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EDICIÓN NO. 163 | JULIO 2017

INFORMACIÓN COMERCIAL:

LA MEJOR FORMA DE TOMAR EL PULSO DEL MERCADO

• La ética y el bien común como orientación • Proyecto de Ley sobre Transferencia Electrónica Diferida • Es posible construir información de cumplimiento • Servicio de alerta y monitoreo de cartera en LIDECO • Números concursales y recomendaciones para acreedores

• Ampliar horizontes en la evaluación del riesgo de crédito • Capacitamos sobre herramientas para proteger negocios • Conferencia sobre Desafíos en materia de relaciones laborales • Registro de Estados Contables: obligados, plazos, sanciones

LIGA DE DEFENSA COMERCIAL / Contenido

Contenido EDITORIAL......................................................................................................2

Consejo Directivo

INICIATIVAS LIDECO

Cr. Pablo Montaldo Presidente NIXUS S.A.

LIDECO presenta Proyecto de Ley sobre Transferencia Electrónica Diferida.........................................................................................3

Dra. Matilde Carrau 1er Vicepresidente CARRAU & CIA. S.A.

Ética, bien común y la necesidad de un brazo práctico para su promoción...8

Nuestra gremial integra la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay...........................................................................................................6

INFORMACIÓN COMERCIAL EMPRESARIAL

Fuente estadística de Información Financiera. Sra. Yelsa Corbella

Información comercial de cumplimiento: un camino posible..........................................................................................12

2do Vicepresidente

Servicio de Alerta al Socio y Monitor LIDECO:

seguimiento prospectivo empresa,OCA sectoriales, de rama y mercado global: y retrospectivo de cartera.......................................18 S.A.

• El derecho al olvido: • Reporte Empresas: contrasta entre y 4 empresas de interés para el....................................20 usuario Cr. JoséComparativo Luis Rial desafío para la 2 memoria y la libertad de información. • Reporte Comparativo Sectorial: contrasta la tendencia de la empresa analizada con la de aquellos Secretario GESTIÓN DEL RIESGO sectores en los cuales participa (CIIU, Rama, Mercado) CONAPROLE El análisis de riesgo requiere un amplio horizonte de evaluación..................30

Dr. Fernando Fernández Facilita y enriquece la evaluaciónDEde: INTERÉS • La Prosecretario competitividad de la propia empresa, de otras empresas de la misma rama y sector de Estados Contables ante AIN: repasamos plazos y S.A. • El SCHANDY riesgo, la performance y potencialRegistro de negocios de los distintos sectores y ramasobligados, de actividad

sanciones.......................................................................................................32

Sr. Heber Assaf CONCURSALES Presenta 23 indicadores de gestión, agrupados en siete categorías: Tesorero • ARNALDO C. CASTRO S.A.

• • Cr. Jorge Velasco • Análisis patrimonial Protesorero • Rentabilidad BANQUE• Márgenes HERITAGE (URUGUAY) S.A. •

Asuntos concursales: números, prevención y recomendaciones para acreedores.....................................................................................................36 Es posible declarar como incobrables ante la DGI tributos de créditos concursales....................................................................................................40 VISITAS Y EVENTOS Puesta a punto con la Suprema Corte de Justicia:

Sr. Francisco Kantor recibimos a su Presidente, Dr. Jorge Chediak...............................................42 Vocal PermiteALMENA extraerS.A. información a medida: LIDECO se integra a ALACRED participando de su Asamblea General.......44

• Solicitando datos sobre los indicadores de interés, que pueden combinarse con todo el espectro de Capacita LIDECO. Herramientas para el respaldo del crédito: información disponible en la redlideco documentos comerciales, títulos valores, garantías......................................46

Cr. Valentín Martínez Vocal Conferencia LIDECO. Desafíos en materia de Relaciones Laborales: Se nutreITAÚ de estados extraídos de: BANCO URUGUAYcontables S.A. contexto, alternativas y proyección hacia el futuro.........................................54

• Auditoría Interna de la Nación LIDECO respaldará 10° Congreso Nacional de Crédito de CMS..................62 • Dr. Banco Central del Uruguay Guzmán Arregui • Bolsa de Valores de Montevideo EMPRESAS EN MOVIMIENTO Vocal • BANCO SANTANDER S.A. • Balances registrados en la redlidecoIniciativas, propuestas y novedades empresariales.......................................64 Cr. Albérico Gadea

Vocal Ruta de acceso:

SEPARATA Consejo Directivo...........................................................................................72

S.A. • LoginADP en redlideco / Menú de Servicio on Line / Antecedentes LIDECO / Búsqueda de persona física o jurídica / Carpeta / Central de Balances Sr.• Login José Luis Dos Santos en redlideco / Menú de Servicio onHerrera Line / yCentral de Balances RUT oFax: nombre de la empresa / Julio Obes 1413 Tel: 2908/1636* 2902 2857 www.lideco.com / lideco@lideco.com CarpetaVocal / C entral de Balances NORTESUR S.A.

Gráfica Mosca D.L.: 349.996

Los artículos que se publican son de total responsabilidad de sus autores y la Dirección de la Revista no se solidariza necsariamente con las opiniones en ellos expuestas.

Diseño y maquetación: Por mayor información: marketing@lideco.com Por mayor información: marketing@lideco.com Julio Herrera y Obes 1413 / 2908 16 36* / www.lideco.com Julio Herrera y Obes 1413 / 2908 16 36* / www.lideco.com

EDITORIAL Está corriendo un rumor... En nuestro trabajo cotidiano, es habitual que recibamos consultas sobre rumores de empresas que podrían estar en problemas y en particular acerca de si se han presentado a solicitar Concurso de Acreedores. En general, las inquietudes que surgen en los acreedores y en el mercado, se originan en problemas reales que se observan en las empresas, ya sea porque se le están devolviendo cheques por falta de fondos, porque están solicitando a sus acreedores ampliar los plazos de pago, refinanciar sus deudas o cambiar otras condiciones de financiamiento. En otros casos, los rumores se basan en comentarios relativos al alto endeudamiento de una empresa respecto a su volumen de actividad y a su apalancamiento, a las bajas en el volumen de actividad o en la rentabilidad de la empresa, a reestructuras internas, a envíos de empleados al Seguro de Desempleo, a presiones por parte de los principales acreedores, e incluso en relación a anuncios de las propias empresas deudoras. Hoy, con el uso de las redes sociales y el acceso a mayor información, la difusión de estos rumores es muy rápida, más generalizada, e incluso puede estar más expuesta a distorsiones, debido ya sea al sobredimensionamiento por efecto de la preocupación en sí, por ponderaciones distintas de los datos, que redundan en interpretaciones diversas respecto de la información disponible, o incluso por interpretaciones que lindan con no muy santas intenciones. El punto es que, los rumores pueden generar mucho daño a las empresas involucradas y profundizar los problemas en los que pudieran encontrarse. Los rumores, se sabe, potencian la desconfianza. No es una práctica empresarial constructiva sumarse a la difusión de aquellos, en base a información que no ha sido verificada objetivamente con hechos.

EDITORIAL

Es importante para las empresas que pueden estar siendo damnificadas por la circulación de rumores, estar atentos a su existencia, a su origen y a la motivación de los mismos, para plantear estrategias de comunicación que minimicen sus efectos y esclarezcan la realidad en su verdadera dimensión. En LIDECO, frente a las consultas y los rumores, siempre respondemos con información objetiva y verificada, consultando los datos disponibles y actualizando los que haga falta. Si la duda está en la presentación a Concurso de Acreedores, nuestra Institución cuenta con información diaria al respecto, de modo que podemos confirmar o descartar si hasta el momento de la consulta se verificó la solicitud de Concurso o no en los Juzgados. Nuestros asociados, aún cuando no existan rumores, tienen la posibilidad de contratar el Servicio de Alerta, uno de cuyos cometidos es precisamente alertar, en forma automática y en el mismo día en que LIDECO toma conocimiento, de la existencia de una presentación concursal y los datos relativos a la misma. También por nuestro intermedio, cuentan con la posibilidad de chequear referencias comerciales para corroborar la veracidad respecto a si una empresa está necesitando extensión de plazos para cumplir con sus obligaciones. En el mismo sentido, pueden consultar o solicitar un Informe Completo, que ofrece información sobre la situación histórica y actual de una organización, respecto a las referencias antes mencionadas, sus antecedentes negativos, la existencia de embargos, su situación con el sistema financiero, sus estados financieros, su situación patrimonial, la vinculación de sus integrantes con otras empresas y los antecedentes de éstas, así como otra gama de datos. Ese es uno de nuestros roles como Institución: brindar información objetiva que ayude a las empresas y al mercado a sustituir el rumor por información y datos verificados. Esperamos con ello poder continuar contribuyendo a uno de nuestros cometidos fundamentales: que las decisiones comerciales se tomen con fundamentos serios y contrastados de la mejor manera posible.Consejo Directivo de Liga de Defensa Comercial |2|

LIDECO / Julio 2017

LIDECO presenta Proyecto de Ley sobre Transferencia Electrónica Diferida

IDECO fue activa promotora de la creación del cheque diferido, allá por el año 1975. Entendiendo a esta herramienta como dinamizadora del crédito, y atendiendo a los cambios plasmados por la Ley de Inclusión Financiera, nuestra gremial consideró importante proponer como alternativa, la creación de la Transferencia Electrónica Diferida. A tales efectos redactó un Proyecto de Ley que está a estudio del Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto incorporó aportes de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, con quienes se compartió el texto en procura de su opinión en tanto actores especialmente involucrados.

El artículo 3° de nuestros Estatutos Sociales dispone que nuestra gremial deberá propiciar todos los principios y normas comerciales que conceptúe conveniente para la más perfecta organización del comercio. Fiel a ello, a partir del nuevo marco que dispone la Ley de Inclusión Financiera, LIDECO planteó la necesidad de crear un instrumento sucesor del cheque diferido como herramienta para el crédito y el comercio. Con tal fin, plasmó en un Proyecto de Ley, la creación de la Transferencia Electrónica Diferida. firma electrónica avanzada:

va la transferencia.

1) Su nombre, domicilio y número de la cuenta de origen;

5) El nombre y número de la cuenta beneficiaria.

2) La fecha de creación de la transferencia electrónica diferida y la fecha en que la misma deberá hacerse efectiva;

6) La suma determinada de dinero, expresada en números y en letras, que se ordena pagar por el numeral 4º del presente artículo.

Artículo 1.- Los titulares de cuentas corrientes bancarias podrán hacer llegar al banco contratante una orden irrevocable de hacer una transferencia electrónica diferida.

3) El nombre y número de la cuenta beneficiaria.

Cada banco deberá tener en su página web habilitada una función que permita realizar una transferencia electrónica diferida, la posibilidad de endosarla y eventualmente imprimir un comprobante de la misma que tendrá los efectos que se determinan en la presente ley. La reglamentación podrá determinar las condiciones que debe cumplir el sitio web y la posibilidad de habilitar otras formas de realizar la transferencia electrónica diferida.

La impresión de la transferencia deberá tener las siguientes enunciaciones esenciales:

7) La representación de la firma electrónica avanzada del librador o personas habilitadas para hacer la transferencia. En el caso de las personas jurídicas, la reglamentación determinará los requisitos para identificar a las personas físicas responsables por la firma corporativa y su individualización por las eventuales sanciones que pudieran corresponder.

El contenido del Proyecto, se transcribe a continuación:

Para realizar la Transferencia Electrónica Diferida el librador deberá ordenar al Banco por medio de su

4) La suma determinada de dinero que se ordena pagar;

1) La denominación “transferencia electrónica diferida” claramente inserta en la texto de la constancia impresa 2) El nombre y domicilio del titular y número de la cuenta de origen, indicando su banco y sucursal. 3) La indicación de la fecha de la orden de la transferencia diferida. 4) La fecha en la cual se hará efecti|3|

Artículo 2.- Quien ordena la transferencia electrónica diferida es garante del cumplimiento de la misma y cualquier cláusula por la cual pretenda exonerarse de esa garantía se tendrá por no escrita Artículo 3.- La transferencia electrónica diferida no puede ser revocada. Artículo 4.- Ni la muerte del librador de la orden ni su incapacidad so-

Iniciativas LIDECO breviniente después de la creación, afectan los efectos de la orden de transferencia diferida. Si el ordenatario de una transferencia electrónica diferida falleciere o fuere declarado incapaz antes de la fecha establecida en el numeral 4º del artículo 1º de esta ley, no se cumplirá la transferencia. Las transferencias electrónicas diferidas ordenadas con anterioridad a la fecha de declaración judicial del concurso no serán cumplidas por el banco si el auto de admisión del concurso hubiere sido publicado en el Diario Oficial. Artículo 5.- El librador responderá civil y penalmente de los perjuicios en caso de falsificación de la documentación representativa de la transferencia electrónica diferida que hubiere realizado. Artículo 6.- En caso que en la cuenta bancaria no existieren fondos suficientes para hacer la transferencia en la fecha de su vencimiento, el beneficiario de la transferencia podrá reclamar de los obligados al pago: 1) El importe no transferido. 2) Los intereses al tipo bancario corriente por las operaciones activas en el lugar del pago, a partir del día que se iba a realizar la transferencia. 3) “Los gastos originados por los avisos que hubiere tenido que dar y cualquier otro gasto u honorario originado por el cobro de la transferencia”. Artículo 7.- Transcurridas 24 hs. Hábiles sin que se haya cumplido con la transferencia electrónica diferida, el beneficiario de la misma podrá exigir del banco que iba a realizar la transferencia una constancia de inexistencia de fondos o imposibilidad para realizarla que incluya los datos de la impresión de la transferencia. Dicha constancia es título ejecutivo y en la acción promovida en base a la misma no se admitirán más excepciones que las de falsedad material, prescripción, caducidad, compensación,

pago y espera o quita concedida por el demandante, que se probare por escritura pública o por documento privado, judicialmente reconocido. También serán admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título, falta de legitimación activa o pasiva del demandante y del demandado; falta de representación, litispendencia e incompetencia. Cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado, no obstará al proceso del juicio ejecutivo. Artículo 8.- La acción ejecutiva del beneficiario contra quien ordenó la transferencia electrónica diferida y los endosantes prescribirán a los seis meses contados desde el vencimiento del plazo de ejecución de la transferencia. Artículo 9.- La transferencia electrónica diferida no extinguirá el crédito originario sino hasta que se haya celebrado, salvo que se pruebe que hubo novación. Artículo 10.- No podrá mediar un plazo mayor de ciento ochenta días entre la fecha de creación y la establecida en el numeral 4º del artículo 1º de esta ley. Artículo 11.- Será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría: a) El que ordenare una transferencia electrónica diferida contra una cuenta corriente de la que no fuere titular o estuviere habilitado para ello. b) El que ordenare una transferencia electrónica diferida falseando alguna de las enunciaciones esenciales requeridas por el artículo 1º para que el documento valga como tal. c) El que ordenare una transferencia electrónica diferida contra una cuenta que ya estuviere suspendida o clausurada. d) El que notificare al banco para que no efectúe una transferencia electrónica diferida, fuera de los casos y en |4|

la forma que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare, de cualquier manera, su pago. e) El que ordenare una transferencia electrónica diferida, al tiempo de su ejecución, careciere de provisión de fondos suficiente o de autorización expresa o tácita para girar en descubierto. En el caso de las personas jurídicas esta responsabilidad se hará extensiva a las personas físicas que hubieren realizado las conductas descriptas en este artículo y a quien las hubiere ordenado valiéndose de su autoridad o jerarquía. La pretensión penal a que da lugar cualquiera de las formas delictivas previstas en este artículo - con excepción de la contemplada en el apartado B) - se extinguirá si se efectuare el pago del importe de la transferencia, los intereses bancarios corrientes por las operaciones activas, los gastos y los honorarios arancelarios que se hubieren ocasionado. Si se hubiere iniciado el procedimiento penal, la extinción a que alude el inciso precedente únicamente se operará si el referido pago se realizare antes de la acusación del Ministerio Público. Artículo 12.- El banco contra el cual se ordenare una transferencia electrónica diferida que, a la fecha de su ejecución, careciere de provisión de fondos suficiente o de autorización expresa o tácita para girar en descubierto, deberá avisar al librador por los medios fehacientes que determine la reglamentación, para que éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes, acredite ante el mismo haber realizado el pago. Artículo 13.- Si el librador no acreditare dicho pago, el banco suspenderá por el término de seis meses todas las cuentas corrientes que el infractor tenga en el mismo, dando cuenta circunstanciada de inmediato al Banco Central del Uruguay y notificando al infractor y ordenando la devolución de las libretas de cheques que están en su poder. Esta sanción alcanza a la persona jurídica y a la persona física que la representa y hubiere creado

LIDECO / Julio 2017

la transferencia electrónica diferida. Artículo 14.- Cuando, notificado el librador de la suspensión a que se refiere el artículo anterior, librare nuevamente una transferencia electrónica diferida o cheque que, a la fecha de su presentación, careciere de provisión de fondos suficiente o de autorización expresa o tácita para girar en descubierto, el banco girado procederá a dar cuenta de inmediato al Banco Central del Uruguay. Enterado el Banco Central del Uruguay, dispondrá la clausura de todas las cuentas corrientes que tenga el infractor en las instituciones bancarias, en la forma que establezca la reglamentación. La resolución respectiva, debidamente fundada, será comunicada a todas las instituciones bancarias del país y a la Cámara Compensadora, y notificada al infractor. La clausura dispuesta no podrá extenderse a más de dos años. Artículo 15.- El domicilio que el titu-

lar de la cuenta tenga registrado en el banco, será considerado domicilio especial a todos los efectos legales. Los bancos están obligados a comunicar el domicilio de los libradores al beneficiario de la transferencia, cuando éste lo solicite para ejercitar las acciones correspondientes, así como su cédula de identidad o RUT según los casos. Artículo 16.- El beneficiario de la transferencia podrá endosar electrónicamente la misma a favor de un tercero, aportando los mismos datos que surgen del artículo 1º. El endosatario dispondrá de los mismos derechos que surgen de esta ley para el beneficiario anterior, entre ellos endosar la transferencia y los endosantes serán responsables en los términos de los artículos 6º, 7º, 8º y 9º. Los bancos deberán instrumentar un mecanismo que permita el endoso electrónico en la página web de cada banco, la que será determinada por la reglamentación, la que regulará la

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forma que se le comunican al beneficiario los datos del librador y de los demás endosantes de la transferencia electrónica diferida Artículo 17.- Casos en que los Bancos pueden exonerarse de cumplir con la transferencia electrónica diferida: a) En caso que haya una identificación errónea de la cuenta del beneficiario; b) Cuando pudiera tratarse de operación sospechosa de lavado de activos; c) Cuando el librador hubiere informado de fraude informático o falsedad y las mismas hubieran sido constatadas. La reglamentación determinará los procedimientos a seguir en estos casos. Artículo 18.- Serán de aplicación los principios generales e interpretativos contenidos en el Artículo 3º de la Ley Nº 18.600.-

Iniciativas LIDECO

Nuestra gremial integra la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay En el afán de potenciar esfuerzos y generar sinergias, LIDECO se sumó a la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. Conforme es necesario alinear acciones en pos de objetivos comunes para el desarrollo, en ese espíritu hemos adherido a esta novel organización que ha surgido con entusiasmo como un canal más de expresión y acción del empresariado nacional. Tal como se anunciara en el acto de su fundación, las gremiales que deseen adherir a la Carta de Integración de la Confederación están invitadas a formar parte de ella.

a Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay fue fundada el 29 de agosto de 2016 con la finalidad de apoyar el desarrollo del empresariado bajo los siguientes lineamientos: • La promoción de los principios de la libre empresa y del empresario. • El trabajo por el desarrollo económico, cultural y tecnológico. • El fomento del progreso social de todos los uruguayos. • La generación de unidad de acción y de un espacio de participación de todos los sectores empresariales. • La reafirmación y difusión de los principios éticos que deben guiar el accionar de empresas y empresarios. Entendiendo que los objetivos de la novel Confederación es afín a los fines que nos inspiran como gremial, LIDECO sumó su voluntad de contribución a efectos de trabajar conjuntamente a las gremiales que integran esta nueva confederación, presidida en primera instancia por el Ing. Diego Balestra. A través de esta iniciativa, las micro

y pequeñas empresas, que constituyen el 95% de la fuerza productiva del país contarán con un canal para hacer oír su voz. Las gremiales adherentes, a través de las cuales se nuclea al empresariado, mantienen su identidad y capacidad de aporte, siendo el reto potenciar la labor de todos “para construir una mejor visión de la realidad, en un país integrado, en la construcción de confianzas que sirvan de trampolín para desafíos mayores”, tal como lo planteara su Presidente en el discurso de lanzamiento de la Confederación. |6|

La intención es que el empresariado en general cuente con un nuevo espacio de reflexión y propuesta en torno a temas relevantes para el futuro y sostenibilidad de las organizaciones productivas. Así, asuntos relativos a la competitividad, la educación, la seguridad, la infraestructura, entre otros, son algunos de los ejes en torno a los cuales girará la afirmación y respaldo de la labor de las empresas.-

Iniciativas LIDECO

Ética, bien común y la necesidad de un brazo práctico para su promoción Los fundadores de nuestra gremial tuvieron enorme visión al concebirla como una entidad no sectorial, sin ánimo de lucro, sustentada en valores y principios caros a la vida social en general. En simultáneo a una alta expectativa de desarrollo y perfeccionamiento, la entidad se diseñaba con un enfoque práctico mediante los sectores funcionales con que era pensada. Así, la creación de una red de información y la promoción de su uso, la capacitación y el asesoramiento en cuanto a los recursos legales y documentarios que respaldan los créditos, la representación en materia concursal y la promulgación de leyes y normas favorables a la fluidez, la equidad y las mejores condiciones para el comercio, constituyen el brazo práctico de la reflexión ética y la defensa del bien común en materia comercial.

eflexionar sobre conceptos éticos fundamentales y dar luego una visión práctica a partir de la cual concretarlos, nunca está de más. Lejos de agotar el tema en estas breves líneas, las mismas ofician como recordatorio de la necesidad de una siempre saludable vuelta a las fuentes a modo de puesta a punto, reafirmación o revisión de prácticas y posturas. La conducta del hombre se juega en diversos ámbitos o dimensiones: individual, de grupo, e institucional. La conducta de los individuos, los grupos y las instituciones, al mismo tiempo que se desarrolla es observada y evaluada a partir de la confrontación con los sistemas de normas e ideales que hacen parte fundamental de los mecanismos de regulación, límite y propuesta de aspiraciones del género humano. La discusión ética se instala allí cuando surge la pregunta sobre lo mejor o más conveniente para la realización, desarrollo y perfeccionamiento de la dignidad humana. Se instala cuando existe un conflicto a resolver entre

un acto y sus consecuencias, en el entendido de que, si la conducta es trascendente (sus efectos no se limitan a circunscribirse o a recaer exclusivamente en un sujeto), y si todos los seres humanos somos iguales en dignidad (es decir, todos tenemos derecho a igual consideración y respeto), ninguna acción de uno puede afectar negativamente el bienestar de otro. |8|

Esa discusión se desarrolla en el marco de un sistema de valores, principios y normas que ofician como cuerpo conceptual contra el cual confrontar la conducta del hombre. La intención es que ésta se rija por valores, principios y normas universales que, aplicados, eviten el despotismo, el capricho y la arbitrariedad en las relaciones humanas. Desde esta pers-

LIDECO / Julio 2017

pectiva los actos no pueden basarse en la sola voluntad individual que no encuentre justificación en sistemas universales de referencia como la lógica, principios o leyes aceptados por una comunidad. La dimensión de comunidad es imprescindible para el razonamiento ético. Podría asimilarse la idea de comunidad a la dimensión sistémica de la realidad, en función de la cual todas las partes están interconectadas y ejercen entre sí recíprocas influencias. La construcción de lo bueno para la convivencia, no podría, razonablemente, basarse sólo en el interés propio, sino equilibrando éste con la dimensión colectiva del bien. Los intereses colectivos entonces, desde una perspectiva ética, no pueden sino enmarcarse sistémicamente dentro de la búsqueda del bien común, siempre atendiendo la dimensión trascendente y de igual dignidad entre los hombres. Corresponde señalar que no existe una ética privativa de la materia económica, comercial, médica, psicológica, legal o de cualquier otra disciplina, sino que por el contrario, cada una de esas expresiones constituye el perfil particular de la Ética, concebida como conocimiento general, cuando se aplica a las relaciones humanas en sus distintas formas de expresión. El desafío de la promoción de la conducta ética y del bien común no acaba nunca y no es sencillo. Requiere

la búsqueda constante de equilibrios en base a la reflexión que confronta las acciones con los esquemas de referencia que pueden arrojar luz respecto a si aquellas pueden considerarse razonables o de conformidad con la moral o la ética. Prueba de la relevancia que el tema tiene en la actualidad es el impulso que ha tomado el movimiento de la Responsabilidad Social Empresaria y del desarrollo sustentable de las empresas, donde está implícita la noción de bien común, de interconexión y de responsabilidad que hacen parte de la Ética como conocimiento y como adjetivo de un comportamiento. Hay quienes reflexionan sobre el caso en que tales movimientos y la incursión en temas éticos responde a una necesidad de mercado y a una “dimensión instrumental de los valores morales”1 en función de la cual “El sometimiento a un código de valores morales, compartido y voluntariamente aceptado, engendra solvencia y buena reputación; la ética se transforma así en un valor añadido de la calidad del servicio… (…) El comportamiento ético se convertiría así en una condición necesaria, aunque no suficiente, de los procesos de maximización de valores económicos futuros”2. Esa reflexión, deberá darse a la interna de cada empresa u organización. Lo cierto es que de hecho, la conducta ética a nivel institucional es cada vez más una variable que el mercado tiene en consideración y en función de ello es condición de su permanencia.

