Revista Lideco - Número 145

EDICIÓN 145 · JULIO 2008

Conferencias LIDECO 2008: de Haedo, Rosselli y Oddone analizan el margen de maniobra de nuestro país en la recesión global.

Proyecto de Reforma Concursal: aportes críticos.

Ley de Responsabilidad Laboral (tercerizaciones): apreciaciones prácticas para el empresariado.

Procesos laborales autónomos: analizamos el anteproyecto de ley.

Emprendedores: variable clave para el progreso económico.

Sr. Víctor H. Abzaradel Presidente HERRACOR S.A. Sr. Miguel Francia 1er Vicepresidente LA REPUBLICANA S.A. Ec. Javier Liberman 2do Vicepresidente NUEVO BANCO COMERCIAL S.A. Dra. Matilde Carrau Secretaria PINTURAS GRANITOL S.A. Sr. Nelson Torello Prosecretario DREGHAL S.A.

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 INICIATIVAS LIDECO LIDECO ANALIZA EL PROYECTO DE LEY SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 LEY DE TERCERIZACIONES: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA EL EMPRESARIADO . . . . . . . . 8 APRECIACIONES SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE PROCESOS LABORALES AUTÓNOMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES . . . . . . . . . . . 14 PROGRAMA LIDECO - B.I.D.

Cr. José Stabile Tesorero ELECTROQUÍMCA S.A. Cr. Luis E. González Protesorero CANARIAS S.A. Sr. Rafael Vivo Vocal ANTONIO VIVO & CIA Sr. José Luis Dos Santos Vocal NORTESUR LTDA. Sr. Raúl Batlle Vocal LLOYD'S TSB PLC Sra. Ma. Cristina Rodríguez Vocal SUDEL LTDA. Sr. Fernando García Vocal CREDIT URUGUAY BANCO S.A.

CONVENIOS Y TALLERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

CONCURSALES ASUNTOS CONCURSALES 2008: PRIMER SEMESTRE . . . . . . . 20 LIDECO APORTA UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA CONCURSAL . . . . . . . . . . . . . . 22 DE INTERÉS EMPRENDEDORES SE NECESITAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 FUNCIONARIOS Y CLIENTES: DOS EJES CLAVES DEL ACTIVO DE UNA EMPRESA . . . . . . . . 34 VISITAS Y EVENTOS VISITA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 CONFERENCIAS LIDECO: CICLO 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

SEPARATA PROCESOS LABORALES AUTÓNOMOS: ANTEPROYECTO DE LEY . . . 62 PROYECTO DE LEY SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA . . . . . . . . . . 66

Cr. Pedro Natero Titular Alterno GRAMON BAGÓ DE URUGUAY S.A.

LEY Nº 18.251 RESPONSABILIDAD LABORAL EN LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL . . . . . 70 SUMAMOS PROFESIONALES! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Dr. Javier Arocena Titular Alterno OROFINO S.A.

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EDITORIAL En este número LIDECO hace expresa su posición respecto a diversos temas relevantes para la vida empresarial: el anteproyecto de ley sobre procesos laborales, el proyecto de ley sobre negociación colectiva, la ley de tercerizaciones, y el proyecto de reforma del sistema concursal.

Todos ellos Todas las iniciativas tienen fortalezas y debilidades, aspectos a aplaudir y aspectos a revisar. Advertimos en éstas, más allá de buenas intenciones, una serie de condiciones que tienden a no favorecer un adecuado equilibrio entre las partes que son objeto de regulación. El análisis que efectúa el Sector Jurídico de LIDECO, observa una serie de inconsistencias en cuanto al contenido jurídico y a la implementación práctica del contenido de las leyes o proyectos. Brinda elementos para comprender el impacto que los mismos tendrán sobre la vida empresarial: en algunos casos los afectados son los empresarios, en otros los trabajadores.

En algunos puntos de los proyectos en estudio, no está claro el mantenimiento de garantías de salvaguarda de los derechos de los empleadores, siendo derechos que están consagrados en la Constitución de la República y por ende comprenden a todos los ciudadanos, sea que en una relación laboral aporten capital y/ó trabajo (los empresarios también trabajan). Por otro lado, cuando las propuestas no prevén que empleados y empleadores resuelvan determinados diferendos apelando a un tercero imparcial como lo es la Justicia, no podemos sino preguntarnos qué fue de la separación de poderes de la que tan orgullosamente alguna vez como país supimos jactarnos.

Cuando en el Proyecto de Negociación Colectiva se considera representativa a la fuerza laboral sindicalizada en la negociación colectiva, si bien no cabría plantear dudas respecto a esa representatividad, sí cabe señalar que la misma se restringe a los trabajadores sindicalizados, que no constituyen el porcentaje mayoritario de trabajadores. Vale cuestionarse respecto a qué órgano representa a los trabajadores no sindicalizados. ¿Existe en nuestro país la obligación de sindicalizarse? Lo mismo puede suceder a nivel de los empresarios. Recomendamos atención sobre el análisis del contenido del Anteproyecto de ley sobre Procesos Laborales. Del Anteproyecto se desprenden cuestiones que afectan las garantías de empleadores y empleados.

En ocasiones las empresas demandadas quedan prácticamente atadas de pies y manos para poder defenderse con las garantías del debido proceso, se desdeñan instancias de conciliación para la resolución de conflictos, promoviéndose el litigio laboral sin más, mediante procesos que en aras de una pretendida beneficiosa celeridad, vulneran las condiciones para que el empleador tenga derecho a implementar una defensa razonable de su posición. Por otro lado, sorprende que se descuide el derecho de los trabajadores, al exigírseles que, en circunstancia de quiebra o liquidación de la empresa, para cobrar sus créditos laborales deban contar con una sentencia laboral.

Otro tema bien interesante es el de la Ley de Tercerizaciones que, requiere atención respecto a la definición de términos: qué se entiende por subcontratista, qué se entiende por actividad principal o accesoria, y ni que hablar de las implicancias del tema de las responsabilidades solidarias y subsidiarias referidas en la ley. Nadie cuestiona el hecho de que una empresa subcontratista deba tener sus papeles y a su personal adecuadamente en regla. La pregunta es si el papel de contralor respecto a que las empresas subcontratistas cumplan con las normativas vigentes es responsabilidad del empresario que subcontrata. Es un tema que se presta a la discusión. El Proyecto de Reforma Concursal, es materia que sin duda compete a la tradición y al saber hacer de nuestra Institución. A la luz de las directivas en materia concursal aprobadas por nuestro Consejo Directivo (las cuales fueron publicadas en la edición 143 de nuestra Revista), más allá de celebrar la iniciativa de reforma de un sistemal vetusto, vemos con preocupación que el proyecto no promueva el uso a tiempo de la herramienta concursal, favoreciendo de hecho que siga instalada la posibilidad de disfrazar una quiebra y así corromper un instrumento de altísimo valor para el empresario honesto que, más allá de circunstancias de dificultad, pretende cumplir con sus acreedores. En el análisis se concluye que el Proyecto debe incluir una serie de innovaciones que mejoren la tutela de los derechos de los acreedores.

Esta edición brinda interesantes elementos de reflexión y juicio. Nuestra Institución pretende aportar al empresariado elementos que favorezcan su progreso, sea mediante el asesoramiento en materias como las arriba señaladas, así como a través de los servicios de información comercial empresarial que constituyen un eje clave para la transparencia del mercado a la que aspiramos a contribuir desde nuestro accionar.Consejo Directivo de Liga de Defensa Comercial

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INICIATIVAS LIDECO

LIDECO ANALIZA EL PROYECTO DE

LEY SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA El Proyecto de Ley sobre Negociación Colectiva fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en octubre de 2007. Actualmente se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Nuestro Sector Jurídico ofrece en este artículo una visión analítica del Proyecto, recorriendo los distintos aspectos de la propuesta de regulación de las relaciones de negociación entre empleados y empleadores. El Proyecto de ley de referencia puede leerse en la Sección SEPARATA de esta edición.

I. Introducción

consagración de un sistema legal de negociación colectiva.

Corresponde preguntarnos si el sistema de relaciones colectivas de trabajo requiere en nuestro país una ley de soporte de la negociación colectiva, o si tal como ha venido funcionando hasta ahora el sistema ha respondido adecuadamente.

Es justamente esa la intención del proyecto de ley, aunque incursiona en determinados aspectos que no son todo lo equitativos que deberían ser entre empleador y trabajador.

Con relación a este tema recordemos que en nuestro país, a diferencia de otros, rige un sistema de relaciones colectivas de trabajo que se ha caracterizado por su abstencionismo legislativo, con muy pocas normas que lo regulen.

A pesar de numerosas recomendaciones de organismos internacionales, aún hoy no existe en nuestro país una ley de Negociación Colectiva, lo que puede ser indicativo de que sigue predominando o que predominaba la postura de que “cualquier regulación produce la restricción de los derechos o encierra el peligro de ello”, por lo que se prioriza la ausencia de toda regulación.

II. Principios y derechos fundamentales del sistema de negociación colectiva El proyecto de ley reconoce el derecho de negociación colectiva como un derecho más de los empleadores u organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, las que libremente pueden acordar sobre las condiciones de trabajo y empleo.

Ante el vacío legal, las decisiones judiciales han jugado un papel muy importante y han venido a delimitar y completar la figura jurídica del convenio colectivo en nuestro país.

Como contrapartida, se proyecta legislar sobre una serie de deberes de las partes en la negociación, como lo son, la buena fe, el intercambio de información a los efectos de facilitar el desarrollo normal del proceso de negociación, la comprensión mutua y buenas relaciones entre empleadores y trabajadores mediante la comunicación y la consulta, con el fin de elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo.

No obstante, no es conveniente que todos estos aspectos queden únicamente limitados por la actuación de la jurisprudencia, lo que hace deseable la

Más adelante, el proyecto refiere a la formación para la negociación, admitiendo que se podrán adoptar las medidas pertinentes para que los negociadores

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IL tengan oportunidad de recibir la capacitación pertinente, pudiendo realizarse a través de las autoridades públicas a las organizaciones de empleadores o trabajadores que lo soliciten. Cabe señalar que este aspecto ha sido remarcado por aquellos autores que han escrito sobre el tema, como un elemento fundamental para el éxito de cualquier mecanismo de negociación colectiva.

III. Consejo superior tripartito El proyecto prevé la creación del Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación de las relaciones laborales.

El mismo estará integrado por 9 delegados del Poder Ejecutivo, 6 delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y 6 delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores.

Su funcionamiento podrá ser de oficio (a petición del MTSS) o a propuesta de cualquiera de las partes.

Cometidos: El Consejo Superior Tripartito tendrá, entre otros, los siguientes cometidos: a. Expedirse en forma previa a la fijación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva.

Con esto se da cumplimiento a lo exigido por el Convenio 131 de la OIT que impone la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores para la el establecimiento, aplicación y modificación de los salarios mínimos. b. Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas. c. Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita.

El proyecto de ley en su exposición de motivos considera que este Consejo ha sido sustancial para el andamiaje de las últimas convocatorias a los Consejos de Salarios y por la “rica experiencia participativa y de diálogo social” ha dado razones suficientes para consagrarlo como “órgano de coordinación y gobernan4 pág

za” de las relaciones laborales. No obstante, la posibilidad que en el Consejo Superior Tripartito se definan todas las condiciones de trabajo -si se aprueba el proyecto- no parece atractivo para el empleador porque ello limitaría la negociación colectiva a nivel de ramas de actividad; pero además significaría el pronunciamiento del Consejo sobre condiciones de trabajo, situaciones de género, salud laboral, etc., lo que puede plantear problemas si queda librado al arbitrio del Poder Ejecutivo de turno.

IV. Negociación colectiva por sector de actividad El proyecto prevé que la negociación colectiva por rama de actividad o cadenas productivas, pueda realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios o por negociación colectiva bipartita. a. Consejo de salarios (negociación tripartita).

Cometidos: Los Consejos de salarios tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios y condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada, cuyas resoluciones tendrán efectos desde la publicación por el Poder Ejecutivo.

En cualquier momento, el Poder Ejecutivo podrá convocar de oficio o preceptivamente (si hubiera mediado solicitud de organizaciones representativas), los Consejos de Salarios.

Con la sanción de ésta ley quedaría modificada la actual redacción de la Ley 10.449, creadora de los Consejos de Salarios. El cometido de éstos hasta hoy es sólo la fijación del monto mínimo de los salarios que deben percibir los trabajadores, empleados u obreros del comercio, la industria, oficinas y escritorios de propiedad privada y los servicios públicos no atendidos por el Estado.

El proyecto de ley amplía el ámbito de actuación de los Consejos de Salarios, habilitando que ellos puedan pronunciarse sobre las condiciones de trabajo.

Convocatoria: En lo que atañe a la convocatoria, la ley vigente exige que cuando la solicitud de convocatoria a los Consejos de Salarios provenga de organizaciones, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

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ser peticionado por la tercera parte de los obreros de una industria o comercio registrados en las planillas de trabajo, los patronos y los sindicatos patronales o las agrupaciones obreras con personería jurídica o reconocidas por el Poder Ejecutivo.

Ahora eso cambia y el artículo 12 establece que “En cualquier época el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio, o preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición”.

No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector.

Clasificación por grupos de actividad: Por otra parte, el proyecto prevé modificar la clasificación en grupos de actividad y la integración de los mismos,

mientras actualmente lo hace el Poder Ejecutivo, en el proyecto se prevé que será el Consejo Superior Tripartito quien efectuará la clasificación.

Prevé que en los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que éste proponga.

Las decisiones de los Consejos de Salarios tendrán efecto una vez que sean publicadas por parte del Estado.

Delegados: El Consejo Superior Tripartito efectúa la clasificación por grupos de actividad y por cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados que designe el Ejecutivo presidirá el Consejo de Salarios. Los

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IL delegados de los trabajadores y empleadores serán designados por el Poder Ejecutivo en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.

Participación del Estado: Se observa aquí la participación decisiva del Estado en la negociación colectiva, lo que en cualquier caso puede significar un retroceso en las posibilidades de acuerdo entre las partes, porque la intervención del tercero necesariamente implica la adopción de una posición que altere el equilibrio de las partes, inclinando los platillos de la balanza hacia uno de los lados.

Se ha observado en anteriores situaciones que cuando la negociación se da entre las dos partes integrantes de la relación laboral es más factible arribar a un acuerdo; pero no así con la intervención de terceros.

A su vez, en el proyecto de negociación colectiva la representatividad de los trabajadores queda encajonada.

Se estima que promedialmente apenas el 20% ó 30% de los trabajadores de cada rubro está sindicalizado. Panorama similar se observa en el ámbito empresarial.

Según expertos, concederle la legitimación a la organización superior, es una forma de centralizar la negociación colectiva.

Lo que puede desembocar en la situación de que los trabajadores se vean representados por una organización superior de peso en el sector de actividad pero no a nivel de empresas. Lo mismo 6 pág

puede expresarse sobre la representatividad de las Cámaras o asociaciones empresariales.

El problema radicaría en que el proyecto de ley establece que los efectos de los acuerdos alcanzan a trabajadores (sindicalizados y no sindicalizados) así como a empleadores. b. Negociación bipartita.

Legitimación: En cuanto a la negociación bipartita, el proyecto prevé, que estarán legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos, por una parte un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones de empleadores y por la otra una o varias organizaciones representativas de los trabajadores.

Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento, o cualquier otro nivel que estimen oportuno.

Efectos y vigencia de los convenios colectivos: En cuanto a los efectos de los convenios colectivos, se prevé que no pueden ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo es obligatorio a partir de la registración y publicación por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a la vigencia del convenio colectivo, se prevé que será establecida por las partes de común acuerdo.

Del mismo modo se determinará su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que en dicho instrumento se hubiese acordado lo contrario.

V. Prevención y solución de conflictos Mediación: En cuanto a esta materia, el proyecto prevé que será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que tendrá competencia en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Dicho Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes.

En cualquier momento, los empleadores y trabajadores podrán recurrir a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios.

Ocupación de los lugares de trabajo: Sobre la ocupación de los lugares de trabajo, el proyecto de ley en estudio en su artículo 21 legitima la misma, previendo su regulación y las medidas a adoptarse, que serán: a. Se deberá dejar constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles b. La organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes, deberá adoptar las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las

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instalaciones, maquinarias y bienes de la empresa. Así, también deberán adoptar medidas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata los actos de violencia. c. Se deberán adoptar medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación o la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa. d. Los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento de la empresa, salvo en aquellos casos en que “el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país”.

Ambas hipótesis; de hecho son de difícil constatación.

El detalle más importante es que no solo legitima la ocupación, sino que además no se prevé como último recurso o ante el fracaso de una negociación, sino que puede ser hasta la primera medida que tomaran los trabajadores.

El proyecto de ley establece que las instancias de negociación y mediación no quedarán interrum-

pidas por la ocupación de los lugares de trabajo.

actuación por un tercero imparcial que imparta justicia.

Sin embargo, cuando éstas fracasen y la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare el orden público o el interés general, el MTSS y el Ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, tendrán la facultad de intimar con un plazo perentorio de 24 horas la desocupación de la empresa o institución ocupada, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública.

Aún más, si bien se prevé que los Ministerios respectivos pueden fijar un plazo para la desocupación, si la misma no se produce una vez vencido el plazo, de acuerdo al artículo 23 inciso 2 se puede solicitar al Ministerio del Interior la desocupación; pero el inciso 3 establece una importante cortapisa a esta facultad cuando establece que solo procede “cuando han fracasado los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos y la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o afecte seriamente el orden público o el interés general”.

Si transcurrido el plazo previsto, no se produjera la desocupación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo de los ocupantes.

En definitiva, se prevé una desocupación administrativa, sin intervención del Poder Judicial, lo que la hace depender de la decisión del MTSS y del Ministerio competente en el respectivo ramo, lo que deja en una situación de cierta desprotección al empresario pues no tendrá la garantía de una

Consideramos que esta facultad es una violación del principio constitucional de propiedad y que ataca seriamente el principio de igualdad consagrado en la Carta, por lo que es posible pensar el carácter inconstitucional de los artículos 21 y 23.-

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IL

LEY DE TERCERIZACIONES: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA EL EMPRESARIADO La ley de tercerizaciones N° 18.251 de Responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial, presenta algunos aspectos complejos, ya desde la definición de términos (qué se entiende por subcontratista, qué se entiende por actividad principal o accesoria) y siguiendo por las implicancias que tiene para las empresas el tema de las responsabilidades solidarias y subsidiarias referidas en la ley. El presente artículo pretende plantear al empresariado una serie de cuestiones sobre las cuales es conveniente estar atentos con respecto a las empresas tercerizadas, subcontratistas o suministradoras de mano de obra. La ley puede leerse en la Sección SEPARATA de esta edición.

Comprendiendo el alcance de la ley La ley 18.099 de fecha 24 de enero de 2007 publicada el 7/2/2007 en el Diario Oficial, bajo la denominación de “Derechos de los Trabajadores” estableció normas para la protección de éstos ante los procesos de descentralización empresarial.

Distintos cuestionamientos, motivaron que con fecha 14/11/2007 el Poder Ejecutivo remitiera un proyecto de ley modificativo a la Cámara de Representantes, donde fue rápidamente aprobada y el 27/12/2007 entró a la Cámara de Senadores, que lo aprobó el mismo día sin discusión parlamentaria.

Esta ley 18.251 publicada en el Diario Oficial el 17/1/2008 presenta modificaciones importantes que deberán ser tomadas en cuenta por los asociados a los efectos de determinar las líneas de conducta a seguir en cuestiones relativas a las tercerizaciones. Ambas normas pueden ser consultadas en la página web www.lideco.com.

Con el texto aprobado se buscó solucionar lo que habían sido señaladas como carencias o errores de la ley 18.099 y es así que esta norma optó por definir el término “subcontratista”. Así establece que: “Existe subcontratación cuando un empleador, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, 8 pág

para una tercera persona física o jurídica, denominada patrono o empresa principal, cuando dichas obras o servicios se encuentren integrados en la organización de éstos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento, principal o accesoria (mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia), ya sea que se cumplan dentro o fuera del mismo”.

Recordamos que un sector de la propia doctrina laboralista había intentado precisar el alcance de la aplicación de la ley 18.099, no extendiendo la responsabilidad del empleador final a aquellas actividades ajenas al objeto principal, central o neurálgico de empresa. Sin embargo, en un giro terminológico, la última norma aprobada considera subcontratación (a los efectos de la ley 18.099) a los acuerdos que comprendan tanto la actividad “principal o accesoria” (art 1º).

Es importante señalar que a texto expreso se establece que no están comprendidas las obras y servicios que se ejecuten de modo ocasional. Tampoco los servicios de distribución de productos quedan incluidos en estas normas.

