres pilares claves de información que pueden combinarse para tomar diversos tipos de decisiones: • La información financiera • La información de cumplimiento – incumplimiento • La información de identificación e historia de la empresa
La información financiera La información financiera obtiene en los datos de la Central de Ba-
lances, en la cual pueden verse los estados contables disponibles de la empresa en cuestión, así como los reportes financieros que permiten observar las tendencias de la empresa en el tiempo en relación a si misma, a sus pares o al mercado. Así, se puede acceder con respecto a una empresa a: • Sus estados contables en bruto • El reporte financiero con el análisis de los indicadores clásicos de la empresa tomada individualmente (reporte empresa individual) • El reporte financiero comparativo de los indicadores de la empresa con un máximo de 3 empresas a elección del socio (reporte comparativo empresas) • El reporte financiero comparativo de los indicadores de la empresa con los de su sector de actividad (reporte comparativo sectorial)
La información de incumplimiento La información de incumplimiento se encuentra disponible en diversos productos, como producto independiente o como subproducto de un Informe de Crédito. Los datos de incumplimiento comercial abarcan: • Antecedentes de morosidad re|12|
gistrados en LIDECO • Antecedentes de cuentas corrientes bancarias suspendidas • Antecedentes de cuentas corrientes bancarias clausuradas • Antecedentes concursales • Embargos • Inclusión de la empresa en el MOCASIST (Sistema de Morosos y Castigados por el Sistema Financiero) • Calificación y préstamos vencidos en la Central de Riesgo del BCU • Referencias comerciales negativas La información de cumplimiento o de expectativas de cumplimiento, puede deducirse de: • Las referencias comerciales positivas captadas del mercado • La correcta consideración de la inexistencia de antecedentes negativos o de incumplimiento • El análisis de las condiciones financieras de la empresa • El análisis del riesgo reputacional de la empresa • Calificación e importes de préstamos vigentes con cada Banco, en la Central de Riesgos del BCU
La información de identificación e historia de la empresa La información de identificación e
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historia de la empresa, está accesible también en diversos productos, y refiere a: • Los antecedentes comerciales y referencias de la empresa • La fecha de instalación en el mercado • La vinculación persona – empresas y el chequeo de los antecedentes de las empresas que comparten los mismos integrantes • Los datos históricos • Los datos de Diario Oficial Todos estos ejes de datos combinados enriquecen la evaluación del riesgo de crédito y permiten dimensionarlo desde una perspectiva de mercado que completa la relación particular.
Productos de información comercial en la redlideco A efectos de satisfacer los ítems arriba expuestos, nuestra oferta de productos es lo suficientemente amplia y diversa como para responder a las necesidades específicas para el análisis crediticio según
los distintos momentos del crédito, los montos involucrados, el conocimiento previo de la empresa o del sector de actividad, etc. A continuación detallamos brevemente el contenido de los principales reportes y productos de información comercial.
Informe Completo Es el reporte de crédito por excelencia. Suele ser utilizado en la fase de inicio de la relación comercial, en fases de monitoreo y revisión de cartera anuales, cuando se estudian constatan variaciones importantes en los términos de la relación comercial o una ampliación de la cuenta corriente. Los capítulos de datos que aporta el Informe Completo son los siguientes: • Datos de identificación. • Datos constitutivos (naturaleza jurídica, socios y firmas autorizadas). • Datos históricos. • Actividad específica (datos de actividad de Comercio Exterior del último año, si corresponde, Registro de Marcas).
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• Local. • Seguros. • Personal ocupado. • Situación patrimonial: consiste en un Reporte financiero de la empresa con análisis de 23 indicadores. Incluye los estados contables disponibles (la vigencia de estos datos debe verificarse antes de confirmar la consulta del Informe: debe verse la fecha de los estados contables disponibles, pues puede darse el caso en que la empresa haya aportado datos para la confección del informe pero no haya remitido el balance, o que este balance no esté registrado en la AIN y por ende no conste en nuestro acervo de datos). • Referencias comerciales. • Datos de la Central de Riesgos del BCU. • Datos personales de los socios o directores (vinculación de los socios o directores a otras empresas de plaza, verificándose los antecedentes negativos de tales empresas) • Antecedentes negativos (cuentas corrientes bancarias suspendidas o clausuradas, antecedentes concursales, incumplimientos comerciales denunciados en LIDECO,
Información Comercial Empresarial inclusión en el MOCASIST, antecedentes de cumplimiento en otras plazas). • Información registral (embargos, prendas, información sobre padrones / Anexo) a la fecha del informe.
Informe Solo con Referencias Como su nombre lo indica, este reporte hace foco en el chequeo de las referencias comerciales a efectos de aportar una perspectiva de mercado (basado en el conocimiento que LIDECO tiene de la plaza) respecto de la reputación de la empresa. Ofrece además un espectro de datos comerciales complementarios y la consulta específica de antecedentes registrales. La finalidad de la utilización de este reporte varía de empresa en empresa. Generalmente suele requerirse para el monitoreo de la situación de interlocutores comerciales conocidos, así como también para la apertura de créditos menores. Aporta los siguientes datos: • Datos de identificación. • Referencias comerciales. • Datos Central de Riesgos del BCU • Información registral (consulta de Embargos / Anexo). • Antecedentes de la empresa que constan en nuestra base de datos a la fecha de elaboración del informe (datos constitutivos, datos históricos, actividad específica, seguros, personal, patrimonial, datos personales de los socios o directores), información registral, antecedentes negativos, registro de proveedores del Estado e IMM, comercio exterior, marcas y patentes registradas)
Referencias LIDECO Aunque su concepto es similar al anterior, este reporte tiene la particularidad de que chequea las referencias no ya conocidas o procuradas por LIDECO, sino aquellas
aportados por el socio solicitante del informe. A diferencia del Informe Solo con Referencias, requiere que el asociado aporte 5 referencias comerciales para que le sea devuelta en 48 hs. el resultado de la consulta de tres. El producto puede adaptarse al chequeo de referencias laborales y personales.
Historial LIDECO El Historial LIDECO es un producto automatizado que se construye al momento de la consulta, por lo cual su confección no supone demora alguna para el asociado.
Suele utilizarse para el monitoreo de cartera, la apertura o renovación de cuentas y créditos menores.
Los datos que lo conforman siempre tienen vigencia, pues se nutre de la última actualización de datos recibidos desde los organismos del Estado y bases internas. Suele usarse para monitoreo de créditos o apertura de créditos menores.
Los datos que aporta son los siguientes:
Los datos que ofrece son los siguientes:
• Datos de identificación de la empresa (nombre comercial, razón social, domicilio, RUT, actividad) • Fecha de vigencia del último certificado emitido por DGI • Resultado de la consulta telefónica de tres referencias comerciales (eventualmente laborales o personales)
• Datos de Identificación de la empresa • Vigencia del certificado de DGI • Vigencia del certificado de BPS • Antecedentes de obligaciones empresariales incumplidas denunciadas en el Registro de Incumplimientos de LIDECO • Antecedentes de cuentas corrientes bancarias suspendidas o clausuradas en el sistema financiero • Inclusión de la empresa en el Registro de Morosos y Castigados del Sistema Financiero (MOCASIST) • Antecedentes concursales.
Informe Compendiado El dato central del Informe Compendiado es el que refiere al procesamiento y análisis de los antecedentes registrales (Dirección General de Registros) de la empresa e integrantes. Suele solicitarse para la apertura de créditos y su monitoreo. Contiene: • Datos de identificación. • Indicación de existencia de información en :redlideco. • Datos constitutivos. • Antecedentes negativos. • Información registral actualizada: consulta de embargos de la empresa e integrantes. La ventaja de solicitar la consulta de los antecedentes registrales por esta vía radica en que los mismos se aportan en forma procesada, sin que el asociado tenga que estudiar ni interpretar los datos devueltos por DGR, evitándose de este modo errores en la lectura de los mismos. |14|
Verificación cuentas Permite verificar la existencia de antecedentes de cuentas corrientes suspendidas o clausuradas (vigentes o históricas) de personas y empresas.
Verificación RUT Permite verificar el registro del RUT de la empresa en DGI
Verificación cheques Permite verificar si el número de cheque ha sido denunciado como hurtado o extraviado en el Ministerio del Interior.
Infocel El Infocel es un medio de consulta de especial utilidad para distri-
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buidores que necesitan consultar in situ información elemental a la hora de recibir un pago. Requiere solicitar la habilitación de los números de teléfono móvil que la empresa dispondrá para acceder a este servicio. Esta misma opción de consulta está disponible vía web a través de la consulta “verificación cuentas”, verificación cheques” y “verificación RUT”.
Balances
Permite acceder a:
En general, las empresas recurren a la consulta de Balances cuando requieren evaluar créditos de importancia. Un punto importante es que la consulta, incluye la visualización de todos los estados contables disponibles en redlideco sobre la empresa de interés.
• Verificación de RUT • Cheques denunciados como extraviados o hurtados • Verificación de cuentas corrientes bancarias suspendidas o clausuradas
Informe empresas extranjeras A través del convenio entre Liga de Defensa Comercial y las empresas de información de Brasil (SERASA - Experian), Argentina (Síntesis) y otros países, nuestros asociados pueden solicitarnos información comercial de empresas radicadas en el extranjero.
Los Estados Contables son una fuente de datos muy requeridos por las empresas. La redlideco ofrece la posibilidad de acceder puntualmente a los balances de interés, o de acceder a su procesamiento a través de los reportes de la Central de Balances que se describen más adelante.
partir de los datos de los estados contables balances ingresados en nuestra redlideco, un software especialmente diseñado procesa sus datos para generar tres tipos de reportes que contienen 23 indicadores financieros agrupados en 7 categorías: 1) Estructura de financiamiento 2) Cobertura financiera 3) Costo financiero 4) Análisis patrimonial 5) Rentabilidad 6) Márgenes
Central de Balances
7) Eficiencia
La Central de Balances constituye el mayor acopio estadístico de datos financieros del país, que comprende tanto los balances de las empresas como los indicadores financieros que se visualizan a través de diversos reportes, y que surgen de los datos de los estados contables de las empresas. A
La Consulta de la Central de Balances aumenta para el asociado la eficiencia en el procesamiento de los datos de los estados contables, y le permite acceder a información sectorial de interés estratégico, aportando el posicionamiento en el mercado de la propia empresa o de la competencia.
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Información Comercial Empresarial Los reportes financieros de la Central de Balances son los siguientes: • Reporte Empresa Individual: resume la tendencia de 23 indicadores y la estructura de financiamiento de una empresa. Incluye los balances de la empresa que estén disponibles en la redlideco. • Reporte Comparativo Empresas: contrasta los indicadores y tendencias entre 2 y 4 empresas. Incluye los balances de la primer empresa seleccionada para el comparativo, empresa que estén disponibles en la redlideco. • Reporte Comparativo Sectorial: contrasta los indicadores y la tendencia de la empresa con la de aquellos sectores en los cuales participa (CIIU, Rama, Mercado). • Productos a medida: además de los reportes estandarizados, los socios pueden solicitar la consulta y sistematización de datos financieros de acuerdo a los indicadores que consideren pertinente conocer respecto de determinado sector o perfil de empresas con el que realizan negocios.
Antecedentes DGR La consulta de Datos Registrales (DGR) suele usarse para la apertura de créditos, pero también para su seguimiento. Es de especial interés para aquellos que tienen garantías reales por las cuales velar (consulta de embargos e inmuebles). También es útil para verificar quiénes están al frente de las sociedades comerciales ante la eventualidad de iniciar o renovar negocios. Las posibilidades de consulta son las siguientes: • Registro de Actos Personales y Derechos Civiles de la Mujer (Embargos y Disolución de Sociedades Conyugales) • Registro de Inmuebles (titularidad, promesas, afectación por hipotecas, arrendamientos, embargos)
• Registro de Comercio (Integrantes de las sociedades)
Comercio exterior Gracias a la conexión permanente con la Dirección Nacional de Aduanas, es posible acceder a los movimientos de importación y de exportación de las empresas del país. En general, estos datos son consultados por aquellas empresas interesadas en evaluar los movimientos respecto a las importaciones o exportaciones de productos, para identificar interlocutores con los que hacer negocios o para evaluar su performance con respecto a la competencia. A través de esta consulta, se accede al detalle de las Importaciones y Exportaciones, por empresa o por posición arancelaria (producto). Se consulta detalle por período de fechas, con totales o rankings por empresa y por producto.
Servicio de Alerta al Socio El Servicio de Alerta es clave para la tranquilidad del asociado, en tanto permite un monitoreo automático y en tiempo real de la situación comercial de su cartera de clientes con respecto a ítems que se consieran indicadores de la emergencia de dificultades. Requiere que el asociado aporte la lista de RUT a las que desea hacer un seguimiento permanente. A partir de que ese listado se ingresa a nuestro sistema, el servicio funciona automáticamente: cuando ingresa a LIDECO algún dato comercial que llama a cuidado de sobre las empresas que el asociado desea seguir de cerca, se dispara vía correo electrónico el alerta correspondiente. El SAS alerta sobre los siguientes datos: • Denuncias de morosidad y cuentas al cobro en el registro de incumplimientos de LIDECO |16|
• Cuentas corrientes bancarias suspendidas • Cuentas corrientes bancarias clausuradas • Antecedentes de presentaciones concursales • Datos de diario oficial • Disponibilidad de Informe Completo actualizado sobre las empresas que está controlando
Monitor LIDECO Similar al anterior, el Monitor funciona como un espejo retrovisor que aporta el histórico de antecedentes negativos respecto de una cartera de empresas. Requiere que el asociado aporte el listado de los RUT de las empresas que desea chequear, a partir de lo cual se devuelve en un máximo de 48 hs. un archivo que permite visualizar la situación de la cartera en forma integral a la fecha de la consulta. En general las empresas utilizan este servicio cuando desean reactivar una cartera de clientes, realizar una primera aproximación respecto de los antecedentes comerciales de una cartera de prospectos, o cuando acorde a sus procedimientos de gestión del riesgo deben revisar los antecedentes comerciales básicos de sus clientes. Aporta los siguientes datos: • Vigencia de certificado de DGI • Vigencia de certificado de BPS • Denuncias de morosidad y cuentas al cobro en el Registro de Incumplimientos de LIDECO • Cuentas corrientes bancarias suspendidas • Cuentas corrientes bancarias clausuradas • Inclusión de la empresa en el Registro de Morosos y Castigados por el Sistema Financiero (MOCASIST) • Antecedentes de presentaciones concursales.-
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Información Comercial Empresarial
Proactividad en la construcción de un mercado transparente: implicancias éticas del uso y aporte de información comercial El uso de información reporta beneficios prácticos para la salud y rentabilidad de la empresa. La extensión del uso de información por parte de todas las empresas del mercado, acarrea la posibilidad de mejorar la transparencia y la seguridad colectiva en los negocios. Está en manos de cada organización asumir el compromiso ético de ser proactivos en la construcción de un mercado cada vez más saneado y transparente.
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n términos generales y abordando solamente los beneficios prácticos del uso de la información comercial encontramos que es útil para: • monitoreo del mercado • identificación de oportunidades de negocios • análisis de antecedentes de prospectos • conocimiento de los competidores • obtención de datos para y sobre posibles alianzas estratégicas • evaluación del desempeño de la propia empresa respecto a la competencia, sector de actividad o cadena de comercialización. Los sistemas de información apuntan a lograr una serie de objetivos para rentabilizar las transacciones de negocios: • reducción de la incertidumbre • disminución de los niveles de riesgo de pérdida • evitar fraudes • apoyar la toma de decisiones estratégicas y de prevención • rentabilizar las transacciones comerciales (consecuencia del perfeccionamiento de estrategias, reducción de la incertidumbre y del riesgo de pérdida) • proporcionar alertas tempranas respecto a los cambios y tendencias del mercado
• promover en la empresa una toma de decisiones proactiva y no reactiva (prevención) Pero para dimensionar adecuadamente el impacto del uso y aporte de información comercial es necesario ubicar adecuadamente la esencia de los negocios como fenómeno relacional y colectivo que por su naturaleza requiere del acceso a datos que permitan tomar decisiones seguras, no solo por la seguridad individual, sino también por la seguridad del colectivo. La empresa es parte de un todo más grande al cual necesita, y por ende, aunque tan solo fuera a efectos de supervivencia, también se debe a él en el cumplimiento de ciertas responsabilidades. Pero más allá de que el uso de información sea útil a efectos de optimizar las decisiones, implican una dimensión ética que trasciende y enriquece esa limitada aunque necesaria dimensión utilitaria. Y es por ello y por el rol clave de la información para la salud del mercado, que el art. 22 de la Ley 18.331, de Protección de Datos Personales y acción de Habeas Data relativo a los datos de la actividad comercial o crediticia establece que, “Queda |18|
expresamente autorizado el tratamiento de datos destinado a informar sobre la solvencia patrimonial o crediticia, incluyendo aquellos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de carácter comercial o crediticio o que permitan evaluar la concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular de los datos, en aquellos casos en que los mismos sean obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de informaciones facilitadas por el acreedor o en las circunstancias previstas en la presente ley”. La información comercial y crediticia no está considerada secreta ni privada, a excepción de aquella que derive del saber estratégico propio de la inteligencia de una organización. Fundamenta lo anterior el derecho a decidir con base en información veraz y suficiente para prevenir el riesgo en los negocios. Se asume que la salud del mercado es un bien general a preservar y en consonancia con ello se habilita la disponibilidad de información relativa a las actividades comerciales, con el fin de evitar los daños que derivarían de decisiones tomadas en desconocimiento o ignorancia de datos.
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Desde el punto de vista ético, son válidas solamente las decisiones que se toman en ausencia de coerción y a partir de información veraz (cierta) y suficiente (completa).
consistente con la máxima obligación ética de no dañar. A ella, le sigue la de evitar el mal, y en última instancia, ya de carácter más elevado y sublime, la de promover intencionalmente el bien.
Si es cierto que la disponibilidad de información no asegura el acierto de lo decidido, es más cierto que la ausencia de información inhabilita de por sí la posibilidad de tomar buenas decisiones.
La obligación de no dañar, en el tema que nos ocupa, implica que una conducta empresarial ética y responsable en materia de transacciones comerciales, supone necesariamente que se procure la reducción del riesgo, por el bien de la empresa (que no debe dañarse a sí misma por las consecuencias de malas decisiones tomadas por no uso de información) y del mercado (que tampoco debe ser dañado por las consecuencias de malas decisiones tomadas por no uso de información).
El interés y beneficio individual de cada empresa al contar con información comercial para su toma de decisiones, no se contradice y por el contrario, se potencia positivamente, cuando coincide con el interés colectivo de promover el fortalecimiento de la conciencia de que la información está en la base de la seguridad comercial en las transacciones. Los comportamientos son siempre en última instancia pasibles de ser juzgados como éticos o no, y por ende también lo son las conductas comerciales. Entendemos que la decisión política de incorporar y perfeccionar el uso de los datos comerciales en los negocios deviene un tema ético, porque la dimensión trascendente de la conducta no puede ignorar las consecuencias que a partir de ella recaen sobre terceros, considerados todos como sujetos dignos de igual consideración y respeto. Las empresas y los empresarios que las dirigen tienen la responsabilidad de reflexionar sobre cuáles son las conductas que conducirán a resultados no solamente buenos para las empresas, sino para el mercado y la sociedad. Eso es pensar con perspectiva ética. Del uso o no uso, del aporte o no aporte de información comercial pueden derivarse consecuencias para la empresa y para el mercado. No importa a quién afecten más: el punto clave es que siempre hay consecuencias, y lo esperable es que de ellas no derive la disminución del estado de bien de una organización o de un conjunto de empresas. En este tema el eje clave es el valor preventivo de la información, el cual es
La información comercial empresarial es un componente clave de las relaciones comerciales, de cuyo desconocimiento no debería desprenderse un daño ni para la empresa, individuos u otras empresas o componentes de la sociedad. La obligación de no dañar, la de respetar a los demás en su autonomía para las decisiones y la obligación de considerar la dimensión de justicia o bien común, hace que una actitud proactiva respecto del uso y aporte de información sea una condición para una conducta empresarial responsable. Si existiera información disponible pero no conocida, que por no conocida podría determinar que diversos actores de la plaza incurrieran en daños para sí mismos (y por el hecho de estar todos los actores interconectados, también para el mercado), entonces el derecho a restringir el acceso a la información cae, por estar subordinado a: • la obligación de no dañar y de evitar un daño • la obligación de promover la igualdad de oportunidades (justicia, bien común) en materia del acceso a la información que permitirá la toma de decisiones capaces de evitar un daño y • el derecho de todos los actores a ser respetados, verbigracia, en su derecho a tomar |19|
decisiones autónomas, lo cual puede hacerse cuando la información es veraz y completa. La transparencia del mercado es una condición colectiva que se construye, se mantiene, se perfecciona o se destruye también colectivamente. No hay excusas a este respecto. Sí mucho espacio para la construcción y el perfeccionamiento de todos los sistemas que promueven la cristalinidad y la seguridad necesarias para operar con justicia, es decir, aspirando a que los aciertos y los errores deriven de la pericia, la experiencia y de la inteligencia aplicada, pero no de la disminución de las posibilidades de reducir los riesgos por inaccesibilidad o ausencia de datos que debieron estar disponibles precisamente para posibilitar decisiones seguras. En nuestro carácter de gremial no sectorial y sin fines de lucro, abogamos por un uso no mercantilista de los datos comerciales, en el afán de estimular una mirada que trascienda los intereses individuales e incremente la conciencia sobre los problemas éticos. Todos debemos preguntarnos qué tan bien cumplimos con nuestras responsabilidades. Es necesario construir y afinar una racionalidad ética, que promueva la voluntad de hacer el bien y consolidar la transparencia del mercado con independencia de que lo mande una norma legal.-
Gestión del Riesgo
Central de Riesgos del BCU e información disponible en LIDECO: análisis de la capacidad de pago y la experiencia de pago Existe mucha información comercial disponible para ser consultada. Tomarla en forma parcial puede prestarse a errores de interpretación a la hora de tomar decisiones en materia de gestión del riesgo crediticio. El presente artículo aborda de qué forma se pueden entender y combinar los datos que aporta la Central de Riesgos del BCU con los datos comerciales empresariales que aporta la redlideco, para analizar dos aspectos claves para la administración del riego de crédito: la capacidad de pago y la experiencia de pago de la empresa con la cual se van a realizar negocios.
¿Qué es la Central de Riesgos del BCU? La Central de Riesgos del BCU es un sistema donde se consolida toda la información relacionada con los créditos directos y contingentes provista
por todas las instituciones de intermediación financiera (IIF) a la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).
personas físicas), Sector Financiero, Sector Público, Residentes y no residentes, Titulares, co deudores y garantes.
La Central informa sobre: Sector no financiero (personas jurídicas y
Cuando se clasifican a las empresas en las diferentes categorías de riesgo,
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hay tres grandes pilares de análisis: 1. la capacidad de pago 2. la experiencia de pago
Cuando en la Central de Riesgos se clasifican a las empresas en las diferentes categorías de riesgo, hay tres grandes pilares de análisis: la capacidad de pago, la experiencia de pago y el análisis de riesgo país (para no residentes).
1. “Situación económico financiera y organizacional, a) Solvencia del deudor a través de variables tales como el nivel de endeudamiento, y la calidad y composición de activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor…..” b) Rentabilidad y eficiencia, identificando el flujo de utilidades principales del deudor y su tendencia. c) Aspectos organizacionales, operativos y estratégicos, y grado de compromiso de los propietarios considerando, si corresponde, el grupo económico al que pertenece.
3. el análisis de riesgo país (para no residentes).
d) Calidad, suficiencia y oportunidad de la información.
Sobre la capacidad de pago y la experiencia de pago
e) Juicios, embargos o problemas legales que obstaculicen a la marcha normal de los negocios.