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Esto es así porque vivimos en una sociedad cada vez más informada, más conectada, más comunicada, más alerta, más consciente de sus derechos, con más alternativas entre las cuales optar, y por ende con mucho mayor potencial “punitivo” en relación a la reputación de las organizaciones. Un aspecto sobre el cual recae esa “vigilancia social” tiene que ver con la afectación del bien común en tanto patrimonio de una sociedad. La dimensión trascendente de la persona humana es lo que conduce a la definición de bien común pues a partir de esa trascendencia se entiende que ninguna persona puede perfeccionar su esencia con prescindencia de que existe junto a otros con iguales derechos de perfeccionamiento de su esencia o realización. En ese sentido es que los actos humanos, en todas sus dimensiones (individual, grupal e institucional) deben cuidar en primer lugar el respeto de la propia dignidad y la de sus semejantes, entendiendo que ello implica la obligación moral primera de no ejercer sobre sí ni sobre otros daño o perjuicio alguno que disminuya su estado de bien. También deben cuidar, aunque ya en un nivel más elevado, la posibilidad de mejorar el estado de bien personal y el de sus semejantes. Así, se llega a la idea del bien común entendido como las condiciones y recursos que permiten que todas las personas puedan realizarse en tanto tales. Tomando esta premisa como

Iniciativas LIDECO punto de partida, se deduce no sólo que nadie tiene derecho a malograr tales condiciones, sino que la sociedad tiene el deber de salvaguardarlas y más aún, desarrollarlas, para alcanzar mejores condiciones de vida y posibilidades de crecimiento en todas las dimensiones del ser humano. Lejos de idealismos, se entiende que ese camino no está exento de imperfecciones. Se entiende también que aunque queda mucho por recorrer, en muchos aspectos la humanidad ha tenido significativos avances a través de distintos brazos promotores y ejecutores, tanto a nivel de personas, de grupos u organizaciones sociales. Nuestra Institución está desde su concepción, especialmente llamada a promover la reflexión sobre estos aspectos, en un ámbito de actuación que combina las tres dimensiones o ámbitos de la conducta humana, y en una actividad específica, como es la realización de negocios. El cuidado del bien común en materia de negocios, refiere al cuidado de las condiciones en las cuales la celebración de transacciones comerciales no sólo no pone en riesgo la salud comercial de otros, sino que propende a su mejor desarrollo, tal como se desprende del contenido del artículo segundo de nuestro Estatuto Social: “El objeto fundamental de la Institución es el de crear un órgano representativo del Comercio y de la Industria Nacional, que, reuniendo y vinculando entre sí a todos los componentes de estas colectividades, contribuya a desarrollar el espíritu de solidaridad, organizándose así para la defensa eficaz de los intereses colectivos, combatiendo el fraude, la deshonestidad y la ineptitud comercial, velando por el progreso de las entidades que representa, para que su organización alcance el mayor grado de perfección, de influencia y de representación que le corresponde como factor importante de la vida social y económica de la Nación”. El cuidado del bien común se liga entonces a la obligación de no dañar y de hacer activamente el bien. Es en ese marco que los servicios de nues-

tra gremial fueron ideados desde el año de su fundación. La promoción del uso de información como herramienta que transparenta las circunstancias en las cuales transcurren las relaciones comerciales, pretende equiparar las condiciones en que todos los actores del mercado toman decisiones, de modo que el desconocimiento de datos no sea la razón por la cual un comerciante pueda verse perjudicado al decidir algo que no habría decidido de conocer aquellos. Bajo esa pretensión es que nuestra gremial ha dado y da batalla por un mejor y más democrático acceso a la información necesaria para tomar decisiones en condiciones de seguridad comercial, siendo pioneros en la creación de una base de datos comerciales empresariales, y siendo actores claves en la promoción de apertura de bases de datos en pos de la reducción de asimetrías de información, como ocurrió con los datos de la Central de Riesgos del BCU - a instancias de un juicio ganado por LIDECO y con claros beneficios para el mercado – y como ocurrió también, en otro orden, con la insistencia en la necesidad de que existiera un registro de estados contables obligatorio con la consecuente sanción a los incumplidores de la obligación de registrar. La creación de una red de información y la promoción de su uso, refuerza la promoción de una plaza saludable y advierte sobre la conexión entre todas las partes del sistema mercantil, estimulando la prevención a nivel global, por comprender el impacto y la repercusión que la patología del crédito tiene en toda la plaza. Esto supone una apelación directa a la responsabilidad colectiva de la construcción del bien común, que en lo que a información respecta, tiene que ver con la conciencia de que el aporte y uso de información comercial es requisito clave para que sea posible la transparencia. Así lo expresan también nuestros estatutos al plantear que los asociados a LIDECO facilitarán a esta última la información que les requiera para cumplir con sus fines. |10|

La capacitación y el asesoramiento en cuanto a los recursos legales y documentarios que respaldan los créditos también salvaguarda la preservación del estado de bien de la empresa que los otorga, protegiendo la posibilidad de recuperación del patrimonio comprometido en una venta a plazos. El uso de información comercial no excluye el adecuado uso de la documentación que prueba y respalda la celebración de negocios. La confianza en la contraparte se respalda mediante datos, documentos y condiciones de la relación comercial. En la medida en que más organizaciones adopten estos mecanismos de prevención, se favorece un disciplinamiento del mercado, a partir del cual las empresas se verán inhibidas de actuar de mala fe a sabiendas de los cuidados de sus contrapartes y de la potencial inclusión de sus antecedentes comerciales en nuestra red de datos. Todo ello preserva las condiciones necesarias para la fluidez de las transacciones, o en otras palabras, las condiciones para la seguridad comercial, lo cual sin lugar a dudas es un bien social preciado. La representación en materia concursal en el marco de los principios postulados por LIDECO, es otra de las formas a través de las cuales se pretende mantener el respeto por el cumplimiento de las obligaciones comerciales asumidas y por el derecho de los acreedores a que sus créditos sean resarcidos con el menor de los perjuicios. Acaecida la dificultad de responder a las obligaciones, aspecto intrínseco a la historia de los negocios, nuestra gremial actúa procurando reducir el daño (otra expresión de la obligación de no dañar) en la mejor magnitud posible. La promulgación de leyes y normas (relativas a los ámbitos de actuación de nuestra Institución) que favorezcan la fluidez, la equidad y las mejores condiciones para el comercio, también propende a la defensa del bien común concebido como fuera parágrafos arriba. Si bien ética y derecho no siempre van de la mano, no es menos cierto que la vertiente jurídica de la ética constituye un cierre necesario para las aspiraciones éticas de realización.

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Al decir de Fernández de la Gándara, “Si la dimensión subjetiva de la ética solo atiene a la conciencia individual y debe limitarse por tanto (…) a inspirar el comportamiento de los operadores económicos, (…) resulta claro que lo que el mundo de los negocios necesita no es una valoración moral sino una valoración exclusivamente jurídica – y en consecuencia sancionatoria – del comportamiento de sus miembros. Son las normas jurídicas – expresión de los valores y también de los principios éticos compartidos por la sociedad y reflejo a su vez de las necesidades colectivas - el instrumento regulador por excelencia de las actividades mercantiles y financieras”.3 Y agrega respecto a la relación entre ética y derecho, que la existencia de un juego limpio en el mercado “es tarea prioritaria del Derecho, cualquiera sea la “moral negocial” o el grado de autoexigencia ética de los operadores que en él intervienen. Con otras palabras: la autonomía y dignidad del hombre y la corrección con que actúa no son hoy los presupuestos, sino la consecuencia de un buen ordenamiento jurídico (…). Derecho privado,

Estado Social, Estado de Derecho no son partes aisladas de la civilización moderna del Derecho sino (…) aspectos de una evolución unitaria, esto es, la democratización interna de la Sociedad política”4. Ética y Derecho por tanto confluyen en la necesidad de que existan criterios universales para dirimir entre las conductas correctas e incorrectas. El autor antes citado afirma que el Derecho es un instrumento necesario para la realización de la seguridad jurídica en tanto valor, entendiendo que ésta es requisito para la libertad de los ciudadanos: “Solo la previsibilidad de las consecuencias de las conductas, fundada en la norma preexistente y en la certeza de su aplicación, permite (…) una conducta libre del arbitrio de los poderes jurídicos y fácticos. Los hechos se han encargado de desmentir la vieja idea smithiana de que una mano invisible conduce a los protagonistas de la vida económica a promover el bien común cuando de suyo, lo que éstos buscan es realizar un interés particular.”5 Las iniciativas de LIDECO han procurado y procuran conjugar relación

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entre la reflexión ética, la conducta ética y los brazos prácticos que concretan los ideales morales, en principios y normas concretas, así como en herramientas de soporte (como en nuestro caso son las bases de datos comerciales y la infraestructura jurídica puesta al servicio del perfeccionamiento y la defensa del crédito) útiles para la dinámica cotidiana de las empresas de todos los sectores de la vida económica del país.1. Fernández de la Gándara, Luis. Derecho, ética y negocios. Discurso de apertura del año académico 19931994. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/derecho-etica-y-negocios--0/html/ cita en pág. 11 2. Id. ant. 3. Id. ant. cita en pág. 27 4. Id. ant. cita en pág. 28 5. Id. ant. cita en pág 28 Bibliografía: • Estatutos Liga de Defensa Comercial. • Fernández de la Gándara, Luis. Derecho, ética y negocios. Discurso de apertura del año académico 19931994. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ derecho-etica-y-negocios--0/html/ • Franca, Omar. Manual de Psicoética. Montevideo, Departamento de Publicaciones, Universidad Católica del Uruguay, 1991 • Franca, Omar. Ética Empresarial y laboral: sus fundamentos y su aplicación. Montevideo: Editorial Magro, 2011. • Senge, Peter. La Quinta Disciplina. Barcelona, Editorial Granica, 1992.

Información Comercial

Información comercial de cumplimiento: un camino posible Desde hace años nuestra plaza comercial coquetea con la creación de una base de cumplimiento, que se conoce más por el nombre de base positiva de datos comerciales. Sobre el punto, en la edición 149 de nuestra Revista Institucional, del año 2010, dedicábamos un amplio artículo a difundir reflexiones sobre el tema. En ese entonces se constataba que en el mundo se estaban dando pasos para la creación de registros de información comercial positiva, observándose en los países en los que se habían implementado tales registros, un aumento en las operaciones de crédito al mismo tiempo que la reducción del costo de tales operaciones. Asimismo, se daba cuenta de la existencia de reparos respecto a este tipo de apertura informativa. El presente artículo plantea una serie de reflexiones en torno al tema, insistiendo en que mayor complejidad del mercado requiere ampliar las perspectivas de análisis desde las cuales se toman las decisiones de negocios. Rebautizando la palabra “deuda”

a palabra “deuda” o “deudor”, no tiene buena prensa, pero justo es decir que no siempre tienen una connotación negativa. Cada vez que se otorga un crédito nace una tríada: una deuda, un deudor y un acreedor. La información de cumplimiento da cuenta de las armoniosas relaciones comerciales entre el deudor que cumple con el pago de su deuda y el acreedor que celebra la recuperación de su patrimonio. Estos registros consolidan la totalidad del cumplimiento o incumplimiento comercial de una persona física o jurídica, a partir del cual se pueden conocer sus deudas y si las están pagando ordenadamente. Una deuda positiva es un compromiso que se ha saldado en fecha, o que está vigente pero se está pagando puntualmente en los plazos convenidos. Una deuda negativa es la que deriva del incumplimiento de un compromiso de pago. La deuda es un componente esen-

cial del crédito, y el crédito dinamiza la economía. No puede existir una economía dinámica sin endeudamiento. Las deudas constituyen un componente esencial de la actividad comercial. Las complicaciones en la tríada deuda, deudor y acreedor no constituyen la regla general del mercado, sino las excepciones al buen funcionamiento de la dinámica comercial. Un deudor es simplemente alguien, persona física o jurídica, que asume un compromiso de pago a futuro. El problema no está entonces en la existencia de deudas sino en el incumplimiento de la obligación de pagar.

Información de cumplimiento como factor moderador en la evaluación de riesgos El cumplimiento de los pagos es un dato valorado en los países en los que estos registros se han creado. Aunque el dato más tradicional a incluir en los procesos de toma de decisiones de crédito continúa siendo la existencia o no existencia de an|12|

tecedentes negativos, la posibilidad de contar con una visión más cabal respecto a la conducta crediticia de empresas o personas, enriquece los procesos de toma de decisiones: ¿por qué un antecedente negativo debería pesar más que cincuenta datos de cumplimiento de pago? Dejar de lado la información de cumplimiento de la contraparte, deja de lado buena parte de la historia de su crédito y de la su conducta comercial general. Entre los fundamentos para la creación de un registro de datos de cumplimiento, también llamados – no del todo correctamente a nuestro entender - Registros Positivos1, se aduce que el mercado debe discriminar a los actores que caen en mora ocasionalmente, de aquellos que caen en mora en forma reiterada. ¿Por qué no podría usarse favorablemente el esfuerzo de una empresa por cumplir con sus pagos, como factor moderador de un eventual incumplimiento? El conocimiento de la conducta de cumplimiento, pasa a constituir en este contexto, un factor moderador respecto al juicio, a la valoración o al peso que se le otorgue a la constatación de un incumplimiento comercial.

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La exposición de la conducta comercial favorable, relativiza el peso del dato negativo y permite una evaluación más objetiva del funcionamiento de la empresa o de la voluntad de ésta (o de una persona física) de cumplir con sus obligaciones.

El sesgo de los criterios exclusivos y la información limitada En los procesos de evaluación de riesgo de crédito, la búsqueda más corriente de información comercial es el antecedente negativo. Cuando el único elemento con el que se evalúa la conducta crediticia es el antecedente negativo, se puede incurrir en el error de aprobar un crédito sólo por ausencia de aquél, cuando no necesariamente esa circunstancia es sinónimo de que la conducta de cumplimiento sea favorable, circunstancia en la que estaríamos ante el llamado “falso positivo”. La no existencia de un antecedente negativo registrado no quiere decir que el antecedente negativo no exista. Justamente: puede suceder que exista un incumplimiento no registrado por el acreedor y por ende no conocido por el mercado. También podría suceder que la empresa no tenga incumplimientos pero que pague con atraso, y

que ese dato tampoco sea conocido por el mercado. En este punto, como lo hemos planteado en otras oportunidades, le cabe a los acreedores un porcentaje importante de responsabilidad. La información comercial y la protección que de su disponibilidad deriva, depende de qué tan dispuestos estén los empresarios a ser partícipes de la construcción de un mercado seguro, alertando en forma temprana a la plaza respecto a la falta de cumplimiento de sus contrapartes. Valga la oportunidad para hacer un llamado de atención sobre este aspecto. Volviendo al tema de los sesgos y la información limitada en la circunstancia de evaluar créditos, señalamos el caso de los “falsos negativos”, esto es, aquellas solicitudes de crédito que pueden ser rechazadas cuando aunque no exista información negativa, tampoco hay información suficiente para la evaluación. En este punto, contar con información del cumplimiento de una persona física o jurídica, paliaría esta circunstancia y permitiría evitar el rechazo, fundamentando la concesión de un crédito en la |13|

información de cumplimiento de obligaciones como respaldo de la conducta crediticia en cuestión. Basados en este tipo de fundamentación se arguye que contar con información de cumplimiento contribuye a dinamizar el mercado y a aumentar las transacciones comerciales. Considerar la totalidad de la conducta comercial, incluye conocer antecedentes negativos, pero también las obligaciones que se cumplen correctamente. El término “totalidad” pue-

Información Comercial de resultar quizá excesivo porque la información nunca es perfecta, pero valga esa apreciación como pié para señalar que los sistemas de gestión del riesgo de crédito necesitan nutrirse de información más completa y cualitativamente diversa respecto a las personas o empresas. En el caso de las personas, por ejemplo, podría verificarse su fuente de trabajo y la estabilidad de la empresa en la que desempeña funciones. En el caso de las personas jurídicas, conocer – entre otros datos – sus estados contables, haciendo foco en su capacidad de endeudamiento y de pago, se vuelve un requisito clave para una correcta evaluación de las condiciones en que se otorga un crédito. La información positiva, o más correctamente, la información no negativa, trasciende en mucho la conducta de cumplimiento.

Reducción del costo de crédito y aumento de la precisión de las decisiones de crédito En general se maneja la idea de que la disponibilidad o no de información comercial es un factor que impacta en el costo del crédito. Al abaratamiento de este costo (menores tasas de interés, tasas ajustadas al riesgo real del deudor, menores garantías, plazos más extensos), se agregaría de la mano del acceso a información de cumplimiento - la reducción de la posibilidad de sobreendeudamiento y por ende la mejora de la calidad de los créditos en el mercado. Corolario de lo anterior, como adelantáramos en el parágrafo anterior, sería la expansión del acceso al crédito (al haber más información disponible, más sujetos estarían en condiciones de ingresar al mercado del crédito, o a acceder a mayores montos de crédito). Cuando los tomadores de crédito no disponen de patrimonio para ofrecer en garantía ni grandes respaldos de capital, su conducta comercial pasa a constituir la fuente de la confianza que puede depositarse en él. En ese punto es donde la información co-

mercial, para aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que por su porte no pueden responder a las tasas habituales del mercado, pasa a constituir su puerta de entrada al sistema de crédito, respaldando su conducta comercial vía datos concretos de cumplimiento en la plaza.

Reducción del riesgo reputacional y aumento de las posibilidades de venta La conducta de cumplimiento vendría a constituir la vertiente objetiva de la consulta de las referencias comerciales, lo cual reduciría y a la vez haría más precisa la valoración del riesgo reputacional de una empresa en el mercado. Contar con disponibilidad de datos relativos al cumplimiento comercial con perspectiva de mercado, mejora la imagen de la empresa y puede redundar en el acceso a mejores condiciones de crédito. A su vez, las empresas otorgantes de crédito contarían con elementos más completos para evaluar la confianza

deudor como agente económico y ayudarlo a manejar sus recursos en forma equilibrada. Contar con más información en forma más ágil, permitiría a las entidades que financian (financieramente o mediante la venta a plazo, esto es, entidades financieras o empresariales respectivamente) regular también la relación con sus interlocutores colaborando con la calidad de los créditos de su contraparte, de modo de evitar sobreendeudamientos. De este modo, se estaría contribuyendo a fortalecer que los agentes del mercado operen con el equilibrio suficiente como para poder cumplir con los compromisos asumidos. Los otorgantes de crédito por su parte, ampliarían su visión y su rol en el mercado, trascendiendo las posturas de mera protección del crédito, para concebir la necesidad de proteger la supervivencia de los agentes económicos que los solicitan. Adaptarse a circunstancias de dificultad de los interlocutores redefiniendo tasas, plazos o condiciones desde una postura filosófica de “ganar – ganar”, es un elemento que se señala como reductor de los impactos negativos en

La disponibilidad de información genera mayor fluidez del crédito, mejor previsión del riesgo, así como mejoras en el resguardo y rentabilización de las transacciones comerciales respecto a la posibilidad de cumplimiento, basándose en elementos más objetivos para poder ampliar líneas de crédito o redefinir condiciones en la relación comercial.

El otorgante de crédito como asesor y colaborador Otro aspecto interesante a considerar es que cuando hay más disponibilidad sobre el comportamiento de un deudor, los otorgantes de crédito pueden no solamente prevenir situaciones de riesgo, sino cuidar al |14|

coyunturas de dificultad. La comprensión del mercado como un sistema o como un todo integrado, donde todas las partes ejercen influencias recíprocas, es condición sine qua non para alcanzar este nivel de madurez en las relaciones comerciales.

Desconfianza, consentimiento válido y respeto del principio de finalidad Uno de los principales reparos respecto a la apertura de la información

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comercial de cumplimiento refiere al riesgo de que la misma no sea utilizada sólo a efectos de la prevención del riesgo, sino para potenciar las iniciativas de venta de las empresas, que habrían accedido a demasiada información sobre los hábitos de consumo, especialmente en el mercado de personas físicas, cuyo derecho a la intimidad podría verse de ese modo vulnerado. Este resquemor se basa en que la disponibilidad de datos de cumplimiento no haría sino favorecer a las empresas otorgantes de crédito, especialmente el sistema financiero y los buros de crédito, que podrían realizar más cruces de datos para diseñar más ofertas y ampliar o ayudar a empresas a ampliar su portafolio de productos para ofrecer a sus clientes. Para neutralizar esos temidos efectos, debería reforzarse el principio de finalidad que aplica a las bases de datos, según el cual, un dato que fue recogido con el fin de prevenir el riesgo de crédito debe usarse exclusivamente para tal fin. Es a partir de estas consideraciones que el consentimiento válido y firmado surge como herramienta a partir de la cual garantizar que solamente bajo autorización expresa de la persona o empresa, esta información podría abrirse al mercado. Los contratiempos del consentimiento escrito como requerimiento son evidentes, dado que se tornaría una molestia para el individuo o empresa que, en cada compra, debe-

ría autorizar o no la apertura de sus datos.

¿Realmente mejoraría la dinámica del mercado? No obstante todo lo antes dicho, pueden recaer dudas sobre la linealidad entre conducta crediticia de cumplimiento y mejora del acceso al crédito, pues el alto o bajo endeudamiento podría redundar en una nueva forma de discriminación. También podría cuestionarse la linealidad entre la disponibilidad de información y la reducción de las tasas de interés, en el entendido de que esa variable responde también a otros factores. Por otra parte, es más tangible el beneficio de la publicidad de la información negativa que de la positiva. La publicidad de la información negativa se justifica por sí misma, debido a que lo que pretende salvaguardar es un bien preciado para el mercado: la seguridad comercial. En cambio, es más difícil justificar y probar la efectividad que la disponibilidad de información positiva tendría sobre el perfeccionamiento del crédito. Más allá de estas apreciaciones y de que existan cuestiones a mejorar, en términos generales, la disponibilidad de información se considera un elemento de gran relevancia para dinamizar el mercado de crédito aportando seguridad, lo cual

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impacta positivamente en quienes solicitan financiación y quienes la otorgan.

El Registro de cumplimiento es posible Además de dificultades tecnológicas subsanables, el proceso de construcción de una base de cumplimiento no es sencillo, si bien no imposible. Ejemplos en América Latina (no muy lejos, en Brasil con SERASA Experian), y en Europa dan cuenta de formas de funcionamiento de estas bases de datos. En Brasil por ejemplo, el Registro Positivo (Cadastro Positivo, así lo llaman) funciona con base en acuerdos de reciprocidad entre las empresas aportantes de la información relativa a las deudas y conducta de pago, donde aquellas se comprometen, además de a aportar la información, a recabar el consentimiento o autorización en cada consumidor o empresa como requisito para iniciar y compartir el registro positivo correspondiente. Las condiciones de reciprocidad suponen que sólo acceden a los datos positivos del sector empresarial de actividad, las empresas que aportan datos positivos y se sujetan a las disposiciones legales en materia de información comercial, así como a las disposiciones contractuales establecidas por SERASA Experian. Además, las empresas aportantes sólo

Información Comercial pueden acceder en forma consolidada, al tipo de datos que comparten: de ese modo se salvaguardan las posibles asimetrías entre exposición de datos y posibilidades de visualización entre las empresas del sector, todo lo cual por supuesto, se controla automáticamente en base a reglas programadas. Las empresas que se salen de las pautas establecidas son bloqueadas por el sistema. Tampoco se difunde la identidad de los aportantes de información, excepto que por voluntad propia una persona física o jurídica haya optado por exponer en la base de datos su conducta de cumplimiento. En Europa existen variaciones respecto a la exigencia de reciprocidad. Hay situaciones en que no opera como requisito, otras en las que sí, otras en las que todas las empresas que aportan información acceden a toda la información aportada, y otras en las que se constituyen grupos cerrados donde solo se comparte información con los integrantes del grupo que se constituye para compartir información exclusiva del grupo. Por otra parte, en el viejo continente ya se está avanzando hacia la construcción de bases de datos transfronterizas2.

Beneficios de la existencia de Registros de Información Positiva o de cumplimiento La experiencia de los países en que estos Registros funcionan da cuenta de una serie de beneficios resultantes de la existencia de los Registros Positivos de Datos, los cuales en parte fueron reseñados en los párrafos anteriores. Entre otros se destacan3: • Reducción de tiempo en el análisis crediticio • Mayor previsión y precisión de riesgo en todas las etapas del crédito • Evitar falsos positivos y falsos negativos • Rentabilización de la cartera de clientes

• Facilitación de políticas de riesgo más inclusivas • Reducción de pérdidas por incumplimiento • Mejor acompañamiento de crédito y posibilidad de asesorar al solicitante a evaluar y mejorar su conducta de pago • Perspectiva de mercado/sector para una evaluación más objetiva y realista

Sobre el beneficio de la perspectiva de mercado Este punto no es exclusivo de la disponibilidad de información de cumplimiento sectorial, sino uno de los más evidentes beneficios de la existencia de las bases de datos sistemáticas que reúnen información comercial no sólo aportada por empresas sino también desde otras fuentes de datos útiles para los diversos procesos de toma de decisiones de negocios. La perspectiva de mercado de hecho, sustenta gran parte de los restantes beneficios que se desprenden de la consulta de bases de datos comerciales. En muchas empresas de nuestro medio, lamentablemente sigue constatándose - y de ahí que nos detengamos sobre este aspecto - la conjunción entre la práctica y la creencia de que la referencia al histórico de comportamiento de un cliente con la empresa es suficiente como elemento de decisión y de previsión del riesgo. La convicción a ese respecto se refuerza con la gestión de crédito que limita la exploración de la conducta comercial de una contraparte a confrontarla con su histórico de pago en la empresa, sin chequear incumplimientos que pudieran constatarse en la plaza ni verificar su capacidad de pago mediante la revisión de sus estados contables. Y estamos dejando de lado la falta de previsiones y controles en la documentación y garantía de los créditos. Por obvio que resulte, recordamos que las cosas no pasan hasta que pasan, así como que también las |16|

empresas interactúan con diversos interlocutores comerciales, y no necesariamente tienen un comportamiento uniforme con todos ellos. Estar atento a la perspectiva de mercado, es, creemos, muy importante.

