La investigación periodística en la formación de comunicadores

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La investigación periodística en la formación de comunicadores Serie Digital 11 Adriana Gisele Álvarez / Vanesa Arato / Mariana Campana / Matías Comiccioli / Thamara Costa Ortiz / Franco Delaurentis / Mauro Gasparini / Ezequiel González / María Noelia Iglesias Dosil / Sonia López / Mayra Mc’Causland / Luisa Moreno / Matilde Moyano / Paola Orlietti / Guido Pappacena / Leticia Pautasio / Raúl Perea / Daniel Segal / Walter Sogos / Paula Vecchi / Damián Javier Vidal / Cristian Vilardo Coordinadores Néstor Daniel González, Pablo Morosi con la colaboración de Mauro Gasparini

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La investigación periodística en la formación de comunicadores / coordinado por Néstor Daniel González y Pablo Morosi. 1a ed. - Bernal : Universidad Nacional de Quilmes, 2012 E-Book.

ISBN 978-987-558-251-4 1. Ciencias de la Comunicación. I. González, Néstor Daniel, coord. II. Morosi, Pablo, coord.

CDD 302.2

Universidad Nacional de Quilmes Rector Gustavo Eduardo Lugones Vicerrector Mario E. Lozano Serie Digital Directores Mariano Belaich, Departamento de Ciencia y Tecnología Margarita Pierini, Departamento de Ciencias Sociales Editor Rafael Centeno Asistente de edición: Alejandro Romagnoli Diseño: Hernán Morfese 2012 ISBN 978-987-558-251-4 libro electrónico

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COORDINADORES Néstor Daniel González. Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (unq) y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Director de la Licenciatura en Comunicación Social de la unq. Director del proyecto de investigación “Contenidos audiovisuales digitales en el contexto de los nuevos servicios de comunicación audiovisual. Políticas, actores y narrativas. Período 20102011”, perteneciente al programa de investigación y desarrollo “Tecnologías digitales, educación y comunicación”. Codirector del programa de extensión universitaria “Comunicación: participación y ciudadanía” y director del proyecto de extensión universitaria “Cronistas barriales” de la unq.

Pablo Morosi. Profesor del Seminario y Taller de Periodismo de investigación de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor del Taller de Producción gráfica II de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es jefe de la corresponsalía de La Plata del diario La Nación. También publicó en los diarios Perfil, Página/12, El Sol de Quilmes y fue jefe de la sección “Información general” del Diario hoy en la noticia.

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Índice

Prólogo, por Néstor Daniel González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Presentación. El periodismo de investigación, por Néstor Daniel González y Pablo Morosi. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Algo más que el “factor humano”. El tránsito y sus siniestros, por Raúl Perea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 No voy en tren. Discapacidad y transportes públicos, por Paula Vecchi, Matías Comiccioli, Sonia López y Daniel Segal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 La noche quilmeña, por Mayra Mc’Causland, Luisa Moreno, Cristian Vilardo, Ezequiel González. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Quilmes: de la movida nocturna a las irregularidades, por Franco Delaurentis, María Noelia Iglesias Dosil, Guido Pappacena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 VPH: el virus en la Argentina, por Thamara Costa Ortiz. . . . . . . . . 38 Como Botnia, pero en pleno conurbano, por Damián Javier Vidal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Me muero por vivir en tu barrio, por Adriana Gisele Álvarez . . . . . . 53 Tener Karisma tiene su precio, por Matilde Moyano, Vanesa Arato, Paola Orlietti, Walter Sogos. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Cuando la historia se olvida, por Mariana Campana, Leticia Pautasio, Mauro Gasparini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

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Prólogo

La Licenciatura en Comunicación Social de la Unviersidad Nacional de Quilmes (unq) viene desarrollando desde hace algunos años un proceso que tiene como objetivo la jerarquización de su carrera, promoviendo, entre varias estrategias, el contacto entre la producción pedagógica, la investigación científica y la extensión universitaria hacia la sociedad.

Por un lado, el crecimiento de la participación de estudiantes y graduados en equipos de investigación y extensión da como resultado la creación de una masa crítica en esos campos con recursos humanos formados por la aún joven unq, a la vez que reposiciona a sus graduados en organismos de investigación científica, que participan activamente en congresos y jornadas académicas. Por otro lado, a través de los proyectos de extensión se establecen vínculos con experiencias territoriales que se realizan junto con organizaciones sociales.

En cuanto a la producción pedagógica, la Licenciatura en Comunicación, por su especificidad, genera permanentes producciones desde sus espacios áulicos, gráficas y radiofónicas, audiovisuales y multimediales. El hecho de que estas prácticas tengan proyección social posibilita dos cosas: en primer lugar, una visibilidad regional de la producción universitaria que otorga a los alumnos conciencia sobre las condiciones de producción y circulación; en segundo lugar, les aporta una serie de experiencias de acreditación curricular que jerarquizan su posición frente al medio productivo.

Algunos de los antecedentes que confirman estas iniciativas son la participación en diversos festivales de documentales producidos en el desarrollo de la carrera: Diagonal 90, por ejemplo, resultó ganador en el 7º Festival Internacional de Cortos de Punta del Este (2009); Trincheras participó en la muestra oficial del mismo festival; y El barrio que queremos lo hizo en las muestras oficiales del Primer Festival de Artes Audiovisuales “Mirada Oeste” de Godoy Cruz, el 2º Festival de Artes Audiovisuales de La Plata y el Primer Festival de cortometrajes sobre exclusión y diversidad social “Imágenes sociales”.

En otros lenguajes, hay que mencionar la promoción de la producción en Radio Ahijuna, FM Compartiendo, los periódicos La Fuente, He, Una Noticia Queremos, etcétera.

Néstor Daniel González

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Presentación

El periodismo de investigación Néstor Daniel González / Pablo Morosi

Por qué el periodismo de investigación El periodismo de investigación, bastante relegado en nuestros tiempos, es una experiencia sumamente importante en la formación de comunicadores porque permite atravesar diferentes dimensiones del campo disciplinar y profesional.

La investigación posibilita indagar entre distintos tipos de fuentes de información, rastrear aquellos sucesos que buscan ocultarse por intereses específicos, armar un trayecto que permita recolectar insumos y documentos para la producción textual; al mismo tiempo, lleva a indagar en recursos narrativos que van desde los formatos informativos hasta los géneros literarios.

La investigación periodística permite, también, abordar temáticas que atraviesan un amplísimo registro, pasando por las políticas públicas, la economía, la ecología y la compleja diversidad de disciplinas científicas. Y, fundamentalmente, invita a los estudiantes a un debate sobre la independencia de opinión y la ética profesional.

A este proceso, que se desarrolla en nuestra carrera, le faltaba un espacio de circulación que pusiera en contacto las investigaciones realizadas con los públicos que gusten de este género, que resiste a su desaparición. A facilitar ese contacto apunta esta publicación.

El periodismo de investigación: el desafío pedagógico El periodismo atraviesa hoy grandes e inéditos desafíos. La aparición de nuevos formatos digitales vinculados al avance de modernas tecnologías para la comunicación impone un escenario de instantaneidad que pone en crisis las tradicionales plataformas desde donde durante siglos se desarrolló su actividad y provoca amplios debates y pronósticos agoreros sobre su futuro. Como sea, el aporte del periodismo al revelar información de ingente interés público que pretende ser escamoteada, o silenciada, seguirá contribuyendo a la necesidad humana básica de obtener información que le sirva para tomar decisiones y desarrollarse en una sociedad más plural y transparente.