Otro aspecto que se ha pretendido solucionar es la responsabilidad del empleador final y así se sustituye la responsabilidad solidaria por una subsidiaria, para los casos de que se ejerza la facultad de contralor del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social por parte de las empresas contratadas bajo alguna de las modalidades de la ley. En efecto, el artículo 4º de la norma establece el derecho del

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patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra a ser informado sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y a la protección contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pudiendo y (debiendo, agregamos) exigir a la contratada que le exhiba los documentos acreditantes del cumplimiento de esos extremos.

El artículo 5º de la ley 18.251 también establece la posibilidad de la empresa principal de retener al subcontratista los montos correspondientes a las obligaciones no pagas y abonar con ellas al trabajador por subrogación.

La ventaja que obtiene el empleador que ha hecho uso de esa facultad de informarse, es que su responsabilidad deja de ser solidaria y pasa a ser subsidiaria.

Recordamos que de acuerdo a la ley, la responsabilidad del empleador final queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra y únicamente, por el personal comprendido en cualquiera de estas modalidades de contratación. Esto es una solución lógica en el contexto de la norma y significa que la empresa principal va a responder únicamente por el período en que duró la subcontratación. La cuantía máxima por la que puede llegar a responder el patrono o el empresario principal, no debería exceder de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para él mismo.

Esta responsabilidad alcanza a aquellas derivadas de la relación de trabajo y que surgen de las normas internacionales, leyes, decretos, laudos o decisiones de los consejos de salarios y convenios colectivos. Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), pero no así a las multas y recargos.

Recaudos importantes para prevenir contratiempos Si bien estamos recién en una lectura preliminar de la ley y aún no existen y no van a existir por un tiempo pronunciamientos jurisdiccionales que permitan predecir el camino por el que transitará la jurisprudencia mayoritaria, hay una serie de medidas precautorias que sería conveniente adoptar con las empresas

tercerizadas, subcontratistas o suministradoras de mano de obra. Corresponde recordar que dentro de esa acepción pueden ser incluidas aún aquellas que cumplen un trabajo en un área considerada accesoria de la empresa.

Una de las primeras medidas que aconsejamos en estos casos es conocer fehacientemente la seriedad de la empresa contratante recurriendo a la información comercial de nuestra redlideco. Por otro lado, es necesario recurrir a la redacción de contratos con las empresas tercerizadas de los que surjan claramente las obligaciones asumidas por una y otra empresa y sobre todo consagren la obligación de la tercerizada de presentar información y documentación suficiente que permita hacer el contralor del cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales. El contrato debe contener pues, una cláusula que establezca que obligue a la empresa subcontratante a acreditar junto con la facturación por sus servicios y en forma mensual (por ahora, pues se anuncia una reglamentación que extienda los plazos) la siguiente documentación relativa a las personas que prestan los servicios contratados: · La declaración nominada de la historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. · Certificado que acredite la situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (art. 663 ley 16.170) · Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. · Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y convenio colectivo aplicable.

A su vez, es conveniente consagrar que la no presentación de la documentación mencionada habilita a la empresa principal a retener los pagos que hacen a la subcontratista y abonarlos directamente (por subrogación) a los trabajadores que cumplieron funciones en la empresa principal. Entendemos que con estas medidas y realizando los controles allí consagrados, la responsabilidad de la empresa principal dejará de ser solidaria y pasará a ser subsidiaria, lo que es un tema de vital importancia, ya que en la primer modalidad pueden ser demandadas (y condenadas) en forma conjunta ambas empresas y en la otra modalidad, los reclamantes tendrán primero que demostrar que se agotó el patrimonio de la empleadora original.-

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IL APRECIACIONES SOBRE

EL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE PROCESOS LABORALES AUTÓNOMOS El Sector Jurídico de LIDECO aporta en estas líneas una visión analítica y crítica respecto al Anteproyecto de Ley sobre Procesos Laborales Autónomos. Se advierte sobre la generación de desequilibrios a la hora de salvaguardar las garantías y derechos de los empleadores, además de señalarse una serie de inviabilidades prácticas de algunas de las iniciativas que en intención pretenden agilizar procesos, pero mediante propuestas a) poco viables de acuerdo a la velocidad y recursos de los juzgados laborales, y b) riesgosas en cuanto a los efectos de desequilibrio antes señalados. El Anteproyecto de ley puede leerse en la Sección SEPARATA de esta edición.

Corresponde inicialmente precisar que este anteproyecto es el resultado de una iniciativa impulsada por la “Comisión de Estudios de Posibles Reformas al Proceso Laboral”, convocada por la Suprema Corte de Justicia. La integraron representantes del Poder Judicial, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, e Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UDELAR. Interesa señalar que ni el Instituto de Derecho Procesal, ni ninguno de los diversos operadores económicos y sociales del país han tenido participación en la redacción y análisis de los artículos propuestos. De acuerdo a lo que surge de la exposición de motivos del anteproyecto de Ley sobre el proceso laboral, el mismo tiene como objetivo la celeridad y simplicidad del procedimiento laboral.

El fundamento radica en otorgar “garantías para la pronta solución del conflicto”, sin embargo, a nuestro entender, vulnera las garantías mínimas que debe imperar en todo proceso judicial, otorgando demasiados beneficios a los trabajadores y olvidándose de las garantías y derechos del empleador. Los cambios sustanciales que impone este anteproyecto se encuentran desde el artículo 7 en adelante, donde se realiza una distinción entre dos procesos laborales autónomos: uno general u ordinario, sin límite de 10 pág

cuantía y otro de instancia única para asuntos de menor cuantía. A cuál de los dos más peligrosos para la ecuanimidad y ponderación de los procesos.

I. Proceso laboral ordinario (sin límite de cuantía) Lo que se busca con este procedimiento es la abreviación del trámite judicial fundamentalmente acortando los plazos y concentrando actividades en una audiencia única. En un primer comentario ya podemos expresar que esta enunciación de concentrar actividades en una audiencia única es una expresión de deseos, que en muchos casos se puede tornar imposible de llevar a la práctica. ¿Es factible imaginarse que un juzgado pueda funcionar razonablemente con audiencias complejas que no puedan prorrogarse donde existan una multiplicidad de testigos? Obviamente que no y esto no significará otra cosa que una norma que no se cumplirá y se transformará en el corto plazo en letra muerta. Lo que sí es una verdadera negación del derecho de defensa y una importante limitación al empleador es el hecho que el demandado (es decir el empleador) deberá contestar la demanda en el plazo de diez días hábiles; lo que es otra desigualdad más pues el trabajador puede

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disponer de todo el plazo previo a la prescripción para preparar su demanda, pero el empleador dispone de un plazo exiguo para contestar.

A su vez, en ningún caso procede la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros, lo que constituye otro elemento más que conspira contra las mínimas garantías que debe existir en todo proceso y en especial en aquellas situaciones en la cual puede existir contratos de tercerización de por medio. Esto significa que una empresa podrá ser demandada en virtud de las modificaciones a la ley de tercerizaciones, pero solamente podrá contestar que no le corresponde el reclamo y controvertir, pero estará impedida de citar a un tercero para que responda. Dentro de las 48 horas de recibido el escrito de contestación de demanda o de traslado de las excepciones al actor, el tribunal fijará el objeto del proceso y de la prueba y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda. Esto se diferencia del proceso común (juicio ordinario), donde el objeto del proceso y de la prueba se fija en la audiencia preliminar con presencia de las partes, pudiendo éstas recurrir en caso de no estar de acuerdo con lo que dispone el Tribunal. Este punto se considera un retroceso respecto del avance del principio de inmediación que consagró el Código General del

Proceso, donde el propio juez en audiencia y en contacto con las partes, es quien fija objeto del proceso de la prueba y una vez que no fue posible la conciliación y que se resolviera sobre las excepciones opuestas. Este hecho no es menor por cuanto incide en el ánimo conciliador que pueden tener las partes pues ya está decidiendo sobre los hechos en litigio y los puntos a probar, lo que sin duda alguna, inclina, una vez más, la balanza hacia el lado de la parte actora.

Se crean normas sobre intereses y multas que son un verdadero desestímulo para que el empleador acuda a la justicia y a todas las garantías que ésta debería ofrecer. En cuanto a los montos reclamados pero no controvertidos por el empleador, el tribunal ordenará ya en la audiencia el pago de los mismos con las condenas accesorias preceptivas, los recargos, reajustes e intereses. Este hecho significa un pronto pago en perjuicio del empleador y que permite al trabajador que cobre aquello que incuestionablemente le corresponde y que litigue tranquilo sobre rubros discutidos. Además, si la sentencia es de condena el apelante deberá depositar el cincuenta por ciento del monto a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. En caso de incumplimiento con ello la apelación será rechazada, lo que constituye una

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IL inadmisible desigualdad en el proceso y que obliga al empleador al pagar para luego poder recurrir, principio que aún en materia tributaria es cuestionado y más aún en un proceso en que se debe tender a la igualdad de las partes.

En el artículo 18 también se consagra como principio general que en materia laboral solo es admisible el recurso de reposición, ya que solo determinadas sentencias admiten el recurso de apelación, lo que en el grado actual de avance del derecho laboral resulta un verdadero retroceso y que deja al empleador expuesto a lo que decida el juez de primera instancia y sin posibilidades de revisión por un juez de superior jerarquía, violentando, una vez más los principios del debido proceso.

II. Procesos de menor cuantía Por otro lado el anteproyecto regula otro procedimiento, más ágil y sencillo por un lado, pero por el otro es aún más peligroso para el empleador.

Los procesos de menor cuantía son aquellos cuyo monto no supere la suma de $ 81.000. Al respecto nos preguntamos, ¿hasta qué punto se trata de una menor cuantía?.

Obviamente dependerá de la envergadura de la empresa, ya que puede ser que se trate de un monto pequeño para una gran empresa, pero puede ser un monto importante para pequeñas y medianas empresas y ni que hablar de las reclamaciones del servicio doméstico.

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En primer lugar, se elimina el requisito de la conciliación previa administrativa. Esto redunda una vez más en perjuicio del empleador a quien quizás le interese llegar a un acuerdo de pago con el trabajador en dicha instancia y evitarse los gastos, los honorarios y los daños y perjuicios preceptivos que ocasiona un litigio en Sede laboral.

En este proceso el demandado (empleador) deberá evacuar la demanda en la propia audiencia y proponer y diligenciar toda la prueba en esa misma audiencia, que se deberá convocar para un plazo no mayor a los diez días desde la fecha de la presentación de la demanda. Se establecen plazos sumamente abreviados y consagra una celeridad parecida a la del proceso de amparo, que por un lado significará una sobresaturación de los juzgados laborales, pero por otro lado coloca en una situación de total disparidad y sometimiento del empleador que está totalmente desprotegido en un procedimiento como el que se propone y le niega el derecho a una defensa razonable.

superior. Esta normativa hará bajar dramáticamente la cantidad de acuerdos que se logran entre patrón y trabajador, por cuanto es sin dudas mejor para el empleado aguardar una sentencia en el corto plazo que buscar acordar haciendo recíprocas concesiones.

Deja de lado toda una orientación que tiende a la autocomposición del litigio en que las partes debidamente asesoradas acuerden, para dejar todo en manos de un juez que en plazos excesivamente breves debe resolver, pero además dejando de la lado la igualdad en el proceso en aras de tutelar excesivamente a la parte supuestamente más débil de la relación laboral que ahora podrá manejarse arbitrariamente a la hora de elegir demandados, reclamar y proponer pruebas.

III. Disposiciones Generales

En esa audiencia, no sólo se oirán los alegatos, sino que también se dictará sentencia en ella o a lo sumo dentro del plazo de 6 días.

Por último y dentro del capítulo de disposiciones generales hay dos artículos que merecen un breve comentario. El primero de ellos es respecto a la ejecución de las sentencias laborales las que de acuerdo al anteproyecto se realizarán en la Sede Laboral, esto no modifica el procedimiento actual.

Pero por si fuera poco la sentencia solo admitirá recurso de reposición. Por lo tanto no solo tiene que tomarse la audiencia, examinar la prueba y dictar sentencia a la ligera sino que además dicha resolución no admite apelación, esto es la revisión por un Tribunal

Pero habiéndose decretado el concurso, quiebra, liquidación judicial o concordato del demandado, el anteproyecto establece que los acreedores laborales no están obligados a aguardar sus resultas para ejercitar las acciones correspondientes a la ejecución de la sentencia y la distribución de los

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dineros que pudieran existir entre todos los acreedores laborales con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se realizará en el Juzgado laboral que primero haya asumido competencia.

Este artículo sin lugar a dudas desconoce la práctica actual en materia concursal ya que exige para la participación en la distribución del dinero la obtención por parte del trabajador de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando en la realidad el Síndico teniendo la documentación de la empresa puede reconocer el crédito del trabajador sin necesidad de recurrir a un proceso laboral. Por otro lado no regula la situación del trabajador que comenzó con el proceso laboral pero aún no obtuvo la sentencia de condena. ¿Quedan fuera de la distribución? ¿No debería hacer el Juzgado Laboral que distribuye el dinero una reserva para los demás trabajadores que aún no han atenido la sentencia laboral como lo hace el Síndico en Sede Concursal?

Llama poderosamente la atención que si el objetivo del anteproyecto de ley es regular un proceso ágil y sencillo para el trabajador se olviden de ésta situación que no es para nada alejada de nuestra realidad concursal.

Por último queremos destacar la excesiva protección del crédito laboral en éste anteproyecto de ley.

Además de lo dispuesto en el art. 16 por el cual el monto líquido del crédito reconocido por sentencia generará un interés del seis por ciento anual contado desde la fecha de su exigibilidad, además de la actualización monetaria prevista en el decreto ley 14.500 de 8 de marzo de 1974 y de los daños y perjuicios establecidos por el artículo 4 de la ley 10.449 de 12 de noviembre de 1943, el art. 29 impone un recargo del 20% del monto del crédito adeudado en caso de omisión de pago de los créditos laborales.

mente nulas, constituyendo una herramienta peligrosa y netamente perjudicial para los derechos del empleador.

Consideramos que el problema en materia laboral no consiste en la propia estructura del proceso en sí proceso que ha demostrado ser adecuado a la defensa de los intereses de ambas partes -, ni mucho menos en la supresión de instancias procesales que afectan las garantías fundamentales, consagradas tanto a nivel legal como constitucional. En efecto, las estructuras procesales reguladas en el anteproyecto de ley contrarían principios, derechos y garantías tales como, Igualdad, Debido Proceso, Igualdad ante las Cargas Públicas, Derecho de Petición, Seguridad Jurídica, entre otros, con una excesiva abreviación de los plazos que atentan no solo contra la igualdad de las partes, sino también al derecho a una defensa razonable.

Consideramos que atenta contra uno de los pilares fundamentales del Derecho laboral, el principio de primacía de la realidad. Esta estructura en vez de hacer efectivo este principio, promueve la verdad formal, con todas las consecuencias que ello implica, tanto para el trabajador, como para el empleador.

Además, tal como señalamos, en el proceso de menor cuantía, se consagra la imposibilidad de acceder a tribunales de mayor jerarquía para revisar sentencias de primera instancia.

Lo aconsejable sería crear una regulación que permitiera cumplir con las exigencias de celeridad; pero respetando estrictamente las garantías del debido proceso en todas sus manifestaciones, lo cual, obviamente, no se obtiene con el texto propuesto.-

IV. Conclusiones En conclusión éste anteproyecto de Ley procura una solución rápida para el crédito laboral del trabajador pero se olvida de guardar la ecuanimidad. Si ya teníamos en nuestro derecho una legislación laboral pro trabajador, el anteproyecto de ley que estamos comentando es excesivamente pro trabajador a tal punto de que las garantías que debe tener cualquiera de las partes en un proceso judicial son práctica-

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INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En días pasados el Poder Legislativo sancionó la nueva ley de Protección de Datos Personales, la cual deroga la vigente ley de Protección de Datos Personales para ser utilizados en Informes Comerciales y Acción de Hábeas Data número 17.838 vigente desde octubre de 2004. Los autores ofrecen en el presente artículo, una primera aproximación al texto aprobado. a) Consideraciones generales Sin hacer un análisis exhaustivo de las disposiciones de la nueva norma y a los solos efectos ilustrativos, debemos expresar que el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley por entender que con la amplia difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el tratamiento de los datos personales se encuentra en una situación de tensión. Ésta deriva del valor asociado a las bases de datos personales, al tiempo que los titulares de los datos tienen derecho a conocer el tratamiento al que están siendo sometidos sus datos personales y a preservar su privacidad. Fue entonces que se buscó establecer un marco jurídico claro y necesario para garantizar y hacer efectivo uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es el del derecho a la protección de los datos de carácter personal y por tanto de la intimidad de las personas.

La nueva ley tiene la característica de ser más amplia que la anterior, buscando regular e incluir a todos los datos personales, a diferencia de la ley 17.838 que sólo se refería

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Dr. Nicolás Antúnez (Sector Jurídico LIDECO)

Dr. Fernando Cabrera (Sector Jurídico LIDECO)

a los que estaban destinados a brindar informes de carácter comercial. No obstante, la principal intención del legislador fue la de adaptar a nuestro país dentro de los requerimientos de la Unión Europea como país seguro en cuanto al envío de datos, buscando captar inversiones y vinculado a esto, al tema del amplio campo laboral que podría generar la instalación en el país de numerosos call centers, que pudieran hacer intercambios de información con Europa.

establece el objetivo de la ley, que consiste en reconocer legislativamente el derecho fundamental a la protección de datos personales reconocido en el art. 72 de la Constitución.

b) Resumen de la Ley La ley está estructurada en en 9 capítulos, a saber: 1º) Disposiciones generales: Se

2º) Principios generales: Consagra los principios generales en materia de protección de datos, que son: juridicidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad de los datos, reserva y responsabilidad.

3º) Derechos de los titulares de los datos: Reconoce los siguientes derechos: a la información, a la información durante la colecta de los datos, de acceso, a la rectificación, actualización y la eliminación o supresión de datos, a la impuganción de valoraciones persona-

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les y referentes a la comunicación de los datos.

4º) Datos especialmente protegidos: Para ello crea un nuevo marco para los datos relativos a la salud, a las telecomunicaciones, a ficheros con fines de publicidad, a la actividad comercial o crediticia y a la transferencia internacional de datos.

5º) y 6º) Referidos a los ficheros de titularidad pública y privada respectivamente: que establecen la obligación de registrar toda base de datos, pública o privada, que no sea para uso exclusivamente individual o doméstico.

7º) Órgano de control: Que en esta materia será una Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, la cual funcionará en forma desconcentrada de la AGESIC, definiendo los cometidos y estableciendo las potestades sancionatorias de la misma. La AGESIC es la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y depende directamente de Presidencia de la República, con amplias facultades en diferentes materias, en especial las vinculadas con al área informática en sus diferentes manifestaciones.

8º) Acción de protección de datos

personales: Este capítulo establece las acciones procesales para efectivizar la protección de los datos regulados en la ley, que se inspira en el proceso previsto para la acción de amparo buscando la celeridad y sumariedad de las actuaciones.

9º) Disposiciones transitorias: Establece que las bases de datos dispondrán de un lapso de un año para adecuarse a la ley y un plazo de 30 días para que el órganos de control en la materia (MEF) realice el traslado de la información y documentación a la AGESIC.

c) Datos de carácter comercial Los datos de carácter comercial están regulados en el artículo 22 de la nueva ley.

Este artículo autoriza expresamente “el tratamiento de datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial, incluyendo aquellos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de carácter comercial o crediticia que permitan evaluar la concertación de negocios en general, la conducta comercial o la capacidad de pago del titular de los datos, en aquellos casos en que

los mismos sean obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de informaciones facilitadas por el acreedores o en las circunstancias previstas en la presente ley. Para el caso de las personas jurídicas, además de las circunstancias previstas en la presente ley, se permite el tratamiento de toda información autorizada por la normativa vigente”.

Este artículo fue redactado por representantes del MEF, con intervención de los suscritos, en calidad de Delegados de Liga de Defensa Comercial en la Comisión creada por el art. 20 de la ley 17.838, habían redactado este artículo para incluirlo en la reglamentación finalmente nunca aprobada de dicha ley.

La nueva ley en el inciso 2 de este artículo consagra que los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo podrán estar registrados por un plazo de cinco años contados desde su incorporación, con la posibilidad de una reinscripción por otros cinco años.

De esta redacción se observa que la ley, omite reconocer el derecho de la tutela que es menor para las personas jurídicas, respecto de quienes se permite el tratamiento de toda información autorizada

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ICE por la normativa vigente y además no les rige el plazo de caducidad de 5 años (vigente desde la entrada en vigencia de la ley 17.838).