En suma, La creación de un Registro de Información Comercial Positiva o un Registro de Cumplimiento Comercial requiere además de madurez por parte del mercado, leyes y reglamentos de funcionamiento que den garantía de alineación con la protección de datos personales. El sistema debe ser capaz de aportar certezas en cuanto al resguardo de los datos y respecto a su uso acorde a los fines de prevención del riesgo de crédito. Si bien hay beneficios que pueden discutirse, la disponibilidad de información (positiva o negativa) redunda en una mayor fluidez del crédito y en una mejor previsión del riesgo que permite a los otorgantes de crédito mejorar las condiciones de resguardo de sus operaciones, como de rentabilización de las mismas. Aunque el artículo se ha basado en analizar la información de cumplimiento de obligaciones, hace referencia a la inconveniencia de sustentar las decisiones de negocios en criterios exclusivos, y resalta las bondades de acceder a información diversa, más completa y con perspectiva de mercado.1. Los Registros Positivos aluden con su denominación, a información de pago fehaciente. A nuestro entender sería más correcto hablar de Registro de Cumplimiento, prescindiendo del término “positivo”, que ya en sí connota un juicio de valor respecto al hecho comercial. El vocablo “cumplimiento” se presenta de un modo más genérico que puede incluir los pagos puntuales como también los pagos con atraso, sobre los cuales puede recaer legítimamente otro tipo de valoración no necesariamente positiva. Por otra parte, la información positiva de una empresa no refiere únicamente a los pagos de las deudas: estados financieros saludables o la ausencia de embargos, entre otros datos, son insumos que también refieren respecto a la confianza que puede tenerse respecto al recupero del crédito otorgado. 2. La información crediticia en Europa, en http://www. experian.es/prensa/2011-no03-informacion-crediticiaen-europa.html. Autor: Gillian Key Vice. Head of Government Affairs. Experian Julio 2017 3. https://www.serasaexperian.com.br/consultas/cadastropositivo/ Julio 2017

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Servicio de Alerta al Socio y Monitor LIDECO:

seguimiento prospectivo y retrospectivo de cartera Automatización, ahorro de tiempo y costos, alerta en tiempo real y masividad son los beneficios que el SAS reporta a las empresas afiliadas a nuestra gremial que deseen contratar el servicio. Operativa sencilla y excelente relación costo beneficio son otras de las características de este eficiente sistema de seguimiento de cartera que realiza un control permanente de los eventos comerciales que vigila. El Monitor, de operativa similar, ofrece el chequeo de antecedentes comerciales constatados en el pasado.

l Servicio de Alerta al Socio de LIDECO (SAS) ofrece a las empresas la tranquilidad del seguimiento permanente de su cartera de clientes con una excelente relación costo beneficio. Imposible sería desde el punto de vista de los costos de personal requeridos, que las empresas pudieran chequear una a una la situación de las empresas con las que realizan negocios, en relación a las situaciones comerciales que pueden llamar a cuidado. El SAS viene a satisfacer esa necesidad de seguimiento, con una sencilla operativa que redunda en grandes beneficios en materia de: • Automatización del chequeo: no requiere de intervención humana de funcionarios de la empresa • Ahorro concomitante de tiempo y costos de personal apostado a la verificación de antecedentes • Masividad: el servicio permite hacer un seguimiento simultáneo de un número ilimitado de empresas • Oportunidad: las alertas se brindan en tiempo real, esto es, se conoce el dato comercial en el momento en que el mismo se conoce en LIDECO La operativa del Servicio de Alerta es simple: la empresa socia aporta

a LIDECO un archivo xls con las empresas sobre las que desea recaiga el seguimiento, identificadas con RUT o CI. Este punto es importante, pues las alertas no se detectan a partir de nombres, sino a partir de RUT o CI. Cada vez que ingresa a nuestra base de datos la noticia de una situación comercial que puede llamar a cuidado, el sistema gestiona un aviso automático indicando que se han registrado antecedentes. El aviso, vía correo electrónico, es enviado a las casillas indicadas por parte de la empresa socia como destinatarias de las alertas. Las situaciones comerciales sobre las cuales recae el seguimiento son: • Registro de incumplimientos comerciales de LIDECO • Cuentas corrientes bancarias suspendidas |18|

• Cuentas corrientes bancarias clausuradas • Asuntos concursales • Datos de Diario Oficial • Existencia de informes comerciales (completos, referencias y compendiados) vigentes. El SAS opera en un seguimiento constante que se pone en funcionamiento a partir de la fecha en que los datos de RUT y CI son aportados por la empresa socia e incluidos en el sistema. Si se deseara operar un chequeo retrospectivo, la alternativa es apelar al Monitor LIDECO, que realiza una revisión hacia atrás rastreando también masivamente, antecedentes comerciales que consten en nuestra base de datos, acorde a los plazos máximos en que la ley prevé que

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pueden estar registrados en ella. El Monitor LIDECO tiene una operativa similar al SAS, en tanto lo único que requiere es el aporte de los RUT y CI sobre los que se desea hacer una revisión de antecedentes. En tanto el SAS hace un seguimiento hacia adelante, en forma de goteo permanente a partir de que se solicita el servicio, el Monitor hace una revisión puntual, retrospectiva y estática, a la fecha en que el servicio se solicita. Una vez que se realiza la solicitud de tal revisión, en menos de 48 horas devuelve el resultado de la misma. En cuanto a los datos que se verifican, con respecto al SAS, el Monitor: • excluye los datos de Diario Oficial • incluye las personas o empresas registradas en el MOCASIST (Sistema de Morosos y Castigados por el Sistema Financiero)

• incluye las fechas de vencimiento de los certificados de DGI y BPS • incluye la noticia respecto a la existencia de informes comerciales y estados contables de las empresas monitoreadas Asimismo, el Monitor plantea dos niveles de alternativa de detalle respecto a los antecedentes detectados: a) Versión resumida: plantea en un xls únicamente la noticia de la constatación de antecedentes, sin ampliar información al respecto. Por ejemplo, si hubiera registrado un incumplimiento comercial, señalará el hecho sin ampliar datos respecto al acreedor, documento involucrado en la operación, montos, etc. El socio que desee ampliar información, podrá acceder con independencia de este servicio, al historial lideco (reporte de antecedentes negativos) de la o las empresas donde conste a detección de eventos que pueden llamar a cuidado. b) Versión ampliada1: plantea el referido xls con la constatación resumi-

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da de la existencia de antecedentes, pero además incluye el detalle de los hechos registrados, en el historial lideco de las empresas monitoreadas que se anexa al archivo que se devuelva a la empresa. Siguiendo con el ejemplo anterior, de la empresa respecto de la cual se detectó un incumplimiento comercial, se anexará el correspondiente reporte de antecedentes negativo (historial lideco), que incluye los datos de identificación de la empresa, la fecha de vencimiento de los certificados de DGI y BPS, el detalle completo de los incumplimientos registrados (acreedor, documento, monto). Para ampliar información sobre características y costos de estos servicios, dirigirse a marketing@lideco. com.1. Para mantener la línea con el ejemplo se ha detallado solo el caso de los incumplimientos, pero el historial presenta el detalle de todos los antecedentes negativos que correspondan a los RUT o CI monitoreados.

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El derecho al olvido: desafío para la memoria y la libertad de información En el presente artículo se recorren diversos aspectos sobre los derechos y obligaciones en torno a manejo de datos en internet. Los conceptos aquí vertidos fueron expuestos en el 3er Encuentro EL DERECHO INFORMÁTICO.COM que tuviera lugar el 15 de junio del corriente en la Sala Cafaro de la AEU, donde diversos paneles, conferencias y charlas incursionaron sobre Sociedad red y derechos humanos.

Dr. Nicolás Antúnez Sector Jurídico de LIDECO Profesor Adscripto de Informática Jurídica (FEDER – UDELAR). Docente de Derecho de la Empresa (Facultad de Ciencias Empresariales – UDE) Introducción

Introducción

omo en otras oportunidades, la inclusión de tecnologías en nuestras vidas genera el entorno propicio para un nuevo debate jurídico. En la actualidad uno de los temas más polémicos en el panorama de la protección de datos personales es el de la significación del mentado “derecho al olvido” y el conflicto de derechos fundamentales que este proyecta. En este entendido el presente trabajo

busca conceptualizar el alcance que internacionalmente se le ha otorgado a este derecho, teniendo en cuenta para ello recientes desarrollos doctrinarios, jurisprudenciales y normativos. Seguidamente repasaremos la actualidad jurídica de este tema en nuestro país, para luego abordar los diferentes límites que el mismo encuentra, o podría encontrar, tanto en el ámbito práctico como en el jurídico.

Conceptualización del “derecho al olvido” El “derecho al olvido” se presenta como un nuevo avance de los derechos ya consagrados en la estructura clásica de la protección de datos personales, pero esta vez el esfuerzo procura adaptar estas garantías al mundo on-line. Como primera aproximación podemos concebirlo como una evolución del “derecho de supresión” el cual es reorientado, desde una lógica ligada a los tradicionales bancos de datos, hacia Internet con un especial foco en los “motores de búsqueda”. En la tarea por delimitar este concepto encontramos opiniones doctrinarias que lo han considerado como una garantía de reciente aparición, |20|

mientras que otros autores lo ubican como un progreso de los mecanismos de protección de datos personales1. Su configuración está claramente emparentada con elementos derivados de los “derechos de cancelación y oposición”,2 y con los “principios de proporcionalidad y finalidad”. Como veremos más adelante el “derecho al olvido” tiene notorios vínculos y seguramente deba su origen a las iniciativas normativas que han acotado los plazos de permanencia en los registros de morosidad. En el terreno práctico por lo general se lo ha perfilado como la posibilidad de oponerse a la difusión o a la permanencia de información de carácter personal localizable a través de motores de búsqueda. En tal entendido el interesado puede ejercer el derecho mediante la solicitud de la desindexación de dicha información en los referidos motores, lo que puede verificarse con independencia de la permanencia de la fuente original. Esto ocurre siempre que el tratamiento original se considere legítimo, lo cual implica que los datos se mantengan, pero con la salvedad de impedir la aparición de resultados obtenidos mediante búsquedas genéricas en Internet. En tal sentido queda claro que este

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nuevo perfil procede en esencia frente a datos veraces, obtenidos en forma lícita, pero cuya permanencia actual puede considerarse inadecuada ya que en otros casos (obtención ilícita, falsedad, etc.) opera sin mayor discusión el clásico “derecho de supresión”. En definitiva, una cosa es “olvidar” aquello que ha sucedido y otra muy distinta suprimir la información cuyo tratamiento se encuentre en alguna forma viciado. Este derecho es concebido entonces como un mecanismo que busca evitar la condena social “in aetérnum” de un individuo en razón de algún tipo de información que tenga, al menos, un potencial perjudicial. De todas formas el mismo se encuentra claramente limitado por diferentes coordenadas. Por un lado las posibilidades técnicas que hacen cada vez más dificultosa la eliminación total de una información determinada en el ciberespacio. Desde el punto de vista jurídico, el “derecho al olvido” encuentra su frontera en el amplio espacio de influencia de la “libertad de información”.3

Más allá de que en Estados Unidos han surgido iniciativas como la “eraser law”, la cual garantiza a los niños la posibilidad de borrar informaciones denigrantes de redes sociales y limita la publicidad dirigida a adolescentes4 los últimos grandes impulsos del “derecho al olvido” provienen de la jurisprudencia europea. Dentro de la misma el caso que ha concitado especial atención es el renombrado “Caso Costeja”.

El caso Costeja El litigio que diera lugar a la sentencia bajo análisis, se remonta a la reclamación presentada por el ciudadano español Mario Costeja González ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra la Vanguardia Ediciones S.L, Google Spain y Google Inc. En resumen Costeja expresaba que al realizar una búsqueda de su nombre en el motor “Google Search” se obtenían dos resultados relativos a él, resultando la fuente de los mismos el periódico “La Vanguardia” del año 1998. En dichas entra-

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das se informaba sobre remates de inmuebles de su propiedad en razón de haber mantenido deudas con la Seguridad Social. El accionante argumentó que había solucionado satisfactoriamente esta dificultad económica hace años, por lo que entendía que el tema carecía de trascendencia y que su actual publicidad le ocasionaba un daño. Con estos argumentos solicitó que se retira la publicación del diario y se le exigiese a Google Spain y a Google Inc. que eliminaran sus datos personales para que dejaran de incluirse como resultados de búsqueda los enlaces anteriormente referidos. La AEPD rechazó el reclamo en lo referente a “La Vanguardia” en razón de que la publicación tenía un innegable justificativo legal. Sin embargo recogió los argumentos contra Google Spain y Google Inc., considerando que los motores de búsqueda estaban comprendidos en la normativa de protección de datos al realizar un tratamiento del cual resultaban responsables. Por lo tanto, el organismo

Información Comercial de contralor entendió que podría dirigirse directamente a los mismos para ordenar que impidieran el acceso a esta información en atención a que su permanencia lesionaba el derecho a la protección de datos del denunciante. Según la AEPD este procedimiento podría solicitarse incluso, como en el presente caso, a pesar de mantenerse la página donde estuviera alojada la información. Presentados los correspondientes recursos por parte de Google Inc. y su filial española ante la Audiencia Nacional, la misma suspendió el proceso planteando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestiones prejudiciales respecto a la interpretación de la Directiva 95/46 en base a lo dispuesto por el Artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.5 Analizado el asunto, el Tribunal declaró que para la normativa europea existe tratamiento de datos personales cuando un motor de búsqueda realiza la actividad de hallar, indexar, almacenar o poner a disposición este tipo de datos a pesar que los mismos hayan sido subidos a la red por parte de terceros. En tal entendido el gestor de dicho motor resulta responsable por esta actividad. Asimismo el TJUE entendió que cuando quien gestione el motor de búsqueda tiene una sucursal o filial dentro en un Estado de la UE destinada a la promoción y venta de espacios publicitarios y esta actividad es dirigida a los habitantes de algún Estado miembro, deberá considerarse que se está ante tratamiento de datos dentro de ese territorio. Según Palazzi esta solución buscó evitar un “fraude a la ley” en razón de la notoria relación entre las sociedades, Google Inc. quien realiza el tratamiento técnico desde EEUU y Google Spain cuya actividad está dirigida a la promoción y venta de espacios publicitarios.6 La declaración sostiene que la Directiva obliga a los motores a eliminar los resultados obtenidos tras una búsqueda realizada a partir del nombre de una persona, aunque la

publicación tenga fundamento lícito, siempre que la solicitud cumpliera con los requisitos correspondientes a los derechos de acceso y oposición. Por lo tanto, ante el requerimiento de un interesado los buscadores deben proceder a valorar la pertinencia, o no, de mantener la lista de resultados vinculados al nombre del solicitante. Frente a este panorama los buscadores más importantes del mercado han tomado medidas, entre las que se encuentra la elaboración de formularios para la presentación de reclamaciones. En cuanto a la ponderación de derechos, el Tribunal considera que el derecho a la protección de datos “en principio” prevalece sobre el interés económico del gestor de datos y sobre el interés del público de acceder a esta información cuando el interesado carezca de un papel relevante en la vida pública. Esta declaración, junto con varios fallos de diferentes jurisdicciones, replantea la idea de buscar un equilibrio que pondere, para cada caso concreto, la colisión de tan importantes derechos.7 Este asunto ha configurado un verdadero “leading case” en la materia, en el que un ciudadano, en la penosa búsqueda por el anonimato en la web, encontró la más perpetua y estridente de las exposiciones. Al obtener una sentencia en favor del olvido el accionante consiguió la paradoja de entrar para siempre en la posteridad con su caso.

El Derecho al Olvido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos8 no solo deroga la Directiva 95/46/CE, sino que también abunda en temas como el del “derecho de supresión” o “derecho al olvido”. En sus considerandos la norma expresa que los interesados deben go|22|

zar de un “derecho al olvido” “... si la retención de tales datos infringe el presente Reglamento o el Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento.” En el entorno en línea el Reglamento pretende “reforzar” este derecho, estableciendo, en cabeza del responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales, la obligación de informar a quienes estén tratando los mismos para que supriman todo enlace, copia o réplica. Con tal objeto los mismos deberán tomar “medidas razonables” para dar cumplimiento a tal fin. Este nuevo cuerpo normativo asimila el “derecho de supresión” con el “derecho al olvido” nueva nomenclatura que seguramente busque mejorar la recepción pública del mismo. El Artículo 17 del Reglamento bajo el “nomen iuris” de “derecho de supresión («el derecho al olvido»)” señala el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos que le conciernan cuando concurran algunas circunstancias. Ejemplo de estas son cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron colectados, hayan sido tratados ilícitamente o que deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. También corresponde cuando se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información dirigidos a niños. Otra hipótesis donde resulta procedente el “derecho se supresión” es cuando el titular retire el consentimiento y el responsable no cuente con en otro fundamento jurídico, esto quiere decir, que el tratamiento tenga como única fuente de legitimidad esta declaración de voluntad. Se subraya que se debe brindar protección cuando el interesado prestó su consentimiento siendo niño aunque este ya no lo sea. También se contempla el este ejercicio en los casos que el interesado se oponga al tratamiento, motivado por su situación particular o cuando esta actividad tenga por obje-

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to la mercadotecnia directa, sin que prevalezcan otros motivos legítimos. La normativa determina la inaplicabilidad del olvido frente a una importante variedad de hipótesis. Ejemplo de estos límites ocurren cuando el tratamiento es necesario para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, cuando éste se requiere para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o cuando se dé en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. También se descarta la procedencia del derecho por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, cuando existen fines de archivo en interés público, de investigación científica, histórica, con fines estadísticos o cuando los datos sean necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El “derecho al olvido” en nuestra normativa Junto con los derechos de rectificación, actualización e inclusión, el “derecho de supresión” se encuentra regulado en el Artículo 15 de la Ley Nº 18.331 sobre protección de datos personales y acción de habeas data (L.P.D.P.). El mismo surge con carácter general cuando se ocasionen perjuicios a los derechos e intereses legítimos de terceros, exista notorio error o se contravenga a lo establecido por una obligación legal.

Una vez recibida la solicitud para la supresión el responsable cuenta con un plazo de cinco días hábiles en el que deberá tomar las medidas técnicas para alcanzar a tal fin, o por el contrario informar las razones por las cuales no procederá según lo peticionado. La negativa o el vencimiento del plazo deja expedita la vía del “habeas data” para el titular de los datos. Cuando se proceda con la supresión el responsable debe notificar en un plazo de cinco días hábiles a quienes anteriormente recibieron la comunicación de la información. A diferencia de los casos de verificación, rectificación o inclusión, en nuestra opinión la ley no deja en claro si en la operación de análisis sobre la procedencia de una supresión debe dejarse constancia que dicha información se encuentra sometida a revisión. De todas maneras esta previsión parece aconsejable como mecanismo de cautela ante un eventual daño que pueda causar la permanencia de los datos. Trazas del “derecho de supresión” también son identificables en el “principio de veracidad” por el cual se establece la obligación de suprimir los datos inexactos, falsos o que hayan caducado por disposición legal y en el “principio de finalidad” el cual establece el deber de eliminar los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para los fines que se tuvieron en cuenta a la hora de la colecta.

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En nuestro ordenamiento jurídico el Artículo 22 de la L.P.D.P es la muestra más acabada, y en la práctica más importante, del “derecho al olvido” en sede de protección de datos. Esta norma, concebida como continuadora de la derogada Ley N° 17.838, está dirigida a limitar los plazos de inscripción de una obligación crediticia en las bases de datos orientadas al tratamiento de este tipo de información. El Artículo, modificado por Ley Nº 18.719, dispone los plazos y condiciones de registro de las obligaciones de carácter comercial o crediticio relativo a las personas físicas. La referencia exclusiva a las personas físicas sigue las tendencias normativas que no conciben a los datos relativos a personas jurídicas como de carácter personal.9 Al no estar involucrado un derecho humano la circulación de información es más flexible en atención a que el bien jurídico tutelado es claramente de menor valía, por lo que la protección excluye a estas entidades.

Los límites del “derecho al olvido” Es extremadamente difícil tratar de dar un panorama acabado sobre las dificultades que presenta un tema de la complejidad que estamos abordando. De todas maneras vamos a resumir lo que a nuestro entender son algunos de los problemas más evidentes que surgen en cuanto a la realidad práctica de este derecho, anotando también los escollos cultu-

Información Comercial rales, técnicos y jurídicos que existen para transpolar el mismo a nuestra realidad. Los problemas relativos a la pretensión de establecer un derecho con carácter universal en el ámbito de Internet: Entre las enseñanzas y preguntas que nos deja el “Caso Costeja” queda la duda sobre el alcance territorial que pueden tener los fallos jurisdiccionales que procuran garantizar el “derecho al olvido”. Este caso disparó las solicitudes de ciudadanos europeos para que los distintos buscadores, en particular Google, desindexaran información a su respecto. Complementariamente en un sonado caso, la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia ha solicitado la extensión del proceso desindexación a escala global.10 Desde el punto de vista del sujeto obligado, las iniciativas contra Google han marcado la tónica jurisprudencial. En general y siguiendo al “Caso Costeja” se ha entendido que más allá que la actividad técnica se realice por Google Inc. en California (EEUU)11 o en otras jurisdicciones ajenas a la U.E, el hecho de contar con un establecimiento destinado a la promoción y venta en un Estado miembro que el tratamiento se realiza en territorio europeo. Esta interpretación implica, por la vía de los hechos, que desde otra jurisdicción se afecte el funcionamiento de un modelo de negocios ubicado en un tercer país. Como es evidente esta situación puede generar toda clase de distorsiones no deseadas. Semejantes decisiones pueden considerarse una injerencia en otras jurisdicciones en las cuales se entienda como prevalentes otros derechos. Asimismo podemos llegar a estar ante órdenes de censura globales que eviten el acceso a determinada información que alguien entienda como inconveniente. A vía de ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó acerca de los peligros de dotar a regímenes menos democráticos de herramientas que le permitan extender la censura a Internet.12

La contraposición con la libertad de pensamiento, expresión e información: La libertad de pensamiento es el punto de partida desde el cual se desprenden un conjunto de derechos entre los que destacan la libertad de expresión e información. Doctrinariamente se ha señalado que la “libertad de pensamiento” se desarrolla exclusivamente en el ámbito privado, mientras que la “libertad de expresión y comunicación” se verifican a partir que el individuo expone su pensamiento a un tercero.13 El acceso a la información es condición previa para el desempeño satisfactorio de estos derechos, los cuales a su vez operan como vehículo que permite promocionar el cumplimiento del resto de las garantías individuales.14 Frente a esta perspectiva la opacidad informativa se presenta como un escollo nada menor para el normal desempeño de una sociedad democrática. Por lo pronto el “derecho al olvido” se presenta como un límite a la posibilidad de acceder a información marcando, nos guste o no, una frontera para estas libertades. Más allá de las posiciones que entienden viable la búsqueda del equilibrio como forma de dirimir el conflicto entre derechos, queda claro que la aplicación del “derecho al olvido” implica obturar una serie de garantías y derechos fundamentales con el consecuente efecto sobre otros bienes jurídicos de singular valía. Un rápido ejemplo sería el de la aplicación del “derecho al olvido” sobre los datos de una persona condenada por crímenes violentos. La limitación a la información no sólo coarta la libertad de expresión, sino que puede implicar para aquellas personas que tengan desprevenido contacto con este individuo, riesgos para otros derechos como el de la seguridad personal. Quien ya ha visto limitada sus posibilidades es la actividad periodística, en base a discutibles criterios para sostener la pertinencia de esta concepción del olvido. Se han propuesto criterios para dirimir los casos donde esté involucrado el interés periodísti|24|

co como el de evaluar la actualidad de la ocurrencia de los hechos. Siguiendo este parámetro, la cercanía temporal determinaría el predominio del derecho a la información, fortaleciéndose con el transcurso del tiempo las posibilidades de aplicar el olvido. La información que con este criterio pierda su utilidad general quedaría circunscripta a fuentes como las oficiales de información para la consulta de quienes tengan “un interés real”. 15 Por otro lado en España la AGPD sostiene que para mantener el “equilibrio” entre los derechos en juego ha de tenerse en cuenta el interés de los usuarios en acceder a una información de “interés público” o que la misma afecte a una figura pública, conceptos todos de difícil determinación.16 El problema es que la trascendencia de la información es esencialmente dinámica. Los datos que en determinado momento pierden interés, pueden volver a resultar trascendentes (tanto para el colectivo como para un individuo determinado) frente a cambios de circunstancias tan simples como una postulación a un cargo, frente a la concertación de un negocio o cualquier otro vínculo por el cual se ve afectado el derecho a tener los elementos suficientes para tomar decisiones informadas y por lo tanto conscientes, de los individuos. En este marco es importante tener en cuenta instrumentos como la “Declaración conjunta sobre Libertad de expresión e Internet” del 1º de Junio de 201117 la cual nos ofrece elementos para asimilar la pertinencia de garantizar la libertad en el ámbito de Internet a la de cualquier otro medio de comunicación. Esta idea resulta razonable desde una visión que contemple parámetros de equivalencia funcional ya que existe identidad de objetivos entre los medios. Cualquier otro criterio implicaría una discriminación injustificada en atención al método elegido por el ciudadano. Para que sea aceptable una restricción a la libertad de información en Internet la misma debe fundamentarse en la denominada prueba tripartita, o sea, que concurran una previ-