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Más allá de la forma que adopte el periodismo dentro o fuera de lo que hoy conocemos como “la prensa” o los medios masivos de información, el principal reto parece ser dotar al periodismo, y a los estudiantes que aspiran a ejercerlo, de mayor rigurosidad, profesionalismo y compromiso. Partimos de la premisa de que el periodismo de investigación debe ser considerado una forma de acción, de trabajo; un método de producción de contenidos informativos mediante el cual se pretende excelencia en la calidad informativa y se busca, también, intervenir en la comunidad; una metodología para ser aplicada en cualquier tipo de nota o cobertura periodística, más allá de la complejidad del tema.

En ese sentido, el marco cuatrimestral del Seminario Taller de Periodismo de Investigación dictado en la Universidad Nacional de Quilmes es encarado desde el punto de vista de las rutinas laborales reales que impone el trabajo periodístico, por lo cual se apunta a investigaciones de corto recorrido. Los casos aquí publicados constituyen una selección de las cursadas de 2008, 2009 y 2010, y muestran lo producido sobre la base de temáticas elegidas por los alumnos.

Durante las clases se busca que los alumnos incorporen herramientas y desarrollen capacidades que les permitan realizar sus primeros ensayos de investigaciones periodísticas a partir del conocimiento del género, su historia y sus posibilidades. Con el objeto de incorporarlas a una rutina de trabajo, se trabaja con las operaciones metodológicas vinculadas a la investigación en el campo del periodismo: planificación, definición y selección de fuentes, técnicas de investigación, tareas de campo, cotejo y entrecruzamiento de datos y, finalmente, evaluación, redacción y presentación del material.

Se persigue desplegar aptitudes para la observación, planificación de las tareas, elaboración de hipótesis de trabajo, clasificación, selección y contacto con las fuentes de información. Se busca, asimismo, aprehender la complejidad que implican las maniobras de ocultamiento de información, las ventajas de internet y el mundo del periodismo de precisión. Con esos elementos a mano, el estudiante aportará, a cualquiera de las tareas que le sean encomendadas, dos elementos vitales para un buen periodismo: calidad y profundidad.

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Algo más que el “factor humano” El tránsito y sus siniestros Raúl Perea

La Policía Departamental de Quilmes, con datos cedidos gentilmente por su Departamento Estadístico, dio cuenta de la friolera de 1.096 casos reportados como “lesiones culposas”, es decir, siniestros con heridos producidos en los municipios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela durante los primeros cuatro meses de 2008. Hubo 230 en enero, 260 en febrero, 295 en marzo y 311 en abril. Las mismas fuentes informaron que entre el 12 de abril y el 18 de mayo, es decir, en algo más de un mes, fueron diez los muertos registrados del total de siniestros con heridos.

No se trata, claro está, de un problema local. Luchemos por la Vida, una de las más importantes y activas ong que existen en el país, informó que fueron 8.104 los muertos por el tránsito durante 2007; esto es, 676 por mes, 22 muertes diarias.

Este aumento en los siniestros con consecuencias fatales en nuestro país se manifiesta particularmente desde hace algunas décadas. Si se comparan los índices de otros países que consideran la cantidad de muertos por cada millón de vehículos en relación con la población y el número de vehículos circulantes, se verifica que entre los años 1988 y 1995 estos datos tienen una tendencia decreciente en países como Suecia, Holanda, Estados Unidos y España, mientras que en Argentina van in crescendo: 1.000 para 1989, 1.200 para 1992 y 1.450 para 1995.

A esto se debe agregar que en Argentina transitamos por el quinto año de relativa estabilidad económica, lo que ha generado una mayor venta de vehículos (se fabricaron más de medio millón en 2007) y se prevé para 2008 el 30% de aumento.

Para acercarse a las causas De las fuentes consultadas se desprende que el automóvil es el medio de transporte con mayor incidencia en los siniestros y que las causas atribuidas al “factor humano” son la principales. El Centro de Estudios de Seguridad Vial (cesvi), una empresa creada en 1996 por varias compañías de seguros, dedicada a la experimentación, formación e investigación aplicada, y que contribuye al

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desarrollo de la industria automotriz y de la seguridad vial, provee un material estadístico útil.

Allí puede observarse que casi la mitad de los vehículos siniestrados son autos (49%), el 30% camiones y el 3% micros; que el 52% de los choques se producen en rutas nacionales y el 68% en rectas; que el 48% de los choques son frontales y que 82% ocurren en pavimento seco. También puede observarse que se atribuye a lo que se denomina “fallas humanas” el 90% del total de las causas que producen los siniestros, mientras que a fallas en el vehículo se le adjudica el 5% y a factores externos otro tanto (véanse gráficos).

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Es ese 90% el que interesa resaltar ahora, no en desmedro de los otros factores, sino con el objetivo de ahondar en determinados aspectos de la conducta social de los argentinos, imbuida de una cultura que es mundial, y a la que se denominará simplificadamente “cultura del automóvil”.

La cultura del automóvil “La mayoría de los organismos especializados, como la mayoría de los ciudadanos, responsabilizan al ‘mal conductor’ por los accidentes. ¿En dónde existe ese ‘conductor perfecto’ si no es solo en la imaginación, a la manera de un dios de atributos humanos perfeccionados? Tal sujeto ideal, tal conductor, no existe.” Estas son afirmaciones que Roxana Kreimer, licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales (en los dos casos por la Universidad de Buenos Aires), vierte en su trabajo La tiranía del automóvil, un texto que resume diez años de investigación sobre el tema.

Según la autora, este sujeto ideal o “conductor perfecto” ha sido delineado por una sociedad que forjó una cultura en la que el automóvil es un símbolo de poder, prestigio y progreso, al punto de haberlo desligado de su función de uso; símbolo cimentado también por poderosos intereses económicos y políticos, que tienen en el automóvil un elemento de fundamental importancia para el desarrollo. Es por eso que –siempre de acuerdo con lo señalado por Kreimer– el automóvil mata en nombre del progreso y la civilización, y estas muertes parecen aceptarse como el “mal menor” de una sociedad dispuesta a pagar esos costos.

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Se trata de una visión radical del problema para la que se plantean también soluciones radicales: “aún en los países en los que se respetan las señales de tránsito –es el caso de Suecia y Japón– y en los que la estructura vial es adecuada, hay un alto número de muertos en accidentes automovilísticos. El problema, por tanto, no se resuelve concientizando al conductor para que respete las normas de vialidad, sino reduciendo el transporte automotor y reemplazándolo gradualmente por medios de transportes menos peligrosos para la vida y para la salud humanas”.

Daniel Zuccarelli, abogado, procurador y magister en Seguridad Vial por la Universidad de Belgrano, asesor en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, con más de 38 años de experiencia en el tema, no coincide con esta visión. Para él habría que atacar el problema a partir de tres factores: “Control de la expedición de licencias y su renovación; el control del tránsito en la vía pública, de manera sistemática y transversal; y la educación vial, que en Argentina se debe llamar concientización, es decir, no solo el conocimiento normativo, sino también la internalización de las consecuencias que puede traer una conducta desviada al respecto”.

Para Zuccarelli, se trata de atacar el “factor humano” de las causas de los accidentes, entendido en un sentido amplio; es decir, se trata de alcanzar una mayor toma de conciencia por parte de los conductores, los peatones y las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

De lo que no se habla Lo cierto es que el tránsito vehicular aumenta sin cesar, al punto de congestionar también las autopistas. El 26 de junio de 2008 el diario Clarín (“Autopistas porteñas: hay más tránsito y colapsan en horas pico”) informaba que entre los años 2002 y 2008 hubo un aumento del 83% en la circulación por esas vías y que las horas pico se han extendido.

