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Revista Lideco - Número 155

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EDICIÓN NO. 155 | JULIO 2013

LANZAMIENTO DEL CICLO DE ENCUENTROS “Mano a Mano con LIDECO” Reciente jurisprudencia resulta en duro golpe para las malas prácticas empresariales

Conferencia sobre e-factura: una puesta a punto

Reforma del Código General del Proceso: parcial e insuficiente

Responsabilidades de la empresa en la gestión y administración del riesgo crediticio

Cambio de paradigma en responsabilidad de Directores de Sociedades Anónimas en procesos concursales

Asuntos concursales Primer Semestre


LIGA DE DEFENSA COMERCIAL / Contenido

Contenido EDITORIAL..............................................................................................2

Consejo Directivo Ec. Andrés Elola Presidente CÍA COOP. DE SEGUROS SURCO Dr. Diego Rodríguez 1er. Vice Presidente FERRERE ABOGADOS (Cerisola, Varela y otros) Sr. Agustín Carrau 2do. Vice Presidente CARRAU & CIA. S.A.

INICIATIVAS LIDECO Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe......................................................................3 LIDECO insta a la reciprocidad como valor en el intercambio de información.........................................................................................6 INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL Investigaciones confirman que la información comercial mejora las condiciones del crédito.....................................................................10 Historia de empresas, historia de personas...........................................12 Información comercial: seguridad, celeridad y crédito...........................14 GESTIÓN DEL RIESGO La falta de prevención y la exposición al riesgo de pérdida................... 16

Sr. Roberto Linn Secretario LINN Y CIA. S.A.

Las empresas deben contemplar celosamente el riesgo operacional aún en tiempos de bonanza...............................................18

Sr. Santiago Parodi Prosecretario CITIBANK N.A. Sucursal Uruguay

El recupero del crédito y la responsabilidad del acreedor...................... 24

Cr. Francisco Danza Tesorero LEVER S.A. Cr. Enrique Bixio Protesorero BANCO SANTANDER S.A. Cr. Jesús Suarez Vocal DUCSA Cr. Raúl Cerviño Vocal AIR LIQUIDE URUGUAY S.A.

El análisis de la capacidad de pago de la empresa como elemento clave del análisis de riesgo...........................................22

Apuntes sobre el endeudamiento empresarial.......................................28 CONCURSALES Cambio en el paradigma de la responsabilidad de los Directores de las Sociedades Anónimas en procesos concursales........................30 Una reforma parcial e insuficiente: las incidencias de la modificación del Código General del Proceso en el Concurso Civil...... 34 Asuntos Concursales: Primer Semestre 2013.......................................37 DE INTERÉS Reflexiones sobre la responsabilidad moral de la empresa................... 38 Aportes para pensar con orden: Los seis sombreros de Edward De Bono...............................................44 VISITAS Y EVENTOS Cooperación institucional entre LIDECO y ADM....................................48 Capacita LIDECO Liderazgo, comunicación y resistencia al cambio..... 50

Lic. Javier Maresca Vocal CIA. NACIONAL DE CEMENTOS S.A. Cra. Serrana Gauthier Vocal BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A. Cra. Lic. Adriana Landaburu Vocal BROU Gráfica Mosca D.L.: 349.996

Conferencia LIDECO e-factura: una puesta a punto..............................56 Lanzamiento de los encuentros “Mano a Mano con LIDECO”............... 58 SEPARATA Consejo Directivo...................................................................................72 Julio Herrera y Obes 1413 Tel: 2908 1636* Fax: 2902 2857 www.lideco.com / lideco@lideco.com Los artículos que se publican son de total responsabilidad de sus autores y la Dirección de la Revista no se solidariza necsariamente con las opiniones en ellos expuestas.

Diseño y maquetación:


EDITORIAL Nuestra gremial tiene entre sus responsabilidades más altas la de prestigiar las ventajas de la información comercial como recurso preventivo a favor de la salud del comercio. En atención a ese mandato, nos abocamos desde 1915 a recabar información de las empresas de plaza, y a procurar reducir las asimetrías y barreras en el acceso a la información de datos relevantes para la seguridad en la recuperación del crédito y en las decisiones comerciales. Esa tarea sigue tan vigente hoy como hace casi 100 años. Muchos han sido los logros alcanzados, y seguramente seguiremos avanzando en esta materia, pues Liga de Defensa Comercial continuará siendo la herramienta que bregue por aportar seguridad y transparencia en las operaciones comerciales que, inevitablemente suponen una toma de riesgos. Nuestra experiencia de contacto con el mercado nos muestra - en línea con la experiencia que observamos en instituciones colegas en la región – que la barrera más difícil de sortear en estos menesteres, es cultural. Las barreras culturales refieren por un lado a que hay empresas que aún no tienen incorporado el hábito de la consulta de información para la toma de decisiones, lo cual las expone a grados mayores de riesgo. Por otro lado, a que hay empresas que, teniendo incorporada la necesidad del uso de información para respaldar sus operaciones, no están dispuestas a compartir la propia. Un contrasentido. Una disonancia sobre la cual por mandato estatutario debemos manifestarnos en la mejor de las intenciones: la de promover el bien común, la de privilegiar los intereses colectivos cuando éstos apuntan a fines superiores que generan más beneficio para todos que lo que puede perderse individualmente por apostar a ellos. En ese marco, entendemos importante seguir insistiendo en las bondades de compartir información para la seguridad y transparencia del comercio. Una plaza segura no puede sino generar condiciones favorables para todos. “La defensa eficaz de los intereses colectivos” que nos demanda nuestros Estatutos, nos conmina a difundir las ventajas del uso preventivo de la información.

EDITORIAL

Una mínima reflexión lleva sin dificultad a concluir que hay una condición básica de reciprocidad en esta tarea. Las empresas que pretendan aspirar a acceder a información del mercado deben tener la correlativa apertura para brindar la propia. Ello obedece a un estricto sentido de justicia y paridad. Nuestro mercado es muy pequeño. No podemos permitirnos no potenciarlo al máximo. La seguridad en el comercio permite pisar firme al momento de tomar decisiones. Esa seguridad reduce los costos de crédito, el tiempo en los ciclos de los negocios, contribuye a desalentar las malas prácticas. El mundo tiende a la apertura en materia informativa. Las desconfianzas y recelos deberían limarse a fuerza de buenas prácticas y de un manejo serio y siempre perfectible de los datos comerciales. En ese desafío siempre vigente está comprometida nuestra razón de ser como gremial no sectorial: no buscamos privilegiar intereses particulares, sino las condiciones más perfectas posibles para provecho del progreso de la economía en general.-

Consejo Directivo de Liga de Defensa Comercial

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Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe La creciente apertura de datos parece ser una tendencia inevitable. Del tema se ocupó la “Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe que tuvo lugar en nuestra capital sobre fines del mes de junio. Las implicancias de ello para los Estados y la sociedad civil constituyen materia de desafío. En materia comercial, merece especial atención contemplar las especificaciones de completud, confiabilidad y celeridad en el acceso a los datos, siendo estos aspectos claves para la transparencia del comercio.

Dr. Nicolás Antúnez Sector Jurídico LIDECO. Integrante del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho (UDELAR).

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a búsqueda de la transparencia y de un acceso informativo cada vez más amplio, ha alcanzado nuevos niveles con el desarrollo y difusión del concepto de “Datos Abiertos”. El mismo se erige como un nuevo paradigma del relacionamiento del Estado con la sociedad civil y con la ciudadanía en su conjunto.

Bajo el lema de “impulsando la generación de valor” los pasados días 26 y 27 de Junio, se celebró en nuestra capital la “Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe” con el concurso de autoridades nacionales, representantes de organismos extranjeros, expertos de distintas partes del mundo, los cuales disertaron e intercambiaron ideas sobre el movimiento, de carácter global, que representa la apertura de datos a la sociedad. Como indica la página del evento, los “Datos Abiertos” u “Open Data” “son datos que pueden ser libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona”.1 La característica que revisten estos datos, es que deben ser accedidos de las maneras más sencillas, que los formatos en que se presenten permitan la más

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amplia reutilización y distribución y que el alcance de los mismos sea universal. El cambio de paradigmas que produce en el relacionamiento Estado – Sociedad es tal, que al decir del ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de planificación económica y Social), “Esta revolución ha generado un nuevo paradigma a través del cual el Estado ya no se encarga de generar todas las aplicaciones necesarias para los ciudadanos, sino que por el contrario, es la sociedad misma quien genera sus propias aplicaciones para sacar provecho a los datos que el Estado deja a su disposición.” 2 En definitiva, estamos ante un cambio cultural que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Como señalara la Dra. Nahabetián Brunet, la transparencia es una cues-


Iniciativas LIDECO tión de actitud y no necesariamente es un fenómeno normativo. En una nutrida agenda, las temáticas abordadas fueron relacionadas con el valor económico y social de los datos abiertos, las lecciones y desafíos que los mismos significan para América Latina y el Caribe, así como su incidencia en los gobiernos y la sociedad civil. Se profundizaron aspectos técnicos como la regulación, los estándares y las ventajas y desventajas de las distintas plataformas para la apertura de datos. En otras sesiones del evento se discutió acerca de principios, instituciones, regulación y el control que debe tener la información gubernamental para cumplir con sus fines y no dañar a terceros. También fueron objeto de tratamiento temát i c a s p u n tuales como la mejor gobernanza y participación que brindan los datos abiertos, el desarrollo de las “ciudades inteligentes”, la aplicación de este concepto a áreas tan disímiles como la agricultura y la gestión de la tierra, la generación de modelos de negocio sustentables, educación, medio ambien-

te y recursos naturales, el aprovechamiento de la información geoespacial, etc. Uno de los puntos interesantes a tener en cuenta es, que tal y como destacaron numerosos expositores, la apertura de datos implica costos presupuestales en algunos casos de entidad, para el Estado. Ante esta realidad surgen dos ideas importantes a destacar. En primer término entendemos que todo emprendimiento solvente en la materia, que derive en una mayor participación ciudadana y que apunte a que la sociedad pueda obtener mayor valor agregado, es en definitiva, una inversión cuyos resultados quizás no sean notorios a corto plazo, pero que seguramente generen nuevas oportunidades de desarrollo. Como segundo punto, concordamos que la “Apertura de Datos”,

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debe contar con una metodología adecuada, en la que resulta ineludible identificar y ponderar cuáles son las informaciones que resulten más útiles para el colectivo, a efectos de que la apertura sea llevada adelante priorizando este criterio. En esta instancia, entendemos que la necesidad del mercado crediticio, de obtener información de manera completa y tempestiva, es una referencia ineludible que debe tener el Estado a la hora de valorar qué datos debe procurar que sean accesibles con mayor celeridad, teniendo en cuenta que la información emitida es de carácter público, gozando por tanto de altos niveles de confiabilidad.1-http://confdatosabiertos.uy/inicio/datos-abiertos/ que+son+los+datos+abiertos 2-http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp xml=/ publicaciones/xml/7/46167/P46167.xml&xsl=/ilpes/tpl/ p9f.xsl&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl


Iniciativas LIDECO

LIDECO insta a la

reciprocidad como valor en el intercambio de información

Crear un capital informativo insume mucho esfuerzo en un mercado que solo recientemente está despojándose de secretos y barreras. En el mundo empresarial se encuentran aún importantes resistencias por parte de las empresas que, si bien quieren tener acceso a información, no están dispuestas a brindarla. Las tendencias a nivel mundial van por el camino de la apertura, con prescindencia de los períodos de crisis y de bonanza. Aspectos éticos y pragmáticos deberían llevarnos a todos a convencernos de la necesidad de la mutua colaboración para el fortalecimiento del mercado.

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s por todos conocido que nuestra Institución data de 1915 y que desde entonces se ha mantenido una perseverante línea de acción en pos de lograr democratizar la disponibilidad de datos comerciales

para la toma de decisiones, procurando quebrar barreras de acceso y poner a disposición de las empresas el mayor espectro de datos posible para enriquecer sus sistemas de gestión del riesgo de crédito. |6|

En ese camino, hubo muchos logros para LIDECO y para la sociedad. No siempre se ha valorado a cabalidad el impacto de la constancia de nuestra gremial para lograr que tuviera eco en nuestro país una mayor apertura


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en cuanto a la disponibilidad de la información comercial en términos de igualdad de oportunidades y la reducción de asimetrías. Hagamos memoria y remitámonos a la asimetría que existía – y en cierto modo existe aún – entre el sistema financiero y el empresariado comercial con respecto a los datos de la Central de Riesgos de nuestro Banco Central, lo cual permite conocer el perfil de personas y empresas deudoras (no necesariamente morosas) en el sistema bancario. El antecedente de esta conquista fue la insistencia de LIDECO en la correcta interpretación del Secreto Bancario, el cual se entendía, como fuera reconocido con base en un extenso trajinar de argumentaciones, afectaba solo al pasivo de los bancos, pero no a las deudas con respecto al sistema financiero. Recordemos la consultoría que en el marco del Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes, cofinanciado por el BID y LIDECO, realizara el Dr. Siegbert Rippe a este respecto, la cual fuera citada como referente en la discusión de estas cuestiones, largamente abordadas por nuestra Institución. Finalmente en agosto de 2009 celebrábamos que el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo fallaba a favor de LIDECO en la pugna por el acceso a la Central de Riesgos, ahora disponible para todo el mercado. En esta misma Sección comentamos la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe, con los desafíos que la mayor

Existe aún una importante resistencia en el empresariado con respecto a la reciprocidad en el intercambio de datos comerciales apertura de datos por parte del Estado supone para este último y para la sociedad civil, que debe procurar sus propios mecanismos para apalancar el potencial que supone acceder a los datos que progresivamente – tal es la tendencia mundial – van haciéndose aprehensibles. En el encuentro arriba señalado, se intercambió sobre la revolución cultural que esa nueva progresiva realidad supone. Si bien la tendencia en el país y a nivel mundial, aunque a distinto rit-

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mo, es la de la apertura en materia informativa, desde nuestra práctica constatamos que existe aún una importante resistencia con respecto a la reciprocidad en el intercambio de datos comerciales, lo cual indica que es un punto sobre el que es necesario continuar trabajando. Ni el más profano discute el valor de la información para la toma de decisiones ni de los costos de la asimetría de la información, tema que por cierto ha sido objeto de un Premio Nóbel de Economía en 2001 (selección adversa y riesgo moral, Stiglitz, Aakerlof y Spence). Pero la distancia entre las creencias y las conductas existe, y todavía encontramos con mucha más frecuencia de la que quisiéramos, empresarios que están harto interesados en acceder a información de sus contrapartes pero no están dispuestos a reconocer como básico y de legítima reciprocidad el derecho de otros a acceder a su información. La afirmación de que el beneficio de todos será la consecuencia del progresivo perfeccionamiento de la información comercial disponible se


Iniciativas LIDECO sustenta en una convicción primaria y sustancial que refiere a: • Que todas las personas son sujetos de igual dignidad y respeto, y que no pueden ser tomadas como medio con independencia de las consecuencias que recaigan sobre ellas a partir de las acciones de un tercero • Que todas las personas tienen derecho a no verse amenazados en su estado de bien al entrar en relación con otros • Que todas las personas por ende, tienen derecho, por un tema de estricta justicia e igualdad de oportunidades, a acceder a los datos que les permitirán tomar decisiones informadas y dar un consentimiento válido a la hora de hacer negocios • Que el consentimiento válido puede darse sólo a base de información veraz y suficiente La reciprocidad en materia de información es una cuestión de ética y por ende del reino del deber ser. La ética en tanto saber se ocupa de la forma en que las acciones humanas responsables afectan el bien general, donde la palabra responsable, implica que las acciones son tomadas en forma libre, y tomar acciones en forma libre supone que cada quien pueda orientar sus decisiones con autonomía dentro de los límites que impone la existencia de los otros, considerados como iguales en términos de la dignidad y respeto que se les debe. Las decisiones comerciales o económicas respecto al uso de recursos y la búsqueda de estrategias para obtener resultados, no deberían tomarse con prescindencia de sus consecuencias sobre terceros El interés propio inteligente de Adam Smith como motor de las decisiones que se toman confiando en la regulación espontánea del mercado es muy cuestionable si se toma como el único camino de motivación para la conducta humana. Supone admitir explícitamente que se debe prescindir (aunque Smith apela a la raciona-

lidad como límite del interés propio) de las consecuencias de bien o de mal que sobre otros recaigan a partir de las acciones propias. El mercado exige el intercambio de bienes y servicios, lo cual implica la mutua reciprocidad para el beneficio de todos. Esta reciprocidad no se logra con prescindencia de las convicciones en base a las cuales se ordenan los intercambios.

¿Cómo puede justificarse el derecho a acceder a información de otros sin asumir que los otros tienen el mismo legítimo derecho de acceder a la propia? El pensamiento sobre la economía y el ordenamiento económico, es desarrollado por personas, por seres morales y libres, que por ende tienen responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Los actores económicos forman parte de un todo social que logra beneficios comunes en la medida en que se subordinen al bien común la interacción de sus componentes.

Y si la información comercial es uno de los medios buscados por los empresarios para tomar mejores decisiones que les permitan regular los riesgos de sus intercambios, a la vez que buscar optimizar sus rendimientos, ello no puede hacerse a costa del retaceo de información para otros, quienes en un mismo nivel de dignidad, también propenden a tomar buenas decisiones para potenciar su desarrollo. Pero las personas y empresas tienen, además de la responsabilidad de alcanzar su máximo potencial la de no ser, por negligentes, obstáculo o carga para otros. En este sentido, al problema de quienes consideran valiosa la información pero en forma unidireccional, porque no están dispuestos a compartir la propia, se suma el caso del empresario que no apela a la información comercial para la toma de decisiones arriesgando pérdidas por créditos mal otorgados. Es posible avanzar en este sentido llamando también a la reflexión sobre la importancia de que las empresas registren sus incumplimientos comerciales en la redlideco.

¿Cómo puede justificarse entonces el derecho a acceder a información de otros sin asumir que los otros – considerados como iguales - tienen el mismo legítimo derecho de acceder a la propia? Una justificación de ese talante implicaría asumir una dignidad privilegiada de unos sobre la ausencia de dignidad otros. Es evidente que tal justificación no se sostiene sino con base en la arbirtariedad del razonamiento.

Se espera obtener en las bases de datos sistemáticas, la información que permita prevenir el riesgo: cuantas más sean las empresas que vuelcan sus cuentas morosas en las bases de datos, por pequeños que sean los montos de esas cuentas, mayor será el acervo de datos que contribuyan a que el mercado pueda conocer la conducta de las contrapartes con las que van a hacer negocios.

Si todos los miembros de una comunidad de intercambios como es el mercado, tienen el derecho de realizar al máximo su potencial de bienestar, se debe admitir que los medios para alcanzar el despliegue de ese propio máximo potencial que no sean los que surjan del talento o de las propias capacidades, debería estar accesibles para todos. Esa sería la forma en que una sociedad podría fomentar ordenadamente el progreso.

En los 98 años de su trayectoria LIDECO ha sido testigo de muchas crisis económicas, así como de períodos de tranquilidad como el que en principio estamos atravesando. Hemos constatado que muchas empresas en las que no forma parte de su cultura organizacional la consulta de información en sus procesos de toma de decisiones, pretenden que la búsqueda reactiva de protección mediante la afiliación a nuestra gremial

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pueda sustituir los efectos de los créditos mal otorgados o la falta de consistencia de sus políticas de otorgamiento de créditos. Las competencias y capacidades de la empresa no se gestan a este respecto, tan rápido como se pretende. Si bien en general las empresas prestan menos atención a la prevención el riesgo en tiempos de calma son justamente esos tiempos los mejores para diseñar, fuera de presiones, los procedimientos efectivos para operar en situaciones de dificultad. Los procesos de gestión del riesgo que tienen falencias en su diseño – como puede ser una deficitaria incorporación de información comercial -, generan consecuencias perniciosas, sea porque redundan en créditos mal otorgados, o bien porque debilitan la capacidad de la empresa de anticiparse a las situaciones de dificultad mediante sistemas de prevención que faciliten una reacción celera gracias a la automatización de los procedimientos, cuando éstos forman parte de la cultura de la organización.

La convicción de que es necesaria la reciprocidad en el intercambio de información comercial para favorecer la salud del mercado es un leit motiv y una máxima para LIDECO, y para muchas empresas que nos acompañan. Por convicción o por pragmatismo, las empresas deberían incorporar este principio más allá de reacciones desesperadas en tiempos de crisis que ojalá no debamos enfrentar nunca más en la dimensión en que ha ocurrido antes.

Las personas y empresas tienen, además de la responsabilidad de alcanzar su máximo potencial, la de no ser, por negligentes, obstáculo o carga para otros Por supuesto que el fortalecimiento de las empresas requieren además del acceso y el aporte de información, una adecuada capacitación del personal apostado al área comercial y de análisis de riesgo. A tales efectos nuestra Institución

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pone a disposición de sus asociados los servicios de asesoramiento de nuestro Sector Jurídico, así como instancias regulares de capacitación respecto a la documentación comercial y los recursos legales que respaldan los créditos empresariales para asegurar su recupero ante la eventualidad de un incumplimiento. Instamos a nuestros asociados a que profundicen siempre sus capacidades y competencias en materia de prevención del riesgo para defender el buen crédito y promover la fluidez de las transacciones comerciales. La realimentación de los saberes dentro de la propia organización sumado al respaldo informativo y jurídico de Liga de Defensa Comercial, se potencia y expande cuando se actúa recíproca y sinérgicamente con los pares comerciales conformando una red, verbigracia, la redlideco.-


Información Comercial Empresarial

Investigaciones confirman que la información comercial mejora las condiciones del crédito La reducción de las asimetrías de información resulta a todas luces favorable para el mejoramiento de la eficiencia en las transacciones comerciales del mercado. La indiscutida incorporación de los antecedentes comerciales negativos en los procesos de toma de decisiones resulta insuficiente en un mercado que compite cada vez más por ampliar la penetración del crédito como aspecto central en la concreción de negocios.

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as investigaciones realizadas en torno a la disponibilidad de información comercial y su impacto en el mercado, coinciden en que cuanto más completa es la información disponible, mejores son las condiciones de la concesión y del acceso al crédito. A menos asimetría de información, mayor reducción del costo de crédito (tasas de interés), menores porcentajes de incumplimiento comercial, y más favorable oferta de crédito, así como las posibilidades de acceso al mismo por parte de los actores que lo solicitan.

Los mercados internacionales y la experiencia de los países en los cuales se ha mejorado la calidad de la información comercial, dan cuenta de impactos positivos en relación a los aspectos arriba expuestos. Se observa que la tendencia mundial en pos de la apertura de la información positiva es creciente. Nuestros vecinos de SERASA – EXPERIAN, en Brasil, según la Revista de Tecnología del Crédito de mayo 2013, advierten la constatación de impactos positivos para el país norteño, si bien las resistencias iniciales a la incorporación |10|

de datos positivos fue inicialmente importante. La evaluación del impacto de la creación del Registro Positivo de Datos de personas físicas y jurídicas que fuera aprobada en Brasil en el año 2010 y puesta en marcha en 2011, es alentadora. Los objetivos planteados por los promotores de la iniciativa eran los de disminuir el costo de crédito, disciplinar el mercado y reducir los spreads bancarios, las tasas de interés, los niveles de incumplimiento de la mano de la mejora de


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los hábitos de pago del mercado. Se trata de objetivos complementarios y recíprocos, en tanto la consecución de uno lleva al otro. La investigación llevada a cabo por SERASA constata ese hecho. Estas variables fueron estudiadas en diversos países que han adoptado insumos de información positiva para la toma de decisiones de crédito. Se consideraron además de las variables financieras arriba citadas, cuatro variables culturales clave que inciden en que existan posturas más o menos proclives a abrir el acceso a la información comercial: la distancia respecto al poder, el individualismo, la masculinidad y el rechazo a la incertidumbre (dimensiones culturales de Hofstede,1991).

a la incertidumbre refiere al grado en que una sociedad prefiere elegir en condiciones de previsibilidad: en los países donde hay elevado rechazo a la incertidumbre, también se resisten los cambios y la innovación.