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sión legal, una finalidad legítima y universalmente reconocida y que el impedimento sea eficaz para el cumplimiento de los objetivos pre-anotados. De esta forma debe ponderarse el impacto de cualquier restricción a la “libertad de expresión” en Internet, diseñando enfoques específicos según las particularidades de este medio, sin implicar por cierto, limitaciones de carácter específicas. Para tal fin la Declaración apuesta a la autorregulación y al fomento de medidas educativas y de conciencia. En cuanto a la responsabilidad de los intermediarios se pretende a quienes ofrezcan únicamente servicios“...técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios”. La responsabilidad para estos agentes se confiere en dos casos específicos. O bien cuando los mismos tengan intervención en estos contenidos o cuando se nieguen a

cumplir un mandato judicial por el cual se les haya solicitado la eliminación de los mismos, siempre que esta actividad resulte viable para el intermediario. Se propone que el filtrado y bloqueo se debe realizar solamente en casos extremos (se ejemplifica con la protección de menores de abusos sexuales) debiendo tomarse tal determinación de manera análoga a la de cualquier otro medio de comunicación. La Declaración señala como únicas jurisdicciones competentes para el inicio de acciones civiles o penales aquella donde se verifique un perjuicio sustancial. Por lo pronto estos criterios distan de los últimos fallos que consagran el “derecho al olvido” en razón de la potencialidad de daño que los datos veraces puedan ocasionar a un individuo. Las dificultades técnicas para garantizar el derecho al olvido: Traer un derecho al terreno de la realidad muchas veces resulta dificultoso, máxime cuando tal tarea se propo-

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ne en el ámbito de internet. En tal sentido resulta prácticamente una quimera pretender la certeza que determinados datos han sido definitivamente suprimidos u ocultos en la web. En primer término la multiplicidad de operadores existentes en el mercado hace de por sí dificultoso el cumplimiento general de un proceso de desindexación. A su vez la siempre posible situación de que los datos que fueran descargados puedan ser volcados nuevamente a la red genera razonables dudas sobre las posibilidades prácticas de esta garantía.18 Por otra parte el cumplimiento de los motores de búsqueda de los requerimientos de los particulares implica que los mismos adopten procedimientos y normas de autorregulación interna que bien pueden lindar con mecanismos de censura privada. La importancia que ha adquirido la reputación digital en todos los aspectos del relacionamiento social y la difusión del derecho al olvido, ha colaborado para crear por un lado una industria tendiente a limpiar o

Información Comercial “blanquear” el pasado en la web de un individuo mientras como contrapartida también se ofrecen servicios que brinden la posibilidad de realizar búsquedas especializadas de información personal. Problemas vinculados con el resto del ordenamiento jurídico: Como ya hemos analizado, el “derecho al olvido”, al igual que la mayor parte de los derechos y principios en la materia cuentan con una amplia galería de excepciones, lo cual muchas veces implica una importante dificultad para distinguir cuándo procede la aplicación. Sobre el particular entendemos que la libertad de expresión e información sólo pueden ser, ponderadas y eventualmente limitadas, en vía jurisdiccional. En este marco el alcance de conceptos como el de “disponibilidad a público”20 seguramente será objeto de amplias discusiones en cada jurisdicción. Estamos ante un derecho que sólo puede ser activado por el propio interesado y con márgenes de discusión tan importantes que hacen inevitable la consideración judicial del mismo. Desde un punto de vista externo, observamos que distintos aspectos del ordenamiento jurídico toman decidida distancia de este derecho lo que genera claras inconsistencias. En efecto, cada vez son mayores las obligaciones de colecta y mantenimiento de información en áreas tales como las financieras, las cuales involucran por cierto desde las más pequeñas a las más importantes transacciones, el aumento de la permanencia de los datos sobre menores infractores o las cargas que se generan con respecto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Frente a esta situación la normativa de protección de datos tiende a aumentar su galería de excepciones lo cual desnaturaliza sus objetivos originarios. Estas contradicciones motivan a preguntarnos si es posible que nuestras sociedades obtengan un adecuado nivel de satisfacción a sus demandas, cuando las sucesivas regulaciones plantean finalidades de difícil articulación cuando no lisa y

llanamente contradictorias. El Derecho a la memoria como límite: El “derecho a la memoria” es considerado internacionalmente como un instrumento vital en la lucha contra diversos tipos de impunidades, un elemento necesario para que pueda accederse al “derecho a la verdad” y un deber ético de las sociedades el cual debe ser garantido por el Estado.21 Más allá que su origen puede asociarse a los momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las condicionantes históricas han generado que el mismo tenga un lugar de especial consideración en Hispanoamérica. Este derecho cuenta con una faceta individual, otra de carácter informativo y también un aspecto reparatorio. Sobre esto último la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con fallos a través de los cuales se rescata la importancia de mantener el recuerdo de las víctimas con mecanismos tales como el de adjudicarle a espacios públicos el nombre de las mismas.22 El derecho en cuestión también cuenta con un aspecto colectivo destinado a que las sociedades, a través del conocimiento de su pasado, puedan construir su identidad previniéndose de transitar por los mismos errores del pasado. Por tal motivo es de especial cuidado la posibilidad que a partir del “derecho al olvido” se generen vacíos que construyan pasados sin mácula o “a medida”. En este sentido preocupan fallos como los que se han verificado en Europa, los cuales distinguen entre una función primaria que cumplen los medios destinada a informar sobre noticias actuales y una secundaria en la cual se encontrarían las informaciones archivadas en “hemerotecas digitales”. En este segundo caso los fallos entienden que los Estados pueden tomar medidas más restrictivas en razón de la pérdida de interés público de la información, lo que es un riesgo ya que puede influir sobre el conocimiento del pasado que tenga toda una sociedad. Por tal motivo a nuestro entender el “derecho al olvido” sólo puede operar a |26|

través de un reclamo concreto y no con carácter genérico.23 Como hemos señalado, el “derecho a la memoria” ha tenido un especial desarrollo en nuestro hemisferio, mientras que el “derecho al olvido” es de origen centralmente europeo. Semejante “choque” cultural ha causado recelo en organizaciones de especial importancia de la sociedad civil. Por ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa expresó que el “derecho al olvido” “...contradice la tradición americana en la materia, basada en la necesidad de mantener vivo el recuerdo de una historia de violencia política y social, corrupción y crimen organizado en buena parte de los países de la región.” Por tal motivo se entiende que no estamos ante un instrumento adecuado para la defensa de los derechos relacionados con la intimidad.24 Concomitantemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su preocupación sobre los fallos judiciales que han sustentado al “derecho al olvido” en virtud que los mismos desconocen la “arquitectura de internet” por lo que se debe valorar que cualquier restricción que se imponga debe ser previstas por la ley, tener una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y que la medida se adecuada para alcanzar este fin. Por otra parte se insta a ponderar el impacto que este límite tiene para la libertad de expresión en internet frente a los relativos beneficios que el mismo promovería.25

A modo de conclusión Es claro que el ciberespacio no puede ser un entorno ajeno a las leyes y principios jurídicos que rigen el resto de nuestra vida social. Por otra parte la progresiva puesta a disponibilidad pública de la vida de las personas26 tiene, como no podría ser de otra manera, consecuencias jurídicas. Ante esta realidad el “derecho al olvido” surge como una respuesta que pretende viabilizar en Internet, determinado nivel de protección de datos personales que en su día fue conce-

Información Comercial bido para un mundo mucho menos interconectado.

los privados, determinar qué debemos y de quién nos debemos olvidar.

Conceptualmente podemos ubicar a este desarrollo, o bien como una forma más amigable de denominar el “derecho de supresión”, o bien como una extensión del mismo orientado a la red y a la permanencia de datos que en su origen fueron legítimamente tratados.

En nuestra opinión todo lo antedicho nos lleva a concluir que una eventual consolidación normativa de este derecho ha de tener en cuenta las particularidades de nuestra sociedad, situación que descarta una simple homologación de los criterios europeos. Por lo pronto pareciera que la mejor manera de resguardar la “reputación digital” es la de limitar la auto exposición, comprendiendo al fin que nuestros actos y acciones van a tener una permanencia en la red mucho mayor a la que hubiéramos deseado.-

El “derecho al olvido” permite en ciertas circunstancias y a iniciativa de un interesado, que se deje de tratar, generalmente mediante la desindexación en los motores de búsqueda, aquellos datos personales que sobre sí obren en Internet. Como señaláramos, este derecho puede incluir el cese del tratamiento de información veraz y legítimamente obtenida lo cual presenta una serie de problemas jurídicos de envergadura. Evidentemente no es la misma consideración la que ha de tenerse cuando estamos ante información cuyo tratamiento se encuentre viciado que aquella obtenida y tratada en forma legítima y veraz. El alcance de determinados conceptos, las dificultades técnicas para sustentar los fallos, los problemas para la aplicación universal del derecho, su contraposición con la “libertad de pensamiento, expresión e información” y el conflicto con el “derecho a la memoria” cuyo desarrollo es tan caro a nuestros pueblos, surgen como señales de alerta para su consolidación legislativa. Por otra parte la casuística es tan rica que resulta sumamente arduo crear parámetros de carácter general y legal que orienten con precisión esta temática. Por lo pronto queda claro que el “derecho al olvido” es una garantía que cuenta con amplios límites, tanto en el terreno práctico como en el jurídico. Tampoco podrán desatenderse los riesgos que el olvido entraña para una sociedad, cuando determinados agentes pretendan blanquear su pasado usando la bandera de la protección de datos. Parece oportuno resguardarse de los peligros subyacentes a una novel forma de censura que permite, tanto al Estado como a

1. Carrascosa López, Valentín - Jaume Bennasar, Andrés. (2016). El derecho al olvido y la legitimación pasiva del responsable del tratamiento. El criterio del Tribunal Supremo. En Hacia una Justicia 2.0. Volumen III. Salamaca: Ratio Legis. Pág.: 57. 2. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php 3. Barón Bilat, Graciela Elizabeth. 2015. Derecho al Olvido. En Derecho Informático (XV, 29) Montevideo: FCU. 4. Freire Pimentel Alexandre, Queiroz Cardoso, Mateus, Mendes Saldanha, Paloma. (2016). El derecho al olvido en la ley del marco civil de Internet brasileña y el problema de la responsabilidad civil de los proveedores. Revista Iberoamericana de Derecho Informático (segunda época), Año 1 N° 1, Pág.:17-28. 5. Artículo 267 (antiguo artículo 234 TCE) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad. 6. Palazzi, Pablo A. (2014). El reconocimiento en Europa del derecho al olvido en Internet. 23.02.17, de El reconocimiento en Europa del derecho al olvido en Internet Sitio web: UY/DOC/781/2014. 7. Toscano, Silvia Susana – Galmarini, Luciano, Derecho a la información, habeas data e Internet. (2016) Revista Iberoamericana de Derecho Informático (segunda época), Año 1 N° 1, Pág.: 77-90. 8. La fecha de aplicación prevista para el mismo es a partir del 25 de mayo de 2018. 9. Eirin Álvaro J. “La Protección de los datos personales relacionados con la salud de los trabajadores” www.elderechodigital.com. 10. http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/googlerecurre-en-francia-su-sancion-por-no-respetar-el-derecho-al-olvido/10004-2930346 visitada el 15.03.17. 11. Carrascosa López, Valentín - Jaume Bennasar, Andrés. (2016). El derecho al olvido y la legitimación pasiva del responsable del tratamiento. El criterio del Tribunal Supremo. En Hacia una Justicia 2.0. Volumen III. Salamanca: Ratio Legis. Pág.: 66. 12. Beltrán, Washington. (2017). La memoria de Internet. 27.01.17, de El País Sitio web: http://www.elpais.

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com.uy/opinion/memoria-internet-enfoque-beltran-storace.html 13. Risso Ferrand, Martín. (2014). ¿Qué limitaciones legales pueden establecerse en materia de libertad de comunicación del pensamiento?. Revista de Derecho, 2da época. Año 9. Nº 10, Pag 197 y ss. 14. Human Rigths http://www.derechos.org/ddhh/expresion/ visitada el 15.03.17. 15. http://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/ asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/corte-suprema-aplica-derecho-al-olvido-y-ordena-a-medio-decomunicacion-eliminar-noticia-de-motores-de-busqueda visitada el 15.03.17. 16. http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php visitada el 15.03.17. 17. Esta Declaración fue elaborada por El Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE, la Relatora Especial de la O.E.A para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la CADHP. A su vez colaboraron ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión y el Centro para la Libertad y la Democracia. Disponible en http://www.osce.org/es/fom/78325?download=true visitada el 15.03.17. 18. Davara Rodríguez, Miguel Ángel. (2015). Manual de Derecho Informático. España: Aranzadi. 19. Freire Pimentel Alexandre, Queiroz Cardoso, Mateus, Mendes Saldanha, Paloma. (2016). El derecho al olvido en la ley del marco civil de Internet brasileña y el problema de la responsabilidad civil de los proveedores. Revista Iberoamericana de Derecho Informático (segunda época), Año 1 N° 1, Pág.: 17-28. 20. Reusser Monsálvez, Carlos. (2016). Ejercicio del Periodismo y Derecho al olvido. Medios de prensa y digitalización de noticias. En Hacia una Justicia 2.0. Volumen III. Salamaca: Ratio Legis. Pág.: 251. 21. Cabrera Suarez,Lizandro Alfonso. (2013). El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación1. 14.03.17, de Universidad Nacional de Colombia Sitio web: http://www.bdigital.unal.edu. co/38022/1/40321-180998-1-PB.pdf 22. Sobre el particular ver: Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador Sentencia de 19 de junio de 1998 (Fondo, Reparaciones y Costas) disponible en http://www.corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_38_esp.pdf y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999 disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ Seriec_63_esp.pdf 23. Bosco Cámara Pellón. (2016). Derecho al olvido vs. Derecho a la memoria. 14.03.17, de Revista La Toga Sitio web: http://revistalatoga.es/derecho-al-olvido-vsderecho-a-la-memoria/ 24. El supuesto Derecho al olvido. Una amenaza para la libertad de expresión. Resolución de la 72ª Asamblea General Ciudad de México, México 13 al 17 de octubre de 2016. http://media.sipiapa.org/adjuntos/185/documentos/001/803/0001803826.pdf 25. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/ paises/2016_07_18_ESP_Observaciones_Preliminares.pdf 26. Toscano, Silvia Susana (2016). Libertad de expresión, datos personales e Internet a la luz del sistema Interamericano de Derechos Humanos. En Hacia una Justicia 2.0. Volumen III. Salamanca: Ratio Legis. Pág.: 309.

Gestión del Riesgo

El análisis de riesgo requiere un amplio horizonte de evaluación “Conozco a mis clientes desde hace muchos años”, es una de las razones que aún esgrimen algunas empresas cuando su gestión de prevención del riesgo de crédito se sustenta en la confianza que han desarrollado con sus clientes que, históricamente, han mantenido una buena conducta de pago. El histórico de la relación comercial es sin duda uno de los insumos claves a considerar para evaluar el riesgo de crédito. No obstante, el riesgo de crédito no está atado a la consideración de ese único factor.

onocer el negocio de los que contribuyen a mi negocio, identificar las tendencias macro que lo afectan, conocer su performance objetiva a través de sus estados contables, así como conocer su comportamiento comercial con otros interlocutores, dará cuenta en forma más cabal, de qué es posible esperar de su comportamiento comercial en el futuro.

La incertidumbre respecto al ambiente es un componente ineludible en la gestión del riesgo. Para proyectar negocios se trabaja sobre determinados supuestos, que, no obstante estén bien fundamentados, no dejan de ser supuestos que deben someterse a constante revisión en contraste con las señales que ese mismo ambiente va emitiendo. La incertidumbre es una variable poco favorable para la gestión empresarial, por lo que es menester procurar reducirla en forma sistemática. El uso de información comercial – entre otros tipos de información que también deben considerarse – es una de las alternativas de que dispone una organización para reducir la incertidumbre. La información comercial refiere a elementos macro, como ser tendencias de mercado, reglamentaciones, precios internacionales, tipo de cambio, tasas de interés y otros factores que en la medida en que impactan

sobre el negocio deben considerarse, y también elementos de menor escala – pero no por ello menos importantes – en relación a las empresas con las cuales se establecen relaciones comerciales de diverso tipo.

vencia y real capacidad de pago de la organización con la que se hacen negocios.

Habrá que clasificar o segmentar a tales empresas en función del valor estratégico que el vínculo con ellas tiene para la propia empresa, y profundizar el conocimiento de ellas más allá del histórico de la relación, para poder sustentar la confianza en el vínculo comercial en datos objetivos logrados al ampliar el horizonte de evaluación.

El comportamiento de la cartera de clientes es dinámico, y si bien en determinado momento puede no estar dando señales de inestabilidad con la propia empresa, sí puede estar dándola en otros puntos del mercado. El sistema empresarial configura un todo integrado donde las influencias se ejercen y se reciben desde diversos frentes, y cuyos impactos no siempre se visualizan claramente ni en forma inmediata en la propia empresa.

Evaluar el cumplimiento de la contraparte con la propia empresa está bien. Pero es condición necesaria, no suficiente. Desconocer el comportamiento comercial de la contraparte con otros actores del mercado, supone un gran sesgo de la realidad, que conlleva un riesgo innecesario. La consulta de registros de incumplimiento que concentran datos del mercado constituye una alternativa para reducir la incertidumbre en este sentido.

De ahí que sea recomendable tener bajo seguimiento a empresas aún más allá de la propia cartera de clientes, que pueden no jugar un rol estratégico con la propia pero sí en el recorrido de la cadena de valor sectorial en el que está comprometido un conglomerado de empresas que se relacionan entre sí (riesgo sistémico), de modo que su éxito o fracaso repercutirá en el sector de que se trate, aunque afecte a algunos más directa o intensamente que a otros.

Evaluar el cumplimiento sólo a través de la historia de pagos con la propia empresa además, deja por fuera datos de valor clave del comportamiento de la contraparte, como los que se desprenden de los estados contables. Éstos, permiten evaluar con mayor precisión y objetividad la sol-

Cuando todo el mercado se ocupa de proteger sus créditos con base en datos objetivos que implican necesariamente la consulta de información comercial, las empresas del sector se saben si se quiere “observadas”, y ello tiene un efecto inhibitorio con relación a las malas prácticas.

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LIDECO / Julio 2017

La seguridad en el comercio se verá potenciada en la prevención de daño y en la promoción de negocios, si cada vez más empresas se suman a perfeccionar su sistema de gestión del riesgo de crédito. Para cumplir con el fin de lucro que hace a una empresa comercial es de suyo que debería ser un requisito insoslayable la instrumentación de los adecuados recursos para garantizar la máxima reducción posible de las posibilidades de ver arriesgado su patrimonio con el fracaso de operaciones comerciales mal respaldadas. Si para subrayar la intención de estas líneas debemos buscar respaldos más allá de los 100 años de actuación en el mercado de la información, podemos remitirnos a uno de los sectores que más sistemáticamente ha aprendido de la experiencia y desarrollado documentos de respaldo respecto a la necesidad de la prevención del riesgo, como lo es el sector financiero. Pueden recorrerse en tal sentido los documentos referidos a las normas de Basilea, que constituyen un marco de regulación internacional para bancos, y que dan cuenta del proceso de aprendizaje que el sistema financiero ha recorrido y recorre en esta compleja y vasta materia que es la prevención del riesgo de crédito. Apelando a documentos locales dentro de ese sector, el Banco Central del Uruguay, en su publicación “Estándares mínimos de gestión para instituciones de intermediación financiera”,

establece, haciendo referencia a la necesidad de abordar el riesgo de crédito con un sistema de gestión integral, que “El negocio de una institución financiera implica asumir riesgos para generar ganancias. Como consecuencia, una competencia clave de cualquier institución financiera es su capacidad de gestionar los riesgos que asume en forma prudente y rentable. La institución debe implementar un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, definido como el conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de control implementados por la entidad para propiciar una apropiada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los que se encuentra expuesto y evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en relación con su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados”.1 El mismo documento, define al riesgo de crédito como “la posibilidad de que la entidad vea afectadas sus ganancias o su patrimonio debido a la incapacidad del deudor de cumplir con los términos del contrato firmado con la institución o de actuar según lo pactado. El riesgo crediticio puede encontrarse en todas las actividades donde el éxito depende del cumplimiento del deudor o contraparte. El riesgo crediticio se encuentra cada vez que la institución extiende o compromete fondos, coloca en custodia, invierte o se expone en otra forma a través de un acuerdo existente o implícito que puede reflejarse o no en sus estados contables. Dentro del

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riesgo de crédito también se incluye el riesgo de sufrir pérdidas en los activos causadas por hechos económicos, sociales o políticos acaecidos en un país extranjero. La institución debe de disponer de una visión integral de las exposiciones al riesgo de crédito en el conjunto del banco y del conglomerado”2. Perfectamente podemos sustituir en los párrafos anteriores la expresión “institución financiera” “conjunto del banco” o “conglomerado” por “empresa”, y el concepto aplica de igual modo al sector comercial, con las adaptaciones de escala, organizacionales y de tipo de negocio pertinentes. Más allá de las diferencias cualitativas entre el sector financiero y el empresarial, lo que apuntamos a señalar es que, quienes más han profesionalizado la gestión del riesgo de crédito y hecho acopio sistemático de la experiencia resultante de las crisis atravesadas, recomiendan además una revisión sistemática de las prácticas. “Conozco a mis clientes desde hace muchos años”, resulta una estrategia de protección muy endeble para la prevención del riesgo, que no considera la amplitud del horizonte en el que se desarrollan los hechos comerciales.1. http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/ Documents/estandares_minimos_010717.pdf, cita en pág 19. Fecha de consulta: julio 2017 2. Id. ant.

De interés

Registro de Estados Contables ante AIN: repasamos obligados, plazos y sanciones A partir de que finalmente se dispusiera el efectivo control y el correspondiente efecto sancionatorio para las empresas que, estando obligadas a registrar sus estados contables, hubieran incumplido con tal mandato legal, estamos constatando un mayor aflujo de balances registrados en la Auditoría Interna de la Nación. Ello nos congratula por su impacto en una mejor transparencia del mercado, además de porque permite mejorar la calidad de la central de Balances de LIDECO, vía disponibilidad de más estados contables en AIN, principal proveedora de nuestra Central. No obstante ello, el presente artículo está dedicado a recordar quiénes son los obligados a registrar, en qué plazos y cuáles son las sanciones a las que se ven expuestos en caso de incumplimiento.

l lector recordará que nuestra gremial jugó un rol clave en la promoción de la primera ley de registración de balances, oriunda del año 2000, la cual creara el Registro de Estados Contables. Luego de ese hito, se sucedieron muchos años de reclamo, para que la registración no quedara librada a la buena voluntad de las empresas. En atención a ello, se reclamaba que más allá del mandato se hicieran efectivos los controles y las sanciones que inhibieran el incumplimiento de lo dispuesto por la norma. Felizmente, ello se concreta en 2016, cuando gracias a la reformulación tecnológica de AIN en el marco de la estrategia de gobierno electrónico, los estados contables pasan a registrarse en formato XBRL, facilitándose así tanto el registro, el control de su cumplimiento, además de la coordinación e intercambio de información con la DGI. A partir de ello, se concretaría la posibilidad real de fiscalización y sanción para las empresas que hicieran caso omiso de lo dispuesto por la ley.

Los obligados a registrar estados contables Los obligados a registrar estados contables en la AIN surgen de lo dispuesto en el art 97 de la ley 16.060, a saber: a) Según el criterio de forma: las |32|

sociedades comerciales cualquiera sea su forma, a los cuales se suman a partir de la ley 18.930 en la redacción dada por el art. 215 de la ley 19.355, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes que cumplan

De interés los requisitos del art. 2 de la ley 18.930 (sede de dirección efectiva y establecimiento permanente en el país), y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el BCU. b) Según el criterio de ingresos: el decreto 156 establece que dentro de estos grupos, están obligadas aquellas entidades que tengan ingresos por actividades ordinarias mayores a 26.300.000 UI (Unidades Indexadas) o ingresos mayores a 4.000.000 UI y que generen, el 90% de esos ingresos, rentas que no sean de fuente uruguaya.

Las sanciones referidas al incumplimiento de la prohibición de distribuir utilidades sin previo registro, es de 125.000 UI y en caso de reiteración de esta falta en un período de 5 años, es de 250.000 UI. Cabe señalar que la distribución de utilidades se puede aprobar, pero lo que no se puede es distribuirlas (pagar) sin que estén presentados los estados contables. Las sanciones referidas al registro fuera de plazo ascienden a 2.000 UI, y en caso de reiteración de esta falta en un período de 5 años, es de 3.000 UI.

Cabe apuntar que la obligación de registro no aplica eternamente sino en consideración de la foto del ejercicio cerrado: si la foto del año anterior cumple con los parámetros, corresponde registrar. Ejercicio a ejercicio debe evaluarse la situación a efectos del registro. Una sociedad que tiene que presentar los balances porque en un ejercicio porque llega a los niveles de ingresos, puede no estar obligada a presentarlos al año siguiente si no alcanza los niveles de ingreso necesarios.