Para la mayoría de los expertos, se debe reducir la circulación del transporte automotor y mejorar sustancialmente el uso de medios de transporte públicos. Pero esta necesidad imperiosa no parece tener una pronta solución si consideramos la acción del Estado. “¿Por qué razón, si la velocidad máxima permitida es de 110 o 130 kilómetros por hora de acuerdo con la vía, se permite la fabricación e importación al país de autos que duplican y hasta casi triplican esta velocidad?”, pregunta con criterio Zuccarelli. Y agrega con vehemencia: “En materia vial no se está haciendo absolutamente nada, la norma de emergencia vial de la provincia de Buenos Aires existe solo en el plano declarativo”.

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 prevé la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, pero esto aún no se ha implementado centralizadamente. Es así que muchas iniciativas quedan

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relegadas al plano local, municipal. Carlos Gavilán, coordinador general de la Subsecretaría de Transporte y Educación Vial de la Municipalidad de Quilmes, comenta: “Contamos con dos grupos de educadores viales, que son docentes especializados en el tema; recorren todas las escuelas del distrito de Quilmes.

Centralmente, los chicos del jardín de infantes y la primaria. El programa pertenece al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires al que nosotros estamos adheridos”. Gavilán afirma además que el municipio está participando del proceso de integración para la creación de un registro único de conductores y de faltas a nivel de la provincia.

Las falencias del Estado se notan también en la falta de estadísticas centralizadas. El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (renat) fue creado por la Ley 24.449 en 1996; sin embargo, muchos de sus datos están menos actualizados que los de algunas ong. De allí que muchas veces se tropiece con cifras que son muy dispares. Por ejemplo, el diario Crítica de la Argentina, que maneja una estadística propia que contabiliza día a día los casos fatales, informa de 800 muertes por “accidentes” de tránsito desde comienzo de año en su edición del 12 de junio de 2008. El programa Cheque en blanco, de la radio Rock&Pop, tiene contabilizados en la semana del 1 al 7 de junio de 2008 13 muertos, y 338 en lo que va del 2008, ambas cifras para todo el país.

Zuccarelli señala al respecto que “ninguna estadística es confiable por diversos motivos. Por no estar centralizada en un organismo único al cual aporten los demás; cada cual tiene la suya. Además lo que se cuenta como muerte, por ejemplo, es al momento del hecho, o a lo sumo en algunos casos se realiza un seguimiento de pocos días. Luego la causa de muerte se refiere como ‘paro cardiorrespiratorio’, con lo que queda fuera de la estadística. Es decir, no hay un seguimiento de los lesionados que luego mueren como consecuencia de un siniestro vial”.

Se está entonces hablando de una pandemia, de muertes cotidianas que no son fortuitas, de allí que sea un error denominarlas “accidentes”. Esto ha llevado a que “la principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 36 años en Argentina sea el tránsito, según la Organización Mundial para la Salud”, señala Zuccarelli. Se vuelve así al principio, en un círculo que siempre cierra con más muertes. Un círculo del que se debe salir si no se quiere seguir sacrificando la calidad de vida y hasta la propia existencia.

Desdicha en serie Cuando Henry Ford fabricó el modelo T a inicios del siglo pasado, no imaginó que provocaría tal revolución tecnológica en la cadena de producción, pero, sobre todo, que el automóvil llegaría a convertirse en el símbolo por excelencia de la modernidad. Cruel destino o, más bien, tendencia lógica de un sistema

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como el capitalista: el automóvil no llegó a ser la mercancía de consumo masivo que Ford imaginaba, salvo en algunos pocos países centrales; y de factor de progreso, confort y estatus, poco a poco se fue transformando en factor de desdicha. “Nunca tantos han sufrido tanto por tan pocos”, escribió Eduardo Galeano hacia finales del mismo siglo, alertando sobre los problemas de polución que engendran los autos. Esta alerta debe incluir dramáticamente hoy la posibilidad cierta de perder la vida en un instante.

Julio de 2008

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No voy en tren Discapacidad y transportes públicos Paula Vecchi / Matías Comiccioli / Sonia López / Daniel Segal

Son las seis de la tarde. El tren, como todos los días, rebosa de gente. Muchos vuelven de sus trabajos, otros van a estudiar, todos tratan de llegar a destino.

La ruta de viaje va de Constitución a La Plata y en cada estación la carga y descarga de pasajeros es constante: Avellaneda, Sarandí, Villa Dominico, Wilde, Don Bosco, Bernal… y la lista sigue.

El tiempo para acceder al tren es limitado, la aglomeración impide entrar y salir del vagón con ligereza, muchos deben bajar para permitir el paso. Son apenas segundos en cada parada, pero en esa tarde templada en la estación Bernal los segundos se suceden unos a otros sin que la unidad ferroviaria dé continuidad al viaje.

Los usuarios comienzan a fastidiarse, a buscar explicación y consuelo echando culpas a “lo mal que funcionan los transportes públicos en la Argentina”, hasta que decenas de ojos deciden asomarse para despejar la incógnita de la demora.

Un hombre en silla de ruedas solicita a un encargado de la seguridad del tren que lo suba a uno de los vagones. El encargado parece conocerlo: un joven de veinte años, que dice llamarse Diego. La conversación entre ellos es corta y directa. Diego sabe que debe esperar la solidaridad de los demás para tomar el tren. El silencio de todos acalla las quejas y las presunciones sobre la demora.

La imagen nos revela que no cualquier persona puede acceder sin obstáculos al tren, por lo menos no una persona discapacitada. Y hace evidente que la prestataria del servicio no contempla esta necesidad, ya que es un encargado de seguridad quien lo ayuda.

El tren sigue detenido y el guardia de seguridad acaba por dar aproximadamente once vueltas a la silla de ruedas de Diego, tratando de ingeniárselas para ver cómo cumplir esa tarea que no está entre las que tiene asignadas; al ver que el problema no tiene solución individual, dos pasajeros de gran contextura física deciden ayudar.

Al fin, con ciertas dificultades, Diego puede comenzar su viaje. La intención, solidaria, es buena, pero no resuelve el problema: esta escena es frecuente en el ramal Constitución-La Plata. Y las personas como Diego las sufren día a día.

Gustavo Ferreira es no vidente y representante de la Dirección de Discapacidad de Quilmes; él alegó que “ante los trastornos que deben sufrir para

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poder usar el tren, los discapacitados se autoexcluyen”. Al igual que la mayoría de nuestros entrevistados, Ferreira utiliza el colectivo.

Estas declaraciones demuestran que el transporte público no es para todos y mucho menos para el 7% de la población que, según datos del Ministerio del Interior, sufre algún tipo de discapacidad. La responsabilidad recae sobre la empresa encargada de la concesión de la red ferroviaria. La concesionaria, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia Sociedad Anónima (ugofe s.a.) es una entidad formada por tres empresas privadas: Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires. Poseen la concesión de todos los ramales del Gran Buenos Aires y del servicio de subterráneos.

Según el gerente de Relaciones Institucionales de ugofe, licenciado Eduardo Montenegro, para los casos como el que se plantea, “en algunas estaciones, hay rampas móviles de acceso –por ejemplo en Constitución–, pero esto implica retrasos: traer la rampa, elevarla, cuando el tren solo está dos o tres minutos en la estación”. Y agrega: “Reconocemos que los problemas hacen muy difícil el traslado de personas discapacitadas, con bastones o muletas”.