A efectos de analizar la capacidad de pago de la Cartera Comercial, la Norma Particular 3.8 del BCU establece que deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
f) Modificaciones del marco legal. 2. Riesgo Sector de Actividad 3. Riesgo por descalce de monedas del deudor
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4. Riesgo tasa de interés Para la evaluación de la experiencia de pago, “se considera el grado de cumplimiento en el pago de sus obligaciones en general - incluyendo las tributarias - y, en particular, con la institución y en el sistema financiero…..” A los deudores del Sector no Financiero, se los clasifica en las siguientes categorías:
Para la evaluación de la experiencia de pago, la Central de Riesgos considera el grado de cumplimiento en el pago de sus obligaciones en general - incluyendo las tributarias - y, en particular, con la institución y en el sistema financiero Categoría 1A – Operaciones con garantías autoliquidables admitidas Categoría 1C – Deudores con capacidad de pago fuerte Categoría 2A – Deudores con capaci-
Gestión del Riesgo dad de pago adecuada Categoría 2B – Deudores con capacidad de pago con problemas potenciales Categoría 3 – Deudores con capacidad de pago comprometida Categoría 4 – Deudores con capacidad de pago muy comprometida Categoría 5 – Deudores irrecuperables En el MOCASIST están los clientes del Sistema Financiero que mantienen algún crédito moroso o castigado por atraso. Por lo tanto están en el MOCASIST solamente empresas que están clasificadas en Categoría 5 - “Deudores irrecuperables”. Es importante tener en cuenta que no siempre la calificación de un deudor en un banco tiene relación directa con la existencia de créditos atrasados en esa institución.
Consultar la Central de Balances de LIDECO es útil para descartar la peor de las posibilidades: la existencia de patrimonio negativo o un problema de solvencia importante. La llamada “norma de arrastre” del MOCASIST ha implicado una mejora para la posibilidad de prevenir el riesgo en la plaza comercial, pues implica que si un crédito está moroso o castigado por atraso en un banco, los demás bancos tienen que clasificarlo al menos con categoría 3. Antes de la crisis del 2002, un cliente podía ser categoría 5 en un banco y categoría 1 o 2 en otro. Con esta norma de arrastre de los deudores que están en el MOCASIST, se obliga a que las demás instituciones deban bajar la categoría de un cliente si en el sistema ese cliente tiene un crédito moroso o castigado por atraso. Es decir: por más que en el Banco A, la empresa B tenga excelente comportamiento, si esa misma empresa
B tiene mal comportamiento con el Banco C, el Banco A debe bajar la calificación del cliente al menos a la categoría 3. Otro ejemplo de que la calificación no tiene por qué implicar una relación directa con el mantenimiento de créditos atrasados en esa Institución, se observa en que una empresa de la Cartera Comercial de un Banco puede estar clasificada en categoría 4 por diversas circunstancias, por lo cual puede no alcanzar con tomar los datos de la Central de Riesgos del BCU para encontrar los motivos de la clasificación. Los motivos por los que un deudor de la Cartera Comercial de un Banco esté calificado 4 son: 1. Porque tiene en los últimos tres ejercicios resultados acumulados que afectan significativamente su patrimonio 2. Porque cuando se hace una proyección hacia delante la empresa tiene grandes posibilidades de tener problemas en su capacidad de pago (no cubre intereses, tiene capital de trabajo negativo y no lo recupera con el flujo, etc.) 3. Porque tiene un atraso de menos de 180 días pero mayor a 120 4. Porque tiene un atraso de 120 días o más en la presentación de información para necesaria para evaluar la capacidad de pago, por ejemplo el balance o los certificados de estar al día con DGI y BPS
Productos de la redlideco para el análisis de la capacidad de pago: Central de Balances Consultar la Central de Balances de LIDECO es útil para descartar la peor de las posibilidades: la existencia de patrimonio negativo o un problema de solvencia importante. En otras palabras, la consulta es clave para analizar la capacidad de pago se evalúa con criterio objetivo en función de la información histórica |22|
y la información prospectiva analizando los tres últimos balances, y sometiendo a la empresa, en el caso de los deudores con endeudamiento mayor, a pruebas de stress de acuerdo al manejo de diversos escenarios. Para el análisis de los 3 últimos balances, la redlideco ofrece en forma automatizada un reporte financiero donde se analizan los indicadores financieros de la empresa (el resultado de la consulta demora un par de minutos). Esto implica un ahorro de tiempo impor-
La experiencia de pago se evalúa verificando si la empresa está castigada en el MOCASIST, su reputación en el mercado, su situación con respecto a los pagos de DGI y BPS, sus antecedentes de incumplimiento comercial, de cuentas corrientes bancarias sancionadas, el libre de embargos. Todos esos datos puedne ser consultados en la redlideco. tante para el analista de créditos, y evita tener que solicitar a la empresa sus estados contables. Antes de efectivizar la consulta el socio puede verificar qué ejercicios económicos están disponibles sobre una empresa, explorando las listas de empresas que se despliegan alfabéticamente a partir de la opción Balances de nuestro Menú principal. Una vez verificado que de la empresa de interés están disponibles los ejercicios de interés, es cuestión de minutos para que se pueda acceder a un reporte empresarial de los indicadores financieros de la misma, estando además incluido el acceso a los balances disponibles de la empresa. Lo que es importante considerar en este punto es, hasta tanto no comience a regularizarse la registración de balances en la AIN, que puede haber empresas que no hayan registrado sus estados conta-
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bles, o que lo hayan hecho en forma intermitente. Hemos señalado que para que esta situación cambie es cuestión de tiempo, en función de la habilitación a la DGI para que suspenda los certificados únicos a las empresas que no registren sus estados contables. Otro punto a tener en cuenta es que la Auditoría Interna de la Nación está trabajando en un Proyecto para el envío y registro de los estados contables en formato electrónico, utilizando el estándar XBRL y la Firma Electrónica Avanzada. Ello implicará la necesidad de que las empresas obligadas se adapten a estas nuevas formas de registración. Queda mucho por avanzar en esta materia: en cuanto a la cultura empresarial, la cultura del mercado, los recursos para instrumentar los controles y las sanciones. Estamos inmersos en un círculo vicioso: las empresas no registran sus estados contables y a la vez padecen la falta de disponibilidad de éstos cuando se ven en la necesidad de analizar los de su contraparte. Un elemental sentido de la reciprocidad solucionaría esta brecha.
Productos de la redlideco para el análisis de la experiencia de pago La experiencia de pago se evalúa en sentido amplio, verificando: 1. Si la empresa está castigada en el MOCASIST (historial lideco) 2. Si la empresa tiene buena reputación en el mercado, a través de las referencias comerciales (Informe Solo con Referencias, Referencias LIDECO) 3. Si la empresa está en la situación adecuada con respecto a los pagos de DGI y BPS, para lo cual resulta clave monitorear el estado de los certificados expedidos por DGI y BPS (historial lideco, monitor lideco) 4. Si la empresa tiene antecedentes de incumplimiento comercial (historial lideco, monitor lideco) 5. Si la empresa tiene antecedentes de cuentas corrientes bancarias sancionadas (historial lideco, monitor lideco) 6. Si la empresa tiene antecedentes concursales (historial lideco, monitor lideco)
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7. Si le empresa tiene o sus integrantes tienen embargos (antecedentes DGR, Informe Compendiado) Por supuesto el Informe Completo es también un producto de información útil para evaluar estos ítems porque los incluye a todos, e incluso a las calificaciones en la Central de Riesgo de la empresa según las distintas instituciones de la empresa. No obstante por su particularidad de contemplar un amplio espectro de ítems y requerir el contacto directo y visible con la empresa, su confección requiere de más tiempo que los productos anteriores.(*)Deudores con capacidad de pago muy comprometida: comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la Institución, o de hasta 180 días en los pagos, o que hayan tenido pérdidas muy significativas en los últimos 3 años.
Gestión del Riesgo
Es necesario y económico incluir el análisis financiero en la prevención y gestión del riesgo crediticio Evaluar un crédito sólo en función del chequeo de antecedentes negativos no es suficiente. Una correcta valoración de la relación entre lo que la empresa tiene (activo) y lo que la empresa debe (pasivo) permite tomar decisiones más ajustadas respecto a la posibilidad de repago de la contraparte con la que se va a hacer un negocio. El riesgo de incumplimiento debe poder prevenirse atendiendo las tendencias que se desprenden del análisis de los estados contables. La inversión en información financiera es menester en lo que a una buena administración del riesgo refiere. Porque los créditos mal otorgados afectan la rentabilidad de la empresa otorgante.
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na empresa es solvente cuando es capaz de cubrir sus deudas. Habrá empresas mejor rankeadas y peor rankeadas a ese respecto. El chequeo de los antecedentes comerciales negativos es importante, pero aporta tan sólo indicios con respecto a la capacidad de pago de una empresa. Y a efectos de cobrar los créditos, ese es el punto que importa. Los indicadores financieros que se obtienen a partir del análisis de los estados contables permiten evaluar la capacidad de una empresa de hacer frente a sus obligaciones, y es un dato no menor que debe contrastarse con las referencias comerciales y los antecedentes negativos de las organizaciones. Una correcta valoración de la relación entre lo que la empresa tiene (activo) y lo que la empresa debe (pasivo) permite tomar decisiones más ajustadas respecto a la posibilidad de repago de la contraparte con la que se va a hacer un negocio. Es importante evaluar la posibilidad de hacer frente a las obligaciones en el corto plazo, o sea conocer la liquidez de la empresa (la posibilidad de
disponer de recursos en forma inmediata a los efectos de hacer efectivo un pago o cumplir una obligación).
2. cobertura financiera
Los cambios, en las empresas, no se dan de un día para el otro, y la conducta de pago no se deteriora de un día para otro. La manifestación de un cambio de larga data puede sí verse en forma repentina, pero las estructuras que explican el proceso del cambio que finalmente se hace visible, debe poder prevenirse atendiendo las tendencias de los estados contables de la empresa, del sector de actividad y de la cadena de valor.
4. análisis patrimonial
Evaluar un crédito sólo por la ausencia de indicadores negativos no es suficiente, sobre todo si los montos comprometidos son elevados y el riesgo crediticio en caso de incumplimiento, compromete la rentabilidad de la empresa otorgante del crédito. Los reportes financieros que pueden obtenerse a partir de la Central de Balances de LIDECO permiten acceder a una panorámica de la tendencia de la empresa respecto a 23 indicadores agrupados en 7 categorías: 1. estructura de financiamiento |24|
3. costo financiero
5. rentabilidad 6. márgenes 7. eficiencia. La toma de decisiones de negocios debe basarse en una perspectiva sistémica que integre la dimensión individual, de sector y de mercado de los agentes económicos. De ahí que nuestra Central de Balances aporte la posibilidad de Acceder en segundos, a los reportes financieros correspondientes a estas alternativas: reporte empresa individual, reporte comparativo empresas y reporte comparativo sectorial Importa mucho evaluar la solvencia, la liquidez y la capacidad de pago, porque una empresa podría tener liquidez circunstancialmente pero no ser solvente (esto es, si no tiene recursos para hacer frente a sus obligaciones), y tendrá que buscar las soluciones a ese problema de más
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largo plazo mediante el aporte de capital o a través de la generación de resultados genuinos. Una empresa solvente que no tiene liquidez, podría tratar de generarla convirtiendo sus recursos de más largo plazo en recursos de corto plazo. Pero la falta de liquidez puede comprometer la solvencia de la empresa en el largo plazo, si ésta debe recurrir a endeudarse a costos elevados, y con ello a su vez, afectar sus resultados y comprometer su rentabilidad. Hechas estas consideraciones, la recomendación desde LIDECO es la consulta de los datos financieros disponibles en la Central de Balances. De la mano de lo anterior, surge nuestra preocupación al constatar que la conducta de prevención de muchas empresas no considera el análisis financiero en su evaluación del riesgo de crédito. La confianza en la calma que a la fecha detenta el mercado no debería deteriorar los controles de las empresas en materia de análisis del riesgo. Sobre todo porque nuestros sistemas de respuesta no están preparados para los cambios graduales sino para los cambios bruscos, los cuales de hecho nunca son en esencia bruscos o repentinos, sino la eclosión de un proceso de lento deterioro que no se atendió debidamente. Lo ideal es que, las políticas de prevención del riesgo de las empresas consideren como insumo crítico para la toma de decisiones:
1) su propia capacidad de espera ante eventuales atrasos o incumplimientos 2) conocer la capacidad de pago o solvencia de sus contrapartes 3) resguardarse con las adecuadas garantías que solicitará al deudor teniendo en cuenta el contenido de los numerales anteriores 4) conocer la capacidad de pago o solvencia de la cadena comercial que involucra a las contrapartes de su contraparte. Los riesgos compartidos que implican las relaciones comerciales ameritan que todos los actores empresariales evalúen el riesgo de crédito con cautela y sin escatimar recursos a efectos de evitar otorgar malos créditos. La propia empresa otorgante del crédito puede recurriendo a la Central de Balances, obtener una visión de su situación con respecto a las tendencias de su sector de actividad o de las mpresas con las que desee compararse. Además, nuestra Central de Balances no solo permite la consulta de los reportes financieros que se generan automáticamente en la web, sino además, permite que el socio solicite, para la población de empresas que considere de interés y de las que existan balances registrados, información financiera de relevancia construida a medida, según los indicadores que el socio considere de interés para las decisiones de negocios que deba tomar.
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Tales indicadores, en tanto dan cuenta de la situación financiera de una empresa serán de por sí útiles para prevenir el riesgo en los negocios, siendo que esta posibilidad de prevención se potencia complementando la consulta a la Central de Balances con un chequeo masivo de los antecedentes comerciales negativos de las empresas de interés, lo cual constituye un complemento ideal (Monitor LIDECO). Las tendencias del mercado de información se inclinan ya no solamente hacia el antecedente negativo que alerta respecto a los malos comportamientos de cumplimiento, sino que tiende cada vez más a hacer foco en la información positiva del mercado. La combinación de los datos que surgen de los productos estándar disponibles en nuestra redlideco con la solicitud del procesamiento de datos a medida de la Central de Balances según el ítem de interés para la toma de decisiones específicas, enriquece y potencia el valor de los datos individuales de las empresas, y aporta una visión de mercado necesaria para decidir con precisión la orientación de los esfuerzos comerciales. Los recursos dedicados a la información, no son un gasto: constituyen una inversión en seguridad y en la generación de mejores condiciones para el aumento de la competitividad de la empresa.-
Gestión del Riesgo
La gestión del riesgo crediticio debería incluir la conducta de registro de incumplimientos en sus procedimientos básicos La asunción de que el chequeo de antecedentes negativos está en la base e inicio de toda admisión de clientes, se da de bruces con el hecho de que las empresas guarden para sí los datos de los incumplidores y priven a otras empresas del mercado, de la posibilidad de conocer información a partir de la cual evitarían incurrir en riesgos, o podrían tomar medidas precautorias. El uso y aporte de información comercial es uno de los ítems que hacen a la conducta empresarial consciente y responsable.
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La promoción del bien común no supone anular los intereses individuales, sino ofrecer las herramientas que permitan que la realización individual se alcance, y los intereses se satisfagan en un marco de conducta no arbitrario ni perjudicial a terceros.
a gestión del riesgo de crédito no sería necesaria si tuviéramos la certeza respecto a la conducta de la contraparte. Precisamente el riesgo debe ser administrado porque carecemos de la facultad para controlar la incertidumbre implícita en el comportamiento de los múltiples actores y variables que afectan al mercado. El cometido de nuestra Institución es promover el desarrollo de la solidaridad en el comercio y la defensa de los intereses colectivos, lo cual es un gran desafío en ese marco de intereses encontrados. En función de la filosofía que nos mueve, pero además por los efectos concretos sobre la plaza comercial, sostenemos que sería deseable que todas las empresas compartieran con el mercado la lista de deudores que, de perogrullo es decirlo, no han satisfecho en forma adecuada sus obligaciones. El espíritu de solidaridad supone por definición una dimensión colectiva. La reducción de la incertidumbre a la que al inicio se hacía mención es una prioridad en la administración del riesgo de crédito, y el riesgo no puede administrarse sin la perspectiva
de mercado y sin la colaboración del mercado. Está asumido en todos los procesos de gestión del riesgo, que la búsqueda de antecedentes negativos constituye un paso ineludible en el proceso de admisión de un cliente o de renovación o ampliación de una línea de crédito. Esa situación debería fundamentar por sí sola la necesidad y los beneficios de que todas las empresas registren sus incumplimientos comerciales a efectos de promover en la plaza la reducción del riesgo con que también todas las empresas quieren beneficiarse. |26|
En este punto es donde la reflexión se vuelve un poco más filosófica. Porque todas las empresas tienen el derecho a decidir autónomamente, esto es, libres de coerción y con base en información veraz y suficiente. Entonces, si una empresa A tiene datos que podría poner a disposición del mercado para que la empresa B tomara decisiones informadas y evitara incurrir en riesgos en los que no habría incurrido de conocer los datos de A, llegamos a que el derecho a decidir en forma autónoma y con base en datos verdaderos y completos, se construye colectiva o solidariamente. Porque además, entra aquí a tallar
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otro dimensión también filosófica y ética, que refiere a la obligación primera de no dañar, de evitar un daño, y de hacer activamente el bien. Si la empresa A tiene a la empresa C como deudora y sin registrarla en LIDECO. Y si la empresa B desconoce que C incumple y efectuados los chequeos no surgen datos al respecto, y entonces otorga un crédito a C. Si luego B tiene dificultades en recuperar el crédito otorgado, es posible plantear que, las posibilidades de que B otorgar un crédito a C, de haber conocido los antecedentes de C con respecto a A, se habrían reducido o no habrían existido. Entonces, la pregunta sobre cómo A podría haber contribuido a evitar un daño, tiene cabida. Sin duda A no generó activamente un daño, pero no contribuyó a evitarlo guardado para sí un dato que hubiera sido útil a la hora de prevenir un crédito otorgado por desconocer la información completa. No hubo mentira: A no dijo que C pagó cuando en realidad no pagó. Lo que sucedió es que no hubo información suficiente: A no compartió que C tenía antecedentes de obligaciones incumplidas. Si todas las empresas comprenden la dimensión colectiva de la veracidad, entendida en su doble vertiente de no tergiversación y de completud, el acopio de datos de incumplimientos en favor de la salud del mercado se multiplicaría enormemente. La decisión autónoma entonces es aquella que se toma con base en datos verdaderos y completos. Si las empresas guardan para sí el dato de los incumplidores, están coartando la posibilidad colectiva de decidir autónomamente, porque la información será incompleta. LIDECO pone a disposición de sus
asociados tanto el Registro de Incumplimientos comerciales, que alimenta nuestra redlideco o base de datos comerciales empresariales. Si el socio lo requiere, puede optar además por encomendar a LIDECO la gestión extrajudicial y eventualmente judicial del cobro. El uso y aporte de información comercial es uno de los ítems que hacen a la conducta empresarial consciente y responsable. La redlideco, en tanto herramienta de información para la toma de decisiones de negocios, es un instrumento clave para que las empresas puedan cuidar no solo sus propios intereses sino los de la plaza comercial toda, a través del aporte de datos que prevengan sobre las conductas comerciales que se consideran impropias. Para el acreedor, el registro de una cuenta morosa contribuye a persuadir al deudor respecto de la cancelación de su obligación, pues no son buenas las consecuencias de estar inscripto en un Registro de Incumplimientos comerciales consultado por la plaza financiera y comercial. Para el mercado, la noticia del incumplimiento permite tomar decisiones informadas que previenen el riesgo en la celebración de negocios, o al menos advierten de los resguardos o garantías extra que habría que solicitar en determinados casos. Por eso insistimos en que el registro de incumplimientos debería estar incluido como rutina en los procedimientos de la gestión del riesgo de crédito, porque facilita la posibilidad de cobrar el crédito dado el poder disuasivo de la noticia de inclusión en el Registro de Incumplimientos. Ma-
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yor será ese poder cuanto más cercana a la fecha de vencimiento de la obligación tenga lugar el registro de la obligación incumplida. Para registrar incumplimientos, la empresa socia debe firmar por única vez el Protocolo acorde a la normativa vigente, que se encuentra disponible en nuestra web, la empresa socia está habilitada a registrar los incumplimientos de sus deudores. El registro de incumplimientos es gratuito: no supone un costo para el asociado. En suma, la información comercial que está a disposición de nuestros socios, se construye merced al espíritu solidario de nuestra gremial y propende a nuestro fin estatutario de defensa de los intereses colectivos, de prevención del fraude y de combate a la ineptitud comercial. En ese sentido, el Registro de Incumplimientos de LIDECO cumple una doble función: preventiva y disuasiva. Registrar incumplimientos tiene efectos positivos para todo el mercado: 1. Disuadir al deudor y motivarle para efectuar la cancelación de sus obligaciones 2. Advertir al resto de nuestros asociados sobre la existencia de antecedentes de incumplimiento 3. Prevenir el aumento de operaciones comerciales incumplidas 4. Aumentar las posibilidades de la plaza de realizar transacciones comerciales con seguridad 5. Poder avanzar en las gestiones de recupero apelando a la representación de LIDECO en la gestión de cobranza.-
Gestión del Riesgo
Las referencias comerciales y el riesgo reputacional: otro aporte colectivo a la construcción de la seguridad comercial El riesgo reputacional es un tema que interesa a todas las empresas: no existe organización indiferente a su proyección de imagen. Todas las organizaciones aspiran a tener una imagen positiva, sea que la cultiven mediante programas específicos o cuidando el impacto de su accionar cotidiano en el mercado y en el público en general. Asimismo, no existe organización que no necesite acceder a una composición de imagen y reputación de sus interlocutores comerciales. Entre otros, las referencias comerciales constituyen un importante aporte para la evaluación del riesgo de crédito.
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n el mundo comercial la confianza importa porque permite creer, “dar crédito”, operar en el marco de la buena fe. Es interés de cada empresa favorecer en el mercado una imagen confiable que facilite sus transacciones. No obstante, el tema no es ingenuo: desde LIDECO insistimos permanentemente en que la confianza en los negocios tiene un enorme sustento en el manejo de información comercial con fines preventivos del riesgo. Los datos comerciales empresariales, en su amplísimo espectro, son la vertiente tangible y objetiva que oficia como facilitador de la toma de decisiones de negocios, específicamente en lo que concierne al riesgo de crédito. Así como una empresa cuida su imagen y desea proyectar una imagen positiva, aspira también a relacionarse con entidades afines en cuanto a la confianza y seguridad que aportarán a su quehacer, sea que se trate de proveedores, clientes o interlocutores de otra índole. No está en discusión
que todas las empresas tienen derecho a decidir con información, porque los negocios implican de por sí la posibilidad de arriesgar patrimonio y a partir de allí incurrir en fenómenos en cadena poco deseables. Las empresas que no cuidan sus créditos con adecuadas acciones de prevención pueden ver afectada su imagen en cuanto al cuidado de los negocios y por ende de la seguridad del mercado. Las empresas cuidadosas de su patrimonio protegen sus créditos conociendo a sus interlocutores con la mayor y mejor información posible (de tipo cuantitativo y cualitativo). Los datos comerciales “objetivos o duros” (estados contables, existencia o no de incumplimientos, de cuentas corrientes sancionadas, de antecedentes concursales, etc.), no bastan ni excluyen a datos de tipo cualitativo que también contribuyen a la conformación de imagen necesaria para tomar decisiones. Un antecedente comercial es un dato ex post que cobra el rango de tal como resultado de un proceso |28|
que no siempre es perceptible. La gestación de lo que finalmente será un dato es lo que no siempre puede captarse sino hasta que llega a su desenlace. Encontrar las vías para captar los pequeños cambios imperceptibles antes de que se hagan tangibles hace parte también de la experticia empresarial, ya sea en cuanto a oportunidades de negocio como en lo que refiere a la prevención del riesgo. El conjunto de datos comerciales (objetivos y subjetivos) contribuye para que una empresa pueda evaluar el riesgo reputacional de la contraparte. La imagen de las empresas en el mercado o su reputación, es en parte un elemento intangible que precisa ser tangibilizado con responsabilidad y seriedad. La esencia de la gestión de riesgo es anticiparse a los hechos. Apelar para ello a la perspectiva de mercado que aporta la redlideco, amplificando el análisis tanto en cuanto a antecedentes constatados (que ya son hechos) como a referencias comerciales, que tienen un componente subjetivo objetivado, es un recurso
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útil para poder evaluar a el riesgo reputacional del interlocutor. Siempre, se quiera o no, existe una imagen positiva o negativa asociada a una empresa. Puede haber una imagen neutra, pero incluso esa imagen es en sí misma una información a considerar en la gestión del riesgo: “no lo conozco, ergo no opino, pero no obstante, me cuido hasta conocerlo y tener una imagen más cabal de su comportamiento en los negocios”. Cuando no se conoce a una organización, sea porque es nueva en el mercado, o porque se trata del inicio de una relación comercial, la práctica acude a la interconsulta, que determina que la suma de las subjetividades consultadas resulte en un dato más objetivo que cada subjetividad aislada. La subjetividad objetivada es el valor de las referencias comerciales que se colectan en forma sistemática a efectos de la prevención del riesgo de crédito, máxime cuando se recaban por parte de entidades serias y cuidadosas en cuanto al manejo de la información, como es el caso de LIDECO. Las referencias comerciales constituyen para el sector empresarial un importante capital reputacional. Por un lado, proteger los créditos procurando referencias comerciales de los interlocutores, es una actividad preventiva importante que contribuye a la imagen positiva de la empresa que consulta con fines preventivos. A su vez, el hecho de que una empresa cuente con una imagen positiva en el mercado, constituye también un ítem positivo para su acceso al crédito y la fluidez de sus negocios. En diversos de nuestros productos se incluye un capítulo de consulta de referencias comerciales, amén de que contamos con productos específicos cuyo principal componente es el chequeo de la conducta comercial de la empresa con sus interlocutores. En esta misma edición y sección se encuentra una descripción de los componentes de tales productos, entre ellos, los que concentran el foco en
las referencias comerciales. Cada vez que una empresa aporta una referencia comercial a LIDECO en su labor de elaboración de reportes de crédito, está contribuyendo a la sanidad del mercado, operando en forma transparente y sistemática, tal es el marco que ofrece LIDECO, institución que en sus casi 100 años nunca se ha hecho eco de rumores infundados ni ha puesto a disponibilidad información de fuente desconocida. Por el contrario: nuestra gremial siempre ha sido consultada cuando en la plaza corren versiones no claras respecto a la situación de diversas empresas, y también es fuente de destino de tales versiones, para que en su especialización asuma el fin de corroborar su veracidad.