El inciso 3 del artículo 22 establece la obligatoriedad de las bases de datos de realizar el tratamiento objetivo de la información registrada tal cual ésta le fuera suministrada, debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas sobre la misma.

d) Incidencia de la nueva ley en LIDECO En primera instancia cabe señalar que Liga de Defensa Comercial ha observado plenamente las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales establecidas en la Ley 17.838, motivo por el cual su adecuación a la nueva normativa resulta un paso más en la materia (donde nuestra Institución se ha constituido en referente) y no una situación institucionalmente traumática.

Como primer punto cabe señalar que la prédica constante de nuestra Institución en cuanto a que determinados derechos (como el del olvido) resultan únicamente inherentes a la condición humana, ha sido parcialmente recogida en la actual normativa. La inexistencia de esta traba implicará que nuestras bases de datos carezcan del condicionamiento temporal para la inclusión de la personas jurídicas, permitiendo por tanto, mantener en forma más acabada e inequívoca los antencedentes históricos de las empresas. Respecto a las posibles dificultades y desafíos podemos identificar, en esta primera instancia, tres puntos de interés.

El primero de los mismos es la prohibición de transferencia de datos internacionales establecida por el articulo 23 de la normativa, que prohíbe la transferencia internacional de datos con aquellos países que no tienen un nivel de protección adecuado. En ese marco, Liga de Defensa Comercial se deberá abocar al estudio de los casos de trasferencia internacional que actualmente realiza. Se deberá estudiar si dicho tráfico se encuentra comprendido en la prohibición o si por el contrario se encuentra contemplado en alguna de las excepciones taxativamente señaladas en la norma. El segundo de los puntos a analizar será, siguiendo la tradición de la Institución en la materia, 16 pág

la Redacción de un Código de Conducta según lo previsto en el artículo 36 de la norma. El mismo establece que: “Las asociaciones o entidades representativas de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información en función de los principios establecidos en la presente ley. Dichos códigos deberán ser inscriptos en el registro que al efecto lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia”.

La importancia de este punto no solo alcanzará a la mera inscripción del mismo ante el Órgano de Control correspondiente sino que traerá aparejada una necesaria capacitación de todo el personal de la Institución en las pautas contenidas en el mencionado cuerpo normativo.

Por último, y sin perjuicio, se deberá analizar una estrategia a los efectos de incidir en el actual Órgano de Control intentando ocupar el cargo destinado al representante del sector privado en el Consejo Consultivo. En efecto; en virtud del art. 20 de la derogada ley 17.838, Liga de Defensa Comercial integraba la Comisión Consultiva que asesora al órgano de control. La nueva ley estableció que el órgano de control es la Unidad reguladora y de Control de Datos Personales, órgano desconcentrado de la AGESIC, dotado de las más amplia autonomía técnica.

Este órgano va a funcionar con el asesoramiento de un Consejo Directivo Honorario integrado por 5 miembros uno designado por el Poder Legislativo, un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, otro del área académica y un representante del sector privado. La última ley de Rendición de Cuentas, “faculta al Consejo Directivo Honorario de la Agencia a modificar la integración de los Consejos Asesores Honorarios en consulta con los Consejos respectivos”, por lo que sería un buen mecanismo para intentar nuestra incorporación a este Consejo Honorario en el entendido que es difícil nuestra designación directa como representante del sector privado.-

PROGRAMA LIDECO - BID

CONVENIOS Y TALLERES Sobre la recta final, el Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes continúa suscribiendo convenios y realizando los talleres de sensibilización que propenden a general en el empresariado la tan necesaria cultura de uso de información comercial para la toma de decisiones, especialmente la información radicada en bases de datos sistemáticas y confiables.

Convenio LIDECO Centro Centro Comercial de Las Piedras Previo a la finalización del Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes, cofinanciado entre Liga de Defensa Comercial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se realizó la firma de un nuevo convenio de Cooperación Institucional, en este caso con el Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras. Éste supuso un nuevo pilar en la promoción del uso de la información comercial, por la que LIDECO viene trabajando desde hace ya largo tiempo. La firma de este Convenio se celebró el pasado 8 de abril, en el salón de reuniones del Centro Comercial de Las Piedras.

De la misma participaron el

Sr. Roberto Acuña (Jefe Depto. Informes LIDECO), Sr. Roberto Bogorja (Gerente Centro Comercial Las Piedras), Sr. Ruben Zecchi (Secretario Centro Comercial Las Piedras), Sr. Ricardo Portero (Presidente Centro Comercial Las Piedras), Dr. Camilo Martínez (Director Gerente LIDECO)

Ricardo Portero y Ruben Zecchi, Presidente y Vicepresidente del Centro, respectivamente, Roberto Borgoña, Gerente de la Agremiación y otros directivo.

Liga de Defensa Comercial estuvo representada por su Director Gerente, Dr. Camilo Martínez, el Coordinador del Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes, Ec. Bernardo Quesada, el Jefe de la Sección Informes de

Exposición del Dr. Camilo Martínez, Director Gerente de LIDECO.

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LIDECO, Sr. Roberto Acuña y el Promotor de Servicios, Lic. Diego Acosta. Gracias a la firma de este convenio, los socios del Centro Comercial de Las Piedras comenzaron a acceder a nuestro sistema de información comercial.

Los afiliados al Centro pueden consultar nuestra base de datos, como ya lo están haciendo los asociados al resto de las Agremiaciones socias por convenio. A su

Entrega de obsequio a las autoridades del Centro Comercial.

Sr. Ruben Zecchi (Secretario Centro Comercial Las Piedras), Sr. Ricardo Portero (Presidente Centro Comercial Las Piedras), Dr. Camilo Martínez (Director Gerente LIDECO), Ec. Bernardo Quesada (Coordinador del Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes)

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vez, nuestra base de datos se enriqueció con información actualizada de los afiliados de la Agremiación, lo cual facilitará el otorgamiento y el acceso al crédito de todas las empresas que nuclea. Con éste alcanzamos los veinte acuerdos firmados con Agremiaciones empresariales nucleadoras de PyMEs, con el fin de facilitarles el acceso a nuestros servicios de información. Gracias a estos Convenios más de 7.000 empresas de todo el país ya pueden beneficiarse de la información disponible en la redlideco y esperamos que el número continúe creciendo. Así, se dio un nuevo paso hacia la extensión de los servicios de información comercial a todos los ámbitos del empresariado nacional.

Taller de sensibilización en Las Piedras Como broche del Convenio arriba nombrado, se realizó también un taller para los socios del Centro Comercial, sobre la “Importancia de la Información Comercial y Crediticia para la toma de decisiones”.

La actividad tuvo lugar el 7 de mayo en el Salón de Eventos de la entidad gremial y, de acuerdo a la inquietud planteada por la Agremiación, se realizó una disertación sobre prácticas comerciales en la compraventa, la cual estuvo a cargo del Dr. Camilo Martínez.

Posteriormente, el Ec. Bernardo Quesada, trabajó con los presentes sobre el uso de información comercial y crediticia para la toma de decisiones, los diferentes riesgos a los que se exponen cuando realizan una transacción comercial o crediticia y cómo se pueden mitigar o minimizar. Se hizo hincapié en los beneficios de brindar información propia en términos de mayor acceso al crédito y de la generación de una buena reputación respecto al comportamiento y la imagen empresarial.

Talleres en Soriano y Paysandú: uso de Bases de Datos Comerciales Dentro del Programa LIDECO BID se ha procurado, desde el comienzo, apoyar a las Agremiaciones empresariales en la creación y difusión de una cultura del uso de la información comercial. Es por ello que apoyando una iniciativa de los Centros Comerciales de Soriano y Paysandú se realizaron en el mes de abril dos nuevos talleres de sensibilización, coorganizados por Infocred de los respectivos departamentos. El primero de estos encuentros se realizó el lunes 28 de abril en la Sede del Centro Comercial e Industrial de Paysandú. Al día siguiente se repitió la experiencia en Mercedes, en el Centro Comercial de Soriano. Ambos eventos contaron con muy buena concurrencia de público, principalmente empresarios y funcionarios de las empresas asociadas a estas Agremiaciones y a Infocred.

Las disertaciones versaron sobre las características de las Bases de Datos Comerciales y cómo su uso puede mejorar los negocios. Las exposiciones estuvieron a cargo del Director Gerente de LIDECO, Dr. Camilo Martínez y del Dr. Nicolás Antúnez, miembro del staff de abogados de nuestro Departamento Jurídico.

El objetivo de la actividad fue sensibilizar a los participantes sobre las disposiciones generales que rigen las Bases de Datos, los tipos de información disponibles en las mismas y cómo y cuándo utilizarlas. Se profundizó también en la información necesaria para el otorgamiento de créditos.

Tras la firma de los Convenio de Cooperación Institucional con estos Centros Comerciales, Liga de Defensa Comercial ya había realizado varios talleres en estos departamentos, con experiencias siempre exitosas.-

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CONCURSALES

ASUNTOS CONCURSALES 2008: Primer semestre

CONCORDATOS PREVENTIVOS JUDICIALES RUC

Firma

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CONCURSOS Firma

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QUIEBRAS Y/ร LIQUIDACIONES JUDICIALES Firma

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CON

LIDECO APORTA UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA CONCURSAL Nuestra Institución aprecia con beneplácito la iniciativa de reformar profundamente el sistema concursal: tal ha sido la intención del Poder Ejecutivo, en el entendido de que aquél adolece de muchos defectos a solucionar. Desde la exposición de motivos del proyecto de reforma, se señala que el sistema vigente es un proceso antiguo (data del siglo XIX) que requiere aggiornarse a las nuevas realidades. Consideramos estar ante una inmejorable oportunidad para tratar de solucionar aquellos aspectos del sistema concursal uruguayo que pueden perjudicar a los acreedores, antes de que se apruebe el texto en forma definitiva. El proyecto cuenta, desde el 1º de julio pasado, con media sanción parlamentaria, al ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Es de esperar que la Cámara de Senadores (donde ahora se encuentra radicado el proyecto) antes de su sanción definitiva, reflexione acerca de los puntos que en el presente artículo se exponen.

En la edición 143 de nuestra Revista (julio de 2007), exponíamos las directivas de actuación concursal mediante las Cuales nuestro Consejo Directivo reafirmaba una serie de criterios de actuación orientados a promover y proteger la lealtad en las prácticas implicadas en materia concursal.

De nuestra experiencia institucional en temas concursales, y sobre la base de las directivas antes señaladas, consideramos de utilidad para la plaza comercial que obtengan consagración legislativa las propuestas de LIDECO en relación a la participación de los acreedores en las negociaciones, a la credibilidad de la propuesta concordataria, a las garantías formales que debe tener un acuerdo concursal, y otros aspectos que propenden a que los acreedores vean salvaguardados sus 22 pág

derechos. En concreto, con respecto al Proyecto de Reforma a estudio del Legislativo, apreciamos con agrado la incorporación al mismo varias propuestas de Liga de Defensa Comercial.

Entre otras cosas, el proyecto señala la conveniencia de simplificar los procedimientos estableciendo un procedimiento concursal único, si bien esa finalidad no se cumple a carta cabal, pues el proyecto mantiene y crea una multiplicidad de figuras concursales de trámite variado, con mayorías muy diferentes, y en franca contradicción. No obstante las incorporaciones señaladas, debemos manifestar nuestra preocupación en relación a una serie de puntos que, insistimos, consideramos deben ser incorporados para perfeccionar un sistema que

ofrezca seguridad para todas las partes con justicia. De estos temas nos ocupamos a continuación.

El timing concursal y las presunciones respecto al estado de insolvencia del deudor

Interesa, analizar críticamente algunas modificaciones introducidas al proyecto en su actual pasaje por la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Representantes.

Recordamos que en sus presupuestos, el proyecto hace especial referencia a la importancia del “timing concursal” o lo que es lo mismo, la decisión de recurrir a tiempo a estas herramientas, a

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efecto de poder asistir a verdaderos concursos y no a quiebras disfrazadas, como ocurre frecuentemente en la actualidad. Para este objetivo, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo preveía una serie de ventajas para el acreedor que solicitara el concurso de un deudor.

Para dotar de seriedad al procedimiento y que el mismo no fuera objeto de mayores discusiones judiciales con afán dilatorio, se establecían una serie de presunciones absolutas y otras relativas, acerca del estado de insolvencia de un deudor. Esto es: el deudor que se encontraba en alguna de las situaciones previstas como de “presunción absoluta”, ante la solicitud de un acreedor, va a ser declarado en concurso y la única defensa posible estaba destinada a demostrar la inexistencia de esa causal.

En cambio, quien se encontraba en alguna situación de las previstas como de “presunción relativa” podría probar no sólo que no se encontraba en esa situación, sino que ella no era indicativa de la insolvencia. Los artículos 4 y 5 del proyecto que pueden leerse en esta

Sección Concursales, contienen una serie de presunciones absolutas y relativas, sobre el estado de insolvencia.

Consideramos que, en el tratamiento en Comisión, el proyecto fue "rebajado”, modificándose sustancialmente el régimen de presunciones y alterando con ello una de las bases en las que estaba inspirado el proyectado proceso concursal.

ciones absolutas no se tenga que recurrir a ese proceso contradictorio, como analizaremos. Proponemos al lector las siguientes reflexiones críticas: 1) si a un deudor, el BCU le ha clausurado las cuentas corrientes bancarias en todo el sistema financiero, ¿es necesario probar algo más para configurar que atraviesa un estado de crisis que aconseja el uso de medios colectivos de solución?. Una cosa es la suspensión de una cuenta corriente bancaria (que afecta a un solo banco) y que perfectamente podría ser una presunción relativa de insolvencia y muy otra cosa es que se le hayan clausurado durante un año (o dos) las cuentas corrientes en todo el sistema.

Es notorio que los legisladores, guiados por un afán garantista, totalmente innecesario (y que consideramos desmedido), trasladaron algunas presunciones “absolutas” a presunciones “relativas”, por lo que estarían posibilitando verdaderos juicios contradictorios (en la medida en que descontamos que el deudor omiso en presentarse, tendrá siempre interés en dilatar una resolución al respecto) para determinar si se configuraron las presunciones de insolvencia.

2) el cierre de un establecimiento comercial, ¿no es obvia manifestación de una crisis empresarial ostensible?. ¿Se necesita probar algo más que el cierre para acreditar la crisis del emprendimiento?

Con ello, desgraciadamente, el proyecto y su finalidad fueron desvirtuados, pues incluso no queda claro que frente a presun-

3) una situación en la que un deudor incumple un Acuerdo Privado suscrito previamente con sus acreedores, ¿no es suficiente

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CON argumento para que el concurso judicial sea decretado?

Estas apreciaciones importan, pues no hay que olvidar que hoy en día por el régimen vigente, alcanza con una sola obligación mercantil incumplida (cualquiera sea el monto) para decretar la quiebra. Por eso incluso hemos propuesto a la Comisión (sin suerte, como es innecesario aclarar) que dentro de las presunciones absolutas (art.5) se introduzca este literal: “Cuando existan uno o más juicios ejecutivos respecto de los cuales el deudor no hubiera opuesto excepciones legales o las mismas hubieren sido rechazadas por Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.

Es decir que esa “presunción de absoluta y rotunda importancia” ya existe hoy como uno de los medios más utilizados para llevar a un deudor a la quiebra, y nuestra experiencia lograda en años de trabajo sobre esta materia, nos permite afirmar que la misma ha funcionado correctamente y no amerita que sea desestimada.

Por ello, frente al proyecto original planteamos la necesidad de incluir como presunción absoluta la existencia de uno o más juicios ejecutivos respecto de los cuales el deudor no hubiera opuesto excepciones legales o las mismas hubieran sido rechazadas.

Nuestra Institución ve con profunda preocupación que de acuerdo al texto aprobado en la Comisión, la mayoría de las presunciones sean ahora consideradas relativas.

Como si eso fuera poco, cuando se analiza el art.16, resultará siempre 24 pág

obligatorio transitar por un verdadero juicio contencioso previo a la apertura del concurso, lo cual es francamente innecesario, pesado y en extremo dilatorio.

Lo aconsejable (si lo que se pretende es dotar de garantías a un deudor o a un comerciante en dificultades) es que a ese proceso de conocimiento, solamente se deba recurrir cuando se invoca una presunción relativa de insolvencia (art. 4).

En cambio, cuando se acredita la existencia de una de las presunciones absolutas (art. 5), no debería seguirse el camino del art. 16, sino que el Juzgado queda obligado, sin otro trámite dilatorio, a decretar la apertura del concurso (art. 19).

Por ello debería incluirse (y así lo hicimos saber a la Comisión, sin eco hasta el momento) una pequeña modificación en el acápite del artículo 16, cuya redacción propusimos en los siguientes términos: “Artículo 16º- (Conc urso solicitado invocando presunciones relativas) - Fuera de los casos del artículo anterior, si el concurso es solicitado invocando presunciones relativas, el Juez procederá de la siguiente forma….”

Por supuesto que el Tribunal tiene la posibilidad de ser exigente en todo lo relativo a la configuración de la presunción y eventualmente requerir las probanzas que estime necesarias, pero una vez acreditadas, no corresponde abrir un contradictorio con el deudor.

Sobre las responsabilidades por falta de fundamento Hay más motivo de alarma que los antes expuestos. Véase sino el art. 8 proyectado: “(Solicitud de concurso por otros legitimados) - Fuera de los casos de solicitud de la declaración de concurso por el propio deudor (numeral 1 del artículo 6°), los solicitantes, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberán aportar los elementos de juicio que acrediten la existencia de una presunción de insolvencia.

No podrá desistirse de la solicitud de declaración de concurso y los solicitantes del concurso serán responsables por los perjuicios causados al deudor por el carácter abusivo o por la falta de fundamento de la solicitud. El Juez podrá exigirles la constitución de contracautela por los perjuicios que su solicitud pudiera causar, estando eximidos de esta obligación los acreedores laborales”.

Más allá de la bienvenida incorporación de la imposibilidad de desistir de la solicitud para el acreedor peticionante del concurso, lo cual impide el uso extorsivo de este mecanismo, señalamos un gran cuestionamiento.

Con un texto como el proyectado, que incopora la “responsabilidad por falta de fundamento” y exige ”contracautela” al acreedor solicitante ¿qué acreedor se atreverá a solicitar un concurso de un deudor por más contumaz que éste sea? El único sería el acreedor laboral (que parecería ni siquiera requerir sentencia fir-

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me), pues el resto de los proveedores y acreedores, por cierto que no lo harán.

Consideramos fundamental la necesidad de que se revisen estos aspectos, pues de aprobarse el proyecto tal cual está redactado, se obtura el éxito de las gestiones del acreedor tendientes a promover el concurso de su deudor, exactamente el efecto inverso al fin querido, explicitado y compartido en su exposición de motivos.

Ausencia de contenido mínimo obligatorio para el acuerdo: ¿y las garantías para el acreedor?

Uno de los aspectos más perjudiciales para los acreedores con el régimen vigente es la circunstancia que no existe un contenido mínimo obligatorio para el acuerdo. La acefalía normativa es la que genera que en la práctica se observen textos concordatarios sumamente breves y escuetos, que en su ejecución no deparan más que problemas e indefensiones para los acreedores. En la práctica

concursal uruguaya es posible encontrarse con textos en los cuales simplemente se establecen los datos del deudor, la fórmula concordataria y la adhesión del acreedor al acuerdo.

Para comprender el auge de este tipo de acuerdos basta con analizar la forma en la cual se consiguen estos acuerdos, que es con la redacción del mismo por el propio deudor, quien sale “puerta por puerta” a captar las adhesiones de sus acreedores.

Frente a este panorama, observamos que los propios acreedores, ante la presentación de un deudor a solicitar una gestión concordataria, caen en una situación de incertidumbre respecto al recupero de su crédito.

En muchos casos, saben que no será posible obtener más que fórmulas concordatarias inadecuadas, que no encierran las mínimas garantías para su cobro.

Cuando en la práctica nos enfrentamos a la defensa de los acreedores, nos causan preocupación estos concordatos carentes de un contenido mínimo

que confiera al acreedor determinadas garantías frente al incumplimiento del deudor concordatario.

Es por ello que, para cuidar estos aspectos es necesario incluir en el texto a aprobarse una serie de innovaciones que tutelen mejor los legítimos intereses de los acreedores.