Esta realidad no es nueva. En el año 2005 el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, emitió un dictamen contra estas y otras empresas prestadoras de servicio ferroviario en el que denunciaba la falta de consideración hacia los usuarios discapacitados. Allí señalaba: “sanitarios que formalmente existen pero que no están en condiciones de ser usados, falta de señalización y carencia absoluta de la posibilidad de viajar en el servicio para personas con movilidad reducida en la mayoría de las estaciones”.

Además, consideró que “se trata del ofrecimiento de un servicio público a medias, y solo para algunos”, y resaltó que lo investigado en las estaciones “resulta claramente violatorio de las disposiciones de la Ley N° 24.314, relativa a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, que establece el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”.

Sobre posibles mejoras, el licenciado Montenegro dijo: “Estamos haciendo una aproximación a una solución en el ramal Bosques vía Temperley, donde todos los ramales van a ser elevados. Esto es así hasta la estación Claypole y se continuará hasta Bosques”.

Las remodelaciones que en los últimos años se hicieron y se siguen haciendo fueron pensadas para permitir el acceso de cualquier persona con discapacidad desde la calle hasta el andén: un objetivo de inclusión que se desmorona cuando tratar de subir al tren se convierte en una frustración. Algo que hoy le sucede a Diego; y no es al único que le ocurre. Los discapacitados pueden llegar –no sin inconvenientes– hasta la estación, pero en muchos casos les resulta imposible subir al tren.

Fernando Juan y Silvia Banegas son pareja hace cinco años. Se conocieron en silla de ruedas en el Centro de Día Villa del Sol. La discapacidad de Fernando

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se debe a la esclerosis múltiple y la de Silvia, a una mielitis total (inflamación medular).

Ellos eligen no viajar en tren por tres razones: la posibilidad de que les roben al considerarlos “vulnerables”, la falta de solidaridad con la que se pueden encontrar y la imposibilidad de subir al tren. En palabras de Juan: “En las estaciones hay rampas, pero capaz la rampa es muy empinada, entonces no la podes subir solo. Yo, por ejemplo, no puedo y para que pueda subir al tren queda un espacio, y cómo haces…”.

Silvia, su pareja, agregó: “[los trenes] no están preparados para discapacitados y somos muchos los discapacitados”. Los testimonios recogidos dan cuenta de que las personas con discapacidades en el caso de viajar optan por el colectivo.

Carlos Dalmacio sufre una discapacidad motora que le exige moverse con un andador formado por cuatro patas: “No utilizo el tren por miedo y porque no te dan el asiento. Voy en colectivo porque el colectivero me ayuda o hay gente que lo hace. Tengo artrosis en las dos caderas, me operaron hace dos meses. Hace poco utilicé el tren, fui parado. La gente me veía y no me daba el lugar –yo estoy operado, no puedo ir parado– y me bajé a esperar otro tren”, afirmó en voz baja.

Para Carlos estas dificultades se extienden más allá del acceso al tren: “La dificultad que encuentro es que soy muy lerdo para pasar los semáforos [el trayecto de una cuadra le demanda 10 minutos]. En la estación de Bernal las veredas no tienen ancho para que pueda pasar con el andador. Hacen falta rampas”. ugofe se escuda y explica la inacción de la empresa: “La estructura del ferrocarril en la Argentina fue planificada hace 60 o 70 años, por lo tanto no está contemplada la larga lista de derechos que hoy se adjudica a los discapacitados motores. Estaba armado para personas con movilidad plena; de hecho, los trenes tienen escalerillas”, aseveró su vocero.

El presidente y fundador de la Asociación Discapacitados en Marcha (adem), Daniel Kalbermatter, afirmó que desde la ong estudiaron las dificultades de los discapacitados para acceder a las formaciones del Roca en la estación de La Plata: “Este año iniciamos un relevamiento de las condiciones en que deben viajar los discapacitados en el ferrocarril Roca, en particular en el ramal Buenos Aires-La Plata, debido a que somos vecinos de esta última ciudad y no tenemos muchas maneras de viajar a ciudades intermedias si no es en automóvil u otros vehículos de traslado, ya que los micros de larga distancia van por la autopista o la ruta, lejos de los centros comerciales o administrativos. Nos acercamos a la estación cabecera de La Plata y averiguamos cómo podíamos hacer para que dos discapacitados pudieran abordar un tren y viajar hasta Quilmes, donde debían realizar un trámite”.

En primer lugar se dirigió a la boletería, donde lo derivaron al personal que controla los pasajes antes de ingresar en los andenes. Allí le pidieron que se

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dirigieran al personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que custodia la estación.

Daniel Kalbermatter continuó su relato: “Los agentes de la bonaerense nos escucharon y nos ofrecieron la posibilidad de subir a los dos discapacitados al furgón de la formación, junto al personal de seguridad privada contratado por ugofe. Además, nos ofrecían llamar por radio al personal de seguridad de la estación de Quilmes para ayudarlos a bajar, aunque no podían garantizarnos que hubiera personal suficiente para realizar esa tarea si al mismo tiempo que llegaba el tren hubiera algún hecho que requiriera su intervención en la estación.

Pero esto se contradice con lo que señala claramente la Ley Nacional 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida, en cuanto que deben poder acceder al transporte público de pasajeros sin ningún tipo de ayuda si pueden desplazarse por sus propios medios”.

Además, la Ley 10.592 de la provincia de Buenos Aires dice en el artículo 24 que “las vías y espacios libres públicos deben permitir a las personas con movilidad reducida gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria”.

El titular de adem nos explicó que solicitaron hablar con la administración de la estación: “Fuimos recibidos de muy mala manera, con poca voluntad de ayudarnos e, incluso, molestos porque hacíamos ese tipo de planteos. Nos dijeron que ‘la situación era esa’ y en ningún momento se mostraron dispuestos a escuchar alguna propuesta para resolver la situación, pese a que es una estación terminal, la más importante del recorrido luego de Constitución. Pero nuestra sorpresa mayor fue cuando casi a los gritos nos pidieron que abandonáramos las oficinas, ubicadas en el primer piso de la estación; una de las personas que lo hacía era un discapacitado que se trasladaba en silla de ruedas. Esto no hizo más que dejar en claro el doble problema: ausencia de control gubernamental, pero también falta de educación por parte de la población en general”.

La legislación que no se respeta Confluyen así diversos problemas: la inacción y falta de cumplimiento de las leyes de las autoridades gubernamentales y de las prestadoras de servicios; en muchos casos, la indiferencia de los ciudadanos sin discapacidad hacia los que sí la tienen; y el problema de una ciudad con infraestructura insuficiente e insegura para la circulación independiente de personas discapacitadas.

Kalbermatter comentó que “adem logró tomar contacto con Cecilia Pasos, funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien comprometió su apoyo para que el organismo encare en forma conjunta un relevamiento de toda

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la red ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, tomando en primer término el ramal Buenos Aires-La Plata”.

El directivo de la ong señaló también que “muchas personas con movilidad reducida no quieren salir a la calle por temor a no poder superar las dificultades que se le presentan, lo que provoca una desvalorización de sus capacidades y los lleva a quedarse encerrados en sus casa sin poder muchas veces, incluso, trabajar.