Cada vez que una empresa aporta una referencia comercial a LIDECO en su labor de elaboración de reportes de crédito, está contribuyendo a la sanidad del mercado En el comunicado 03 de este año señalábamos el reconocimiento que nuestra gremial debe a sus socios y al empresariado también no socio, por construir una red de aporte de referencias: “Las empresas socias de LIDECO están nucleadas en esta gremial, a efectos de promover que existan las condiciones propicias para que los empresarios tomen decisiones autónomas en un marco razonable de seguridad. Por eso sostienen la infraestructura informativa y jurídica que respalda el accionar de las empresas en pos de que los negocios se realicen en forma ordenada y con los mejores respaldos documentarios, legales e informativos. (...). La defensa del derecho a decidir autónomamente no es un asunto individual, sino que se construye colectivamente. Las condiciones de mayor o menor transparencia del mercado de|29|
pende de muchos factores, pero el que cada uno puede controlar, es el de su propia decisión de ser un activo protagonista en la construcción de un mercado transparente, donde se tejan redes de datos cada vez más ágiles, fidedignas, confiables. Y eso requiere del aporte de todos quienes operan en la plaza comercial”. En suma, el honor que una empresa hace a sus obligaciones comerciales es un elemento clave que cualquier interlocutor comercial necesita conocer para evaluar la reputación de la empresa y la confianza que puede depositarse en ella. Datos objetivos y subjetivos componen el espectro de datos a considerar a tal fin. El aporte de referencias comerciales es vital para la objetivación de la conducta comercial de una empresa, teniendo además el valor de dato posiblemente anticipatorio de hechos aún no consumados. Sistematizar el aporte y la consulta de referencias a través de la labor de nuestra gremial transforma a esa tarea en un recurso preventivo clave para la transparencia del mercado.-
Concursales
Algunas consideraciones a casi seis años de aplicación de la normativa concursal Luego de un largo período de gestación, la ley 18387 conocida como Ley de Concursos y Reorganización Empresarial fue aprobada por el parlamento y promulgada en el mes de octubre de 2008, habiendo entrado en vigencia el 3 de noviembre de 2008. Estamos escribiendo estas reflexiones cuando aún no llegamos a 6 años de aplicación de dicho cuerpo normativo, con un universo de 249 empresas a las cuales se les ha aplicado esta normativa.
Dr. Fernando Cabrera Responsable Sector Jurídico LIDECO Docente de Derecho Concursal (Universidad de Montevideo) La importancia del rol de los síndicos e interventores La ley prevé la existencia de un registro de síndicos e interventores que tendrá 30 titulares y 30 suplentes (artículo 27), entre quienes los juzgados competentes podrán designar a quien desempeñe ese cargo, aunque la situación se flexibiliza para el caso de los juzgados del interior. A la fecha existe una lista definitiva elaborada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a tales efectos, aunque no se cumplen con todas las previsiones legalmente exigidas en cuanto a llevar un Registro de Síndi-
cos e Interventores en la cual se anote lo prescripto por el artículo 42 de la ley 18.387 entre las que se deben inscribir “El nombre y antecedentes personales y profesionales de todos aquellos profesionales universitarios que hubieran sido inscriptos, como titulares o como suplentes, en el Registro, así como las designaciones y ceses de síndicos e interventores...”, entre otras circunstancias. El cargo de síndico e interventor tiene importantes responsabilidades y su accionar resulta decisivo en el posterior desarrollo del trámite concursal. Es así que la doctrina ha hecho un relevamiento de una serie de tareas que están dispersas en todo el ordenamiento normativo, pero que se tratan de agrupar así: Leal representante: La ley prevé que tiene que cumplir con sus funciones “con la diligencia de un ordenado administrador y representante leal” (art. 32). En ese carácter representa a todos los acreedores que están comprendidos en la masa pasiva del concurso, pero también a los pequeños acreedores que no concurran a la junta de acreedores, por quienes |30|
está autorizado a representarlos a “los solos efectos de la consideración y votación de la propuesta de convenio” (art. 120). Ordenado administrador: También debe cumplir con su cargo con la diligencia de un “ordenado administrador” (art. 32). Se ha señalado que esto se trata un estándar jurídico como los que se aprecian en otras ramas del derecho como el buen padre de familia o buen hombre de negocios. En ese sentido, la ley prevé que en el caso del interventor, la actividad empresarial o societaria continúa bajo la dirección del deudor en “coadministración” con el interventor, pero en caso del síndico, la ley establece la administración exclusiva de los activos del concurso. En efecto: el artículo 46 numeral 2 dispone que solamente el síndico estará legitimado para realizar actos de administración y disposición sobre bienes y derechos que conforman la masa activa del concurso. Pero aún más: la ley en el artículo 75 impone que “deberán administrar la masa activa del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores”, o sea que no solo es un ordenado administrador, sino que tiene que hacerlo intentando de-
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jar satisfechos a los acreedores con su actuación. Informante exhaustivo: De la lectura sistemática de la ley surge la existencia de una gran cantidad de informes que son de cargo del síndico o el interventor, por ejemplo y citando sólo los más importantes, tiene que presentar un informe con una antelación mínima de 30 días antes de la celebración de la junta (art. 122), una lista de acreedores verificados y excluidos (art. 102), un inventario valorado de los activos (art. 77), un informe especial sobre la viabilidad del plan de continuidad (art. 142), el informe de la liquidación (art. 178) y un informe sobre los actos susceptibles de revocación (artículo 206). Conservador eficaz: El artículo 74 dispone que el “síndico deberá conservar los bienes y derechos que integran la masa activa del concursos”. En realidad esta tarea sólo compete al síndico y no al interventor pues requiere que exista suspensión de la legitimación del deudor, pero es una de las fundamentales actividades que tiene que desarrollar el síndico pues implica decidir entre la necesidad o no de controlar custodias que muchas veces suelen implicar altos costos para los acreedores o buscar otras alternativas más ventajosas. Entre ellas está la posibilidad de subastar inmediatamente los bienes de fácil deterioro o de costosa o difícil conservación. Hábil investigador: Se le comete al síndico una labor investigadora para lo cual “deberá realizar todos los actos necesarios para entrar en posesión de los libros legales y de los documentos relativos a la masa activa y a la actividad profesional o empresarial del deudor”. Esta labor es fundamental porque de lo contrario no podrá aportar novedades a su misión informativa y no tendrá éxito en la pretensión de reintegrar bienes a la masa o revocar actos (art. 81). Activo litigante: Existe una importante actividad judicial durante toda la duración del expediente ya sea sustituyendo al concursado o entablando
demandas contra los deudores del concurso renuentes al pago o entablando en forma diligente acciones contra socios y administradores de la sociedad concursada o denunciando ante la justicia penal los hechos y circunstancias que puedan configurar delitos. Vendedor eficiente: El artículo 74 prevé que el síndico puede vender los bienes de conservación dispendiosa o fácil deterioro, pero tiene que proponer al Tribunal la mejor “modalidad” para hacerlo. Pero además en la etapa de la venta de todos los bienes de la masa, debe ser un vendedor capacitado pues debe elevar una propuesta conteniendo las bases del pliego para la venta en bloque. De esta síntesis de sus funciones, ya se advierte la importancia que tiene que el juzgado designe un síndico o interventor altamente capacitado y calificado, con versación y respaldo en este tipo de actividades. Pero no sólo ello se requiere, sino también una estructura adecuada que le permita cumplir con verificaciones de créditos que la mayoría de las veces es muy engorrosa y requiere de varias personas destinadas a ese fin. Es por ello que muchas veces los juzgados especializados han recurrido a los servicios de Liga de Defensa Comercial por entender que la misma es una garantía de por sí para el cumplimiento responsable de las tareas encomendadas. Y esto también fue tomado en cuenta por el legislador que amplió a 10 el número de designaciones anuales que puede recibir (cuando en el caso del interventor o síndico que no sea entidad gremial o sociedad de profesionales se limita a 2).
El Carácter decisivo que asume la verificación de créditos La ley prevé un procedimiento de verificación de créditos que es largo, caro y engorroso, que ha demostrado en la práctica que perjudica a los |31|
acreedores y ayuda al deudor a licuar su pasivo. Aún así, los acreedores tienen la obligación de presentarse a ese procedimiento de verificación de créditos dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de declaración judicial de concurso, tal como lo prevé el artículo 94 de la ley. Están obligados a cumplir con esa exigencia todos los acreedores aún aquellos que sean titulares de créditos prendarios e hipotecarios y de acuerdo al artículo 100 están exceptuados de verificación los créditos reconocidos por sentencias o laudos arbitrales, pero que también deberán denunciar su crédito dentro del mismo plazo. Las consecuencias de la no verificación están previstas a texto expreso en el artículo 99: “Los acreedores, hubieran sido o no notificados por el síndico o el interventor, que no se hubieran presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar los mismos judicialmente y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la participación que les hubiere correspondido con los pagos ya realizados”. Los acreedores deberán presentar su solicitud de verificación indicando “la fecha, causa, cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos” y adjuntando los “documentos originales o medios de prueba que permitan acreditar la existencia de sus créditos”. Este procedimiento culmina con un informe del síndico o interventor indicando los créditos que se verifican indicando “respecto de cada crédito la fecha, causa, cuantía, vencimiento, garantías personales o reales, y calificación jurídica, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses” y además señalando “La nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de exclusión de cada uno de ellos”. Este informe queda de manifiesto y sobre el mismo los distintos acreedores pueden realizar sus observacio-
Concursales nes y oposiciones, lo cual dará lugar a un procedimiento que culmina con una resolución del juez. En síntesis, hemos constatado que este procedimiento por un lado encarece considerablemente el procedimiento cuando pone dobles comunicaciones a cargo del síndico, que debe comunicar a los acreedores primero la existencia del concurso y luego el resultado de la verificación; pero además hace que los acreedores no se presenten judicialmente a denunciar sus créditos. Las exigencias que se ponen de su cargo son elevadas, en especial para los pequeños acreedores que además de la pérdida de su crédito deben incurrir en gastos notariales y de honorarios de abogado para solo figurar en el listado de acreedores. La consecuencia directa y obvia es que son pocos los acreedores que se presentan a denunciar sus créditos y el deudor se beneficia con importantes reducciones de su pasivo, que no siempre van acompañadas con mejores fórmulas de pago para los acreedores verificados. Es por ello que entendemos que este procedimiento de verificación es necesario simplificarlo de modo tal que sea una garantías para los acreedores, pero sin poner barreras tan altas que signifiquen una merma de sus derecho.
Normas sobre competencia La ley 18.387 profundiza la especialización en la materia concursal, referida a dos Juzgados Letrados de Concursos que son competentes en “primera instancia en todos los procedimientos concursales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo”, pero la ley establece que: “también conocerán en los procedimientos concursales originados fuera del departamento de Montevideo cuyo pasivo sea superior a UI 35.000.000 (Unidades Indexadas treinta y cinco millones)”. En consecuencia, los procesos con-
cursales con pasivos inferiores a esa cantidad UI, que a la actual cotización (2,6184) significan alrededor de cuatro millones de dólares, siguen entendiendo los Juzgados Letrados del domicilio de la concursada. Esto nos lleva a reflexionar que el monto de la competencia de Montevideo para los trámites concursales de deudores domiciliados en el interior puede resultar elevado. En efecto: creemos que esa cifra debería abatirse considerablemente en pos de una mayor especialización en los distintos trámites concursales lo que sin dudas hará bien no solo a la figura concursal en sí, sino también a los distintas figuras del proceso (llámense acreedores o deudor) y será recibido con beneplácito por las propias sedes del interior. Proponemos que la cifra que marque el corte para determinar la centralización en materia de competencia sea de 3:000.000 de UI.
Sobre el “timing problem” o acceso tempestivo a las soluciones concursales
Mucho se ha hablado previo a la entrada en vigencia de la ley de la intención de que el deudor se presente en el momento donde aún el posible la reestructuración de la empresa y evitar la natural tendencia del deudor de dilatar la presentación a solicitar el amparo concursal. Para ello la ley cuenta con un sistema de premios y castigos para buscar que sea el propio deudor que solicite su concurso voluntario cuando tiene más activos que pasivos. Uno de los incentivos que establece la ley para el acreedor es un privilegio que concede a quien inste el proceso concursal de su deudor. De esta manera, el deudor que no se presente voluntariamente tiene siempre latente la posibilidad que un acreedor le solicite el concurso necesario. Analizando los números de las distintas presentaciones concursales desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 1º de julio de 2014, surge que se han promovido 249 procesos concursales, de los cuales 170 han |32|
sido voluntarios y 79 necesarios.
La abreviación de los plazos de los procedimientos concursales Una de las ideas de la ley y así surge de la propia exposición de motivos era acortar los plazos de tramitación de este tipo de procedimientos. Quienes nos desempeñamos profesionalmente bajo el régimen legal anterior éramos plenamente conocedores que los plazos de tramitación eran absolutamente excesivos y ridículos. Largos años de trámites de expedientes de grandes dimensiones que culminaban luego de haber realizado un periplo judicial con un escaso resultado para los acreedores. Eso fue justamente lo se planteó evitar esta norma. Que se perdiera la menor riqueza posible y se llegara a soluciones en plazos razonables. A esta altura de la aplicación de la norma podemos decir que los plazos se han acortado notablemente y que si en algunos casos – en especial en el interior del país - hay plazos que resultan excesivos, en general puede decirse que ese objetivo se ha cumplido. Sigue siendo un punto a mejorar la duración de los procesos de verificación de créditos, donde en algunos casos en el interior del país se registran procesos de más de 300 días lo que resulta un verdadero exceso. Y esto no se ha registrado en uno o dos trámites, sino que es más reiterado de lo que sería deseable. Esta demora hace además que se dificulte la realización de la junta de acreedores por cuanto al no haber una lista definitiva los juzgados tienen jurisprudencia constante de suspender las audiencias por esa causa, aún cuando a texto expreso el artículo 94 prevé que “La no finalización de la verificación de los créditos, en ningún caso será causal de suspensión de la Junta de Acreedores”. Esto tiene como consecuencia directa que las juntas de acreedores se
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estén celebrando en algunos casos en plazos que superan largamente los 180 días que prevé la ley como plazo máximo de celebración de la junta de acreedores, lo que en definitiva tiene como consecuencia la demora en la tramitación de todo el proceso concursal.
bien es necesario abatirlos aún más y para ello es necesaria alguna pequeña reforma en el proceso de verificación de créditos, considero que se ha avanzado mucho y se está cumpliendo con el objetivo trazado en la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma concursal.
pa previa a la celebración de la junta de acreedores. Siguen existiendo las dos modalidades de acuerdo en junta de acreedores o la alternativa de presentar el documento ya con las adhesiones en forma previa a la junta de acreedores (el antiguo viejo extrajudicial).
Dentro de los grandes avances que vemos en materia de plazos con la aplicación de esta ley, encontramos el hecho que se llega a etapas de “liquidación de la masa activa” en plazos muy menores a los que se verificaban con la legislación anterior. En efecto: el promedio hoy día es de 264 días para llegar al decreto de apertura de liquidación.
Falta de soluciones extrajudiciales
Una vez precluida esta etapa, ya no será posible acordar, ni aún con el consentimiento de la mayoría de acreedores.
En el régimen ya derogado el solo trámite de un concordato implicaba una moratoria de por lo menos un año, con posibilidades de prórroga (aunque excepcional decía la ley); pero que en los hechos se volvía cuasi eterna y no podíamos pensar en un trámite de concordato por lo menos menor a un año y medio (salvo muy contadas excepciones). Aún más, en aquellos casos que con la vigencia de la nueva norma se ha podido llegar a concluir un expediente, ya fuere por suspensión o conclusión del concurso, estamos hablando en promedio de 290 días desde el día de la admisión del concurso. Este es un plazo excepcional comparándolo con las experiencias del viejo régimen. En síntesis, en materia de plazos, si
Uno de los grandes avances que tenía la legislación concursal derogada era el llamado “concordato privado” el cual permitía llegar a un acuerdo obligatorio para todos los acreedores sin necesidad de pasar por un juzgado para su homologación (en caso que no hubiera oposiciones). Este mecanismo antes era aplicable en todo el proceso concursal, sin restricción alguna sobre el momento de presentación del acuerdo. Liga de Defensa Comercial sugirió e impulsó la inclusión en la norma aprobada del llamado “Acuerdo Privado de Reorganización” el cual finalmente fue incluido en el texto aprobado, aunque con una modificación que surgió en la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes que circunscribía este instituto a “Antes de la declaración judicial de concurso el deudor” (art. 214). Esa restricción dejó limitada la posibilidad de acuerdo del deudor con sus acreedores únicamente a la eta-
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Considero que sería bueno repensar esa alternativa y en lo personal entiendo que no es buena la restricción del Acuerdo Privado de Reorganización y sería altamente beneficioso que se pueda presentar el acuerdo en cualquier etapa del procedimiento.
Conclusiones Atento a las reflexiones realizadas en el presente artículo, consideramos que la ley introdujo mejoras considerables referidas a los plazos de las distintas etapas procesales si lo comparamos con las soluciones consagradas en el viejo Código de Comercio y la ley 2.230. En efecto: quienes desarrollamos la profesión con el anterior cuerpo normativo, estábamos acostumbrados a largos e improductivos procesos concursales, donde todos perdían. En función de esta ley, como ya se señaló, los plazos se abreviaron mucho y es posible llegar a soluciones de venta en bloque o remate en términos muchos más razonables.-
Concursales
Se confirma cambio de paradigma concursal En el presente artículo, el autor analiza dos sentencias que dan cuenta de lo que se constata como un cambio instalado en cuanto a la coherencia de los juzgados concursales a la hora de exigir la agregación de todos los recaudos que deben acompañar a las propuestas de convenio, ya sean presentadas para su votación en la Junta de Acreedores, o con las adhesiones extrajudiciales ya conseguidas, conforme las disposiciones de la Ley de Concursos. LIDECO se congratula de ese hecho y continúa atenta a que se honre el instituto concursal acorde a la normativa vigente.
Dr. Daniel Martínez VigilI Sector Jurídico LIDECO Profesor Aspirante Cátedra Derecho Concursal (Universidad de Montevideo)
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e ha configurado un cambio en la posición de los juzgados concursales, reconociendo la necesidad de exigir documentación que respalde las propuestas de convenio, en especial, el “plan de continuación”. En el anterior número de nuestra Revista Institucional (n° 156 de diciembre 2013, pág. 30) reseñábamos la novedosa sentencia que había sido dictada por el Juzgado Letrado de Concursos de 2º turno, el cual tuvo por no aprobado un convenio presentado en forma extrajudicial, a través de la modalidad prevista en el artículo 163 de la Ley 18.387i. Asimismo, exhortábamos a que se profundizara el cambio que se avecinaba, exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Concursos, el que dispone la obligación del Juez de decretar la
“Liquidación de la masa activa del concurso”, en los casos de falta de presentación, falta de aceptación de la misma por parte de los acreedores (no logra las mayorías en la Junta, o no adhieren extrajudicialmente), o falta de aprobación judicial (como fuera el caso reseñado). Con posterioridad a la publicación de la edición 156 de nuestra Revista Institucional, misma situación se planteó en el Juzgado Letrado de Concursos de primer turnoii, en el cual se presentó una fórmula de pagos mediante la modalidad del artículo 163 sin ningún otro recaudo (la perla del collar fue que ni siquiera se encontraba firmada por el deudor), pero en particular, no se acompañaba el plan de continuación y financiamiento. Formuladas las oposiciones por parte de Liga de Defensa Comercial en representación de sus asociados, acreedores en el concurso, en primera instancia la Sede resolvió mantener la aprobación del convenio presentadoiii y, producto del recurso de apelación interpuesto, franquear al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º turno (competente en todas las alzadas concursales), para que resolviera en segunda instancia. En su mérito, el TAC 2º resolvió: “CONSIDERANDO: I) Que el Tribunal con el voto unánime de sus |34|
miembros naturales habrá de revocar la sentencia interlocutoria objeto de impugnación por ser los agravios de recibo. II) En tal sentido cabe resaltar en primer término que el art. 163 de la ley 18.387 no excluye y menos aún dispone que el convenio presentado no deba cumplir con las exigencias de todo convenio esto es con los requisitos determinados en el art. 138 y 139 del mencionado cuerpo normativo. En ese orden como expresa el Dr. Camilo Martínez Blanco: ‘Entendemos que esta propuesta por más que contenga las adhesiones extrajudiciales, deberá también estar acompañada del plan de continuación (con el cuadro de financiamiento respectivo). Tampoco se puede obviar “el informe especial sobre la viabilidad del plan de continuación o liquidación privada que el art. 142 pone a cargo del Sindico o Interventor. Por un mínimo principio de continencia y economía procesal este informe especial deberá presentarse acerca de la obtención de porcentajes de adhesión que habilite al procedimiento del inciso final del art 163... si bien la Ley 18.387 no lo dice a texto expreso es de prever que antes del Juez adoptar una resolución tan importante como es la suspensión de la Junta cuenta con el doble informe del síndico o interventor (el especial sobre la viabilidad de la propuesta, y el ilustrativo a la Sede sobre el grado de adhesión extrajudicial lograda)’, Cfm. Martínez
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Blanco Camilo Manual de Derecho Concursal Pág. 358). Asimismo como expresa con claridad meridiana el Dr. Daniel Martínez Vigil: “no exigir el cumplimiento de los requisitos generales previstos para todo convenio en el caso de la modalidad del art. 163 implica dar carta libre al concursado a presentar cualquier tipo de acuerdo sin limitación alguna, sin control de parte de la Sindicatura o Intervención y fundamentalmente un claro perjuicio a la masa pasiva del concurso en particular de los no adherentes. Por lo tanto interpretando armónicamente la Ley de concursos jamás podría entenderse que un convenio presentado bajo la modalidad de adhesiones, sin ningún otro recaudo se ajusta a derecho’. (Cfm Martínez Vigil Daniel, ‘¿Hecha la ley... ¿hecha la trampa? Documentación que debe acompañar a la propuesta concursal en las distintas modalidades de convenio’, en: ‘Estudios de derecho concursal uruguayo’, Tomo I Pág. 167). No debemos perder de vista que: ‘La importancia del plan, sobre todo en el caso de continuación es la necesidad que el mismo incluye un plan de financiamiento según los términos de la ley - del cual surja de donde se obtendrán los fondos para el pago del convenio, así como la continuación de la actividad (recordemos la empresa no cerrará y por lo tanto continuará generando obligaciones que deberán pagarse a medida que venzan ya que no están amparados por el concurso. En de-
finitiva se exige al concursado que demuestre de dónde obtendrá los fondos para la superación de la situación de insolvencia y qué costo tendrá la misma. Ello deberá estar afianzado técnica y contablemente, analizando los flujos de fondos que se esperan obtener los porcentajes de los mismos se va destinar al convenio teniendo presente además que merece particular situación el caso de los acreedores con privilegio especial’ (Cfm. Martínez Vigil Daniel, ¿Hecha la ley... ¿hecha la trampa? Documentación que debe acompañar a la propuesta concursal en las distintas modalidades de convenio’, en: ‘Estudios de derecho concursal uruguayo’, Tomo I Pág. 164). La interpretación del art. 163 no puede realizarse en forma aislada, como lo hace la juez a-quo sin considerar los principios del Derecho Concursal, los objetivos del mismo, y que la norma se halla inserta en un sistema que regula la materia concursal. Por consiguiente no habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por el art. 138 de la Ley 18.387 corresponde revocar la sentencia interlocutoria objeto de impugnación disponiendo se cumpla en forma con lo exigido por la mencionada norma. (...). En virtud de lo expuesto y de lo que disponen los arts. 688 del CC, la Ley 18387, EL TRIBUNAL RESUELVE: Revocase la sentencia interlocutoria objeto de impugnación y en su mérito cumpla el concursado con la totalidad de los requisitos del art. 138 de
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la Ley 18.387 en forma. Sin especial condenación en el grado”. Hemos constatado que tras este pronunciamiento, ambos Juzgados Concursales exigen la agregación de todos los recaudos que deben acompañarse a las propuestas de convenio, ya sean presentadas para su votación en la Junta de Acreedores, o con las adhesiones extrajudiciales ya conseguidas, conforme las disposiciones de la Ley de Concursos, posición que compartimos y de la cual nos congratulamos.-
“Artículo 163. (Presentación del convenio). Antes de la celebración de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto. Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario contar con adhesiones a la misma de acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.