Se prevén sanciones para las empresas obligadas que repartan utilidades sin haber registrado sus estados contables y por registrarlos fuera de plazo

Plazos para el registro El plazo para el registro son 180 días contados desde el cierre del ejercicio económico. La Tabla 1 contempla plazos a partir del cierre de 30 de junio de 2016. Tabla 1: Plazo para el registro desde la fecha de cierre del ejercicio económico Fecha Cierre Ejercicio

Vencimiento de Plazo

30/06/2016

27/12/2016

31/07/2016

27/01/2017

31/08/2016

27/02/2017

30/09/2016

29/03/2017

31/10/2016

06/05/2017

30/11/2016

05/06/2017

31/12/2016

06/07/2017

31/01/2017

06/08/2017

28/02/2017

03/09/2017

31/03/2017

04/10/2017

30/04/2017

27/10/2017

31/05/2017

27/11/2017

30/06/2017

27/12/2017

DGI tiene acceso a conocer tanto las empresas que han cumplido con su obligación, como aquellas que están en falta. Además, notificada la empresa respecto a la imposición de la multa, AIN comunica el hecho a la DGI, para que se proceda a la suspensión del Certificado Único anual. Si una empresa omisa en el registro, luego de haber sido notificada de la multa, presenta los estados contables, queda la constancia al día respecto de la presentación, a partir de lo cual debe acudir a DGI para solucionar el problema. Para las sociedades comprendidas en el art. 97 bis de la ley 16.060, las sanciones relativas al registro fuera de plazo, rigen para los ejercicios cerrados a partir de la publicación de la Resolución de la AIN el 13 de junio de 2016, esto es: aplica para los ejercicios cerrados a partir del 30 de junio de 2016. Para el resto de los sujetos obligados (sociedades civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades y asociaciones agrarias, las entidades no residentes que cumplan las condiciones a que refiere el artículo 2º de la Ley, y los fideicomisos y fondos de inversión no sometidos a regulación por el Banco Central del Uruguay (Art. 24 de la Ley N° 18.930, en la nueva redacción dada por el Art. 215 de la Ley N° 19.355), las sanciones para el registro fuera de plazo rigen para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016.-

Sanciones Se prevén sanciones por repartir utilidades sin haber registrado estados contables, y por registrar estos últimos fuera de plazo. |34|

Concursales

Asuntos concursales: números, prevención y recomendaciones para acreedores El aumento de la cantidad de asuntos concursales en el primer semestre de 2017 con relación al primer semestre del año anterior, sugiere al mercado más atención en la vigilancia de sus créditos. Como es de esperar, la recomendación primera va de la mano de la recomendación de la consulta de información comercial, del debido manejo de los respaldos documentarios y de las garantías, y de una cabal comprensión de lo que implica ser acreedor en un concurso. Además de cifras, en el presente apartado repasamos una vez más algunos conceptos claves que los acreedores o potenciales acreedores deben manejar en relación a esta temática. Comparativo primer semestre 2016 y 2017

tenido un aumento del 46% en el primer semestre de 2017 con relación al primer semestre de 2016.

a comparación del comportamiento de los asuntos concursales registrados en el primer semestre de 2016 y 2017, arrojan un aumento del 46% de asuntos concursales registrados en el primer semestre del año lectivo con relación a los casos constatados en 2016. Los datos se presentan en la Tabla 1. En cifras totales, los concursos han

Si consideramos su comportamiento en Montevideo y en el interior del país, observamos que comparados ambos semestres, en 2017 Montevideo registra un aumento de 80% y el interior una baja del 25% con relación a los números de 2016. Atendiendo la proporción de concursos necesarios y voluntarios, se observa que en ambos semestres,

tanto para Montevideo como para el interior, hay un claro predominio de concursos voluntarios: éstos, constituyen el 78% del total de asuntos concursales. En cifras: el total de concursos necesarios en ambos semestres en Montevideo e interior es de 20 concursos, y el total de concursos voluntarios en ambos semestres es de 71 concursos, sobre un total general de 91 concursos considerando los dos primeros semestres que estamos comparando.

Tabla 1: Comparación Asuntos concursales en Montevideo e interior en el primer semestre de 2016 y de 2017

Montevideo

Interior

Necesario

Voluntario

Total

Necesario

Voluntario

Total

Total general

2016

2017

Año

Variación semestres Montevideo.

Variación semestres interior del país.

+80%

-25%

Variación total concursos

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46%

LIDECO / Julio 2017 Sobre la información preventiva en materia concursal Si bien nadie puede tener certezas absolutas respecto al comportamiento comercial de otros actores del mercado, aún sin llegar al extremo de una solicitud de concurso, lo recomendable como prudente es incluir dentro del proceso de toma de decisiones de negocios, la consulta sistemática a fuentes de información de las que pueden obtenerse señales respecto a lo que sucede en el mercado. Conocer que las presentaciones concursales van en aumento, ya es de por sí un dato interesante y suficiente como para ameritar mayor atención en la gestión del riesgo. Los socios de LIDECO cuentan con el acceso al dato de los antecedentes concursales por diferentes vías. Una primera vía gratuita, a través de la opción Antecedentes LIDECO, donde además de conocer antecedentes de incumplimiento comercial y de cuentas bancarias sancionadas, se accede al dato de antecedentes concursales. Una segunda vía es solicitar un historial LIDECO (con costo) de persona jurídica o de persona física, donde consta también la noticia de este tipo de antecedente, así como de incumplimientos, cuentas corrientes bancarias sancionadas y registro en el Mocasist. Amén de que la consulta de la primera opción es sin costo y la segunda con costo, am-

bas tienen en común que requieren un monitoreo voluntario respecto de las empresas que se desea observar, esto es, dedicar personal a hacer el seguimiento individual de los antecedentes de las empresas que se desea tener bajo monitoreo. Otra alternativa también para empresas socias de nuestra gremial es suscribir al Servicio de Alerta al Socio (SAS)1. El SAS permite el seguimien-

tes de que ocurra una presentación concursal, como ser la constatación de la existencia de incumplimientos comerciales o de cuentas corrientes bancarias suspendidas o clausuradas. La gran ventaja de este servicio es la masividad del control automatizado que recae sobre los hechos comerciales de cuidado. El Monitor LIDECO es otro servicio de chequeo masivo de antecedentes

Los asuntos concursales registrados en el primer semestre de 2017, arrojan un aumento del 46% respecto al mismo período en 2016 to masivo de algunas situaciones comerciales que pueden ser delicadas, entre ellas, las presentaciones concursales de las que tomamos conocimiento. Además de permitir un seguimiento masivo de empresas, el SAS opera automáticamente: la empresa socia toma conocimiento del antecedente al mismo tiempo que LIDECO, sin que sea necesaria por parte de la empresa una vigilancia voluntaria que consuma recursos de tiempo en el seguimiento de la situación de las empresas de interés. El SAS no sólo informa de las presentaciones concursales, sino que alerta respecto a situaciones comerciales que pueden llamar a cuidado an-

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comerciales, a partir del cual también se logra una amplia cobertura de empresas, respecto de las cuales se informa de la existencia de antecedentes concursales, además de la existencia de incumplimientos comerciales, registro de la empresa en MOCASIST, existencia de cuentas corrientes bancarias suspendidas o clausuradas, todo lo cual puede oficiar como dato preventivo respecto a las dificultades que podría estar atravesando una empresa. La diferencia clave entre la consulta de Antecedentes LIDECO, SAS y Monitor LIDECO radica en la automatización y la masividad de la consulta: mientras que la consulta

Concursales de Antecedentes LIDECO se realiza empresa por empresa, el SAS vigila constantemente el ingreso de antecedentes comerciales respecto a los RUT o CI que la empresa desea supervisar. La diferencia clave entre el SAS y el Monitor LIDECO radica en que mientras el Monitor ofrece una visión puntual y retrospectiva de la cartera que se desea revisar, el SAS realiza un seguimiento permanente y hacia adelante.

ameritan la declaración de concurso.

Sobre el concurso necesario

Recomendaciones para el acreedor concursal

El plazo para la verificación que estipula la ley son 60 días corridos siguientes a la declaración del concurso. Si la verificación del crédito no se realiza en el plazo dispuesto, no significa que se ha perdido la chance de realizar este proceso, pues se puede proceder a una verificación tardía.

Es posible pedir el concurso del deudor, si una empresa cuenta con información objetiva a partir de la cual puede presumirse que un deudor está en situación de insolvencia. En ese caso estaremos ante un Concurso Necesario, alternativa prevista en el artículo 6 de la Ley de Concursos, según la cual, un acreedor, tenga o no su crédito vencido, puede solicitar la declaración judicial de concurso de su deudor, a través de un trámite particular previsto en la Ley. Cuando el deudor se presenta por cuenta propia, estamos ante un Concurso Voluntario.

Cuando se solicita el concurso entonces, se está poniendo de manifiesto,

Debe tenerse claro que la verificación tardía tiene dos consecuencias importantes:

Es claro que, las presunciones de insolvencia deben estar respaldadas por hechos objetivos que den cuenta de la precaria situación económica del deudor, a partir de la cual quedaría comprometida su capacidad de pago de las obligaciones asumidas. Datos objetivos pueden ser los que se desprenden de sus estados contables, de la existencia de embargos, de la existencia de incumplimientos comerciales o antecedentes de cuentas corrientes bancarias sancionadas, etc., todos ellos, datos a los que se puede acceder a través de la redlideco y los servicios de información que detalláramos más arriba. Es importante señalar que estos indicadores estarían planteando presunciones relativas de insolvencia, y que será el juez el que tenga la potestad de decidir si

Esto significa que quienes solicitan el Concurso Necesario de una empresa deben tener las certezas suficientes de la insolvencia, so riesgo de generar un daño comercial a partir de bases erróneas. El tema no se agota aquí obviamente, y amerita un profundo conocimiento de los aspectos legales involucrados.

dor presente toda la documentación que permita denunciar y probar que la empresa concursada mantiene una deuda con su empresa, acreedora del concurso.

Conocer que las presentaciones concursales van en aumento, es un dato que amerita mayor atención en la gestión del riesgo con fines preventivos

mediante un procedimiento jurisdiccional, la situación de insolvencia de un deudor que no puede cumplir con sus obligaciones.

• Implica costos, esto es, deberán abonarse los honorarios del Síndico o Interventor por la verificación del crédito.

El procedimiento concursal determinará qué se debe y a quién, además de que procurará encontrar soluciones para la comprometida supervivencia de la empresa, o en el peor de los casos, la liquidación de todos sus bienes y posterior reparto acorde a lo estipulado en la Ley 18.387.

• De haberse realizado algún pago (por ejemplo, porque se aprobó y homologó un convenio, y se han comenzado a abonar las cuotas previstas), quien se presente tardíamente no tendrá derecho a percibir cuotaparte por los pagos ya realizados, es decir, sólo podrá comenzar a recuperar su crédito una vez que el mismo haya sido verificado en el concurso.

Lo primero que debe hacer un acreedor concursal es presentarse a verificar su crédito o sus créditos de la manera más rápida posible, acorde al art. 93 y siguientes de la Ley de Concursos 18.387. Ello, sin importar si el incumplimiento o los incumplimientos en cuestión fueron gestionados previamente a la declaración del concurso. Verificar un crédito no es otra cosa que probar que ese crédito existe, por lo que se requiere que el acree|38|

De ahí que la recomendación de nuestra gremial es por un lado estar atentos al mercado, y por otro, una vez declarado el concurso, proceder rápidamente a reunir la documentación para iniciar el proceso de verificación dentro del plazo de los 60 días arriba mencionado. Es importante tener en cuenta que todos los acreedores deben pre-

LIDECO / Julio 2017

sentarse a verificar sus créditos incluidos los créditos garantizados con derechos reales de prenda o hipoteca, y los laborales. Los socios de LIDECO pueden tramitar la verificación de sus créditos por intermedio de nuestra gremial sin costo alguno (recordando que debe hacerse dentro del plazo de 60 días referido). Asimismo, LIDECO ofrece representar a sus socios en la Junta de Acreedores, a los efectos de la aprobación de un Convenio concursal, o de la Liquidación de la masa activa. Los documentos necesarios para probar la existencia del crédito con el deudor, son: • Los documentos originales que acreditan la existencia de adeudos por parte del concursado. • En caso de ser tenedores de títulos valores, aportar documentación que acredite la causa de dicho crédito (fac-

turas, notas de crédito, recibos contra la entrega de los documentos, etc.). • En caso de aportar documentos notariales (fotocopias autenticadas, tes-

LIDECO representa a sus socios sin costo2, y la representación es válida durante todo el proceso, sin necesidad de renovación alguna.-

La verificación tardía implica costos y el acreedor no percibirá cuotaparte por los pagos ya realizados: comenzará a recuperar su crédito una vez que el mismo haya sido verificado en el concurso

timonios de poder, etc.), aportar los timbres correspondientes. • Una carta firmada por los representantes de la empresa, habilitando a LIDECO a representar al asociado en la Junta de Acreedores, para emitir el voto.

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1. Por mayor información del SAS, Monitor LIDECO o demás servicios de información dirigirse a marketing@lideco.com 2. Por mayor información relativa a la representación en materia concursal, dirigirse a juridica@lideco.com

Concursales

Es posible declarar como incobrables ante la DGI tributos de créditos concursales El presente artículo atiende a las inquietudes planteadas por nuestros asociados en relación a la obligatoriedad del pago de tributos a la DGI respecto de obligaciones no cumplidas por parte de deudores en concurso. Analiza en tal sentido, el art. 254 de la Ley 18.387 de Declaración de Concurso y Reorganización Empresarial. Impositiva. Los ingresos derivados de la cobranza de los referidos créditos concursales estarán gravados, cuando corresponda, por los respectivos tributos a medida que se produzcan los respectivos cobros”.

Dr. Daniel Martínez Vigil

Sector Jurídico LIDECO Profesor Asistente de la Cátedra de Derecho Concursal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.

a Ley de Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial (Nº 18.387) dispone a través de una previsión bastante desconocida (artículo 254 numeral primero) que: “(Disposiciones tributarias). En los procedimientos concursales se aplicarán las siguientes disposiciones tributarias: 1) Desde la fecha del auto judicial de declaración de concurso, todos los créditos concursales serán considerados incobrables a efectos de los tributos recaudados por la Dirección General

El numeral transcripto prevé dos situaciones diversas. La primera de ellas, es una modificación a la regla general en cuanto a la consideración como incobrable1 de un crédito. A partir del día en que el concurso del deudor es declarado (no desde la solicitud o inicio del trámite, sino cuando el concurso efectivamente se decreta) como acreedor es posibe, a los efectos de cualquier tributo que sea percibido por la DGI, castigarlo como incobrable. Tal calificación permite -de acuerdo a la normativa tributaria vigente, aggiornada lingüísticamente por la Ley 18.387- la deducción de los impuestos facturados, en la especie IVA2 e IRAE (o IRPF)3, según corresponda. Por ello, puede mitigarse -al menos en parte- la pérdida ocasionada por el no pago de mi deudor de la deuda contraída, canalizada a través de un crédito fiscal. La contracara de este beneficio es la segunda situación prevista por el artículo. |40|

Si el deudor alcanzó con sus acreedores un convenio, a través del cual se abona -en todo o en parte- la deuda existente, el acreedor que percibe esos pagos deberá abonar los tributos que correspondan, pero exclusivamente en relación a esa cuotaparte que va percibiendo, a medida que se realizan los respectivos cobros. A vía de ejemplo, si me debían $100 y en el convenio se ofreció el pago del 50% del crédito en 10 cuotas, cada vez que cobre los $5 de la cuota, deberé abonar los impuestos correspondientes a la misma; y por la parte no percibida (el restante 50% remitido en el convenio) se mantiene el castigo como incobrable.1. En principio, transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir del vencimiento de la obligación de pagar el adeudo. 2. Artículo 3 inciso cuarto del Título 10: “En todos los casos en que la contraprestación no se haga efectiva total o parcialmente por insolvencia del deudor, prescripción, mandato judicial, rescisión del contrato, devolución de mercaderías, bonificación, descuentos o ajuste posterior de precio o por cualquier otra causa ajena a la voluntad del contribuyente, éste tendrá derecho a la deducción del impuesto facturado”. 3. Artículo 21 literal C) del Título 4: “Otras pérdidas admitidas. Se admitirá, asimismo, deducir de la renta bruta, en cuanto correspondan al ejercicio económico: (…) C) Los créditos incobrables en la forma y condiciones que determine la reglamentación. En los casos de concordatos preventivos, moratorias o concursos civiles voluntarios, los créditos de los acreedores, se considerarán incobrables a todos los efectos de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva, desde el momento de la concesión de la moratoria provisional. Igual tratamiento de incobrabilidad recibirán desde el auto declaratorio, los créditos respecto de cuyos deudores se haya decretado la quiebra, liquidación judicial o el concurso necesario”.

Visitas y Eventos

Puesta a punto con la Suprema Corte de Justicia: recibimos a su Presidente, Dr. Jorge Chediak

Ing. Marcelo Pesce (Subdirector General Jurisdiccional del Poder Judicial), Dr. Jorge Chediak (Presidente de la Suprema Corte de Justicia), Cr. Pablo Montaldo (Presidente LIDECO)

esafíos, avances, evaluaciones y acciones a concretar fueron objeto de intercambio en un inmejorable clima de camaradería entre los integrantes del Consejo Directivo y staff de LIDECO, con el Presidente y Subdirector General Jurisdiccional del Poder Judicial, el pasado 23 de marzo en nuestra sede social. El Dr. Jorge Chediak, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el Ing. Marcelo Pesce, Subdirector General Jurisdiccional del Poder Judicial, estuvieron departiendo en nuestra mesa sobre un amplio espectro de temas que recorrieron desde aspectos generales del fun-

Haciendo honor a una extensísima relación de colaboración entre nuestra gremial y el Poder Judicial, este nuevo encuentro estuvo enmarcado por un clima de cordial camaradería. Se recorrieron diversos temas de interés para ambas instituciones, destacándose los avances logrados en cada uno de ellos, así como las tareas que aún quedan pendientes. cionamiento de la justicia en el país, hasta los asuntos específicos que han oficiado como eje de colaboración e intercambio entre LIDECO y el Poder Judicial. El Presidente de nuestra gremial, Cr. Pablo Montaldo, puso en antecedentes a los visitantes respecto a los temas en que la misma está tra|42|

bajando en distintos órdenes, siempre en el marco de la búsqueda de salvaguardar el interés general y el bien común en las relaciones comerciales y en los asuntos concursales. Así, se comentó el estado de situación en relación a: • La propuesta de cambios en el código aduanero, revisado en la ren-

LIDECO / Julio 2017

dición de cuentas merced al cuestionamiento que nuestra gremial planteara respecto a la restricción el acceso a la información de la Dirección General de Aduanas. • El proyecto de ley que permitiría la “Transferencia electrónica diferida” en tanto sucesora del cheque diferido • El proyecto de ley que procura se otorgue de manera expresa el carácter de título ejecutivo a la factura electrónica. • La adaptación del código civil a la realidad del comercio electrónico y la exploración de las alternativas que se abren para el comercio en este contexto y contándose con la firma electrónica avanzada. • La iniciativa de promover que sea posible acceder a la consulta nominativa de Inmuebles en la DGR. • La expectativa positiva respecto al logro de la próxima efectivización de las sanciones a las empresas que estando obligadas, no registren sus balances ante la AIN. En materia de asuntos concursales, se valoraron positivamente los beneficios aportados por la última reforma concursal (Ley 18.387 de concurso y reorganización empresarial), destacándose especialmente la abreviación de los plazos y la creación de los juzgados especializados en concursos.

Ing. Marcelo Pesce, Dr. Jorge Chediak, Cr. Pablo Montaldo, Ec. Bernardo Quesada, Lilián Espinosa, Dr. Fernando Fernández, Gabriel A. Hernández, Ps. Claudia Fernández, Dr. Daniel Martínez Vigil, Esc. Adriana Pitterly

Respecto a la creación de la Unidad de evaluación de síndicos prevista por la Ley 18.387, se insistió en la importancia de considerar la adjudicación de puntajes que la ley prevé, en función de la capacitación de los profesionales egresados de los cursos de especialización. Se coincidió en la relevancia de los sistemas de reconocimiento para quienes han cursado instancias de profesionalización en la materia. Se agradeció al Presidente de la SCJ en su calidad de representante del Poder Judicial por el finalmente logrado acceso a la información de los asuntos concursales del interior del país. El proceso de informatización que está transitando el Poder Judicial hizo posible que el mismo se concretara en el transcurso del 2016, permitiendo a nuestra gremial estar al tanto de los asuntos concursales del interior de la República. Se departió respecto a los avances

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del Poder Judicial en materia de tecnología e infraestructura, valorándose positivamente la continuidad del accionar de ese Poder del Estado en relación a los adelantos en la gestión e inserción de la tecnología. Hubo coincidencia en cuanto a la necesidad y las bondades de la transparencia en relación al acceso a la información pública, planteándose claramente que no existe interpretación ambigua posible respecto al carácter público de aquella, por lo que debe garantizarse el acceso a la misma en el marco de lo previsto por la normativa vigente. El clima del encuentro y la fluidez de dialogo entre el Poder del Estado y LIDECO hizo honor a una extensa historia de colaboración entre ambas instituciones, que permitió proyectar positivamente la continuidad de acciones conjuntas de cara al futuro.-

Visitas y Eventos

LIDECO se integra a ALACRED participando de su Asamblea General Los buros de crédito departieron sobre una nutrida agenda de temas los días 20 y 21 de abril de 2017 en la Asamblea General de ALACRED.Representada por su Presidente y Director Gerente, Cr. Pablo Montaldo y Ec. Bernardo Quesada respectivamente, LIDECO estrenó su membresía a la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito.

Participantes de la Asamblea General de ALACRED

LACRED nuclea a los principales buros de crédito de la región en el afán de lograr acciones conjuntas para promover mejores condiciones para la celebración de créditos, tanto para las entidades otorgantes como para las que los solicitan, sean éstas empresas o consumidores finales.

La cita de la Asamblea fue en Santiago de Chile. La organización del evento estuvo a cargo de SINACOFI (SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANICERAS S.A.), empresa creada en 1987 por la Asociación de Bancos de Chile con el fin de desarrollar una red electrónica de datos en apoyo de las transacciones |44|

comerciales de las entidades financieras de ese país, mediante el intercambio de información de valor. Con la presencia de importantes conferencistas, la Asamblea de ALACRED se llevó adelante en un confortable clima de camaradería, propicio para abordar la extensa agenda de temas que analizaron y

LIDECO / Julio 2017

debatieron los representantes de las agencias de información presentes. El encuentro fue rico en intercambio de experiencias y en la identificación de desafíos e intereses comunes en relación a: • La realidad de las Fintech en América Latina. • La seguridad en tecnología de la información. • Los estándares de calidad en el manejo de información . • La prevención de riesgo y fraudes. • La inteligencia aplicada a las bases de datos. La instancia se cerró con el compromiso de los asistentes respecto a la necesidad de avanzar en la cola-

Durante las jornadas de trabajo

boración entre los distintos actores implicados en la tarea de promover las condiciones necesarias para la fluidez del crédito y la celebración de negocios seguros. Ello, conminó a todos a redoblar iniciativas de me-

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jora y a sostener estos importantes espacios de intercambio.-

Visitas y Eventos

Capacita LIDECO

Herramientas para el respaldo del crédito: documentos comerciales, títulos valores, garantías Expositores: Dr. Nicolás Antúnez, Dr. Pablo Briñon

Vista general. En la mesa, Dr. Pablo Brignon, Dr. Nicolás Antúnez

Sede UPAEP, 31 de mayo

Compra venta mercantil y documentos comerciales

l Dr. Briñon comenzó señalando la normativa que regula la compraventa mercantil (art. 513 al 562 del Código de Comercio), donde se establecen las pautas generales a las que se acude para resolver sobre aquellos puntos en que las partes no hayan establecido acuerdos en materia de contratos. Definió la compraventa comercial como un contrato consensual por el cual 1) el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida (debe custodiarla hasta su entrega) 2) el comprador se obliga a pagar el precio y

Cada vez que se vende a crédito se arriesga patrimonio. La idea es que el valor comprometido en una operación comercial planteada a crédito, retorne a la empresa a partir del cobro de lo pactado. La posibilidad de hacer valer nuestro derecho como acreedores se gesta desde que se empieza a considerar el otorgamiento o la ampliación de un crédito. Para ello, es preciso lograr un manejo adecuado del mismo, sus condiciones, y las herramientas a través de las cuales se instrumenta. El Seminario estuvo dirigido a los responsables de decidir sobre el otorgamiento y respaldo de créditos. Una puesta a punto sobre los conceptos claves que rodean al crédito y la compra venta mercantil, así como sobre los instrumentos de pago y de resguardo del crédito, será el objeto del encuentro al que los convocamos de la mano de integrantes del staff del Sector Jurídico de LIDECO. a recibir la cosa comprada. La compraventa se considera mercantil cuando la cosa refiere a bienes muebles para revender o alquilar su uso con el fin de obtener lucro. Para que exista compraventa |46|

mercantil: 1) el objeto debe ser un bien mueble y 2) debe haber ánimo de lucro (reventa o alquiler de su uso). La transmisión de dominio o propiedad de algo requiere del contrato y la entrega. Las entregas parciales no están habilitadas por el

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Código de Comercio a menos que el comprador lo consienta.

en el régimen general del Código de Comercio.

Obligaciones del vendedor:

Obligaciones del comprador:

Para el plazo de entrega, salvo pacto en contrario el vendedor tiene 24 hs desde la celebración del contrato, para poner a disposición del comprador la cosa vendida, si bien el comprador no puede exigir la cosa sin haber pagado el precio. Los gastos de entrega son de cargo del vendedor salvo pacto en contrario. El vendedor será responsable por la calidad de la mercadería dentro del plazo de entrega estipulado: es depositario hasta que se concrete la entrega. Desde el momento en que el vendedor pone la cosa a disposición del comprador y éste se da por satisfecho, el vendedor se constituye en depositario y deja de ser el dueño.

El comprador debe pagar el precio y recibir la mercadería. La compraventa supone que las partes convinieron una relación entre cosa y precio. Si omiten el precio, la compraventa no es nula: las partes se sujetaron al corriente del día y lugar de entrega. Además el precio puede dejarse a criterio de un tercero arbitrador, y si éste último no quisiera o no puede arbitrar, debe ser determinado por un juez.