La legislación es bastante clara para garantizarles trabajo, pero no se respeta. Y esto no sucede solo en la Argentina, es a nivel mundial. Hay países europeos, como España, donde la situación es similar o aun peor que aquí; pero en otros países, como Chile, se trabaja mucho y bien sobre el tema”.

En sintonía, la trabajadora social del Centro de Día Villa del Sol, de Bernal, Mariela Cardozo, afirmó que los pacientes “que se movilizan, lo hacen en colectivo” y no optan por el tren. Además, dijo, la ciudad está llena de impedimentos: “Las rampas no están bien hechas. Para cruzar la calle tienen que pedir asistencia. El sonido del semáforo no sirve; la gente no respeta las líneas ni el semáforo; ellos pueden escuchar la chicharra, pero capaz los pasan por arriba”. Agregó que se debe asegurar que la persona “se pueda mover sola por la ciudad, que la persona dentro de sus posibilidades pueda manejarse de manera independiente. En el caso de una estación de trenes, debe haber un acceso cercano; y ni hablar de los negocios, ninguno tiene rampa y ni el ferrocarril ni la municipalidad controlan el tema de los puestos ambulantes [con los que se tropiezan]”.

Además de la Ley Provincial citada anteriormente, existe la Ley Nº 22.431 de carácter nacional. El artículo 22 dice: “En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público […] deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas. La reglamentación establecerá el alcance de lo impuesto, atendiendo a las características y destino de las construcciones aludidas. Las autoridades a cargo de las obras públicas existentes preverán su adecuación para dichos fines”.

Las leyes son claras acerca de la accesibilidad de personas discapacitadas.

Al no cumplirse estas normas, la empresa encargada de la administración ferroviaria estaría en falta. Así lo corrobora la intimación que el gobierno le hiciera en 2003 al anterior prestador, Transporte Metropolitano Roca S.A., como concesionario de ferrocarriles. Allí la Secretaría de Transporte resolvió “intimar” a Metropolitano para que en un plazo de 20 días hábiles procediese a “reparar” todos los trenes que tenía en servicio y a “mejorar” los accesos y los baños de las estaciones. Además debía incorporar a cada formación un vagón especial provisto de rampas móviles y personal de asistencia para la atención de las personas discapacitadas.

Esta intimación se definió un día después de que saliera a la luz el informe de la Jefatura de Gabinete que puso al descubierto el pésimo estado de los servicios

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de Metropolitano (líneas Roca y Belgrano Sur) y tba (ferrocarril Sarmiento); pero fue un ultimátum lanzado por el gobierno como respuesta a lo dispuesto por el juez federal Ángel Di Matteo.

Al poco tiempo, Di Matteo decidió intimar tanto a la empresa Metropolitano, como al propio gobierno, para que en un plazo de entre 30 y 45 días procedieran a adoptar todas las medidas necesarias para que los usuarios de la línea General Roca “tengan un servicio digno y eficiente”.

Ante ese emplazamiento judicial, el entonces secretario de Transporte, Guillermo López del Punta, dispuso intimar a Metropolitano para que en el término de 20 días cumpliera con las siguientes medidas.

Trenes: tanto las formaciones eléctricas como las correspondientes a los ramales diésel que salieran a prestar servicios deberían tener todos los asientos, los dispositivos de iluminación en perfecto estado, las ventanillas colocadas y las puertas en buen estado de funcionamiento.

Estaciones: se deberían arreglar los baños, los accesos, los techos y los andenes de todas las estaciones del Roca.

Obras para discapacitados: la empresa tendría que instalar “rampas móviles o fijas” en todas las estaciones para facilitar el desplazamiento de las personas discapacitadas. En los trenes debería incluir –como mínimo– un coche acondicionado para el acceso de los discapacitados, quienes deberían contar con

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la asistencia de personal de la empresa tanto en los andenes como en interior de las formaciones.

La resolución de la Secretaría de Transporte establecía también que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (cnrt) debía presentar un informe “cada tres días” para mostrar qué grado de avance tenían los trabajos exigidos. Los reguladores tendrían diez días para elaborar la “documentación técnica y económica de las obras de emergencia” que se concretarían ese año en el ferrocarril Roca con los aportes del Estado.

Esta intimación a Metropolitano y la posterior tensión de fuerzas con el Estado y la justicia no tuvo efecto, y a la luz de los hechos relatados hasta aquí, se evidencia que tampoco se modificó con la llegada de la ugofe.

Hasta ahora, las demandas, intimaciones y denuncias siguen sin poder lograr que un pasajero en silla de ruedas pueda subir al tren por sus propios medios.

Las presentaciones y la preocupación de las ong tampoco son suficientes para poder enfrentar al monstruo empresarial que tiene la posesión de las líneas ferroviarias.

Esta imposibilidad, que perjudica tanto a discapacitados motrices y sensoriales, y que muchas veces resulta indiferente para el resto de las personas, puede ser considerada una violación a los derechos humanos. Sin embargo, se pudo constatar que las personas discapacitadas y sus allegados no presentan denuncias sobre el problema. “Hace tres años que estamos en funciones y no tenemos registro de planteos de asociaciones de discapacitados. Sí hemos conversado con gente del inadi, por los accesos a las estaciones, pero no tuvimos pedidos sobre ese tema en particular”, dijo el gerente de Relaciones Institucionales de la ugofe. Las ong adem y Acceso Ya y la Dirección de Discapacidad de Quilmes coinciden en este sentido.

Según el funcionario, el Estado no hace cumplir las leyes y los damnificados por esa situación no intiman ni al Estado ni a la empresa. Y aunque hubiera un fallo a favor de los damnificados, “no hay manera de cumplirlo, debido que obligaría a una gran inversión fuera del convenio-marco y esto no es posible”, manifestó el portavoz de la ugofe.

El acuerdo firmado con el Estado desliga a las empresas prestatarias nucleadas en la ugofe de garantizar el servicio del ferrocarril con unidades con acceso a todos; así se evidencia en un amparo llevado a cabo por el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, que data del 24 de agosto de 2006, en contra de las prestatarias del servicio de ferrocarril. El amparo se presentó “por no garantizar a todos los pasajeros condiciones de seguridad de higiene y particularmente a lo que hace al uso de personas con capacidades diferentes”.

Por su parte, la ugofe manifestó que sus obligaciones se basan en el Acuerdo de Gerenciamiento Operativo de Emergencia que –en los términos de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 798/04 y Resolución 408/04– suscribiera el 27 de octubre de 2004 con la Secretaría de Transporte: tiene “la obligación

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de operar con los bienes que le fueron entregados y en el estado en que ellos se encontraban a la fecha en que tomó posesión de los mismos, habiendo el Estado Nacional asumido la obligación de mantenerla indemne de todo reclamo por responsabilidad civil”.

Montenegro recalcó: “No somos concesionarios, somos operadores, por eso tenemos obligaciones distintas; por ejemplo, el 100% de las decisiones sobre la empresa son consensuadas con la Secretaría de Transporte”. El dueño de los ferrocarriles es el Estado, las empresas privadas lucran por administrarlos. La ugofe cobra un honorario mensual equivalente al 6% del total de los ingresos provenientes por la venta de boletos y el pago de las obras y reparaciones del material ferroviario que cubre el Estado.

Montenegro resaltó también que las quejas sobre la calidad de prestación del servicio “bajaron el 40%” desde el año 2007, cuando iniciaron la prestación (ugofe sumó entonces a sus ramales el de San Martín y el de Belgrano Sur, que administraba Metropolitano).

El servicio de trenes es rápido y económico en comparación con el colectivo.