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En este caso, luego de haber recaído aprobación judicial de la lista de acreedores, el Juez dispondrá la suspensión de la Junta y abrirá plazo de oposición para la aprobación del convenio”. II Autos caratulados: “CLONOR S.A. - Concurso Voluntario”, I.U.E.: 2-11312/2012. III Decreto 2116/2013, en autos caratulados: “LIGA DE DEFENSA COMERCIAL en autos: ‘CLONOR S.A. Concurso Voluntario’, Oposición al Acuerdo”, I.U.E.: 40-12/2013
Concursales
Asuntos Concursales: breve retrospectiva a cinco años Aumentan los concursos necesarios
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on 21 las empresas que han presentado concursos desde enero al cierre de junio de 2014. En el primer semestre del año pasado fueron 20. La primera característica que llama la atención es el peso del sector construcción sobre el total de los rubros que se registran: conforma el 24%. Le sigue el sector transporte y reparaciones automotrices con un 19%. Las demás empresas corresponden a rubros diversos, entre los que se cuenta imprenta, vestimenta, agroindustria, administración de propiedades, reparación de automóviles, transporte aéreo, recolección de residuos industriales, venta de alimentos
y bebidas, educación. La segunda característica que llama la atención, es la paridad entre la cantidad de concursos necesarios y la cantidad de concursos voluntarios: 9 y 12 respectivamente, es decir, 43% fueron concursos necesarios, y 57% fueron voluntarios. Si comparamos el mismo semestre en años anteriores, en 2013, si bien se presentó un número mayor de empresas (28), no se observó una participación predominante de ningún sector de actividad. Fueron 20 (71%) los concursos voluntarios, y 8 los necesarios (29%). En el mismo semestre del año 2012,
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podemos observar también diversidad de rubros en las presentaciones concursales, y un número similar de empresas presentadas: fueron 28, siendo el 57% concursos voluntarios, y el 43% necesarios. En el primer semestre de 2011 los concursos fueron 20, donde 3 concursos fueron necesarios (15%), y 17 voluntarios (85%). Llegamos a los meses de enero a junio de 2010 y encontramos 17 concursos, 14 de los cuales fueron voluntarios (82%) y 3 necesarios (18%). Finalmente, llegando en la retrospectiva hasta el primer semestre de
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2009, encontramos 11 presentaciones, de las cuales 10 fueron concursos voluntarios (91%) y 1 necesario (9%). Parece lógico pensar que, transcurrido un tiempo prudencial desde la reforma concursal de 2008, se haya logrado un nivel de madurez en el manejo y comprensión de la ley, lo cual habría promovido la iniciativa de los acreedores para solicitar los concursos. Sobre todo considerando que tal solicitud genera el privilegio del cobro del 50% de su crédito (siempre que el mismo no supere el 10% de la masa
pasiva, numeral 3 del art. 110 de la ley 18.387). Desde una posición diferente pero también respondiendo a la maduración de las cosas arriba comentada, LIDECO ha solicitado más concursos de empresas en los casos en que ha tomado conocimiento de indicadores de dificultades en relación a los activos de la empresa, presunción de insolvencia, deudas impagas de larga data, o conocimiento de que los titulares abandonan la plaza, entre otros posibles hechos. Cabe comentar que, la mayor cantidad de concursos se presenta en Montevideo, ya sea por la localización de la empresa o por la asignación de la competencia a los Juzgados especializados de Concursos, para asuntos con pasivos superiores a UI 35.000.000. Los socios de LIDECO pueden conocer si las empresas con las que hacen negocios tienen antecedentes concursales, consultando
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los distintos reportes de información disponibles en nuestra redlideco (www.lideco.com), solicitando el Monitor LIDECO que revisa retrospectiva y masivamente la cantidad de empresas (RUTs) que el socio desee
Los socios de LIDECO pueden conocer si las empresas con las que hacen negocios tienen antecedentes concursales, consultando los distintos reportes de información disponibles en nuestra redlideco (www.lideco.com) chequear, o suscribiendo al Servicio de Alerta al Socio, que facilita a las empresas a acceder con celeridad al conocimiento de los antecedentes que pueden permitir anticipar la posibilidad de riesgos comerciales.-
De interés
Una pareja que trabaja a largo plazo: ética y negocios
Los hombres de empresa deberían incluir necesariamente como parte de su tarea gerencial o administrativa, la de explicitar valores y fomentar proactivamente la reflexión ética a efectos de que las personas y equipos sean capaces de dar razón moral de sus decisiones y acciones. Evitar el deterioro moral de los sistemas empresariales previene del deterioro social correlativo. Desafío no menor, máxime considerando las crisis empresariales vividas y la intención de evitar nuevas. Sobre crisis económicas y de valores
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n términos ideales, no debería ser cuestión a demostrar, el hecho de que hacer las cosas bien debiera llevar a mejor puerto que hacerlas mal. El mismo hecho de definir qué es hacer las cosas bien supone ya en sí todo un debate, del cual puede esperarse si no la ausencia de intereses encontrados, al menos el ya fructífero resultado de explicitar las razones y criterios por las cuales para cada quien, determinadas conductas son deseables a otras en términos de va-
lores, principios, normas y juicios morales o éticos. Tales son los niveles del discurso ético. La ocurrencia de crisis o catástrofessuelen ser factores disparadores de reflexiones sobre la ética, la moral, la responsabilidad humana. Son diversos los autores que hacen referencia a las crisis morales para dar cuenta del sustrato de las crisis económicas o hasta de las catástrofes debidas al cambio climático. En efecto, solo para citar un ejemplo, en entrevista dada a Infobae América, Alejandro Melamed (Doctor en Ciencias Económicas, Argentina) plantea que las catástrofes económicas que en los últimos años se han observado en los países de|38|
sarrollados, ponen en evidencia que la ética es un factor necesario para el desarrollo de buenos negocios, expresando incluso que la ética debería conducir la economía 1. Con relación a la catástrofe económica de 2008 el mismo autor afirmaba: “Las empresas funcionaban según una serie de paradigmas, y de pronto sufrimos una crisis financiera que llevó a una crisis económica que a su vez llevó una crisis social. ¿De pronto? No lo creo. Creo en cambio que previamente sufrimos una crisis ética, y que esa crisis ética impulsó todo lo que siguió. Muchos ejecutivos de grandes compañías, con muy
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altas calificaciones técnicas pero con muy bajas calificaciones morales, lucraron para sí sin tomar conciencia del impacto que sus actos tenían en la sociedad. Los hombres dejan huellas en las organizaciones. Y a veces dejan heridas. Reconstruir el daño provocado llevará mucho”. Y agrega: “La crisis del 2008 dejó una lección: debemos revisar los valores éticos, la integridad de nuestros negocios” 2.
El riesgo del deterioro progresivo e imperceptible En las palabras de Melamed está implícita la idea del deterioro progresivo corroyendo lentamente las condiciones de estabilidad. Se trata de un proceso de sucesivos actos pequeños que se realimentan a sí mismos generando más movimiento en la misma dirección, en este caso, perjudicial. Peter Senge explica claramente esta idea en su obra 3, cuando alerta que nuestro sistema de pensamiento y nuestra percepción no está preparada sino para reaccionar ante amenazas evidentes, lo cual determina cierta miopía cuando de captar la realimentación continua y acumulativa en sus efectos, que existe entre los actos y sus consecuencias, para bien o para mal. Cuando los problemas se hacen perceptibles, dice el autor, ya es tarde para reaccionar. La parábola de la rana hervida es citada para ilustrar lo anterior: una ranita puesta en agua hirviendo hubiera saltado
rápidamente procurando huir del calor. Ahora bien: una ranita puesta en agua tibia, la cual va aumentando de temperatura lentamente, termina padeciendo un sopor tonto que obstaculiza sus intentos por salir del recipiente con agua hirviendo cuando su organismo comienza a sentir el malestar. El progresivo calor ha deteriorado su capacidad de respuesta. Esta misma dinámica es la que Senge advierte como nociva a la hora de comprender la realidad. Porque impide tomar conciencia de la responsabilidad por los efectos nocivos que en apariencia “se padecen” pasivamente, y porque impide también tomar conciencia de la interconexión entre todas las variables que hacen a nuestra realidad, que no está formada por hechos aislados sino por hechos que forma parte de un mismo sistema. Comprender que los sistemas sociales y económicos son precisamente partes interrelacionadas que ejercen entre sí una influencia recíproca para bien o para mal, las más de las veces en forma gradual, y de maneras no evidentes (pueden generarse efectos en tiempos lejanos y en espacios lejanos con respecto a los actos originarios), es para el autor una responsabilidad que los líderes y directores de empresas deberían asumir si pretenden mantener sus organizaciones vivas y competitivas en el tiempo. La lucha entre la tentación cortoplacista y la necesaria y estratégica perspectiva de largo plazo constituye un leit motiv en la obra del autor menciona-
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do, el cual advierte de los peligros derivados de la incapacidad para generar realidades positivas y asumir siempre acciones reactivas, las cuales llegan muchas veces en forma tardía en cuanto a la capacidad de cambio de quienes las emprenden. Estas reflexiones aplican respecto a cualquier dimensión de la realidad humana, y por ende al lugar que la ética y la moral tienen en los negocios, siendo que no son necesarias grandes estafas para poder afirmar que decisiones reñidas con la ética pueden generar repercusiones negativas en el interés del común de la sociedad. Desde el momento en que nuestra conducta involucra y afecta a terceros, no podemos soslayar la reflexión de los efectos que la misma ejercen sobre aquellos, llámense trabajadores, empresarios, mercado, o sociedad, etc.
La ética como saber filosófico La Ética como sustantivo, en tanto saber o reflexión filosófica, ofrece un marco de referencia que abarca en forma genérica a todos los ámbitos de acción de la vida humana. No puede existir una ética para la vida personal, otra para la medicina y una distinta para los negocios y así sucesivamente. Existe una ética de la interacción humana que oficia como criterio general de orientación de la conducta ante
De interés las situaciones que nos enfrentan a dilemas éticos en los que es preciso decidir por un camino donde se plantean opciones que en principio presentan contraposición de valores. La Ética en tanto criterio general de orientación de la conducta, se ocupa del “deber ser” del hombre como individuo que forma parte de una comunidad. Como cuerpo de conocimiento, la Ética reflexiona sobre lo que debe ser la conducta responsable del hombre para alcanzar lo bueno y evitar lo malo. Es así que, en tanto individuos responsables, nos vemos conminados a ejercer nuestra libertad para decidir entre lo uno y lo otro. Qué es lo bueno, qué es lo malo, y para quiénes algo es bueno o malo, son cuestiones cargadas de polémica. Lo que es claro es que tales definiciones no pueden ser, en este marco, caprichosas, sino emergentes de un sistema de principios y valores que ordenen la reflexión de cara a evitar y eliminar la arbitrariedad de las decisiones y de los ejercicios de poder. Una reflexión ética se mueve buscando el equilibrio entre la necesidad de proteger la dignidad individual de las personas a la vez que proteger el bien común, y por eso dispone de un sistema ordenado de valores, principios y normas que orientan al pensamiento. Ese sistema, desde una perspectiva personalista, plantea como valor supremo a la persona humana, tomada como fin y nunca como medio. Debe tenderse por tanto a su máxima realización y humanización. En un segundo nivel plantea tres principios básicos: el de beneficencia o no daño, el de autonomía o derecho a autodirigir la propia conducta en los intereses no perjudiciales a terceros, el de justicia o bien común. En el tercer nivel plantea tres normas éticas básicas: la de la confidencialidad o respeto de la información que no nos es propia (subordinado esto al principio de beneficencia), la de la veracidad (como condición para la realización de la autonomía, y como
norma subordinada también al principio de beneficencia), y la de la fidelidad (entendida como premisa básica para la convivencia: las promesas se cumplen so riesgo de afectar el bien y la autonomía de nuestros pares.
La ética y la rentabilidad del mercado En el marco arriba expuesto, el accionar ético de la empresa debería procurar generar en el mercado las condiciones para la máxima realización y humanización de las personas. Todos los agentes que impactan en la economía y el mercado, o que sufren las condiciones de la economía y del mercado, tienen cuota de responsabilidad en cuanto a la generación de las condiciones que permiten una prosperidad sostenida o no. En el término agentes están comprendidas las empresas, los empresarios que las dirigen, los administradores, los trabajadores, los sindicatos, el gobierno, las gremiales empresariales, etc. Cada uno con su cuota y nivel de responsabilidad en cada caso concreto. Un mercado regido por principios y normas compartidas por todas las partes - más allá del aspecto jurídico de la regulación de la conducta – favorece el clima de seguridad imprescindible para favorecer la inversión y la disposición de las empresas a asumir riesgos razonables. Aporta a la acción, cierta previsibilidad sin la cual sería impensable el mundo de los negocios, donde obviamente se procura la rentabilidad. Melamed sostiene que la conducta ética favorece la rentabilidad: “Hemos comprobado que el contexto no es excusa para el abordaje ético. Se ve en los resultados. (…) Las empresas éticas logran resultados de negocios superiores y sostenibles sin que ello implique impactar negativamente en la gente. Se ganan el respeto. Y el respeto es más que el éxito: es algo que se forja con el tiempo” 4. Nada menos que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz 5 plantea la necesidad de fomentar la responsa|40|
bilidad moral de las corporaciones, lo cual además, a su criterio, debería acompañarse de la promoción de las normas legales que protejan al mercado de la competencia desleal y de los impactos negativos de las corporaciones en la sociedad. Estos y otros autores que abordan esta dimensión ética de las relaciones comerciales y económicas, enuncian que las empresas deben ser además de competitivas, responsables en sus decisiones. Sobre la imposibilidad de separar la ética de los negocios, Joaquín Guzmán Cuevas afirma que, “El proceso de separación entre el ámbito de lo ético y de lo económico, desde la época de los inmediatos discípulos de Adam Smith, ha propiciado la configuración de una ciencia económica que ha obviado sus principios axiológicos. Sin embargo, ello no quiere decir que estos principios no estén presentes en todas las facetas de la elaboración económica. Tanto en la vertiente positiva como normativa de la economía como ciencia, existen unos ethos que el economista debe conocer en aras a perseguir una idea determinada de justicia” 6. Citando a Stiglitz, el mismo autor agrega que “el interés personal y el paradigma del mercado no sólo fracasaron en lograr resultados eficientes, sino que, aún cuando estos se producen, no coinciden con la justicia”.7 Se quiera o no, de una forma o de otra, la ciencia de la administración y la economía aplicada a los negocios nunca puede ser aséptica con respecto a valores, principios y normas. Porque la realidad humana antecede en dignidad a cualquier conocimiento y si la vida y la persona humana se consideran como valor supremo a ser respetado en su dignidad, resulta que nada que afecte la vida humana puede obviar ese cuidado tan fundamental. Las ideas y convicciones implícitas en todas las acciones de negocios y del comercio conllevan de hecho una dimensión moral o ética que, declarada o no, decantará por sus consecuencias. Pero es deber del hombre
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responsable velar anticipadamente porque las consecuencias de las acciones de negocios y del comercio prevean resultados moral y éticamente aceptables.
Los negocios como actividad humana y ética Si antes se dijo que no existe una ética individual sino que la ética es por definición una ética de la interacción humana, entonces está implícito que la ética aplica para todas las actividades desarrolladas por el hombre. No es posible eliminar la dimensión ética de ninguna rama del conocimiento, ni de ninguna actividad o profesión. Los negocios, las finanzas, y las ciencias asociadas a ellos, son fragmentos de la realidad toda, segmentada solo a efectos de facilitar su aprehensión, pero conectada a todos los demás aspectos de la realidad humana. Nuestro pensamiento analítico nos ha creado la ilusión de desconexión entre las cosas: se hace necesario trabajar la conciencia de la interconexión y la influencia recíproca de todos los ámbitos de acción y de todas las perspectivas de conocimiento y aproximación a la realidad. No sería posible la vida comercial si no existiera en la mayoría de los negocios, un comportamiento moral y ético. De hecho, no sería viable un
mercado en el que nadie cumpliera los contratos. Explicitar y declarar el marco de referencia que pre existe a las acciones que desde cualquier ámbito se emprenden, permite prever y alinear conductas. Un mercado que comparte lineamientos éticos es un mercado previsible y seguro. Si un objetivo tiene la reflexión ética es el de eliminar la arbitrariedad de las relaciones y la convivencia humana. Para ello debe recorrer en forma fundamentada el proceso de decisión previo a cualquier conducta. El proceso debe ser sopesado en su coherencia formal dentro del propio sistema de referencia. Se debe atender las consecuencias de bien y de mal que se derivarán de la conducta resultante del proceso de decisión.
Sobre reflexiones saludables La reflexión ética es o debería ser un mandato implícito en la tarea de dirigir organizaciones. Porque del éxito o no éxito de las organizaciones se derivan consecuencias que trascienden en mucho a estas últimas, sin contar las consecuencias que recaen sobre el personal y miembros de la propia empresa. Todo empresario debería promover en su empresa, que las personas sean capaces de dar razones no ar-
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bitrarias respecto de las decisiones tomadas, asumiendo entonces con responsabilidad sus consecuencias. La vida de la empresa, consiste en definitiva en una sucesión de decisiones prácticas y cotidianas, entre una serie de alternativas, siendo el desafío que la empresa cuente con la capacidad siempre de, optar por aquella de la cual se deriven siempre consecuencias de bien para todos, o en el peor de los casos, se minimicen las consecuencias perjudiciales que pudieran sucederse en caso de ser inevitables. Lo ideales morales dan dirección y orientación para la conducta moral en el largo plazo. Reflexionar sobre los aspectos éticos de la vida empresarial es una práctica saludable para los agentes económicos y actores sociales. Habituarse a reflexionar sobre por qué, para qué y cómo hacer las cosas, no es tarea sencilla ni libre de polémicas, no obstante, es tarea necesaria e insoslayable.1- Melamed, Alejandro. Empresas más humanas, Ed. Planeta, Buenos Aires 2- http://www.infobae.com/2010/10/15/1011674-las-empresas-eticas-logran-resultados-negocios-superioresy-sostenibles 3- Senge, Peter. La Quinta Disciplina, el arte y la práctica de una organización abierta al aprendizaje. Granica, Barcelona, 1992. 4- http://www.infobae.com/2010/10/15/1011674-las-empresas-eticas-logran-resultados-negocios-superioresy-sostenibles 5- Stiglitz, Joseph. Cómo hacer que funcione la globalización. Buenos Aires, Taurus, 2006 6- http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_823_1127__42DDD92BC2E9667442A976F3402FC7BA.pdf pág 12 7- Id. ant. pág 13
De interés
Valores, principios y normas morales en la práctica comercial Nunca está de más generar un espacio para la reflexión ética. Muchas son las voces que plantean que detrás de las crisis económicas hay crisis de valores que deben ser subsanados en sus fundamentos. Como gremial promotora de la competencia leal y de la transparencia en el mercado, está sobreentendido el sentido de realizar la invitación a considerar estos temas como parte de la dinámica cotidiana del comercio, el cual implica dos dimensiones inseparables: la de las personas y la de los colectivos que conforman.
Ps. Claudia Fernández
PG Marketing PG Recursos Humanos Responsable Marketing LIDECO La ética y la dimensión social de la realización humana La vida social o comunitaria requiere de una dimensión moral que considere a sus integrantes como fines en sí mismos con independencia de su condición y realidad. La vida comercial está obviamente comprendida en este requerimiento. En la definición de Ética como saber filosófico, está implícito que el sistema de valores que se adopta es supremo y universal. Supremo, porque los valores una vez que se aceptan como tales no se discuten. Universal, porque la racionalidad ética, cuando fundamenta una acción, lo hace sobre la base de que debe aplicarse de forma igual en igualdad de condicio-
nes, y no busca el bien del individuo con prescindencia de su dimensión social: busca el bien común. Este último además, se subordina a la premisa de que todas las personas deben ser consideradas fines en sí mismas y no medios para otros fines, por lo que el bien común supone el bien de todos y no de algunos.
amplificada por el hecho de que esos límites, son los que permiten la superación del hombre trascedente y consciente de su trascendencia, que aprende a vivir y respetar a sus iguales en sus derechos, los cuales son prima fascie los mismos que los propios, asumiendo como base la igualdad de oportunidades.
Partiendo del valor supremo (la persona humana tomada como fin y nunca como medio) la Ética sistematiza en forma racional y coherente (no contradictoria) un cuerpo armónico de valores, principios y normas que permiten que el valor supremo se realice.
Como seres sociales nos corresponden derechos, deberes y obligaciones. La sociedad además prevé sistemas de regulación y sanción para asegurar la convivencia armónica y alcanzar el bien.
Esta sistematización aplica para todos los ámbitos de la interacción humana, y convoca a reflexionar más allá de las acciones que se viven de hecho para avanzar a las acciones “elegidas como rectas de acuerdo con el mundo de valores permanente del individuo”I. Ésta es una condición fundamental de la experiencia ética, que supone optar libremente por la alternativa que se considera mejor para alcanzar lo bueno, realizar lo correcto, perfeccionar la dignidad. Ligado a ello está el concepto de libertad, limitada y simultáneamente |42|
Se entiende entonces por Ética “la disciplina filosófica que reflexiona de forma sistemática y metódica sobre el sentido, validez y licitud (bondad – maldad) de los actos humanos individuales y sociales en la historia”II. Los criterios de discernimiento se aplican con el objetivo de responder a la pregunta de cómo tiene que comportarse el hombre para poder realizarse y permitir la realización de otros. Esta finalidad última (promover la realización del ser humano), requiere eliminar la arbitrariedad en las relaciones interpersonales y en la convivencia. Las conductas deben poder justificarse en forma racional y no caprichosa. Cuando los actos se analizan a la luz
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de la Ética, no se analizan para valorar una experiencia subjetiva sino para evaluar “la objetividad de las acciones humanas en la convivencia. (…). La Ética no busca ver si para un sujeto está bien matar y para otro está bien dejar vivir, sino que busca justificar racionalmente si puede considerarse bueno para todo ser humano (criterio universal ético) el deber de dejar vivir o de matar. La Ética se ocupa pues de encontrar las convergencias axiológicas racionalmente justificables para todo ser humano. (…). Como dicen Beauchamp y McCullogh, tanto la Ética como la Moral son una institución (…), porque se trata de la dimensión práxica reflexiva de una sociedad que considera fundamental eliminar al arbitrariedad de
Actuar en forma ética supone la posibilidad y la obligación de elegir lo recto entre las alternativas de conducta posibles. las relaciones humanas y la tendencia al deterioro que se da en ciertas circunstancias cuando el hombre se deja llevar por las simpatías o afinida-
des humanas. (…) El intento siempre será el de evitar la arbitrariedad. En ese sentido, la función del ético es la de ser testigo crítico de las prácticas profesionales arbitrarias y portador calificado de las minorías no tenidas en cuenta. (…) Mientras que los sociólogos, antropólogos, psicólogos u otros científicos sociales se ocupan de ver cómo se conducen los hombres, el ético se pregunta por cómo tienen que conducirse para realizarse como tales”III. De lo anterior se desprende que “Lo mayoritario o lo vivido de hecho por una sociedad, no necesariamente tiene por qué coincidir con lo legal o lo ético”IV. Tampoco lo legal necesariamente coincide con lo ético, en tanto y en cuanto conductas legalmente admitidas, desde el punto de vista ético pueden considerarse poco dignificantes para la realización humana.