A continuación, planteamos lo que consideramos deberían ser, a nuestro juicio, las cláusulas mínimas que debe incluir el acuerdo concordatario de modo de otorgar a los acreedores ciertos mecanismos de salvaguardia de sus créditos. a. La fórmula del acuerdo Se debe establecer claramente la fórmula de pago, en la cual es deseable que se establezca una cifra fija o un porcentaje en función de la totalidad del pasivo, prorrateando el mismo en función del monto de los créditos. No obstante, cabe mencionar que la fórmula de pago podrá variar en función de la viabilidad de cumplimiento del acuerdo, de la forma en que se va cumpliendo el mismo o del volumen de actividad de la empresa. En todos estos casos

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CON puede resultar un complemento adecuado y que dé una determinada certeza a los acreedores, el consagrar una cifra mínima de pago. Si bien es deseable que se consagre una cifra fija, no es ésta una condición indispensable en todos los casos, admitiéndose en algunos casos especiales que se establezcan porcentajes diferenciales en determinadas etapas del concordato, donde las proyecciones económicas y financieras de la empresa o la zafra misma de la actividad, hacen posible que los pagos sean más importantes. b. La fecha precisa de iniciación de los pagos, con prescindencia de la homologación La homologación es la sentencia final del proceso en la cual el Juez se expide sobre los distintos requisitos extrínsecos e intrínsecos del concordato y sobre la legalidad del proceso concursal. Es frecuente que en los concordatos se proponga comenzar los pagos a partir de la homologación del acuerdo. Esta cláusula es absolutamente inconveniente para los acreedores, quienes deben oponerse fervientemente a este tipo de fórmulas.

La fecha de inicio de los pagos debe establecerse con prescindencia de la fecha de homologación, para que el acreedor sepa exactamente cuándo va a cobrar y que en caso que esto no se verifique, habrá incumplimiento de parte del deudor.

La posibilidad de comenzar con los pagos es un fenómeno económico, totalmente ajeno al trámite procesal del acuerdo y su acaecimiento se puede determinar 26 pág

con relativa precisión de acuerdo a los conocimientos de la ciencia contable.

que sucede habitualmente cuando no se consagra la centralización de los pagos.

De acuerdo a los flujos de fondos se puede determinar que una empresa tiene capacidad de pago de la cuota concordataria a partir de determinada fecha, que es la que se debería tomar como inicio de los pagos del acuerdo concordatario que se propone, independientemente si obtuvo o no la homologación judicial.

El deudor paga en su propio establecimiento comercial o en el estudio de su profesional, al cual debe trasladarse el acreedor para cobrar su porcentaje de la cuota concordataria, el cual en la mayoría de los casos se traduce en una cifra mínima con relación a su crédito.

c. La designación de un tercero para realizar los pagos.

Proponemos la designación de un tercero para realizar los pagos, por intermedio del cual se realizarán los pagos, por cuota de amortización, a fin de que prorratee entre todos los acreedores el importe de la misma en función de sus créditos. Esta exigencia puede parecer carente de sentido práctico, pero su efecto es justamente lo inverso.

Es imprescindible para los acreedores que se establezca la centralización de los pagos por intermedio de un tercero, ya sea éste una entidad gremial representativa con actuación en materia concursal, o una institución bancaria.

Esto permitirá detectar fehacientemente el incumplimiento del pago de la cuota en tiempo y forma, lo cual permitirá exigir el cumplimiento en forma coactiva por todos los acreedores, eliminando la discrecionalidad del deudor en el cumplimiento del acuerdo. A fin de ilustrar lo antes expresado pensemos en lo

El deudor puede seleccionar a los acreedores a los cuales les pagará primero y a quienes no les pagará.

A los primeros, ya sea porque tenga una relación de suministro que al deudor le interesa mantener o porque son los únicos proveedores de determinado producto, les pagará más o menos en tiempo y en la forma establecida en el texto concordatario. A los segundos, les aplicará la conocida frase de “vuelva el viernes” y así sucesivamente irá dilatando el pago, hasta que el acreedor decida intimar judicialmente el pago por las tres o cuatro cuotas que a esta altura le deba, pero sin haber caído en incumplimiento.

En ese caso, el deudor pagará la cuota concordataria (que va a ser una cifra ínfima con relación al crédito), pero que el acreedor habrá tenido que incurrir en gastos y honorarios para poder cobrar.

Esto se ve agravado porque el concordatario empleará nuevamente el mismo procedimiento y el acreedor deberá nuevamente intimar e incurrir en gastos para obtener el pago de esa cifra reducida, todo lo cual conducirá al acreedor al desinterés ya la desesperanza. Mientras tanto, el

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mora en caso de incumplimiento.

Se debería establecer que en caso de no pago de una o dos cuotas, habrá caído en mora sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo en consecuencia los intereses moratorios desde esa fecha.

que se conceda a la Comisión de Acreedores (en caso que ésta exista), la facultad de conceder, excepcionalmente y por voto fundado, los plazos de gracia que considere oportunos, evitando así la caída en mora del deudor en alguna situación. e. La existencia de garantías de cumplimiento y el consentimiento expreso del acreedor en caso que éstas no existan.

d. El régimen de mora que regirá el incumplimiento

No obstante, pueden existir casos en los cuales resulte de utilidad para los acreedores flexibilizar la caída en mora de la concordataria, evitando así determinados accidentes pasajeros o situaciones coyunturales que puedan afectar el pago de una o dos cuotas concordatarias, pero que no afecten el pago de las demás.

Estamos acostumbrados a ver, en nuestra actividad profesional, casos de concordatos en los cuales por accidentes extraordinarios ajenos a la voluntad de la concordataria, no es posible pagar una o dos cuotas y solicitan a la Comisión de Acreedores una prórroga en el vencimiento de las cuotas concordatarias y después de transcurrido ese plazo extraordinario, siguen pagando normalmente.

Es importante establecer en el concordato cuál es el régimen de

Por ello, es sumamente útil para todas las partes involucradas,

concordatario habrá pagado tan sólo a los acreedores que le hayan intimado, o a aquellos a los que les interesa mantenerlos como proveedores, todo lo cual representará una cifra mínima con relación a su pasivo, pero no habrá incurrido en incumplimiento y nadie podrá exigirle el cumplimiento del concordato en todos sus términos, especialmente del pago de la totalidad de la cuota concordataria, quedando de este modo librado únicamente a la voluntad del deudor.

Consagrándose la centralización de los pagos, este efecto negativo desaparece, porque habrá un tercero interesado en que se pague, o acreedores que puedan controlar que el deudor haya depositado el 100% de la cuota concordataria en el lugar indicado y en caso contrario podrá intimar el cumplimiento de la totalidad de la cuota y de no verificarse éste, habrá incumplimiento de los términos concordatarios.

El acreedor, verdadero perjudicado de la situación concursal de la empresa deudora, tiene derecho a que se le brinden garantías de cumplimiento de la propuesta concordataria. El problema radica en que si bien esto es lo deseable, no siempre la situación de la empresa deudora permite la concesión de garantías reales o personales suficientes. No obstante ello, los acreedores pueden tener interés en adherirse a la fórmula concordataria, ya sea para mantener un cliente o la expectativa de un recupero de un crédito que de otro modo no se podría obtener. La transparencia que debería imperar en todas las relaciones comerciales nos impone que en el texto del concordato esta

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CON alternativa se consagre expresamente, es decir, que se exprese claramente que se otorga tal o cual garantía o que se exprese que no se otorgan garantías de cumplimiento de la propuesta.

De este modo el acreedor podrá adherirse o no al concordato propuesto, pero lo hará con pleno conocimiento de las circunstancias y de las posibilidades de cumplimiento de la misma y las alternativas para caso de incumplimiento.

No es una práctica frecuente el señalar a texto expreso que no se ofrecen garantías suficientes de cumplimiento y que el mismo quedará librado únicamente a la rentabilidad de la deudora sin otro mecanismo al que recurrir frente al no pago de las cuotas concordatarias, pero ésta sería una cláusula que, a) otorgaría gran claridad y transparencia a los concordatos extrajudiciales que se gestionan en nuestro país, y b) daría más elementos de juicio al acreedor para decidirse o no a adherir a la propuesta efectuada. f. La manifestación expresa respecto a si la Comisión de Acreedores ya existente o una nueva que se designe, controlará la ejecución del acuerdo y qué facultades tendrá esa comisión Las Comisiones de Acreedores pueden convertirse en Comisiones Fiscalizadoras, Interventoras y Eventualmente Liquidadoras. Son los acreedores quienes tienen el mayor interés de controlar la marcha y ejecución del concordato y eventualmente, de pedir la liquidación judicial de la concordataria en caso de incumplimiento del concordato. Por ello, resulta 28 pág

oportuno que en la etapa de negociación del acuerdo entre los principales acreedores y el deudor, se establezcan los integrantes de la Comisión, que deben ser aquellos que garanticen el cabal cumplimiento de los cometidos que se le asignen a aquella y que no desvirtúen la función de la misma con su inacción.

De ahí que el acuerdo debería pronunciarse sobre la existencia o no de la Comisión de Acreedores y sus integrantes.

La defensa de los intereses de los acreedores en general y de los intereses difusos

Este tema se centra en la defensa de los intereses que pertenecen a una pluralidad de personas: derechos supraindividuales donde no es posible identificar los límites precisos en cuanto a los individuos que afectan. La doctrina designa como “difusos”, aquellos intereses que se basan en datos de hechos genéricos y contingentes, accidentales y mutables: habitar una misma región, consumir iguales productos, vivir determinadas circunstancias o, en el caso de Liga de Defensa Comercial, quienes pretenden prestigiar la plaza comercial. Tal como lo establecen sus Estatutos, entre los fines de Liga de Defensa Comercial, se persigue “Prestigiar las ventajas de la información comercial a base de la mayor buena fe y sinceridad, como recurso preventi-

vo a favor del saneamiento comercial, creando y manteniendo al efecto un registro de firmas comerciales e industriales en la forma más completa y ordenada”. A su vez, para la defensa de los intereses colectivos, consagrados como objetivo fundamental de la Institución, se dispone en sus Estatutos, “... crear un órgano representativo del Comercio y de la Industria nacional, que reuniendo y vinculando entre sí a todos los componentes de esas colectividades, contribuya a desarrollar el espíritu de solidaridad organizándose así para la defensa eficaz de los intereses colectivos...”

Desde 1988, a través del art. 107 de la Ley 16.002, existe un reconocimiento legal a la actuación de LIDECO, reconociendo la importancia de la tarea cumplida por nuestra Institución en el área de la información comercial. La actuación institucional en el área concursal se cumple por un lado, registrando los datos de las presentaciones concursales y por el otro, actuando como acreedor informante Interventor o Síndico (“Interventor” y “Síndico” en la terminología del proyecto de ley).

A los efectos de que la defensa de los intereses esté plasmada en la futura ley de reforma concursal, nuestra Institución ha propuesto a los legisladores, la inclusión del siguiente “Artículo: ...Para la defensa de los intereses concursales difusos, previstos en el art. 42 del CGP, declárase que Liga de Defensa Comercial es una institución de carácter gremial legitimada para intervenir en toda la materia prevista en esta ley, en defensa del crédito y de la competencia leal (art. 107 de la ley 16.002)...”

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Esto responde a la necesidad de legitimar la actuación de Liga de Defensa Comercial para intervenir, en cumplimiento de sus deberes estatutarios, en todos los trámites concursales en los que sea necesaria su intervención.

La actuación de la Institución en defensa del crédito y la competencia leal actualmente, queda en principio circunscripta a aquellos casos en los que los socios de Liga de Defensa Comercial son acreedores de ese proceso concursal; resultando jurídicamente dificultoso participar de otros trámites en los cuales se carece de la representación de algún acreedor, por ejemplo, oponiéndose a la homologación de un acuerdo que no esté alineada con la normativa vigente.

Asimismo, y para reafirmar el sentido de la defensa de los intereses comerciales, se planteó por parte de nuestra Institución, la inclusión del siguiente texto en el mismo artículo: “La promoción de

cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley, por o contra un deudor, concesionario o adjudicatario de un servicio público, o cuya actividad está sujeta a controles específicos o superintendencia por parte de entidades públicas, nacionales o municipales, el Tribunal deberá siempre comunicar a los organismos reguladores correspondientes a todos los efectos informativos y a los que eventualmente pudiera dar lugar el proceso concursal”.

La inclusión de este texto se entiende necesario para el caso que algún concursado sea concesionario, adjudicatario, esté sujeto a controles específicos o sometido a regulación de alguna entidad estatal. A vía de ejemplo, se plantea si ante el concurso de una línea de transporte colectivo, el Ministerio de Transporte o la Intendencia del lugar donde se presta el servicio, no deberían ser informados de primera fuente

acerca de la situación y deberían tener la posibilidad de expresar su punto de vista. Sucedería lo mismo cuando el concursado realizara una actividad sometida a otro organismo regulador, como podría ser la URSEC con una onda radial y televisiva o DINAMIGE en el caso de una explotación minera. Esto cobra mayor importancia cuando se piensa como muy bien lo prevee esta ley, en la transferencia en bloque de los activos empresariales: es allí donde el eventual cesionario deberá contar con la aprobación del ente de control.

En conclusión, consideramos que arbitrar un texto como el propuesto en el proyecto de “Ley de Concursos” en sanción legislativa facilitaría mucho nuestra actuación en forma sistemática (de LIDECO y de los organismos) en todos los procesos concursales, en defensa de la ética y lealtad comercial.-

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DE INTERÉS

EMPRENDEDORES SE NECESITAN La necesidad de emprendedores se justifica en el impacto de las personas de estas características en la generación de empleo, en la innovación y en el crecimiento económico de los países. Además de ocuparse de definiciones, el autor hace énfasis en el valor de los emprendedores en las economías pobres, en el entendido de que la creación de empresas es un pilar para quebrar los círculos de pobreza y para generar no sólo movilización de recursos para la supervivencia, sino para generar valor agregado a una sociedad.

Cr. Pablo Montaldo

Qué es un emprendedor El concepto de emprendedor no tiene una definición establecida o única. Existen varias definiciones o concepciones acerca del término emprendedor y se pueden identificar muchas características comunes en todas ellas. Una definición básica sería que un emprendedor es aquella persona que convierte una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con fines de lucro o una organización social, y que genera empleo y algún tipo de innovación. Los emprendedores no todos son iguales. No obstante, se pueden mencionar algunas características esenciales que los emprendedores suelen poseer para alcanzar sus objetivos: valores, virtudes y actitudes. Los valores y virtudes serían: honestidad, solidaridad, responsabilidad 30 pág

y búsqueda de la excelencia. Las actitudes serían, entre otras: tener objetivos claros, creer en el propio proyecto y en que las cosas no suceden por sí solas, dedicar todo el tiempo, los recursos y esfuerzos necesarios para lograr los objetivos, tomar riesgos, disfrutar de los desafíos, disponer de energía y no ver al fracaso como algo necesariamente negativo.

Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad, la analiza, la estudia y proyecta su plan de negocios para crear una organización o para mejorar una existente. Posee olfato y sabe encontrar las oportunidades. No siempre la idea surge espontáneamente, sino que muchas veces la idea se obtiene de un tercero y se la lleva al éxito. Es capaz de desenvolverse autónomamente y en forma eficiente en lo que hace. Cree en sus ideas y es

capaz de llevarlas a cabo, de encontrar la manera de materializar sus sueños, aspiraciones u objetivos. Se enamora de lo que hace y es capaz de enfrentar obstáculos y riesgos para lograr lo que quiere. Aprende de sus errores, no se inmoviliza o abandona cuando se equivoca o fracasa, e intenta salir adelante pese a las dificultades que encuentra. Tiene entusiasmo, mucha energía y fortaleza. Tiene miedo, pero el miedo no lo paraliza.

Cuenta con una dosis alta de autonomía e independencia.

De acuerdo con el experto mexicano Sérvulo Anzola, hay varias definiciones de “emprendedor”: - General: el que hace que las cosas sucedan.

- Económica: el que realiza cambios de recursos de una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad.

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- Pragmática: el que inicia su propio negocio nuevo.

- Operativa: el que aplica su talento creador e innovador para iniciar su propia empresa o engrandecer una ya existente.

Los emprendedores se pueden clasificar en dos tipos: - Intrapreneur: el que aplica su talento dentro de una organización ya existente.

- Entrepreneur: el que crea su propia empresa o desarrolla su propio emprendimiento. En cada empresa que arranca hay un emprendedor.

La necesidad de emprendedores Todas las economías para progresar precisan a los emprendedores y, en especial, las economías de los países pobres. Generalmente los países pobres están sumergidos en un círculo vicioso que profundiza la pobreza. Este círculo sólo puede romperse si se lo hace de una manera integral, y la creación de empresas es un eslabón primordial en este proceso.

En muchos países hay una cultura emprendedora innata. Sin embargo, es más fácil de identificarla en el sector informal. Sucede, también, que el sector público actúa negativamente en el buen desarrollo

del espíritu emprendedor. Se han instaurado paradigmas rentistas que dan como resultado una institucionalidad antiemprendedora. Tampoco hay una visión de largo plazo que permita asumir riesgos controlados para, de esa manera, generar nueva riqueza. De todo ello se deriva que, si bien pueden existir emprendedores que movilizan recursos, muchas veces éstos son destinados a actividades de supervivencia, más que a actividades que generan valor agregado para la sociedad.

De acuerdo con el modelo que utiliza Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el crecimiento económico de un país es una función de dos grupos paralelos de actividades interrelacionadas: - aquellas asociadas con las firmas más grandes ya establecidas y - aquellas relacionadas directamente con el proceso emprendedor.

La primera se localiza en las empresas grandes y en el rol secundario asociado de las empresas más pequeñas. La otra se focaliza en el sector entrepreneur en sí mismo, las condiciones que lo forman y sus consecuencias económicas directas para entender en forma apropiada el crecimiento económico. Ambas perspectivas se necesitan y, de hecho, son comple-

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DI mentarias. El modelo GEM permite explicar la relación que existe entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico.

Dicho modelo integra las variables más relevantes que ha aportado la investigación económica. Se compone de seis conjuntos de variables agrupadas en apartados relacionados entre sí. Dos de esos seis grupos de variables son: - La capacidad emprendedora: el nivel de actividad emprendedora depende en gran parte de la existencia de oportunidades de negocio y de la habilidad y la motivación del emprendedor para aprovecharlas.

- La dinámica empresarial, que engloba los nacimientos de nuevas empresas y las expansiones, reducciones o cierre de otras ya existentes. Se trata, en esencia, del proceso de “destrucción creadora” descrito por el economista Joseph Shumpeter.

La actividad emprendedora formó parte y ha sido causa de estudio y explicación en la historia del pensamiento económico, haciendo aparición frecuente en los textos de los economistas clásicos (Barreto, 1989). Este autor clasifica en cuatro categorías los papeles atribuibles al emprendedor a lo largo de la historia: coordinación, arbitraje, innovación y soporte de la incertidumbre.

Como coordinadores, los empresarios contratan y combinan factores de producción y operan como “el lazo de comunicación” entre las diversas clases de productores y entre “productor y consumidor”.

El emprendedor también actúa como arbitrador al observar la 32 pág

oportunidad de vender algo a mayor precio que al que puede comprarlo. Al advertir oportunidades de ganancias de arbitraje y proceder en consecuencia, el emprendedor dirige los mercados hacia su equilibrio.

La esencia de la actividad emprendedora no es otra cosa que “el estar alerta”, olfateando el horizonte del mercado en búsqueda de oportunidades e innovaciones que pueden resultar en la fabricación de mejores bienes, innovaciones radicales o en la introducción al mercado de productos a más bajo costo. En su rol innovador, los emprendedores son individuos que perturban el orden y equilibrio de mercado existentes.

Ponen en práctica nuevas combinaciones de medios de producción y crean así nuevos productos, métodos de producción, mercados, fuentes de aprovisionamiento o modalidades de organización. El su papel de soporte de la incertidumbre el emprendedor acepta la responsabilidad de riesgos inconmensurables e incuantificables, de los cual la ganancia constituye la retribución.

La “e-generation” Todos estos aportes tienen en común la posición fundamental otorgada a la función emprendedora, y al emprendedor como “agente clave” en la explicación del sistema de mercado y del crecimiento económico (Bhidé, 2001). Para el profesor Jeffry A.Timmons, durante los últimos 30 años la economía de los Estados Unidos prosperó por el

impulso de una generación revolucionaria de empresarios (e-generation) que alteró permanentemente las estructuras sociales y económicas del mundo. El impacto de la “egeneration” se manifiesta en el proceso de generación de nuevas empresas y en la creación de innovaciones radicales en los Estados Unidos.

En el proceso de generación de nuevas empresas, a mediados de la década de los 70 se creaban 600.000 nuevas empresas al año.

Para 1994, esta cifra alcanzaba el número de 1,2 millones de nuevas empresas y para el 2000 un estudio realizado por la National Federation of Independent Business cifraba en 3,5 millones el número de start-ups de todo tipo. En materia de innovaciones la “e-generation” fue la responsable del 95% de la puesta a punto de productos y servicios cuyas características, tanto físicas como perceptuales se definen sobre dimensiones nuevas. “Estas compañías han generado 24 veces más innovaciones por dólar invertido en investigación y desarrollo que las grandes corporaciones de más de 10.000 empleados” .-

1) Sérvulo Anzola: Conferencia “El impacto de la cultura emprendedora”. La Paz, Bolivia, 2 de diciembre del 2003.