Por ejemplo, el recorrido de Constitución a Bernal se realiza en menos de 30 minutos, y el valor del boleto (subsidiado por el Estado) es de 0.90 centavos; en cambio ese mismo tramo realizado en alguna línea de colectivos exige el doble de tiempo o más, y el valor del boleto asciende a $2 (también subsidiado).

El transporte ferroviario es un servicio público. Es un derecho insoslayable el poder acceder a los servicios indispensables para la vida y la realización de las tareas cotidianas.

Que sea público significa que debe ser prestado de manera que garantice el acceso y el uso a todo tipo de usuario. En la reglamentación argentina el Decreto 914/17 sobre Sistema de Protección Integral de los Discapacitados “establece como prioridad la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se materialicen en lo futuro, o en los ya existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con discapacidad. La mejora de la calidad de vida de toda la población y, específicamente, de las personas con movilidad reducida –o con cualquier otra limitación– es un objetivo acorde con el cumplimiento del mandato constitucional que consagra el principio de igualdad para todos los habitantes, el cual ya ha comenzado a desarrollarse en la Ley 22.431 y las normativas provinciales en la materia”.

Cobra vida nuevamente la frase “hecha la ley, hecha la trampa”. Los decretos y leyes parecerían estar hechos para no cumplirse cuando apuntan a hacer valer los derechos humanos; en cambio, un Acuerdo de Emergencia que se realiza por decreto, como el que suscribieron la ugofe y la Secretaría de Transporte en 2007, se cumple a rajatabla.

Julio de 2010

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Responsabilidades compartidas y un poco de historia La Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. está formada por tres empresas privadas, Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires, que explotan desde 2005 parte de la red ferroviaria de pasajeros y la red de subterráneos. El 23 de mayo de 2007 por el Decreto 591/07 sumaron la concesión de prestación del servicio de ferrocarril de la zona metropolitana (su vía principal parte de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, y se dirige hacia el sur del país, atravesando las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro).

El 23 de junio de 2004 el Estado había rescindido el contrato que tenía con Transporte Metropolitano San Martín S.A., y el acuerdo que suscribe la ugofe en mayo de 2007 se declara de “emergencia” (y, por lo tanto, por contrato directo, sin ir a licitación), ya que la medida fue producto de los graves incidentes registrados el 15 de mayo de ese año en la estación Constitución. Tras demoras y suspensiones de servicios de diversas formaciones del Metropolitano, cientos de pasajeros habían incendiado boleterías y roto unidades, hecho que terminó con 21 heridos y 16 detenidos. En noviembre de 2005 había ocurrido una acción directa similar por parte de los usuarios frustrados por el ineficiente servicio, en este caso en la estación de Haedo, ramal a cargo de Trenes de Buenos Aires; tras reiteradas demoras, que llegaban a durar horas, incendiaron parte de la unidad ferroviaria.

En junio de 2010 la prestación del servicio continúa siendo ineficiente y sigue violando las disposiciones de la Ley N° 24.314 relativa a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida que establece el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

Ni la Secretaría de Transporte ni la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, representante estatal de los intereses de todos los ciudadanos, encargadas de controlar que la prestataria cumpla con las obligaciones a su cargo, incluyeron entre estas la de garantizar el acceso y uso del servicio público del transporte ferroviario por parte de todos los habitantes en general y de las personas discapacitadas en particular. Al encomendar a la ugofe que preste el servicio con los bienes que le fueron entregados, avala que no exista obligación de las empresas, de modificar las unidades para que el derecho de acceso al servicio público de todos los miembros de la sociedad se cumpla. Ambas partes, este conjunto de empresarios privados y las autoridades estatales, se eximen así de la responsabilidad de cumplir las leyes.

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La noche quilmeña Mayra Mc’Causland / Luisa Moreno / Cristian Bilardo / Ezequiel González

La noche de Quilmes es una de las más elegidas del conurbano bonaerense. Esta ciudad de la zona sur del Gran Buenos Aires se ha convertido en la segunda de mayor concentración nocturna de la provincia (San Miguel, al norte del conurbano, es la más importante), de acuerdo con los datos de la Dirección de Espectáculos Públicos del Municipio. Según la misma fuente, alrededor de 50 mil personas transitan por el corredor nocturno quilmeño cada fin de semana.

Más de 34 bares y pubs en el centro de la ciudad y varios boliches ubicados sobre la avenida Calchaquí y la Costanera forman parte de la variada oferta. La municipalidad tiene estipulados los sectores para cada tipo de emprendimiento, según la normativa prevista por la Ordenanza 7.425, dictada en 1994. Sin embargo, según denuncias de los vecinos, esa norma no se cumple y las inspecciones dejan muchas dudas.

Ya en el comienzo de la gestión del actual intendente, Francisco Gutiérrez, los casos del restaurante Donovans y los bares Mal Amado y Justo Brandsen hicieron dar un paso al costado al director de Habilitaciones de la comuna, Luis Lofeudo, y a los inspectores Roberto Doppelgatz y Patricio Enríquez.

Una recorrida por el centro de la ciudad muestra a las claras que muchos de los bares distribuidos en las 54 manzanas del casco céntrico funcionan como locales bailables. Las colas para comprar entradas o los custodios de seguridad privada en la puerta no deberían tener sentido, ya que los bares son de libre acceso.

El bar Cronos Club, situado en Garibaldi 228, constituye un caso testigo para dar cuenta de la situación descrita. En su entrada tiene una pista amplia con las características de un bar: mesas y sillas en las columnas, del lado derecho e izquierdo, en el medio unos sillones y al fondo una barra. Allí la música se mantiene en un volumen medio, por lo cual se escuchan las voces del público.

Pero al ir hacia los baños, que están en un pasillo detrás de la primera pista, hay una puerta que permanece abierta. Esta conduce a otra pista que tiene una barra amplia, mesas y sillas pegadas a las paredes y unos sillones en el medio. El volumen de la música allí sí es tan alto que supera las voces del público. Desde su inauguración en octubre de 2009, Cronos fue objeto de innumerables críticas vecinales y hasta la propia Cámara de Bares cuestionó el tamaño y la capacidad del lugar.

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Mario Briora vive en un décimo piso sobre Garibaldi, frente a Cronos, y es uno de los vecinos que más se ha movilizado por la problemática de la noche. Incluso llegó a hablar con Raúl Oviedo, secretario de Gobierno Municipal, a quien le reclamó por los ruidos molestos, los estacionamientos indebidos, el caos vehicular, la inseguridad y la limpieza. Sus planteos, al igual que las críticas a la Comisaría 1a, seccional a cargo del centro quilmeño, fueron difundidos a través de diferentes medios locales, como los portales Quilmes a Diario, Espejonet.com.ar o el blog Seccionvermouthweb. Por otro lado, Aníbal Mathis, titular de la Asociación Bonaerense de Empresarios de Confiterías Bailables (abecba), también cuestionó la apertura de Cronos al asegurar que por sus características se parece más a un boliche que a un bar.

El tema de la noche es siempre sensible por la cantidad de incidentes que se producen constantemente en la zona de los bares. El más reciente tuvo lugar el sábado 19 de junio: los patovicas del bar Mal de Amores –ubicado a diez metros de Cronos– golpearon a un joven y lo sacaron del establecimiento. El bar fue clausurado provisoriamente y el caso se está investigando para llevarlo a la justicia.

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El “bar” Cronos Cronos es un local que en los registros del municipio está habilitado como bar.