La reflexión ética en las relaciones comerciales En el ámbito en el que gira nuestra institución (el comercio), la reflexión ética, no excluye lo que se considera la ética de la persona que “se preocupa de los dilemas éticos que se
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suscitan cuando el ser humano como individuo es puesto en relación con sus semejantes”V, pero hace foco en la dimensión socio política de la ética, que se ocupa de “aquellos dilemas suscitados en ámbitos que trascienden a las relaciones interpersonales y tienen lugar en la sociedad o en las instituciones de ésta”VI.
Los criterios de discernimiento ético se aplican con el objetivo de responder a la pregunta de cómo tiene que comportarse el hombre para poder realizarse y permitir la realización de otros. Esta finalidad última (promover la realización del ser humano), requiere eliminar la arbitrariedad
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, es claro que no existe una ética privativa de las relaciones comerciales. “Lo que existe es una ética de la relación interhumana, que al justificarse racionalmente, se basa en ciertos valores, principios, normas,
De interés virtudes”VII, y que cuando se aplica al ámbito del comercio, adquiere determinadas características que le son específicas. Desde el punto de vista ético entonces, para ejemplificar: no es el comerciante el que, movido por su bondad cumple con sus obligaciones comerciales. Es que existe una norma de veracidad y de fidelidad que dicen, en el primer caso, que la interacción y las decisiones deben estar basadas en información veraz (nadie hace negocios aceptando mentiras a conciencia) y que las promesas (de cumplimiento de las obligaciones) deben honrarse. La reflexión ética trasciende en mucho a los códigos de ética profesional, que remiten en última instancia a ese cuerpo ordenado de valores, principios y normas que pretenden justificar racionalmente lo que debe ser la conducta responsable del hombre para alcanzar lo bueno viviendo en sociedad. Sabiamente, nuestros Estatutos sociales recogen la dimensión ético – moral – social como aspiración regulatoria de las relaciones comerciales, cuando plantean en su art. 2 que el objeto fundamental de nues-
Cuando la racionalidad ética fundamenta una acción, lo hace sobre la base de que debe aplicarse de forma igual en igualdad de condiciones, y no busca el bien del individuo con prescindencia de su dimensión social: busca el bien común. tra Institución es “…el de crear un órgano representativo del comercio y la industria nacional que, reuniendo y vinculando entre sí a todos los componentes de esas colectividades, contribuya a desarrollar el espíritu de solidaridad organizándose así para la defensa eficaz de los intereses colectivos, combatiendo el fraude, la deshonestidad y la ineptitud comercial, y velando por el progreso de las entidades que representa, para que su organización alcance el mayor gra-
do de perfección, influencia y representación que le corresponde como factor importante en la vida social y económica de la Nación”.
Valores, principios y normas aplicables a las relaciones comerciales El discurso ético tiene cuatro niveles de análisis: el de los valores, los principios, las normas y los juicios. Sobre el Valor supremo, la persona humana tomada como fin y nunca como medio, hemos anotado comentarios arriba, y agregaremos sintéticamente otros. El concepto de persona puede considerarse en el nivel biológico (componente genético), jurídico (características admitidas por una sociedad en virtud de la cual se es sujeto de derechos y deberes), el moral (como sujeto moral el individuo es capaz de actuar conforme a los valores de la sociedad en la que vive y es sujeto de decisiones morales) y el deontológico (las personas capaces de poseer libertad y conciencia de sí deben ser consideradas como centros de autonomía inviolable). Cuando se pondera a la persona humana como valor supremo, se lo hace desde una fundamentación ética personalista que busca integrar la moralidad y las consecuencias de los actos, planteando como deber básico que la persona debe ligarse a la realidad y apropiarse de ella para hacer el bien. Como la realidad es trascendente, resulta que buscar el bien es buscar además del bien personal, el de toda la humanidad. Dice Zubiri: “Obra (es decir aprópiate de las posibilidades), de tal manera que no utilices nunca tu realidad personal, la realidad de las demás personas y de la humanidad en su conjunto como medios sino como fines en sí mismos”VIII. De ello se desprende un derecho básico que es la base de todo el sistema de referencia moral: “Todos los seres humanos tienen derecho a igual consideración y respeto”IX . Para que el valor supremo pueda realizarse existe el segundo nivel del |44|
discurso ético: los principios de Beneficencia, Autonomía y Justicia. El Principio de Beneficencia plantea la obligación de hacer el bien, entendiendo como obligación primera la de no dañar, seguida de la de eliminar un daño una vez constatado, y por último, de la obligación de hacer activamente el bien. Esto, debe considerar a los sujetos de las acciones en su autonomía, por lo que toda decisión que en este sentido recaiga sobre un tercero no debería ignorar su derecho a decidir.
Nuestros Estatutos sociales recogen en su artículo 2°, la dimensión ético – moral – social como aspiración regulatoria de las relaciones comerciales
El Principio de Autonomía reza que cada persona tiene derecho a ser respetado en su derecho a decidir, libre de coerción, siendo esta obligación no individual sino social: “todo hombre debe ser respetado en sus decisiones no perjudiciales a otros” (…) “El principio de autonomía considera que la autoridad para las acciones que implican a otros se deriva del mutuo consentimiento que involucra a ambos”X, siendo que de este principio “se deriva una obligación social: la de proteger a los individuos a que puedan consentir antes de que se tomen acciones con ello, y la de proteger a los débiles que no puede consentir por ellos mismos”. Asimismo, “se deriva el deber de la sociedad de forzar a que los individuos cumplan los acuerdos que en conciencia y libertad han tomado con anterioridad” XI. El Principio de Justicia es un principio que tiene como agente principal no ya a los sujetos tomados individualmente sino a la sociedad mediatizada por sus instituciones, que debe garantizar el bien común, por tener en sus manos la responsabilidad de atender a la sociedad en su conjunto. En este sentido el bien común, ha-
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ciendo una síntesis de diversos autores, plantea que las desigualdades deben remediarse y en su defecto, deben partir de la igualdad de oportunidades y beneficiar a los menos favorecidos. Esos tres principios son el segundo nivel del discurso ético que protegen y hacen posible la realización del valor supremo. Les sigue el tercer nivel del discurso ético: las normas morales, que nutren la posibilidad de que esos principios se apliquen en la práctica. Así, la norma de la veracidad es condición para la realización de la autonomía y el bien de la persona, que para decidir en libertad debe poder contar con información veraz, suficiente (completa), adecuadamente transmitida, y adecuadamente comprendida. La suficiencia hace referencia al no ocultamiento de información necesaria para una decisión autónoma. El concepto de veracidad implícito incluye dos dimensiones: la de no tergiversar o torcer la verdad (engaño), y la de no recortar la verdad que otro tiene derecho a conocer a cabalidad.
La veracidad en los negocios es una obligación, porque la relación contractual se da entre dos sujetos con los mismos derechos, y entre dos sujetos autónomos que son fines en sí mismos y no pueden ser usados instrumentalmente en beneficio de otro. La verdad posibilita la decisión válida necesaria para que cada sujeto pueda ejercer su autonomía y procurar su bien. La norma de la confidencialidad también es condición para salvaguardar la autonomía de la persona, en tanto cada quien es dueño de la información que le compete, en tanto y en cuanto de su ocultamiento o reserva no se derive un daño potencial hacia la sociedad o hacia terceros. La confidencialidad no es por tanto una obligación absoluta, pues queda subordinada al principio de beneficencia y del bien común. Este es un tema clave en las relaciones comerciales: el límite de la confidencialidad, está dado por las consecuencias de daño que recaerían sobre aquellos que hubieran tomado decisiones en desconocimiento de datos que, de haber sido conocidos
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habrían hecho posible la prevención del daño y preservar su estado de bien. La norma de la fidelidad, dicta que las promesas se cumplen. Los contratos generan obligaciones, y quien no los cumple quiebra la promesa de la palabra dada, en función de la cual un interlocutor tomó una decisión, confiando en cierta previsibilidad hacia el futuro. También realiza entonces, el derecho a la decisión autónoma. En materia comercial, se estaría atentando sobre la autonomía de un interlocutor si no se cumple una condición comercial que se derivó del mutuo acuerdo (libre y consciente), traicionado por el incumplimiento, con lo cual se atentó contra la buena fe y la confianza necesaria en los negocios.Fanca Tarragó, Omar. Manual de Psicoética. Departamento de Publicaciones Universidad Católica del Uruguay. 1991. Cita en pág. 1 II Id. ant. Cita en pág, 2 III Id. ant. Cita en pág. 3 IV Id. ant. Cita en pág. 4 V Id. ant. Cita en pág. 6 VI Id. ant. Cita en pág. 6 VII Id. ant. Cita en pág. 7 VIII Id. ant. Cita en pág. 24 IX Id. ant. Cita en pág. 24 X Id. ant. Cita en pág. 43 XI Id. ant. Cita en pág. 43 I
Visitas y Eventos
Capacita LIDECO ¿Qué falla cuando falla la motivación? 10 de abril de 2014, sede UPAEP
La motivación es uno de los aspectos que más suele ensayarse como explicación cuando en la empresa se detectan dificultades de desempeño. Ello conlleva el dilema de que no es sencillo encontrar la forma de motivar a la gente. No hay una única ni simple respuesta a la pregunta que convocó a este Seminario. Todos los sistemas de gestión tienen que ver en ello, por no hablar de los líderes y cada una de las personas que día a día hacen a la realidad de la empresa. Los asistentes al evento, departieron sobre el tema con la Ps. Claudia Fernández, Responsable de Marketing de LIDECO.
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a perspectiva individual, grupal e institucional confluyen en un complejo sistema o entramado de interacciones recíprocas que dan cuenta del fenómeno motivacional, el cual es preocupación permanente de todas las personas que tienen a su cargo personas y son responsables por su productividad y desarrollo. En esa perspectiva debe buscarse la respuesta: en el sistema. Pero no porque el sistema sea un ente abstracto, sino porque es una realidad muy concreta que se construye colectivamente y se transforma o enquista también colectivamente. ¿Puede mi empresa estar frustrando los aportes de personas productivas? ¿Es mi empresa un lugar agradable para trabajar?...
las personas estén motivadas y dispuestas a moverse (motivus, motus = causa de movimiento) con energía interna, la gestión de personas debe conjugar los intereses empresariales con los intereses personales, y ofrecer realimentación estimulante. Hacer foco exclusivamente en los resultados olvidándose de las personas genera una ceguera estéril que no logra la movilización necesaria para obtenerlos.
El Seminario estuvo dirigido a las personas cuya responsabilidad es dirigir/liderar personas y velar por su contribución a la organización, así como por la contribución de la organización a las personas (aspecto éste que no debería olvidarse), procurando que ello se dé en un energizante y motivante ambiente de trabajo, aunque éste nunca sea perfecto.
En busca de los factores que despiertan el interés y la voluntad para el esfuerzo, se recorrieron una serie de teorías motivacionales que toda persona que ocupe un cargo de gestión debería poder manejar en sus contenidos esenciales, dado que no hay ninguna teoría capaz de explicar por sí sola el fenómeno motivacional. Sí se señaló como condición importante no solamente para la motivación personal sino para el clima laboral, que el sentido de propósito y de comunidad gestado en base a valores compartidos con un marco ético explícito, son elementos fundamentales para crear el clima de confianza y seguridad que es capaz de sostener la motivación en el largo plazo.
Se trabajó sobre el dilema “motivación: ¿causa o efecto?”, dilucidándose el mismo a través de un proceso que condujo a concluir que para que
En ese sentido, se subrayó el especial cuidado que debe tenerse sobre las decisiones de gestión que afecten el clima de confianza entendida ésta |46|
como la capacidad de la empresa de ofrecer a su gente la seguridad suficiente como para que esté dispuesta a asumir riesgos y a realizar esfuerzos en y por una comunidad en la que también se obtiene respaldo y es fuente de satisfacción. La relación de reciprocidad empresa persona supone un interjuego donde “el otro” (empresa o persona) no es un admirador incondicional, sino alguien que exige la adecuación a determinadas normas. En la medida en que para ambas partes haya un enlace de valor (“la empresa me quiere en su equipo y yo quiero formar parte de la empresa”), esas normas pasan a constituirse en aspiraciones, en ideales, y este es un elemento clave, pues las personas aman lo que las hace sentirse amadas. Cuando esto sucede, las personas no hacen las cosas “por la empresa”: las hacen “por sí mismas”, generándose en la gente la necesidad de “ser de determinada manera” para ser consistente consigo y la empresa. Se hizo hincapié en el hecho de considerar que el fenómeno motivacional no está aislado de los sistemas de gestión, ni de las estructuras que genera el diseño organizacional. En ese marco se recalcó la importancia de fortalecer la selección de perso-
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nal como herramienta predictiva de la adaptación de la persona a las características del sistema empresarial más allá de las características de su puesto de trabajo. Estuvo presente el cuestionamiento respecto a si las empresas en las que trabajamos son en sí mismas ámbitos que promueve el crecimiento. Una forma de responder a ello es contabilizar cuántos recursos y tiempo se dedica a pensar e implementar instancias de capacitación, cómo se evalúa, cómo son los canales de comunicación y de gestión del conocimiento, cómo se fomenta el involucramiento (satisfacción, autonomía, responsabilidad, sentido de pertenencia y logro), cómo se cuida la calidad de vida en el trabajo, en el sentido que plantea Deming: “ayudar a la gente a trabajar cada vez más inteligentemente, no más duramente”. La equidad y la evaluación del desempeño se trabajaron como dos factores de relevancia en relación a la motivación. La gente se compara y quiere justicia en las recompensas y en los procesos que las establecen luego de juzgar los méritos. Para favorecer la disposición para el esfuerzo, la evaluación de desempeño debe basarse en: 1. Clara descripción de cargos 2. Participación del evaluado en la fijación de metas 3. Recursos a disposición por parte de la empresa 4. Transparencia: criterios claros y conocidos 5. Relación de confianza y madurez 6. Adecuados recursos personales y capacitación del evaluador 7. Clima de seguridad y soporte para el evaluado Otro elemento clave de la gestión en materia de motivación trabajado en el seminario, fue el liderazgo, en tanto en la figura del líder se encarna la equidad, la consistencia o la inconsistencia del sistema, y por ende la posibilidad de que las personas confíen en la propuesta de la organización, como condición para estar dispuestas a esforzarse por sus metas. La clave del liderazgo está en el ejer-
cicio del poder de influencia para que las personas alcancen resultados. En ese marco, el líder tiene la enorme responsabilidad de:
la perspectiva ética del tema: por qué una empresa tiene la responsabilidad ética de promover un clima de trabajo motivador o estimulante.
1. Diseñar adecuadamente sistemas propicios para el aprendizaje individual y colectivo, pues el liderazgo es un fenómeno colectivo (no hay líderes si no hay liderados) y 2. Ayudar a percibir mejor la realidad en función de un propósito construido y sostenido colectivamente
En la base de todo está el respeto a un valor supremo: la persona humana tomada como fin y nunca como medio.
No existe para ello una única manera de ejercer el liderazgo. Se trata de una función contingente a diversos factores, entre los que la madurez de las personas o grupos a liderar, en términos de conocimiento del ambiente, del negocio, de la tarea y de la trayectoria en conjunto, resultan relevantes. Está en la capacidad del líder para percibir las características de su entorno y para adaptar su conducta a las necesidades del mismo, la clave para poder inspirar e influir positivamente en el hecho de que las personas se esfuercen para alcanzar metas. Éstas, claro está, deben ajustarse en forma realista a las variables de contingencia antes nombradas. También la conformación de equipos de trabajo se presentó como un factor coadyuvante en la motivación, y en este punto tanto el líder como los sistemas y cultura de trabajo son condicionantes. La capacidad de aprendizaje de una organización no es mayor a la capacidad de aprendizaje de sus miembros. Las personas que no tienen expectativas de aprendizaje difícilmente puedan querer moverse hacia metas elevadas. Las empresas que no promueven el aprendizaje, difícilmente puedan lograr que se alcancen metas elevadas. Finalmente tocó el turno a |47|
La obligación de no dañar complementada con la iniciativa de promover activamente el bien o la mejora del estado de una situación surge como el primer principio rector que sostiene aquel valor supremo. La obligación de respetar el derecho a decidir autónomamente con base en información veraz y suficiente es otro de los principios éticos que salvaguarda el valor supremo. La obligación de obrar con equidad y justicia es el tercer principio sustentador. Y por debajo de ellos las normas éticas: la de fidelidad, la de veracidad, la de confidencialidad. Todas las personas son dignas de igual consideración y respeto. En ese marco, una empresa tiene la responsabilidad ética de procurar que las personas que trabajan en ella puedan a través de su tarea, alcanzar lo bueno y el máximo nivel de realización en su ámbito de acción dentro de la empresa, sin ignorar al individuo como totalidad en su dimensión extra organizacional. El beneficio colectivo basado en valores, principios y normas está en la base de la creación de una comunidad motivada, capaz de sostenerse en el tiempo con competitividad.-
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Conferencias LIDECO Agenda para potenciar al Uruguay competitivo 29 de abril de 2014, sede UPAEP Ing. Quím. Roberto Kreimerman (Ministro de Industria Energía y Minería) Cr. Álvaro Queijo (Presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay)
Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Cr. Álvaro Queijo (Presidente Unión de Exportadores), Cr. Mario Amelotti, Sr. Gustavo Bazergue
El desafío de la competitividad de un país tiene muchas aristas y perspectivas. En la mañana del 29 de abril, a efectos de abordar el tema, contamos con la presencia del Ministro de Industria, Energía y Minería, el Ing. Quím. Roberto Kreimerman, y el Presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Cr. Álvaro Queijo. Ambas personalidades aportaron su visión en torno al tema central de la convocatoria a una nueva Conferencia, altamente valorada por el público presente como una positiva instancia de aprendizaje, a través de la cual LIDECO continúa contribuyendo con la labor de promover esfuerzos en pos de la actualización del empresariado nacional, base del desarrollo y perfeccionamiento de la economía.
L
a conferencia se inició puntualmente, siendo el encargado de dar la bienvenida a los presentes, el Sr. Agustín Carrau, Presidente de nuestra gremial. Carrau enmarcó el tema y sentido de la convocatoria: los empresarios agrupados en torno a LIDECO están
comprometidos a promover el crecimiento con transparencia y justicia. El gobierno, a través de la instrumentación de las políticas del gobierno en materia de competitividad tiene en tal sentido un enorme desafío, así como también los empresarios que trabajan por colocar sus productos fuera del país. En la intención de reunir |48|
aportes para potenciar nuestra presencia en el mercado externo, dijo, el Ministro de Industria y el Presidente de la Unión de Exportadores fueron convocados a departir en nuestro Ciclo de Conferencias. Agradeciendo la presencia de ambos disertantes, dio lugar a sus respecti-
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vas exposiciones, las cuales intentamos sintetizar a continuación.
un fuerte aumento del dólar en Brasil en 2015 o 2016.
Cr. Álvaro Queijo Presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay
Dijo que Argentina está en una situación similar a la de Europa: ha dado pequeños pasos para solucionar sus problemas sincerando el tipo de cambio oficial, lo que ha repercutido en la caída del dólar blue. No obstante tiene el problema de los subsidios, especialmente los energéticos, que le genera el 5% del PBI de déficit, lo cual plantea una situación insostenible para el cierre de las cuentas fiscales.
Su alocución se inició con una idea base: incrementar las exportaciones es incrementar el trabajo uruguayo, por lo que el sector exportador es clave si un país con un pequeño mercado interno como el Uruguay, quiere crecer: “Es preciso apostar a un mercado externo más allá de nuestros vecinos regionales, que no siempre nos han planteado ni nos plantean un camino fácil”, dijo. En la actual situación internacional de cambio, luego de la crisis padecida por EEUU y la Unión Europea que favorecía a los países emergentes, teniendo además a China como motor de la economía mundial (consumo de materia prima y alimentos a muy buenos precios), hoy se están percibiendo señales de franca recuperación tanto en EEUU como en Europa, señaló, advirtiendo que el cambio que a partir de ello se prevé e las tasas de interés va a favorecer que los capitales ya no busquen solamente los mercados emergentes si pueden tener rendimientos más seguros en otros mercados. A eso se suma una desaceleración de China, también previsible pues no podía esperarse su crecimiento ilimitado. Eso, más la valorización del dólar, hace que el precio de los commodities tiendan a la baja, si bien no todos los productos se verán afectados de igual forma. Pasando a analizar nuestra región, dijo que Brasil, aunque mantiene un crecimiento, éste no se está dando acorde a lo esperado. Mantiene su grado inversor, tuvo una baja calificación crediticia en tal sentido, y tiene problemas serios en cuanto a competitividad e inflación, que lo obligan a hacer esfuerzos aumentando las tasas de interés en materia monetaria para evitar la valorización del real, no obstante lo cual, en el contexto de la posible caída de capitales para los países emergentes, podría esperarse
En cuanto a nuestro país, señaló que han aumentado las exportaciones de bienes, situación que no se dio en los servicios, que cayeron en el último año. La caída en el ingreso de turistas y en su consumo, sumado a la elección de mercados externos por parte del turista uruguayo, tampoco ha favorecido el crecimiento. Apoyándose en cifras, mostró que dentro del sector de bienes, el agro (con la soja como líder y manteniendo el crecimiento) es el gran motor del crecimiento exportador, y que la industria prácticamente no representa crecimiento en ese sentido, lo cual condice con la crisis internacional del 2009 y contrasta con el crecimiento del agro a partir de 2010, el cual se mantiene, si bien desacelerado. En cuanto a la estructura exportadora del país, dijo que presenta cambios del 98 a la fecha: se han diversificado las exportaciones, |49|
la carne dejó de ser la protagonista como producto exportado aunque mantiene un lugar importante, y los textiles y manufactureros han prácticamente desaparecido de los números. Refiriéndose a los destinos de exportación, planeó que el Mercosur sigue siendo el principal destino, seguido de cerca por China. “Hemos tenido caída con Brasil, Argentina y Venezuela. Pasamos de un Mercosur que en el 98 representaba el 55% de las exportaciones, a un Mercosur que hoy es el 26%. China aumentó fuertemente. Iraq y México aunque no representan números significativos
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Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO), Cr. Álvaro Queijo (Presidente Unión de Exportadores), Ing. Quím. Roberto Kreimerman (Ministro de Industria Energía y Minería), Sr. Antonio Sánchez Bustamante, Sr. Julio H. Najul
han incrementado su participación, y Europa también mantiene números importantes”. Queijo señaló como positiva la diversificación de los mercados, apelando a lograr más tratados de libre comercio, a efectos de lo cual el Mercosur a veces resulta una limitante, apuntó. Continuando con el análisis de la situación de nuestro país, señaló el deterioro en la balanza comercial, que se financia con el ingreso de dinero del exterior en forma de inversión directa, la cual ha sido creciente en los últimos años representando un 5% del PBI. Sus orígenes revelan que Argentina es muy importante por los ingresos en turismo, servicios e inversión, siendo buena parte de esta última destinada a la construcción, respecto de lo cual comentó que sería deseable constatar más inversiones en otros sectores de la industria. Yendo al foco del tema de la convocatoria de la Conferencia, Queijo señaló que tenemos problemas de competitividad. Comparándonos con los países de Latinoamérica dijo, ocupamos buenas posiciones en algunos ítems, “pero no podemos perder las referencias de comparación: los países de centro América no son buenas refe-
rencias en materia de infraestructura y educación”. También señaló que, “lamentablemente, estamos liderando los problemas de eficiencia laboral”, por temas sindicales y de productividad, y que “tampoco con el tipo de cambio estamos en un momento muy bueno, y tenemos un problema de inflación, lo cual es un problema directamente ligado a la competitividad”. Considerando la evolución última del dólar, dijo que en los últimos 12 meses la situación mejoró, pero dos o tres años para atrás se estaba lejos de Brasil y otros países con los cuales comercializamos. Fruto de esta mejora hemos tenido aumento de las tarifas en dólares, sobre todo la tarifa energética - más allá de alguna sequía – y dijo que si bien se está trabajando bien en la materia, estamos lejos de precios competitivos, lo cual para el sector industrial y los exportadores es un peso importante pues se ven enfrentados a competir con los subsidios de Argentina y con las rebajas que Brasil ha hecho a las industrias de gran porte. Con respecto a los salarios medios en dólares dijo que se han incrementado |50|
fuertemente y están en el doble que los valores anteriores a la crisis del 2002. Vinculado a esto, el índice de conflictividad laboral muestra un crecimiento y “la tónica no muestra que trabajadores, empresarios y gobierno estemos trabajando correctamente”, señaló. “Tiene que haber mucho más madurez en el sector trabajador, en el sector de empresarios y en el gobierno, que debe ejercer un rol de juez y no parte en las relaciones laborales”. En el contexto internacional de cambio en que nos encontramos, nuestro país tiene aspectos positivos y otros no tanto, dijo. Como positivo, señaló el hecho de tener más reservas, el buen trabajo que se está realizando en materia energética (aunque no se ha llegado a los niveles necesarios), el cambio del perfil de la deuda (60% en moneda nacional y 40% en dólares) que reduce el riesgo ante una posible devaluación), el grado inversor, el cumplimiento que el país ha dado a los contratos, la estabilidad macroeconómica –señalada como muy importante - , la llegada de capitales e inversión directa, la reducción de la pobreza, el aumento del PBI, la significativa recuperación de los salarios y la reducción del desempleo. Pero por otro lado, dijo, “tenemos un
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Sr. Pablo Tosar, Ing. Quím. Roberto Kreimerman (Ministro de Industria Energía y Minería), Sr. Denis Martínez, Sr. Juan Bonomi
déficit fiscal bastante importante fruto del incremento del gasto, tenemos déficit de cuenta corriente, necesitamos más inversión para mantenernos y para crecer, hemos perdido competitividad, estamos en un país caro, y en infraestructura, salud, educación y seguridad tenemos muchas cosas en el debe y la obligación de mejorar la calidad en el gasto para lograr que lo que gastemos rinda”. En cuanto a los desafío que tenemos, planteó como clave mejorar la competitividad y solucionar la inflación: “el problema es la competitividad y dentro de ella la inflación. Se ha manejado la política monetaria, pero mientras tengamos una política monetaria contractiva que trata de
contener la inflación, tenemos una política salarial y fiscal expansiva, y esa situación genera pérdida de competitividad”. Se mostró consciente de que en año electoral no se tomarían iniciativas sobre estos temas, por lo que estos temas, dijo, serán desafíos del próximo gobierno. Planteó que fruto del crecimiento, el país tiene necesidad de mejorar en infraestructura y en la educación, tema éste básico para la competitividad. En cuanto a la energía, “se percibe un buen horizonte dentro de tres años pero debemos lograr que las empresas no mueran antes de esos tres años”. Refiriéndose a la presen-
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cia en sala del Director Nacional de Energía, dijo que “tenemos que tratar de que las empresas exportadoras uruguayas no corran una carrera con el sobrepeso del costo de la energía”, porque “es un costo muy difícil de absorber”. Queijo cerró su intervención resaltando la buena relación y diálogo existente con el Ministro Kreimerman, con quien dijo se comparten muchas inquietudes con apertura y fluidez. En ese marco planteó que si bien se está trabajando en muchos temas, “el sector exportador pretende que se arriesgue un poco más y que se confíe en la industria uruguaya, para no ver más caídas sino crecimiento, de la misma forma en que a todos nos
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Sr. Pablo Caiafa, Sr. Américo Deambrosi, Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Cr. Boris Martínez
agrada ver crecer al agro”. Agradeciendo la invitación de LIDECO, concluyó su exposición.