La distancia del poder se define como el grado en que las personas menos poderosas aceptan las desigualdades en la distribución del poder. El individualismo refiere al grado en que en una sociedad, los intereses individuales prevalecen sobre los colectivos. La masculinidad, da cuenta del grado en que una sociedad se orienta al éxito en el desempeño, donde la fuerza (leyes estrictas) es valorada más allá de los valores materiales. El rechazo

Da cuenta de lo anterior la verificación de que en relación al PBI, el crédito al sector privado tiene mayor volumen de recursos en los países donde existe mayor flujo de datos.

En este marco, se señala que el acervo de datos negativos que de hecho siempre se han considerado necesarios como para incorporarlos en los sistemas de decisión comerciales, resultan a todas vistas insuficientes. La investigación concluye que la oferta de crédito es mayor y los incumplimientos menores, en aquellos mercados donde la información se comparte en forma más abierta.

La mayor disponibilidad de datos para la toma de decisiones redunda además en un acto de justicia hacia el buen pagador que, por cuenta de los malos pagadores, debe soportar condiciones de acceso al crédito más exigentes, sin merecerlo.

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Considerando los resultados expuestos arriba, y partiendo de la necesidad pero a la vez insuficiencia de los datos negativos como insumo relevante para la mejora de las decisiones comerciales, plantea la necesidad de continuar la reflexión en torno al perfeccionamiento de la calidad de la información comercial disponible en plaza. Cabe en este punto promover la reflexión a todo nivel. El empresariado necesita información para decidir, pero se resiste en ocasiones a brindarla. Demandar información sin darla no permite el flujo constante de datos hacia las fuentes en que los mismos de consulta, porque la reciprocidad termina siendo erosionada. La apertura de datos parece ser una tendencia mundial que no va a detenerse, y cuyos efectos positivos para el mercado cuentan con el respaldo de investigaciones objetivas que detectan la evolución en paralelo de dos fenómenos: disponibilidad de información y mejora de las condiciones de acceso y otorgamiento de créditos. Fuente: Revista Tecnología del Crédito, SERASA EXPERIAN, mayo 2013


Información Comercial Empresarial

Historia de empresas, historia de personas. La importancia de la vinculación persona – empresa y la consulta del Registro de Comercio y de Embargos El dato sobre los integrantes de empresas es uno de los más valorados por quienes consultan nuestra redlideco. Es lógico que así sea, pues las empresas no son entidades que funcionan con abstracción de quienes las dirigen y gestionan. La conducta comercial de una empresa está ligada a la conducta comercial de quienes marcan su rumbo. Mediante la consulta on line en nuestra web puede lograrse un rápido acceso a conocer quiénes son los administradores, directores o representantes de una sociedad comercial.

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n el transcurso de sus 98 años de historia de trabajo en materia de colección de datos del mercado, LIDECO cuenta con un importante acervo histórico respecto a la relación existente entre personas y empresas. Las propias organizaciones y los empresarios que solicitan información han sido fuente de consulta permanente por parte de nuestra Institución a efectos de identificar la vinculación de las entidades económicas con sus integrantes. Desde el año 2005 además, más precisamente desde el 14 de octubre de ese año, se publicó en el Diario Oficial la Ley 17.904 (Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal), la cual en los artículos

13, 14, 15 y 16 introdujo modificaciones que contribuyeron a favorecer una mayor transparencia para los agentes de la plaza comercial. A partir de la entrada en vigencia de la citada ley, en su artículo 13 se estableció que “Todo nombramiento de administrador, director o representante de una sociedad comercial, por acto distinto del contrato o estatuto social, así como su cese o revocación, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio”, así como también los convenios de sindicación de acciones de Sociedades Anónimas y “todo cambio de sede social”. Se exceptuó de esa inscripción a todos los “negocios de apoderamien|12|

to”. Esto significa que, cuando la sociedad comercial confiere mandato a un tercero para que actúe por ella, no es necesario inscribir dicho otorgamiento en el Registro. En el inciso 3 del artículo 13, la norma establece las consecuencias de la omisión de la inscripción, siendo particularmente dura al establecer la sanción cuando prescribe que: “la actuación de sociedades con administradores, representantes o directores no inscriptos, hará inoponible el acto o contrato de que se trate”. Esto quiere decir que si en el otorgamiento de un contrato actúa un administrador, director, representante o liquidador que no esté registrado debidamente, el acto va


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a ser válido entre las partes, pero no se podrá “oponer” a terceros, o sea que cualquier tercero podrá considerar que el acto no existió a su respecto. La entrada en vigencia de la norma permite acceder a saber efectivamente quién es la contraparte con la que las empresas interactúan en los negocios, lo cual puede conocerse o verificarse efectuando vía redlideco la consulta directa al Registro de Comercio a través de la Dirección General de Registros. Esta posibilidad se sumó al acervo informativo que LIDECO fue gestando en el transcurso de su constante interacción con empresas del mercado, que a partir de entonces se perfecciona mediante la obligación legal de explicitar las modificaciones relativas a los administradores, directores o representantes de las sociedades comerciales. Para efectuar la consulta en nuestra redlideco alcanza con remitirse al Menú Principal de nuestra web www. lideco.com en la opción Antecedentes DGR, y seleccionar la opción Registro de Comercio, ingresando para el procesamiento on line de la consulta el nombre de la firma y su número de RUT, tal como se ve en la Tabla 1. El campo “Referencia” en la Tabla, sirve a efectos de que el solicitante de la información introduzca un breve comentario que identifique el motivo de la solicitud, el destino, etc., solo como guía personal para el posterior y particular manejo de los datos. Este dato por cierto, puede cruzarse con los demás datos disponibles en nuestra redlideco, a efectos de detectar el histórico de la vinculación de personas y empresas, en términos de los antecedentes comerciales de las personas y de las empresas vinculadas en el pasado o en el presente, conociendo si ellos o las empresas de las que formaron parte tuvieron antecedentes negativos (antecedentes concursales, incumplimientos comerciales, cuentas corrientes bancarias suspendidas o clausuradas), o si tienen en el presente embargos que los afecten. La consulta de embar-

gos (ver Tabla 2) también está disponible vía on line a través de nuestra web, ingresando en la misma opción de Antecedentes DGR y seleccionando la opción Actos Personales y Derechos Civiles de la Mujer. Para procesar la consulta de deben ingresar los nombres y apellidos de las personas y de conocerse, |13|

el número e la Cédula de Identidad, lo que permitirá una búsqueda más certera y precisa.


Información Comercial Empresarial

Información comercial:

seguridad, celeridad y crédito La Revista Número 1 de LIDECO data de enero de 1919. En un ejemplar de tapa dura, con el viejo encuadernado cosido y pegado en forma artesanal, de páginas de 25 cm de ancho por 35 de alto, puede leerse, en su página 3, un artículo referido al valor de la información comercial para la dinámica del comercio. A 98 años transcurridos desde la fundación de nuestra gremial no puede sino despertar admiración la iniciativa y lucidez de los hombres de empresas que dieron en fundar esta Institución con un amplio sentido de responsabilidad y compromiso social. Se transcribe a continuación el mencionado artículo. (Revista Liga de Defensa Comercial, Número 1, enero 1919)

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He ahí los tres grandes postulados del comercio. La Seguridad en las operaciones, es el poderoso incentivo que le mueve, alentándole con la promesa de realizar la utilidad prevista, retribuidora del esfuerzo productivo. La Celeridad puesta al servicio de la contratación comercial y ejecución de las convenciones, - en sus diversas manifestaciones – acerca los hechos a la realidad prevista puesto que el resultado de los negocios, en la mayoría de las veces, es cuestión de oportunidad. Y el Crédito, es el gran factor que permite movilizar sumas muy superiores

a las efectivas disponibles, obteniendo ganancias mayores que las que corresponden a éstas. Es por esta razón que la legislación comercial, universalmente, concede amplia protección a estos tres principios básicos del comercio. Pero esa protección no basta por sí sola; es necesario que todos los que a tal clase de actividades se dediquen, se compenetren de su significado, es decir, que formen con ellos su “alma” comercial y que con ella dirijan todos sus actos, de modo que en éstos queden impresos aquellos principios. |14|

De aquí resulta que toda regla de gestión comercial tendiente a asegurarlos, no debe ser despreciada por los cultores del noble trabajo que simboliza el hijo de Júpiter. Una de esas reglas, a la que damos mucha importancia, es la que refiere a la información comercial, cuyo mérito es tan poco conocido por los más, como erróneamente calumniado. Pocos son los que se han dado exacta cuenta del significado de la información comercial; y es general, todavía, que muchos se nieguen a suministrar datos respecto de su


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propio giro, considerando deprimente toda exigencia a su respecto. La información comercial reúne en sí misma, elementos concurrentes a favor de los tres referidos postulados. Contribuye a la seguridad en las transacciones, facilita las mismas y difunde el crédito de aquellos que realmente se han hechos acreedores a él. Lo primero se explica sin esfuerzo: si el contratante que debe entregar su mercadería librado a la confianza, tiene una fuente a donde recurrir que le dé un medio de conocer aproximadamente el estado comercial de su cliente, los tratos comerciales tendrían una base relativamente segura que reportaría grandes beneficios para todos, disminuyendo el precio de la mercadería, porque es sabido que cuanto menos dudas ofrezca el cumplimiento exacto del contrato, con más interés y liberalidad procede el vendedor. Lo segundo no puede admitir dudas: una fuente seria de información debe suplir los demás medios que siempre son lentos e imperfectos, en perjuicio de la rapidez que interesa, a ambos contratantes, en la conclusión de los negocios. Facilitar la información y

funcionamiento de esas fuentes de información, siempre que reúnan las necesarias condiciones de formalidad y seriedad, es pues, facilitar las propias transacciones, sin exponerse a desaires, a veces injustificados. Y lo tercero, es decir, que las buenas fuentes de información son causa de difusión del crédito, es igualmente indudable. ¿Quién abre crédito a favor del que no ofrece medios de conocer su responsabilidad y seriedad comercial? Y ¿quién asegura que no tendrá que tratar algún día con otros que aquellos con los que ordinariamente ha trabajado? ¿Quién negará que siempre es ventajoso para el que es correcto y responsable, que todos puedan conocer sus condiciones, es decir, que todas las puertas del crédito se abran a su pedido o sin su pedido? Las buenas fuentes de información son las Bolsas de Crédito destinadas a crear relaciones, fomentando la corrección y la buena fe comercial. Demostrada la conveniencia de que la información comercial tiene las ventajas enunciadas, debe admitirse la conclusión de que facilitar el funcionamiento de los centros de infor-

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mación, es obra buena y beneficiosa a los intereses colectivos, y que cooperar a su acción, es propender eficazmente a la realización de los tres grandes postulados del comercio. Es preciso adaptarse a las prácticas modernas, comerciar más científicamente y dejarse de prevenciones hijas del error y rutinarismo. La mejor base para una información exacta radica en la propia declaración del informado. Es pues, deber de todo comerciante, en beneficio del comercio en general y del suyo propio, proporcionar a las oficinas destinadas a la información comercial, (siempre que ofrezcan el concepto de seriedad o formalidad necesaria) los datos correspondientes a su propio giro. Recomendamos muy particularmente este concepto, aún a aquellos que operan al riguroso contado y especialmente a los que haciendo lamentables confusiones, denigran la alta e importante misión de estos institutos, considerados, hoy, universalmente, como auxiliares indispensables del comercio”.-


Gestión del Riesgo

La falta de prevención y la exposición al riesgo de pérdida Los contextos de bonanza suelen acompañarse de una tendencia a reducir las inversiones de tiempo y recursos en materia de prevención del riesgo de crédito. Esto plantea un problema potencial en cuanto a la seguridad comercial, en tanto baja la guardia respecto a los controles en el proceso de administración del riesgo de crédito. Un mercado responsable debería velar porque todas las empresas tomaran medidas preventivas.

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n general, las empresas están menos alerta a la hora de prevenir el riesgo cuando el mercado atraviesa períodos de bonanza. La disminución en la percepción del riesgo de crédito contribuye a que se reduzca la inversión de tiempo y recursos humanos para su prevención. Ello conlleva la posibilidad de pérdida de capacidades de gestión del riesgo, con las correlativas consecuencias para las empresas tomadas individualmente y para el mercado. Un exceso de confianza puede llevar a no atender datos o señales que hubieran permitido evitar determinadas contingencias si se hubieran incluido en los procesos de toma de decisiones. Protegerse, tiene un costo. No protegerse también, pues expone a la empresa a mayores probabilidades de pérdida. Dado un perfil de aversión al riesgo y un objetivo de rentabilidad, las empresas deberían estipular los parámetros de aceptación o tolerancia al riesgo en distintos escenarios. Camino a la búsqueda de beneficios – pues toda organización debería propender a maximizarlos – siempre se asume una cuota de riesgo en función de la cual podría verse afectado el beneficio esperado. La información comercial es sin duda una variable clave en estas cuestiones máxime cuando existe una alta concentración en los negocios de la

organización. La combinación de la reducción de la consulta sistemática de información comercial con la concentración del portafolio de negocios no es recomendable. Diversificar las fuentes de ingresos es una de las formas de protección ante el riesgo de las oscilaciones de la economía y de la performance de los distintos sectores de actividad. Las empresas que |16|

tienen sus negocios concentrados, deben monitorear los indicadores financieros de los sectores en los que se concentran sus negocios. Si bien el mercado presenta actualmente condiciones de relativa estabilidad, hay señales claras de enlentecimiento del crecimiento a nivel regional y mundial. Ello va de la mano


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de la necesaria precaución respecto a las bondades de los vientos que han impulsado nuestro crecimiento. Todos los actores económicos del mercado están conectados. No es buena cosa que aumente la tolerancia o permisividad ante el riesgo en los negocios bajo el argumento de la escasa morosidad. Si la empresa espera a que los problemas del mercado sean visibles para decidir fortalecer sus capacidades de gestión del riesgo de crédito, debe considerar que las capacidades no se gestan de un momento a otro y por ende, las demoras en su consolidación podrían afectar, llegado el caso, la posibilidad de que la empresa responda eficazmente ante la emergencia de dificultades. Además de ser conscientes respecto a la propia tolerancia al riesgo, sería un buen ejercicio promover que el grado de aversión al riesgo se evaluara en todos los componentes de la cadena comercial. No hay gestión de cartera eficiente que no considere evaluar la situación del cliente, su situación fiscal, su disposición para asumir riesgos, su situación financiera, sus antecedentes en el mercado, y cualquier dato que permita diseñar una relación comercial a medida. La seguridad comercial es una cuestión colectiva: cuantas más empresas realicen negocios seguros, mayor seguridad habrá en la plaza comercial. Una adecuada distribución de la cartera de negocios conjuntamente con adecuados sistemas de captura y procesamiento de información comercial proporcionan un adecuado equilibrio en la ecuación rentabilidad – riesgo. Una misma empresa puede adoptar distintos perfiles de aversión al riesgo dependiendo del riesgo po-

tencial de los mercados a los que atiende. Si en la cartera de clientes de una empresa, se cuentan perfiles de baja aversión al riesgo, se deberían tomar las previsiones del caso, pues si se interactúa con empresas que no adoptan adecuadas políticas de prevención del riesgo, por transitiva, se está expuesto a riesgos en la misma medida que sus interlocutores. De ahí que más allá del propio perfil de aversión al riesgo, en el análisis crediticio, además de considerar la distribución de la cartera de negocios de las empresas con las que se hacen

La disminución en la percepción del riesgo contribuye a que se reduzca la inversión de tiempo y recursos humanos para la prevención del riesgo de crédito.

diante una adecuada relación riesgo – rentabilidad. Políticas más osadas toleran más riesgo de pérdida de activos, mientras que políticas más conservadoras tienden a tener controles más estrictos en pos de reducir al máximo las posibilidades de pérdida. La administración del riesgo de crédito de la empresa debe tener adecuadamente definidos, en función de las características del negocio y los interlocutores comerciales, los parámetros que pautan el grado en que la empresa está dispuesta a tolerar la disminución del valor de sus activos merced al incumplimiento de los términos de los contratos de crédito. El riesgo de que no se perciba riesgo es que las medidas preventivas se flexibilicen demasiado, y las empresas pierdan la capacidad de responder efectivamente ante eventuales dificultades.

negocios, se debería contar con una visión estimativa del grado en que cada empresa con la que se realizan negocios se preocupa de realizarlos con base en una adecuada prevención del riesgo.

No debemos olvidar que los sistemas y las ideas se ponen a prueba en las épocas de crisis. Un mercado de crédito responsable, debería velar porque todos los interlocutores incorporen la información comercial con perspectiva de mercado en sus procesos de toma de decisiones.

Es difícil poder anticipar el futuro en circunstancias regionales y globales tan inciertas y cambiantes. De ahí que la información comercial sea un elemento clave para poder evaluar tendencias de mercado que pueden oficiar como señales para la toma de decisiones comerciales y estratégicas en los negocios. La incertidumbre forma parte del contexto en el cual se toma la mayor parte de las decisiones económicas, por lo que los procesos de gestión del riesgo de crédito deberían equilibrarla me-

La práctica extendida de una sistemática administración del riesgo de crédito por parte del empresariado ejerce un efecto disciplinante que disuade respecto a las malas prácticas comerciales, porque reduce los márgenes de maniobra a ese respecto. Dilatar o no atender adecuadamente el desarrollo de las competencias necesarias para una adecuada gestión del riesgo de crédito expone a la empresa a perder capacidad de respuesta ante contextos menos favorables.-

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Gestión del Riesgo

Las empresas deben contemplar celosamente el riesgo operacional aún en tiempos de bonanza El riesgo operacional es el primer elemento que una empresa debe cuidar. No es posible, filosóficamente, que una empresa admita que puede soportar pérdidas derivadas de fallas en sus procesos internos, compensadas por un contexto de bonanza donde la baja morosidad no depende de las exitosas políticas de la administración del riesgo de crédito sino de factores externos que, es sabido, son volátiles y pueden cambiar, tal como lo revela una y otra vez la historia económica y la realidad actual nacional e internacional.

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l riesgo de crédito es la posibilidad de que una empresa incurra en pérdidas (pérdida de valor de activos, resultados o patrimonio) en virtud del incumplimien-

to, por parte de sus contrapartes, de lo estipulado en los contratos de crédito. Dos premisas son claves en lo que |18|

refiere a abordar el tema de la administración del riesgo de crédito. La primera: solo se puede hablar de un buen crédito, cuando éste termina en la cobranza. La segunda:


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ni la más excelente cobranza es solución para un crédito mal otorgado. Un crédito mal otorgado está comprendido dentro de lo que se denomina riesgo operacional. El riesgo operacional es el factor de riesgo que la empresa debe considerar en primer lugar, lo cual deriva del concepto en sí: si es la probabilidad de que la empresa incurra en pérdidas debido a fallas en sus procesos internos, en el personal, en la tecnología de la información, en los sistemas de administración del riesgo de crédito, entonces ninguna empresa debería admitir debilidades en procesos que en teoría están bajo su control. Lo anterior no aplica solamente para los períodos en los que las tasas de mora en el mercado son en sí un alerta, sino también en los períodos de bonanza, en los que aunque no haya elevados niveles de morosidad, los márgenes de ganancia pueden verse reducidos a causa de la disputa por el mercado, que multiplica y complejiza la diversidad de oferta de negocios en la lucha por captar clientes, haciendo más exigente la administración de la cartera de negocios. Ello debería llevar la atención de las empresas hacia los controles en sus procesos de administración del riesgo. Una excesiva competencia con márgenes reducidos, modera la ecuación riesgo – rentabilidad en tanto resulta complejo diseñar una estructura que contemple el equilibrio entre los costos involucrados para las acciones destinadas a aumentar las ventas, con el aumento real de estas últimas y además, con el beneficio real (margen) que resulte de ese aumento. La estrategia empresarial debe contemplar que el diseño de operaciones de la empresa no atente contra el beneficio posible en un mercado de fuerte competencia en el que se reducen cada vez más los márgenes de ganancia. En el denominado riesgo operacional entonces, los riesgos de los procesos internos comprenden el diseño inadecuado de los procesos o políticas de riesgo, el diseño inadecuado de los contratos y de los respaldos

correspondientes, errores en las transacciones comerciales propiamente dichas, un manejo inapropiado o insuficiente de la documentación comercial, inadecuada planificación y cumplimiento de plazos y contratos, etc. Detrás de los procesos hay personas. El riesgo operacional involucra entonces la conducta de las personas y las pérdidas que podrían derivarse a causa de errores humanos, fraude, acopio indebido de informa-

Solo se puede hablar de un buen crédito, cuando éste termina en la cobranza. ción sensible, y hasta de un mal ambiente laboral. El efecto de la política de recursos humanos cobra aquí relevancia, tanto en lo que respecta a la selección de personal como a su capacitación, desarrollo y evaluación. La gestión integrada de todas las áreas de la empresa puede considerarse también como un elemento dependiente de las personas que gestionan los procesos y al personal de la empresa. Los sistemas de gestión de información y la tecnología que los soporta, constituyen otro de los pilares del riesgo operacional. Contar con información en forma tardía o en forma errónea puede llevar a tomar malas decisiones, a perder oportunidades de corrección de las situaciones que se desvían de lo previsto, así como a la pérdida de información que no puede recuperarse. También el entorno repercute en los procesos internos cuando por ejemplo fallan servicios tercerizados, cuando la legislación cambia afectando la performance del negocio o cuando se dan acontecimientos naturales no previstos (por ejemplo eventos climáticos) que ocasionan pérdidas en los activos. Toda empresa debería preguntarse por la calidad de su política de administración del riesgo de crédito, en términos de eficacia (man|19|

tenimiento de una buena relación comercial, cobro puntual) y eficiencia (la empresa debe procurar destinar la menor cantidad posible de recursos para obtener buenos resultados). Según su sector de actividad, su naturaleza, su tamaño y la complejidad de sus operaciones, toda organización debería contar con recursos destinados a gestionar integralmente el riesgo operacional de las distintas unidades de negocio. Esto, tanto para los riesgos controlables (en cuyo caso deben establecerse las pautas y procesos de control) como para las actividades comerciales que están potencialmente expuestas a eventos no controlables (en cuyo caso la empresa deberá decidir su margen de exposición, los seguros que contrata, o si directamente desecha la posibilidad de incursionar en aquellas). La administración del riesgo de crédito es un campo nunca acabado y siempre abierto a la mejora. Las diversas experiencias por las que ha atravesado la economía nacional, regional y mundial, han obligado a las empresas y entidades financieras a rever y re definir constantemente las políticas crediticias, especialmente a partir de las experiencias que han dejado las grandes crisis, que en general, han reordenado, depurado y disciplinado la plaza comercial, especialmente a nivel de comercio entre empresas. No obstante, la movilidad de los mercados, su volatilidad, y la enorme dificultad de predecir el devenir de los hechos en la economía mundial hace que la seguridad comercial deba venir de la mano de anticipar escenarios diversos y versátiles. El mercado de crédito nunca cuenta con soluciones definitivas. Ello exige una permanente disposición para el aprendizaje y la innovación en materia de otorgamiento de créditos y políticas de prevención. Una cobranza exitosa (resultado del buen crédito) en un mundo cambiante, exige a los agentes económicos un esfuerzo de convergencia entre la definición de estrategias, objetivos, aspectos técnicos, recursos organi-


Gestión del Riesgo zacionales y recursos humanos, en un contexto donde no puede tener lugar la improvisación. No se debe perder de vista la historia. La economía es cíclica, y más allá de períodos de bonanza, o de crisis, las economías sufren oscilaciones y los mercados cambian: en función de ello lo hacen también las estrategias competitivas, y por ende las políticas comerciales y las condiciones en las que se realizan las transacciones económicas. La puesta a punto de la empresa en materia de gestión del riesgo de crédito debería ser una preocupación permanente de la organización, sobre todo en lo que respecta a la capacitación de sus recursos humanos en cuanto a los conocimientos y competencias necesarias para analizar y gestionar el riesgo de crédito. La mensuración del riesgo de crédito supone considerar riesgos cualitativamente distintos, que no son sencillos de ponderar: el riesgo de mercado, el riesgo país, el riesgo de contraparte y el riesgo derivado de las operaciones de la empresa (riesgo operacional). Los contextos económicos favorables no son en sí una panacea, pues en ellos suele diversificarse y multiplicarse la variedad de negocios y la disputa por el mercado por parte de los agentes de financiación. Ello requiere que se considere la capacidad de la empresa para gestionar sus operaciones administrando los costos y los riesgos implicados en ellas, a efectos de lograr la eficiencia antes nombrada, y una posición de mayor solvencia ante eventuales dificultades. Pueden plantearse una serie de preguntas cuya respuesta podría ofrecer una imagen de la situación de la empresa respecto a la calidad de sus políticas y procesos de administración del riesgo de crédito: 1. Si la empresa cuenta con registro explícito, documentado y difundido a través de la capacitación, respecto a las políticas, los procedimien-

tos y contingencias en el proceso de administración del riesgo de crédito. 2. Si la empresa cuenta con personal adecuadamente capacitado y con experiencia en materia de gestión del riesgo de crédito.