Entre las varias restricciones que rigen sobre los bares, se halla la prohibición de bailar y brindar recitales. A pesar de ello, puede comprobarse que los jóvenes que concurren, aprovechando sus amplias dimensiones, lo convierten en un local eminentemente bailable. Pero los únicos sitios habilitados para bailar son los boliches, prohibidos en el centro quilmeño. La excepción es Buró –ubicado en Alem 214, a la vuelta de Cronos–, ya que funciona con anterioridad a la Ordenanza 7.704 de 1996, que definió la zona para los boliches: Camino General Belgrano –en toda su longitud-, Tomás Flores –entre Camino General Belgrano y Donato Álvarez–, las avenidas Otamendi, Italia, Cervantes y España –en su totalidad–, la Av. La Plata –entre 12 de Octubre y Oscar Smith–, la Av. Espora hasta la Costanera, y ambos lados de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta un máximo de 50 metros.

Cronos no es el único caso: es de público conocimiento que hay varios centros nocturnos en donde se baila a pesar de la prohibición. Dunkue, Mal de Amores y La Mentirosa son algunos de esos sitios.

A pesar de que Cronos cuenta con dos amplias pistas donde cada fin de semana cientos de jóvenes bailan, llama la atención que en la página web del establecimiento, <www.cronosclub.com>, no se exhiben imágenes de esa parte del local. En el sitio tampoco se menciona la palabra “baile”, ni siquiera en el hipervínculo “sectores”, en el que al hacer un clic aparecen fotos del Living Lounge, el Resto y El Deck, los diferentes espacios del bar. Tampoco en la red social Facebook, a través de la que se realizan invitaciones colectivas, se menciona la palabra “bailar”.

Incumpliendo las leyes Pero Cronos, al igual que prácticamente todos los bares del centro, no solamente viola ordenanzas municipales. Las leyes 14.050 y 14.051 de la provincia de Buenos Aires, que rigen desde el 21 de noviembre de 2009, también están siendo infringidas. Hay dos cuestiones centrales: el expendio de bebidas alcohólicas y la admisión de menores de edad. En este sentido, Cronos ha sido clausurado varias veces, pero la última, el sábado 19 de junio, fue porque se encontró a este tipo de público bebiendo y bailando en las instalaciones del lugar. Según Radio Quilmes 98.9 FM, en este caso la municipalidad no fue la institución que cerró el bar, sino los inspectores de la provincia a cargo del Ministerio Provincial de Desarrollo Social encabezado por Baldomero Álvarez de Olivera, ex intendente de la comuna de Avellaneda. Es sabido, e incluso

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reconocido por empleados de estos lugares que prefirieron no darse a conocer, la asistencia de menores de edad.

La normativa regula la venta de bebidas con alcohol, ya sea en espacios abiertos o cerrados, en un horario específico (entre las 22:00 y las 5:30 horas, aunque existen excepciones dependiendo de las autoridades competentes; se puede extender hasta las 6:30). Por cada una de las violaciones a los artículos, se debe pagar una multa de entre $5.000 y $30.000, según la gravedad del asunto; incluso se puede llegar al cierre temporario (entre 30 y 90 días). En reiteradas ocasiones Cronos fue clausurado por alguno de estos motivos, aunque rápidamente volvió a abrir sus puertas.

Jorge Briasco es juez de Faltas del municipio. Como responsable del Tribunal 3, es quien ordena realizar inspecciones en conjunto con la Secretaría de Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Espectáculos Públicos del distrito, a cargo de Diego Borrel.

En varias oportunidades Briasco determinó la clausura de Cronos y el pago de multas, pero sus decisiones fueron apeladas. La primera causa, cuyo expediente es el v3-06088-09, data del 11 de diciembre de 2009. Briasco aplicó una multa a Cronos de $4.760 por desvirtuar el rubro bar para el cual fue habilitado.

El 17 de diciembre la causa fue elevada a una instancia superior, la Justicia Correccional, en donde la medida fue apelada y la condena suspendida. Luego, el 28 de enero de 2010, el juez quilmeño pidió nuevamente cerrar el lugar por reincidir en la violación del rubro. En el expediente v3-00074-10 consta un pedido de clausura por 3 meses y una multa por $5.955 que tampoco se cumplió. Hasta el momento, el archivo no fue elevado al Tribunal Correccional.

Por otro lado, el portal Quilmes a Diario publicó en su edición del día 1 de diciembre de 2009 que este polémico sitio también ha sobrepasado el horario en el que puede estar abierto para el público; según la ley, los bares pueden funcionar hasta las 2 de la madrugada. Según Oviedo, para ese entonces el dueño de Cronos –se desconoce si la referencia es para el responsable legal del lugar–, Diego Dublini, había prometido cerrar el lugar entre la una y media y dos de la mañana, pero se ha visto que cierra mucho más tarde, al igual que otros bares que se encuentran en la zona. Oviedo no pudo precisar cuál fue la ordenanza que derogó la 7.425/94, que prohíbe la habilitación de bares. Todo indica que el gobierno de Francisco Gutiérrez, como los anteriores intendentes, no ha tenido en cuenta esa disposición votada por el Concejo Deliberante y promulgada por el entonces intendente Aníbal Fernández, actual jefe de Gabinete de la Nación.

Pese a la insistencia por conocer la opinión de los propietarios o gerenciadores de Cronos, estos no pudieron ser contactados para la realización de este artículo.

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Una noche Los fines de semana, en particular los sábados, a medida que el reloj avanza hacia las 2, es moneda corriente la congestión de decenas de chicos y chicas haciendo fila para lograr entrar a Cronos. En la puerta principal, tres “patovicas” en la puerta y dos relacionistas públicos controlan la circulación de la gente.

Al llegar a la entrada, lo primero que se pide al público es que exhiba el documento de identidad. A pesar de ello, los criterios para ingresar son flexibles: mayor de 18 años de edad o conocido de alguien que opere dentro del lugar.

Esto sucede pese a que en la entrada principal del lugar, detrás de donde se ubica uno de los patovicas, se visualiza este cartel: “Solo se permite la entrada al lugar con la mayoría de edad de 21 años”.

“Cronos es lo más. Desde que he llegado concurro siempre. Me encanta la música que pasan, la gente que va a bailar… es realmente chévere”, sostiene Alejandra Villa, una joven de 19 años y estudiante de Comunicación que vino por intercambio desde Colombia.

Cronos es conocido por el público concurrente como una disco más. “Voy a Cronos porque es uno de los boliches del centro más grande y pasan música recopada”, afirma Ana Jalife (19), encargada de un local de ropa y cliente del lugar. Un bar (del inglés bar, barra) es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas –alcohólicas y no alcohólicas– y aperitivos, tal como lo contempla la ordenanza municipal. Los bares se caracterizan por ser lugares de reunión informal, en los que se desarrolla un encuentro social tranquilo, en el sentido de que no se va a bailar. Cronos no funciona como tal.

En la barra de atrás donde la música supera las voces del público, se instalan chicos y chicas alrededor de los pufs. Estos son utilizados como mesas para poner las prendas o accesorios que no les permiten bailar cómodamente. Así nos lo comenta Jessica Rodríguez, uruguaya de 22 años que vino al centro de Quilmes por su fama de ser una de las mejores opciones para salir. Acercándose las 5 de la mañana, las barras comienzan a cerrarse, y los chicos y chicas, después de bailar durante la noche, a retirarse.

Los que asisten Todos los testimonios recogidos dan cuenta de la actividad bailable en Cronos.