Ing. Quím. Roberto Kreimerman Ministro de Industria, Energía y Minería Kreimerman agradeció la invitación de LIDECO, destacando la buena y oportuna idea de reunir al MIEM y a la Unión de Exportadores para mirar hacia lo que esperamos y hacemos para potenciar al Uruguay en el mediano plazo, basados en la evolución del país en los últimos años. Dijo que “es difícil que los países crezcan económicamente, pero más difícil es que, una vez iniciado el crecimiento, el mismo se continúe en el largo plazo y se transforme en desarrollo. La diferencia entre tener crecimiento durante unos años y tener crecimiento económico y desarrollo, estriba en la competitividad, sustentada en las transformaciones estructurales necesarias para esta última”. Señaló que los estudios revelan que solo uno de cada diez países en crecimiento logran que ese crecimiento se transforme en desarrollo. Resaltando las coincidencias con los datos planteados por Queijo y seña-
lando la existencia quizá de algunos matices, Kreimerman planteó que la tasa de crecimiento desde 2003 ha sido positiva durante 11 años en forma sostenida, lo cual tiene que ver con la exportación, con el desarrollo productivo, con las mejoras salariales en el mercado interno y la reducción de las inequidades, que posibilitaron un aumento del consumo tanto de productos importados como nacionales, siendo la aspiración, que se consuman cada vez más los últimos. Nuestro país ha captado inversión desde diversos países siendo Argentina el principal inversor. En cuanto a las exportaciones de bienes se ha llegado a 10.000 millones de dólares y a 13.000 millones si se consideran los servicios, dijo. “Una política muy fuerte de diversificación de destinos hace que hoy exportemos a más de 100 países, con lo que hemos reducido la concentración, disparado esto por iniciativas concretas de empresarios, del gobierno y también por medidas adoptadas por otros”, refiriéndose a las medidas adoptadas por el gobierno argentino. También mencionó la diversificación de las exportaciones por sector, afirmando que ambos tipos de diversificación son elementos muy importantes para la transformación del país y su crecimiento: “la diversi|52|
ficación más la apuesta tecnológica y de agregado de valor en las cadenas manufactureras son elementos claves de la política industrial”, dijo el Ministro. En cuanto a la exportación manufacturera, señaló el crecimiento de la manufactura del agro y de la industrial: “el 70% de la exportación es de origen industrial. La mitad basada en materias primas del agro y la otra mitad en otros elementos” (farmacéutica, química, automotriz, etc.), dijo. En relación a cómo potenciarnos como país, Kreimerman dijo que desde afuera – refiriéndose a la ONU – la competitividad se evalúa en función de cuánto valor agregado están consiguiendo los países en su proceso de manufactura: para la ONU Uruguay es el segundo país en América Latina en materia de crecimiento industrial, después de Argentina, la cual al cerrar la entrada de productos favoreció fuertemente el consumo de sus productos internos. Uruguay ha basado su progreso en la diversificación y en la aplicación de tecnología, dijo. Partiendo entonces de que a nivel mundial el grado de industrialización se mide por el valor agregado de la manufactura, observó que hasta 2005 nuestro país presentaba
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un comportamiento por debajo de América Latina, y a partir de 2007 un comportamiento de crecimiento, por encima de América Latina: “En comparación con los países desarrollados, Uruguay está alcanzando los US$2000 per cápita en valor agregado manufacturero: el promedio de los países en desarrollo es de US$500 per cápita -muy por debajo-, y el promedio de los países desarrollados es de US$5000”. Procurando plantear la estructura que sostiene la competitividad de los países, señaló que son diversos los factores que en los países desarrollados determinan el crecimiento: la tecnología, la capacidad, el conocimiento, la innovación. Ello los mantiene por encima de China aunque ésta sea vista como taller del mundo. “La competitividad no está asociada a un costo específico como puede ser el de los salarios por ejemplo, sino a una estructura mucho más densa y que tiene que ver con el conocimiento y la tecnología”. En tal sentido, “los datos muestran que nuestro país ha crecido desde el año 2000 en cuanto al valor agregado manufacturero, ubicándose hoy en el 5to lugar de
América Latina y con un nivel de crecimiento importante”. La política industrial que potencia al Uruguay competitivo, dijo Kreimerman, está plasmada en el plan estratégico sostenido desde 2008, y está determinada por el avance en la escala tecnológica: “Importa que las exportaciones sean de productos tecnológicos pero que los procesos también sean de profundidad tecnológica”. En ese marco, planteó que un tema clave es “el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, donde nuestro país tiene un fino balance entre la necesidad de comprar tecnología y la creación de tecnología propia, que es lo que provee de más puestos de trabajo y de mejor calidad de trabajo”. “Potenciar el Uruguay competitivo significa seguir avanzando por este esquema a través del cual se han logrado resultados en los últimos años”, dijo el titular de la cartera. “En ese sentido, es clave el entrelazamiento entre la estabilidad macroeconómica basada en la compleja interrelación entre inflación, tipo de cambio y déficit fiscal, más el capital humano y social”. Recalcó la impor-
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tancia del capital humano en relación con el desarrollo de capacidades y de tecnologías propias. Dijo además que “no hay sociedad que crezca sin considerar los aspectos sociales y el cuidado de una fuerte red social de apoyo que permita la sostenibilidad de los cambios”, aspecto en el que señaló se ha invertido fuertemente, para que “no haya una sociedad de dos velocidades”, dijo. “La estabilidad macroeconómica está dada por la trilogía inflación, tipo de cambio y déficit fiscal, por el grado inversor, la cantidad de reservas que el país tiene y una creciente demanda producto de 11 años de crecimiento, coadyuvado por factores internacionales”, dijo. Son todas estas variables en equilibrio las que han contribuido a ello: “el potenciamiento de la productividad es un sistema”, explicó. Para detallar esquemáticamente las fortalezas sobre las que se basa el sistema productivo de nuestro país, enumeró siete herramientas en las que dijo, hay distintos niveles de avance: 1) Las políticas específicas de las cadenas productivas. Cada cade-
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na productiva tiene su especificidad y capacidad, señaló, y en función de ello dijo, se ha manejado la devolución de impuestos. Se han creado 19 Consejos Sectoriales tripartitos (trabajadores, empresarios, academia) para manejar la especificidad de muy diversas ramas, con resultados diversos. En algunos casos se han elaborado planes estratégicos detallados, y en otros, se han eliminado restricciones de diversa índole: en el sector automotriz se incentivó la producción y en otros sectores se ha trabajado sobre las restricciones en cuanto a mano de obra. En relación con esto último, afirmó, “se ha apreciado un enorme cambio educativo en relación a la tecnología: hay un 50% más de carreras tecnológicas en las distintas áreas de las universidades e institutos de enseñanza media, se han implementado los Institutos regionales de la UDELAR en el interior, la extensión de nuevas tecnicaturas dirigidas a la energía renovable, a la mecánica, a la informática, etc.” reconociendo que en este tema “el LATU ha contribuido fuertemente”. 2) La inversión y el régimen de promoción de inversiones. Sobre el punto señaló que se trata de una iniciativa anterior a la presente administración, que data de 1997, pero que
ha tenido un cambio importante en la forma de aplicación desde el 2007. Señaló que la industria aprovechó el 60% del monto de las inversiones aprobadas, sin contar las zonas francas, y que ha habido decretos específicos de promoción de sectores (electrónica, naval biotecnología, etc.), en lugar de promociones proyecto a proyecto, se promueven exoneraciones por año. El fondo industrial y los subsidios del BROU se citaron como mecanismo de apoyo a las empresas. Con respecto al primero, apuntó que la Cámara de Industria ha solicitado se amplíe, dado que ha sido un mecanismo muy hábil de apoyo a las empresas y que no se basa en las ganancias – que puede no haberlas en forma luneal – sino en el subsidio directo. Destacó también la creación de los parques industriales, iniciativa que debe ser mejor aprovechada, debiendo para ello mejorarse las sinergias, señaló. El apoyo a las PYMES, dijo, se considera un camino importante para hacer más competitivas las cadenas de valor, a través de programas de |54|
desarrollo local de proveedores nacionales para disminuir el peso del valor proveniente de la importación de tecnología es otro de los ámbitos de acción. “El peso del componente nacional en las inversiones debe aumentar”, afirmó. También, dijo, se ha puesto foco la energía eólica, que pasó de un a un 40% de contenido nacional. energía fotovoltaica también se desarrollado fuertemente, señaló.
en 20 La ha
El centro de extensión industrial que conecta la inversión en tecnología con las empresas sobre todo PYMES, diagnosticándolas desde el punto de vista de la competitividad, fue listado como otro punto importante. En cuanto a la cooperación técnica, se ha hecho el esfuerzo de traer de la diáspora a muchos uruguayos muy bien posicionados en cuanto a su nivel educativo, y se han fomentado las carreras universitarias asociadas a la tecnología, si bien dijo que, es necesario dirigir más personas hacia la educación universitaria, y mejorar la relación de ingreso – egreso de estudiantes universitarios. Lograr que el actual FONDES pase a ser un Banco de Desarrollo, es un tema importante para la competiti-
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vidad, dijo, apuntando en el mismo sentido que, las agencias nacionales de innovación y desarrollo económico, la CND, deben integrarse para formar un núcleo más fuerte. 3) Transformación de la estructura energética y disminución de los costos energéticos. El Uruguay crece (la industria pasó del 22% al 35%) y el crecimiento del consumo energético crece. “Se viene trabajando en ese tema, donde Uruguay tenía y tiene un cuello de botella energético en cuanto al costo y al suministro de energía, que ha obligado por momentos a comprar energía externa muy cara. El objetivo es lograr más energía para un país mejor”. En esa línea dijo Kreimerman, se viene trabajando buscando diversificar las fuentes de energía (energía eólica, gas, biomasa, etc.) para reducir la variabilidad de los costos. La energía disponible se ha incrementado, reconociendo en tal sentido la importancia de los acuerdos multipartidarios y de las políticas de Estado, a los cuales valoró especialmente. No obstante, señaló que todavía hay mucho camino para avanzar. Necesitamos una matriz energética basada en energías limpias que ade-
más reduzca la variabilidad del costo de nuestra energía, dijo. “El hecho de tener energéticos distintos reduce la variabilidad de los costos: al permitir acudir a uno y a otro recurso, a precios intermedios, mayores que el del agua pero mucho menores que los de la compra de externa de energía o de la compra de petróleo, se logra una baja de costos”, dijo, y agregó que se está trabajando la posibilidad de reducir los costos industriales a través de compensar proyectos de eficiencia energética disminuyendo las tarifas. 4) Conexión y desarrollo de las tecnologías de la información. Considerada la tercera revolución industrial, planteó que a este respecto nuestro país ocupa el principal lugar en cuanto a conectividad y en velocidad de internet en América Latina, lo cual es clave para las nuevas generaciones de industriales y los nuevos sistemas de control y desarrollo de la producción, dijo. 5) La inversión en infraestructura logística señalado como uno de los puntos a profundizar en el próximo gobierno, destacando el tema del puerto de aguas profundas.
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6) La apertura y diversificación de mercados. Ha habido importantes avances y exitosas misiones comerciales que requieren inteligencia para abrir mercados. 7) La integración regional, que ha dado frutos parciales, dijo. Citó el acuerdo con Brasil, útil para reducir los problemas que existían con respecto a las exportaciones hacia ese país. Para cerrar su participación, destacó: “Pasamos 11 años de crecimiento, y lo más difícil para un país que creció once años y que por tanto tiene una situación muy diferente en términos de salarios, dólar, inversión, etc., lo más fundamental es que seamos uno de cada diez de los que ha logrado que las etapas de crecimiento se transformen en desarrollo permanente”. Agradeciendo la oportunidad de abordar estos temas, dio por terminada su alocución. El Presidente de LIDECO, congratulado por las exposiciones dio paso al intercambio y preguntas planteadas por el auditorio, luego de lo cual se dio por concluido el encuentro.-
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Ley de Inclusión Financiera: oportunidades y desafíos para el sector empresarial. ¿Cómo impacta la reglamentación en la vida de la empresa? 29 de julio de 2014, sede UPAEP
La Ley de Inclusión Financiera viene a gestar un cambio cultural y operativo en las transacciones comerciales. Para profundizar en el tema, LIDECO convocó al Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el Ec. Martín Vallcorba, Asesor de Macroeconomía del MEF y Coordinador del Programa de Inclusión Financiera, y por la Ec. Florencia López, Asesora de Macroeconomía del MEF. Junto al Director Gerente de LIDECO, Ec. Bernardo Quesada, se presentaron los aspectos principales de los avances en la reglamentación y de las implicancias de la ley.
Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO), Ec. Florencia López (Asesora Macroeconomía MEF), Ec. Martín Vallcorba (Asesor Macroeconomía MEF y Coordinador Programa Inclusión Financiera), Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO)
El Presidente de LIDECO, introdujo el tema dando la bienvenida y señalando la relevancia de la ley de inclusión financiera en términos de las adaptaciones que va a requerir por parte del empresariado. Luego de agradecer a los disertantes por su presencia, dio curso al cronograma pautado para el evento.
Ec. Bernardo Quesada Director Gerente LIDECO El Ec. Quesada recorrió en su exposición los puntos referentes a las generalidades de la Ley 19210, los medios de Pago Electrónicos, el dinero electrónico, la regulación de pagos, |56|
el impacto en los medios de pagos, los créditos de nómina, el orden de retenciones a remuneraciones, el mínimo intangible y el impacto de la ley en el crédito. En términos generales, presentó a la Ley de Inclusión financiera como una ley de orden público orientada
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a generar mejores servicios financieros y bancarios, a regular los medios de pago electrónico, el dinero electrónico y sus emisores, a regular los pagos de sueldos, pasividades, servicios personales y beneficios sociales, los restantes pagos de la economía, a regular el crédito de nómina y las retenciones a las retribuciones, a promocionar el ahorro joven para vivienda y a concretar disposiciones tributarias entre las que se encuentra la rebaja del IVA. Refiriéndose a los medios de pago y citando a la ley, dijo que “Se entenderá por medio de pago electrónico las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, los instrumentos de dinero electrónico y las transferencias electrónicas de fondos, así como todo otro instrumento análogo que permita efectuar pagos electrónicos a través de cajeros automáticos, por Internet o por otras vías, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”, con lo cual se equipara el pago en efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico, no pudiéndose haber en los contratos condicionamientos respecto a los medios de pago. Con respecto a los instrumentos de dinero electrónico, comentó se definen como aquellos instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor, con determinadas características, a saber: el valor monetario es almacenado en medios electrónicos (tarjetas prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumen-
tos análogos, chip de tarjeta, teléfono móvil, disco duro), es aceptado por terceros con efecto cancelatorio, cuando se emite dinero electrónico el valor debe ser igual a los fondos recibidos por emisor contra su entrega, tiene que ser convertible a efectivo por el emisor, y no genera intereses. La ley plantea, dijo, que podrán emitir dinero electrónico las Instituciones de Intermediación Financiera (IFIs) y las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDEs) creadas por la ley (que deberán contar con autorización previa y regulación del BCU). Aclaró que los fondos administrados por pago de remuneraciones, pasividades y similares, serán depositados en cuentas en IFIs y constituirán patrimonios de afectación independientes, esto es, separados de las demás cuentas que pueda tener en la IFI a efectos de proteger esos fondos ante posibles problemas de la entidad emisora, como ser la solicitud de un concurso, la aprobación de un acuerdo privado de reorganización empresarial, el cese de actividades o la cancelación de la habilitación. En cuanto a la regulación de pagos, dijo que la norma dispone que el pago de nómina a dependientes, pasividades, beneficios sociales, deberán hacerse en cuentas en IFIs o en Instrumentos de Dinero Electrónico. Será el receptor del pago quien elegirá la IFI o a la IEDE a través de la cual percibirá su dinero con posibilidad de cambio transcurrido un año. Si el receptor no eligiera una IFI o
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una IEDE, será su empresa o Instituto de Previsión Social el que defina en primera instancia en qué Institución se le va a pagar. La ley establece el criterio de no discriminación y gratuidad para las instituciones que ofrezcan el pago de remuneraciones con respecto a los receptores de los pagos: deben ofrecer las mismas condiciones a todos y cumplir con ciertas condiciones básicas como la gratuidad de la apertura de cuentas, de su mantenimiento, la no exigencia de promedios mínimos, la cantidad mínima de operaciones a realizar en forma gratuita, la posibilidad de realizar transferencias electrónicas o por internet, etc. En cuanto a los tickets alimentación, dijo, se pagarán a través de dinero electrónico con destino específico a alimentación: ese dinero electrónico se podrá usar solo a tal fin. También se regula inembargabilidad por 180 días (desde la fecha de acreditación) de los fondos originados en salarios, pasividades y servicios sociales, depositados en las cuentas de las IFI y de las IEDES. El pago a profesionales también debe hacerse mediante medios de pago electrónicos, en instrumentos de dinero electrónico, deben acreditarse en una cuenta bancaria, etc. El profesional elegirá a través de qué medio recibe el pago, y si el mismo no se realizara por esos medios, la sanción referirá a que no se pueden deducir dichos honorarios de los pagos del IRAE. El Poder ejecutivo, dijo, vía
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Ec. Andrés Elola, Sr. Agustín Carrau (Presidente LIDECO), Cr. Pablo Montaldo, Sr. Ricardo Rodríguez, Sr. Pablo Caiafa, Sr. Roberto Linn, Sr. Gabriel Payssé
reglamentación, podrá extender esta obligación a los servicios personales fuera de la relación de dependencia. Culminó el segmento planteando que para estos casos no opera la inembargabilidad. Otras disposiciones, dijo, refieren a la restricción del uso de efectivo (papel moneda nacional o extranjero) para el pago de operaciones de enajenación de bienes o prestación de servicios, cuyo importe total sea superior a UI 40.000 (hoy equivalentes a $ 114.700). Esta obligación opera si una de las partes es una persona jurídica, o persona física actuando como titular de Unipersonal, Sociedad de Hecho, Sociedad Irregular, Sociedad Civil o similar. Cuando se trata de pagos de montos elevados, el pago de operaciones de enajenación de bienes o prestación de servicios, cualesquiera sean sus contratantes, cuyo importe total sea igual o superior a UI 160.000 (hoy equivalentes a $ 458.800), solo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden, y los cheques comunes cruzados no a la orden, se podrán utilizar en las condiciones que establezca la reglamentación, aclaró Quesada. Remarcó este punto como uno de los cambios importantes que
connota la ley, dada la intensiva utilización del cheque en nuestro país. Ello motivó que LIDECO, oportunamente acercara al MEF su punto de vista respecto a la necesidad de que la ley considerara este instrumento, el cual originalmente no estaba contemplado, dijo. Señaló la existencia de excepciones respecto a lo dispuesto en relación al uso de efectivo y al pago de montos elevados: si una de las partes es una IFI, una IEDE, u otras entidades reguladas por el BCU, como ser cambios, administradoras de crédito, o Instituciones que realizan transferencias domésticas y al exterior. La sanción prevista para el no cumplimiento de estas normas, es el 25 % del monto abonado, que recae tanto para el que paga como para el que recibe el pago no admitido. Para otros pagos regulados, como los arrendamientos, subarrendamientos y créditos de uso de inmuebles, la ley prevé que, para el pago de operaciones, cuyo importe anual sea superior a 40 Bases de Prestaciones y Contribuciones (hoy equivalente a $ 112.760), el mismo debe acreditarse a nombre del titular o del administrador, en una cuenta en una IFI, siendo que esa cuenta deberá fi|58|
gurar en el contrato correspondiente. En caso de incumplimiento, se prevé que las entidades autorizadas por el BCU a emitir garantías de alquileres, no podrán emitirlas. Asimismo, no se podrán tomar aquellos contratos para deducir en IRPF e IRAE, y no se dará curso a acciones judiciales en tanto el contrato no se adapte a las disposiciones de la ley o no se pague la multa correspondiente. Se prevé una multa de 3 veces el precio mensual. En el caso de enajenaciones y otros negocios con inmuebles y vehículos, el pago del precio en dinero de la trasmisión de derechos sobre inmuebles (título hábil para trasmitir el dominio y derechos reales menores, cesiones de promesas de enajenación, derechos hereditarios, derechos posesorios), cuyo importe total sea superior a UI 40.000 (hoy equivalente a $ 114.700), solo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio de IFI a nombre del comprador. Igual, para el pago de Vehículos motorizados, agregando cheques diferidos cruzados no a la orden. Se debe individualizar el medio de pago utilizado. Se prevén sanciones a los escribanos que emitan una escritura o certifiquen firma en condiciones de incumplimiento de estas disposi-
LIDECO / julio 2014
Sr. Eduardo Umpiérrez, Sr. Marcelo Moura, Cra. Serrana Gauthier, Sr. Marcelo Medina
ciones, los actos serán nulos, y se cargará una multa 25 % del monto a ambas partes. El pago a proveedores del Estado, debe hacerse mediante acreditación en cuenta en IFI, salvo que se pacte pago al contado y por un importe a $ 37.500 En lo que respecta al pago de los tributos nacionales, así como las devoluciones, se realizarán a través de medios de pago electrónicos, certificados de crédito de DGI o cheques diferidos cruzados no a la orden, para pagos superiores a UI 10.000. También se podrán admitir cheques comunes cruzados no la orden en las condiciones que establezca la reglamentación. Igual obligación rige para los pagos que recauden Institutos de Seguridad Social para otras Instituciones, y para pagos superiores a UI
10.000 (hoy equivalentes a $ 28.675). Se prevé la posibilidad de regular también a regímenes tributarios especiales: cuando exista un régimen de desgravación total o parcial del Imesi o IVA, el Poder Ejecutivo podrá determinar que el pago por la enajenación de bienes o prestación de servicios sea realizado solo a través de medios de pago electrónicos. En cuanto a los monotributistas y Literal E, la ley los asimila a las personas físicas, por lo que rigen para ellos similares condiciones. Llegados a este punto Quesada sintetizó lo comentado, señalando que: 1) la ley afectará a todas las empresas (especialmente en las del Sector Financiero y vinculadas) y a la población, especialmente la no bancarizada 2) supone la creación y regulación de nuevos instrumentos de pago (di-
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nero electrónico y dinero electrónico para alimentación) 3) se generan obligaciones e incentivos tributarios para uso de medios de pago electrónicos, dinero electrónico 4) la ley tiene por objetivo disminuir el uso de efectivo y cheques comunes en favor del incremento de uso de medios electrónicos en pago de ventas lo cual favorecerá la creación de mejores instrumentos y oportunidades para el Comercio Electrónico 5) se busca racionalidad en las tarifas de las transferencias e interoperabilidad de cajeros y pos 6) promueve mayor formalización y control de la economía y 7) genera espacios para nuevas oportunidades de negocios. Pasando al capítulo de los créditos de nómina previstos para dependientes y pasivos, éstos se reglamentan, habilitándose a las IFI donde se acredite la remuneración a otorgar
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Carlos Di Bello, Julio Burgueño, Rafael Olaondo
el crédito, así como también a Cooperativas y Asociaciones Civiles habilitadas (art. 2 Ley 17.829) tanto en caso de que el salario se acredite en una cuenta en una IFI, o se pague mediante Instrumentos de Dinero Electrónico. La validez de la autorización legal de estos descuentos, ocurrirá si: 1) el crédito se otorga en la misma moneda de remuneración o unidades indexadas (UI) 2) la suma de cuotas del crédito o la suma de otros existentes no supera 20 % del sueldo nominal o el 35 % en créditos hipotecarios y 3) si la tasa implícita no supera en 20 % a la tasa media de interés equivalente. Por otra parte, los descuentos serán nulos si no se cuenta con consentimiento expreso y por escrito. Los descuentos se mantendrán aunque se cambie la institución donde se acredita la remuneración. Es de esperar que todas estas posibilidades de cambio, se realicen de la forma más ordenada posible, que no promuevan una competencia feroz en el sistema, así como tampoco demasiados costos administrativos a las empresas, dijo Quesada: la intención es que la población tenga libre elección, y que la competencia promueva la baja de las tasas de interés y por ende los costos para el acceso al crédito. Respecto al orden de las retencio-
nes en las remuneraciones, la jerarquía es la siguiente: 1) Orden judicial por pensiones alimenticias 2) Servicios de Garantías de alquileres emitidos por entidades autorizadas por el BCU o la Contaduría General de la NAción 3) Cuota Sindical 4) Cuotas de crédito Social del BROU 5) Cuotas de créditos BHU, ANV, Mevir, créditos de vivienda otorgados por el Ministerio de Defensa Nacional 6) Seguros de vida colectivos 7) Cuotas afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva o de prepago 8) Cuotas créditos de nómina y actos cooperativos realizados por socios de Cooperativas de Consumo y 9) los créditos con retención de haberes otorgados por cooperativas o asociaciones civiles si la tasa implícita supera en un 30%a la tasa equivalente al consumidor por moneda y por plazos. Quesada planteó que para las empresas esto implica un foco de atención, por razones obvias y por el impacto del crédito en la población La ley aborda el mínimo intangible (monto mínimo a recibir por asalariados o pasivos, en relación al neto entre el nominal, los descuentos por impuestos a la renta, sus anticipos y contribuciones a la seguridad social). Las personas, en la actualidad, no pueden cobrar menos del 30 % de ese |60|
mínimo intangible. Progresivamente ese porcentaje irá creciendo, de modo que la persona tendrá más líquido a su disposición, dijo. Se prevé que en 2015 el porcentaje sea del 35%, en 2016 del 40%, en 2017 de 45%, llegando al 50% en 2018. Hay una excepción, dijo, para los servicios de garantías de alquileres y los actos cooperativos de socios de Cooperativas de Consumo, en las que se mantendrá el límite del 30 %. Finalizando su intervención, se refirió al impacto de la ley en el crédito, haciendo énfasis en que limita a cifras menores a UI 160.000 el uso de cheques diferidos que no estén cruzados y emitidos como “no a la orden”, y por lo tanto el financiamiento que se obtiene a través de éstos: “Hoy en plaza hay muchas empresas que reciben cheques diferidos, los pasan a otros actores o los descuentan en un banco, obteniendo de ese modo financiamiento con documentos que muchas veces son de empresas de mayor porte y obtienen mejores condiciones o tasas de interés por traspasar esos cheques diferidos de sus clientes, y esa posibilidad ahora impedida, afectará el acceso al financiamiento. A pesar de que se habilitan los cheques diferidos, se habilitan solo los cruzados no a la orden, es decir que solo podrán ser cobrados en una cuenta bancaria y por el titular del cheque, y
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Sr. Edgardo González, Sr. Jorge Souza, Sr. Marcelo Oten
no pueden ser transmitidos por endoso: hoy quien recibe un cheque diferido que no esté cruzado y que no esté emitido como no a la orden, lo puede endosar y pasar a otro sin problema. Con la ley, el endoso va a quedar solamente a efectos de responsabilizar al endosante sobre el pago del documento. Si alguien hoy tiene en su política de empresa pedir el endoso de un Director de la empresa que le está entregando el cheque además de que esté firmado por los representantes de la empresa, va a servir para responsabilizarlo por el pago de ese documento, pero el endoso para transmitir el cheque, en estos montos no será posible”, dijo. Se limita la circulación de cheques diferidos de cifras superiores a UI 160.000: la transmisión se podrá hacer por cesión de crédito no por endoso. Culminada su alocución, dio paso a la intervención de los representantes del MEF.