2) Barreto, H. (1989). The Entrepreneur in Microeconomic Theory. Routledge, London and New York.

3) Bhidé, A. (2001). Origen y Evolución de Nuevas Empresas. Ciudad de México, México. Oxford University Press.

4)Timmons, Jeffry A. (2003). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. McGrawHill/Irwin.

5(Centro Emprende. (2001). Guía para emprendedores con futuro, 2001.

DI

FUNCIONARIOS Y CLIENTES: DOS EJES CLAVES DEL ACTIVO DE UNA EMPRESA ¿Qué esfuerzos hacemos para cuidarlos y medir su valor?

Ps. Claudia Fernández PG MKT PG RRHH

¿En las empresas sabemos cuánto vale nuestra gente más allá del número que se asienta en la contabilidad por concepto de salarios y prestaciones sociales? ¿Cómo es que las empresas valúan a su gente y cómo es que la evalúan para apreciar ese valor? ¿Son las personas realmente “el principal activo de una organización”? Hay quienes plantean que en tal caso, ese valor debería reflejarse en los estados contables de aquella. Por otro lado: ¿las empresas saben cuánto valen sus clientes? ¿Orientan su gestión a conciencia de que su razón de ser se encuentra afuera de la organización? ¿Propugnan en su personal una cultura de orientación a la satisfacción del cliente?. La medición y la cuantificación nunca son asunto sencillo

en materia de la evaluación y valuación de personas e intangibles que no son propiedad de la compañía. Al menos como ejercicio, resulta interesante reflexionar sobre el peso argumental que tendría para la asignación de recursos económicos a la gestión de personas y a la gestión de marketing, el hecho de que el impacto del trabajo de la gente pudiera valuarse también económicamente como un activo. En el mismo sentido, el valor de los clientes debería considerarse prioritario en tanto el sustento de la empresa depende de la voluntad de aquellos a la hora de pagar por un producto o servicio. Más allá de posibilidades reales de implementación práctica, bien vale la propuesta de reflexión respecto a que, si pudiéramos visualizar numéricamente el valor de nuestra gente y nuestros clientes, pocas serían las dudas respecto a las prioridades estratégicas de nuestras empresas.

¿Nuestro capital humano, realmente es capital?

Existe una interesante discusión teórica que hemos tomado de Juan Lucio Fexis(1) respecto a cómo puede incluirse el factor humano en la contabilidad 34 pág

de la empresa. El autor parte de la finalidad de la contabilidad como herramienta que debe ofrecer informes cuantitativos útiles para la toma de decisiones económicas y financieras, para evaluar la gestión de la organización, para evaluar la concesión de créditos financieros y comerciales, y también para que posibles inversionistas interesados en comprar o

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vender puedan apreciar el valor de lo que compran o venden.

Plantea que en esa toma de decisiones los activos intangibles (los representativos de franquicias, privilegios, derechos de propiedad, patentes, marcas, llave del negocio, gastos de investigación y desarrollo, u otros similares, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros), son un ítem relevante pues expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad de producir ingresos.

Con base en lo anterior y en conceptos vertidos por diversos autores, Fexis considera que los recursos humanos deben ser concebidos como un activo de la empresa y en ese sentido, aprecia que los estados contables no reflejarán la total realidad de una organización hasta tanto no

expresen el valor de su personal.

Plantea, siguiendo a Edmonds y Rogow, que “el tema en discusión no es si los costos están medidos perfectamente o asignados exactamente, sino que los recursos humanos reciban el valor que se merecen”(2) .

La evaluación de desempeño que aporte una medida del rendimiento sistematizada y continua, debería ser un input importante para la tarea de otorgar un valor a la fuerza laboral, hoy llamada “capital humano”. Cabe preguntarnos si somos capaces de medir el valor de ese capital, o si ese concepto constituye una mera expresión del deseo de enaltecer moralmente el trabajo de la gente. Si es cierto que el personal es el principal activo de una organización, no parece descabellado el intento de medir cuánto vale ese

activo o al menos disparar la reflexión acerca de esa posibilidad de medir el capital humano no en términos de la erogación de dinero por concepto de salarios, beneficios y prestaciones sociales, sino en términos del valor de la gente estimado en función de su potencial para producir ingresos.

En su intención de asignar un valor contable al personal de la empresa, Fexis plantea que, si un activo es un costo no consumido y el criterio para clasificarlo de esa forma está dado por su potencial para producir beneficios a futuro, si los costos en recursos humanos se relacionan con la expectativa de futuros beneficios, entonces los recursos humanos deberían ser tratados como activos, y más concretamente, como activos intangibles que no son de su propiedad(3). Y si esto funcionara así, sería claro que la empresa

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DI debería instrumentar los mecanismos que le permitan retener a las personas que aportan valor a la organización, o en las que se ha invertido en la expectativa de que lo aporten.

Una justa administración de cargos y salarios, adecuadas condiciones de trabajo, justos y equitativos sistemas de reconocimiento y recompensa son parte de las opciones para ello.

Abordando enfoques contables para asignar valor a la fuerza laboral, diversos autores plantean que si se aplica el criterio de los beneficios a futuro, entonces cualquier desembolso sobre un recurso que se relacione con ellos podría ser tratado como un activo.

Gleeson, con un enfoque de costo histórico, señala que los costos en que se incurre en recursos humanos se amortizan en el transcurso de la vida útil de estos últimos, a la vez que, el valor de los recursos humanos, puede aumentar con el paso del tiempo en la medida en que aumenta el nivel de experiencia de las personas.

Likert propone que para estimar el valor del personal de una empresa, se considere el costo de reposición bajo el supuesto de que la empresa tuviera que crearse desde cero: “Supongamos que mañana su empresa sea poseedora de todos sus bienes tangibles pero sin su personal excepto el presidente, y éste tuviera que reconstruir sus recursos humanos a su actual nivel de efectividad. ¿Cuál sería el costo?. Los costos incluirían el reclutamiento, entrenamiento y desarrollo de los reemplazantes hasta el nivel actual de habilidad y 36 pág

conocimiento de la empresa”(4).

Es probable que una medición cuantificable en este sentido haría innecesaria la búsqueda de mayores elementos conceptuales para persuadir a la dirección respecto a la necesidad de invertir en las personas, pues los números permitirían reflejar concretamente la relevancia de tratar a las personas “como un recurso básico de la empresa cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la forma de administración”(5).

Más allá de reflejos numéricos, apostar a ese tratamiento es uno de los objetivos de la evaluación de desempeño.

Evaluar personas es un proceso complejo que tiene por fin hacer un balance del valor que el trabajo de una persona ha aportado a la empresa considerando un plazo determinado y conforme al cumplimiento de los objetivos de trabajo que fueran fijados al inicio del plazo antes mencionado.

La evaluación de desempeño debe ser una herramienta capaz de generar información útil para los restantes subsistemas de la gestión de recursos humanos: definición de tareas, identificación de necesidades de capacitación, revisión de escalas salariales, implementación de mecanismos de reconocimiento y recompensa, identificación de fortalezas y debilidades institucionales (a nivel del personal y a nivel global). Además, deberían generar datos útiles para la medición del costo de reposición

de personal, la medición del ritmo de amortización de los costos asignados a la gestión de personal, así como para evaluar la forma en que las personas han capitalizado valor a través de la generación de experiencia.

En un mercado de intensos movimientos de compra y fusiones de empresas, los inversionistas hacen pesar en sus decisiones la información que reciben respecto a los recursos humanos de una empresa, más allá de los informes contables convencionales.

El personal de una empresa es un diferencial respecto al cual los inversionistas están dispuestos a pagar, pues es el intangible más difícil de construir y mantener. Las máquinas se compran y con dinero se puede acceder a ellas.

La cultura organizacional y el compromiso de las personas para con su desarrollo y su tarea no se compran: se construyen en el largo plazo (volvemos al costo de reposición de Likert).

De hecho, el capital humano de una empresa puede considerarse una barrera de entrada al negocio en tanto hace a su diferenciación, al costo de cambio, a las ventajas en costo que obedecen a la curva de aprendizaje y al valor del mercado de ésta en términos de lealtad, imagen de marca, confianza lograda con el cliente, etc. Claro: la curva de aprendizaje será una barrera al ingreso en tanto la competencia no pueda acceder a contratar a nuestros empleados.

Será necesario prever, como dijéramos antes, los mecanismos de retención que eviten ese riesgo.

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Es una obviedad plantear que los costos asociados con el trabajo de las personas deben asociarse a un impacto favorable sobre futuros costos (reducción de) o ingresos (aumento de).

también hay ejemplos de empresas que caen en el desastre no en virtud de la mala suerte, sino, verbigracia, gracias al accionar de gente altamente incapaz.

Esto significa que si la empresa quiere gente capaz de generar resultados, además de procurar seleccionar personas con potencial propio, tiene que invertir en ellas para desarrollar al máximo su potencial, y el argumento que justifica esa inversión está dado por la expectativa sobre los resultados que se obtendrán a partir de ella. Que la gente puede aportar o restar valor está más que documentado con diversas historias empresariales.

Confluyen en este punto, la forma en que evaluamos el desempeño de la gente y la hipotética conveniencia de integrar esa valoración en términos de los resultados de la organización. La evaluación de desempeño como herramienta de gestión de personas será útil en la medida en que:

No son pocos los ejemplos de empresas al borde de la debacle, que fueron salvadas no por milagro ni golpes de suerte, sino por el trabajo de gente altamente capaz(6). Del mismo modo,

1) sus outputs contribuyan a tomar decisiones orientadas a mejorar los resultados de la empresa en términos de eficiencia (utilización racional de recursos) y eficacia (conquistar y retener clientes) 2) se constituya en un recurso para monitorear que las

inversiones realizadas en la gestión de personas estén satisfaciendo las expectativas de retorno, medido éste a partir de diversos indicadores de desempeño 3) contribuya a generar una cultura de orientación a los resultados y a la satisfacción del cliente como factor de motivación de las personas, reforzándose esa cultura con los sistemas de retribución, reconocimiento y recompensa antes mencionados.

La evaluación de desempeño no puede estar aislada de la planificación estratégica de recursos humanos, la cual obviamente, debe ser consistente con la planificación estratégica de la organización.

Quienes trabajan en recursos humanos con frecuencia encuentran reticencias para que la empresa destine recursos para las actividades del departamento.

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DI Tales reticencias se verían disminuidas si los directivos y gerentes financieros fueran persuadidos respecto a que tales gastos generarían beneficios a futuro. Y para eso hay que medir la gestión integral de la empresa.

En su vertiente informativa, la evaluación de desempeño debería contribuir a ese proceso de persuasión, si su resultado evidenciara que se justifican las inversiones en recursos humanos.

En tal sentido, la evaluación de desempeño, para ser eficaz, es un proceso de gestión del desempeño que debe procurar:

1) sostener la motivación del personal, o lo que es lo mismo, su disposición para el esfuerzo

2) clarificar y acordar los resultados esperados (resultados que deben ser explicados, realistas, consensuados) generando compromiso mutuo (persona organización)

3) ofrecer continuidad en la realimentación periódica que facilite la visualización personal respecto al propio desempeño

a. el desarrollo en la gente, de las habilidades que les permitan potenciar su aporte b. el desarrollo y aprendizaje continuo en su rol de trabajo c. la planificación de carrera dentro de la empresa d. la elaboración del plan de sucesión de los cargos estratégicos para la organización 6) revisar en forma permanente la adecuación y adaptación de la descripción y análisis de cargos en relación con la planificación estratégica de recursos humanos 7) velar por el cuidado de la formación de la materia gris en tanto principal factor de productividad de la empresa, en el entendido de que, al decir de Drucker, “el aumento de la productividad sólo se consigue con la sustitución del músculo por saber” 8) revisar en forma permanente la adecuación y consistencia de los objetivos de traducción financiera y no financiera de las metas e indicadores de desempeño establecidos

4) alinear recursos estableciendo un clima de cooperación entre empresa trabajador equipos de supervisión / coaching

9) velar por la congruencia entre las metas establecidas como deseables y los recursos con que el trabajador cuenta para poder alcanzarlas con eficacia y eficiencia

5) acompañar el proceso de desarrollo del ciclo laboral de las personas a través del coaching, atendiendo en ese ciclo laboral:

10) monitorear el desarrollo de las competencias conductuales necesarias para que la empresa pueda funcionar en forma descentralizada y autónoma. He

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ahí la prueba máxima del éxito de una buena gestión, cuando la empresa no depende para su funcionamiento de la concentración y ejercicio de poder de grandes líderes, sino de equipos de gerentes altamente calificados que aseguren la longevidad de la organización promoviendo la responsabilidad personal, el autocontrol, la capacidad de tomad de decisiones al nivel más bajo de la jerarquía de la empresa 11) monitorear que el propósito de la empresa y su gente sea siempre el de maximizar la satisfacción del cliente, pues del cliente dependemos para sobrevivir.

Nuestros clientes: parte del capital relacional de nuestra empresa El capital relacional de una empresa (clientes, proveedores, imagen ante la comunidad, etc) también es un intangible que debería contar con una valuación que permitiera visualizar su importancia para el sustento de la organización, pues resulta obvio que su valor también está dado por su potencial para producir ingresos.

El mercado no consiste sino en redes de relaciones de intercambio, donde unas partes buscan dar satisfacción a otras y pelean por aumentar su porción de clientes satisfechos.

Ello constituye la base del sustento y de la continuidad de toda organización.

LIDECO / julio 2008

El problema es que existen todavía cegueras importantes a la hora de aunar discurso y acción en tal sentido. Todos los empleados de una empresa empezando por el gerente general - deberían colocar en su puesto de trabajo un cartel que rezara: “mi salario es pago por los clientes”. Esa sería una forma muy básica de persuasión para que el personal tomara conciencia de la relevancia del tema. Es así que, las funciones de marketing y recursos humanos aparecen de la mano en la gestión de una organización y es lógico que así sea, pues “el cliente es quien determina la naturaleza de la empresa. Sólo el cliente, con su disposición a pagar por un artículo o un servicio, convierte a los recursos económicos en riqueza, a las cosas en artículos. Lo que la empresa cree producir no tiene particular importancia, sobre todo no lo tiene para el futuro de la empresa y su

éxito. (…) Lo que el cliente cree comprar, lo que considera valioso es decisivo para determinar qué es una empresa, qué produce y cómo prosperará. Y lo que el cliente considera valioso nunca es un producto. Siempre es utilidad; es decir, lo que un producto o servicio le aporta(7)” Eso fue lo que los japoneses entendieron luego de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con el hecho de que son las personas (recursos humanos) de la empresa las que siempre están detrás de la satisfacción del cliente (objetivo básico de la mercadotecnia).

Por ende, hicieron que la gestión de personas, de operaciones y de marketing se desarrollara en torno a una estrategia empresarial integrada que procuraba: 1) procesos de producción

estables y sin errores 2) desarrollar como práctica normal un estricto control de la calidad de productos y servicios 3) alcanzar la estabilidad y el control a través de las políticas de personal en el entendido de que la rotación de personal y la mano de obra sin experiencia son fuente de problemas de calidad 4) capacitación extensiva y evaluación de desempeño permanente (controles de procesos de gestión de personas) La visibilidad de la información es un punto clave en ese estilo gerencial: las fábricas divulgaban datos de la performance de la calidad hacia todos los niveles de la empresa, y capacitaban al personal de todos los niveles de la empresa para que supieran qué hacer con esos datos en su nivel de

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DI responsabilidad. La finalidad era educar a la fuerza de trabajo, condición sine qua non para poder hacer abierto el manejo de información y crear una cultura orientada al cliente.

Plantearon una gestión de personal que estimulaba la capacitación y el aprendizaje a todo nivel, de manera controlada, propiciando que la gente, organizada en círculos de control de calidad, analizara problemas y ofreciera soluciones.

Los japoneses tuvieron la capacidad de dar sustancia a filosofías etéreas, donde el rol de la gerencia era ofrecer dirección y soporte.

El objetivo era crear un sistema de gestión integral a prueba de fallas que evitara que los errores llegaran al cliente, porque existía el convencimiento de que el poder de la empresa estaba en un cliente satisfecho. La responsabilidad era compartida por todas las funciones (como corresponde a una gestión estratégica integrada), y dado que la participación en la gestión de la calidad en los productos y servicios era promovida a todo nivel con base en una capacitación intensiva, entonces la gestión de la calidad que aseguraba la satisfacción de los clientes, contaba con una amplia base de apoyo en los empleados de todos los niveles de la empresa.

Davidow plantea que los líderes en servicio saben que el servicio y la atención al cliente es una potente ventaja competitiva: “en un fenómeno que algunos 40 pág

investigadores llaman “círculo virtuoso”, los clientes que están bien atendidos tienden a cooperar más en los procesos de servicio, haciendo que sea más fácil y menos oneroso satisfacerlos, así como aumentar su grado de satisfacción(8)”

Así como las personas no se constituyen en “capital” solo por así llamarlas, sino que es necesario que la empresa invierta y trabaje por ello, en términos del cuidado de los clientes sucede lo mismo: no alcanza con las declaraciones.

Lovelock advierte que “una empresa meramente orientada al marketing que apenas desee satisfacer las necesidades de los clientes, tiene la receta para fallar. Los esfuerzos para mejorar la calidad del servicio tienen que estar en equilibrio con las necesidades operacionales de la compañía, con la estandarización de la producción del servicio, la capacidad gerencial y el control de calidad(9)”.

Otra vez la evaluación de desempeño nos encuentra aquí a la hora de medir y monitorear las capacidades gerenciales que están por detrás de la planificación de un servicio y una atención de calidad superior, que necesariamente debe gestionar eficazmente al personal, pues “para los clientes, los funcionarios de la línea de frente personifican el servicio. Sin embargo, los funcionarios del servicio muchas veces son los parias de la sociedad corporativa, el nivel más bajo de la

jerarquía social.

Eso no sucede en las compañías líderes en servicio al cliente. Ellas dan una atención extraordinaria a sus funcionarios (…) a través de una serie impresionante de programas de motivación y entrenamiento. A fin de aumentar la satisfacción del cliente, dan a los funcionarios considerables bonos y verdaderas oportunidades de crecimiento(10)”

Los funcionarios deben constituirse en agentes competentes capaces y motivados para asumir riesgos y resolver problemas en lugar de decir “no se”, “tengo que preguntarle a mi gerente”, “no es mi departamento”….

La contratación inteligente mediante una selección de personal profesional, el desarrollo de planes de capacitación intensivos, la promoción de una cultura de servicio sostenida en el refuerzo de las conductas deseadas (reconocimiento y recompensa mediante pagos variables, bonos o beneficios de distinto tipo), el desarrollo de planes de carrera, y una evaluación de desempeño concebida como un proceso de gestión del desempeño que se constituya en un elemento más del control de la calidad del personal de la empresa, son todas herramientas de recursos humanos puestas al servicio de los objetivos de marketing.

El cuidado de los clientes en tanto un activo clave de la empresa requiere según Davidow tres ejes claves:

LIDECO / julio 2008

1) trabajar sin descanso en la contratación de las personas correctas,

2) capacitación y reciclaje intensivo en habilidades sociales y técnicas para satisfacer a clientes internos y externos

3) motivar enormemente.

Conclusiones

El desafío que propone el artículo es el de medir aquello que es importante para el negocio: el valor de la gente que genera los productos o servicios, y el valor de los clientes a los que nos debemos para nuestra superviviencia. No importa el detalle contable o la

exactitud de la medida: importa generar una cultura de monitoreo y medición de la performance de las personas, del servicio y del valor que representa para la empresa la satisfacción de los clientes.

Si ello puede incluirse o no en el estado contable de una empresa, es apenas un planteo destinado a disparar la reflexión respecto a al importancia del tema.

Tom Peters plantea que las mediciones de las empresas ignoran variables esenciales que pueden ser medidas: “nuestra fijación a medidas financieras nos lleva a depreciar o ignorar medidas no financieras menos tangibles, como la calidad del producto, la satisfacción del cliente, el plazo de entrega, la

flexibilidad de la fábrica, el tiempo que insume lanzar un nuevo producto, y la acumulación de calificaciones por parte de los funcionarios a lo largo del tiempo.

Sin embargo, esos son los conductores del éxito a mediano y largo plazo”(11).

Revista Administración de Empresas, Ediciones Contabilidad Moderna SAIC, Bs. As., n° 221 y 222 Id. ant.

Se puede ser el “dueño” de un contrato pero no de una persona Likert, Rensis. The human organization: its management and value. Mc Graw Hill, EEUU, 1967 Chiavenato, Idalberto. Administración de recursos humanos. Mc Graw Hill, Santafé de Bogotá, Colombia, 1994 Remitimos al lector a: Iacocca, Lee, Autobiografía de un triunfador. Editorial Grijalbo, 1985 Drucker, Peter. La gerencia.