El mercado de crédito nunca cuenta con soluciones definitivas. Ello exige una permanente disposición para el aprendizaje y la innovación en materia de otorgamiento de créditos y políticas de prevención. 3. Si la empresa cuenta con procedimientos consensuados y consistentes a nivel del área comercial, del área de créditos y del área de cobranzas de la empresa. 4. Si la empresa analiza exhaustivamente a los clientes que admite, apelando a la información comercial pertinente 5. Si la empresa analiza el potencial de riesgo de toda su cartera de clientes 6. Si la empresa cuenta con un adecuado sistema de seguimiento de los créditos con sistemas de alerta automatizados que permitan a) atender las primeras señales de atraso o dificultades en los pagos (con la empresa o con el mercado) y b) ajustar los términos de las relaciones comerciales a medida que se adquiere conocimiento más preciso de sus contrapartes así como de su sector de actividad 7. Si la empresa tiene diversificado o concentrado su portafolio de negocios. Cuanto más concentración, mayor es el riesgo. 8. Si la empresa incorpora en su análisis el riesgo de los sectores de actividad (exposición a devaluaciones, a aumento de costos, a cargas impositivas, pérdida de subsidios, etc.) con los que comercia, sobre todo en los sectores en que tiene concentrados sus negocios. |20|

9. Si la empresa incorpora en su análisis de riesgo información con perspectiva de mercado, (riesgo reputacional, referencias comerciales) o se ciñe exclusivamente a su experiencia comercial con las contrapartes con las que negocia. 10. Si la empresa apela a información comercial más allá del chequeo de la existencia de antecedentes negativos 11. Si la empresa considera como dato de su análisis de riesgo la capacidad de pago de sus contrapartes que se deriva del estudio de los datos financieros de sus estados contables. 12. Si la empresa hace benchmarking de sus políticas de administración del riesgo de crédito comparándolas con la performance de las empresas de su sector de actividad. 13. Si las políticas de administración del riesgo contemplan la documentación comercial, las garantías y los respaldos legales especiales que permitirán proteger sus créditos ante la eventualidad de un impago. 14. Si la empresa contempla en su estrategia un adecuado equilibrio entre su estructura de costos, su portafolio de productos y el beneficio esperado, integrando el binomio rentabilidad –riesgo desde la planificación estratégica del negocio, pasando por la admisión de clientes, aprobación de créditos, la fijación de precios, la evaluación de la cartera morosa y sus causas sistemáticamente. La capacidad de la empresa para administrar y gestionar el riesgo de crédito no puede verse mermada en función de las condiciones favorables del entorno, que sin duda disminuyen las alertas en ese sentido, haciendo correr a la empresa el riesgo de debilitar su respuesta oportuna y proactiva ante eventuales dificultades.-


Gestión del Riesgo

El análisis de la capacidad de pago de la empresa como elemento clave del análisis de riesgo La consulta de la Central de Balances de LIDECO.

Analizar a una empresa desde el punto de vista financiero tiene por fin evaluar su situación financiera actual y pasada, así como los resultados de sus operaciones, a efectos de estimar su situación y sus resultados futuros. El análisis de los estados contables de las empresas permite, mediante la selección de información relevante, estimar el impacto financiero de determinados negocios y la posibilidad de que estos se desarrollen con los mínimos niveles de riesgo posible.

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l momento de otorgar un crédito, la capacidad de pago de una empresa es una variable clave a considerar. Refiere al grado en que una entidad es capaz de generar por sí misma un flujo de caja suficiente, en el presente y en el futuro, para hacer frente a sus obligaciones. Una empresa debe tener el dinero efectivo suficiente y activos líquidos para pagar sus deudas a corto plazo, así como activos y protección suficientes para cubrir sus obligaciones en el largo plazo. La confianza en una empresa no puede basarse solo en la experiencia histórica de pago: es recomendable que la estimación de las posibilidades financieras de la empresa de hacer frente a los vencimientos y créditos que ha asumido, deriven de un concienzudo análisis de su salud financiera, la cual resultará en una medida de la confianza que es posible depositar en una empresa en cuanto a su capacidad de honrar sus deudas: cuanto más capacidad de pago tenga una empresa, menos riesgo habrá asociado a ella. Nuestra Central de Balances pone a disposición del asociado no solo los estados contables de las empresas |22|


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de interés, sino su análisis financiero. La empresa socia de LIDECO puede acceder rápidamente a una perspectiva general de la situación de una empresa y de su relación con su sector de actividad. Diversos indicadores financieros resultan esenciales a efectos de evaluar la capacidad de pago de una organización: su solvencia, liquidez, eficiencia operativa, apalancamiento y rentabilidad. La solvencia o estabilidad financiera, sirve al otorgante de crédito para valorar la estructura de capital del solicitante, en términos del mix de sus recursos financieros y la habilidad para satisfacer sus compromisos en el corto y largo plazo, aunque esos compromisos no puedan saldarse mediante dinero contante y sonante. La garantía de una deuda puede estar puesta en un activo no líquido (maquinaria, inmuebles, etc.). Una empresa puede carecer de activos líquidos o corrientes, pero ser solvente por tener activos fijos de alto valor, a través de los cuales se puede respaldar en forma razonable una obligación. El índice de liquidez mide la capacidad de una empresa de pagar sus deudas en el corto plazo. Evalúa el efectivo de que dispone la entidad, no solo en lo que respecta al manejo de las finanzas totales sino a la habilidad para convertir en efectivos determinados activos y pasivos corrientes. El foco del análisis se coloca en la evaluación de los ingresos y egresos principales de la empresa, tomando en consideración los compromisos y obligaciones de las operaciones contingentes. Lo ideal, es que una empresa sea solvente, pueda garantizar sus deudas, y que cuente con el efectivo para saldarlas oportunamente, no obstante lo cual es conveniente combinar liquidez y solvencia, puesto que por elevada que sea la liquidez de una empresa, la propia naturaleza de ese recurso hace que sea más volátil que un activo menos líquido. La eficiencia operativa (actividad), permite evaluar el nivel de rendimien-

to o de recursos que generan los activos utilizados por la empresa: mide la velocidad en que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo. La forma en que se obtiene ingresos y se afrontan gastos impacta en los ingresos netos de la empresa y por ende en su rentabilidad, por lo que resulta fundamental para considerar la capacidad de la empresa para sostenerse en el futuro y para estimar la efectividad y eficiencia con que lo hace o podría hacerlo en el transcurso del tiempo.

La empresa socia de LIDECO puede acceder rápidamente a una perspectiva general de la situación de una empresa y de su relación con su sector de actividad. El apalancamiento evalúa en qué grado la empresa usa recursos ajenos para su financiación, y tiene por objetivo valorar el estado actual de endeudamiento de la firma respecto a las obligaciones de corto y largo plazo para poder medir la viabilidad de que cumpla con aquellas y el destino que está dando a los recursos obtenidos mediante el endeudamiento. Estudiar las fuentes de financiamiento sirve al otorgante de un crédito para evaluar qué capacidad tiene su contraparte para responder y liquidar las fuentes de financiamiento comprometidas, así como para obtener fuentes de financiamiento a corto y largo plazo, pudiendo a partir de ello prever las necesidades futuras de recursos de la organización. La rentabilidad mide los cambios en la utilidad o en los activos netos de la empresa en relación a sus ingresos, su capital contable y sus activos. Evalúa los resultados económicos de la actividad empresarial, expresando el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Ratios de rentabilidad estables, hablan de la capacidad de la empresa para adaptarse al entorno. Cuando se estudia una empresa que solicita un crédito, en aras de evaluar la capacidad de pago o de ha|23|

cer frente a sus obligaciones, importa poder llegar a conclusiones respecto a su capacidad de pago o solvencia financiera, pues ese dato impactará sobre las condiciones del crédito y el tipo de garantía que se exigirá para respaldarlo. Asimismo, el análisis de los indicadores financieros arriba planteados, pueden complementarse con los indicadores sectoriales. La Central de Balances ofrece la posibilidad de acceder rápidamente a un reporte financiero de la empresa de interés, en el cual se expresan los ratios arriba señalados, y a su vez comparar ese reporte con los mismos ratios, pero a nivel del sector de actividad. El analista de riesgos avezado, sabrá extraer conclusiones certeras respecto a la posición de la empresa de interés con respecto a las demás empresas de su sector, sea para decidir su admisión como cliente o para decidir sobre las condiciones en que otorgará un crédito o respaldará el mismo, o quizá para revisar la conveniencia de incursionar o no en determinado sector. La perspectiva de mercado y la perspectiva horizontal que compara los ratios de los estados contables de períodos consecutivos, aporta además la posibilidad de detectar cambios y tendencias que orienten sobre las mejores formas de plantear negocios seguros. El análisis de antecedentes negativos puede, indirectamente, hablar sobre la capacidad de pago de una organización. Podemos inferir que si una empresa no tiene antecedentes de incumplimiento empresarial ha venido honrando las obligaciones asumidas. Ahora bien, la Central de Balances de la redlideco cuenta con recursos para evitar la inferencia y poder adentrarse de lleno en el análisis de los indicadores financieros que dan cuenta de la capacidad de pago de un interlocutor comercial, siendo que esa es la tendencia que está prevaleciendo en el análisis crediticio a nivel mundial.-


Gestión del Riesgo

El recupero del crédito y la responsabilidad del acreedor Las relaciones comerciales deben prever siempre la posibilidad de incumplimiento. No considerarla deja expuesta a la empresa a dificultades que podrían o bien haber sido evitadas o minimizadas en cuanto a sus consecuencias. Los acreedores siempre tienen parte de responsabilidad en cuanto a la calidad de sus cuentas morosas en términos de la mayor o menor posibilidad de recuperar los créditos otorgados. Quienes están en el lugar de acreedores, siempre tienen la expectativa de lograr cobrar sus créditos, pero para ello es preciso que manejen adecuadamente los prerrequisitos necesarios para el resguardo de sus activos ante la posibilidad de un incumplimiento.

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mpresas y personas realizan diariamente infinidad de contratos que se cumplen aunque no medie entre las partes un documento escrito, el cual, por cierto, aporta certeza a los actuantes respecto al contenido del acuerdo pactado. Siguiendo lo anterior, la compraventa mercantil no requiere otra formalidad que la del consenso entre un vendedor que pacta entregar una cosa o brindar un servicio, y un comprador que consiente en pagar por ello

un precio. Desde ese momento las partes quedan obligadas a cumplir lo que a cada una corresponde. El vendedor pasa entonces a ser un acreedor, léase, persona física o jurídica legítimamente habilitada para exigir el pago de una obligación contraída entre dos partes con anterioridad. Por su parte, el comprador pasa a ser un deudor, léase, persona física o jurídica que está obligada a satisfacer una obligación comercial que involu|24|

cra el pago de un precio por la cosa. Pueden ser varias las causales de incumplimiento del contrato de compraventa mercantil, a saber, la falta de entrega de la cosa, el incumplimiento de los términos de la prestación de un servicio (en cuanto a calidad, plazos, etc.), el incumplimiento de alguno de los términos del contrato o la falta de pago. En esta oportunidad nos concentraremos en la falta de pago como un problema que se presenta al acree-


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dor, examinando la cuota de responsabilidad que pudo caberle a este último ante lo que, si bien no es deseable y no se da en la mayoría de las transacciones, es no obstante una posibilidad que siempre debe ser prevista en materia de relaciones comerciales, dentro de lo que conocemos como prevención del riesgo crediticio.

cuando el literal d) del artículo 3° de nuestros Estatutos explicita que dentro de los fines generales de nuestra gremial, LIDECO procurará en particular “prestigiar las ventajas de la información comercial a base de la mayor buena fe y sinceridad, como recurso preventivo a favor del saneamiento comercial…”

La primera responsabilidad refiere al uso de la información comercial como elemento preventivo. Desde LIDECO no podemos no insistir en este punto, el cual está plasmado en la razón de ser de la Institución,

Las empresas afiliadas a LIDECO cuentan a tales efectos con una infraestructura privilegiada en la que pueden encontrar en un solo lugar (nuestra redlideco), un importante y diverso acervo de datos disponibles

o a solicitar, útiles para aproximarse a la realidad comercial y financiera de la o de las empresas con las que deben decidir si hacer negocios o no, en función de lo que se desprenda de sus antecedentes comerciales, las referencias en plaza, su capacidad de pago, la situación de los bienes que oficiarán como garantía, etc. Cada firma evaluará, acorde al monto involucrado en la operación y al riesgo que está dispuesta a asumir, el tipo de información que equilibre la relación costo – beneficio entre el costo de la información y el beneficio / pérdida potencial de la operación.

LIDECO dispone de un amplio espectro de datos que informa sobre:

• Datos de identificación de la empresa (nombre, domicilio, RUT, giro) • Situación ante DGI y BPS • Datos constitutivos (forma jurídica, fecha de inicio de actividades, integrantes) • Datos históricos (historia descriptiva de la trayectoria de la empresa) • Actividad específica (giro, importaciones, exportaciones, forma de venta, marcas registradas) • Locales (propios o alquilados) • Seguros (tipo de seguro, monto y empresa aseguradora) • Personal (cantidad de empleados, seguro de desempleo) • Situación patrimonial (bienes, hipotecas, balance, análisis económico financiero, reportes financieros comparativos entre empresas y entre empresas y sector de actividad) • Referencias comerciales • Situación en la Central de Riesgos del BCU • Datos personales (antecedentes sobre integrantes y su vinculación a otras empresas) • Información registral (embargos y disoluciones de sociedad conyugal) • Antecedentes históricos registrados en LIDECO • Antecedentes negativos (registro de incumplimiento, cuentas corrientes bancarias sancionadas, inclusión de la empresa en el Registro de Morosos y Castigados por el Sistema Financiero, antecedentes concursales • Cheques denunciados como extraviados o hurtados.

La segunda responsabilidad refiere al respaldo documentario con el que la empresa se asegura mayores posibilidades de recupero ante la posibilidad de un incumplimiento comercial. También estamos llamados a insistir en este punto pues, desde su naci-

miento, LIDECO pone a disposición de sus asociados no solo los servicios de información comercial sino una estructura jurídico administrativa que brinda asesoramiento en materia de derecho comercial, a efectos de que las empresas puedan proteger sus

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créditos de la mejor forma, favoreciendo también desde esta acción, la prevención del riesgo crediticio. Detengámonos en los documentos comerciales de valor probatorio de la compraventa mercantil.


Gestión del Riesgo La factura prueba la existencia del contrato de compraventa mercantil. Como documento de una negociación, incluye los datos más importantes de la negociación en lo que respecta a la mercadería, a su entrega y gastos de entrega, al precio, al plazo, a la forma de pago e intereses. Pero la factura no da cuenta de que la obligación ha sido cumplida. La prueba de que ese contrato ha entrado en ejecución de las obligaciones está dada a través del remito o de la factura – remito o del recibo o factura – recibo. El remito, es la constancia que acredita que el vendedor hizo entrega de la mercadería. El recibo, es la constancia que acredita el pago del precio convenido. La factura -recibo es la factura en la cual se encuentra estampado el sello de caja. Importa que la factura esté debidamente planteada para los posibles reclamos por ejemplo, si se constatasen diferencias entre lo que en ese documento se estipula y lo que sucede en la realidad. Otro elemento a considerar por parte del vendedor (acreedor), es que debe procurar que la factura sea firmada por el comprador, dado que la firma es lo que la constituye en título ejecutivo. Es posible considerar como único documento a la factura - remito, por lo que la factura con su correspondiente remito, probará la existencia y características de la compraventa comercial y la recepción del contrato sin que medien observaciones por parte del comprador. Que una factura se constituya en título ejecutivo significa que consagra la obligación de pagar una suma de dinero líquida y exigible, cuya ejecución se realiza a través de un procedimiento judicial abreviado. Los títulos valores (vale, pagaré, conforme) son documentos comerciales que deben ser adecuadamente manejados para proteger el crédito. El título valor es un documento necesario para ejercer el derecho literal (lo que se redacta o imprime en él es lo que vale), autónomo (el tene-

dor del documento tiene un derecho originario y no derivado del anterior tenedor) y abstracto (no interesa la causa u operación real que motivó la creación del título) contenido en él, siempre que incorpore una promesa

La primera responsabilidad del acreedor al otorgar un crédito refiere al uso de la información comercial como elemento preventivo. La segunda, al adecuado respaldo documentario. La tercera, a la celeridad de la acción en caso de incumplimiento. de pagar una suma de dinero. No se debe olvidar que, quien detenta un título valor tiene el derecho contenido en el mismo (investidura), y por ende puede ejercer ese derecho, esto es, el cobro extrajudicial o judicial. El deudor por tanto, debe cancelar su deuda ante el tenedor. En cuanto a los cheques, es importante cuidar algunos puntos que contribuyen a mejorar su respaldo y aumentar las posibilidades de cobro en caso de dificultades. Se recomienda que, si el cheque es librado por una persona jurídica, se endose por los representantes de la sociedad a título personal, de manera tal que quede constituida la responsabilidad solidaria de todos los firmantes, esto es, la empresa (deudora) y sus integrantes (endosantes del documento). Cuando estamos ante cheques de terceros y a la orden de la empresa, se sugiere el endoso por la empresa cliente. Si el cheque de terceros es librado al portador, requiere el endoso de la empresa cliente, a los efectos de mejorar la garantía. La tercera responsabilidad refiere a la celeridad con que se actúa ante la constatación de un incumplimiento. Cuanto más próximo a la fecha de vencimiento del documento comercial sea el reclamo del pago, mayores son las probabilidades de recupero. LIDECO prevé la representación de empresas asociadas en materia de cobranza morosa desde |26|

su nacimiento como gremial, contando a tales efectos con tres opciones para el afiliado: 1) El registro de la cuenta morosa en nuestro Registro de Incumplimientos, para lo cual se requiere firmar un Protocolo por única vez, a partir de lo cual el asociado está habilitado a registrar cuantas cuentas necesite sin costo alguno. El registro de una cuenta morosa constituye un mecanismo de cobro cuando el mismo es tempestivo. Por otra parte, cumple una función de prevención para con la plaza comercial, la cual tendrá noticia de la existencia de una situación de incumplimiento.El Registro de Incumplimientos Empresariales de LIDECO es un banco de datos de cuentas comerciales impagas, gestionado por nuestra Institución, que además se constituye en un servicio de registro y consulta sin cargo para nuestros asociados. Es importante que las empresas registren sus incumplimientos comerciales pues de esa forma contribuyen a que sea posible que el empresariado acceda a información objetiva de carácter comercial con fines preventivos, amén de que registrar las cuentas mejora la capacidad de recupero de los acreedores. 2) Encomendar a LIDECO la gestión extrajudicial de la cuenta morosa, proceso en el que se procurará que el deudor establezca un acuerdo de pago conveniente para ambas partes, protegiendo tanto los intereses del acreedor como a la relación comercial en sí. No obstante este sea un planteo ideal, debemos traer a colación lo afirmado en otras oportunidades: un crédito mal otorgado (por falta de chequeo de información o por respaldo documentario insuficiente o por mala gestión de la mora temprana) no puede, sino con mucha dificultad, ser compensado por un excelente servicio de cobranza. Una vez cerrada una venta, la consistencia en las gestiones de cobro (que deberían hacer parte de las políticas, procesos y sistemas de la administración del riesgo de crédito) es una herramienta clave para proteger a la empresa de pérdidas que afecten sus activos, evitando excesivas demoras en la recuperación de las contraprestaciones


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(en hacerse del dinero que fue de hecho otorgado en buena fe a partir de un crédito). Dado que la cobranza deriva de una relación contractual, es necesario conocer las condiciones en que se originó la contraprestación para poder establecer las bases de la recuperación del efectivo o tener sólidos elementos para iniciar una acción judicial. En este punto hace mella la primera y la segunda de las responsabilidades del acreedor: evaluar de qué forma y con base en qué información fue otorgado el crédito, así como la calidad del respaldo documentario y de las garantías del mismo (no pocas veces se hace necesario re documentar la deuda constatadas carencias a ese respecto al momento de celebrado el contrato de compraventa). 3) Encomendar a LIDECO la gestión judicial de la cuenta morosa, apelando al respaldo de la experticia, y a la infraestructura jurídica y de información que confluyen en nuestra Institución. En acuerdo con el asociado, LIDECO iniciará las acciones legales pertinentes en aras de resarcirlo de su crédito impago. En definitiva, cuando de cuentas morosas se trata, es preciso abar-

car el tema en forma comprensiva. Quienes están en el lugar de acreedores, siempre tienen la expectativa de lograr cobrar sus créditos, pero para ello es preciso que manejen adecuadamente los prerrequisitos

La empresa afiliada a LIDECO cuenta con un soporte privilegiado en materia informativa y de asesoramiento jurídico en materia comercial. necesarios para el resguardo de sus activos ante la posibilidad de un incumplimiento. Si este aspecto no se considera, y se apela a LIDECO con un crédito mal otorgado, mal documentado, o en forma tardía con respecto a la fecha de vencimiento de la obligación, puede esperar sí, que nuestra Institución haga denodados esfuerzos por mejorar la documentación de la deuda o bien llevar adelante las mejores acciones judiciales para recuperar el dinero del su asociado, pero no puede esperar resultados extraordinarios cuando el proceso previo de prevención y cuidado por parte de la empresa no ha sido adecuadamente trabajado.