En cuanto al lugar de entrega, salvo pacto en contrario, debe hacerse en el lugar donde se encontraba la cosa al tiempo de la celebración del contrato. Si se establece que las cosas deban remitirse al comprador, se entiende que sea a su domicilio, salvo pacto contrario expreso. Determinar el lugar de entrega es clave en tanto determina la competencia judicial la hora de reclamar el cumplimiento de la obligación. Se recomienda también prever qué sucede si el comprador se demora en retirar la mercadería, para cuyo caso puede estipularse un cobro por depósito y conservación si se excede un plazo en retirar la cosa. Respecto a los gastos de entrega, el lugar de entrega y el plazo de entrega, se recomienda establecer una serie de cláusulas en cuya ausencia, el contrato se rige por lo establecido

En cuanto al plazo para pagar, salvo pacto contrario, el comprador gozará de 10 días corridos a contar del día siguiente a la celebración del contrato, pero no puede exigir la obligación del vendedor hasta tanto pague el precio. En tanto el vendedor está obligado a colocar a disposición la mercadería a las 24hs de celebrado el contrato, el comprador puede pagar el precio a las 24hs y retirar la mercadería sin gozar esos 10 días, salvo pacto en contrario. Si se paga a crédito, se hará en la forma y los plazos estipulados. El comprador cae en mora y queda expuesto a intereses, por el solo hecho de no pago en el plazo de 10 días. A diferencia con el vendedor que requiere interpelación judicial o notarial, salvo pacto en contrario, para el comprador no es necesaria la interpelación, de modo que debe los intereses desde el no pago, entendiéndose que son los que cobran los bancos públicos, si nada se hubiera estipulado. La prescripción es de 20 años cuando se encuentra en escritura pública o privada (firmada). De lo contrario, si la compraventa no se

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ha documentado, es de 2 años, para domicilios dentro del país y 4 años para domicilios fuera del país. En cuanto a la recepción de la mercadería, si el comprador se negara, el vendedor puede a) rescindir el contrato b) reclamar el precio con intereses. En cuanto a la devolución, si el comprador devuelve la cosa y el vendedor no la hace depositar judicialmente por cuenta del comprador se entiende que consiente la rescisión del contrato. (Se puede estipular un precio de depósito por el retardo en el retiro de la mercadería). Riesgos En cuanto a los riesgos que pueden darse al respecto, se señaló que son del vendedor salvo pacto en contrario. La mercadería puede sufrir un daño antes de la entrega, y es bueno establecer pautas concretas respecto a qué sucederá en esos casos, siendo el punto de inflexión el lugar de entrega. El transporte es parte de la negociación y a su respecto hay que establecer quién asume los riesgos del mismo, pues si nada se establece es el vendedor el responsable. En términos generales, el vendedor responde por la pérdida que sufra el comprador en todo o en parte de la cosa vendida y el comprador tiene la carga de examinar los bienes comprados al recibirlos, pues luego de recibidos, el vendedor no responde de vicios en la calidad ni falta de cantidad. Si la mercadería es entregada en fardos o cubiertas, el comprador tiene 3 días para reclamar por vicios de calidad o falta de cantidad siempre y cuando los fardos o cubiertas estén intactas y que los vicios no sean por caso fortuito o fraudulentamente en su poder. El vendedor puede exigir el

Visitas y Eventos reconocimiento en el acto de entrega y no habrá lugar a reclamación. Ahora bien, si los vicios no son evidentes al momento de la entrega (vicios ocultos) el vendedor responde por el plazo de 6 meses. El comprador tiene la opción de rescindir el contrato o mantener la mercadería reclamando devolución de parte del precio. Asimismo, se sugiere estipular claramente quiénes son las personas autorizadas para la recepción de mercaderías y la firma de los documentos comerciales.

Cuenta corriente mercantil Se definió la cuenta corriente mercantil como un contrato entre dos comerciantes que se establece para el caso de negocios continuados en el marco de un acuerdo de crédito recíproco, donde las partes asientan en cuenta sus remesas y no exigen pago hasta tanto se cierre la cuenta. El pago, resulta de la diferencia ente las remesas enviadas por cada uno. El objetivo del contrato es la concesión de crédito recíproco y el sometimiento de los pagos a una posterior liquidación. La ventaja es la utilización del crédito con la simplificación de las operaciones comerciales y liquidaciones, reduciendo el movimiento de dinero. Las características de la cuenta corriente mercantil son: • Consensualidad: basta el simple acuerdo ente las partes. • Conmutatividad: cada parte obtiene una ventaja a cambio de una prestación equivalente. • Bilateralidad: las obligaciones son recíprocas. • Oneroso: el objeto es la utilidad de ambos contratantes. • Principal: subsiste por sí mismo. • Innominado: no está regulado en cabal forma por la Ley. • De ejecución sucesiva y de duración. En cuanto al intercambio de remesas, siendo la remesa una operación

entre cuentacorrentistas que determinan el nacimiento de un crédito para uno de ellos contra el otro, se señaló que su efecto es que, una vez realizada una remesa, se pierde el derecho de exigir el pago mientras se encuentre vigente la cuenta corriente mercantil, esto es, se paraliza la exigibilidad hasta tanto se cierre y liquide la cuenta en el plazo estipulado por las partes. Los créditos anotados generan intereses que se compensan cuando se compensan capitales, siendo permitida la capitalización de intereses. Una vez verificado el plazo para cerrar la cuenta, se liquida la misma primero compensando aquellos créditos recíprocos, sus intereses, siendo exigible el pago de uno de los cuentacorrentistas con saldo a pagar. Si no se estipula plazo, el cierre debe ser a fin de cada año. El saldo a pagar también puede generar un crédito en la cuenta que comienza. Se destacó que el efecto del cierre es que se produce la compensación y determinará un saldo que se hace exigible de pago. A partir de allí se puede producir la aceptación expresa del saldo o la aceptación tácita cuando hayan transcurrido un mes desde la recepción de la cuenta sin hacer observaciones. La cuenta corriente o la liquidación aceptada, no constituye título ejecutivo y por ende se deberán reclamar el conjunto de facturas o documentos comerciales en donde surja diferencia. Como recomendaciones para el manejo de una cuenta corriente mercantil, se sugirió estipular un contrato formal en donde se fijen los tipos de remesas, los plazos, los intereses pactados, la mora automática, la exigibilidad de pagos y contar con documentos de garantía en caso de diferencias o incumplimiento en las obligaciones.

Documentos comerciales En tanto instrumentos clave de respaldo del crédito, se pasó a considerar los aspectos clave de la factura, el remito y el conjunto factura – remito, el recibo, el conjunto factura – recibo, para luego considerar la nueva rea|48|

lidad de la factura electrónica y a la factura como título ejecutivo. La factura fue definida como el documento en el que se instrumenta la rendición de cuenta que prueba la existencia de un contrato, sea éste de compraventa mercantil, de arrendamiento de obra o de arrendamiento de servicio, aclarándose que no demuestra el cumplimiento de las obligaciones. Para probar que un contrato está en etapa de ejecución los documentos necesarios son el remito, la factura remito y la factura recibo. El remito es un documento que surge de la obligación del vendedor de entregar la mercadería, y deja constancia de ello. El recibo, surge de la obligación del comprador de pagar el precio, y deja constancia de ello. La factura – remito, es la factura firmada por el comprador, que prueba que el vendedor entregó la cosa. La factura – recibo, es la factura que lleva estampada el sello de caja, sustituye al recibo y prueba que cuando se entregó la mercadería, la misma fue paga. Puede existir la necesidad de reclamar ante la constatación de discrepancias entre el detalle de la factura y lo entregado. Confirmada tal imperfección, se debe comunicar y reclamar en forma fehaciente al emisor la diferencia constatada, en un plazo de 10 días desde la fecha de la factura. Si el comprador reclama con posterioridad a ese plazo, se presume conformidad y la cuenta está liquidada y deberá ser exigible el pago. Otro tema que se señaló como relevante fue el de la firma y la competencia judicial en relación a los documentos. En cuanto a la competencia judicial ante posibles reclamaciones o juicios, atendiendo especialmente a que el juzgado competente para conocer sobre un juicio por no pago de facturas es el Tribunal del domicilio del comprador o del lugar de cumplimiento del pago. Se recomendó

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estipular en la factura el lugar donde debe pagarse la cosa, mediante una cláusula que indique que la factura “Deberá ser pagada en el domicilio del vendedor”. Por su parte, la firma es esencial a la factura: es lo que la constituye en título ejecutivo. No conviene permitir al comprador que no firme la factura o la factura remito. Si se posee el remito firmado y la factura sin firmar, existen posiciones doctrinarias y jurisprudenciales favorables a entender que se está habilitado para considerar ese conjunto como título ejecutivo. La factura con su remito se consideran un único documento que prueba la existencia y características de la compraventa mercantil y la recepción del objeto del contrato por parte del comprador. Con respecto a la constitución de la factura como título ejecutivo, el CGP establece en el art. 353 de Procedencia del proceso ejecutivo, que “Procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible: 3) Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173 y 5) Las facturas de venta de mercaderías, siempre que ellas se encuentren suscritas por el obligado o su representante y la firma se encuentre reconocida o haya sido dada por reconocida o certificada conforme con lo dispuesto en el numeral 3 de este artículo. Por la sola suscripción, se presumirán la aceptación de la obligación de pagar la suma de dinero consignada en la

factura y la conformidad con la entrega de bienes, sin perjuicio de la prueba en contrario que podrá ofrecer el demandado al oponer excepciones. Si otra cosa no se indicare en el documento, la obligación de pago será exigible a los diez días (artículos 252 del Código de Comercio y 1442 del Código Civil)”. Con respecto al sistema de facturación se distinguió entre la factura a crédito o contado, señalando que en el primer caso, el acreedor debe procurar asegurarse el cobro e intentar mejorar su posición frente a un posible incumplimiento. El proceso de facturación electrónica establece que una vez que se celebra un contrato de compraventa comercial el vendedor tiene que emitir el Comprobante Fiscal Electrónico y enviar a DGI la información vía web. Si el comprador está en el régimen de facturación electrónica tiene que recibir ese archivo y tiene la obligación de confirmar la recepción del archivo que le envía el vendedor. El CGP dispone que son títulos ejecutivos: las facturas de venta de mercaderías suscriptas por el obligado o su representante, reconocidas o dadas por reconocidas. La ley 18.600 establece que “El documento electrónico suscripto con firma electrónica avanzada tendrá idéntico valor probatorio al documento público o al documento privado con firmas certificadas en soporte papel”. En este marco, el nuevo régimen prevé la existencia del eremito. Cuando el vendedor envía el e-remito por vía digital y el comprador confirma haberlo recibido agregando la firma electrónica avanzada, es posible probar que el contrato entró en la etapa de ejecución y disponer de un título ejecutivo.

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Si se trata de un comprador que no esté en el régimen de facturación electrónica, no pueden circular mercaderías sin una copia impresa de la factura. Cuando van las mercaderías a la empresa del comprador o cuando un representante de éste las retira en la propia empresa, el comprador o su representante deberían firmar esa copia impresa y acreditar el cumplimiento para poder tener un título ejecutivo.

Títulos valores: aspectos prácticos Un amplio espectro de temas fueron recorridos en relación a los títulos valores, considerando estos en el marco de la pretensión de prevenir y proteger los negocios. El Dr. Antúnez comenzó por definirlos como un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo contenido, cuya creación produce los siguientes efectos: 1. Incorporación de un derecho: el documento es un título valor si incorpora la promesa de pagar una suma de dinero, según las cláusulas que se establecen en ese título valor. 2. Literalidad: lo que se redacta en el documento es lo que vale, no da lugar a interpretación. 3. Autonomía: el tenedor de un título valor tiene un derecho originario y no derivado del anterior tenedor. Quien posee el documento, posee el derecho. 4. Abstracción: no interesa la causa que motivó la creación del título.

Visitas y Eventos 5. Legitimación: el tenedor tiene el derecho y lo puede ejercitar. Consecuencia: el deudor cancela su deuda pagando al tenedor. Si no paga al tenedor, paga mal. 6. Tiene calidad de Título Ejecutivo: consagra una obligación de pagar una suma de dinero líquida y exigible, cuya ejecución se realiza a través de un procedimiento judicial abreviado. 7. Investidura: El tenedor del documento detenta el derecho contenido en el mismo. Antúnez aclaró que en caso de la verificación de créditos en materia concursal, para acreditarse como acreedor es necesario no solo el título valor sino especificar la causa sustantiva que lo originó, tal como lo dispone la ley, a efectos de probar la realidad material y la operación que dio origen al mismo. Se necesita entonces por ejemplo, la factura que prueba la existencia de la obligación incumplida.

Vale, pagaré o conforme Son la promesa incondicional y escrita por la cual una persona se obliga a pagar por sí mismo una suma de dinero. No hay diferencia entre tales documentos: jurídicamente tienen los mismos efectos, y se les aplica la siguiente normativa: • Decreto Ley No. 14.701 y sus modificativas. (Arts. 120, 124 y 125). Son aplicables las normas generales sobre Títulos Valores y las referidas a Letras de Cambio. • Normas sobre “usura”. Ley Nº 18.212. • Artículos 1.019 y 1.026 Código de Comercio en cuanto a la prescripción. Los títulos valores cumplen la función de diferir el pago de las obligaciones, evitar el transporte del dinero, constituir instrumento de garantía y cubrir sobregiros en las cuentas bancarias. En cuanto a las enunciaciones esenciales (necesarias para que exista el título valor), deben contener:

• Título: especificar si se trata de vale, pagaré o conforme. • Fecha y lugar de creación. • Promesa de pagar una suma de dinero. • Firma del creador. Las enunciaciones facultativas que deben tener se listaron como sigue: • Cláusulas de intereses. • Mora automática. • Atribución de jurisdicción. • Constitución de domicilio. • Pacto sobre cuotas. Otras enunciaciones importantes mencionadas fueron: R.U.T, C.I., domicilio, cláusula sobre vencimientos (a la vista, a cierto plazo o con vencimientos sucesivos), cláusula de mora automática (es necesario incluirla en los vales en cuotas porque si no el acreedor debe intimar cada cuota vencida), no a la orden y toda otra que no ataque la literalidad y la autonomía del documento. Con respecto a los conformes, se realizaron una serie de recomendaciones: • Que exista comunicación interna en la empresa particularmente en operaciones de refinanciación, evitando mensajes contradictorios hacia el deudor. • Utilizar modelos profesionales. • Proponer la incorporación de garantías (reales o personales). • Tener en cuenta tasa máxima para no caer en usura. • Seguimiento estricto teniendo en cuenta el plazo de prescripción y tempestividad. • Fotocopiar el documento de identidad para evitar “confusiones”. • Establecer UN domicilio de fácil ubicación. • Recordar la facultad: el llenado en blanco deriva de la Ley (Art. 4 14.701).

El cheque como documento El Decreto Ley Nº 14.412, establece que “el cheque común es una orden de pago, pura y simple, que se libra |50|

contra un banco en el cual el librador debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización expresa o tácita para girar en descubierto...”. Los cheques son comunes o de pago diferido. Sobre este documento se recorrieron temas relativos a su contenido, la firma del librador, la circulación del cheque, el endoso, los plazos, el pago, la prescripción y los delitos vinculados al cheque. El contenido del cheque debe incluir los siguientes aspectos: • Denominación: “Cheque” o “cheque de pago diferido”, el nombre y domicilio del banco girado y el número de documento. • El lugar en que es creado: Permite computar los plazos de presentación al cobro. Si no consta se presume tal el domicilio registrado en el Banco. • La fecha de la creación, necesaria para determinar la capacidad del librador. • El lugar donde debe efectuarse el pago. Es el domicilio del banco girado. Determina la competencia. • Si es a favor de persona determinada o al portador. • La orden incondicionada de pagar una suma de dinero, expresada en números y letras, especificando la moneda. (En caso de diferencia prevalece las letras). • Cheque de pago diferido: Debe establecer la fecha a partir de la cual puede presentarse al cobro (máximo 180 días entre creación y pago) En cuanto a la firma, se señaló que deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: • La firma del librador: debe ser firmado por el titular de la cuenta corriente o por representante (en caso de personas jurídicas). • Si se trata de una cuenta “conjunta”, deben firmar todos los titulares. • Si se comunicó al Banco que podrán ser firmados por cualquiera de los titulares, la cuenta es “indistinta”. • Firmas de personas incapaces: mientras no sea declarado incapaz y comunicada la misma el banco debe-

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rá pagar los cheques librados Respecto a la transmisión del documento, se señaló que se puede hacer para efectuar un pago y también para legitimar al deudor sin transferirle el crédito (endoso en procuración). La transferencia del derecho varía según el tipo de cheque: 1) El cheque al portador se transmite por la simple entrega. 2) El cheque a favor de persona determinada por endoso y entrega del título. 3) El cheque nominativo que contiene la cláusula no a la orden u otra similar, se trasmite por vía de la cesión de créditos. El endoso, se definió como declaración unilateral de voluntad mediante la cual el titular de un derecho cartular (endosante), transmite a otro (endosatario), el derecho mencionado en el documento, invistiéndolo y legitimándolo para su ejercicio y obligando al endosante solidariamente con los otros firmantes del título. Se indicó que transmite todos los derechos inherentes al cheque, con la firma y entrega del título. Debe escribirse al dorso del cheque o en una hoja añadida al mismo. El endoso puede ser pleno o en blanco. El endoso pleno debe contener: 1) El nombre del endosatario. 2) La clase de endoso 3) El lugar y la fecha 4) La firma del endosante o de la persona que lo suscriba en su representación. El endoso en blanco puede

consistir simplemente en la firma del endosante. Hay cheques que no son endosables: 1) Los expresamente prohibidos por ley (cheques certificados) y 2) Aquellos en los que el librador así lo dispone cuya transmisión será realizada mediante cesión de créditos no endosables. Respecto a los plazos, son diversos: • 15 días: de la fecha designada si es girado contra un banco situado en el mismo lugar. • 30 días: si es girado de un punto a otro de la República. • 60 días: si es librado desde el exterior para ser pagadero en la República (cheque internacional) • 120 veinte días: desde su creación si la moneda utilizada es extranjera. Se aclaró que los plazos se cuentan por días corridos, incluyendo el de la fecha de su creación. Si el tenedor no presenta el cheque al cobro dentro de los plazos establecidos, el banco no deberá pagar el cheque y el tenedor pierde toda acción ejecutiva cambiaria. En cuanto al pago, si el cheque fue válidamente librado, transmitido, y existe provisión de fondos suficientes, el banco debe pagarlo inmediatamente a su presentación. El banco debe hacer constar su negativa al pago, con los siguientes datos: 1) Fecha y hora de presentación del cheque y de su rechazo.

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2) La indicación del domicilio del librador registrado en el banco (domicilio especial) 3) El motivo en que se funda la negativa a pagar el cheque. La constancia permite la ejecución del documento responsabilizando solidariamente a librador y endosantes. Cuando el cheque no es pagado deben darse una serie de avisos: 1) La ley impone al tenedor del cheque no pagado, la obligación de dar aviso al librador y a los endosantes en 5 cinco días hábiles 2) El Banco debe avisar al librador para que en 5 días acredite haber realizado el pago, debiendo en caso contrario suspender la cuenta y comunicar al BCU. Sobre la prescripción (14.412 Art 68), se señaló que las acciones judiciales del tenedor contra el librador y los endosantes prescribirán a los 6 meses contados desde el vencimiento del plazo de presentación del cheque para su cobro. Las acciones de los endosantes contra el librador y entre los endosantes, prescriben a los 6 meses desde que el endosante reembolsa el importe del cheque. La acción intentada contra un endosante o el librador interrumpirá la prescripción contra los otros endosantes. Se abordaron luego los delitos vinculados al cheque. Con relación al que libra un cheque, se mencionaron distintas situaciones: cuando se libra un cheque a) contra una cuenta corriente de la que no fuere titula b) cuando lo hace falseando alguna de las enunciaciones esenciales c) el que notificare al banco para que no

Visitas y Eventos se pague un cheque, fuera de los casos previstos por la Ley y d) el que al tiempo de su presentación, careciere de provisión de fondos o de autorización para girar en descubierto o por estar la cuenta suspendida o clausurada. La pena, es de 6 meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. La denuncia, se extingue si se efectúa el pago del importe, los intereses bancarios corrientes, los gastos y honorarios antes de la acusación Fiscal. Otro caso de delito se da cuando alguien, fuera de la usura, aceptare o exigiere un cheque como medio de garantía de una obligación. Será castigado con 6 a 24 meses de prisión. Otros delitos asociados son la insolvencia societaria fraudulenta y la estafa. Se ofrecieron algunas recomendaciones en relación al manejo de los cheques: • Consultar información, para evitar caer en el “tendal”. • Siempre presentar el documento ante el banco. • Asesorarse inmediatamente si se tiene un cheque rebotado, porque prescriben a los 6 meses. • Incidencia en la recuperación judicial: embargo, intimación bienes y derechos, embargo de cuentas. • Atender a situaciones concursales para probar la causa, especialmente en cheques endosados. Se señaló que LIDECO está presentando un Proyecto de Ley Transferencia Electrónica Diferida, atendiendo a la nueva realidad planteada por la Ley de Inclusión Financiera.

Las garantías Todo acreedor tiene el riesgo que su crédito quede impago. La garantía comercial es todo instituto jurídico que tienda a asegurar y proteger al acreedor contra el incumplimiento. La constitución de garantías cumplen una serie de funciones importantes:

• Mejoran la posibilidades de conceder crédito, asegurando al acreedor en caso del incumplimiento. • Permiten ejecutar de manera forzada el patrimonio del deudor. • Refuerzan la responsabilidad personal del deudor. • Mejoran las posibilidades de recupero aún en instancias concursales.

2) se constituye una obligación principal (Ej: préstamo) y en el mismo documento se estipula un contrato de hipoteca para garantizar la misma.

Como principio general, “Los bienes todos del deudor, son la garantía común de sus acreedores…..” (art. 2372 del Código Civil), por lo que, responden por el cumplimiento de sus obligaciones. Las garantías pueden ser reales (atienden a bienes específicos, concretos, de modo que el derecho siempre se ejerce contra el bien) y personales.

La Prenda Comercial, regulada por el art. 741-765 del Código de Comercio, es un contrato mediante el cual se entrega al acreedor un bien mueble en garantía del cumplimiento de una obligación comercial. Se perfecciona con la entrega de la cosa, “sacando” del inventario del deudor. Presenta la ventaja de que admite pactar la ejecución extrajudicial.

Las garantías reales, atienden a bienes concretos y fijan determinado patrimonio para afectar en forma exclusiva a la satisfacción de determinado crédito. Son aquéllas en las que se afecta un bien, mueble o inmueble, al cumplimiento de la obligación contraída. Asegura al acreedor frente a la enajenación de la cosa dada en garantía (derecho de persecución) y otorgan un privilegio especial en situaciones concursales. En muchos casos la publicidad (Ej: hipoteca) es un elemento constitutivo (Ej:inscripción). Las garantías reales pueden vincularse a bienes inmuebles, buques, diques o aeronaves (hipoteca) y a bienes muebles (prenda, prenda sin desplazamiento, warrants, prenda de título valor)

La prenda sin desplazamiento, regulada por la Ley 17.228, que establece que recae sobre “todo bien o derecho concretamente identificable” (semovientes, bienes muebles afectados a la explotación rural, comercial o industrial, etc). La cosa prendada queda en poder del deudor debiéndose establecer por escrito e inscribirse.

La hipoteca puede ser comercial (art. 766 y siguientes del Código de Comercio) marítima (recae sobre buques o diques) y aeronáutica (recae sobre aeronaves). El contrato de hipoteca genera al acreedor un derecho real de preferencia. No por estar hipotecados los bienes dejan de permanecer en poder del deudor. Las modalidades más comunes de hipoteca se dan cuando: 1) se grava un bien en garantía de obligaciones contraídas o a contraer (de manera genérica o individualizando adeudo) documentando los mismos por separado o |52|

Existen distintos tipos de prenda, entre las que se destacan la prenda comercial, sin desplazamiento, flotante y de título valor.

La prenda flotante, es la que está orientada hacia la prenda de stocks que debe mantener el deudor. La prenda sobre título valor, es regulada por el art 46 de la Ley N°14.701, y consiste en endosar un título valor con la cláusula “en garantía” o “en prenda” constituyendo una prenda sobre él, a favor del endosatario. El warrant y los certificados de depósito están regulados por la Ley 17.781. El depositante asume una deuda con el acreedor y a cambio, entrega la mercadería a un depositario, quien emite un certificado de depósito y un warrant correlativo. El depositario asume la obligación de guarda y custodia de la mercadería recibida, en favor del depositante y del acreedor, obligándose a restituirla. Los warrants son títulos valores representativos de mercaderías. Debe figurar la obligación de pagar una

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Vista general

suma de dinero, asumida por el creador y la constitución de la garantía prendaria. El certificado de depósito legitima a su titular a disponer de los bienes depositados. Las garantías personales, son aquéllas en las cuales una persona se obliga patrimonialmente, en forma personal, al pago de la obligación contraída por el deudor de un determinado contrato. En otras palabras: sumamos más deudores al deudor principal. Entre tales garantías se cuentan las fianzas comerciales, los avales, el factoring y el fideicomiso de garantía. En la fianza comercial, el fiador se compromete a cumplir una obligación mercantil “de un acto o contrato de comercio” del deudor, siempre de manera solidaria, en caso que este no lo hiciere (art. 603 a 624 del Código de Comercio). Puede existir una fianza para una operación particular o para varias genéricas como es el caso de la línea de crédito.