Davidow, William, Bro Uttal. Servico total ao cliente: a arma decisiva. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1991 Id. ant.

Id. ant.

Peters, Tom. Prosperando no caos. Editora Harbra Ltda., San Pablo, 1989

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VISITAS y EVENTOS

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Necesidad de una justicia especializada en ilícitos económicos y delitos asociativos

Sr. Miguel Francia (1er Vicepresidente LIDECO), Dr. Ruibal Pino (Presidente SCJ), Dra. Matilde Carrau (Secretaria LIDECO), Proc. Lilián Espinosa (Adscripta a Gerencia), Ec. Bernardo Quesada (Coordinador del Programa de Servicios de Información Comercial para Pymes), Dr. Camilo Martínez (Director Gerente), A/S Marcos Dalla Rosa (Subgerente), Cr. Fernando Di Bello (Asesor Contable)

El día 13 de marzo próximo pasado, nuestro Consejo Directivo recibió en la sede social de LIDECO, la visita del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Ruibal Pino, ocasión que fue propicia para poner de manifiesto más de una conicidencia entre ambas instituciones.

Si bien se trata de un encuentro que se da año a año con carácter protocolar, la bonhomía del 42 pág

invitado, generó una reunión distendida, a la vez que expeditiva respecto a los temas abordados.

En lo que refiere a la necesidad de una judicatura especializada en materia de delitos económicos asunto que LIDECO viene fundamentando desde años atrás, habiendo además participado de una Comisión de trabajo sobre el particular), el Dr. Ruibal

trascendió el alcance del concepto de la materia delictiva objeto de especialización.

En tal sentido, sostuvo que no sólo deberán ocuparse del conocimiento de delitos económicos (tributarios, de usura, concursales, de insolvencia societaria fraudulenta) sino también de aquellos delitos asociativos de entidad (drogas, tráfico de armas, de personas, terrorismo).

LIDECO / julio 2008

Vista General

En definitiva, se planteó la necesidad de pensar en un sistema judicial especializado en el crimen organizado. Y con esta concepción es que se está abordando por la SCJ. un nuevo trabajo de análisis y capacitación.Otro tema abordado en el que también hubo coincidencia, tiene que ver con la inquietud que planteara LIDECO (y que diera mérito en su momen-

to a recurrir la Acordada 7564 que había dictado la SCJ) acerca de las normas tendientes a la protección integral de datos personales - incluidos los datos sensibles - asentados en bancos o bases de datos de carácter documental o jurisprudencial en todos los ámbitos del Poder Judicial.

Liga de Defensa Comercial entendió que dicha Acordada afectó severamente la transparencia del mercado de la información comercial, incurriendo en una inconveniente limitación del principio de publicidad.

Dr. Jorge Ruibal Pino (Presidente SCJ), Sr. Miguel Francia (1er Vicepresidente LIDECO)

La coincidencia radica en que personalmente el Dr. Ruibal considera que nuestra Institución debería ser receptora de la información judicial con contenido patrimonial, en mérito al uso responsable que la institución realiza de la misma en el cumplimiento de un servicio de interés general.-

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VYE

CONFERENCIAS LIDECO: CICLO 2008 La economía uruguaya y la recesión global: ¿cuál es nuestro margen de maniobra?

Tal fue la temática con la que inauguramos este nuevo ciclo de Conferencias el 30 de julio próximo pasado en la Sala Auditorio del Banco Central del Uruguay. De la mano de tres economistas de primera línea como Javier de Haedo, Pablo Rosselli y Gabriel Oddone, nos preguntamos sobre el impacto de la recesión global en nuestras empresas, en la producción, el acceso al crédito, el sistema financiero y en las políticas fiscales, y qué espacios nos quedan para operar en ese entorno. Con una Sala Auditorio a pleno en asistencia de público, vivimos una provechosa jornada. A continuación exponemos los contenidos fundamentales de las exposiciones de nuestros disertantes.

El colchón se volvió mochila.

Así tituló su exposición el Ec. Javier de Haedo, quien comenzó su disertación refiriendo a lo excepcional del período 2003/2007, en que el mundo creció a una tasa del 5% anual, siendo el 80% de ese crecimiento debido a las economías emergentes. Según las estimaciones del FMI, afirmó, entre el 2007 y el 2008 las economías avanzadas van a perder el 37% de su tasa de crecimiento, mientras que las economías emergentes sólo van a perder el 14%.

En ese marco, señaló que nuestra región se ha visto beneficiada en esta década por una tendencia de precios mundiales creciente en 44 pág

Ec. Javier de Haedo durante su exposición

términos de la inflación en dólares, situación que difiere con respecto al contexto de la década del 90 y la del 2000. Mientras en los 90, la tasa de crecimiento acumulado de los precios era del 0,3% anual, sin que los planes de estabilización implementados en la región tuvieran ayuda del resto del mundo, en la década del 2000, apreció de Haedo, “el mundo ha sido muy generoso

con nosotros”, generosidad que fue ampliamente aprovechada por Brasil alcanzando el investment grade, desaprovechada por Argentina y usada por nuestro país consumiendo en esta segunda mitad del gobierno los márgenes generados en la primera mitad.

Tomando el índice de precios de las exportaciones de la Cámara de Industrias, observó un crecimiento

LIDECO / julio 2008

Vista General

del 92% entre diciembre de 2002 y mayo del 2008, con el precio de las commodities en aumento a pesar de la crisis financiera de los EEUU, lo cual atribuyó a un componente financiero y no estructural. Esta situación, dijo, nos ha sido favorable por un tema de precio más que por volumen, señalando que, prácticamente tres cuartas partes del crecimiento del valor exportado es por precio y una cuarta parte es por cantidad. Con respecto a las importaciones de petróleo y derivados, comparando los meses desde mayo de este año a mayo del 2007, también es el mayor precio del precio del petróleo lo que explica aumento de importaciones.

Señaló que hay una relación muy estrecha entre el desempeño económico uruguayo (evolución del PBI) y las expectativas del contexto externo en tanto índice de precios en dólares global. Para Uruguay, es muy relevante si en el mundo hay inflación o deflación en

dólares, lo cual puede verse de dos formas: si el mundo relevante para Uruguay se vuelve caro en dólares, aumenta el ingreso a nivel del mundo en términos de dólares, y aumenta la demanda por producto uruguayo. Viendo esto mismo desde el punto de vista financiero, señaló, si aumenta la inflación en dólares baja la tasa de interés relevante para Uruguay y entonces aumentan las posibilidades de invertir en nuestro país. En los años 90, hay un enorme crecimiento que se estabiliza a mitad de la década, en un nivel muy alto, y la economía uruguaya siguió creciendo a pesar de que no crecían los precios internacionales. Cuando se desploma ese crecimiento por la crisis del 99 en Brasil y la de Argentina en el 2002, también nos desplomamos nosotros, dijo. Y ahora, señaló, nuestra economía está acompañando un contexto externo muy favorable. Hay veces, en que el origen de esto es regional y otras

veces extra regional, por lo que ante situaciones de shock externo, sea positivo o negativo, dijo de Haedo que debemos hacernos la pregunta respecto a si es transitorio o es permanente, para poder aprovechar las oportunidades y a la vez ser cautelosos.

Estamos en una etapa de cambio externo. A partir de agosto del año pasado, con la crisis de EEUU y la respuesta dada por ese país con políticas monetarias y fiscales expansivas, bajó la tasa de interés en dólares, y el dólar se debilitó más de lo que ya venía haciéndolo y subieron más y más rápido los precios de los commodities, desacelerándose las economías de EEUU y del resto del mundo, y apareciendo riesgos de recesión conjuntamente con inflación. Este panorama, señaló de Haedo, ha sido positivo para nuestro país excepto por el precio del petróleo, gracias a que desde el año 2003 hasta hoy los gobiernos uruguayos han hecho una política de adminis-

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VYE tración muy inteligente de la deuda pública. Señaló que hasta ahora se ha vivido la etapa “buena” de la crisis, pero que es de esperar será seguida de una no tan buena. Alertó en tal sentido que las tasas de interés en EEUU en algún momento volverán a subir (presumiblemente luego de las elecciones), el dólar razonablemente tenderá a recuperarse, y por lo tanto en el mundo habrá tendencias deflacionarias: retrocederán los precios de las commodities en términos de la burbuja financiera especulativa y coyuntural de corto plazo, si bien manteniendo el efecto real estructural originado por el aumento espectacular del consumo en economías como la de China y otras de Asia.

gobierno, el cual, llegará cerca del 37% en los cinco años. En cuanto al tipo de cambio, se esperaba para el año 2009 un tipo de cambio promedio de 26,42, pero la semisuma de los cierres 2008/2009 por la encuesta de expectativas es 19,25, o sea que se esperaba que el dólar bajaría un 8% entre el 2004 y en el 2009, pero va a bajar un 33%. Es decir: “más PBI, menos tipo de cambio”. En cuanto al IPC, se han constatado 2 ó 3 puntos más de inflación que el que se había estimado, en los últimos tres años, dijo.

La pregunta es, dijo, en un contexto futuro como el que se presume, y con la incertidumbre respecto al comportamiento del precio del petróleo, cuándo enfrentaremos ese shock negativo, cuánto nos afectará y cómo nos encontrará.

Planteó que los ingresos que el gobierno proyecta hoy, son superiores a los que proyectaba al inicio del gobierno: hay más ingresos (suben un 0.6% del PBI) y hay menos intereses (1 punto del producto), los cuales “se gastan todos”, alertó. Señaló que la situación es más complicada si se considera que el PBI con el cual se comparan los ingresos y los gastos para el año próximo, es un PBI que es casi el doble respecto a lo que se esperaba en el 2005.

Al respecto, dijo que si comparamos las estimaciones iniciales del equipo económico del gobierno con la situación actual y la proyectada ya con tres años de experiencia, nos encontramos con que se esperaba un crecimiento del PBI del 34,1% en los cinco años de

Si se hace la cuenta de cuál sería el aumento de ingresos en términos del PBI que se proyectó en el 2005 para 2009, el aumento de ingresos es de 4 puntos de producto, y el aumento del gasto primario es de 4,9. Ello permite percibir, para el Economista, la

Vista General

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LIDECO / julio 2008

Sr. Nelson Torello (Prosecretario LIDECO), Ec. Javier de Haedo, Sr. José Luis Dos Santos (Vocal LIDECO)

magnitud del espacio fiscal adicional que hubo en todos estos años y que, señaló, se gastó al extremo.

Aportó además otra forma de visualizar la situación, haciendo referencia al PBI de tendencia. Estimó que con las tasas de crecimiento previstas para 2008 y 2009 según la encuesta de expectativas del BCU, el PBI en el 2009 estaría casi un 7% por encima de la tendencia de largo plazo. Si se corrige el PBI por ese 7% y se coloca en el nivel de tendencia, se llega a un resultado primario que no va a ser del 3,4% del producto sino del 1,1% del producto.

Si se consideran los intereses que están previstos para el año próximo (3% del producto), hay que pensar que esos intereses están calculados con un tipo de cambio que no es permanente. Se podría llegar de acuerdo a esta estimación, a un déficit fiscal de 2,3% del producto.

Para de Haedo “se ha actuado como si el shock externo fuera positivo y permanente, planteando que, se debería adoptar un comportamiento cauteloso y considerar los shocks positivos como transitorios. En ese sentido, consideró que lo permanente es el nivel de actividad económica y que lo transitorio es la tasa de crecimiento y el tipo de cambio real, en tanto los pronósticos apuntan a un dólar que va a fortalecerse.

En otras palabras, sostuvo tasa de crecimiento del 7% actual es coyuntural, pero que puede mantenerse el nivel de actividad económica del país en el entorno del 4% que ha sido la tasa de tendencia razonable.

Comparando la década del 90 con la actual en términos numéricos, advirtió que en la primera la reforma provisional implicó un ahorro fiscal del orden de 2 puntos de producto por año, lo cual, “le sacó piedras a la mochila”, lo cual se hace para poder avanzar más rápido, señaló. También comparativa-

Ec. Pablo Rosselli, Ec. Gabriel Oddone, Sr. Nelson Torello (Prosecretario LIDECO), Cr. Conrado Hughes

mente, apuntó que toda la vialidad que antes estaba bajo el Ministerio de Obras Públicas hoy está en la órbita de la Corporación Vial por fuera del presupuesto, lo cual incide en la contabilidad.

De ahí que, para de Haedo, las tendencias crecientes del 90 y la actual no serían comparables, siendo además que la actual tendencia creciente, presenta el problema de gastos rígidos (salarios y pasividades) que no son fáciles de corregir, y que conforman un panorama más complejo frente a un cambio de escenario externo.

Respecto al desvío entre el PBI observado y el de tendencia, estimó que, si el año pasado se estuvo en un 4% por encima de la tendencia, este año la tasa sería del 6,6% por encima de ella y quizá el año del 7%.

Advirtió que en el primer período de este gobierno se mejora el resultado fiscal gracias a un mejor nivel de actividad económica, lo cual se aprovechó para mejorar las finanzas públicas, mientras que en esta segunda mitad, el resultado fiscal se mantiene quieto, dejándose ver un componente pro cíclico.

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VYE “¿Quién tiene la culpa de la inflación?”, preguntó, aportando la comparación de datos de años móviles del IPC con respecto a cinco posibles culpables. Respondió que la culpa no la tienen ni las tarifas públicas, ni la inflación importada. Se trata de factores que en los últimos doce meses no explican la evolución del IPC. Sí hay una incidencia de las frutas y verduras y dos variables importantes: la evolución de los salarios y el gasto público, el cual está creciendo al 18% interanual, lo cual importa como señal: “eso se va a pagar de algún modo: el 18% de aumento del gasto contra un producto que crece al 5 e inflación al 5, no me cierra”.

Un tomador de precios, dijo, presume que aquí algo más de inflación va a haber, y de hecho, dijo, el año pasado hubo 3 puntos más de inflación que fueron funcionales al resultado fiscal y contribuyeron a licuar el gasto nominal en términos reales, que había subido excesivamente.

Señaló que lo mismo pasa este año, en que se esperaba una inflación del 4% y llegará al entorno del 7,5%.

Ec. Pablo Rosselli durante su exposición

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En cuanto a la evolución del tipo de cambio real, los datos del BCU muestran está bajando, tanto el global como el extra regional, y eso ha sido porque hemos tenido mayor inflación en dólares que en el resto del mundo.

“Si en los últimos doce meses hemos estado teniendo más inflación en dólares en Uruguay que la importada, se explica por qué el tipo de cambio real ha venido bajando, al igual que la competitividad”, dijo. “¿Cómo estaremos ante el shock negativo?”, preguntó de Haedo, y respondió que estaremos con un gasto público muy alto y rígido a la baja, con impuestos altos y con déficit fiscal. Además, con la deuda pública bien perfilada, y con los salarios predeterminados al alza, es decir, “con una mochila pesada”. “¿Qué márgenes de maniobra nos dará el mundo?”. Para de Haedo la relación entre el contexto externo y el desempeño interno nos plantea la duda respecto a si seguiremos el año próximo la tendencia hacia

arriba, una tendencia estabilizadora, o una tendencia negativa leve o fuerte.

El Economista planteó la inquietud respecto a que, “más tarde o más temprano en los próximos 18 ó 24 meses va a haber un shock negativo que no sabemos si nos va a dar margen para actuar con un diseño gradual o más abrupto en la corrección de la política económica”. Finalizando su alocución, señaló que, “el peso de la mochila puede aligerarse o hacerse llevadero en función de los márgenes que nos de el mundo, y los cambios en el mundo y la magnitud del shock negativo, determinarán la magnitud del diseño de las correciones a introducir en el diseño de la política económica local”.

La política económica en un marco externo más incierto: dilemas y riesgos.

El Ec. Pablo Rosselli, Director de Deloitte, planteó que los primeros años de esta administración fueron años de un contexto externo favorable que facilitó la política económica más allá de que el gobierno ha tenido aciertos: la economía crecía, los salarios se podían recuperar, la inflación no era demasiado alta, el balance externo de la economía se mantenía a niveles muy buenos. Refiriéndose al marco externo, lo señaló como favorable en el corto plazo pero planteando riesgos crecientes. La economía mundial está en una fase de crecimiento fuerte si

LIDECO / julio 2008

bien el FMI prevé una reducción moderada de la tasa de crecimiento durante el 2008 y 2009. El fuerte crecimiento de las economías asiáticas sería el factor que explicaría que el crecimiento siga sosteniéndose a pesar de la crisis de EEUU, “la cual es más severa de lo que se pensó un año atrás”, dijo.

Centrándonos en Uruguay, y respecto al comportamiento de los precios de las materias primas, se preguntó si estamos ante un auge estructural o un auge cíclico, o frente a una combinación de ambos. La visión optimista sobre el tema está asociada para Rosselli al crecimiento de las economías emergentes de Asia, que estaban teniendo un peso creciente en la economía mundial (con un peso de más del 20%). Rosselli señaló que la historia de esa hipótesis es: “Asia va a seguir creciendo a un ritmo fuerte, la demanda de alimentos va a seguir creciendo a un ritmo fuerte, y eso no deja que la oferta responda suficientemente rápido”, y de aquí el escenario probablemente persistente sea de precios elevados. “Si a esto le agregamos que la energía (petróleo) se ha

encarecido y que algunos alimentos pueden usarse para generar biocombustibles, podría conformarse una visión optimista del estilo auge estructural, precios altos, petróleo caro, alimentos altos”.

Pero en el mundo se han dado crecimientos sostenidos signados por desequilibrios macroeconómicos importantes, planteó.

Las tasas de interés en EEUU son negativas en términos reales, fueron negativas en la primera mitad de esta década durante varios años, y en la primera etapa de ajuste del contexto internacional vuelven a ser negativas. Pero advirtió que las tasas de interés en términos reales no pueden ser negativas por mucho tiempo. La última vez que se vio una tasa de interés negativa persistente fue en los años 70, señaló.

Rosselli se refirió a que en Europa las tasas de interés no son negativas en términos reales pero sí bastante bajas, y hay muchos países emergentes donde las tasas de interés son negativas o nulas en términos reales. Para el

Economista, hay abundante liquidez en el mundo, lo cual estimula el crecimiento de la economía mundial. “Debemos preguntarnos si ese crecimiento no está en parte apoyado en políticas monetarias expansivas que eventualmente se puedan revertir y también generan condiciones propicias especulativas en inmuebles y en commodities”, advirtió.

Un segundo elemento de desequilibrio planteado por Rosselli fue el exceso de gasto en EEUU, la principal economía del mundo (¼ en el PBI mundial), “que acumuló a lo largo del 2000 un déficit creciente de la cuenta corriente que empieza a corregirse en el 2007 en el marco de un dólar muy débil, y que más tarde o más temprano, se va a corregir”, afirmó, siendo que la debilidad del dólar es un factor que ayuda a que los commodities medidos en dólares sean más caros.

Planteó un tercer elemento que consideró difícil de determinar: “estamos ante una burbuja de los commodities, hay una exhuberan-

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VYE Sr. Miguel Francia (1er Vicepresidente LIDECO, Sr. José Luis Dos Santos (Vocal LIDECO), Sr. Nelson Torello (Prosecretario LIDECO), Ec. Gabriel Oddone, Dr. Camilo Martínez (Director Gerente LIDECO), Cr. Ricardo Zerbino

cia. Lo que sabemos es que en los últimos diez años tenemos aumento de los precios de los inmuebles en una gran cantidad de países desarrollados, muy por encima de lo que ha sido el aumento del PBI. En los EEUU estamos viendo hoy la repercusión en el sistema financiero de una deflación de esos activos que dejaron los créditos hipotecarios caros en relación al valor de los inmuebles, que alientan (junto a otros problemas relacionados al origen riesgoso de los créditos) un aumento de la morosidad, generan problemas en el sistema financiero y una posterior retracción del crédito”. En Inglaterra, dijo, se está observando una caída del precio de los inmuebles y algún banco con dificultades, y en España, hay recesión en el sector de la construcción, con lo cual, esta preocupación respecto a si lo que se ve en EEUU puede repetirse en alguna medida en otra economía desarrollada, para Rosselli no es una preocupación descabellada.

Puso sobre la mesa un cuarto problema: la inflación.