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Insistimos en que nuestra obligación estatutaria prevé que debamos poner a disposición del asociado los recursos informativos y de asesoramiento jurídico necesarios para que pueda respaldar sus operaciones comerciales procurando reducir al máximo posible el riesgo, o, en otras palabras, poder celebrar negocios con los mejores márgenes de seguridad posibles. Esos recursos están al alcance del asociado, en la conciencia de que no es posible controlar absolutamente todo y que los imponderables que hacen que ocurra lo indeseado, existen. También está la infraestructura de LIDECO para esos casos, pero para obtener los mejores resultados, siempre será necesario que nuestro socio incorpore en sus procesos de venta y de análisis y gestión del riesgo, la información, el asesoramiento y la capacitación que LIDECO ofrece en forma recurrente para mejorar la transparencia y las condiciones en que se realizan los negocios en nuestra plaza.-


Gestión del Riesgo

Apuntes sobre el endeudamiento empresarial No existe el mercado sin el endeudamiento. Las empresas necesitan financiamiento para diversos aspectos de su actividad, y no siempre es posible ni deseable asumir con recursos propios todo el peso de las inversiones. Bien gestionado, el endeudamiento puede ser una potente herramienta para mejorar la rentabilidad y la permanencia competitiva en el mercado.

E

l concepto de endeudamiento de una empresa hace referencia al cociente financiero que relaciona los fondos propios con los fondos ajenos y establece la proporción entre la financiación propia y la financiación ajena. Respetando los límites considerados prudentes, el endeudamiento forma parte de la actividad normal de una empresa, para financiar planes de crecimiento, para atender el ciclo productivo, para mantener o mejorar los activos de infraestructura, etc. El endeudamiento eficaz es aquel que la empresa asume y mediante el cual logra mejorar su rentabilidad. La forma en que una empresa financia sus activos recurriendo a recursos propios o ajenos impacta en su rentabilidad financiera y en su estabilidad, porque a los recursos hay que remunerarlos, es decir, pagar unos intereses o dividendos por ellos. Es menester evaluar si la organización está en condiciones de responder a los compromisos ya asumidos y a los que pretende asumir. No existe un mercado sin endeudamiento. Que implique riesgos no significa obviamente que las empresas no deban acudir a la financiación ex-

terna. No hacerlo, y apelar siempre a los propios recursos, puede también comprometer a la organización y hacerle perder oportunidades de inversión. El endeudamiento no es en sí mismo malo si se atienden los límites adecuados para la estructura de la empresa y la relación de los recursos comprometidos con el estado de las

ventas, la rentabilidad que se genera, las tasas de interés y la situación del mercado. Lo esperable sería que un endeudamiento bien gestionado, derivara en |28|

una mejor rentabilidad para cubrir los costos de financiación, los costos operativos de la empresa, y mejorar las condiciones de la organización para afianzar su crecimiento o su permanencia competitiva en el mercado en el marco de su plan estratégico. Lo ideal es que la necesidad de endeudamiento de una empresa sea cada vez menor, a medida que ésta logra afianzarse lo suficiente como para autofinanciarse. Lo ideal es que una empresa que una empresa procure al endeudarse mejorar su rentabilidad financiera, siempre que la rentabilidad económica sea superior al costo que absorbe la financiación ajena. La rentabilidad económica mide la capacidad de los activos de una empresa para generar valor, independientemente de la forma en que han sido financiados. Ello permite comparar la rentabilidad de empresas sin que sus diversas estructuras financieras afecten el valor de la rentabilidad. De ese modo será posible aproximarse a evaluar la eficacia de la gestión empresarial en términos del comportamiento de sus activos. Prescindir de las fuentes


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de financiación de los activos es un recurso para determinar si una empresa es rentable o no rentable por su actividad económica y si con esa rentabilidad económica se cubren los requerimientos de quienes financian la empresa.

No existe un mercado sin endeudamiento. El endeudamiento forma parte de la actividad normal de una empresa. El endeudamiento de la empresa debe estar acorde a sus necesidades de corto y largo plazo. Más allá de considerar los porcentajes estándar aceptables en cuanto al índice de endeudamiento (salvo en algunos sectores específicos el endeudamiento debería girar en torno al 50% del pasivo de la empresa), se debe tener en cuenta también el índice de endeudamiento de corto plazo que se obtiene dividiendo las deudas de corto plazo sobre las deudas totales. Para ejemplificar: si las deudas de corto plazo de un cliente comprometen un 75% de su deuda total, significa que en el corto plazo deberá pagar una cantidad importante de dinero, y ese dato debe incluirse en el análisis de riesgo. Otros aspectos a evaluar cuando se aborda el endeudamiento, refieren a si la empresa está obteniendo un rendimiento suficiente, si la liquidez de su activo es correlativa a los plazos de los vencimientos del endeudamiento externo (que se evalúa utilizando el indicador de liquidez), si el endeudamiento tomado es en la misma moneda en la que la empresa genera ingresos. En este último caso,

debería evaluarse en qué medida la empresa está capacitada para soportar shocks cambiarios en sus flujos de caja cuando sus ventas no se producen en la misma moneda en la que ha tomado créditos. La estructura de financiamiento no debe vulnerar la capacidad de la empresa de generar ingresos. Si el costo fijo que implica el crédito genera rentabilidad suficiente como para cubrir esos costos y los costos operativos con rentabilidad, entonces el endeudamiento estará sirviendo al objetivo de generar rentabilidad y productividad. La utilización de la deuda ajena para incrementar la rentabilidad de los capitales propios recibe el nombre de apalancamiento financiero, y un apalancamiento financiero bien controlado puede mejorar el rendimiento de los fondos propios. Comprender cómo se está desempeñando el propio sector de actividad contribuye a que la empresa cuente con más elementos de análisis para estimar el riesgo de sus decisiones pues en un sector en el que decae la dinámica de las ventas, aumenta el riesgo de incapacidad de pago de las obligaciones financieras, y los intereses elevados aumentan también el riesgo de crédito. Si se generan menos utilidades a partir de la operativa de la empresa, será más difícil que pueda soportar los costos financieros y el pago de sus deudas. Debería poder estimarse una razonable expectativa respecto al desempeño de un sector de actividad en orden a prevenir la posible avenencia de dificultades. No debería ignorarse en este análisis, el factor humano. El equipo directivo debe evaluar sus propias competencias para gestionar adecuadamente la financiación y las

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inversiones mediante las cuales aspira a mejorar las condiciones de la empresa de permanecer competitiva en el mercado. El equipo de gestión debería funcionar como equipo. Debe ser capaz de pensar sobre la base de la estrategia de la empresa y anticipar escenarios posibles en relación a la propia actividad y a aspectos más complejos del entorno político, social, económico y monetario. El equipo debe ser capaz de tomar decisiones tolerando cierto margen de la inevitable incertidumbre que hace a las decisiones estratégicas. Su capacidad para analizar problemas y aprender en conjunto pasa a ser otra de las competencias clave. Implica identificar concienzudamente las dificultades, la información relevante relacionada con ellas, diagnosticar posibles causas y tener la determinación para tomar, con sentido de la urgencia, las decisiones correctivas que sean necesarias. Por supuesto, es insoslayable que el equipo tenga un cabal conocimiento del entorno y del negocio. Decidir de qué forma una empresa va a financiar su actividad en pos de mejorar su capacidad de ser rentable requiere de algo más que conocimientos sobre economía y finanzas. Requiere ser capaz de dominar las herramientas de gestión integral de toda la organización, de sus sistemas técnicos, de sus sistemas sociales. Detrás de los malos o buenos resultados hay procesos mal o bien diseñados, y detrás de éstos hay personas que piensan y ejecutan.-


Concursales

Cambio en el paradigma de la responsabilidad de los Directores de las Sociedades Anónimas en procesos concursales Un caso reciente de nuestra jurisprudencia resulta en duro golpe para las malas prácticas empresariales.

Dr. Fernando Cabrera Responsable Sector Jurídico LIDECO. Docente de Derecho Concursal (Universidad de Montevideo)

L

a ley 18.387 significó un cambio importante en lo referido a la responsabilidad de los directores de S.A. de una sociedad que se encuentra en situación concursal en cuanto prevé la existencia de un proceso de calificación del concurso. Este proceso de calificación deberá tramitarse siempre, salvo que se

Una reciente sentencia en un asunto concursal en el cual nuestra Institución fue designada como Síndico, aplica las disposiciones de la ley 18.387 haciendo recaer sobre los Directores la responsabilidad que dicha ley prevé, declarando culpable el concurso y disponiendo las sanciones previstas en la norma, “inhabilitando a la deudora, a su director y al administrador de hecho para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período” y “condenando a los administradores de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno a la cobertura de la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa”. El presente artículo se explaya sobre la normativa aplicada y sobre el rol ejercido por nuestra Institución a la luz de sus mandatos estatutarios. cumplan acumulativamente dos requisitos:

estos

No procederá la formación del incidente de calificación cuando concurran acumulativamente las siguientes condiciones: “1.- El concurso de acreedores fuera voluntario. 2.- El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo”. |30|

De acuerdo al artículo 192 de dicha ley “El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho” y luego prevé determinadas presunciones absolutas y relativas de culpabilidad. La sentencia con la que concluye este proceso puede entre otros contenidos, tener los siguientes “La in-


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habilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período” y por otra parte “...En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva” (el resaltado es nuestro). A la luz de este articulado, que ya de por sí significa un endurecimiento de los estándares para medir la actua-

ción de administradores de hecho o de derecho, cabe reflexionar sobre una muy correcta sentencia del Juzgado Letrado de Concursos de 2º Turno, dictada

e l día 6 de junio de 2013 y que si bien no está aún ejecutoriada nos ilumina acerca del camino que sigue nuestra

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jurisprudencia especializada. En efecto, se trata del caso de un concurso promovido en el año 2010 por un deudor sociedad anónima en el cual Liga de Defensa Comercial se desempeña como síndico. Al haberse decretado la apertura de la etapa de liquidación de la masa activa, esta Institución presentó un informe solicitando la calificación del concurso como culpable y denunció la existencia de un “administrador de hecho”. Liga de Defensa Comercial basó su calificación en que se verificó la presunción relativa de culpabilidad prevista en el artículo 194 de la ley 18.387 en cuanto establece que “Se presume la existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos: 1.- Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso”. Esto es porque la sindicatura consi-


Concursales deró que GELITUR S.A. incumplió la obligación establecida por el artículo 10 de la referida ley, esto es, conocido el estado de insolvencia, dispone del plazo de treinta días para solicitar el concurso, lo que no realizó en el plazo establecido para ello. La sindicatura también consideró que se configuró la presunción absoluta de culpabilidad contenida en el artículo 193 de la Ley Nº18.387 cuando prevé que: “El concurso se calificará como culpable, además, en los siguientes casos:.... 2.- Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado”. Dicho de otro modo, la sindicatura constató que la concursada intentó cumplir su giro de actividad con fondos que no alcanzaban para poder cumplir efectivamente con sus emprendimientos. Esta institución además peticionó que de calificarse el concurso como culpable se condene al único director y en particular a una persona física que sin figurar en la estructura societaria, era en realidad quien tomaba todas y cada una de las decisiones de la empresa y quien provocara la situación de insolvencia debiendo condenársele a cubrir la totalidad del déficit patrimonial, en beneficio de la masa pasiva. Estos extremos fueron controvertidos por quien fuera considerado administrador de hecho y por el único director. Una vez diligenciados los medios probatorios propuestos por las partes y efectuados los alegatos, la Sede llamó para sentencia y en los considerandos de la misma expresa que: “Se han acreditado en autos y por lo que resulta del expediente principal, los extremos invocados por la Sindicatura al formular su calificación del concurso al amparo de la normativa vigente”.

Específicamente la sentencia destaca que “resulta de la documentación agregada en los autos principales por la deudora concursada, en especial de la memoria explicativa agregada que los fondos no resultaban suficientes para desplegar su giro comercial”. La sentencia en lo que refiere a la calidad de administrador de hecho la Sede consideró que “la misma resulta acreditada en autos”. Al momento de fundamentar sobre el administrador de hecho expresó que para ello se debe atender a “dos circunstancias, por un lado que no integre el órgano de administración y por otro lado que detente el poder de dirección o que ejerza una influencia determinante en relación a las decisiones sociales”, citando además doctrina que señala que “se está frente a un administrador de hecho cuando, con independencia de que su actuación se manifieste o no en el tráfico a terceros, se produce un desplazamiento de la capacidad de decisión de quienes aparecen formalmente como administradores, a favor de otros sujetos que no satisfacen las exigencias materiales y formales que se requieren en la designación como administrador social”. Coincidente con estos conceptos, la Dra. Teresita Rodríguez Mascardi agrega: “Básicamente se visualiza como aquella persona que si bien no aparece formalmente como integrante del Directorio, en los hechos, como lo dice el nombre, es quien tiene el poder de dirección. Esto está vinculado con los hombres denominados de paja, que no son los verdaderos directores, sino que aparecen como tales, aparecen sus nombres pero no es el caso del director de hecho cuyo nombre no aparece como director de la sociedad sino aquel que toma las decisiones en los hechos” (Cuaderno de Derecho Concursal, FCU, Segunda Edición, página 246). Por esos fundamentos, disposiciones legales citadas y la concordancia de los dictámenes de la representante del Ministerio Público, la Sede Fa|32|

lló “desestimando las oposiciones promovidas contra la calificación del concurso”, declarando culpable el concurso, “inhabilitando a la deudora, a su director y al administrador de hecho para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período” y “condenando a los administradores de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno a la cobertura de la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa”. Esta sentencia significa un duro golpe para el accionar de algunos malos empresarios de nuestro país, que recurren a testaferros para intentar quedar fuera de las responsabilidades y riesgos que tiene la actividad comercial. Pero esta sentencia, también debe ser estudiada como un cambio en la óptica de la jurisprudencia, que está aplicando correctamente la normativa concursal vigente y calificando de culpables los procesos concursales que así lo ameriten y aplicando con rigor lógico el régimen sancionatorio previsto por dicha norma. Este es un mensaje que el empresariado no debería desatender y que apunta a privilegiar la buena fe y la lealtad de las relaciones comerciales. Por parte de nuestra Institución no es más que el cumplimiento de su deber estatuario consagrado en el artículo 3º que establece que dentro de los fines generales, la Institución procurará en particular “combatir la deshonestidad comercial y principalmente los fraudes que se realizan por medio de los procesos concursales, tratando de hacer recaer sobre los culpables las sanciones que correspondan, propendiendo así al saneamiento general del comercio”. Cabe entonces la tranquilidad por el deber cumplido en este caso y tomarlo como base y ejemplo para la acción futura.-


Concursales

Una reforma parcial e insuficiente: Las incidencias de la modificación del Código General del Proceso en el Concurso Civil. Las reformas del Código General del Proceso tienen aspectos plausibles y otros no tanto. Aciertos, omisiones y términos que se prestan a confusión se analizan en el presente artículo ofreciendo a los lectores elementos para evaluar los adelantos o retrocesos que en principio supone la reforma del Código General del Proceso en el Concurso Civil. mulgación de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial (Nº 18.387, en adelante “LCRE”), se produjo una masiva derogación de los procesos concursales vigentes con anterioridad a aquélla2, siendo un minúsculo sobreviviente el Concurso previsto en el C.G.P., únicamente reducido en su aplicación a las personas físicas que no desarrollasen actividad empresarial3.

Dr. Daniel Martínez VigilI Sector Jurídico LIDECO Profesor Asistente Cátedra Derecho Concursal (Universidad de Montevideo)

H

a sido objeto de nuestros últimos Comunicados LIDECO la reforma que introduce la Ley Nº 19.0901 a nuestro Código General del Proceso, aprobado allá por el año 1988. Entre un sinfín de reformas, muchas de ellas relevantes pero que escapan al objeto de este artículo, se modifican las previsiones relativas al Concurso Civil de Acreedores. Como recordarán los lectores, con la pro-

Cabe preguntarnos, ¿era necesaria la reforma del Concurso Civil? La respuesta indudablemente debe contestarse por la afirmativa, por una sencilla explicación. La reforma al sistema concursal patrio pretendió ser abarcativa, pues quiso reformar (sin éxito) todo el sistema. En la etapa de discusión parlamentaria de la LCRE, se resolvió no derogar el Concurso Civil previsto en el C.G.P., lo que trajo una innumerable cantidad de problemas en cuanto a su aplicación. No solo se creó de esta manera una gran gama de zonas grises -situaciones en las que resulta difícil determinar si se aplica la LCRE o el C.G.P., básicamente por concluir si el deudor realiza o no actividad empresarial-, pero sobre todo, en caso de entenderse que resultaba de aplicación el Concurso Civil, al haberse derogado el Derecho de “fondo” (esto es, el que establecía los privilegios, preferencias y el consecuente orden de cobro de los acreedores4), redujo el proceso a una cáscara sin contenido, |34|

provocando varios dolores de cabeza entre los operadores jurídicos. Si bien la incidencia de los Concursos Civiles -que a partir de la reforma pasará a llamarse “Proceso de Ejecución Colectiva”- no es sustancial (han existido tan solo cinco presentaciones en lo que va del corriente año), no puede permitirse por el Sistema de Derecho que se produzcan situaciones de indefensión. ¿Se continúan aplicando las disposiciones del Código Civil por más que estén derogadas? ¿No existen privilegios ni preferencias, y todos los acreedores concurren en pie de igualdad? ¿Se aplican por integración los artículos de la LCRE? La reforma zanja esta discusión, determinando expresamente en la modificación al artículo 463 del C.G.P. que los créditos se graduarán “(…) tomando en cuenta las disposiciones sobre clases de créditos en general (artículos 108 a 114 de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008 y modificativas), así como otros privilegios consagrados por leyes especiales (…)”. Por más que la reforma nos resulta insuficiente, aplaudimos este aspecto. Mediante esta modificación, se terminan de podar los infinitos privilegios que existían en el escenario prereforma (por más que actualmente estemos presenciando un “rebrote de privilegios”, producto de alguna ley


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especial), adecuando los aplicables en los concursos empresariales a los civiles. Otro elemento importante que aporta la reforma es el aggiornamento del presupuesto objetivo del Concurso Civil (o más bien, del proceso de “Ejecución Colectiva” según el nuevo nomen iuris del Título VII del CGP). Tal y como se encontraba previsto, el antiguo presupuesto consistía en encontrarse el deudor en “estado de cesación de pagos”; con la promulgación de la LCRE, se optó por uno nuevo, pasándose al “estado de insolvencia” como presupuesto objetivo para ampararse a la solución concursal. Ahora bien, en ninguna de las disposiciones del CGP se expresa en qué consiste tal estado de insolvencia; por lo que necesariamente a vía de interpretación debemos recurrir a la Ley 18.3875, la que establece que dicho estado es aquel en que el deudor “(…) no puede cumplir con sus obligaciones” 6 Si bien es de recibo la actualización que realiza la reforma del presupuesto objetivo del Concurso Civil, equiparándolo al Empresarial, se presenta una grave omisión por par-

te del reformador. Al igual que en el Concurso de la LCRE, existe la posibilidad que los acreedores del deudor le soliciten el concurso a éste, el que -en caso de decretarse- será necesario7 (por oposición al voluntario, el cual es promovido por el propio deudor). Sin embargo, los requisitos para promover un Concurso Empresarial necesario están específicamente determinados por la Ley 18.387. A vía de ejemplo, podemos mencionar la obligación de acreditar el presupuesto objetivo mediante la prueba de algunas de las presunciones de insolvencia determinadas en la LCRE8; la imposibilidad de desistir de la solicitud de declaración de concurso (fundamentalmente para evitar su uso espurio y coercitivo); la posibilidad de ser condenando al pago de daños y perjuicios por la falta de fundamento o el carácter abusivo de la solicitud, o incluso la posibilidad del Juez del concurso de exigirle al solicitante la constitución de contracautela9; además de un trámite específico en el que se determinará si se encuentra configurado el presupuesto objetivo que habilita la declaración del concurso10.

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La reforma carece de todo tipo de previsión al respecto, por lo que podrán esperarse a partir de su entrada en vigencia no solo solicitudes de declaración de concursos necesarios que puedan resultar abusivas vista la falta de requisitos, sino además, dilaciones evitables respecto de la aplicabilidad de las disposiciones de la LCRE al respecto. Desde ya adelantamos que la remisión por analogía a la Ley 18.387 nos deja muchas dudas. No puede entenderse que “Cualquier acreedor que acredite los presupuestos del concurso necesario podrá pedir, al Juzgado Letrado de la materia concursal del domicilio del deudor, que lo decrete”11 sea fundamento para remitirse a las disposiciones glosadas de la LCRE; en especial porque nada indica que se refiera al concurso necesario de la dicha Ley. El concurso solicitado por un acreedor según las disposiciones del CGP se denomina también concurso “necesario”, por lo que la confusión terminológica impide hacer la remisión. Esta innecesaria consecuencia podría haberse evitado simplemente agregando al artículo transcripto: “Cualquier acreedor que acredite los presupuestos del con-


Concursales curso necesario de la Ley 18.387, de 23 de octubre de 2008, podrá pedir (….)”. Un análisis particular merece el vilipendiado artículo 453 del CGP. El mismo tenía una redacción original, la que fue adecuadamente modificada por la Ley 17.29212, permitiéndole al deudor evitar su ejecución presentando una solicitud de concordato preventivo o moratoria. Sin embargo, con las derogaciones contenidas en el artículo 256 de la LCRE (y olvidando el legislador que la Ley 17.292 resultaba tan esencial para el funcionamiento del Concurso Civil como las disposiciones del Código Civil), el artículo se vio modificado una vez más, renaciendo su redacción original, provocando su inaplicabilidad por la vía de los hechos. La reforma vuelve a modificar (¡una vez más!) el texto del artículo 453, de manera inaceptablemente permisiva, disponiendo que: “El deudor podrá celebrar acuerdos con sus acreedores en forma extrajudicial, con las mismas mayorías previstas en este Título, presentándolo para su aprobación por la vía del concurso voluntario”13. El problema se presenta cuando se analizan el convenio que puede presentar el deudor, que en una de sus variantes carece de límites o requisitos. En efecto, el artículo 454.2 dispone que el deudor podrá solicitar “(…) algún acuerdo”, o proponer “la cesión de sus bienes y derechos de conformidad con los artículos 147 a 150 de la Ley 18.387, de 23 de octubre de 2008 y modificativas”14. La segunda parte del artículo transcripto no genera dudas, y es correcta la remisión a las disposiciones de la LCRE, que regulan distintas variantes de convenios de cesión de activo, mediante los cuales el concursado entrega sus bienes (según las maneras previstas en dichos artículos, dependiendo de la opción elegida) para satisfacer las deudas que mantiene. Ahora bien, la reforma nuevamente es insuficiente cuando permite que el deudor realice “algún acuerdo”, sin establecer mínimos requisitos y condiciones.