El aval es la declaración unilateral de una persona (avalista) que garantiza el pago total o parcial de un título valor por parte del otra persona (avalado). El avalista resulta obligado en los mismos términos que su avalado con la mera firma. Si el título circula, el aval beneficia a cualquier tenedor posterior. El factoring con función de garantía está regulado por los art. 45 y 46 de la Ley 16.774 en la redacción dada por Ley 17.202. Los elementos que lo componen son: el factorante que vende productos, servicios o realiza obras, dentro de su giro habitual, para un factoreado por lo cual genera un crédito existente o futuro. El factor adquiere los créditos, asumiendo por lo regular los riesgos de la cobranza, otorgando anticipos a factorente. El factor puede complementar sus actividades con prestación de servicios al factorante (cobranza de crédito, asistencia técnica comercial o administrativa). La cesión se notifica

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al factoreado. No hay requisitos de publicidad. El contrato puede marcar límites a la asunción de riesgos por parte del factor. El fideicomiso de garantía está regulado por el art. 9 y 42 de la Ley 17.703. Los componentes son el fideicomitente y el fiduciario (puede ser acreedor si es una I.I.F). El fideicomitente trasmite un bien al fiduciario, en garantía de sus obligaciones. El patrimonio fiduciario no ingresa al patrimonio de ninguna de las partes. (inembargable y a resguardo de insolvencia). El fiduciario debe: administrarlo, venderlo en caso de incumplimiento, o restituirlo (fideicomitente o beneficiario) según instrucciones previstas en el fideicomiso. Están exoneradas de I.T.P las trasmisiones de bienes gravadas realizadas en cumplimiento de un fideicomiso de garantía (Ley 17.703, art. 42).-

Visitas y Eventos

Conferencia LIDECO Desafíos en materia de Relaciones Laborales: contexto, alternativas y proyección hacia el futuro

Panelistas: Dr. Leonardo Slinger (Guyer), Dra. Verónica Raffo (Ferrere), Dr. Santiago Pérez del Castillo (Pérez del Castillo & Asociados) Moderador: Dr. Ricardo Mezzera (Mezzera Abogados)

Vista general

Sofitel,

27 de julio

a apertura y bienvenida luego del exquisito café de recepción ofrecido en Sofitel, estuvo a cargo del Cr. Pablo Montaldo, Presidente de LIDECO. Destacó la relevancia del tema de la convocatoria, enfatizando la responsabilidad que tanto empresarios como trabajadores tienen en conjunto, a efectos de lograr que las empresas se mantengan con eficiencia y competitividad para seguir siendo fuente de servicios y puestos de trabajo. Entendiendo la inevitabilidad de los cambios impuestos por la tecnología y las nuevas formas de trabajo, alentó en su mensaje a que las partes, con inteligencia, creatividad, sentido común y sensibilidad logren y sinergias acordes a los tiempos que corren. Acto seguido y con un dinámico enfoque, el encuentro recorrió la agenda prevista en el programa bajo la

La Sala de Sofitel colmada de público, fue el marco para otro enriquecedor encuentro en nuestro ciclo de Conferencias, que se inició abordando una temática de especial sensibilidad para el empresariado y los trabajadores. Una mesa de panelistas de primer nivel recorrió diversos aspectos de la agenda de las relaciones laborales, analizando nuestro sistema normativo, el contexto actual y los cambios que a raíz del avance de la tecnología y las nuevas formas de trabajo, demandan una adecuación del sistema de relaciones de trabajo. El presente espacio ofrece una síntesis de las reflexiones vertidas en torno a estos desafíos. conducción del Dr. Ricardo Mezzera, encargado de moderar el intercambio entre los panelistas.

Tema 1. Tercerizaciones: a diez años de su regulación legal Lo primero que Mezzera solicitó a los expositores fue la realización de un balance respecto a las funciones y disfunciones de la ley de tercerizaciones. Al respecto, el Dr. Slinger consideró que las leyes han genera|54|

do efectos positivos y negativos. Entre los efectos negativos destacó por un lado, el aumento de litigios y de costos legales, pues las excepciones de falta de legitimación pasiva que una empresa podría oponer como co-demandada no pueden resolverse al inicio de un juicio, y por ende la empresa queda obligada a recorrer todo el juicio. Por otro lado, señaló la imposibilidad de que la empresa tenga una alternativa de quedar liberada de la responsabilidad subsidiaria si se ejerce el derecho de información, pues el ejercicio del derecho de infor-

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mación, en gran parte de la jurisprudencia, exige que además de pedir información, ésta sea auditada y se controle que esté en tiempo y forma, que se hayan pagado los beneficios laborales y cumplido los convenios colectivos, todo lo cual implica casi que constituir una oficina de recursos humanos paralela para controlar a aquellos a los que se les ha contratado servicios. Lo lógico sería que si la empresa demostrara haber realizado todos esos controles pudiera quedar liberada de esa responsabilidad. Entre los efectos positivos, dijo que la ley ordenó el escenario en materia de servicios de empleo temporal, en un sector donde había mucha “empresa golondrina” y favoreció que se cuiden criterios del bien hacer más allá del criterio de precio a la hora de seleccionar a un prestador de servicios. Planteó además que, con respecto a la anterior ley (18.099), la ley 18.251 ha aportado definiciones de algunos conceptos como el de contratación, subcontratación y suministro de mano de obra que aunque no resultaron completas, vía doctrina y jurisprudencia se han ido mejorando. En tal sentido: 1) se acotó el concepto de subcontratación al delimitar qué actividades implican un subcontrato, estableciendo que no cualquier arrendamiento de servicios o externalización del trabajo constituye una hipótesis de subcontratación, sino que debe haber una vinculación entre la actividad externalizada con el giro de actividad de la organización 2) se acotó también la responsabilidad en cadena, aclarándose que la ley de tercerizaciones no alcanza toda la cadena, sino que la empresa principal es responsable sólo por los trabajadores de la empresa tercerizada que le brinda directamente los

Heber Assaf, Lorena Di Stacio, Sofía Oyharzábal, Ma. Fernanda Castro, Ec. Bernardo Quesada

servicios y no por los trabajadores a través de los cuales terceriza en otro. Esto delimita el alcance del deber de control y el ejercicio del derecho de información. Se planteó al panel si más allá del ejercicio del derecho de información, las empresas tiene otros mecanismos de protección cuando toman la decisión estratégica de tercerizar. Sobre el punto, la Dra. Raffo dijo que las empresas siempre procuran tener contratos que las cubran en todas la posibilidades, lo cual no es sencillo con una ley que deja muchas cuestiones abiertas y resueltas por los jueces después, coincidiendo en este punto con lo planteado por Slinger. Señaló que si bien los jueces y la jurisprudencia han mostrado patrones, aún presentan una enorme discrecionalidad con respecto a muchos temas, como la definición del ámbito de aplicación, la cadena y servicios secundarios (vigilancia, seguridad y mantenimiento), planteándose la cuestión de si son los únicos que quedan incluidos o hay otros que pueden considerarse incluidos en los términos de la ley. Advirtió que estos aspectos son claves para poder ponerle inteligencia al análisis de los contratos. Se debe responder si el

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servicio a contratar queda dentro de la ley de tercerizaciones, para asegurar que los controles que se planteen en los contratos puedan enmarcarse en la buena práctica empresarial sin caer de hecho en la referencia a la ley de tercerizaciones, planteando controles que estipula la ley de tercerizaciones sin que exista la obligación legal de hacerlos. Especificar claramente lo que la empresa tiene la obligación de controlar, y no cruzar líneas que compliquen la situación de la empresa fue su recomendación, amén de que además de estipular qué controles deben hacerse, éstos deben efectivamente realizarse. Refirió coincidiendo con Slinger, que la ley ha ordenado el mercado disminuyendo la competencia desleal. Mezzera trasladó a Pérez del Castillo la consulta respecto a si a su parecer las tercerizaciones continúan siendo un negocio para las empresas, considerando los riesgos de tercerizar. Pérez del Castillo opinó que siempre existen áreas en las que las empresas necesitan tercerizar, como es el caso de los servicios accesorios (limpieza, seguridad, mantenimiento y vigilancia), a los cuales la jurisprudencia considera taxativos, enfatizando que otros

Visitas y Eventos servicios accesorios no afectarían al empresario principal en cuanto a la obligación de responder subsidiaria o solidariamente respecto a la empresa subcontratada. En su opinión, la subcontratación se ha mantenido entonces como algo viable, pues no todas las subcontrataciones dan lugar a las responsabilidades antes nombradas. Señaló que existe un tema de riesgo que debería ser objeto de ley aclaratoria o de jurisprudencia más consolidada, que refiere a la obligación de hacer o de no hacer o de dar. Las obligaciones por las cuales responde la empresa principal son obligaciones laborales e indemnizatorias, pero hay obligaciones de no hacer, como el no discriminar sindicalmente, que no se le pueden exigir a la empresa principal. La misma lógica aplicaría en lo que refiere a las obligaciones de hacer.

Tema 2. Conflicto colectivo, piquetes y ocupaciones: una tríada compleja Pasando al tema de los conflictos colectivos, piquetes y ocupaciones, ante el requerimiento de opinión por parte de Mezzera, Slinger listó una serie de puntos que están sobre el escenario, como ser la ley de negociación colectiva y los cambios que se vienen intentando negociar, el recurso de queja que han presentado los empleadores, la negociación tripartita que no ha prosperado y el anuncio de la misión técnica de OIT que intentará zanjar esas diferencias. A su criterio, la ley de negociación colectiva presentó aspectos innecesarios: cambió la legislación anterior, que era poca pero clara, y fue en contra de lo que era la opinión de la doctrina y la jurisprudencia nacional. Para Slinger, cuando se plantea la ultractividad de los convenios como solución, y que cuando los empresarios no quieren la ultractividad la ley permite que se pacte, se está omitiendo decir que la ley plantea una

Gabriel Rizzo, Mark Teuten, Roberto Linn, Diego Portos

solución inversa a lo natural: cuando un contrato se extingue las relaciones se terminan. En tanto la negociación colectiva tiene un carácter de contrato, si las partes fijan un plazo, las condiciones no pueden seguir rigiendo hasta que se celebre un nuevo convenio salvo que las partes hayan establecido lo contrario. Debería regir si las partes prevén que haya incorporación o ultractividad. El planteo de los empleadores en ese sentido, dijo, no es un planteo de visión empresarial sino que pide que se respete la lógica de lo que fue la posición tradicional de la doctrina y jurisprudencia. Lo mismo sucede con los sujetos hábiles para negociar un convenio. Mientras la ley dice que el único sujeto hábil para negociar un convenio es un sindicato, y que si no hay sindicato la negociación de empresa debe seguir la línea de la negociación del sindicato de rama, se está desconociendo la libertad sindical negativa, en función de la cual, acorde a la norma anterior, cuando no había sindicato, se preveía que los que podían negociar eran los delegados electos por el personal. Pérez del Castillo adhirió a esta visión señalando la inoportunidad de conceder la negociación de empresa al sindicato de rama, entre otras cosas porque el sindicato de rama a veces no afilia a la línea del sindicato de empresa. Señaló que la no existencia de sindicato no significa que no existan relaciones colectivas: “mu|56|

chas veces existen, y mejores”, dijo, y agregó que el principio de cooperación en la empresa trae consigo que cuando el conflicto está admitido, no significa que esté promovido. En cuanto al decreto de los piquetes, Slinger señaló que es innecesario, porque la ley de circulación nacional y las normas vigentes prevén la obligación del Ministerio del Interior de asegurar la libertad de circulación, lo cual hace ilegítimo todo piquete en tanto elemento de coacción respecto a la libertad de trabajo. Por otro lado la jurisprudencia ha dicho que los piquetes no son una prolongación del derecho de huelga, por lo que no es correcto vincularlos pretendiendo legitimar el piquete en tanto parte del derecho de huelga: la huelga es un no hacer, y el piquete es exactamente lo contrario. En la misma línea dijo que, algo similar se pretende hacer con las ocupaciones y el derecho de huelga, cuando en realidad el único derecho protegido constitucionalmente es la huelga como manifestación colectiva y concertada de abstención de trabajar con el fin de reclamo o protesta. Aún si se aceptaran las formas atípicas de la huelga, hay que distinguir a éstas del incumplimiento contractual o cumplimiento selectivo de tareas, observó, de modo que no cualquier cosa puede ser huelga. Slinger señaló estas apreciaciones en la intención de destacar la importancia de tener claro qué es lo que está protegido y

LIDECO / Julio 2017

lo que no, y señalar que no pueden asimilarse todas las medidas gremiales a la huelga para quedar amparadas en el ámbito de los derechos humanos fundamentales. Agregó que en materia de ocupaciones, los juzgados civiles tienen competencia y la jurisprudencia civil ha entendido mayoritariamente que la ocupación es una medida ilegítima que vulnera el derecho de propiedad, la libertad de comercio, y el derecho al trabajo. Comentó que cuando la OIT dice que la ocupación podría ser legítima si se permite el ingreso de los trabajadores a trabajar, plantea algo irrealizable, y agregó que el problema es que con estos temas casi nunca se llega a la justicia, porque los sindicatos se han dado cuenta de que la jurisprudencia es contraria, y ante ello, ocupan hasta que se está por dictar sentencia, en ese momento levantan la ocupación, o hacen ocupaciones relámpago (días intermitentes), de modo que no se pueden poner en funcionamiento las acciones de amparo y la jurisprudencia no llega a pronunciarse. “Que haya menos sentencias no quiere decir que no haya ocupaciones ni que la jurisprudencia haya cambiado”, dijo. Destacó que todo ello es importante porque la estrategia sindical hoy es la del mayor daño al menor costo, razón por la cual los paros por tiempo indeterminado han cedido espacio a los paros intermitentes. Señaló además que el Estado regula en forma desigual a los públicos y a los privados en cuanto a las formas de pago (en el sector público hay un

Dr. Leonardo Slinger, Fernando Sansone, Jorge Penedo, Ignacio Castiglioni, Cr. Gonzalo Icasuriaga

decreto que establece que con paro intermitente no se paga por el tiempo trabajado sino por el producido, pero esto no aplica al sector privado) y las desocupaciones (en el sector público, al estar en juego el interés público se desocupa rápidamente en tanto en el sector privado hay que ir a juicio). Sobre la queja empresarial, Mezzera consultó a Pérez del Castillo solicitándole un breve resumen respecto a las soluciones que el Ministerio de Trabajo propusiera en marzo 2017 para el tema de la conciliación previa al conflicto y el propio conflicto. Pérez del Castillo apuntó que esa fue una iniciativa del Ministro de Trabajo a partir de conversaciones con

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los presidentes de la Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y con el PIT CNT. A su criterio la propuesta daba solución a muchos de los problemas con los convenios colectivos y daba soluciones por ejemplo al tema de las ocupaciones cuando dice que “en caso de ocupación o piquetes, el Ministro de Trabajo y eventualmente el Ministro del Interior, tendrá la facultad de intimar en el plazo perentorio de 24 horas el cese de las medidas con el apercibimiento y eventual uso de la fuerza pública”. Apuntó que hoy, la pauta la establece el decreto 165 según el cual el Ministerio puede ordenar la desocupación sólo en caso de afectación de la vida o seguridad o salud de toda o parte de la población, agregando este mismo decreto -que mereció la observación de la OIT-,

Visitas y Eventos que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, lo cual no es contemplado por la propuesta de marzo. Lo que se podría exigir a la propuesta del Ministro, dijo Pérez del Castillo, es que en lugar de decir “tendrá la facultad de intimar” dijera “intimará en forma inmediata”, a efectos de que no se trate de una posibilidad del Ministro sino una obligación. Con respecto a la prevención y medios de negociación, la propuesta dice que de no cumplir con las etapas previas de búsqueda de salida pacífica, se extingue el convenio colectivo además de otras como la extinción de los contratos de trabajo. Para Pérez del Castillo la propuesta era positiva para el empleador y la regulación de los conflictos, y es una oportunidad que debe aprovecharse. Apelando a la Dra. Raffo, Mezzera consultó su opinión respecto a otro contenido de la propuesta, que es el de aplicar los mecanismos de prevención no solo para las acciones sindicales sino también para los despidos. Raffo manifestó preocupación en torno a que los despidos estén incluidos en este marco, porque a su criterio redundan en pérdida de capacidad de gestión y de decisión de las empresas. Si la empresa toma la medida de un despido (individuo), parece ser que no se puede pasar por los sistemas de prevención porque las medidas de gestión de una empresa son valoradas como inconsultas y anulan la posibilidad de la prevención. Raffo planteó que la empresa debe apostar al diálogo, pero que debe tener potestades de gestión, y que cuando informa al sindicato de una medida de gestión, no significa que le esté consultando, sino que le está informando. En su opinión, no necesariamente debe haber etapas de negociación ante medidas de gestión de la empresa, aunque sea relevante participar al sindicato de la información, pero ello no implica que el sindicato deba participar de la toma de decisión. Raffo planteó cautela respecto al tema.

Panelistas y LIDECO. Dr. Fernando Cabrera, Dr. Leonardo Slinger, Dr. Ricardo Mezzera, Dra. Verónica Raffo, Dr. Santiago Pérez del Castillo, Cr. Pablo Montaldo, Ec. Bernardo Quesada

Tema 3. La rigidez de los horarios de trabajo: un dilema a resolver Consultado Slinger sobre el punto, éste mencionó que hace dos años se celebraron los 100 años de la ley de ocho horas, contextualizando así nuestro derecho laboral, el cual se inspira en un sistema de relaciones de trabajo concebido hace 100 años en el marco de un contrato de trabajo clásico, para el sector industrial, con predominancia de mano de obra masculina, con contratos de tiempo indefinido y de jornada completa. Se trata de un modelo de un siglo atrás que no contempla los cambios ocurridos en los medios de producción y las formas de trabajo. Ello repercute en el sistema de tiempo de trabajo inspirado en el concepto de la doble limitación de jornada: el límite diario y el ciclo semanal, que limitan la cantidad de horas diarias (8) y semanales (44) que deben trabajarse, con mínimas posibilidades de flexibilización de estos sistemas, algunas de las cuales requieren autorización del Ministerio de Trabajo. Planteó la necesidad de repensar el sistema de jornada, no para desestimar la limitación al tiempo de trabajo sino para adecuar la forma del cómputo. Citó soluciones que amplían el período de tiempo que se considera para medir el tiempo de trabajo. La normativa anterior contemplaba esta consideración antes de la ley actual |58|

porque las horas extras requerían superar el límite diario y semanal, en tanto el sistema actual es rígido en cuanto al límite diario: aunque en una jornada se trabajen 9 horas y en la siguiente 7, esa hora de más en la jornada de 9 horas se considera extra. Se trata de una rigidez que no solo repercute en los costos sino en el trabajador, apuntó. Señaló también que hay situaciones de inseguridad jurídica como la de trabajo a la orden y la guardia de retén, respecto a las cuales se discute si es trabajo efectivo, si no lo es, y cómo se paga, existiendo en la jurisprudencia un menú variado de resoluciones que dan cuenta de la necesidad de rever el sistema. Similar es el caso que plantean las posibilidades de comunicación que están hoy accesibles, que plantean la cuestión del derecho a la desconexión. Son todas cuestiones que en el actual sistema de jornada no están pensadas. Estimó que para tratar estos puntos un rol clave sería el de la negociación colectiva, en tanto tenemos un sistema maduro de relaciones colectivas con alto nivel de sindicalización y en diversos ámbitos. Se debería poder estudiar modificaciones que contemplen la realidad concreta y los cambios que se han operado en el mercado de trabajo y en los requisitos para la competitividad. Remitido este mismo tema al resto

LIDECO / Julio 2017

de los panelistas, Pérez del Castillo admitió que se trata de asuntos de difícil respuesta que requerirían la realización de una campaña en pro de una mayor productividad del trabajo uruguayo que favorezca su proyección internacional, adaptándose a los cambios y actuales demandas del mercado de trabajo. “Los hechos sociales pasan por encima de realidades jurídicas que no los contemplan, lo cual es un pésimo favor al derecho”, apuntó. Planteó que lo que debe respetarse como principio, es no atentar contra la lógica de la salud, evitando que se establezcan jornadas extenuantes, señalando además que si bien juega un papel clave la existencia de convenio colectivo respecto a los ajustes de la jornada, siempre en nuestro país ello implica un riesgo para la empresa porque pese a los convenios y a la autorización del Ministerio de Trabajo, aquella nunca queda libre de la posibilidad de reclamaciones individuales. Raffo no fue optimista respecto a la oportunidad para que se operen modificaciones en este tema. Dijo que si bien en la realidad la mayoría de las empresas manejan compensación de horas y celebran convenios colectivos (que los jueces pueden no tomar en cuenta), en los hechos, las empresas asumen riesgos permanentemente. A su parecer está resultando sumamente difícil romper los paradigmas históricos profundamente arraigados en el sistema sindical, aunque en la actualidad el mundo laboral presente realidades que aquellos paradigmas no contemplan, como ser la necesidad de flexibilidad, la tecnología, la robotización, entre otros. Señaló no obstante en que llegará un momen-

Laura Álvarez, Norberto Cánepa, Yelsa Corbella, Cr. Gonzalo Icasuriaga

to en que a fuerza de presión de la realidad no habrá más opción que cambiar, y consideró que las cámaras empresariales deberían tomar este tema como gran postulado de trabajo e incluirlo como prioritario en la agenda, de cara a mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

Tema 4. El trabajo a distancia y las nuevas formas empresariales: ¿el mundo que se viene? Otro de los temas previstos que empuja la necesidad de aggiornar la legislación, dijo Mezzera, son las nuevas formas de trabajo, concretamente, el teletrabajo. Introdujo el tema comentando que en el Consejo de Salarios del sector informático, se pactó en el convenio colectivo el acuerdo entre las partes respecto al interés común en el teletrabajo cuando éste sea posible, comprometiéndose ambas a acordar su instrumentación y a discutir y proponer un proyecto para su reglamentación.

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Slinger dijo que es una realidad que está cada vez más presente para la cual hay que prepararse, existiendo para ellos dos alternativas: modificar el marco normativo o continuar bajo el mismo esquema de inseguridad actual. “Lo que es claro es que la realidad va a imponerse, y si se quiere defender los puestos de trabajo y al país como centro de inversiones no hay otra opción que pensar en incluir este tema en la agenda: despolitizarlo e incluirlo en la agenda de discusión”. Pérez del Castillo, citando el caso Uber, dijo que la Intendencia, al regular el tema dijo que “no se podrán despachar viajes por más de 8 horas a un conductor, o 12 horas fraccionadas en un día”, con lo cual atacó uno de los principales problemas del derecho laboral que en la distribución del tiempo de trabajo, que son las jornadas extenuantes, con lo cual consideró que este tipo de regulación va en una buena dirección. Coincidió en que esta nueva realidad del teletrabajo y del trabajo a domicilio – que es antiguo - se impone y no se puede impedir que eso tenga viabilidad.

Visitas y Eventos

La mesa de panelistas. Dr. Ricardo Mezzera, Dra. Verónica Raffo, Dr. Leonardo Slinger, Dr. Santiago Pérez del Castillo

Debe sí, ser compatible con el cuidado del trabajador. Raffo dijo que aún estamos lejos de la regulación, y que las empresas lo que hacen es generar reglas, políticas internas y validaciones que tienen que ser pensadas previendo los riesgos a los que las empresas se exponen en función de la reglamentación actual. La dificultad es que los casos son muy específicos y muy a medida, lo cual requiere marcos regulatorios flexibles, dijo, lo que además supone una serie de temas adicionales a los laborales que están implicados. Sobre ese marco regulatorio flexible se debería poder consensuar o acordar con los sindicatos, manifestó.

Tema 5. Fondo de garantía de créditos laborales: riesgos y nuevas cargas Mezzera comentó que el proyecto sobre el Proyecto de creación de un fondo de garantía de créditos laborales está en el Parlamento, y que LIDECO ha planteado una serie de cuestionamientos respecto a la inconstitucionalidad, a la alteración de los equilibrios razonables que se han encontrado en la ley de concursos, y a que el mecanismo adoptado para administrar ese fondo por una entidad administradora que decide en qué hipótesis será repartido, ge-

nera una preocupación significativa. Consultó a los presentes respecto a cómo evalúan el proyecto, la problemática de la insolvencia patronal con respecto a los créditos laborales y en particular si consideran que el punto merece una regulación más allá de lo previsto en la ley de concursos. Slinger señaló que hay un convenio de OIT que regula el tema, que tiene escasas ratificaciones y no prevé como única forma el fondo de garantía, lo que estaría demostrando que no es la línea que han seguido la mayoría de los países. En otro orden, Uruguay tiene una ley de concursos que mejoró mucho el tema laboral y que tiene como filosofía procurar preservar a la empresa, previendo en tal sentido que los trabajos no se extinguen, así como soluciones para los trabajadores mediante los privilegios, la posibilidad de la venta en bloque, etc. Consideró además que la jurisprudencia también ha jugado un rol importante mediante las medidas cautelares que han ayudado en la protección de créditos que pueden estar en riesgo. Por otra parte, consideró que no son tantos los casos como para justificar un abordaje normativo del tema, siendo que el tema ya está atendido por la ley de concursos. Observó además que el proyecto presenta problemas específicos: a) en |60|

materia de costos, que ya en nuestro país son altos b) en la forma como se pensó la verificación del crédito y el pago a través de una comisión que se crea sin que esté claro cómo se designan los delegados y a la que se le da función jurisdiccional siendo un órgano administrativo - con lo cual manifestó discrepar, en el entendido que la función jurisdiccional debe ejercerse en la justicia- c) no se le da participación al empleador sobre el cual se está tratando su situación de insolvencia, el cual debería tener al menos derecho a una vista previa, como lo plantea nuestra constitución d) trata desigualmente a los trabajadores dejando fuera a los créditos de la alta dirección, que son tan laborales como el resto. Raffo cuestionó también la creación de un órgano tripartito de seis personas que por un lado recibirá las quejas de los empleados que aduzcan que tienen créditos que no serán verificados en forma previa por un juez, que resolverá que una empresa está en estado de insolvencia y que además va a administrar y pagar un fondo que puede ser tan grande como el 0,5% de la masa salarial de todas las empresas del Uruguay, y a) sin que se establezca ningún tope para la generación del fondo b) sin que se establezca qué se podría hacer con ese fondo para no perderlo, siendo que ese dinero tendrá el fin único y específico de cubrir los créditos de

LIDECO / Julio 2017

los laborales, pero no se plantean alternativas para el manejo de ese dinero, como podría ser un sistema similar al de las AFAP y c) siendo que parece poco feliz, dijo, que temas de tanta responsabilidad recaigan sobre una comisión cuya designación no está clara, así como tampoco su capacidad técnica o humana para verificar la insolvencia de una empresa y los créditos laborales. Coincidió con Slinger en que hoy existen instrumentos de protección de los créditos laborales y que el porcentaje de empresas que se han ido del país sin pagar, no justifica que paguen justos por pecadores teniendo que aportar un 0,5% para el caso de eventuales incumplidores, máxime considerando que ya existen instrumentos de resguardo de los créditos laborales en la normativa vigente. La opinión de Pérez del Castillo fue vertida a través de la lectura que dio a la posición del representante del Ministerio de Economía, que fuera expresada en una de las comisiones que estudiaron el proyecto: “Sin querer ser terminante en esta opinión, el Ministerio considera que no es un buen momento para aumentar los aportes patronales. Entendemos

Atalivar Murialdo, Julio Arocena

que un aumento generalizado de los aportes patronales a las empresas, significaría mayores dificultades donde ya las tenemos. Ustedes dirán que no va a cambiar un 0,1 o un 0,2 o menos del 0,5% de aporte, pero tenemos la responsabilidad de dar esta opinión. Dada la situación actual del país, el Ministerio de Economía y Finanzas propone no innovar en la carga tributaria patronal. Para ser bien sintético, el Ministerio no entiende conveniente tomar esta medida en el corto plazo”. Para Pérez del

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Castillo la opinión del Ministerio de Economía es clara. “Que cada santo aguante su vela”, concluyó Pérez del Castillo, diciendo que hacer pagar a los cumplidores por los fraudulentos no es justo, y para eso existe una ley concursal. El panel agradeció la oportunidad de reflexionar en conjunto, y seguidamente, se procedió al espacio de preguntas, transcurrido el cual, el evento se cerró puntualmente a la hora prevista.-

Visitas y Eventos

LIDECO respaldará 10° Congreso Nacional de Crédito de CMS Como hace años, nuestra gremial estará nuevamente respaldando el 10° Congreso Nacional de Crédito de CMS. Una instancia de gran relevancia en materia de actualización y puesta a punto, que convoca a todos aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar el patrimonio que se arriesga con la venta a plazo. A través de la entrevista que se presenta a continuación, compartimos adelantos del evento, de la mano de sus organizadores. El mismo, se desarrollará el 25 de octubre en el Hotel Esplendor Desde ya, convocamos a nuestros asociados a estar presentes. Como en años anteriores, los socios de LIDECO contarán con beneficios especiales, los cuales informaremos oportunamente. Será una instancia inmejorable para ampliar perspectivas, compartir experiencias y tejer lazos de camaradería entre colegas y expertos.