Ec. Martín Vallcorba Asesor Macroeconomía MEF, Coordinador del Programa de Inclusión Financiera Vallcorba agradeció a LIDECO la oportunidad de compartir la jornada, y realizó una presentación muy general de la ley especialmente focalizando el fundamento de las medidas comentadas ya por el Ec. Quesada, y sobre los aspectos más operativos de la reglamentación e implementación. Comentó que nuestro país presentaba una serie de rezagos en materia de inclusión financiera, comparado con países de similar desarrollo económico. Una encuesta realizada en 2010, evidenció que el 60% de la población presentaba problemas con
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respecto a la inclusión financiera, y dentro de éstos, un 43% no tenían contacto con el sistema financiero, dijo. Ese rezago está dado por una baja cobertura de los servicios financieros, escasa intensidad en su uso, un acceso desigual al sistema, ineficiencias en el sistema de pago, subdesarrollo en instrumentos como la tarjeta de débito y las transferencias interbancarias, y con predominio del uso de efectivo y cheques. “Al día de hoy cuando uno mira el consumo privado, sólo el 1% se abonan con tarjeta de débito, aproximadamente el 10% con tarjeta de crédito, un 3 o 4% con débitos automáticos, y el restante 85% en efectivo”, comentó el Asesor del MEF, haciendo un mapeo de las transacciones en la economía, señalando que representa una “abismal diferencia” con respecto a otros países. “Estudios revelan que existe un círculo virtuoso entre desarrollo fi-
Visitas y Eventos nanciero, profundización financiera, inclusión financiera y crecimiento y desarrollo económico y social por el otro, en una relación biunívoca”, lo cual fundamenta la importancia de este proyecto, dijo Vallcorba. El objetivo de esta iniciativa, tiene que ver con la universalización de derechos, dijo Vallcorba: promover el acceso universal a los servicios financieros, en particular de los sectores actualmente excluidos (micro, pequeñas y medianas empresas y sectores de menos ingresos de la población) o que acceden en muy malas condiciones, permitiendo una efectiva utilización de los mismos, en un entorno regulado y supervisado. Para ello era necesario promover el acceso a medios electrónicos de pago, el ahorro, condiciones más favorables de acceso al crédito, reducción de costos en el acceso y uso de los servicios financieros y brindar educación financiera y protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. En el marco de la universalización antes dicha, se incluye el pago de remuneraciones. A este respecto, se prevé que el pago de salarios, beneficios sociales, nuevas jubilaciones y honorarios profesionales ese realice a través de cuentas bancarias o en instrumentos de dinero electrónico emitido por instituciones supervisadas por el BCU. En esto es clave que los beneficiarios elegirán la institución en la cual cobrar, porque implica un cambio en la lógica de la competencia, al ser los bancos serán los que deban preocuparse por el cliente, y competir por servicios de calidad, dijo Vallcorba. En el marco de la gradualidad de la implementación, los beneficiarios podrán mantener el sistema de cobro actual por tres años, y luego una vez por año podrán rever si permanecen o no en la institución financiera elegida. Se regulan además las características básicas que deberán cumplir las cuentas bancarias y los instrumentos de dinero electrónico: no habrá costo de apertura, mantenimiento ni saldos mínimos; habrá cinco extracciones y ocho transferen-
Sr. Juan Carlos Mastroianni, Sr. Iván Kirichenko, Sr. Fernando Melo, Cr. Darío Andrioli
cias interbancarias (de bajo monto) gratis, sin posibilidad de discriminar por tipo de beneficiario (el acceso de los beneficiarios debe ser universal). Para incluir a las MYPES en el sistema, se prevé la creación de cuentas simplificadas para que las empresas de reducida dimensión económica puedan tener una cuenta bancaria sin cargo, con similares características que las cuentas para el pago de remuneraciones, y se exonera del IVA a los intereses de los préstamos otorgados a empresas de reducida dimensión económica. Vallcorba comentó brevemente el Programa de Ahorro Joven para Vivienda, que tiene por objeto fomentar el ahorro de los trabajadores formales de menos de 29 años, con un subsidio en dinero de hasta el 30% del ahorro. Dijo que el subsidio dependerá de la conducta de ahorro y se hará efectivo cuando el joven acceda a una solución de vivienda (compra de un inmueble, contrato formal de alquiler, acceso a alguno de los programas del MVOTMA o ANV, etc.). El programa va a durar 4 años. Para acceder al subsidio de aproximadamente US$1300, se requiere un ahorro (microahorro entre 500 y 750 UI) de 18 meses consecutivos Un nuevo instrumento de crédito es el crédito de nómina, dijo, que se descuenta directamente de la nómina, facilitando el acceso de trabajadores y jubilados a un financiamiento en condiciones más favorables de |62|
tasa de interés. Los créditos deberán otorgarse en la moneda en que cobra la remuneración o en UI. La cuota del crédito no podrá exceder el 20% de los ingresos nominales. Se establecen topes a la tasa de interés de este tipo de operaciones, más estrictos que los de usura. Se aumenta el “intangible” (porcentaje mínimo del sueldo que no se puede afectar), desde el 30% actual hasta el 50% en 2018, promoviéndose así un endeudamiento responsable que no comprometa el nivel de ingreso de los trabajadores y jubilados. Lo que se fomenta en esta transformación de los medios de pago, dijo el Asesor, es el fomento de la competencia y eficiencia del sistema de pagos, limitando prácticas no competitivas (por ejemplo las referidas a la interoperabilidad de redes de POS y cajeros y transferencias interbancarias), permitiendo la entrada – en un sistema bancario que se ha ido reduciendo - de un nuevo tipo de actores no bancarios ofreciendo servicios financieros (instituciones emisoras de dinero electrónico). Por otro lado, la promoción del uso de medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo, mejora la eficiencia y ganancia de bienestar social, las condiciones de seguridad de la población y los comercios, fomenta la formalización, fortalece los controles de lavado de dinero, y combate a la evasión fiscal, señalando a este respecto que “el impuesto más injusto e inequitativo es el impuesto que no se paga”, aludiendo a los empresarios que eva-
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den en detrimento de aquellos que cumplen con sus obligaciones y compiten leamente. Con respecto al fomento de la competencia y mejora de la eficiencia del sistema de pagos, se establece la facultad de regular los precios de las transferencias interbancarias domésticas, solucionando el problema actual, cuando entre determinadas instituciones no se pueden realizar transferencias, o se realizan a costos elevados (aproximadamente US$60) dependiendo del monto a transferir, cuando existen mecanismos actualmente de costos muy inferiores, como las que se realizan con cheques, o retirando dinero de un cajero y depositándolo en otro, siendo que el costo de procesar los cheques y de alimentar los cajeros, recoger los sobres y realizar su procesamiento manual es en realidad mucho mayor, lo cual, dijo Vallcorba, “es un sin sentido que resulta imperioso modificar”. Aclaró que la intención del Poder Ejecutivo no es regular precios por vía administrativa, pero asimismo, dijo que cuando se observa una falla en el mercado es imperioso resolverla, y que la facultad de resolverla que tiene el Poder Ejecutivo se pondría en juego si los actores, en este caso los bancos, no llegan a una solución razonable en el precio de las transacciones interbancarias. Comentó que se regulará la interoperabilidad de las redes de POS y de cajeros automáticos, y se otorga el derecho a los comercios de trabajar únicamente con tarjetas de débito, sin tener que aceptar también tarjetas de crédito. En cuanto al dinero electrónico, podrá ser emitido por instituciones de intermediación financiera o por instituciones emisoras de dinero electró-
nico, las cuales estarán reguladas por el Banco Central del Uruguay y no podrán realizar actividades de intermediación financiera (ni captar depósitos ni dar créditos). Asimismo, se establecen garantías y protecciones sobre los fondos acreditados para el pago de salarios y pasividades. Con relación a la promoción de medios de pago alternativos al efectivo, se establecen restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones superiores a US$ 5 mil y al uso de cheques comunes para pagos de operaciones superiores a US$ 20 mil, comentando brevemente la existencia de disposiciones específicas para transacciones como el arrendamientos de inmuebles, enajenaciones de bienes inmuebles, adquisición de vehículos motorizados, proveedores del Estado y tributos nacionales. En cuanto al objetivo de rebaja del IVA, se prevé la reducción de 2 puntos de IVA permanente para las compras con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos similares. No hay límite temporal ni de monto. El Poder Ejecutivo tiene según esta ley, la facultad de reducir 2 puntos adicionales de IVA el primer año y 1 punto el segundo año para compras de hasta UI 4.000 ($11.500 aproximadamente) para aquellas transacciones que se realicen con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos similares. También se faculta al Poder Ejecutivo a reducir 2 puntos de IVA el primer año y 1 punto el segundo año para compras de hasta UI 4.000 ($11.500 por transacción aproximadamente), para transacciones que se realicen con tarjetas de crédito.
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Vallcorba comentó aspectos generales respecto a cómo se está concibiendo la reglamentación de la ley, y señaló la existencia de tres etapas. Una primera etapa, la actual, relativa a la rebaja del IVA (reglamentación del art 53 y 54 de la ley),a la interoperabilidad de las redes de POS, y al fomento de la inversión en redes de POS y soluciones tecnológicas especialmente para los pequeños comercios, todo ello en el marco de la Ley de promoción de inversiones. La segunda etapa, refiere a la reglamentación del pago de salarios, beneficios sociales, nuevas jubilaciones y honorarios profesionales en cuentas bancarias o en instrumentos de dinero electrónico y Ahorro Joven para Vivienda. La tercera etapa, regulará pagos transacciones específicas: restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones superiores a UI 40 mil y al uso de cheques comunes para pagos de operaciones superiores a UI 160 mil, arrendamientos de inmuebles, enajenaciones de bienes inmuebles, adquisición de vehículos motorizados, proveedores del Estado y tributos nacionales. Remitiendo a los presentes a la detallada exposición del Ec. Quesada sobre los puntos correspondientes a la última etapa, dijo que todas las disposiciones comentadas tienen plazos diferentes para su puesta en práctica. Continuó: “La primera medida prevista refiere a la regulación de los arrendamientos: la ley prevé que se realice a los 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley (entrada en vigencia a mediados de mayo de 2014). Las otras disposiciones entrarán a regir al año de la entrada en vigencia (mayo 2015). En todos los casos la Ley faculta al Poder Ejecutivo a prorrogarla entrada en vigencia de estas medidas
Visitas y Eventos por el plazo máximo de un año. En el caso específico de los arrendamientos, y seguramente también en el de las otras transacciones, que entrarían a regir en el mes de noviembre, se va a ejercer la facultad de prórroga y por lo tanto no van a empezar a regir a partir de noviembre porque consideramos conveniente implementar las otras medidas y no generar cuellos de botella en la implementación de la ley, por lo que habrá un plazo adicional al que está establecido a título expreso en el texto”. Abordando el tema de las sanciones previstas para la compra venta de inmuebles que se realicen con medios fuera de los previstos en la ley, o que no documenten adecuadamente la transacción, que motivaron cuestionamientos por parte de los escribanos en cuanto a la nulidad de los actos, “en la discusión de la ley en el Parlamento, específicamente en la Comisión de Haciende del Senado en tanto última instancia de discusión, se llegó al compromiso de realizar algunos ajustes diferenciando las sanciones según la gravedad del incumplimiento”, dijo. Señaló como incumplimiento sustantivo la utilización de medios de pago no admitidos. Señaló como incumplimientos no sustantivos y formales, que tienen que ver con la documentación en la escritura de los medios de pago correctamente utilizados, en cuyo caso se dará la oportunidad de enmendar el error, dijo. En cuanto al uso de los cheques comunes, adelantó, refiriendo una vez más a la exposición de Quesada, que seguramente se hará uso de la facultad que permitirá autorizar que por un tiempo se continúen usando cheques comunes cruzados no a la orden para las transacciones. Señaló que la opinión de LIDECO respecto a la incorporación de los cheques diferidos y los cheques comunes tuvo mucho que ver, cuando sobre este punto se intercambiaron pareceres en un evento anterior1. Dijo que sobre el impacto del uso de los cheques sobre el crédito, el MEF opina que será acotado, en la medida en que existe la posibilidad de descontar los cheques diferidos en las cuentas
Vista general del evento
que cada uno tiene. “Si se considera globalmente el proyecto y se observa que se le está dando a todas las empresas, especialmente las mipymes, la posibilidad de tener una cuenta y poder recurrir a una institución en la cual descontar ese cheque, consideramos que no hay una afectación significativa en las condiciones de financiamiento, porque el cheque será emitido por una institución que tiene una mejor calidad crediticia que la micro empresa”.
Ec. Florencia López Asesora Macroeconomía MEF Sumándose al agradecimiento por la organización de la conferencia, que permite explicar la rebaja del IVA recientemente reglamentada, López pasó a plantear una serie de definiciones generales útiles para entender la devolución del impuesto. En tanto la rebaja general y permanente de los dos puntos de IVA alcanza a las tarjetas de débito, los instrumentos de dinero electrónico y los instrumentos análogos, siendo estos últimos: débitos automáticos (de cuentas bancarias, o TD2 o IDE3), tarjetas prepagas emitidas por actores regulados por el BCU, pagos electrónicos efectuados a través de cajeros automáticos, teléfonos celulares o por Internet, con fondos al|64|
macenados en cuentas bancarias, en IDE o en tarjetas prepagas. En los pagos parciales con los medios admitidos por la ley, la reducción del IVA será proporcional al monto abonado con los mismos en el importe total de la operación. Ejemplificó: si una venta se abona pagando la mitad con tarjeta de débito y la otra mitad con efectivo, la devolución del IVA será por la mitad de la operación, porque la mitad se pagó con un instrumento que tiene la rebaja y la otra mitad no. Una venta de, por ejemplo, un electrodoméstico pequeño por valor de $ 1.220 IVA incluido (o sea, $ 1.000 + IVA de 22%) en la que el cliente paga $ 610 en efectivo y $ 610 con tarjeta de débito devuelve IVA por la parte que se pagó con tarjeta de débito (o sea devuelve $ 20, que equivale a una rebaja de 4 puntos de IVA sobre una base gravada de $ 500 + IVA). Si sólo se abona al momento de hacer la compra $ 610 con tarjeta de débito y se difiere el pago de los restantes $ 610 para el mes siguiente, por ejemplo, en ese caso no aplica la rebaja del IVA, pues el electrodoméstico no se abonó en un único pago. Con los servicios de tracto sucesivo (seguros, cable) en los que se tiene un contrato pero se generan varias facturas, a efectos de evaluar la aplicación de la rebaja del IVA
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se va a considerar cada documento (factura) individualizado para ver si les entra el tope de las 4.000 UI y computa o no la devolución en el caso de las tarjetas de crédito o el adicional en las tarjetas de débito es que hay que considerar cada factura individualmente. Una vez establecidos los instrumentos análogos, planteó el esquema de la rebaja del IVA diciendo que la baja permanente de 2 puntos aplica para las TD, IDE, instrumentos análogos, y las compras que los cooperativistas hagan en sus cooperativas de consumo, siempre que todas estas operaciones sean abonadas en un único pago, lo que significa que se tiene que pagar el total de la operación. Puede ser que se pague una operación con un medio que devuelve IVA conjuntamente con otro que no, siempre que se pague la operación en un 100%, va a aplicar la rebaja del IVA por la parte del instrumento que devuelve IVA. Las bajas adicionales relativas a las facultades del art. 54, se van a aplicar solo para las TD e IDE, pero no para los instrumentos análogos, los cuales devuelven solo el 2% de IVA sin importar el tope, y de forma permanente. La tabla 1 esquematiza las devoluciones que a cada instrumento corresponden para el año 1, 2 y 3, donde el primer año
se cuenta a partir del 1° de agosto de 2014. El decreto reglamentario prevé algunas excepciones: 1) las operaciones que se procesen manualmente (ej: una tarjeta que no pasa por un POS), no llevan beneficio de IVA. 2) Tampoco llevan rebaja los intereses de operaciones de crédito (para adicional TD): una operación de crédito que se realiza con una TD tiene una rebaja de 2% y si esa operación viene en la tarjeta de crédito, también tiene una rebaja de 2%, siendo el objetivo no generar asimetrías entre operaciones individuales que se cancelen con distintos medios.
Monotributistas que enajenen habitualmente bienes exentos y gravados 3) entidades prestadoras de servicios de salud comprendidas en el artículo 8º bis del Decreto Nº 220/998, de 12 de agosto 1998. De aquí a un año se promoverá el fomento del red POS y la incorporación de tecnología en las empresas a través de beneficios fiscales. El ficto no aplica a los bienes exentos de los literales A) a E) y G) del numeral 1) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996 (venta de moneda extranjera, de maquinaria agrícola y combustible menos el gas oil), ni a las operaciones cuya cobranza se realice a través de terceros.