Señaló que ha coincidido con de Haedo en otras oportunidades en las que hubieron de preguntarse si la liquidez mundial no generaría inflación, señalando que la inflación hoy se deja ver en distintas partes del mundo. La idea de que las economías emergentes van a continuar creciendo y se van a transformar en la nueva locomotora de la economía mundial, sin considerar la incidencia de lo que sucede en EEUU, 50 pág

debe responder, dijo Rosselli, cómo se puede crecer en forma sostenida en un contexto donde también la inflación crece, pues “la inflación en alza es un síntoma de recalentamiento de la economía mundial”. Los países en general, dijo, están respondiendo a la inflación como si fuera un shock transitorio desde el lado de la oferta (suba de precios de los alimentos, de la energía). Pero señaló que si bien eso puede ser cierto para algunos países en particular, para la economía mundial los alimentos y la energía están subiendo no porque hayan bajado las ofertas sino porque la demanda está subiendo muy rápido, con lo cual este contexto inflacionario debería hacernos pensar que la economía mundial tiene que moderar su ritmo de crecimiento.

Rosselli planteó que, con esos desequilibrios, “deberíamos preguntarnos si en realidad no estamos ante la antesala de una corrección abrupta de esos desequilibrios macroeconómicos”, haciendo referencia a la segunda etapa de esta turbulencia internacional a la que antes había aludido de Haedo.

Observando la evolución de los precios de los commodities desde el año 70 hasta ahora, observó una situación muy favorable para Uruguay en los últimos dos años, pero dijo que si nos comparamos con los 70, cuando hablábamos de tasas negativas en términos reales como las que prevalecieron en EEUU

LIDECO / julio 2008

en esta década, los datos son relevantes: en los 70 los precios sufrieron una primera suba, subió el petróleo, los precios de los commodities, los bancos centrales interpretaron el hecho como recesivo e inyectaron liquidez en la economía mundial, los precios de los commodities siguieron subiendo, pero finalmente en EEUU la inflación comenzó a ser muy alta, las tasas de interés subieron abruptamente. Rosselli dijo que no deberíamos perder de vista esas similitudes: “en los 70 tuvimos toda una década de bonanza con precios muy altos de los commodities, un ajuste posterior que duró diez años que llevó a los commodities a una tendencia más sostenible en el tiempo”. Los commodities, dijo, en general tienden a bajar porque la productividad aumenta en forma sistemática, y cuando esto sucede los precios tienden a bajar. La diferencia con respecto a los años 70, anotó, es que hoy no hay tanta inflación en Europa y en EEUU, si bien hay inflación en las economías emergentes. En definitiva, “es difícil saber cuánto de estructural y cuánto de cíclico hay en los precios de los commodiities”, así como

Vista General

“cuándo va a ser el ajuste y cuán rápido va a ser, pero vale la pena recordar que los ciclos económicos en los commodities también están presentes desde hace mucho tiempo”. En ese marco, planteó que “quizá la pregunta más relevante no sea si esto es estructural o permanente sino más bien si estaremos ante un ciclo largo que todavía dure algunos años más o ante un ciclo relativamente corto como el que tuvimos en los años 70”.

Para Rosselli nuestro escenario en el corto plazo, se caracteriza por: aterrizaje suave de la economía mundial, crecimientos

del orden del 4%, incremento moderado de tasas de interés, recuperación lenta del dólar, y commodities y precios del petróleo que van a seguir siendo altos en términos reales. Todo ello con riesgos: el riesgo de que haya un freno abrupto de la economía mundial, de que las tasas tengan que subir más rápido, de que la reversión del dólar termine siendo más importante respecto a algunas monedas relevantes para el Uruguay, y de que los commodities caigan mucho. Señaló que, por el momento estamos en una buena situación, pero no debemos confiar en que el contexto internacional no nos afecta. “Precios de exportación

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VYE creciendo exponencialmente, precios agrícolas muy elevados, los precios de la carne y los lácteos en niveles impensables hace uno o dos años atrás, con lo cual, desde el lado exportador estamos ante buenas perspectivas para el 2008 y 2009 en cuanto al crecimiento de la demanda externa de nuestras exportaciones”.

Con respecto a la demanda interna, dijo, los indicadores apuntan a que va a seguir expandiéndose: “los salarios van a seguir creciendo, estamos con un muy bajo nivel de desempleo que alienta la confianza de los consumidores, el crédito a las familias comienza a recuperarse, y el gasto público y la política fiscal adquiere un tono expansivo pro cíclico, pues supone aumento de remuneraciones, de previsión social, de inversiones”. Este año entonces se observaría un crecimiento de la demanda del orden

Vista General

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del 7,5 y 8% del producto, siendo que la cifra esperada para el 2009 puede ser más moderada.

Rosselli se preguntó cómo debemos evaluar esos crecimientos tan fuertes, y dijo que “probablemente el Uruguay va a crecer más que lo que creció en el pasado”, donde la tasa en los últimos 30 fue del 2% anual. Dijo que el país ha hecho muchas cosas para revertir eso: se abrió la economía, los mercados agropecuarios funcionan con mucho más libertad y más eficientemente, se ha incorporado inversión privada en la infraestructura logística portuaria, se ha avanzado en la liberalización de las telecomunicaciones, tenemos políticas macroeconómicas notoriamente mejores que en décadas anteriores, la inflación es razonablemente baja con resultados fiscales manejables. En función

de ello, planteó que la economía debe poder sostener una tasa de crecimiento del orden del 4 ó 5%, pero no del 7 u 8% como estamos viendo ahora.

“Con ese marco, ¿cuáles son los desafíos que tiene la política económica, cuáles los dilemas, cuáles los riesgos?” se preguntó.

Señaló que la inflación está siendo un problema, y que si llegara al entorno del 10%, sería preocupante por los efectos de mayor indexación en la economía que supondría tener que ajustar los salarios y las pasividades cada seis meses. Dijo que el gobierno ha anunciado niveles de inflación que han estado por debajo de la realidad observada. Dijo que hoy la inflación está siendo alta (por encima del 8%), lo cual a su criterio obedece en parte a la inflación internacional. Descomponiendo ese 8% de inflación, Rosselli señaló la incidencia de dos

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elementos de igual peso: la de los alimentos transables internacionalmente, esto es, que forman su precio doméstico con base en una referencia internacional (explican más de 3 puntos del IPC) y la suba de los precios no transables. A su juicio, la inflación no obedece sólo al tema de la energía y los alimentos, sino a una combinación de una expansión de la demanda interna y un problema de incremento de los precios internacionales de los alimentos. Con respecto a los precios de la energía, si bien han aumentado, dijo, el gobierno ha tomado la decisión de no trasladarlos completamente a los precios. “Esto nos habla de dos fuentes de inflación, sobre una de las cuales el gobierno tiene poco para hacer, y otra sobre la cual tiene mucho para hacer. Los otros transables que no tienen que ver con alimentos o con commodities agropecuarios en los hechos no contribuyeron con la inflación, porque ahí es donde se ve el efecto de la caída del tipo de cambio”, señaló Rosselli: la caída del 10% del tipo de cambio compensó enteramente la inflación internacional en esos bienes que no son materia prima agropecuaria.

Para Rosselli, con ese diagnóstico de la inflación, la política monetaria debería hacerse más contractiva si el gobierno quiere llevar la inflación al rango objetivo.

En ese punto el gobierno enfrenta un dilema: o se contiene la inflación, o de deja caer el tipo de cambio.

“Lo cierto es que las expectativas de los agentes están crecientemente desalineadas de los anuncios del gobierno”. Las expectativas de los agentes de cara a los próximos 18 meses, con respecto a la inflación, prevén que caiga por encima del rango meta. “En un contexto donde tenemos una inflación fuerte siendo uno de sus componentes la demanda interna, podríamos tener una política fiscal y salarial que ayudara a la política monetaria a contener la presión inflacionaria de demanda interna”, dijo. Allí el gobierno enfrenta otro dilema: tiene que cuidar la inflación a la vez que recuperar el salario, y recomponer el gasto en áreas que el gobierno considera prioritarias. Lo cierto es que la política fiscal y salarial, dijo Rosselli, no van a estar ayudando a la política monetaria: el gobierno decidió bajar su meta de resultado primario a 7% del producto, los salarios van a seguir creciendo en torno del 4% en términos reales, con lo cual en el combate a la inflación, “la política monetaria se estaría quedando sola”. Para el Economista, para frenar la inflación el gobierno puede

Walter Garrido, Ec. Bernardo Quesada

contener las tarifas, pero acotó que el espacio fiscal para esa acción se ha venido reduciendo notoriamente:“en los últimos 12 meses el resultado primario está en el entorno del 2,4% del PBI. Hay algunos gastos extraordinarios en diciembre del 2007 que no tienen por qué repetirse, pero lo cierto es que es difícil cumplir la meta del 3% de superávit primario, porque el resultado primario de UTE y ANCAP cayó fuertemente en los últimos meses”. Con esos dilemas y restricciones parece inevitable la apreciación de la moneda, lo cual marca un nuevo dilema para el gobierno: cuidar la competitividad o perseguir los objetivos de recomponer el gasto y la recuperación salarial.

El gobierno ha pretendido evitar la caída del tipo de cambio comprando divisas, dijo, y comentó que existe un debate respecto a la eficacia de ese punto.

Más allá de ello, señaló que “en los últimos 12 meses el BCU le compró al mercado y al gobierno US$1.400.000, pero la persistencia del flujo exportador es tan fuerte que esta política parece muy poco eficaz y tiene un costo fiscal significativo: las tasas de interés en pesos han subido y las tasas de interés en dólares han bajado”. Con respecto a la competitivi-

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VYE dad, advirtió que está bajando, pero es relativamente adecuada en relación a los precios de exportación del país.

Considerando los últimos 30 años vamos a estar por debajo de la media histórica con respecto a EEUU, hoy estamos en torno de la media histórica con Europa, con Brasil, estamos mal con Argentina desde el punto de vista macro, pero estamos mejor que en los 90 con respecto a México, a China, Nueva Zelanda y Australia. “Estamos en un nivel de competitividad razonablemente adecuado si tenemos en cuenta que los precios de exportación son altos y permiten a les empresas tener costos en dólares más altos. Pero ciertamente la trayectoria es a la baja en todos los mercados, y esa trayectoria nos pauta un riesgo creciente de desalineamiento cambiario en relación con EEUU”, de acuerdo a lo estimado por Deloitte.

El otro elemento señalado como relevante en materia de decisiones de política fiscal fue el de incrementar el gasto público, que supuso una reducción de la meta de superávit primario hasta 3% del producto. El hecho de que no se traspase a precio el aumento de los costos en energía hace que cumplir esa meta de superávit primario sea difícil de alcanzar. Rosselli dijo coincidiendo con de Haedo que, si corregimos el resultado primario del gobierno con los factores cíclicos, “estaríamos ante un superávit primario estructural del 1% del producto, lo cual es un resultado bajo para enfrentar un shock externo negativo”.

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Exposición del Ec. Gabriel Oddone

Para Rosselli la conclusión es que el gobierno tiene pocos instrumentos y tiene una gran cantidad de objetivos para balancear siendo la inflación uno de los objetivos que está quedando relegado (pues probablemente sea mayor al 7% en los dos años) en función de los objetivos de expansión del gasto, aumento de salarios y cuidar algo el tipo de cambio. El superávit primario va a ser probablemente menos del 3% del producto, y la competitividad contra EEUU en particular se va a encontrar en niveles muy bajos, y en alguna medida, según Rosselli, la política monetaria se hará más contractiva para controlar la inflación.

Temas para la agenda económica del próximo gobierno

El Ec. Gabriel Oddone, socio de CPA, valoró la discusión respecto a si lo que se observa es permanente o transitorio, y en tal sentido, coincidió con

Rosselli en su apreciación de que estamos ante un ciclo largo. Dijo que probablemente desde finales del siglo XIX no acontece algo parecido a lo que sucede hoy con el mercado de productos primarios: el incremento en un período corto de tiempo de la demanda por alimentos, la cual hoy se explica por el pasaje a la economía de mercado de cientos de millones de personas. En tanto fenómeno extraordinario, señaló como natural que existan desequilibrios sobre los mercados internacionales, siendo que la economía está buscando un nuevo equilibrio, en un contexto de incertidumbre alta con respecto al futuro, dados los desbalances globales que la economía de EEUU arrastra desde hace 6 o 7 años. “Lo que me atrevo a decir es que el escenario en el que nosotros estamos trabajando es un escenario en el cual la demanda por productos alimenticios tiene bastante de genuina y por lo tanto los precios de exportación que el Uruguay está disfrutando hoy tienen bastante de permanente más allá de que hay claramente un componente especulativo dentro de ellos. Eso nos deja por delante un escenario de precios relativamente bueno para los próximos

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Vista General

años. Los problemas que tiene que resolver EEUU son lo suficientemente importantes como para que el dólar permanezca débil en los próximos años, lo cual no quiere decir que el dólar va a languidecer como moneda ni que va a ser sustituido por otra moneda. A largo plazo lo único que importa para determinar la riqueza de las naciones es la inversión en progreso técnico y en mejoras de productividad, y EEUU sigue siendo un país que lleva la delantera en ese sentido”.

A partir del contexto observado, dijo, sabemos todos que vamos a atravesar alguna turbulencia y un escenario más adverso: no sabemos ni cuándo ni de qué manera, pero estimó que muy probablemente será de una naturaleza distinta a la de las crisis más recientes, lo cual dependerá mucho de cómo impacte esto en la región, particularmente en Brasil en tanto país expuesto al ciclo de EEUU y expuesto al tema de los commodities.

Señaló que esos choques son gestionados por instituciones económicas débiles que postergan los ajustes necesarios y que no anticipan adecuadamente los ajustes que deben ser introducidos, siendo que todo ello redunda en que cada parte busca verse lo menos afectado posible por el choque, buscando protecciones que el gobierno de turno tiene que gestionar.

En muchos casos, señaló, esos choques se han visto amplificados por una gestión macroeconómica relativamente ineficaz, lo que termina por afectar la tasa de crecimiento: “países que tienen una tasa de fluctuaciones macroeconómicas muy fuerte hacen que la gente sea muy cortoplacista, no tenga horizontes de decisiones muy prolongado, no sepan calcular la rentabilidad a mediano plazo, con lo cual una buena cantidad de los negocios pueden tener una naturaleza de tipo especulativo”.

Yendo al objeto de su presentación, planteó que el desafío del próximo gobierno por cuatro puntos: por fortalecer el régimen macroeconómico, por discutir qué hacer con inserción externa, por trabajar sobre la sostenibilidad del crecimiento, y por garantizar a largo plazo la cohesión social.

En términos del fortalecimiento del régimen macroeconómico, señaló que en los últimos 30 o 40 años se observa que Uruguay es un país que además de crecer poco, fluctúa mucho, más que Argentina. ¿Las razones de ello? Que es una economía pequeña, muy abierta, que es propensa a recibir choques externos.

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VYE Señaló que se ha mejorado mucho al respecto habiéndose logrado mantener la inflación a un nivel razonable. Este gobierno, dijo, claramente ha profesionalizado el manejo de la deuda pública, no obstante lo cual, apreció, se requieren cosas adicionales. Por un lado, dijo, tenemos que encontrar una nueva manera de transmitir señales de precio: “la pregunta que todos se hacen es a cuánto estará el tipo de cambio a fin de año”. El componente tendencial de la inflación sistemáticamente está por encima de las metas de inflación desde diciembre de 2006, señaló, lo cual señaló como un problema a corregir.

Señaló como dificultad que no hay en Uruguay Economistas a los que se pueda apelar, que hayan

manejado contextos de política monetaria como el que hoy se está manejando, por lo cual “estamos aprendiendo todos en ello”. Pero señaló que es preciso fortalecer la delimitación de los roles de las autoridades económicas, y aclarar quién es responsable de qué, cuáles son las competencias de cada una de las partes. Eso supone clarificar reglas de procesos de toma de decisiones, formalizar procesos en la toma de decisiones, cosas que hoy están contenidas en el proyecto de ley que el parlamento tiene a su disposición en materia de nueva carta orgánica del BCU. También supone mejorar los canales de comunicación y los canales de transparencia y rendición de cuentas que las autoridades económicas, en

particular las monetarias, realizan, respecto a qué objetivos están persiguiendo, de qué manera y por qué están errando en la consecución de esos objetivos”. Para Oddone todos esos son temas centrales que deben ser resueltos si no en este período de gobierno, en el siguiente, como forma de complementar los esfuerzos que en materia de mejora del régimen macroeconómico han sido hechos a lo largo fundamentalmente de la década del 90.

Con respecto a la prociclicidad de la política fiscal, dijo que no necesariamente un ciclo económico está inversamente relacionado con el impulso o la contracción de la política. Señaló que en algunos casos se observa que el impulso es negativo cuando la economía

Sr. José Luis Dos Santos (Vocal LIDECO), Sr. Nelson Torello (Prosecretario LIDECO), Sr. Raúl Batlle (Vocal LIDECO), Ec. Gabriel Oddone

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Vista General

atraviesa además una recesión. Pero además, en nuestro país, en los períodos electorales, a excepción del último, la política fiscal claramente se ubicó en términos expansivos. Tenemos para Oddone un doble problema en cuanto a la política fiscal: no es contra cíclica como debería ser, tampoco es neutral al ciclo, sino que es pro cíclica: “inyectamos energía cuando la economía va bien y detraemos cuando va mal, con lo cual la función estabilizadota de la política fiscal no tiene lugar”. Para atacar este punto, señaló que así como en los años 90 se diseñó una estrategia de anclas cambiarias entre otras cosas para restringir los márgenes de maniobra de los gobiernos de turno y no monetizar todo el déficit, Oddone entiende deberíamos tener en la agenda la discusión de una regla fiscal para restringir los márgenes de discrecionalidad en el manejo fiscal y alinearlo a un manejo más consistente con la función estabilizadora de la política fiscal en términos macroeconómicos.

deberíamos esperar en términos de lo que es la teoría de la integración comercial, donde los países pequeños son los favorecidos y los países grandes velan por la estabilidad y construyen cohesión adentro de la unión que se está construyendo. Hay razones de fondo, dijo, que explican que ello no haya ocurrido, y que para Oddone tienen que ver con las asimetrías que están planteadas en el Mercosur porque “es difícil establecer quién es el grande y quién es el rico: Brasil es grande, pero es bastante más pobre que nosotros”. “Hay un problema de asimetrías que no va a ser fácilmente resuelto en los próximos años”. En este marco, señaló que los caminos posibles son dos: apostar a más Mercosur en términos de lo que tenemos ahora, ó apostar a menos Mercosur, lo cual

Respecto a la inserción externa, señaló que el Mercosur sigue siendo relevante, pero ha perdido fuerza.

“Hay una especie de consenso en la economía uruguaya respecto a que el grado de apertura es positivo: la discusión planteada refiere a cómo nos abrimos, si con más Mercosur, o a través de saltearnos el Mercosur”. Señaló que en el período 1993 a 2007, el saldo comercial de los países chicos con el conjunto del Mercosur es negativo: lo inverso de lo que

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VYE Ec. Pablo Rosselli, Sr. José Luis Dos Santos (Vocal LIDECO), Ec. Gabriel Oddone, Sr. Nelson Torello (Prosecretario LIDECO)

tiene dos alternativas, la de decidir abrirnos abruptamente o intentar un Mercosur con acuerdos, buscando una flexibilidad negociada. Señaló que los agentes económicos que toman decisiones deberían conocer cuál es la estrategia que se está abordando.

En cuanto a contribuir a la sostenibilidad del crecimiento, señaló que para lograrlo se requiere gestionar mejor, pues choques externos vamos a seguir teniendo, seguiremos siendo una economía pequeña y abierta al mundo, etc. Oddone enfatizó la necesidad de aumentar la cantidad y calidad de la inversión en capital físico y en capital humano, tema en el que se abre una discusión importante. Señaló que la inversión externa en nuestro país es importante, a pesar de lo cual la tasa de inversión sigue 58 pág

siendo baja: no supera el 16%l. Es necesario hacer más sostenible el crecimiento en inversión y para eso, dijo, se requiere mejorar el clima de negocios, mejorar el acceso al financiamiento, etc.

S e ñ a l ó e sp e ci a l m e n t e q u e “tenemos un problema enorme con el capital humano”, lo cual, recordó Oddone, ya había sido planteado por él en conferencias anteriores en LIDECO: “todos nos creemos que somos un país de gente educada, pero educada para un mundo que no existe más. El stock de conocimiento acumulado en esta sociedad es insuficiente, no tenemos la dotación de recursos en cantidad adecuada para enfrentar los desafíos del mundo, entre otras cosas porque el proceso migratorio es fuerte, pero también

porque no estamos generando en cantidad y en calidad los recursos del sistema educativo, en particular del universitario. Hay varios indicadores que muestran que el Uruguay diverge, en términos del capital humano, con países que son competidores. En eso tenemos que hacer un esfuerzo”.

También señaló la necesidad de mejorar la infraestructura y planteó el problema energético del país, destacando que en el pico de demanda del invierno pasado se usó el 94% de la capacidad de generación eléctrica hidráulica del país, por lo que nuestro margen de maniobra es escasísimo y dependemos de la importación, así como de la generación térmica “que es extremadamente cara. Temas que hay que atacar con más vigor”, afirmó.