Por lo tanto, el acuerdo podrá tener cualquier contenido (con el único límite de ser un contenido legal), y cualquier clase de quita y espera. Aprovechando la remisión que realiza para los convenios de cesión de activos, podría haber incluido el reformador también una remisión a los artículos 139 a 141 de la LCRE, los que establecen qué contenido puede tener una propuesta de convenio, la imposibilidad de sujetar a cualquier tipo de condición a la misma, e incluso su irrevocabilidad e inmodificabilidad, salvo que importe una mejora de las condiciones para los acreedores. Tampoco se regula de ninguna manera la quita (el porcentaje de remisión de la deuda) o la espera (la demora en el comienzo de su pago), típicos contenidos de una propuesta de convenio concursal. Se pudo regular al menos el nivel de adhesión necesario por parte de los acreedores para aprobar la propuesta de convenio según las quitas y esperas ofrecidas, tal y como dispone el artículo 144 de la LCRE. Nada de ello fue previsto, configurándose una omisión de grave importancia y suma trascendencia. Por último, la reforma incurre en un error al seguir considerando la votación en forma nominal15, esto es, un voto por persona que concurre a la Junta. Por el contrario, debió aprovechar la ocasión para modificar el sistema de votación, y considerarlo tal y como lo prevé la LCRE: porcentaje de voto equivalente al monto de crédito en relación al total del pasivo concursal. La intención al promulgar la LCRE fue derogar todos los variopintos procesos concursales existentes, y reducirlos a un solo proceso; la subsistencia del Concurso Civil truncó ese objetivo. A pesar de la reforma y actualización, este último continúa siendo insuficiente para regular las situaciones de insolvencia de las personas físicas que no desarrollan actividad empresaria, y en particular, de los tarjeta habientes o asalariados que ven sus deudas aumentar por causas imprevis|36|

tas, como puede ser un accidente o una enfermedad. Como ya ha sido reclamado por Liga de Defensa Comercial, resulta imperiosa la aprobación de un proceso de concurso del consumidor. En Derecho comparado (siendo Francia y Alemania los pioneros) ya se han establecido mecanismos administrativos y judiciales para atender estas necesidades. En América Latina, Perú, Colombia y Argentina se encuentran en proceso de discusión parlamentaria para aprobar procesos de similares características. Comprobada la insuficiencia del proceso empresarial para atender esta problemática, resulta de vital importancia la aprobación de una ley al respecto.-

1-Publicado en el Diario Oficial el día 26 de junio de 2013. Su entrada en vigencia está prevista para el día hábil siguiente a los 60 días de la promulgación de la Ley (artículo 2). 2-Según lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley Nº 18.387 3-Ver al respecto el artículo 2 de la Ley 18.387 4-Previstos en los artículos 2359 a 2389 del Código Civil; todos han sido derogados, salvo el primer inciso del artículo 2372, que consagra que todos los bienes del deudor son la garantía común de sus acreedores. 5-Artículo 1º inciso 2º 6-La caracterización de tal concepto excede el objeto de este artículo; sin embargo, al lector que le interese profundizar el mismo, le recomendamos la lectura tanto del Manual de Derecho Concursal Uruguayo de Camilo Martínez Blanco (FCU, junio de 2012, 2ª edición, páginas 150 a 157), y de la ponencia del Dr. Siegbert Rippe, “Aproximación crítica al presupuesto objetivo del ‘estado de insolvencia’ y de sus manifestaciones y efectos en la normativa concursal”, publicado en el Anuario de Derecho Comercial Nº 14 (FCU, marzo de 2012, páginas 7 a 24). 7-Artículo 454.3 del CGP, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.090. 8-Artículos 4, 5, y 8 inciso 1 de la LCRE. 9-Artículo 8 inciso segundo de la LCRE 10-Artículo 16 de la LCRE 11-Artículo 456 del CGP, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.090. 12-Artículo 30 de la Ley 17.292 13-Artículo 453 del CGP en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.090. 14-Artículo 454.2 del CGP en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.090. 15-Artículo 460.2 del CGP en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.090. El mismo dispone: “Las votaciones serán nominales. Los acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados, si votan, perderán su preferencia o privilegio


LIDECO / julio 2013

Asuntos Concursales Primer Semestre 2013 ASUNTO

Rut

Giro

Juzgado

Clase de concurso

Fecha de Presentación

ODATEC S.A.

212.530.840.010

Laboratorio fotográfico

01/02/13

2º

voluntario

SUME S.R.L.

080.103.690.016

Venta de Productos Informáticos

01/02/13

2º

voluntario

01/02/13

2º

voluntario

01/02/13

2º

voluntario

14/02/13

1º

voluntario

18/02/13

1º

voluntario

Venta de extintores Fabricación de prod. Textiles Curtiembre Construcción y afines

18/02/13 20/02/13

2º 2º

voluntario voluntario

20/02/13 19/03/13

2º 2º

voluntario voluntario

Elab. Y comercialización de vinos

21/03/13

1º

voluntario voluntario

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214.197.210.018 214.709.200.016 212.971.610.017 216.050.930.019 215.316.270.017

216.196.010.011 215.281.990.019 214.655.650.019 210.121.740.013 3:454.308-0 215.256.040.010 212.558.360.013

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De interés

Reflexiones sobre la responsabilidad moral de la empresa Está implícito en nuestros cometidos institucionales, el mandato de velar por un relacionamiento responsable entre empresas, enmarcado aquel en un sentido finalista: el de promover el desarrollo de un espíritu de solidaridad, la organización para la defensa eficaz de los intereses colectivos, el combate al fraude, la deshonestidad y la ineptitud comercial a efectos de alentar el progreso de nuestra masa de asociados ejerciendo una influencia positiva para la vida social y económica de la nación. A nadie extrañará entonces que propongamos en este apartado, elementos para reflexionar sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad moral de la empresa, más allá del acuerdo que se pueda tener con su contenido.

Tomado de: Franca Tarragó, Omar. Introducción a la ética empresarial. Montevideo, UCU, Biblioteca virtual de Ética, 2003.

L

os referenciales éticos básicos en una ética de tipo personalista -la que subyace a la Declara-

ción de los Derechos Humanos y a la mayoría de los sistemas ético-jurídicos occidentales- puede ser formula|38|

da a través de un Valor Ético máximo, tres Principios Éticos básicos y tres Normas fundamentales.


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Hemos dicho que el valor ético máximo que se considera innegociable para una ética de tipo personalista es considerar siempre a la persona humana como fin en sí misma y nunca como medio que pueda ser manipulable para otros fines que no sean su perfeccionamiento y dignidad como persona. En ese sentido, una ética personalista diverge fuertemente con respecto a una ética de tipo utilitarista, aquella que tiene como lema: “decide (únicamente) prefiriendo la mayor utilidad para el mayor número”; o de una ética de tipo emotivista: “que cada uno (cada empresa o grupo) decida (únicamente) según sus propios sentimientos o intereses”; o una ética de tipo Nietzscheano (espontaneísmo vital): “que cada uno (empresa, grupo, etc.) decida (únicamente) según las posibilidades que le da su propia fuerza o poder”. Una ética que defienda la dignidad y los derechos de la Persona como un valor inalienable que no puede ser sobrepasado arbitrariamente, exige el cumplimiento de tres principios fundamentales: el Principio de Beneficencia, de Equidad y de Autonomía. Estos imperativos, a su vez, sólo pueden cumplirse si se ponen en práctica las tres normas éticas básicas: Veracidad, Confidencialidad y Fidelidad. (…)

Responsabilidad de la empresa como tal Siendo el Principio de Beneficencia la “columna vertebral” de este “Partenón” de la ética, veremos en este capítulo cómo se puede plantear el imperativo ético fundamental de “hacer el bien”.

En la edad media sólo se reconocía como corporaciones a los gremios, a los municipios y a las Iglesias. Muy recientemente (siglo pasado en EUA) se reconoció como corporación a un grupo de individuos que se asociaban para llevar a cabo negocios 1. En nuestro país, el Derecho Civil reconoce a las empresas como Personas Jurídicas, es decir, como siendo sujetos de derechos y de obligaciones ante la ley.

Una ética que defienda la dignidad y los derechos de la Persona como un valor inalienable que no puede ser sobrepasado arbitrariamente, exige el cumplimiento de tres principios fundamentales: el Principio de Beneficencia, de Equidad y de Autonomía. En consecuencia, desde el punto de vista moral cabe que nos preguntemos si una organización empresarial debe ser considerada de la misma manera, es decir, si puede atribuírsele responsabilidad moral. No cabe duda que en toda organización los problemas éticos surgen con diferentes niveles de responsabilidad: 1. Responsabilidad finalística: toda organización debe responder adecuadamente a la producción de bienes y servicios, asegurando una buena proporción entre el precio y la calidad 2. Responsabilidad laboral: toda or-

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ganización debe promover actitudes y conductas que favorezcan un adecuado “clima” empresarial, promoviendo la dignidad de las personas involucradas dentro de la empresa. 3. Responsabilidad cooperativa: toda organización puede o no responder cooperativamente con otras organizaciones a necesidades sociales, 3.a. pagando los impuestos legítimamente establecidos 3.b. cumpliendo con las exigencias legales de preservación del ambiente 3.c. invirtiendo en sectores que necesitan desarrollo preferencial 3.d. cooperando en sectores donde hay especial desigualdad de oportunidades sociales y económicas Ahora bien: ¿Son las empresas - en tanto organizaciones - sujetos éticamente responsables? ¿Tienen derechos y deberes como los restantes individuos? ¿Qué puede esperar la sociedad de las empresas? Si se responde que las empresas o corporaciones no tienen responsabilidades morales como tales ¿qué se puede esperar desde el punto de vista moral de los individuos que trabajan en ellas?

Deber de beneficencia o responsabilidad moral corporativa Hay dos formas diferentes de enfocar este asunto, a las que podemos denominar como concepción “organizativa” y “responsabilizadora”2:

I) La organizativa. Parte de la noción legal de que toda empresa es una entidad artificial que


De interés sólo existe para la ley con una finalidad limitada: producción, ganancia, suministro de servicios, y otros fines restringidos. Ha sido planeada para perseguir dichas tareas de forma máxima. Subyace a la concepción organizativa la idea darwinista de que siempre ganan los mejores por la “selección natural” por eso, todo medio es válido, con tal de maximizar los beneficios. En ese sentido, no estarían en contra del monopolio, tampoco renegarían de conductas inmorales como la discriminación racial si éstas les diera mayores ganancias. Los individuos cuando actúan en estas organizaciones no lo hacen como individuos privados sino como agentes impersonales de la corporación para llevar a cabo los fines que persigue. Cada uno tiene su función dentro de la finalidad correspondiente de la empresa. Una empresa, en esta concepción no es una entidad moral sino meramente funcional 3. Los trabajadores y empleados actúan desempeñando funciones de acuerdo al fin de la empresa y por tanto no como responsabilidad moral. Sus convicciones personales no deben jugar en esas tareas. La responsabilidad no puede atribuirse pues, ni a las empresas ni a sus empleados que trabajan funcionalmente. Pueden tener responsabilidad legal en tanto que entidades legales pero no responsabilidad moral. La empresa ofrece determinados trabajos. Los trabajadores son libres de aceptarlos o no. Si un tipo de producción determinada es legal entonces está bien hacerlo. Robar es una entidad legal. La empresa deberá enfrentar esa responsabilidad, pero no en tanto moral. Dice al respecto J.Ladd (Citado por K.E.GOODPASTER y J.B.MATTHEWS Can a corporation have a conscience? En T.L.BEAUCHAMP Y N.E.BOWIE Ethical Theory and Business): “Es impropio esperar que una conducta organizacional conforme los principios ordinarios de moralidad. No podemos y no debemos esperar que las organizaciones formales o sus representantes actuando en sus facultades oficiales sean honestos, corajudos, considerados, simpáticos, o que tengan cualquier clase de integridad

moral. Tales conceptos no están en el vocabulario, - si se puede hablar así - del lenguaje del juego”.

Las éticas personalistas conciben a la empresa como corporaciones que tienen la capacidad y el deber de ser agentes activos en las decisiones éticas de la empresa como tal. Dentro de este modelo habrían submodelos (GOODPASTER,K.E.; MATTHEUS,J.B. Can a corporation have a conscience? En Beauchamp y Bowie, Ethical Theory.... 68-81): a. Marioneta de la “Mano invisible”: “laissez faire, laissez passer”. Consideran que la finalidades de las corporaciones dependen de la maximización de beneficio por tanto esto sería la única “obligación” moral que tendría (si es que se puede hablar en estos términos). En esta corriente se ubicaría a Milton Friedman4. Este economista considera que es el mismo mercado el que va a “moralizar” la empresa en la medida que dejará de comprarle a la empresa si no está de acuerdo con ella. El deber de las empresas solo se limitaría a hacer negocios y obedecer las leyes. Propugna una “amoralidad” de los ejecutivos enarbolando una bandera de “moralidad sistémica”: el interés de cada uno. La moralidad, la responsabilidad y la conciencia reside en la mano invisible del libre mercado no en las manos de las organizaciones dentro del sistema. En consecuencia no es necesario incluir el juicio moral en las decisiones sino que el libre mercado es el que va a establecerlo a través de su “mano invisible”. b. Marioneta de la ley democrática. Los que consideran que la única responsabilidad moral que puede tener una empresa es cumplir aquellas obligaciones que le manda la ley. En este caso, la ética que subyace sería el Positivismo o Sociologismo que se guía por el siguiente lema: “lo bueno es cumplir la ley, lo malo es transgredir la ley positiva” |40|

En suma: una concepción de la empresa de tipo “ORGANIZATIVA” y funcional, con una finalidad exclusiva de lucro, entiende que una empresa se debe despreocupar de toda otra cosa que no sea la maximización de su lucro y del logro de la supremacía con respecto a las demás empresas. Una concepción como la de Friedman implica que los empresarios, de lo único que se tienen que ocupar es del cumplimiento estricto de la ley y de exigir que haya libertad de competencia en el mercado. Ninguna otra consideración ulterior a ésta es responsabilidad de la empresa.

II) La responsabilizadora. En sentido etimológico “responsable” significa capacidad de responder. Cuando hablamos en términos como “éticamente responsable” nos referimos al imperativo moral de responder correctamente ante las consecuencias sociales beneficiosas o perjudiciales de una acción corporativa. Una concepción de este tipo presupone otra definición de empresa que implica una ética subyacente muy diferente a la del espontaneísmo vitalista propio de la del tipo “organizativo” antes expuesto. Por el contrario para la concepción “responsabilizadora”: “Las empresas son organizaciones de producción conformadas por capital “y” trabajo que generan bienes y servicios “y” contribuyen al incremento de bienestar social” La diferencia de esta definición con respecto a la de tipo “organizativa” es la conjunción copulativa “y”. No pone que la finalidad exclusiva de la empresa sea la del lucro -aunque el lucro es el instrumento imprescindible y fundamental para sostenerse como tal empresa- sino la producción de bienes que incrementen el bienestar social 5. Este “bienestar social” no sólo es el de la totalidad de los miembros de la empresa sino del conjunto de la sociedad, de quienes vive la empresa y a quienes oferta sus bienes y servicios. En esta segunda concepción la empresa no tiene como finalidad la de maximizar


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las ganancias sino que tiene como objetivo la satisfacción de aquellas variadas demandas que encuentra en las operaciones económicas para competir con las demás empresas y continuar con su desempeño (E.E. SCHRADER Corporation and profits J.Bus.Eth. 6 (1987) 589-601). Tanto las éticas consecuencialistas de tipo utilitarista, como las éticas personalistas conciben a la empresa como corporaciones que tienen la capacidad y el deber de ser agentes activos en las decisiones éticas de la empresa como tal. Ambas teorías éticas coinciden en que las decisiones de la empresa deben estar impregnadas de principios morales y no dejarse las decisiones a los vaivenes del mercado. Consideran que la fuerza moral no está “fuera” de la empresa (como si hubiese una mano invisible que - cual marioneta - nos manejara desde arriba), sino dentro (autonomía) de la empresa, es decir entre los implicados en la organización laboral, como sujetos activos de las decisiones morales empresariales. ¿Dónde se origina este concepto “corporativo” de responsabilidad de la empresa?

a) Históricamente la legislación relacionada con las empresas toma su realidad de “persona jurídica” por analogía de la persona humana b) Las corporaciones están integradas por personas que deciden y organizan una estructura interna de decisiones con diferentes niveles de poder, y fijan la tradicionalmente llamada “política” de la empresa6. Por su parte, los accionistas no solo deciden qué acciones comprar según el valor de la empresa en el mercado sino según contribuyan a las finalidades que estiman “lícitas” (0’NEIL,R.F.;PIENTA,D.A., Economic Criteria vs.ethical criteria. toward resolving a basic dilemma in Business, J.Bus.Eth. 13 (1994) 71-78). Además, si un individuo tiene responsabilidad moral y puede ser juzgado por sus actos, una organización también puede ser objeto de lo mismo, independientemente de la ley (FRENCH,P.A., The corporation as a moral person. En Donaldson, Ethical Issues...,op.cit., 100-109). c) Los consumidores juzgan de hecho, a las organizaciones. En ese sentido, si discrima determinados

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trabajadores (de forma que la ley no puede demostrarlo) si explota a sus trabajadores, si no deja participar el trabajo en las decisiones, etc, puede ser juzgada moralmente. De hecho, cuando una empresa es castigada por un boicot de los consumidores es porque ha sido juzgada como tal. En consecuencia, siguiendo las premisas anteriores, las empresas también pueden ser consideradas culpables de acciones éticamente incorrectas o pueden ser reconocidas por su rectitud moral, de acuerdo al modelo de empresa responsable. Es éticamente responsable, pero.... de hecho, ¿quien carga con la responsabilidad? Se han formulado dos modelos fundamentales (DE GEORGE, o.c., 63ss.) para asignar la responsabilidad a las acciones de la organización. En el primero se concibe que la responsabilidad es sólo de los individuos. En el segundo, la culpa de las acciones morales debe recaer sobre la organización como tal. a. La responsabilidad sólo corresponde a los individuos que deciden


De interés Dos posturas:

Comentarios finales

1. La responsabilidad atribuida es cargada sobre todos los individuos del Consejo Directivo o gerencial de la organización. A ese nivel gerencial cada individuo asume la total responsabilidad que se atribuye a la organización.

Toda corporación es una institución que es sujeto de derechos y obligaciones, tanto legales como morales en la sociedad. Según cómo proceda desde el punto de vista legal, y moral, perjudicará o beneficiará a sus miembros y al conjunto de la sociedad.

Aún cuando entre los miembros del grupo directivo hayan habido algunos que hayan votado en contra de una decisión determinada, desde el momento que continúan en el Consejo Directivo y no renuncian se hacen co responsables de la decisión tomada.

Toda corporación es una institución que es sujeto de derechos y obligaciones, tanto legales como morales en la sociedad.

2. Asigna responsabilidad sólo parcial a los miembros de la empresa o a los involucrados en una determinada decisión. Cada uno tiene una proporción de responsabilidad acorde con el involucramiento personal con la decisión cuestionada.

Ahora bien, la corporación no es una entidad abstracta sino que está dirigida por sujetos o personas que toman decisiones. Son estas personas individualmente consideradas las que ejercen la responsabilidad moral de la empresa.

b. La responsabilidad es asumida de forma solidaria por todos los miembros.

De todas las opciones que acabamos de mencionar, parecería que la responsabilidad moral de la empresa debe ser cargada, en primer lugar a los individuos del estamento gerencial de la empresa; en segundo lugar, a todos los trabajadores que, sabiendo que una determinada coducta estaba perjudicando a la sociedad, se hicieron indiferentes al mal causado y, como se dice vulgarmente “miraron para otro lado”.

Tres visiones: 1. La responsabilidad es de todos los individuos de la organización, tanto empresarios, gerentes como trabajadores. 2. Asigna responsabilidad ética sólo a la organización como tal pero no a los miembros individualmente. Da por supuesto que las organizaciones no son simplemente la suma de las acciones individuales sino que hay acciones atribuibles a “la corporación”, una entidad separada que existe “sobre” los individuos. Los individuos pueden pasar pero las organizaciones tienen una tradición, una manera de actuar, unos patrones de conducta. 3. La responsabilidad debe ser atribuida a la organización como tal, únicamente en el caso de que las personas que causaron el problema no hayan recibido ninguna sanción o sigan estando en situación o disposición de repetir la conducta éticamente cuestionada.

Toda empresa es un sistema corporativo de interacciones. Hay algunos que ejercen todo el poder de dirección y centralizan las informaciones correspondientes. Sin embargo, todos los miembros de la organización, en la medida que generan o transfieren información, y en la medida que contribuyen a hacer efectiva una decisión, también son co responsables de no ejercer el derecho a la objeción justificada de conciencia.-

1-De hecho, la legislación norteamericana y la jurisprudencia de aquel país tiende a atribuir responsabilidad moral a las corporaciones. Por ej. en 1978, en la famosa controversia entre el First National Bank of Boston vs.Bellotti la Suprema Corte aceptó que las corporaciones tienen derecho a la expresión libre de pensamiento, favoreciendo causas políticas determinadas, como lo tiene cualquier ciudadano, de acuerdo con lo que establece la constitución.

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2-De hecho, la legislación norteamericana y la jurisprudencia de aquel país tiende a atribuir responsabilidad moral a las corporaciones. Por ej. en 1978, en la famosa controversia entre el First National Bank of Boston vs.Bellotti la Suprema Corte aceptó que las corporaciones tienen derecho a la expresión libre de pensamiento, favoreciendo causas políticas determinadas, como lo tiene cualquier ciudadano, de acuerdo con lo que establece la constitución. 3-De hecho, la legislación norteamericana y la jurisprudencia de aquel país tiende a atribuir responsabilidad moral a las corporaciones. Por ej. en 1978, en la famosa controversia entre el First National Bank of Boston vs.Bellotti la Suprema Corte aceptó que las corporaciones tienen derecho a la expresión libre de pensamiento, favoreciendo causas políticas determinadas, como lo tiene cualquier ciudadano, de acuerdo con lo que establece la constitución. 4-Dice M.Friedman: “En una economía como tal (la economía del libre mercado) hay una, y una sola, responsabilidad social de los negocios: usar sus recursos e involucrarse en actividades diseñadas para incrementar las ganancias lo más que se pueda dentro de las reglas del juego, es decir, implicados en una competencia abierta y libre sin engaño ni fraude. De la misma forma la “responsabilidad social” de los líderes sindicales es servir los intereses de los miembros de sus sindicatos. La responsabilidad del resto de nosotros es establecer un marco legal tal que un individuo que persiga su propio interés sea, citando otra vez a Adam Smith “guiarse por una mano invisible a promover un fin que no era parte de su intención. Tampoco es siempre lo peor para la sociedad que no es parte de eso. Persiguiendo su propio interés frecuentemente promueve de forma más efectiva lo que la sociedad realmente intentaba promover. No he visto nunca mucho bien hecho por aquellos que pretendían comerciar para el bien público”. M.FRIEDMAN The social responsibility of business CITADO EN: T.L.BEAUCHAMP y NORMAN.E.BOWIE Ethical theory and business. Prentice Hall. Englowood Cliffs 1983, 81-83. 5-En ese mismo sentido, y refiriéndose a la responsabilidad empresarial el papa Juan Pablo II dice que los beneficios son: “...índice de la buena marcha de la empresa. Cuando una empresa da beneficios significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. sin embargo, los beneficios no son el único índice de las condiciones de la empresa. Es posible que los balances económicos sean correctos y que al mismo tiempo, los hombres, que constituyen el patrimonio más valioso de la empresa, sean humillados y ofendidos en su dignidad. Además de ser moralmente inadmisible, esto no puede menos de tener reflejos negativos para el futuro, hasta para la eficiencia económica de la empresa. en efecto, (la) finalidad de la empresa, no es simplemente la producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Los beneficios son un elemento regulador de la vida de la empresa, pero no el único; junto con ellos hay que considerar otros factores humanos y morales que, a largo plazo, son por lo menos igualmente esenciales para la vida de la empresa” Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus 1991, 35. 6-Como dice W.G.Weaver: “Las empresas (corporaciones) no sólo usan información sino que también las fabrican, intentan persuadir, manipular, informar, deprimir, debatir, y desacreditan a otros sistemas intencionales y a sus acciones.” W.G.WEAVER, Corporations as intentional systems. Journal of Business Ethics 17 (1998) 87-97.