Un problema que se procuró solucionar con el establecimiento de un ficto, es que los comercios puedan identificar si los bienes y servicios que venden están alcanzados por la rebaja del IVA. Lo que se estableció fue un esquema ficto de devolución durante el primer año (hasta fin de julio 2015) en el que la devolución se calcula como un porcentaje sobre el total de la venta: 3,28% o 1,64%, según instrumento y monto de la operación. Esto aplica en las siguientes actividades: 1) farmacia, quioscos, librerías, papelerías y expedición de artículos comestibles 2) contribuyentes comprendidos en el literal E) y
Respecto a la documentación de las operaciones, se deberá realizar en comprobantes destinados a consumo final y por el importe total de la operación (sin contemplar la reducción). Cuando la tasa de IVA pasa de 22 a 18, 18 es lo que el consumidor va a pagar, pero el comercio sigue facturando a la tasa de 22 o a la tasa de 10 según corresponda. La documentación deberá incluir: 1) número del comprobante que documenta la operación (deberá aparecer a partir del 1 de setiembre) 2) importe total de la operación, monto de la reducción e importe neto de la reducción de modo que el cliente sepa qué des-
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Visitas y Eventos cuento se le está aplicando (estos ítems deberán aparecer a partir del 1 de diciembre 2014) y 3) una leyenda que indique que aplica la reducción del Impuesto al Valor Agregado establecida en la Ley Nº 19.210 (deberá aparecer a partir del 1 de setiembre 2014). En caso de que el voucher no tenga toda esta información, la tarjeta de crédito o el banco deberán aportar en el estado de cuenta o en la comunicación mensual que envía a sus clientes una línea debajo del gasto, indicando el monto de la reducción del IVA. También está previsto que a partir de octubre las empresas tengan que tener previsto en los estados de cuenta o en las consultas de saldo que puedan hacerse, que se pueda consultar la totalidad del IVA devuelto en la operación del mes anterior. Esto, a efectos de transparentar las transacciones y que el cliente pueda ver el beneficio o el ahorro conseguido a través de las rebajas. En cuanto al crédito fiscal por el monto de la rebaja, los administradores de los instrumentos de pago admitidos y actores regulados por el BCU que realicen pagos y cobranzas en forma principal, son quienes comunicaran mensualmente al comercio el importe del crédito fiscal disponible. En el caso de los Literal E) y Monotributistas, recibirán el importe total o 100% de la operación. El crédito fiscal estará disponible para la entidad que lo genere. Por otra parte, el crédito fiscal se podrá utilizar para el pago de obligaciones tributarias con la DGI y el BPS. López comentó además que se está trabajando en dos decretos más, uno que refiere a la interoperabilidad de las redes de POS y otro que refiere al fomento de la inversión en tecnología. En cuanto a las redes de POS se pretende promover un funcionamiento más eficiente del sistema de pagos y evitar prácticas anticompetitivas. Se promoverá que las redes de POS sean abiertas fijando sus condiciones y tarifas para que las tarjetas pasen por esa red, y a no ser que haya incompatibilidades que hagan que la tarjeta no pueda ser
Durante la exposición del Ec. Martín Vallcorba
leída en esa red de POS, todas las tarjetas que quieran deberían poder pasar por allí. En cuanto a las tarjetas, los emisores de medios de pago establecerán los requerimientos en materia de seguridad y certificaciones que las redes deberán cumplir. Esas condiciones de seguridad serán generales para todas las redes de POS: serán las mismas condiciones para todas y estarán publicadas en la URSEC. Los principios para la interconexión serán la obligatoriedad, el acuerdo ente partes, y el derecho a un tratamiento no discriminatorio. También se está trabajando en la reedición de un decreto del 2011 (Ley de promoción de inversiones) en el que se daban beneficios fiscales para el fomento de la inversión en redes de POS y soluciones tecnológicas para que las redes de POS puedan estar en todos los comercios. Culminada la exposición de la Ec. López, Vallcorba retomó la palabra, para referirse a algunas puntualizaciones de la reglamentación respecto al pago de remuneraciones, pasividades y beneficios sociales. El cronograma de incorporación al pago de remuneraciones previsto en la ley, establece que comience un mes después de reglamentada la figura de los emisores de dinero electrónico. La lógica es no empezar hasta tanto todos los actores interesados en brindar este servicio lo puedan hacer. Como hay una nueva figura que se crea para promover la |66|
competencia, es necesario dar tiempo para reglamentar esta figura y dar tiempo para los trámites y habilitaciones del BCU. Se estima 1º de octubre de 2014. Respecto a la implementación del pago de sueldos, hasta el 30 de junio de 2015 quienes no cobren en un banco o en una red de pagos y cobranzas podrán optar por cobrar en una cuenta bancaria o un IDE y elegir la institución en la cual cobrar. Entre el 1º de julio de 2015 y hasta el 30 de setiembre de 2015, si el trabajador no eligió dónde cobrar, el empleador o el organismo de Seguridad Social deberá elegir la institución en la cual le pagará. No obstante, trabajadores, pasivos y beneficiarios tendrán la posibilidad de mantener el sistema actual de cobro, en acuerdo con el empleador o el organismo de Seguridad Social, hasta mayo de 2017. Quienes al 1º de octubre de 2014 estén cobrando por banco o red de pagos y cobranzas podrán elegir otra institución a partir del 1º de octubre de 2015, o cuando venza el convenio de pago si es antes. Los actuales jubilados y pensionistas no están obligados a cobrar a través de estos instrumentos y podrán seguir cobrando como hasta ahora. Igualmente, siempre tendrán derecho a elegir cobrar a través de una cuenta bancaria o un IDE Los profesionales podrán mantener
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Vista general del evento
el sistema actual de cobro de honorarios hasta mayo de 2017. A partir de esa fecha, el cobro deberá efectuarse en cuenta bancaria o con los medios de pago electrónicos que el profesional elija. Cerrando su intervención, dijo que los temas vinculados con la reglamentación son claves en la implementación de la ley. Hay muchos aspectos previstos en la ley, cuyo éxito depende de cómo se implementen, por lo que se está trabajando con mucho esfuerzo para que exista un proceso gradual en la reglamentación, que surja de un proceso de trabajo colectivo conducido por el MEF, con participación de todos los actores: BCU, DGI, BPS, Empresas Públicas, ANV, BROU, BHU, Bancos privados, Cooperativas, ANDA, Redes de pago, Redes de POS, Proveedores de so-
luciones tecnológicas, Emisores de tarjetas y de otros medios de pago, AEBU. “Todos los actores involucrados en los distintos temas van a tener un lugar en una mesa en el Ministerio para poder discutir cómo implementar de mejor manera los aspectos que están previstos en la ley. Así es como hemos venido trabajando hasta ahora y como seguiremos trabajando en el futuro”. Como mensaje final, dijo que “la ley de inclusión financiera implica una modificación importante en el funcionamiento del sistema de pagos y del sistema financiero, basado en una inconformidad respecto al funcionamiento actual, por lo que es necesario remover, afectar y sacudir ese statu quo. Genera oportunidades, genera desafíos y necesidad de adaptarnos para todos: empresas
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y personas. Ello se va a dar con los plazos necesarios para que podamos hacerlo, pero teniendo en cuenta que a lo que apuntamos es a transformar, y que cuando transformamos nos tenemos que adaptar, y que cuando nos adaptamos se generan desafíos y también oportunidades que es importante aprovechar. Lo que estamos percibiendo es que las transformaciones ya se están operando. Que aún antes de reglamentada la ley hay muchas cosas del sistema de pago que están empezando a cambiar, y esas señales positivas nos alientan a confiar en que cuando terminemos de implementar este proceso vamos a tener un sistema financiero mucho más abierto, más transparente, más inclusivo, más democrático y un sistema de pago mucho más eficiente que el que teníamos hace un par de años”. Seguidamente se dio paso a la interacción con el público presente para el planteo de preguntas, luego de lo cual se dio por culminado el evento.-
1-Vallcorba hacía referencia al evento “Mano a Mano con LIDECO” realizado en nuestra sede social el 10 de octubre de 2013, instancia donde se encontraron con Asesor del Ministerio diversos empresarios y personal de LIDECO para intercambiar pareceres y opiniones sobre el entonces Proyecto de Ley de Inclusión Financiera. El evento está comentado en nuestra Revista Institucional N° 156 de diciembre 2013. 2-Tarjetas de Débito 3-Instrumentos de Dinero Electrónico 4-Tarjeta de Crédito
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Participación de LIDECO en el 5to Aniversario de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales
Dr. Nicolás Antúnez Sector Jurídico LIDECO Integrante del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho (UDELAR)
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n la Torre Ejecutiva se celebró, el pasado 22 de mayo, el quinto aniversario de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) organismo que tiene múltiples competencias, entre las que destacamos como centrales la de custodiar la observancia de la legislación y el respeto a los principios establecidos en la Ley Nº 18.331 sobre Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. El mencionado evento fue también plataforma para que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Ceibal, IMPO, AGESIC y Presidencia de la
El tema de la protección de datos personales supone múltiples perspectivas de análisis y diversas implicancias para la vida de las personas y empresas. Nuestra Institución, en su carácter de gremial empresarial especializada desde hace casi 100 años en el manejo de información comercial empresarial, tiene un extenso recorrido respecto a los fundamentos de la necesidad y del uso debido de la información. El presente artículo reseña los conceptos vertidos por LIDECO, representada por el Dr. Nicolás Antúnez, en ocasión del 5to Aniversario de la URCDP. Allí, el Dr. Antúnez recorrió aquellos puntos que mejor permiten comprender los efectos y el proceso ocurridos en el ámbito empresarial, en relación a la asimilación de las normativas en la materia. República realizaran el lanzamiento de la nueva campaña para escolares “Tus datos tu decisión”, con el objeto de sensibilizar desde temprana edad sobre los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico referente a la protección de datos, intimidad y privacidad. Posteriormente a la presentación de la Memoria Anual de la Unidad, se desarrollaron tres paneles que evaluaron el impacto que la normativa ha tenido, desde el sector público, el privado y como Derecho Humano. Nuestra Institución, fue invitada a participar como representante del sector privado, en el segundo de los paneles reseñados. Teniendo esta instancia por moderadora a la Dra. Esc. María José Viega, el análisis tuvo como expositores a el Dr. Fernando Vargas por la C.U.T.I, la Dra. Cecilia Dupuy por el Clearing de Informes y quien escribe en representación de Liga de Defensa Comercial. |68|
En base a las preguntas formuladas, LIDECO valoró los impactos normativos, las implicancias prácticas y los desafíos futuros que ha aparejado la legislación en la materia, a lo largo de este último lustro. Para analizar el nuevo paradigma que ha significado para el sector privado el advenimiento de la normativa en materia de Protección de Datos nos interesó fijar dos coordenadas que permiten visualizar con mayor claridad los efectos de este marco regulatorio, fundamentalmente en el mundo empresarial: una de carácter temporal y otra de carácter estructural. En la primer coordenada, de carácter temporal, identificamos tres momentos en la asimilación normativa. El primer momento se caracterizó en general, por un profundo impacto. A la distancia lo entendemos como la reacción lógica a un planteamien-
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Visitas y Eventos to que involucra cambios culturales trascendentes. La valoramos también como una fase de cierto recelo y resistencia. Ese primer momento solamente se lograban identificar con nitidez los nuevos deberes y no se lograba comprender los eventuales beneficios. El segundo momento descripto fue, o tal vez sigue siendo, una etapa de adaptación donde se asimila la normativa y se comienza a comprender las implicancias prácticas de la misma en cada giro empresarial. En una tercera instancia, comenzamos a observar que la temática comienza a plantearse como una cuestión de competitividad, en virtud de un creciente empoderamiento de estos derechos por parte del ciudadano, esencialmente en su faceta como consumidor, el cual tiende a valorar como un factor extra de elección el grado de adecuación a la normativa por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios. En la segunda coordenada, de carácter estructural, el análisis del impacto está relacionado con el desarrollo organizacional previo a la vigencia de la Ley. En este punto distinguimos entre aquellos que tenían un camino ya transitado, por estar sometidas a mecanismos propios de auto regulación como es el caso de Liga de Defensa Comercial, que históricamente ha manejado los parámetros de transparencia, veracidad y no excesividad, como guía del compromiso institucional con la información. Estos puntos fueron cristalizados en el Protocolo REOCI (Registro de Obligaciones Comerciales Incumplidas) de 2001, que ya recogía derechos y principios actualmente consagrados. También tenían un sendero recorrido, aquellas empresas con experiencia de regulación previa, como fue la establecida en la Ley N° 17.838 (Protección de Datos Personales para ser usados en informes comerciales y acción de Habeas Data) y las filiales sometidas a políticas regulatorias de sus casas matrices. Por otro último en-
contramos a las organizaciones sin mayor experiencia, que obviamente han tenido y seguramente tendrán, un camino más dificultoso para asimilar un cambio que, al fin del día, es fundamentalmente cultural. Sobre los temas que han generado mayores consecuencias prácticas, señalamos aquellos trascendentales desde nuestra óptica, centrada en la difusión de información comercial y crediticia y signada por nuestro carácter de Institución gremial no sectorial. En nuestro punto de vista percibimos con intensidad lo concerniente a la inscripción de las bases de datos. Esta obligatoriedad trajo aparejada la necesidad, en primera instancia, de comprender el requisito, para posteriormente auto evaluarse y así llegar a un adecuado cumplimiento. Más allá que en nuestra opinión el sistema tiene ciertas complejidades y costos que entendemos están en vías de superarse, así como su implementación inicial no fue seguramente la ideal, la inscripción instaló rápidamente la idea de la Protección de Datos Personales en el mundo empresarial. El segundo gran impacto fue la obligación de colectar el consentimiento informado. Este deber generó una doble implicancia práctica. Por un lado instituyó un requisito para el agente que colecta, pero también para quien lo otorga, ya que asume un compromiso con la veracidad de la información que consiente se trate. En el lado positivo de la balanza encontramos la creciente limitación en los abusos como en el caso de la caducidad de las obligaciones de las personas físicas previstas por el Artículo 22 de la Ley 18.331, así como el expreso reconocimiento de la importancia de las bases de datos comerciales y crediticios como mecanismo que brinda seguridad, facilita el crédito y mejora la conducta del mercado. Saludamos la renovada posibilidad de ejercer los Derechos consagrados que colaboran en nuestra visión de transparencia y veracidad. |70|
En el día a día anotamos el crecimiento de una jurisprudencia en razón del instituto de Habeas Data y el desarrollo de un robusto cuerpo de resoluciones por parte de la Unidad que orientan en el terreno práctico. Como ya expresáramos, se comienza a percibir la necesidad empresarial de tener políticas vinculadas a la protección de la privacidad, lo suficientemente flexibles para abordar los desafíos de intercambio informativo de nuestra época, como un nuevo factor de diferenciación, que otorga valor agregado, entre proveedores de bienes y servicios. En definitiva entendemos que las consecuencias prácticas más importantes, refieren a la creciente profesionalización en el manejo de la información para lo cual los operadores profesionales están llamados a cumplir un rol central, así como un desarrollo cultural que cimenta nuevos parámetros de actuación. Como perspectivas futuras, nuestra Institución instó a ampliar las políticas tendientes a aprovechar las ventajas comparativas obtenidas por nuestro país gracias a este desarrollo normativo en la captación de inversores y la expansión del “Comercio Electrónico”, siempre teniendo en cuenta la imprescindible necesidad de mantener los equilibrios y la certidumbre jurídica del caso. Cabe recordar que si bien “...el derecho de protección de datos personales ha nacido como reacción al manejo arbitrario e ilimitado de los datos personales. Pero existen otras motivaciones que llevan a los Estados al reconocimiento de estos derechos.”I Los equilibrios a los cuales nos referimos, no son otros que los que deben existir entre transparencia y privacidad, así como entre Titulares de Derechos y Administrados o Titulares de Bases de Datos. En estos aspectos, a nuestro entender la URCDP ha demostrado ser un garante efectivo para ponderar estas situaciones, tanto desde su solvencia técnica, como desde una impronta de puertas abiertas a las inquietudes de los operadores involucrados.
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Otro equilibrio que concita nuestra atención es el que debe existir entre el sector público y el privado. Sobre el particular, han existido ciertas señales preocupantes como los Artículos 4to y 5to de la Ley Nº 18.812II la cual regula el acceso a la Central de Riesgos BCU, que entendemos se aparta para el caso concreto de los criterios generales del Derecho de Acceso y del Principio de Responsabilidad de la Ley Nº 18.331. Otra señal preocupante es la dada por el Artículo 306 de la Ley Nº 18.996III que declara que en el marco de la actuación inspectiva de la DGI, no regirán las limitaciones dispuestas en la Ley Nº 18.331. Entendemos que las reseñadas no son buenas señales, ya que es razonable exigir, por lo menos, los mismos parámetros de observancia de este Derecho Humano para el sector público que los que se le imponen al sector privado. Sobre la seguridad jurídica, entendemos que si bien es un tema en permanente evolución, para alcanzar un cumplimiento eficaz de la normativa, el mismo requiere un marco de razonable certidumbre. Ejemplo claro es el régimen de datos de carácter comercial o crediticio, que ha sufrido numerosas modificaciones y aún más numerosos intentos de reforma. La actual legislación no solo tiene fundamentos jurídicos atendibles sino que responden a una lógica basada en ciclos económicos, por lo cual las modificaciones aisladas pueden generar
perjuicios de carácter estructural, entendiendo a la Protección de Datos como un sistema. Como expresa el Prof. Rotondo la Ley N° 18.331 “... condice con los estándares internacionales y explicita y protege un derecho humano cuyo reconocimiento ha sido determinado por la realidad social y técnica de nuestro tiempo.”IV Por último y ciertamente no menos importante, se proyecta aprovechar las oportunidades de desarrollo partiendo de la base de lo obtenido hasta el momento como la adecuación de Uruguay a la Directiva Europea 95/46/CE y la Ley N° 19.030 que aprobó el Convenio Nº 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y su Protocolo Adicional. Compartir las mismas condiciones que Europa en cuanto a la trasferencia de información, facilita la instalación de empresas en las más disímiles áreas y es un innegable estímulo al Comercio Electrónico. La consecuencia más inmediata de estos logros es el de sortear una barrera no arancelaria para bienes y servicios nacionales, sobre lo que aún hay mucho por explorar. Por ese motivo es fundamental impulsar políticas a través de las cuales se puedan identificar y aprovechar las oportunidades generadas por estos reconocimientos. Con este obje-
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tivo es imprescindible la educación y capacitación, partiendo de iniciativas que instalen y profundicen la temática. En conclusión, observando estos pilares seguramente obtengamos resultados muy provechosos en la expansión de la Protección de Datos como un Derecho Humano, con la potencialidad que a su vez tiene para nuestro país en la creación de nuevas oportunidades de negocios.Schvartz, Liliana Beatrz “Los Informes Comerciales” Lumiere – pág. 30 Ley Nº 18812. Artículo 4 (Derecho de acceso).- El plazo máximo para proporcionar la información prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, para el caso de la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay, será de veinte días hábiles. Artículo 5 (Responsabilidad).- Las personas físicas y jurídicas del sistema de intermediación financiera que suministren la información contenida en la Central de Riesgos Crediticios a cargo del Banco Central del Uruguay serán las únicas responsables por la veracidad y actualización de la misma. III Ley Nº 18996. Artículo 306. Las facultades establecidas por el artículo 68 del Código Tributario autorizan a la Dirección General Impositiva a solicitar información tanto en el marco de una actuación inspectiva particular, como con carácter general mediante resolución fundada del organismo recaudador. Declárase que, a los efectos de lo establecido en el presente artículo, no regirán las limitaciones dispuestas en la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008. Quien incumpliera la obligación de proporcionar la información en el ámbito del presente artículo, será sancionado de acuerdo a la gravedad del incumplimiento (artículo 100 del Código Tributario), con la multa prevista en el inciso cuarto del artículo 469 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006. IV Rotondo Tornaría, Felipe. “Protección de datos personales en el Uruguay” Derecho Informático Tomo X – FCU – pág. 142. I
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Homenajes, reconocimientos y despedidas Esta edición nos pone en situación de homenajear y reconocer alejamientos cualitativamente distintos. Siempre se trata de ciclos que empiezan y ciclos que terminan. Aprender a convivir con los avatares del devenir hace parte de la construcción de la historia, rica en experiencias y hacedora de trayectorias. Sr. Miguel A. Francia LA REPUBLICANA S.A. El misterio de la salud y la enfermedad, nos obliga a despedirnos con dolor del Sr. Miguel Ángel Francia, firme adherente a LIDECO con quien compartiéramos largo trecho de nuestro devenir institucional en representación de LA REPUBLICANA S.A., empresa fundadora de LIDECO que junto a otras grandes organizaciones, supo dar origen a nuestra querida gremial, allá por 1915. Cabe testimoniar nuestro sentido Homenaje. Este año, quien fuera Vocal y Primer Vicepresidente de nuestro Consejo Directivo, debió dejar su vida terrena, habiendo transitado diversos avatares con la entereza que lo caracterizó siempre. Recordaremos siempre su constante respaldo a las iniciativas de nuestra gremial, su capacidad empresaria para reinventar desafíos, su agudeza y su visión práctica e inteligente a la hora de incursionar en los asuntos en que por su especificidad debía comprometerse nuestra Institución. Así fue que, siendo miembro del Consejo Directivo, además de ejercer su cargo en dicho órgano de Dirección, formó parte activa de diversas Comisiones de trabajo en las que supo volcar sus aportes. El mundo empresario pierde con su partida grandes cualidades empresariales, las cuales a través de su trayectoria, no dudamos habrán dejado fértil huella. Donde estés: hasta siempre, y gracias por todo Miguel.
Cr. Raúl Cerviño AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. El Cr. Raúl Cerviño debe alejarse del Consejo Directivo por ampararse sus derechos jubilatorios. En representación de AIR LIQUIDE S.A., como Vocal, Protesorero e integrante de la Comisión Fiscal, Cerviño ha sabido contribuir con su calma, sus aportes acertados, analíticos y una gran intuición a la hora de captar el espíritu humano, a enriquecer las sesiones de nuestro máximo órgano de dirección, así como a las Comisiones de trabajo en las que supo participar activamente. No por este alejamiento forzado dejaremos de contar, estamos seguros, con su disposición para hacer de nuestra plaza comercial un siempre mejor y perfectible lugar de crecimiento. Su afinidad para con nuestros mandatos estatutarios son garantía de ello. Continuará sin duda dando testimonio de lo que ha sido su trayectoria en la vida empresarial y gremial, asumiendo responsabilidades proactivamente y dando siempre lo mejor de sí, en consistencia con sus convicciones y su profunda hombría de bien. Recibe Raúl nuestro enorme agradecimiento, así como nuestros mejores augurios en esta nueva etapa, la cual sin duda, no estará exenta de fértiles emprendimientos.
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Consejo Directivo Presidente
Sr. Agustín Carrau
CARRAU & CIA. S.A.
1er. Vicepresidente
Dr. Diego Rodríguez
FERRERE ABOGADOS (CERÍSOLA, VARELA Y OTROS)
2do. Vicepresidente
Cra. Serrana Gauthier
BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A.
Secretario
Sr. Roberto Linn
LINN Y CIA S.A.
Prosecretario
Sr. Santiago Parodi
CITIBANK N.A. SUCURSAL URUGUAY
Tesorero
Cr. Francisco Danza
LEVER S.A.
Protesorero
Cr. Raúl Cerviño (hasta 30/6)
AIR LIQUIDE URUGUAY S.A.
Vocales
Lic. Javier Maresca
CIA. NACIONAL DE CEMENTOS S.A.
Cra. Lic. Adriana Landaburu
BROU
Dr. Guzmán Arregui
BANCO SANTANDER S.A.
Cr. José Luis Rial
CONAPROLE
Sra. Yelsa Corbella
ORGANIZACIÓN CRÉDITO AUTOMÁTICO (OCA)
Comisión Fiscal
Sr. Francisco Illanes
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A. (IPUSA)
Dr. Fernando Fernández
SCHANDY S.A.
Cr. Diego Mandía
DELOITTE (BONINO, LEMA Y OTROS)
Suplentes: Consejo Directivo
Dr. Javier Arocena
OROFINO S.A.
Sr. Ricardo Árraga
CEMENTOS ARTIGAS S.A.
Sr. Rafael Barbieri
CENTRO SUDAMERICANO S.A.
Cra. Miriam Bernheim
IBM DEL URUGUAY S.A.
Sr. Norberto Cánepa
NORBERTO CÁNEPA SANTOS
Dr. Gerardo Cedrola
BBVA BANCO S.A.
Sra. Isabelle Chaquiriand
ATMA S.A.
Sr. Julio Cherro
S.A.U.D.U.
Sr. Enrique Frider
PUNTO LUZ S.A.
Sr. Alberto González
EMILIO BENZO S.A.
Sr. Francisco Kántor
ALMENA S.A.
Sr. Jorge Larrique
LAYVA S.A.
Sr. Luis Lema
SKF URUGUAY S.A.
Sr. Walter Macció
PEDRO MACCIÓ & CIA. S.C.
Cr. Valentín Martínez
BANCO ITAÚ URUGUAY S.A.
Cr. Fabricio Perdomo
FIERRO VIGNOLI S.A.
Dr. Jorge Pereyra
ASOCIACIÓN DE REPUESTEROS AUTOMOTORES DEL URUGUAY
Dr. Gerardo Porteiro
HERRERA, NICOLÁS Y OTROS (ESTUDIO GUYER & REGULES)
Cr. Eduardo Radío
SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A.
Sr. Pedro Ramos
ELECTROQUÍMICA S.A.
Sra. Ma. Cristina Rodríguez
SUDEL S.A.
Sr. Jorge Torres
CENTRO PROTECCIÓN CHOFERES DE MONTEVIDEO
Sr. Juan Antonio Vázquez
HSBC BANK (URUGUAY) S.A.
Sr. Fernando Viera
PORTO SEGURO – SEGUROS DEL URUGUAY S.A.
Suplentes: Comisión Fiscal
Cr. Mario Zugarramurdi
BDO CONSULTING ESTUDIO HÉCTOR DEFFÉMINIS
Dr. Juan Pittaluga
JUAN PITTALUGA & ASOCIADOS
Cra. Cecilia Sosa
LÓREAL URUGUAY S.A.
Cra. Alina Gil
JUAN C. BALERIO S.A.
Cr. Diego Chiappe
EDUARDO CHIAPPE S.A.
Cr. Luis Normey
PREVISIÓN S.A.
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