MS celebrará por décimo año consecutivo la reunión que convoca a toda la comunidad del crédito del Uruguay. La propuesta temática para este año, es revisar el presente y evolución del

crédito en la última etapa y pensar el futuro de los servicios financieros con la incorporación de nuevos jugadores y la adaptación de los tradicionales. Con motivo de la década de CMS en Uruguay, LIDECO conversó con Rodrigo Rotunno, Gerente Región Cono |62|

Sur de CMS.

LIDECO: ¿Cómo definirías a este Congreso que llega a su décima edición en Uruguay?

LIDECO / Julio 2017

RODRIGO ROTUNNO: El Congreso Nacional de Crédito es la excusa perfecta de la industria financiera para poder reunirse una vez al año en un encuentro donde todos están representados. Es una oportunidad única para actualizarse, conversar y por qué no también para ver a viejos amigos con los que -muchas veces por motivos de agendas cruzadas- perdemos el contacto. Se genera un espacio para compartir entre pares y, a partir de allí, muchas oportunidades de conexión y negocios.

L: ¿Qué significa para ustedes llegar a 10 años en el mercado uruguayo? ¿Dónde está el secreto para que la industria los siga acompañando? R.R.: Para llegar a una edición número 10 de un evento hay varios motivos y trabajo de fondo. Pero fundamentalmente se llega porque se ha consolidado como el único

evento en Uruguay que reúne a toda la comunidad, públicos y privados: a los bureaus, a los bancos, a los retails, a las empresas de telecomuni-

de mis preferidos. Hace 8 años que trabajo en CMS y desde los comienzos siempre tuve una afinidad especial con este mercado.

se ha consolidado como el único evento en Uruguay que reúne a toda la comunidad, públicos y privados caciones, a las brindadoras de servicios. La industria cambia y mientras aparecen nuevos jugadores, otros se adaptan.

Cuando uno viene de un mercado tan grande como lo es Argentina, busca detalles que le den un valor agregado a la labor diaria.

Nosotros no escapamos a esa lógica: este año incorporaremos a las incubadoras, aceleradoras, fintechs. Todos tienen mucho por decir y por hacer.

Esto potencia los negocios, genera confianza y logra afianzar lazos que se puedan volver duraderos. Son esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia a la hora de realizar inversiones, de tener de aliado.

L: CMS tiene presencia a nivel regional ¿Qué particularidades encuentras en nuestra industria? R.R.: El congreso de Uruguay es uno

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Es un país muy recomendable para establecer vínculos comerciales, así como sociales.-

Empresas en movimiento

Iniciativas, propuestas y novedades empresariales Con satisfacción, compartimos los aportes de algunas de las empresas que respaldan nuestro accionar institucional. Ferias y eventos, reconocimientos, nuevos productos, crecimiento, certificaciones y sistemas de calidad, servicios, aniversarios, rediseño de marca, nuevas instalaciones y apoyo de causas sociales, hacen parte de repertorio de iniciativas y novedades de empresas pujantes y en movimiento.

Llega la 6ta. Edición de DataCenterSummit Cargado de novedades llega DataCenterSummit2018 (DCS2018), el evento organizado por Arnaldo C. Castro SA, es el primero y único en el país focalizado en Tecnologías y Soluciones relacionadas con la Infraestructura, Diseño, Gestión y Operación de los DataCenters. DataCenterSummit se convierte en un punto de encuentro e integración de ideas, productos y servicios, con 10 Speakers internacionales, quienes disertarán sobre tendencias, evolución y proyección de los DC. La 6ta edición se enfocará en “DataCenter 4.0” y las implicancias de IoT, SmartCities, Big Data, Cloud Computing, y el impresionante tráfico de Zettabytes a través de las redes, que impactarán sobre las estructuras de los DataCenters. En un sector exclusivo, los Sponsors dispondrán de un área de stands donde intercambiaran experiencias y se podrán conectar con los principales actores que lideran las TICs. Más de 30 stands para visitar, que representan el ecosistema de Socios de Negocios de Arnaldo C. Castro SA, una muestra completa de nuestro portafolio de Soluciones. Es una edición especial ya que estamos celebrando 80 años de Arnaldo C. Castro SA. Celebramos ocho décadas de experiencia, de aprendizajes, de creación de Servicios, de soluciones, de alianzas, de desafíos. El lugar elegido es LOS ROBLES (Latu), donde esperamos nos acompañen todos nuestros clientes. Por más información: datacentersummit@arnaldocastro.com.uy

HSBC fue reconocido por Euromoney como Mejor Banco del Mundo Euromoney, una de las principales publicaciones internacionales sobre servicios financieros, reconoció a Banco HSBC como el Mejor Banco del Mundo en sus Premios Anuales a la Excelencia, que reconocen a los mejores prestadores globales de servicios y productos financieros. Banco HSBC recibe este reconocimiento por su estrategia de negocios, el poder de su red internacional y las fortalezas de su modelo de banca universal. Stuart Gulliver, presidente ejecutivo de HSBC dijo que: “Este premio reconoce los retos y los cambios que hemos superado, el duro trabajo requerido para hacer de HSBC el gran banco que sabemos que es, y los resultados que nuestros esfuerzos están dando”. La comunicación oficial de Euromoney destacó que “HSBC hoy es un banco global que tiene un negocio global único que puede continuar ofreciendo buenos retornos a los accionistas y ayudar a sus clientes a alcanzar sus ambiciones internacionales”. Banco HSBC fue reconocido por Euromoney con 11 distinciones: Mejor Banco del Mundo | Mejor Banco de Inversión en Mercados Emergentes| Mejor Banco de Financiamiento de Europa Occidental | Mejor Banco de Norteamérica para Servicios de Transacciones | Mejor Banco de Asia| Mejor Banco de Hong Kong | Mejor Banco de Inversión de Hong Kong | Mejor Banco de Inversión en Oriente Medio | Mejor Banco de Inversión de Arabia Saudita | Mejor Banco de Inversión de Qatar | Mejor Banco de Omán

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LIDECO / Julio 2017

BANCO REPÚBLICA LÍDER EN INCLUSIÓN FINANCIERA TAMBIÉN DE EMPRESAS El Banco República ha puesto a disposición un nuevo producto destinado a Microempresas monotributistas, tributantes de literal E, y profesionales independientes. Este producto llamado “Microcuenta Inclusión para Personas Jurídicas” refuerza el tradicional rol del Banco como Institución de fomento, y es de gran apoyo en la generación de inclusión financiera entre las Microempresas en todo el país. Para acceder a la apertura de esta Cuenta, las empresas se deben agendar por web (brou.com.uy), y le será asignada una fecha donde deberán presentarse en una dependencia del Banco con su inscripción a RUT, cédula de identidad, y constancia de domicilio. Simultáneamente a su apertura de cuenta, el Banco les otorgará una tarjeta Redbrou, acceso a e-Brou, y la posibilidad de asistencia financiera a través de un Crédito Express* Este producto es la forma más fácil y sencilla para que todos los microempresarios y los profesionales adquieran funcionalidades que les permitan insertarse en el mundo electrónico, y generar el crecimiento de su empresa junto al apoyo del Banco País en el desarrollo de su actividad. *Sujeto a aprobación crediticia.

El futuro en acción Desde el año 2015 en Dufour Commodities nos planteamos ser una propuesta diferente para el sector. Nos propusimos afrontar desafíos motivantes pero alcanzables. Hoy a un año nos encontramos con que las proyecciones han sido superadas, hemos incorporado profesionales para las diferentes áreas, crecido en todas las unidades de negocio y generado nuevas alianzas. Contamos con una cartera de clientes estable y en crecimiento, a quienes les ofrecemos la oportunidad de negocios rentables y un servicio profesional ágil y efectivo. La base de nuestro servicio es ser consistentes y consecuentes en el asesoramiento. Somos promotores de negocios: integramos el conocimiento, las ideas y el acceso a capitales para generar nuevos negocios que logren rentabilidad y se inserten en la cadena de producción. “Nuestra fortaleza es generar acciones destinadas a obtener resultados.” Alinear esfuerzos es la clave para lograr materializar los objetivos. Por eso en Dufour Commodities nos reunimos periódicamente con el equipo para que cada uno desde su puesto de trabajo conozca tanto los logros de la empresa como las metas que se propone para el ejercicio que estamos cursando y contribuya desde su lugar, a alcanzar dichos objetivos. La búsqueda constante por mejorar el servicio nos ha llevado también a ser más exigentes con nuestro conocimiento, a investigar y aprender. Davi Dufour – Director – www.dufourcommodities.com

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Empresas en movimiento

Williams y Cía. Productos Químicos S.A. a logrado implementar un sistema de calidad integrado ISO 9001-14001 Con el objetivo de seguir siendo reconocida en la plaza como proveedor de productos y servicios de primera línea, Williams y Cía. Productos Químicos S.A. ha logrado implementar un sistema de calidad integrado ISO 9001-14001 con la finalidad de colaborar con nuestros clientes, proveedores, instituciones, administraciones y con la sociedad en general, en todo lo que respecta a reducción de riesgos ambientales y promoción del desarrollo sostenible. Este logro, sumado a los nuevos diseños de imagen corporativa, a la gestión de nuevas herramientas de comunicación y a la incorporación de personal técnico, busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la sociedad en general, teniendo como eje la eficiencia orientada a la mejora continua, y con la finalidad de ser una empresa a la vanguardia en la introducción de nuevas tecnologías en productos y servicios.

Suc. Casa Central: Río Negro 1341 - Montevideo - Tel.: 2903 0028 - Fax: 2902 7130 Suc. Ciudad Vieja: Rincón 477 Of. 704 - Montevideo - Tel: 2915 1619 - Fax: 2916 9499 Suc. Gorlero: Gorlero entre 27 y 28 - Pta. del Este - Tel: 4244 1326 - Fax: 4244 1322 Suc. Agencia 5: Calle 31 esq. 20 - Punta del Este - Tel: 4249 8191 - Fax: 4249 6224

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Los tiempos cambian y Delta también. Además de contactarnos por las redes sociales, Facebook y Twitter, y brindar un servicio personalizado por Whatsapp, estrenamos nueva web: www.delta.uy. Contáctese con nosotros para obtener los mejores servicios financieros, de una forma ágil y confiable.

Principales Servicios que brindamos:

Compra y venta de moneda extranjera / Transferencias de fondos con el exterior / Giros de dinero en la región (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay) / Compra de cheques USA / Giros de dinero WesternUnion Cobro de facturas a través de la red Abitab / Giros Abitab en todo el Uruguay / Servicio Red Brou.

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LIDECO / Julio 2017

ELECTRO URUGUAY continúa celebrando sus 50 años de existencia en el mercado Estamos celebrando el 50 aniversario de la Empresa en el mercado de Electricidad e Iluminación, habiendo sido fundada el 30 de Octubre de 1967 por Don Salomón Adler. En una época donde los cambios tecnológicos se suceden a diario trabajamos en conjunto con nuestros proveedores, comprometidos con la innovación, apostando a soluciones que contribuyan al ahorro de energía y sean amigables con el cuidado del medio ambiente. Es así, que además de edificios emblemáticos e instalaciones industriales, en lo que queda del 2017, estaremos recambiando a Led la iluminación vial de nueve ciudades en distintos departamentos del País.

Sur Terminal logística (STL) mantiene su certificación ambiental Sur Terminal Logística (STL), una de las empresas de Grupo Schandy, ha completado la auditoría externa de revisión de la norma ISO 14001 correspondiente a la Gestión Medioambiental con un resultado positivo por lo que seguiremos contando con la certificación de referencia. Durante la instancia se señalaron aspectos que evidencian el crecimiento de STL en los procesos de gestión y en definitiva la conciencia medioambiental generada, mitigando de forma sistemática los impactos ambientales producidos por nuestra actividad. Dos ejemplos concretos destacados: • La Auditoría quedó bien impresionada con los procesos llevados a cabo a través de la Planta de tratamiento de Efluentes con la que limpiamos y reciclamos las aguas grises provenientes del lavado de contenedores, lo que se traduce en un ahorro de consumo en agua potable de OSE y la utilización del agua reciclada para riego al final del ciclo. • El uso de energías renovables. La inversión realizada por el Grupo en la instalación de paneles solares aportará una potencia de 20KW por hora a la red eléctrica de STV, generando un ahorro energético que ronda el 8% anual. Confiamos en que la experiencia lograda nos apalanca para el logro de otros desafíos en el corto plazo relativo a los Sistemas de Gestión, como el OEC y la Certificación SYSO, y nos posiciona como una empresa sustentable.

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Empresas en movimiento

Con gran éxito se han comercializado los productos de la firma DOUBLE K de California, USA Se destaca los SHAMPOO, ACONDICIONADORES, DESENREDANTES Y COLONIA PARA MASCOTAS Muy apreciados por los Estilitas de peluquería canina por su rendimiento y calidad. También para uso doméstico. Los SOPLADORES Y SECADORES produce más aire debido al diseño aerodinámico de la carcasas y del tipo de manguera (menos cantos dentro de la manguera) reduciendo la resistencia provocando más volumen de aire. Las boquillas roscadas a la manguera y la calidad de las mismas evitan las quebraduras. Presentado con la “boquilla de barrido” para empujar el agua del pelaje del animal con mayor rapidez y eficacia.

DREGHAL SA, 1er IMPORTADOR EN CERTIFICARSE OEC En el marco de su Sistema de Gestión Integrado Dreghal SA ha obtenido la certificación de Operador Económico Calificado otorgado por la Dirección Nacional de Aduanas. Con dicha certificación la empresa se compromete a trabajar sobre la seguridad en la cadena logística de comercio exterior, cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y a su vez establecer medidas de control, prevención y minimización de riesgos asociados.

EDENRED ESTRENO NUEVA IDENTIDAD GLOBAL El líder mundial en soluciones transaccionales para empresas, empleados y comercios ofrecerá todas sus soluciones en 42 países bajo la marca Edenred. Edenred ha elevado su transformación a un nivel superior con una marca más poderosa y unificadora que reúne a sus 43 millones de beneficiarios, 750.000 empresas e instituciones públicas y 1,4 millones de comercios afiliados. Los 250 productos y servicios del Grupo, incluyendo su icónico Ticket Restaurant, han recibido un rediseño y, a partir de ahora, compartirán los mismos estándares gráficos. La nueva identidad de la firma responde al lema “We connect, you win”, que refleja la digitalización de Edenred, así como las redes que ha construido y las ventajas que trae consigo esta evolución: mayor poder adquisitivo de los empleados, optimización de los gastos de las empresas y más negocio para los establecimientos afiliados. Los 8.000 colaboradores en los 42 países donde se encuentra presente el Grupo, adoptaron los colores del nuevo logotipo. Esta gran iniciativa forma parte del plan estratégico Fast Forward de Edenred, cuyo objetivo principal es la digitalización de su oferta en todos los ámbitos y otorgar al Grupo una posición de liderazgo en B2B2C.

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LIDECO / Julio 2017

Banco de Seguros del Estado ofrece solución en salud Colectas, espectáculos artísticos, encuentros deportivos. Estas son algunas de las iniciativas con las que la sociedad colabora cuando un uruguayo requiere un tratamiento especial y no cuenta con los recursos necesarios para afrontarlos. Para atender estas situaciones, el BSE desarrolló el producto Más Salud, un seguro de salud individual para hacer frente a desembolsos económicos inesperados motivados por enfermedades. Este seguro ofrece una solución rápida y sencilla a inconvenientes de salud que pueden trastocar la economía familiar. Por ejemplo, cubre diagnóstico de enfermedad de cáncer, disponiendo la persona asegurada de un capital contado, así como la posibilidad de obtener una segunda opinión médica y de recibir tratamiento clínico quirúrgico en Estados Unidos, Argentina, Brasil o Chile.Una de las novedades de Más Salud es su cobertura de gastos especiales, que incluye el costo de determinados tratamientos médicos y servicios, así como medicación para cáncer, esclerosis múltiple y hepatitis C. Más Salud se puede contratar hasta los 60 años, la cobertura se mantiene hasta los 70 y no implica realización de exámenes médicos previos ni declaración de salud. Frente a un imprevisto de salud, es lógico querer recurrir al mejor tratamiento lo antes posible. BSE, a través de su nuevo seguro, ofrece los recursos necesarios para que así sea y la tranquilidad que la persona necesita.

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Empresas en movimiento

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LIDECO / Julio 2017

SUDEL junto a Aldeas Infantiles Este año conocimos el trabajo de Aldeas Infantiles Uruguay y decidimos extender nuestras redes para colaborar con más de 2.000 niñas/os y adolescentes y más de 1.000 familias. Aldeas Infantiles es una organización social, no gubernamental, independiente y sin fines de lucro que se encuentra en Uruguay desde 1960 y que trabaja por el derecho de todos los niños/as y adolescentes a crecer en familia. De cara al 2020, tiene el gran desafío de lograr la auto sostenibilidad, ya que el subsidio de la Federación Internacional se viene recortando paulatinamente y llegará a 0 en 2020. En este marco, el apoyo sostenido del Estado, el compromiso de muchas empresas y de toda la sociedad es fundamental para que Aldeas Infantiles Uruguay pueda prescindir del apoyo internacional sin que sus servicios se vean limitados. Desde SUDEL S.A. nos sumamos a la causa e invitamos a clientes y proveedores a poner la energía en la infancia, bajo el entendido que allí está el motor de cambio positivo para la sociedad. ¿Se suman? Más info: corporativos@aldeasinfantiles.org.uy// Tel: 2400 2353. Int. 3104

Si tenés una tarjeta o chequera de Sodexo entonces tenés acceso a los descuentos y promociones exclusivos de Sodexo Club Una solución ideal para definir dónde almorzar, ya que dispone de más de 50 comercios adheridos con descuentos especiales y si resultara que es 29 y querés comerte unos ricos ñoquis, en Sodexo Club hoy dispones de 4 fábricas de pasta con descuento. Pero, ¿no te preocupa el almuerzo porque estás pensando en viajar? Entonces te interesará saber que en Sodexo Club tenés una amplia variedad de hoteles, tiendas de camping, agencias de viajes y de alquiler de autos con importantes descuentos. ¿Te preocupa que no tenés ropa para el viaje? Sodexo Club también te ofrece descuentos en tiendas de ropa y por si te interesa sentirte mejor también tenés a tu disposición descuentos y promociones en peluquerías, spa y gimnasios. ¡Pero no te olvides! Si te vas a ir de viaje, pasa por las ópticas que tienen descuentos y llevate unos lentes de sol para la playa. Si por otro lado tus planes son quedarte y empezar a estudiar algo nuevo, entonces seguro te van a interesar los descuentos que tenés en instituciones educativas. En Sodexo ofrecemos un mundo de beneficios, por más información www.sodexoclub.com.uy

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Separata

Consejo Directivo Presidente

Cr. Pablo Montaldo

NIXUS S.A.

1er. Vicepresidente

Dra. Matilde Carrau

CARRAU & CIA. S.A.

2do. Vicepresidente

Sra. Yelsa Corbella

OCA S.A.

Secretario

Cr. José Luis Rial

CONAPROLE

Prosecretario

Dr. Fernando Fernández

SCHANDY S.A.

Tesorero

Sr. Heber Assaf

ARNALDO C. CASTRO S.A.

Protesorero

Cr. Jorge Velasco

BANQUE HERITAGE (URUGUAY) S.A.

Vocales

Sr. Francisco Kantor

ALMENA S.A.

Cr. Valentín Martínez

BANCO ITAÚ URUGUAY S.A.

Dr. Guzmán Arregui

BANCO SANTANDER S.A.

Cr. Albérico Gadea

ADP S.A.

Sr. José Luis Dos Santos

NORTESUR S.A.

Comisión Fiscal

Cr. Diego Mandía

DELOITTE S.C.

Cr. Mario Zugarramurdi

BDO ESTUDIO HÉCTOR DEFFÉMINIS

Dr. Hector V. Viana

ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA + BRAUSE

Suplentes: Consejo Directivo

Dr. Javier Arocena

OROFINO S.A.

Sr. Rafael Barbieri

CENTRO SUDAMERICANO S.A.

Cra. Miriam Bernheim

IBM DEL URUGUAY S.A.

Sr. Norberto Cánepa

NORBERTO CÁNEPA SANTOS

Cra. Isabelle Chaquiriand

ATMA S.A.

Sr. Julio Cherro

S.A.U.D.U.

Cr. Diego Chiappe

EDUARDO CHIAPPE S.A.

Ec. Guzmán Elola

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

Cra. Silvia Gómez

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

Sr. Alberto González Rocca

EMILIO BENZO S.A.

Sr. Carlos Hernández

CEMENTOS ARTIGAS S.A.

Cra. Silvia Hernández

BANCO BANDES URUGUAY S.A.

Cr. Gonzalo Icasuriaga

CPA FERRERE

Cra. Mercedes Ottonello

OTTONELLO HNOS. S.A.

Cr. Fabricio Perdomo

FIERRO VIGNOLI S.A.

Dr. Jorge Pereyra

ASOCIACIÓN DE REPUESTEROS AUTOMOTORES DEL URUGUAY

Dr. Gerardo Porteiro

HERRERA, NICOLÁS Y OTROS (ESTUDIO GUYER & REGULES)

Cr. Alejandro Quintana

GERDAU LAISA S.A.

Cr. Eduardo Radío

SOCIEDAD TELEVISORA LARRAÑAGA S.A.

Dr. Daniel Rainusso

SAGRIN S.A.

Sr. Pedro Ramos

ELECTROQUÍMICA S.A.

Sra. Ma. Cristina Rodríguez

SUDEL S.A.

Sr. Jorge Torres

CENTRO PROTECCIÓN CHOFERES DE MONTEVIDEO

Lic. Fernando Viera

PORTO SEGURO – SEGUROS DEL URUGUAY S.A.

Suplentes: Comisión Fiscal

Cra. Cecilia Sosa

LÓREAL URUGUAY S.A.

Dr. Tabaré De Mello

UTE

Cra. Alina Gil

JUAN C. BALERIO S.A.

Dr. Juan Pittaluga

PITTALUGA ABOGADOS LTDA.

Cr. Ricardo Pereiras

INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A. (IPUSA)

Cr. Luis Normey

PREVISIÓN S.A.

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Fuente estadística de Información Financiera. empresa, sectoriales, de rama y mercado global:

• • Reporte Comparativo Empresas: contrasta entre 2 y 4 empresas de interés para el usuario • Reporte Comparativo Sectorial: contrasta la tendencia de la empresa analizada con la de aquellos sectores en los cuales participa (CIIU, Rama, Mercado)

Facilita y enriquece la evaluación de:

• La competitividad de la propia empresa, de otras empresas de la misma rama y sector • El riesgo, la performance y potencial de negocios de los distintos sectores y ramas de actividad

Presenta 23 indicadores de gestión, agrupados en siete categorías: • • • • Análisis patrimonial • Rentabilidad • Márgenes •

Permite extraer información a medida:

• Solicitando datos sobre los indicadores de interés, que pueden combinarse con todo el espectro de información disponible en la redlideco

Se nutre de estados contables extraídos de: • Auditoría Interna de la Nación • Banco Central del Uruguay • Bolsa de Valores de Montevideo • • Balances registrados en la redlideco

Ruta de acceso: • Login en redlideco / Menú de Servicio on Line / Antecedentes LIDECO / Búsqueda de persona física o jurídica / Carpeta / Central de Balances • Login en redlideco / Menú de Servicio on Line / Central de Balances / RUT o nombre de la empresa / Carpeta / C entral de Balances

Por mayor información: marketing@lideco.com Por mayor información: marketing@lideco.com Julio Herrera y Obes 1413 / 2908 16 36* / www.lideco.com Julio Herrera y Obes 1413 / 2908 16 36* / www.lideco.com