De interés

Aportes para pensar con orden: Los seis sombreros de Edward De Bono En toda la obra de Edward De Bono puede verse una búsqueda constante de recursos para mejorar la calidad del pensamiento, para que éste colabore con la práctica del hombre que busca resultados. El método de los Seis Sombreros para pensar, invita a derrocar la estereotipia de los estilos personales de abordaje de la realidad, para invitar a todos los integrantes a recorrer distintos caminos deliberadamente. En forma de juego, protector de las sensibilidades interpersonales, el autor propone un sistema que advierte que existen formas de elevar la calidad de las producciones, reduciendo enfrentamientos innecesarios y generando aprendizaje sobre nuestro propio pensamiento.

Basado en: De Bono, Edward. Seis sombreros para pensar. 1ª edición, Granica, Buenos Aires, 2006

E

l mayor enemigo del pensamiento es la complejidad, porque conduce a la confusión. El pensamiento, hace demasiadas cosas al mismo tiempo, entorpeciendo la posibilidad de discriminar el camino por el cual se llega a los re-

sultados. Podría ser ese el principal mensaje que nos deja el autor en su pequeño libro, el cual no obstante tiene un valor práctico indiscutible. La propuesta de los seis sombreros tiene dos propósitos: 1) simplificar el pensamiento, permitiendo que el |44|

pensador trate una cosa después de otra y 2) permitir que el pensamiento varíe de curso intencionadamente y con una finalidad. El método permite solicitar a los pensantes distintos tipos de pensamiento


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sin que su ego se vea amenazado. El pensamiento se convierte así en juego o actuación, donde todos los participantes deben estar al tanto de las reglas y del libreto para que el sistema logre su utilidad máxima. Cada tipo de pensamiento es representado por un color, y cada vez que se utiliza cada tipo de pensamiento, se explicita el color. Este recurso identificatorio de los distintos estilos de abordaje de la realidad, se utiliza para “pintar” los pensamientos y poder visualizar en el proceso y al final del mismo al pensamiento como una impresión a color que discrimine a qué tipo de pensamiento corresponden las ideas que se han trabajado. Cuando todos los colores se reúnen se obtiene una visión de conjunto. La propuesta apunta a mover al pensamiento de su estilo argumentativo para llevarlo a un estilo “cartográfico” en dos etapas: la elaboración de un mapa de pensamientos, y la elección de la hoja de ruta. El mayor valor del método está en su carácter artificial y reglado, que brinda una “convención” para solicitar a los participantes que acudan a usar determinado tipo de pensamiento aunque no sea ese tipo de pensamiento el que usan en forma habitual. La focalización en un estilo de pensamiento, disciplina a este último y evita la pérdida de tiempo en discusiones y razonamientos sin rumbo. Los aspectos esenciales del pensamiento

que invoca cada sombrero son los siguientes:

no en función de las rutinas mentales automatizadas.

Blanco: se centra en los hechos, en números, datos

Para el autor, el pensamiento automático y espontáneo es reactivo: ve señales y toma una decisión. Ve un cartel de PARE y para. Por el contrario, el pensamiento deliberado “crea” las señales, “traza” un mapa a partir de haber logrado una mirada de conjunto respecto a una determinada situación. El pensamiento deliberado dirige la atención sobre distintos aspectos que considera importante recorrer, y tiene un método para ello. Piensa con cierto distanciamiento sobre el mapa que está trazando.

Rojo: permite la expresión de emociones, sentimientos, presentimientos, intuiciones Negro: es el sombrero de la crítica negativa, el abogado del diablo, el que busca las razones por las cuales algo no será viable Amarillo: representa la luz, el optimismo, la búsqueda de las posibilidades constructivas y viables Verde: es el color de la fertilidad, de la creatividad, del impulso provocador que genera movimiento Azul: llama a la moderación y al control, a pensar sobre el pensamiento, a dirigirlo. De Bono propone que ponerse un sombrero sea equivalente a desempeñar un rol en forma intencional, de modo que, por ejemplo, el sujeto que es optimista por antonomasia tenga que ponerse en la posición de buscar obstáculos a una idea y actuar ese papel en forma deliberada. Parte de que el buen pensamiento requiere un estado mental tranquilo y despreocupado para que sus productos no sean la respuesta a una mezcla indiscriminada de reacciones frente a una situación. Se trata de pensar en forma ordenada, dirigida, y

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De Bono es crítico respecto a la creencia de que el pensamiento debe basarse en el diálogo y la argumentación dialéctica. Para él, esta última excluiría lo creativo y lo generativo para privilegiar la reacción ante un oponente que debe ser destruido. La argumentación y la dialéctica no tienen por fin crear algo mejor sino hacer prevalecer unas ideas sobre otras, dice el autor. Sustenta su propuesta en que nuestro cerebro es un sistema de información activo: crea estructuras y organiza la información en pautas que hacen que el cerebro esté diseñado para ser no creativo. Utiliza esas pautas estructurales fijas y las utiliza luego en cuanta ocasión se presente. Está aprisionado en la secuencia de su experiencia. El propósito de pensar con seis sombreros es que cada cual represente


De interés un papel definido, dirigir la atención en forma conveniente en el marco de reglas de juego claras. La neutralidad de los colores permite que se usen los sombreros sin impedimento: pedirle a alguien que se saque el sombrero negro es más fácil que decirle que deje de ser tan negativo. El sombrero blanco expone hechos en forma neutral y objetiva. No discute. Las opiniones propias no son admisibles en el pensamiento de sombrero blanco. Si la discusión se integrara a la exposición de hechos, la búsqueda de la argumentación entorpecería la neutralidad, y seguramente los hechos serían seleccionados para respaldar una posición. Espontáneamente, el pensamiento presenta primero una argumentación y luego busca los hechos para respaldarla. El pensamiento de sombrero blanco, en el proceso de construcción del mapa, necesita hechos y datos antes de elegir una ruta, y antes de una interpretación. Este tipo de pensamiento establece dos categorías de hechos: creídos y verificados. Es válido exponer creencias siempre y cuando se establezcan como tales, pero no es válido exponer una creencia como si fuera un hecho. Solo de esta forma se puede pasar del status de hecho “creído” a “verificado”. La idea es no presentar nada a un nivel más alto que el que le corresponde realmente. Hay hechos respecto a los cuales “se cree” que son reales pero no han sido verificados. Otros sí son verificados y probados. Entre los dos extremos hay una variación de credibilidad que puede ir desde lo nunca verdadero a lo siempre verdadero, existiendo en el medio una serie de matices como ser “a veces”, “en general”, “ocasionalmente”. El objetivo es que los hechos se presenten con el marco apropiado para indicar su grado de probabilidad. El sombrero rojo es el opuesto al anterior. Es la anti objetividad. Es la emoción por la emoción, sin justificaciones, ni razones, ni fundamentos. Ofrece un canal formal para expresar sentimientos, presentimientos o intuiciones, aceptándolos como vá-

lidos en el proceso del pensar, pero dándoles un lugar definido. Toda decisión correcta, para De Bono, debe ser emocional en última instancia, pues los valores y emociones son parte del funcionamiento del cerebro, y acomodan nuestro pensamiento a nuestras necesidades y al contexto. Las emociones no deben ser justificadas en este tipo de pensamiento. Si se desconfía de algo no importa por qué. La emoción afecta el pensamiento de tres maneras: coloreando las percepciones, condicionando a partir de ello todo lo que sigue a la percepción inicial, y para al momento de elegir la ruta del mapa trazado, poner en juego los sentimientos y valores, ante los cuales también se reacciona emocionalmente. No todo se puede expresar en palabras y no por ello lo que no se puede expresar en palabras deja de tener valor en el proceso del pensamiento. Por esa razón es que se le da a las emociones (“no sé por qué pero esto me genera rechazo”), a las intuiciones o presentimientos (“siento que esto podría funcionar”) el lugar que les corresponde en la construcción del mapa. Es posible dice De Bono, tratar a la intuición como si fuera un consejero. De Bono plantea que la artificialidad de “ponerse un sombrero” para expresar las emociones cuando se las solicita y no a demanda de los impulsos, otorga protección en el proceso de pensar. De esta forma es que se permite al cerebro explorar distintas perspectivas para ver las cosas sin que esas nuevas visiones sean rechazadas emocionalmente. Así, se estaría promoviendo la posibilidad de que luego de esa exploración de nuevas visiones, las emociones puedan modificar su curso. Si al encauzarlas el cerebro se permite recorrer nuevos caminos y analizar situaciones controlando la influencia de los afectos, podría lograrse que en el proceso, el cerebro cambiara la connotación emocional inicial con que teñía determinadas percepciones. La expresión reglada de emociones |46|

permite visualizar al final, qué regiones del pensamiento están más o menos cargadas de aspectos emocionales. El sombrero negro busca los aspectos negativos pero desde la lógica, no desde las emociones. Busca los aspectos negativos y el lado oscuro de las cosas. Con el sombrero negro, se deben dar razones de las críticas negativas, sin ocuparse de la justicia: se da rienda suelta a la negatividad racional, sea tanto sobre un contenido como sobre el proceso de pensamiento. Perfeccionar el pensamiento exige ponerlo a prueba de fallas. Si el sombrero blanco expone hechos, el negro los pone a prueba con el propósito de señalar aquellos que son erróneos o inaplicables, pues si se van a tomar decisiones en base a hechos, la posibilidad de que éstos tengan fallas nos debería llevar a procurar mejorar la calidad de los hechos. La negatividad del sombrero negro se maneja teniendo clara la regla de la construcción del mapa: no se trata de discutir, sino de ofrecer una visión negativa para tenerla en cuenta y luego ofrecer un punto de vista paralelo, o incluso para presentar un pensamiento de sombrero negro con respecto al pensamiento de sombrero negro!. Se debe cuidar que el sombrero negro no constituya una forma solapada de expresar sentimientos (sombrero rojo) negativos: por eso se apela a que se expresen razones y fundamentos. Darle el lugar a la negatividad es una forma de neutralizarla e impedir que interfiera intempestivamente en nuestro pensamiento. Siempre es más fácil destruir que construir, dice De Bono. Probar que algo no funciona da satisfacción inmediata, pero plantear una idea constructiva supone que la satisfacción quede en suspenso hasta tanto la implementación de la propuesta para probar que la misma funciona. Pero el propósito del sombrero negro no es destruir por destruir, sino la negatividad seria y correctamente


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enmarcada en sus probabilidades, señalando los aspectos sobre los que se debe tener cuidado: lo que está mal, lo que no es correcto, lo que no se ajusta a la experiencia o al conocimiento aceptado, implica un riesgo y debe ser considerado como un elemento del mapa importante a la hora de elegir la ruta. El sombrero amarillo, es el del optimismo y el pensamiento constructivo, que mira hacia el futuro posible y realizable, razón por la cual conlleva un monto de especulación. También cuando mira al pasado puede rescatar los aspectos positivos. Es la contracara del sombrero negro. Deliberadamente, este sombrero solicita se adopte un pensamiento positivo, desde un punto de vista lógico – práctico, que debe incluir la probabilidad aproximada de realización exitosa de las sugerencias optimistas. Los aportes deben tener base: en la experiencia, en la información, en la deducción lógica. Se discuten los posibles beneficios y luego se busca justificarlos. Además de mentes críticas (sombrero negro), se necesitan mentes que hagan que las cosas ocurran: de ahí la necesidad de este sombrero. Las propuestas se hacen para que algo mejore. Luego deben someterse al juicio del sombrero negro, para que nuevamente el color amarillo modifique, mejore o fortalezca la propuesta considerando el mejor de los casos y los máximos beneficios. Como es más fácil pensar en negativo, dice De Bono, el pensamiento de sombrero amarillo debería ser previo al negro, para evitar que algo se destruya antes de que se exploren sus posibilidades. El sombrero amarillo se ocupa de la operatividad de las cosas que fueron indagadas, el objetivo del pensamiento constructivo es la eficacia. El sombrero verde o del pensamiento lateral, es el de la creación deliberada de nuevas ideas, del cambio, de nuevas formas de plantear los problemas. Es el sombrero de la creatividad, es el pensamiento que provoca

al pensamiento con ideas y alternativas que deliberadamente impulsen el cambio. Busca modificar las pautas de organización para generar movimiento que conduzca a algo nuevo. Se trata de avanzar con una idea hacia otra idea. De Bono busca fortalecer por este artilugio el aspecto que considera más débil en la creatividad: el surgimiento de ideas. El pensamiento de sombrero verde no evalúa ni enjuicia, simplemente observa hacia dónde nos dirige el movimiento de la provocación que nos eleva por encima de lo obvio, lo conocido y lo satisfactorio. Se permite abordar ideas no del todo convincentes “todavía”, porque necesitan más elaboración. Seguido del sombrero verde debería venir el amarillo, para el desarrollo constructivo de las ideas. El sombrero azul es el que controla el pensamiento desde la altura. Es como el director de orquesta del proceso del pensamiento, el que dispone qué sombrero se debe usar en cada momento, ordenando su curso. El sistema de los seis sombreros se asegura de este modo que el pensamiento no queda librado a la deriva ni a la dinámica de ataque y defensa. El sombrero azul no se casa con ninguna idea: admite que todas pueden ser válidas en determinadas circunstancias e invita al pensamiento a recorrerlas desde todos los colores, porque su intención no es argumentar a favor o en contra sino velar porque se pueda construir un mapa. Además de ordenar a los demás sombreros, ordena la evaluación de prioridades, la enumeración de restricciones, el uso de herramientas para pensar. Su rol es el de hacer foco mediante preguntas exploratorias, indagatorias, verificatorias, etc.Diseña los pasos para pensar sobre un asunto acorde a las situaciones, establece los cierres que van ofreciendo sín|47|

tesis de los procesos que se han ido desarrollando a lo largo del proceso, y ordena los intercambios estableciendo sus límites, es el responsable de redondear las conclusiones. En síntesis, El método de los seis sombreros busca ordenar el pensamiento y ayudar a los pensantes a percibir cómo sus aportes van tiñendo las perspectivas desde las cuales se analiza un fenómeno. La intención es permitir que el pensamiento varíe y recorra todos los aspectos posibles en el examen de una idea o situación, para elaborar un mapa sobre ella y luego tomar una decisión. Si bien el sistema es simple, requiere de práctica. Ejercer el rol del cada sombrero en forma deliberada en el marco del pensamiento cartográfico como objetivo, ayuda a los integrantes de un grupo de trabajo a ordenar la interacción y poder observar de qué forma se va coloreando el mapa a medida que se trabaja sobre un tema sobre el cual se requiere a los participantes distintas perspectivas de análisis. El fin último es, perfeccionar la forma en que pensamos e interactuamos, protegiendo al pensamiento y a los pensantes en ese proceso.-


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Cooperación institucional entre LIDECO y ADM

Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente de LIDECO), Sr. Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Ec. Andrés Elola (Presidente LIDECO), Cr. Roberto Brezzo (Rector Universidad de la Empresa), Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente LIDECO), Cr. Alfredo Secondi (Gerente General ADM), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Sr. Enrique Giner (Secretario ADM)

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a firma del Convenio de cooperación institucional entre LIDECO y ADM tuvo lugar el pasado 7 de marzo en nuestra sede social. A partir de él, las dos entidades gozan de los beneficios dispuestos por las normas que las rigen. Esta afiliación recíproca da visos de formalidad a una relación ya existente entre ambas organizaciones, cuya impronta siempre fue la de la camaradería y la colaboración. La confluencia de objetivos comunes ha sido favorecedora de ello. ADM comparte con nosotros el hecho de ser una entidad sin fines de lucro, así como el espíritu general de

propender al desarrollo armónico de nuestra sociedad. ADM encuentra su razón de ser con respecto a la sociedad, en constituirse en herramienta dinamizadora, facilitadora de vínculos, ejerciendo un rol articulador entre el sistema político, el cuerpo diplomático, las cámaras binacionales y los actores empresariales y profesionales, colaborando efectivamente con el desarrollo económico, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Nuestra Institución por su parte, tiene por fin representar al sector industrial y comercial reuniendo y vinculando a sus componentes en el marco del espíritu de solidaridad y de la |48|

defensa de los intereses colectivos, previniendo las malas prácticas comerciales y promoviendo el progreso económico y social de la nación. Propiciar normas que perfeccionen la organización del comercio, combatir la deshonestidad y el fraude comercial y prestigiar el uso de la información como recurso preventivo para el saneamiento de la plaza, son acciones que sellan nuestro accionar desde 1915. LIDECO se congratula de la firma del Convenio, y augura próximos avances a este respecto, sobre el cual los mantendremos informados.


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Durante la firma del Convenio. Sr. Enrique Giner (Secretario ADM), Ec. Andrés Elola (Presidente LIDECO), Sr. Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente LIDECO)

Durante la firma del Convenio. Sr. Enrique Giner (Secretario ADM), Ec. Andrés Elola (Presidente LIDECO), Sr. Jorge Abuchalja (Presidente ADM), Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente LIDECO), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Cr. Alfredo Secondi (Gerente General ADM), Cr. Roberto Brezzo (Rector Universidad de la Empresa), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente de LIDECO)

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Capacita LIDECO Liderazgo, comunicación y resistencia al cambio

Vista general

23 de abril de 2013, sede UPAEP

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l encuentro tuvo por finalidad promover la reflexión respecto al rol de quienes ocupan posiciones de liderazgo en un mundo cambiante. En ese sentido, se consideró insoslayable la responsabilidad del líder en tanto promotor de la capacidad de aprendizaje y adaptación creativa de las empresas como condición necesaria para sostener su permanencia. Se abordó la definición del liderazgo como función del management, con las implicancias que ello tiene en cuanto a las habilidades gerenciales necesarias para ejercerla, así como en cuanto a la responsabilidad social y ética que implica para con la em-

presa y sus miembros. Entendido el liderazgo como la capacidad de influencia para lograr resultados a través de otras personas, se hizo foco en la dependencia y realimentación que existe entre la figura del líder y del colectivo que aquel debe movilizar (motivar) para construir desde el presente, el futuro deseado por parte de la empresa. Concibiendo al líder como la figura mediadora entre los procesos de comunicación y cambio organizacional, se trabajó sobre la responsabilidad que la función supone a la hora de velar por la calidad de la interacción entre las personas. La figura del líder tiene la responsabilidad de proveer los recursos necesarios para una interacción adecuada, así como también, así como también debe velar porque los esfuerzos de los miem|50|

bros de la organización confluyan en puntos de motivación comunes que favorezcan la sinergia entre las partes de la empresa. Lo anterior exige de parte de quien encarna la función de liderazgo, la flexibilidad suficiente como para poder adaptar su comportamiento a las diversas realidades y etapas por las que atraviesa una organización y sus miembros organizados en grupos o equipos. La dimensión colectiva del liderazgo fue planteada como un eje clave en materia de comunicación y motivación: el liderazgo no se ejerce nunca en soledad, y su eficacia se evalúa en términos de los resultados que se obtienen a través de las personas lideradas. Se plantean en consecuencia dos grandes desafíos para las


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personas que están en posiciones de mando formal: 1) el diseño de las formas de interacción propicias para el aprendizaje individual y colectivo y 2) la promoción de la capacidad de comprensión de la realidad en función de un propósito construido y sostenido colectivamente. En este marco, el líder es concebido como diseñador de los sistemas, de las herramientas y recursos que, puestas al servicio de las personas, harán posible que la empresa desarrolle permanentemente su capacidad de aprendizaje y adaptación creativa. El acelerado ritmo de la dinámica del mercado así como del avance tecnológico, obligan a reacomodar constantemente las formas de operar sobre la realidad, lo cual hace que la capacidad para gestionar los cambios que supone esa exigencia sea altamente valorada. Es el líder la persona que tiene la responsabilidad de dirigir los cambios necesarios para ello, y además, lograr que los mismos ocurran. La flexibilidad del líder está entonces en la capacidad de distinguir cuándo se requiere de él un estilo directivo orientado a pautar tareas, y cuándo

un estilo orientado a la conducta de relación o de apoyo. Una adecuada evaluación de los grupos de trabajo con los que interacciona serán necesarios para ello. Las competencias técnicas (conocimiento del negocio y de herramientas de gestión), las competencias intelectuales (pensamiento abstracto y estratégico), las competencias sociales (capacidad de relacionamiento social, de gestión de talentos, de empatía), y los logros históricos del líder se consideran a estos fines elementos claves para comunicar un propósito y promover la dinámica de cambio en la empresa, sea que se trate de cambios de bajo o de alto impacto. Siguiendo el enfoque de Peter Senge, el Seminario planteó que el liderazgo debe promover el aprendizaje de cinco habilidades claves para los miembros de la organización: 1) el dominio personal (capacidad para clarificar la realidad, plantear metas e implementar las acciones para alcanzarlas sosteniendo la tensión que ello implica), 2) la visión compartida (desarrollo de una imagen atractiva de lo que la empresa quiere ser), 3) los modelos mentales (aprender a pensar entendiendo que las imágenes que tene-

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mos de la realidad son siempre perfectibles), 4) el trabajo en equipo, y 5) la capacidad para abordar la realidad desde una perspectiva sistémica comprendiendo la influencia recíproca que ejercen sus distintos componentes e identificando los puntos clave de acción o apalancamiento para promover el cambio o la expansión de la capacidad de aprendizaje. Para ello, el liderazgo debe velar porque: 1) el diseño organizacional de la empresa sea consistente con lo que se pretende de la organización y los equipos de trabajo, 2) la comunicación sea clara y consistente, 3) estén dadas las condiciones para que mediante la capacitación las personas manejen un lenguaje común 4) exista unidad de propósito y un sentimiento de co – responsabilidad apoyada por la percepción de que los riesgos serán compartidos en un ambiente de confianza y seguridad que aliente los errores –dentro de ciertos límites, claro – como etapas necesarias en los procesos de aprendizaje. El Seminario también abordó la dimensión ética de la función de liderazgo como elemento fundamental a la hora de promover el cambio y