VYE

Vista General

“Tenemos una insuficiente conexión entre el ahorro de largo plazo y la inversión de largo plazo: no tenemos un mercado de capitales que funcione, y no hay ninguna razón de naturaleza macroeconómica que explique por qué este país tiene un mercado de capitales tan subdesarrollado”, sino “razones específicas del mercado de valores que deben ser acometidas con una reforma, mejores leyes y mejores jugadores dentro del sistema, y eso es parte de una reforma que está pendiente”.

También señaló la necesidad de mejorar el sistema judicial por la extrema lentitud de los trámites para resolver conflictos de naturaleza comercial y mercantil, tema que no debería ser descuidado a la hora de pensar en mejorar el clima de negocios.

Por último, dijo que garantizar la cohesión social es parte de los temas pendientes en la agenda. Uruguay ha iniciado un lento proceso de disminución de la pobreza pero, advirtió que algunos estudios muestran que aún con tasas de crecimiento del 4% estaríamos dentro de 10 años en niveles de pobreza del 10 o 12%, lo que es un problema para una sociedad que no ha estado acostumbrada a gestionar adecuadamente este tema.

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Parte del problema es cómo focalizamos la política: este país, dijo, tiene definidos una infinidad de mecanismos de transferencia de recursos desde la gente activa a los pasivos, y en ese marco, señaló que debemos ser conscientes de que la población adulta mayor no requiere más protección de la que tiene.

“Donde tenemos un problema enorme es en que el Uruguay tiene por cada adulto mayor pobre, casi 7 niños pobres. Y ahí tenemos una bomba de tiempo, ahí hay que focalizar políticas y ahí hay que transferir recursos”, enfatizó. Oddone cerró su exposición refiriendo a que este gobierno, a través del MIDES, ha intentado coordinar las políticas y esfuerzos que ya se hacían en el Uruguay en materia de gasto público aplicado al gasto social. “Está por verse todavía, si ese Ministerio de Desarrollo Social es exitoso en lograr una mayor eficacia, y si es posible, una mayor eficiencia en la promoción del gasto social. Este es un tema que si Uruguay no lo ataca con políticas claras, contundentes, incluso moviendo el gasto público deliberadamente en esa dirección, el Uruguay va a tener un problema de convivencia por un lado, y también en términos de clima de negocios”.-

SEPARATA

PROCESOS LABORALES AUTÓNOMOS: ANTEPROYECTO DE LEY Anteproyecto de Ley Procesos Laborales autónomos CAPITULO I: Principios Artículo 1.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales. El tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.

CAPITULO II: Competencia Artículo 2. Los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.

CAPITULO III: Audiencia de conciliación previa Artículo 3. Conciliación previa.

Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales del Trabajo o Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al 62 pág

domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones.

En las ciudades, pueblos o villas en las que no existan Agencias Zonales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el reclamante quedará relevado de tentar la conciliación administrativa. En los procesos de menor cuantía tampoco será necesario cumplir con este requisito.

Artículo 4. Contenido del acta.

Los rubros reclamados deberán constar en la citación y en el acta labrada en la audiencia de conciliación. Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso.

Artículo 5. Domicilio. El domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa, se tendrá como válido para el proceso, siempre que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva.

Artículo 6. Solicitud de constancia. Si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los

treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda.

CAPITULO IV: Proceso laboral ordinario Artículo 7. Ámbito de aplicación.

Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley.

Artículo 8. Demanda. La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

Artículo 9. Traslado, convocatoria a audiencia unica y contestación de la demanda. Interpuesta la demanda en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. El demandado

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contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

Artículo 10. Reconvención, citación y noticia de terceros. En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros.

Artículo 11. Traslado de las excepciones. De las excepciones opuestas se dará traslado al actor por el plazo de tres días hábiles.

Vencido el plazo o contestado el traslado, se dictará resolución, si correspondiere.

Artículo 12. resolución sobre las excepciones. Todas las excepciones serán resueltas en la sentencia definitiva, salvo la de incompetencia por razón de territorio o de cuantía. En este caso la sentencia se dictará en plazo de seis días y admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en plazo de tres días y sustanciarse con un traslado a la contraparte por igual término.

Artículo 13. Diligenciamiento de la prueba. Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el escrito de contestación de demanda o de

traslado de las excepciones al actor, el tribunal fijará el objeto del proceso y de la prueba, se pronunciará sobre los medios probatorios y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su producción en la audiencia única. En caso de allanamiento total a la pretensión o cuando no se hubiera contestado la demanda en tiempo, el tribunal fijará fecha para el dictado de la sentencia definitiva.

Artículo 14. Audiencia única. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del tribunal exista un motivo justificado que habilite la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el tribunal dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia.

Iniciada la audiencia, se cumplirán las siguientes actividades: 1. Las partes ratificarán el contenido de la demanda y de la contestación, y podrán aclarar sus extremos, si a juicio del tribunal resultaren oscuros o imprecisos.

2. El tribunal ordenará el pago de los rubros o montos no controvertidos con las condenas accesorias preceptivas y los recargos, reajustes e intereses que correspondan, y tentará la conciliación en lo demás.

Esta resolución será apelable sin efecto suspensivo y constituirá título de ejecución.

3. El diligenciamiento de toda la prueba pendiente que el tribunal estime necesaria. 4. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia, así como la que fija el objeto del proceso y de la prueba y provee sobre los medios probatorios admitirán recursos de reposición y apelación con efecto diferido, los que deberán proponerse y anunciarse, respectivamente, en la propia audiencia. 5. Las partes podrán formular sus alegatos de bien probado en la audiencia o reservarse hacerlo por escrito dentro del plazo que fije el tribunal, que no podrá exceder de diez días corridos.

En tal caso, el término para dictar sentencia definitiva quedará reducido en el mismo número de días dispuestos para alegar por escrito.

Artículo 15. Sentencia definitiva. El tribunal podrá dictar sentencia definitiva en la audiencia única o dentro de los veinte días siguientes a la misma, a cuyos efectos fijará fecha, sin necesidad de realizar otra convocatoria. En los procesos regulados por esta ley, las senten-

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SEP cias que condenen al pago de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán establecer el monto líquido de los mismos, incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos que correspondieren.

Artículo 16. Actualización monetaria e interés legal. En los procesos regulados por esta ley, el monto líquido del crédito reconocido por sentencia generará un interés del seis por ciento anual contado desde la fecha de su exigibilidad, además de la actualización monetaria prevista en el decreto ley 14.500 de 8 de marzo de 1974 y de los daños y perjuicios establecidos por el artículo 4 de la ley 10.449 de 12 de noviembre de 1943.

Artículo 17. Apelación y segunda instancia. El plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia será de cinco días perentorios e improrrogables contados desde la fecha de dictada. Si la sentencia se dictare en audiencia, el recurso deberá ser anunciado en la misma audiencia disponiendo de cinco días perentorios e improrrogables para expresar y fundar por escrito los agravios. Si la sentencia se dictare fuera de audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado en el que se expresarán los agravios y sus fundamentos. Si la sentencia fuera de condena, el apelante deberá depositar el cincuenta por ciento del monto a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. En caso de no cumplirse con este requisito, la apelación será rechazada sin más trámite y se tendrá por desistido al apelante.

Del recurso de apelación se dará traslado a la contraparte por el 64 pág

término de cinco días perentorios e improrrogables. Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo, se elevará el expediente ante el Tribunal que corresponda en un plazo no mayor a los cinco días hábiles. El superior dictará sentencia dentro de los treinta días contados desde que los autos hayan ingresado al tribunal; en caso de discordia dicho plazo se extenderá proporcionalmente.

Recibidos los autos por el Tribunal, en plazo de cuarenta y ocho horas se señalará la fecha del acuerdo dejándose constancia y serán pasados a estudio simultáneo durante siete días corridos.

Finalizado el estudio, se considerará en el acuerdo y acordada sentencia, será dictada en plazo de diez días. En caso de discordia, en el mismo acuerdo se sorteará la integración y reunidos los votos necesarios, se dictará sentencia en el mismo plazo.

Artículo 18. Otros recursos. Las resoluciones que resuelvan los incidentes serán apelables con efecto diferido en la forma prevista en el párrafo final de este artículo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 numeral 4 de la presente ley, contra todas las demás providencias que se dicten durante el proceso no se admitirá otro recurso que el de reposición.

Este recurso deberá interponerse en audiencia si la resolución se dicta en la misma, o dentro de los tres días si la resolución se dictara fuera de audiencia.

El recurso de reposición interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada fuera de la audiencia se sustanciará con un traslado de tres días.

CAPITULO V: Proceso de menor cuantía Artículo 19. Ámbito de aplicación.

Los asuntos cuyo monto total no supere la suma de $ 81.000, que será actualizada anualmente por la Suprema Corte de Justicia, se sustanciarán en instancia única, por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Articulo 20. Demanda. La demanda se deducirá por escrito en la forma prevista en el artículo 8 de esta ley.

Artículo 21. Traslado de la demanda y convocatoria a Audiencia única. Interpuesta la demanda y dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida, el tribunal proveerá: 1.

Ordenando el traslado y emplazamiento del demandado, previniéndolo que deberá concurrir a la audiencia única munido de toda la prueba que pretenda ofrecer. 2.

Convocando a las partes a la audiencia única en un plazo no mayor a los diez días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. 3. Examinando los medios probatorios ofrecidos por el actor y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todos los mecanismos necesarios para que ello se agote en la audiencia única.

Artículo 22. Audiencia única. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista motivo justificado que habilite la comparecencia por representante.

La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda. En la

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audiencia se cumplirán las siguientes actividades. 1. El demandado contestará la demanda y podrá oponer excepciones. En ningún caso, podrá reconvenir o solicitar el emplazamiento de terceros. 2. De las excepciones se dará traslado al actor quien deberá contestar en la audiencia y todas serán resueltas en la sentencia definitiva. 3. El tribunal tentará la conciliación y en caso de no prosperar, fijará el objeto del proceso y de la prueba y acorde con ello la recibirá. 4.

Oirá los alegatos de ambas partes y dictará sentencia en la misma audiencia o dentro del plazo de seis días a cuyos efectos fijará fecha sin necesidad de realizar otra convocatoria.

Artículo 23. Recursos. Las resoluciones dictadas en el curso del proceso solo admitirán el recurso de reposición.

CAPITULO VI: Disposiciones generales Artículo 24. Representación judicial. Con la sola presentación de la demanda el letrado firmante quedará investido de la representación judicial del trabajador con las más amplias facultades de disposición, salvo la cesión de créditos. En todo momento podrá dejar sin efecto o sustituir esta representación judicial.

Artículo 28. Gratuidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, todas las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas para la parte trabajadora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios o certificados de partidas y sus legalizaciones.

Artículo 29. Multa. La omisión de pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 20% sobre el monto del crédito adeudado.

Artículo 30. Interpretación. Las normas procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo 1 de la presente ley y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad ( artículos 72 y 332 de la Constitución).

Artículo 31. Integración. Todo lo que no esté previsto en al presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto en los artículos 1 y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo.

Artículo 32. Disposición transitoria. La presente ley se aplicará a las reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia, aun cuando se hubiesen promovido procesos preliminares con anterioridad.

Artículo 25. Notificaciones. Con excepción del auto que ordena el traslado de la demanda, emplazamiento y la convocatoria a la audiencia única, que será notificado personalmente en el domicilio del demandado, todas las demás providencias se notificarán en la oficina, en los términos del primer párrafo del artículo 86 del Código General del Proceso.

Artículo 26. Plazos. Todos los plazos previstos en la presente ley son perentorios e improrrogables.

Artículo 27. Ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia se llevará a cabo en los Juzgados especializados que hayan conocido en el proceso de conocimiento.

En caso de concurso, quiebra, liquidación judicial o concordato del demandado, los acreedores laborales no están obligados a aguardar sus resultas para ejercitar las acciones correspondientes a la ejecución de la sentencia. La distribución de los dineros que pudieran existir entre todos los acreedores laborales con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se realizará en el Juzgado laboral que primero haya asumido competencia.

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SEP

PROYECTO DE LEY SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Proyecto de ley sobre el sistema de negociación colectiva CAPÍTULO I: Principios y derechos fundamentales del sistema de negociación colectiva Artículo 1º. Principios y derechos.

El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacionalmente reconocidos.

Artículo 2º. Derecho de negociación colectiva. En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.

Artículo 3º. Promoción y garantía.

El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.

Artículo 4º. Deber de negociar de buena fe. En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus 66 pág

negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones.

En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación. Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva.

Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva.

Artículo 5º. Comunicación y consulta. La comunicación y consultas entre las partes deberá tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida. Tal comunicación y consultas deberán tener como objetivo, en particular: a. Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la

mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo; b. Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como: i. la preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses; ii. la creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales; y iii. la elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6º. Formación para la negociación. Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten. El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación

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podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

CAPÍTULO II: Consejo superior tripartito Artículo 7º. Creación del Consejo Superior Tripartito. Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno.

Artículo 8º. Integración. El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores, y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte.

Artículo 9º. Funcionamiento. El Consejo Superior Tripartito podrá

ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o a propuesta de cualquiera de las partes, en cuyo caso será preceptiva. Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del cincuenta por ciento de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el cincuenta por ciento de los integrantes del Consejo.

Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 10. Competencias. Serán competencias del Consejo Superior Tripartito: a. Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

b. Efectuar la clasificación de los grupos de tripartita negociaciónpor rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito. c. Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita; d. Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita; e. Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

CAPÍTULO III: Negociación colectiva por sector de actividad Artículo 11. Consejos de Salarios.

La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre

METALÚRGICA LOTH LTDA.

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SEP de 1943, o por negociación colectiva bipartita.

Artículo 12. Competencia.

Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto: "Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registrados y publicados por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición.

No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector".

Artículo 13. Designación de delegados. Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto: "El Consejo Superior Tripartito 68 pág

efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes. El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente. El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.

En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que éste proponga".

CAPÍTULO IV: Negociación colectiva bipartita Artículo 14. Sujetos. Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos, un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra.

Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y

número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior.

Artículo 15. Niveles y articulación. Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento, o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo.

Artículo 16. Efectos del convenio colectivo. Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17. Vigencia. La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que en dicho instrumento se hubiese acordado lo contrario.

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CAPÍTULO V: Prevención y solución de conflictos Artículo 18. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 19. Procedimientos autónomos. Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 20. Mediación y conciliación voluntaria. Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y sí así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943). Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, éste deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes

involucradas. Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes.

Artículo 21. Ocupación de los lugares de trabajo. La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo deberá realizarse en forma pacífica: a. Inmediatamente de producida la ocupación se deberá dejar constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles. b. La organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes, deberá adoptar las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata, en caso de producirse, los actos de violencia. c. Deberán adoptarse medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación o la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa. d. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal precedente, los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país.

Artículo 22. Mantenimiento de las instancias de negociación y mediación. La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo no suspende ni interrumpe las instancias de negociación, conciliación o mediación en curso, o que se constituyan con posterioridad de producirse dicha medida sindical.

Artículo 23. Facultades. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, actuando conjuntamente, tendrán la facultad de intimar con un plazo perentorio de 24 horas; bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada.

Transcurrido el plazo previsto, sin que se haya producido la desocupación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo de los ocupantes. Procede esta facultad cuando, fracasados los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos, la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare seriamente el orden público o el interés general.

Artículo 24. Notificaciones. La notificación de la intimación administrativa se realizará en la persona de la organización representativa de los trabajadores y por cedulón genérico fijado en la puerta del establecimiento ocupado. En todo caso, deberá ser notificado el respectivo Consejo de Salarios en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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SEP

LEY Nº 18.251 RESPONSABILIDAD LABORAL EN LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN EMPRESARIAL Artículo 1º. A los efectos de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007: A) (Subcontratista). Existe subcontratación cuando un empleador, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona física o jurídica, denominada patrono o empresa principal, cuando dichas obras o servicios se encuentren integrados en la organización de éstos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del e st a b l e ci m i e n t o , principal o accesoria (mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia), ya sea que se cumplan dentro o fuera del mismo.

B) (Intermediario). Intermediario es el empresario que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que presten servicios a un tercero. No entrega directamente los servicios u obras al público, sino a otro patrono o empresario principal.

C) (Empresa suministradora de mano de obra). Agencia de empleo privada o empresa suministradora de mano de obra es la que presta servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica (empresa usuaria), que determine sus tareas y supervise su ejecución.

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Artículo 2º. (Exclusiones).- En los casos previstos en los literales A) y B) del artículo 1º de la presente ley, no están comprendidas las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera ocasional. El concepto de obra o servicio ocasional no incluye el trabajo zafral o de temporada el que será regido por las normas generales.

Artículo 3º. (Servicios de distribución).- El proceso de distribución de productos se rige por los artículos 1º a 7º inclusive del Decreto-Ley Nº 14.625, de 4 de enero de 1977.

Artículo 4º. (Información sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social).Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a la protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores.

A esos efectos, queda facultado a exigir a la empresa contratada la exhibición de los siguientes documentos:

A) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990).

C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable.

Asimismo, podrá requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar los controles que estime pertinentes.

Artículo 5º. (Retención de los pagos).- Cuando el subcontratista, el intermediario o la empresa suministradora no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, el patrono o empresario principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto corres-

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pondiente. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas.

Quien ejerza dicha facultad estará obligado a pagar con ella al trabajador, a la entidad previsional acreedora y al Banco de Seguros del Estado.

En todo caso, el patrono o empresario podrá pagar por subrogación al trabajador, a la entidad previsional acreedora o al Banco de Seguros del Estado.

de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.

Artículo 6º. (Responsabilidad del patrono o empresa principal).Cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informado establecido en el artículo 4º de la presente ley, responderá subsidiariamente de las obligaciones referidas en el artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí establecida y el alcance definido en el artículo 7º de la presente ley.

Cuando no ejerza dicha facultad será solidariamente responsable del cumplimiento de estas obligaciones.

Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.

Artículo 7º. (Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos

Artículo 8º. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, por el siguiente: “La responsabilidad queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, por el personal comprendido en cualquiera de las modalidades de

contratación referidas. Cuando se trate de obligaciones que se determinen en función de períodos mayores al de la subcontratación, intermediación o suministro, la cuantía máxima por la que responderá el patrono o el empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo”.

Artículo 9º. (Información).- A los efectos del deber de información establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, el empleador deberá dejar constancia de que, en forma previa al inicio de la actividad laboral, ha informado al trabajador de las condiciones de empleo, el salario y, en su caso, la institución, la empresa o titular de la misma para la cual presta servicios.

En oportunidad de abonar la remuneración, el empleador entregará al trabajador un detalle escrito de la información referida.

Artículo 10°.(Emplazamiento en juicio).- En los procesos en los que se invoquen las responsabilidades emergentes de los artículos 6º y 7º de la presente ley, deberán ser emplazadas conjuntamente todas las personas contra las cuales se pretenda exigir el cumplimiento de tales obligaciones.

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SUMAMOS PROFESIONALES!

Cr. Juan Ignatov. Dra. Gabriela Pierotti, Dr. Nicolás Antúnez, Lic. Diego Acosta

A comienzos de este año, cuatro de nuestros funcionarios recibieron sus títulos universitarios luego de cumplir con los requisitos académicos correspondientes, y por ende, luego de un gran esfuerzo de dedicación y estudio que ha sido matizado con largas horas de trabajo dedicadas a nuestra Institución. LIDECO toda, y su Consejo Directivo, celebraron los logros de estos cuatro compañeros

de ruta que, sellan así una recompensa bien merecida.

Con algunos más, con otros menos, hemos recorrido mucho camino y atravesado importantes instancias en nuestro andar como Institución, donde hemos ido aprendiendo a conocernos y valorarnos cada uno con su horizonte de talentos y virtudes.

Vayan nuestras felicitaciones

En la sesión del Consejo Directivo: Dra. Gabriela Pierotti, Cr. Juan Ignatov, Sr. Miguel Francia (1er Vicepresidente LIDECO), Sr. Víctor H. Abzaradel (Presidente LIDECO)

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entonces a la Dra. Gabriela Pierotti, al Dr. Nicolás Antúnez, al Cr. Juan Ignatov, y al Lic. en Comunicación Diego Acosta.

Para ellos, los mejores augurios para que puedan desplegar su capacidad y potencial, de la manera más fructificante, para su desarrollo profesional y como personas.-

En la sesión del Consejo Directivo: Sr. Víctor H. Abzaradel (Presidente LIDECO), Dra. Matilde Carrau (Secretaria LIDECO), Dr. Nicolás Antúnez, Lic. Diego Acosta, Dr. Camilo Martínez (Director Gerente)

LIGA DE DEFENSA COMERCIAL · EDICIÓN 145 · JULIO 2008