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analizar las consecuencias que su implementación tendría para la empresa y sus miembros. La referencia ética de la gestión ofrece un marco (de valores, principios y normas) para decidir en forma no arbitraria y atendiendo a la obligación de que la empresa se constituya en un ámbito propicio para promover la humanización de las personas a través del trabajo. Para sumar personas a los procesos de cambio, se debería considerar previamente que: 1) cuando se proponen cambios se generan expectativas y se esperan consecuencias para bien o para mal 2) en principio se debe apostar a mejorar el bienestar pero 3) no siempre los cambios tienen buenas consecuencias para todos (la obligación ética en este punto sería reducir al máximo la disminución de bienestar que vendría a colación de los cambios propuestos), 4) en función de lo anterior, las personas deben poder decidir con información veraz y suficiente si se suman o no a los cambios planteados, y 5) las personas deben tener iguales oportunidades y solo deberían distinguirse por sus capacidades. Los puntos anteriores se consideraron claves para alentar la disposición al esfuerzo por parte de las personas. Trabajar en la motivación de las personas, exige al líder la búsqueda permanente de puntos comunes en cuanto a los intereses de empresa y

miembros, o lo que es lo mismo, entre las visiones personales y la visión compartida en la organización. La experiencia de sentido, desde el punto de vista existencial respecto a lo que se hace o no se hace, pasa cobrar un papel relevante en lo que refiere a la motivación para el trabajo. La comunicación del líder debe contemplar entonces una dimensión de sentido que haga que el esfuerzo y la colaboración hagan parte de un compromiso intrínseco, de modo que quienes se sumen al proceso de cambio lo hagan desde convicciones profundas que los convocan a sumarse a proyectos colectivos, porque a través de ellos estarán desarrollando los proyectos personales. En otras palabras: el foco de convocatoria no está en el qué hacer ni en cómo, sino en el para qué. Las personas se comprometen cuando perciben que su trabajo aporta a sus aspiraciones personales. El líder se constituye en este punto en un canal privilegiado de comunicación de la experiencia de sentido necesaria para movilizar voluntades. Las personas deben poder percibir que las propuestas de cambio favorecerán las posibilidades de enriquecimiento de las tareas que realizan, las posibilidades de reconocimiento y crecimiento en la empresa, y su propio enriquecimiento personal más allá de las recompensas económicas que pudieran plantearse. Los |52|

miembros de una organización se disponen para el esfuerzo en la medida en que de ello derive una recompensa, y siempre que la recompensa contribuya con sus aspiraciones personales tanto en un nivel básico como en lo que refiere a las posibilidades de realización más elevada. Es así que, más allá del trabajo sobre visiones personales y compartidas, los sistemas de gestión deben asegurar que los esfuerzos sean evaluados, reconocidos y recompensados a efectos de sostener en la gente la disposición para el esfuerzo. En este punto es clave la equidad percibida en lo que respecta a los procesos de evaluación de los esfuerzos (los criterios de evaluación deben ser conocidos) así como en la distribución de las recompensas o el reconocimiento. Las inequidades en estos aspectos, erosionan las posibilidades de compromiso. Para motivar para el cambio, el líder debe contemplar estos aspectos y hacer visibles (comunicar) de qué forma los cambios propuestos afectarán positivamente la satisfacción de las necesidades personales y colectivas. A través de los procesos de comunicación las personas: saben o deberían saber lo que tienen que hacer, saben o deberían saber por qué lo hacen y saben o deberían saber si lo hecho está bien o mal. Es mediante los procesos de comunicación que


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se generan los significados compartidos, se aprende a interactuar, se gana en integración y coordinación, en comprensión de la realidad global de la organización y por ende se hace posible un funcionamiento más eficaz y eficiente en materia de interacción entre las partes. Es a través de procesos de comunicación abiertos y seguros como se aprende a resolver conflictos, a proponer, a rectificar, y a trabajar las resistencias, en tanto los modelos mentales de todos se exponen y examinan. Cabe al líder alta responsabilidad en cuanto a la calidad de los procesos de comunicación relacionados al éxito de las iniciativas de cambio. El proceso de conquista de voluntades

a ese respecto debe contemplar la celebración de los acuerdos que tienen lugar en el proceso de construcción de una visión compartida, en el cual se encuentran los puntos de intersección motivacional: si se solicita esfuerzo, debe ser visible el para qué y a cambio de qué. Será más alentador sumarse a un proceso de cambio cuando la invitación no es solo a una mayor dedicación sino que se convoca a formar parte de algo grande, algo por lo que merezca la pena esforzarse. En este sentido, la participación en la génesis de los procesos de cambio contribuye a visualizar la necesidad del cambio (la existencia de un problema o una aspiración), y a partir de allí, a involucrarse con la solución asumiendo un riesgo con-

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junto. Cuando las personas pueden vislumbrar el papel que jugarán en el futuro, se reduce la incertidumbre y favorece la disposición positiva. Los acuerdos siempre se facilitan cuando se percibe que los riesgos no serán mayores que los beneficios percibidos, y que cuando se presenten las dificultades, la organización estará presente para contribuir a que todos puedan sumarse al cambio con el menor costo posible. El testimonio del líder en su accionar será a estos efectos fundamental. Se plantea a raíz de lo anterior, que la comunicación involucrada los procesos de cambio debe poder transmitir que estos últimos constituyen para empresa y miembros, una propues-


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ta de valor, a efectos de maximizar la adhesión al proceso. Los cambios deberían poder formularse como propuestas de valor para el colectivo, y tales propuestas de valor deberían comunicarse desde la experiencia de sentido (por qué y para qué). El esfuerzo para crear y sostener los cambios se mantiene cuando las personas perciben beneficios y no solo un plan estratégico. Es importante entonces considerar que, antes de lanzar propuestas, estén presentes en los miembros de la empresa las habilidades que van a facilitar su comprensión. Del mismo modo, la empresa debe, para propiciar la afirmación de tales habilidades, asegurar que existan espacios de experimentación en los cuales sea posible adquirir la confianza necesaria para reducir las resistencias a las nuevas propuestas. El propio colectivo es el que va generando su proclividad a aceptar cambios cuando comprende los beneficios de una propuesta que además se va definiendo también colectivamente. En esta tarea, es menester conocer los mandatos culturales que pautan la interacción entre las personas, para que desde allí sea posible plantear la estrategia de comunicación más adecuada para la recepción de las propuestas de cambio. No se puede

“atentar” así como así contra los valores culturales de una organización. No todos los cambios que se proponen exigen profundos cambios culturales. La cultura puede ser un obstáculo como también una aliada para la promoción y difusión del cambio. Se trata de un tema complejo pues, la cultura que preexiste al sujeto, así como la historia del sujeto que existe antes de que se incorpore a la organización, interactúan con mensajes más o menos explícitos que “comunican” mutuamente la manera de ser ideal dentro de la organización. A diferencia del proceso de construcción de la identidad de un niño, en la relación entre adultos autónomos, ninguna parte tiene el monopolio para otorgar valor y significaciones: de ahí la necesidad de negociar y de conquistar voluntades. Las empresas conviven con la necesidad de incorporar cambios en su dinámica, no obstante lo cual, no todo debe ser cambiado y no todo cambio siempre es bueno. Los sistemas funcionan con el objetivo de mantener su equilibrio interno, y por ende ante agentes o propuestas que desestabilizan, la reacción más saludable siempre será chequear si a partir del nuevo orden sugerido se obtendrá un equilibro superior al anterior. De ahí que podamos afirmar que es |54|

imposible que no exista resistencia al cambio, aun cuando cognitivamente el mismo sea percibido como bueno. Esto es así porque nuestras pautas de percepción y de conducta se originan en contextos pretéritos, y los esquemas creados subsisten hasta tanto no se creen nuevas pautas que sustituyan las anteriores. Por otra parte, la conducta admite la contradicción y necesita tiempo para lograr nuevas adaptaciones. Los líderes deben poder considerar estas variables al diseñar su estrategia para promover el cambio. Hay demoras naturales en el proceso de asimilación de la necesidad del cambio, y ello puede ser percibido erróneamente como resistencia. Presionar excesivamente en una situación así, puede generar daños. Es preciso considerar que aún cuando los cambios sean bien recibidos, pueden existir procesos compensadores que hagan que las propuestas no fluyan al ritmo esperado. Será clave identificar a qué obedecen tales procesos (falta de recursos, capacidades, ideas previas, etc.), so riesgo de que se presione el sistema en forma imprecisa. Los cambios pueden gestarse si se hacen evidentes los beneficios. Muchas personas estarían dispuestas a experimentar nuevas alternativas, si éstas aportaran valor y enriquecimiento a su vida.-


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Conferencia LIDECO e-factura: una puesta a punto. Vanguardia, beneficios y desafíos del Nuevo Sistema de Documentación Comercial

Nuestra plaza comercial viene transitando la experiencia de la implementación del sistema de facturación electrónica. Se espera que en el transcurso de este año 2013 y durante el 2014, se logre incorporar al mismo a todo el espectro empresarial, en forma escalonada, acorde a su tamaño o giro. En atención a ese desafío LIDECO convocó a sus asociados y al empresariado en general a una instancia de puesta a punto respecto de las implicancias legales, informáticas, y tributarias que acarrea el nuevo sistema de soporte de la registración de las operaciones comerciales. El Cr. Pablo Ferreri (Director General de Rentas), el Sr. Daniel Laffitte (Director de la División Informática de DGI) y el Dr. Fernando Cabrera (Responsable del Sector Jurídico de LIDECO) fueron los encargados de recorrer las diversas perspectivas que el empresariado debe contemplar para responder con eficacia a este nuevo desafío para la vida y el intercambio comercial.

En la Apertura del evento. Dr. Fernando Cabrera (Responsable Sector Jurídico LIDECO), Sr. Daniel Laffitte (Director División Informática de DGI), Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente LIDECO), Cr. Pablo Ferreri (Director General de Rentas)

22 de mayo de 2013, sede UPAEP

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l evento se inició puntualmente con una sala desbordante de público. El Sr. Agustín Carrau, 2do Vicepresidente de LIDECO, fue el encargado de la apertura. Presentados los disertantes y dadas las gracias a los presentes por el interés

en la temática, explicitó la expectativa de que el nuevo sistema facilite el relacionamiento entre la DGI, los contribuyentes y todos los actores del comercio, destacando la importancia de poder contar con la presencia de los disertantes a efectos de una puesta a punto en lo que se entiende es un gran desafío para todo el comercio. Agradeciendo su participación, cedió la palabra al Cr. Pablo Ferreri. |56|

Cr. Pablo Ferreri Estado actual, inversiones y etapas futuras del nuevo modelo de facturación El Director General de Rentas inició su alocución agradeciendo a LIDECO la oportunidad de intercambiar sobre el proyecto de factura electrónica, el


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cual es ya una realidad. Valoró especialmente la importante concurrencia al evento, en tanto evidencia del interés por una temática revolucionaria para la documentación de las transacciones comerciales en nuestro país. Ubicó al proyecto sobre facturación electrónica en el marco de de las líneas estratégicas de la DGI y sus diversos objetivos: por un lado, mejorar la formalización de la actividad comercial y reducir la evasión del IVA, la cual si bien marcó el menor registro histórico en 2012 (13,4%) - siendo la tasa más baja de América Latina -, “debe continuar reduciéndose”, dijo, pues “hoy por hoy 1 de cada 10 uruguayo no paga sus impuestos. Nuestro objetivo es que ese número sea 0, y que todos cumplamos con la ley por igual”. Otro de los objetivos mencionados fue la mejora de los servicios a los contribuyentes, así como también la apuesta por la innovación tecnológica. Dado que toca a los tres grandes objetivos estratégicos, “el sistema de facturación electrónica se constituye en el proyecto más relevante para la DGI en este quinquenio”, señalando la consistencia del mismo con la estrategia de gobierno electrónico que tiene el país en su conjunto. Planteó la aspiración de que la factura electrónica impulsara el comercio electrónico en Uruguay, entendiendo que esta experiencia masiva de la utilización de la firma digital, dinamizará el comercio exterior en nuestro país. Entendiendo que el sistema es acce-

sible tanto para grandes como para pequeñas empresas (si bien para las empresas más grandes requiere mayores inversiones), planteó que será un factor de mejora de la competitividad al permitir que muchas empresas puedan aprovechar las implicancias de digitalizar su facturación, sus compras y toda su gestión. En el marco del objetivo de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, señaló que el nuevo sistema obligó a revisar el marco normativo de la documentación comercial, dado que aquel no condice con el avance tecnológico. Con relación al mundo, dijo que nuestro país está avanzado en lo que respecta a la factura electrónica, lo cual consideró un logro importante dado que esa posición se alcanzó en poco más de un año, esperándose que en el correr de 2014 se logre incorporar a empresas que representan un porcentaje importante de la facturación nacional. Ello permitiría que nuestro país se colocara entre los líderes en materia de factura electrónica, planteando que a diferencia de lo que sucede en Europa, nuestro país concibe el sistema en el marco de la digitalización del 100% del proceso de documentación de las transacciones (realización, envío, archivo). Justificó nuestros avances y ventajas en ese sentido, en función del avance tecnológico y de lo reducido de nuestro país. Para Ferreri el sistema está concebi-

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do en la filosofía del “ganar – ganar” para contribuyentes y DGI en tanto mejora los controles a la vez que simplifica a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, amén de que reporta el beneficio general de formalizar la economía, evitar el fraude y la evasión fiscal, aportando además certeza sobre la autenticidad de los documentos, pues todos los documentos deberán ser encriptados, firmados digitalmente, y tendrán un código QR que permitirá acceder fácilmente a saber si los documentos están debidamente autorizados por la DGI. Como subproducto del sistema, mencionó los códigos QR de los tickets electrónicos a través de los cuales se podrá verificar si la empresa está al día con el organismo recaudador. Comentó que a partir del 1° de julio de este año es obligatorio, para todos aquellos que saquen constancias de impresión para la documentación en papel, que esta última incluya el código QR, es decir la misma tecnología o plataforma desarrollada para la factura electrónica. Se espera a partir de ello que se impulse el comercio electrónico a través de plataformas que no existían en el país. El ahorro en materia de costos logísticos que permitirá a las empresas ganar en competitividad fue destacado por el Titular de la DGI. Señaló que en nuestro país se emiten en el entorno de 50.000.000 de documentos al año, y que si se logra migrar el 70% de la documentación al sistema


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Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente LIDECO), Sr. Roberto Linn (Secretario LIDECO), Cr. Pablo Ferreri (Director General de Rentas), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente LIDECO), Cr. Gerardo Martínez

digital, estaremos consumiendo muchísimo menos papel, generando un importantísimo ahorro (menos papel, menos ensobrado, costos de envío, depósitos para el archivo) con costos que caerían en más de un 50%, además de beneficiar al medio ambiente”. Desde el inicio del proceso con el marco lógico en 2010, afinado el sistema en 2011 y puesto en marcha el plan piloto ese mismo año, en la actualidad, dijo Ferreri, “tenemos 24 empresas operando, 7 más que están en proceso de homologación y unas 284 que están testeando el sistema. Entre facturas electrónicas y tickets electrónicos tenemos aproximadamente 70.000.000 de documentos ya emitidos. Esta realidad ha sido para nosotros motivo de orgullo y satisfacción por ver cómo luego de mucho trabajo y mediante la interacción entre el sector público y el sector privado se lograron tales avances con un sistema que ha ido funcionando a la perfección”. La DGI estima que para fines de éste año se tendrá un 30% de la facturación total del país subida al régimen de factura electrónica, lo cual colocará al país entre los más avanzados en la materia, “a la cabeza a nivel

mundial en lo que tiene que ver con facturación digital emitida”. No obstante los beneficios, Ferreri señaló que si bien el sistema está diseñado para que los costos implicados sean los mínimos, tiene costos. El gobierno, dijo, está interesado en que la migración al mismo sea sencilla y lo más rápida posible, para lo cual “en 2011 se emitió un decreto que establece exoneraciones o beneficios fiscales para las inversiones (en hardware y en software) realizadas en la migración hacia la facturación electrónica. Esos beneficios tienen que ver básicamente con el impuesto a la renta de las entidades económicas y con el impuesto al patrimonio”. Se exonera hasta el 31 de diciembre de 2014, hasta un 70% del monto efectivamente invertido, lo cual se puede utilizar “hasta en 10 ejercicios no pudiendo superar el 60% del impuesto liquidado en cada ejercicio. También se establece la exoneración del impuesto al patrimonio de los bienes promovidos por el término de su vida útil: mientras ese bien se esté amortizando la empresa no pagará por él impuesto al patrimonio”. En las exoneraciones, aclaró, queda excluida la contratación de servicios de asesoramientos mensuales. |58|

“Las empresas que se acojan al régimen de factura electrónica deben presentar un proyecto de inversión con un anexo al formulario 2181 en el cual se establecen las distintas categorías de inversión. La DGI estudia el proyecto de inversión presentado y otorga o no los beneficios”, explicó, añadiendo que, “cuando el sistema se masifique vamos a generar determinados fast track para las categorías de empresas. Va a haber seguimientos simplificados para las empresas cede y para las empresas no cede. En el caso de proyectos de inversión para las empresas no cede que no superen los 30.000 dólares, habrá procedimientos simplificados. Ese tope se eleva hasta US$ 100.000 en los contribuyentes cede, y hasta US$ 200.000 en el caso de los grandes contribuyentes. Obviamente allí está todo el monto de la inversión, tanto en hardware como en software como en otras actividades”. Otra etapa del proceso, dijo, tiene que ver con la edición de estándares de formatos de los documentos, para el envío y para el intercambio. Asimismo, en cuanto a la representación impresa de los documentos, pues las empresas que venden a consumidores finales (ejemplificó mediante los supermerca-


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dos) emiten el documento electrónicamente y entrega al consumidor final una representación impresa. Al respecto, dijo, “toda la documentación de quienes emiten y venden a consumidor final debe ser mantenida online en una página web a la cual pueden acceder los contribuyentes”. Con respecto a las pautas para almacenamiento de documentos y a las posibles fallas del sistema, precisó que se ha regulado un sistema de contingencia para que el mismo esté estandarizado y las empresas puedan continuar trabajando y la DGI controlando. El Cr. Ferreri selló su exposición remarcando que el proyecto de facturación electrónica es ya una realidad: el sector privado está percibiendo ya sus beneficios, y la DGI mejorando la calidad de la información en tiempo real. Ello fue posible, dijo, “gracias a la sinergia entre el sector público y el sector privado”.

Sr. Daniel Laffitte Descripción del modelo de facturación electrónica Laffitte planteó que uno de los temas

claves en el proceso del sistema de facturación electrónica fue la necesidad de disponer de un marco legal adecuado, especialmente para la firma electrónica, que da la garantía y la integridad a todos los documentos. Señaló que existe mucha normativa vinculada a la facturación electrónica en sí, en relación a la promoción de inversiones, a las normas de implementación, etc. Se está en un proceso de constante evaluación de las normas en virtud del feedback que se obtiene por parte de quienes están participando en el sistema. Se intenta en forma permanente detectar las necesidades que surgen en tal sentido, para rápidamente implementar las normas que sean necesarias para facilitar que las empresas ingresen al sistema. Definió al comprobante fiscal electrónico como “un |59|

documento digital, generado y firmado electrónicamente, en un formato preestablecido por la DGI, que tiene la misma validez legal y tributaria de las facturas y otros documentos soportados en papel. Es un archivo del tipo .xml al que se le pega una firma electrónica y termina en un documento firmado electrónicamente que es inalterable: cualquier adulteración que se realice en ese documento será fácilmente detectada”. El sistema, dijo, maneja un esquema de intercambio de documentación que permite enviar sobres de un documento por vez, en el cual viaja el certificado digital y cada compro-


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bante individual. Dado que hay empresas que facturan en modalidad batch, los sobres pueden llevar hasta 250 documentos en su interior con un único certificado, en función de lo cual la DGI valida todo el paquete de documentación. En el sistema hay distintos participantes, dijo Laffitte: la DGI (regula el sistema, el funcionamiento de las empresas, la relación entre ellas y con la DGI), los emisores electrónicos (empresas que pasaron el proceso de certificación y que están homologadas por DGI y en condiciones de ingresar al régimen), los receptores electrónicos (cualquier empresa que es certificada como emisor electrónico automáticamente debe serlo), y los receptores no electrónicos (personas físicas o empresas que aún no ingresaron al régimen) y que reciben un comprobante fiscal a través de una representación impresa. Las tradicionales facturas, pasan a ser para el consumo final, e-tickets. Para personas jurídicas o empresas, van a ser facturas electrónicas. Cada modelo de factura o de e-ticket tiene asociadas las notas de corrección correspondiente (nota de crédito, nota de débito), de modo que las facturas solo son para contribuyentes y los e-tickets son solo para consumo

final. Los e- remitos, documentan el transporte de mercaderías, y los eresguardos documentan las retenciones realizadas por algunas empresas, sobre todo retenciones de IVA. Sobre la documentación de contingencia, apuntó que es pre impresa y requiere una constancia especial para su emisión. Su función es permitir, en caso de que el sistema falle, seguir operando en forma manual: se puede seguir usando el formato electrónico para factura y para los resguardos seguir usando retenciones en papel. Respecto a la garantía de la autenticidad e integridad del comprobante fiscal, hizo referencia al certificado digital. Para que alguien reciba un certificado digital primero debe autenticarse frente al emisor de los certificados. Una vez que queda firmado un documento nadie puede repudiar ese documento, porque se habrá aportado una clave que aporta la certeza de quién firmó el documento. De ahí la importancia del resguardo de las firmas digitales a la hora de implementar el sistema: el certificado digital no puede quedar en ni puede estar en una PC que no tenga un debido resguardo. |60|

En cuanto a los tipos de certificados habilitados, dijo que son los x509 RCA de 1024bits, señalando que en la actualidad hay dos tipos de certificados emitidos por el correo: los Nominados (que tienen asociado a una persona jurídica – RUT - y una persona física -CI) y los Innominados (un certificado que está puesto en un servidor y el servidor firma en nombre de la empresa). Está previsto, dijo, que en el correr de este año surjan nuevas modalidades: los Nominados van a migrar a una modalidad de apoderamiento, en la cual la combinación que hoy es RUT - CI, va a poder ser RUT con RUT, CI con RUT, o CI con CI. Van a ser posibles otras modalidades de firma “en nombre de”, las cuales se estima estarán disponibles hacia fin de año y en producción a partir del año que viene. Incursionando en el funcionamiento del régimen, dijo que hay dos pasos básicos: la empresa debe emitir su comprobante fiscal y enviarlo a la DGI antes de entregarlo al receptor del documento. La DGI realiza una primera validación on line. Habrá rechazo de documentos en el caso de errores duros (certificados vencidos o documentos no autorizados). Cuando esto ocurre, la empresa “no tiene que quedarse esperando que DGI le conteste porque el régimen que DGI


LIDECO / julio 2013

Sr. Daniel Laffitte (Director División Informática de DGI), Dr. Fernando Cabrera (Responsable Sector Jurídico LIDECO)

utiliza se llama Sincrónico, no queremos interferir. En el momento en que la empresa envía el documento a DGI lo puede enviar al receptor. DGI puede responder en 3 segundos o a los 3 días, pero si el documento es rechazad significa que no existió para el sistema”

comerciales (diferencias de precio, de cantidades, etc.) que no son de carácter fiscal, dijo Laffitte. En caso de que esto ocurra, se enviará la nota de crédito correspondiente. Los receptores a su vez, pueden chequear on line si el documento recibido fue el mismo que recibió la DGI.

Una vez que el receptor recibe el documento, lo almacena en su sistema y debe obligatoria y mandatoriamente enviar una conformidad de recepción del documento, lo cual no implica una conformidad comercial, sino una confirmación de que el documento está recibido. En este punto pueden plantearse problemas

En cuanto al envío de información entre emisor y DGI, dijo Laffitte, hay distintas modalidades. El envío individual se realiza solamente para e-facturas y e-tickets (para e-tickets solamente los que tienen valores mayores a 10.000 UI). Aclaró que la facturación tradicional de supermercado no viaja online a la DGI, salvo que

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sea mayor a 10.000 UI, en cuyo caso se comporta como una e-factura y debe viajar online a la DGI. En la operativa de e-tickets menores, o para todas las transacciones que se realizaron en el día, hay que mandar un reporte diario que tiene plazo hasta el mediodía del día siguiente para ser efectivizado. El formato estándar es siempre .xml, porque es uno de los más utilizados, y porque cuando en el futuro sea necesario intercambiar documentos con otros países, el .xml es un estándar internacional.


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Exposición del Cr. Pablo Ferreri

En cuanto a los mecanismos de envío y plataforma de envío autorizada, dijo que existen dos mecanismos autorizados que contemplan las necesidades de empresas grandes y chicas: los web services (dos sistemas que se comunican automáticamente y dialogan entre ellos sin intervención humana), y un upload en el cual una persona genera un documento electrónico y la sube manualmente al portal de la DGI. Respecto al envío entre el emisor y el receptor, dijo que todas las efacturas y las notas de corrección viajan automáticamente y tienen que ser enviadas en forma completa. En este punto puede haber un cambio en el documento frente al que se envió a la DGI, porque existen las adendas, que son parte del cuerpo de la factura que la DGI no recibe y que está pensado para la inclusión de información de contenido comercial (la cuenta de un banco en el cual hacer el depósito, la matrícula del camión que va a transportar la mercadería, etc.) que no tiene interés fiscal. La plataforma mínima de envío estándar también es .xml., pero para las empresas pequeñas se habilitó el correo electrónico.

En cuanto a la representación impresa, Laffitte tomó como ejemplo a Antel. El régimen habilita el uso de papel térmico tanto para e-tickets como para e-facturas y los formatos están todos preestablecidos. Se agrega el sello QR, que para la efactura permite acceder al portal de la DGI para saber si la DGI ya tiene esa factura en su poder, y en el caso de un e-ticket dice si la numeración de ese e-ticket está autorizada por la DGI. El almacenamiento y conservación sigue siendo por los períodos tradicionales (5 años), ahora en disco duro en lugar de un archivo papel. En el caso tanto de e-tickets como de efactura, deben ser publicados y estar disponibles por 3 meses. Las fallas del sistema, dijo Laffitte, refieren no a las conexiones de Internet, sino a que no se pueda emitir el comprobante. Aún sin conexión es posible seguir operando emitiendo localmente las facturas. Cuando se cae el sistema y no se puede facturar, se requiere tener como condición sine qua non, la documentación de contingencia aprobada, pues sin ella no se puede operar. En este caso la empresa debe comunicar a la DGI que entró en contingencia y empezar a emitir en papel. Una vez restaurado |62|

el sistema se ingresa ese documento en un modulo de contingencia que obligatoriamente tiene que tener el sistema, que permite cargar todos los documentos que se emitieron en papel y enviarlos en los formatos preestablecidos a la DGI. Con relación al ingreso de empresas al sistema. Laffitte, dijo que cualquier empresa puede entrar al régimen de factura electrónica. Atendiendo a la masificación del régimen, dijo, se está procurando que en el set básico se incorpore la mayor cantidad de empresas posible. Se va a manejar año a año, el mes de julio como fecha de incorporación, aspirándose a que en julio del 2014 estén incorporadas todas las empresas grandes, mientras que para las empresas cede se operará una selección por giro, esperándose que a partir de julio de 2015 el ingreso sea obligatorio para todos los giros. Para el ingreso, dijo, se necesita el certificado digital (el cual puede solicitarse a través del portal de servicios de la DGI) y tener una clave, en la modalidad de ingreso de contrato. Una vez que se obtiene el acceso y los usuarios, es posible operar en el sitio de testing, para que la empresa experimente e interactúe con la DGI,


LIDECO / julio 2013

que devolverá los errores detectados a efectos de generar aprendizaje. En este punto resulta fundamental que la empresa maneje datos reales, pues la DGI solo valida datos reales, siendo que suele suceder que en la fase de testing las empresas manejan RUT que no existen. Recién luego de esta fase de prueba del sistema (luego del envío de 50 e-facturas, 50 e-tickets, 50 notas de crédito validadas como correctas) se puede ingresar a la de homologación, etapa que requiere por parte de la DGI de una atención más personalizada. En esta etapa DGI aporta un set de datos de prueba que la empresa debe generar correctamente, sucedido lo cual, mediante una resolución la empresa es nominada como emisor, estando obligada a operar a partir del día 1 del mes siguiente. Desde el momento en que una empresa está homologada, aclaró Laffitte, dispone de cuatro meses para integrar a toda su operación dentro del sistema. Para la implementación, comentó que es básico incorporar equipamiento informático y considerar los esquemas de seguridad, todo lo cual está financiado por el sistema de beneficios fiscales. También se

requiere un portal para publicar los comprobantes. Laffitte aclaró que, más allá de que una empresa incorpore un paquete informático, lo que se homologa es la empresa, y no el paquete de soluciones. Asimismo, destacó la tercerización de la facturación, del envío de la facturación y del portal de publicación como alternativa. Cada empresa debe evaluar qué camino le resulta más conveniente, dijo. Laffitte fue enfático al señalar que uno de los principales problemas detectados en el proceso de las empresas para incorporarse al régimen, es la falta de lectura de la documentación e instructivos disponibles, detectándose un importante desconocimiento respecto al uso de certificados y firma digital: “el 90% de las consultas que recibimos están en el portal de la DGI”, dijo, señalando que el tiempo que se pierde respondiendo cuestiones ya respondidas es tiempo que se resta para atender a las empresas que requieren un seguimiento más personalizado. En función de lo anterior es que DGI y Agesic están trabajando para ofrecer capacitación en este sentido. Siguiendo con la enumeración de dificultades, planteó

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el desconocimiento respecto a los web services en las áreas informáticas de las empresas, lo cual es una falencia que las propias empresas deben subsanar. Por su parte, la DGI está permanentemente ante el desafío de ofrecer servicios incrementales a medida que se acopia experiencia, y que abarca idear soluciones particulares hasta para problemas de cobertura, dijo. Con respecto al futuro del sistema, Laffitte compartió que DGI está trabajando en los comprobantes fiscales para comercio exterior, junto con la Dirección Nacional de Aduana, los principales exportadores y el CIAT (agremiación de DGIs) para estudiar los estándares de intercambio que se están definiendo las administraciones tributarias a nivel internacional. Asimismo, atendiendo a la realidad de modalidades particulares de facturación, señaló que la intención de DGI es incorporar a los bancos antes de fin de año y a principios del próximo. Para 2015, el organismo prevé poder ofrecer una solución informática gratuita que facilite el ingreso al sistema: más allá de que el mercado de por sí


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Sr. Francisco Illanes, Sr. Eduardo Burgueño, Sr. Juan Goñi

ya está trabajando en soluciones accesibles, DGI tendrá una alternativa en cartera. En cuanto al factoring, motivo de consulta, reconoció un vacío legal a subsanar respecto a quién puede decir que una factura puede ser “factoreada”. Citó a Chile como el país que ha desarrollado experiencia en ese sentido. Comentó que existe el proyecto, con el Banco Mundial, orientado a poder confeccionar libros contables electrónicos, y cerró su intervención invitando a los presentes a sumarse cuanto antes al nuevo sistema de documentación.

Dr. Fernando Cabrera Asegurar la cobranza con el nuevo sistema de facturación electrónica La exposición del Dr. Cabrera giró en torno a la forma en que las empresas pueden ejercer la tutela de los créditos teniendo la documentación en regla para hacer frente a un posible incumplimiento atendiendo al nuevo sistema, el cual exige armonizar regímenes legales completamente

diversos y de épocas muy distintas, siendo que la compraventa comercial está regulada por el Código de Comercio, de la segunda mitad del siglo XIX, época con necesidades totalmente distintas a las que recoge la reciente ley 18.600 sobre firma electrónica. A este desafío se suman, dijo, las dificultades que plantea la factura como título ejecutivo, documento regulado por un código del año 1989, cuando eran impensables estas nuevas circunstancias. Entendiendo que el simple acuerdo de voluntades como origen de las obligaciones de la compraventa comercial, dijo Cabrera que “la factura electrónica es un elemento de prueba, que acredita que las partes celebraron un contrato, el cual puede prever el pago del precio al contado o a crédito”, señalando que es frente al pago a crédito cuando surge la necesidad del acreedor de asegurarse el cobro e intentar mejorar su posición frente a un eventual incumplimiento de su contraparte. Una primera observación refirió a los reclamos en la relación comercial, para lo cual, señaló el Responsable del Sector Jurídico de LIDECO, con la facturación electrónica, y en fun|64|

ción de lo dispuesto por el Código de Comercio (Art. 557 inciso 3) respecto a las cuentas liquidadas (aquellas en las que no han sucedido reclamos por parte del comprador, ni en cuanto a la cantidad ni a la calidad de los efectos entregados, dentro de los 10 días luego haber recibido la factura), una vez que el vendedor emite el comprobante fiscal, lo envía a DGI vía informática y el comprador –si está en el régimen – envía la confirmación de la recepción del archivo, los reclamos deberán realizarse dentro de los 10 días contados desde que el comprador envía al vendedor la confirmación de recepción del archivo (factura). En cuanto a las cláusulas opcionales a incluir en las facturas para mejorar la posición del acreedor, Cabrera indicó que deben insertarse en la adenda, en tanto campo abierto (que puede pre determinarse para estandarizar la emisión de todas las e-facturas) para que las partes del contrato regulen cuáles van a ser las relaciones que van a regir entre ellos en cuanto al lugar de entrega de la cosa vendida, los gastos de entrega, los plazos de la entrega, los riesgos en el transporte, pasando a recorrer las disposiciones legales que prevé el


LIDECO / julio 2013

Sr. Luis Esoin, Sr. Enrique Larraechea

Cรณdigo de Comercio a ese respecto y las consideraciones que deben tenerse en cuenta en el nuevo sistema. El Cรณdigo de Comercio, dijo, establece que la entrega debe realizarse con el vendedor en el plazo, lugar y

modo pactados, pero que si nada se hubiese estipulado al respecto, se harรก en el lugar donde se encontraba la cosa en el momento de la venta. La adenda debe prever este aspecto, dijo. De la misma norma se desprende que los gastos de entrega

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son de cargo del vendedor, y que si no se estipula pacto en contrario, los gastos de entrega serรกn cuenta del vendedor. En cuanto a los plazos de entrega, estรก previsto que cuando las partes


Visitas y Eventos no lo hubieran estipulado, el vendedor está obligado a poner la mercadería a disposición del comprador dentro de las 24 hs. siguientes a la celebración del contrato. Como ello no siempre es posible, es preciso incluir en la adenda el plazo de entrega, para evitar el planteo de una hipótesis de incumplimiento por parte del vendedor, sin perder de vista que, hasta tanto no entrega la cosa, el vendedor oficia como depositario, con todas las implicancias que ello tiene desde el punto de vista civil y penal. Respecto a los riesgos o posibles daños de la cosa vendida, la ley dice que serán de cuenta del vendedor salvo que se haya establecido pacto en contrario, por lo que la cláusula a incluir en la adenda y que ampara al vendedor, debería estipular que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, siendo que este último se beneficia cuando nada se dice sobre ello. En relación a los reclamos, la norma prevé que “si el comprador examina los géneros o efectos al momento de recibirlos ya no podrá reclamarlos sobre vicio o defecto de la calidad o sobre falta de cantidad” y sigue diciendo “si los géneros se entregan en fardos o bajo cubiertas que impidan su reconocimiento el plazo para reclamar es de 3 días”. Yendo a los juzgados competentes para atender en los litigios, Cabrera señaló que las facturas impresas estipulaban que serían pagas en el domicilio del vendedor, de modo que si así se establece el cumplimiento de la obligación, se estará determinando el tribunal competente, lo cual es clave para beneficio de la empresa acreedora por los costos que implicaría llevar adelante un juicio en la localidad del comprador. La forma de pago debe establecerse en la adenda y requiere de ciertos cuidados para resguardar el crédito. En caso de pago contado, se dispone de 10 días para el pago del precio, no pudiendo el comprador exigir entrega del bien hasta no pagar el precio. Si se trata de pago

a crédito, la adenda debe incluir precio, plazo y forma de pago. Cabrera señaló que a efectos jurídicos no tiene el mismo peso estipular que la factura se paga con cheque, que especificar que se paga “con el cheque serie tal del banco tal, sujeto a su buen cobro”. Si solo se establece el pago con cheque, se cancela la factura, se hace una novación de la obligación y luego se podrá reclamar solamente por el cheque. Si se establece que el pago está sujeto a su buen cobro, se conservan las dos vías, y se puede reclamar por el cheque o por la factura. Agregó que “si tengo la mala suerte de que ese deudor se presente en un proceso concursal, voy a tener algún tipo de dificultad para verificar el crédito si yo simplemente cancelé la factura y tengo el cheque”. En lo que respecta a la factura como título ejecutivo, el Código General de Proceso del año 89, dijo Cabrera, dispone que son títulos ejecutivos las facturas de ventas de mercaderías suscritas por el obligado o su representante, reconocidas o dadas por reconocidas. La ley 18.600 establece un aggiornamiento del tema de las firmas pautando que el documento electrónico suscripto con firma electrónica avanzada, tendrá idéntico valor probatorio al que tienen los documentos públicos o al documento privado con firmas certificadas en soporte papel. La importancia de este punto radica en que la firma prueba que el contrato entró en la etapa de ejecución de las obligaciones, dijo Cabrera, esto es, que el vendedor entregó la mercadería y lo que resta es el cumplimiento del precio, siendo el efecto más importante de la firma el hecho de que hace a la factura un título ejecutivo: un documento que tiene la obligación de pagar una suma líquida y exigible y que da lugar a un procedimiento judicial abreviado que es el juicio ejecutivo. A partir de que se dispone del título ejecutivo el acreedor puede citar de excepciones a su deudor con un embargo trabado, lo cual mejora sustancialmente la posición del acreedor. |66|

La e-factura plantea la dificultad de la obtención de la firma, planteándosele en su momento a la DGI la decisión respecto a si la confirmación de recepción que hacía el comprador tenía el alcance de firma electrónica, optándose finalmente por estipular que únicamente tuviera el valor de un acuse de recibo, por lo que esa confirmación de recepción, no tiene el valor de firma y por ende la factura no está constituida en título ejecutivo. El Dr. Cabrera, agregó que no pueden circular mercaderías sin una copia impresa de la factura, de manera que cuando se envía la mercadería al comprador se debe adjuntar una representación impresa del comprobante fiscal, el cual debe ser firmado por el comprador o su representante, que no tiene que ser el apoderado estatutario (puede ser el encargado de depósito por ejemplo), y el vendedor debe preservar ese documento en tanto será el que lo defienda frente a un posible incumplimiento. Cuando la mercadería es retirada en el local del vendedor, debería firmarse una copia, recomendó. Las diferencias que se constaten entre lo estipulado en la factura y lo que se recibe, “no pueden tramitarse dentro del sistema de facturación electrónica, por lo que deben comunicarse fehacientemente, esto es, por escrito – carta o e mail – por parte del comprador, en el plazo de 10 días. No alcanza con una comunicación telefónica”, recalcó Cabrera, en tanto “es preciso contar con algún comprobante que acredite que el reclamo se realizó en fecha”. Realizadas todas estas recomendaciones, el Responsable del Sector Jurídico de LIDECO conminó a los presentes a que en caso de dudas o inquietudes efectuaran las consultas pertinentes a efectos de proceder de la forma más segura para proteger sus créditos. Acto seguido, se dio entre el público y los disertantes un ávido intercambio de preguntas y respuestas.-


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Lanzamiento de los encuentros

“Mano a Mano con LIDECO” El 26 de junio tuvo lugar en la sede social de nuestra gremial, el lanzamiento de un nuevo ciclo de eventos empresariales titulado “Mano a Mano con LIDECO”. En la oportunidad, el Consejo Directivo de nuestra Institución recibió en un cálido encuentro, a los Ex Presidentes de LIDECO conjuntamente con representantes de la Dirección General Impositiva.

26 de junio,sede social Liga de Defensa Comercial

L

a realización de eventos empresariales forma parte de la agenda de LIDECO. A las Conferencias y Seminarios de Capacitación se suma ahora un nuevo espacio de intercambio: los encuentros “Mano a Mano con LIDECO”.

Siendo este año un tiempo clave para el comercio merced a la implementación del sistema de factura electrónica, se consideró oportuno inaugurar este ciclo de encuentros en torno al tema. Se contó a tales efectos con la presencia del Sr. Daniel Laffitte, Director de la División Informática de la DGI, y la Cra. Graciela Raimúndez,

Estas instancias están pensadas para convocar a un número reducido de invitados con los cuales sea posible abordar temas de interés gremial y empresarial con mayor profundidad, en un ambiente de camaradería ameno y distendido. El evento de lanzamiento de esta iniciativa pretendió reafirmar simbólicamente la continuidad del mandato estatutario de LIDECO, reuniendo en nuestra sede social a quienes han tenido la responsabilidad de dirigir a nuestra gremial, con quienes ejercen esa responsabilidad en el presente. Transcurridos ya 98 años de existencia desde nuestra fundación en 1915, el rol social de nuestra gremial sigue tan vigente como otrora. En atención a ello el encuentro selló ese compromiso con la historia, iniciando junto a los Ex Presidentes, el camino hacia la organización de los festejos del centenario de nuestra Institución.

el sistema que regirá para todas las transacciones comerciales pueda instalarse de manera efectiva y contribuyendo a dotar de cada vez mayor transparencia las relaciones comerciales. El sistema de facturación electrónica convoca a un cambio cultural importante. A facilitar ese proceso se coincidió deben confluir los esfuerzos de empresarios y diversos agentes que, como LIDECO, están llamados a promover el progreso y la seguridad comercial para alcanzar los mejores caminos de perfeccionamiento del ambiente de negocios. Intercambiando sobre la experiencia del organismo desde la concepción del sistema hasta el estado actual de las cosas, se convino en favorecer los canales de colaboración necesarios para el avance del mismo, hacia la progresiva integración de todas las empresas en este nuevo orden.

Directora de la División Grandes Contribuyentes del organismo recaudador. Fue así que tuvo lugar un fluido intercambio, que permitió ahondar en los desafíos que tanto el organismo recaudador como LIDECO en su rol gremial comparten, a efectos de que |68|

La tardecita noche del 26 de junio fue el escenario privilegiado para reforzar nuestro compromiso con la historia de nuestra gremial, favoreciendo espacios donde los actores clave de nuestra vida económica y comercial puedan potenciar los esfuerzos conducentes a la defensa de los intereses colectivos en el marco de la ética y la trasparencia.-


LIDECO / julio 2013

Ec. Andrés Elola (Presidente LIDECO) junto a los Ex Presidentes homenajeados: Sr. Julio Arocena, Cr. Juan Carlos Benech, Cr. Ernesto Carrau, Sr. Víctor Abzaradel, Cr. Boris Martínez

Durante el “Mano a Mano”: Ing. Fernando Castellano (Responsable Operaciones), Dr. Fernando Cabrera (Responsable Sector Jurídico), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente), Sr. Roberto Linn (Secretario), Ec. Andrés Elola (Presidente), Sr. Julio Arocena (Ex Presidente), Cr. Ernesto Carrau (Ex Presidente), Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente), Sr. Víctor Abzaradel (Ex Presidente), Cr. Juan Carlos Benech (Ex Presidente), Cr. Francisco Danza (Tesorero), Cr. Boris Martínez (Ex Presidente), Cr. Raúl Cerviño (Vocal), Cra. Serrana Gauthier (Vocal). De espaldas: Cra. Graciela Raimúndez (Directora División Grandes Contribuyentes DGI), Sr. Daniel Laffitte (Director División Informática DGI)

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Visitas y Eventos

Durante la reunión. Cra. Serrana Gauthier (Vocal), Sr. Roberto Linn (Secretario), Cra. Lilián González (Responsable Administración y Finanzas), Cr. Francisco Danza (Tesorero)

Durante el “Mano a Mano”. Vista general.

Durante la reunión. Cra. Graciela Raimúndez (DGI), Cr. Raúl Cerviño (Vocal), sr. Daniel Laffitte (DGI), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente), Sr. Agustín Carrau (2do Vicepresidente)

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LIDECO / julio 2013

Un momento ameno. Sr. Daniel Laffitte (DGI), Ec. Bernardo Quesada (Director Gerente), Sr. AgustĂ­n Carrau (2do Vicepresidente)

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Separata

Consejo Directivo Presidente

Ec. Andrés Elola

CIA. COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO

1er. Vicepresidente

Dr. Diego Rodríguez

FERRERE ABOGADOS (CERÍSOLA, VARELA Y OTROS)

2do. Vicepresidente

Sr. Agustín Carrau

CARRAU & CIA. S.A.

Secretario

Sr. Roberto Linn

LINN Y CIA S.A.

Prosecretario

Sr. Santiago Parodi

CITIBANK N.A. SUCURSAL URUGUAY

Tesorero

Cr. Francisco Danza

LEVER S.A.

Protesorero

Cr. Enrique Bixio

BANCO SANTANDER S.A.

Vocales

Cr. Jesús Suárez

DUCSA

Cr. Raúl Cerviño

AIR LIQUIDE URUGUAY S.A.

Lic. Javier Maresca

CIA. NACIONAL DE CEMENTOS S.A.

Cra. Serrana Gauthier

BARRACA JORGE WALTER ERRO S.A.

Cra. Lic. Adriana Landaburu

BROU

Comisión Fiscal

Dr. Fernando Fernández

SCHANDY S.A.

Sr. Francisco Illanes

INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A. (IPUSA)

Cr. Diego Mandía

DELOITTE (BONINO, LEMA Y OTROS)

Suplentes: Consejo Directivo

Dr. Javier Arocena

OROFINO S.A.

Sr. Ricardo Árraga

CEMENTOS ARTIGAS S.A.

Sr. Rafael Barbieri

CENTRO SUDAMERICANO S.A.

Cra. Miriam Bernheim

IBM DEL URUGUAY S.A.

Sr. Norberto Cánepa

NORBERTO CÁNEPA SANTOS

Dr. Gerardo Cedrola

BBVA BANCO S.A.

Sra. Isabelle Chaquiriand

ATMA S.A.

Sr. Julio Cherro

S.A.U.D.U.

Sr. Enrique Frider

PUNTO LUZ S.A.

Sr. Alberto González

EMILIO BENZO S.A.

Sr. Francisco Kántor

ALMENA S.A.

Sr. Luis Lema

SKF URUGUAY S.A.

Sr. Walter Macció

PEDRO MACCIÓ & CIA. S.C.

Cr. Valentín Martínez

BANCO ITAÚ URUGUAY S.A.

Cr. Fabricio Perdomo

FIERRO VIGNOLI S.A.

Dr. Jorge Pereyra

ASOCIACIÓN DE REPUESTEROS AUTOMOTORES DEL URUGUAY

Dr. Gerardo Porteiro

HERRERA, NICOLÁS Y OTROS (ESTUDIO GUYER & REGULES)

Cr. Eduardo Radío

SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A.

Sr. Pedro Ramos

ELECTROQUÍMICA S.A.

Dr. Guillermo Scheck

EL PAÍS S.A.

Sr. Jorge Torres

CENTRO PROTECCIÓN CHOFERES DE MONTEVIDEO

Sr. Juan Antonio Vázquez

HSBC BANK (URUGUAY) S.A.

Suplentes: Comisión Fiscal

Cr. Mario Zugarramurdi

BDO CONSULTING ESTUDIO HÉCTOR DEFFÉMINIS

Dr. Juan Pittaluga

JUAN PITTALUGA & ASOCIADOS

Cr. Eduardo Vanrell

ALGORTA S.A.

Cra. Alina Gil

JUAN C. BALERIO S.A.

Cr. Diego Chiappe

EDUARDO CHIAPPE S.A.

Cr. Luis Normey

PREVISIÓN S.A.

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