Entre los asistentes hay muchos universitarios, como Mariano Ruiz, estudiante de la carrera de Música de la Universidad Nacional de Quilmes (unq). Afirma que se vio envuelto entre la música y los demás concurrentes sin que nadie lo haya impedido: “No sabía que solo podía ser un lugar para tomar y hablar con los amigos y cosas por el estilo. Yo salía a bailar, disfrutaba de la música y nunca nos decían nada ni nos prohibían bailar o estar en las pistas. De hecho todos

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corríamos las mesas si estábamos muy apretados y empezábamos a bailar como locos. Nunca vi que sacaran a alguien por bailar en las pistas”.

En este mismo sentido, Germán Cajamarca, licenciado en Comunicación Social, recién graduado de la unq, nos dijo: “He bailado dentro de Cronos no solo una, sino todas las veces que he ido. Puedo asegurar que si este fin de semana voy, lo podré hacer”. Además, de acuerdo con los testimonios, los horarios de expendio de bebida tampoco se respetan: “Entre copa y copa puedo decir que Cronos me ha vendido alcohol luego de las 4 o 5 de la mañana.

Siempre hago ronda con mis amigos y la única vez que no lo han hecho es cuando cierran la barra de las bebidas, que es más o menos cuando el bar ya casi va a cerrar sus puertas”, relató Diego Franco, un joven de 22 años testigo de la noche quilmeña y estudiante de la Universidad de Buenos Aires.

Con esta perspectiva, queda claro que los asistentes están alejados de las problemáticas y de los inconvenientes judiciales, como los cierres y clausuras de los boliches. Por ejemplo, en el caso particular de Cronos, durante el fin de semana que comenzó el viernes 27 de noviembre de 2009, el bar permaneció cerrado, a escasos días de su apertura. En aquella oportunidad fue clausurado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección General de Espectáculos Públicos y Re.B.A, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno. El 24 de enero de 2010 tampoco abrió sus puertas debido a que infringió la normativa que prohíbe bailar dentro de los bares. Sin embargo, los jóvenes han continuado asistiendo al lugar. “Todos vamos a pasarla bien y creo que a la hora de entrar nunca nos fijamos si el bar tiene o no un problema.

Digamos que nos da igual, porque vamos a divertirnos y a ellos les conviene…

Tal vez sea por eso que funcionan como boliche, porque genera más ingresos para ellos”, afirma Mariano.

Acusaciones y reclamos Según el titular de la Asociación Bonaerense de Empresarios de Confiterías Bailables (abecba), “Cronos no es un bar, tiene una pista de baile en la parte de atrás de 20 por 20”. Aníbal Mathis aseguró que, por dimensiones y planos, tiene todas las características de una discoteca, por más que su mismo dueño y los funcionarios municipales lo consideren un bar. Para tratar este asunto en particular y los problemas que genera la noche en el distrito en general, se decidió hacia fines de 2009 la conformación de una Comisión de Nocturnidad, integrada en su mayoría por vecinos y concejales, en el Concejo Deliberante de Quilmes. Presididos por Gustavo Filaretti, participaron de varios encuentros los concejales Mario Sahagún y Raquel Vallejos (ari-cc), Eduardo Miranda (Unión Celeste y Blanca), José Migliaccio y Luján Dubrocca (Polo Social-FpV), Oscar Antón (Identidad Popular) y los representantes vecinales Nicolás Abriola,

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José Stanciewick y Enrique Castro. Se llevaron a cabo una serie de reuniones improductivas, en las que no se emitió dictamen o manifestación alguna acerca de la situación actual de la noche en el distrito. Esta misma comisión resultó ser totalmente “intrascendente”, según revelaron en off empleados municipales.

Desde que comenzó a regir la Ley de Nocturnidad Provincial (14.050), la comisión se desintegró por completo.

Hay que volver a destacar las constantes quejas de los vecinos del centro quilmeño que apuntan a temas específicos: ruidos molestos, estacionamientos indebidos, inseguridad y cuestiones de limpieza. Como se dijo, a finales de 2009 un grupo de vecinos fue a hacer estos pedidos a la municipalidad. Mario Briora comentó al respecto: “Fuimos atendidos en dos oportunidades por el secretario de Gobierno, Raúl Oviedo, y hemos solicitado al intendente por nota, hace más de un año, como corresponde, un pedido de audiencia, con una cantidad de firmas bastante importante; hemos tenido distintos tipos de reuniones”.

También habían solicitado integrar la Comisión de Nocturnidad, pero por ese tema Briora, la cara visible de los reclamos vecinales, no fue contactado nunca.

Por otro lado, aclaró que él no va en contra de la noche: “Yo voy contra lo que trasciende el bar, ya sea bar, boliche, cafetería. Lo que trasciende hacia la calle, que es lo que a mí personalmente me afecta”.

Así, a pesar de las inspecciones que realiza el municipio y de las continuas clausuras por parte de la provincia de Buenos Aires, se siguen abriendo nuevos bares o algunos cambian de nombres para seguir funcionando. El tema de la

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inseguridad es, sobre todo para los vecinos, la clave para entender la situación actual y el porqué de la necesidad de hacer cumplir las ordenanzas vigentes.

En este contexto, ¿cómo pueden abrirse lugares como Cronos que incumplen con todas las normativas municipales? ¿Cómo pueden permanecer abiertos después de haber sido clausurados dos veces por inspecciones provinciales?

Desde la municipalidad culpan a la justicia, diciendo que no se hacen efectivas las clausuras o que se traban por culpa de acciones legales de los dueños de los lugares. Fuentes judiciales dicen que no hay voluntad municipal de cerrar “ciertos lugares”. La culpa va y viene, nadie se hace cargo y cada fin de semana en el centro quilmeño se observan escenas repetidas de peleas, robos y jóvenes alcoholizados. Los vecinos se preguntan: “¿Hasta cuándo?”.

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Quilmes: de la movida nocturna a las irregularidades Franco Delaurentis / María Noelia Iglesias Dosil / Guido Pappacena

Sábado a la noche. El reloj marca las 23:30 horas. Juan y sus amigos se reúnen en la casa de Rulo, en Quilmes Oeste, a escasas 15 cuadras del centro de la ciudad. Se larga la “previa”. Instancia fija para todos los jóvenes, en especial para los que cursan el secundario, es el momento en que las anécdotas comienzan a ser compartidas con los amigos. Aparecen las primeras cervezas acompañadas de alguno que otro vaso de fernet con coca.

Las chicas también se reúnen en alguna casa. Se arreglan a la última moda, cuidan todos los detalles: maquillaje, planchita para el cabello y mucho brillo y color para estar espléndidas. Muchas se deciden por los zapatos de taco alto y, las más osadas, por faldas y minishorts. Otras optan por la comodidad de las All Star y los jeans gastados. Todas las modas valen y cada una adhiere a la que más la identifica.

Así pasan las primeras horas de la noche, que promete ser larga. Los destinos a donde ir son varios, la oferta es amplia. El rally nocturno está por comenzar.

La noche y sus opciones La noche de Quilmes, como popularmente se conoce a la movida nocturna de la ciudad, está llena de opciones para la diversión de los lugareños y para quienes vienen a visitarla desde localidades vecinas. Las más tradicionales incluyen cines, obras de teatro, conciertos y presentaciones artísticas variadas. Sin embargo, los restós y los bares son los lugares más concurridos. Con diferentes decoraciones y estilos –modernos, retros, luminosos, oscuros– y para todos los gustos y edades, la oferta de bares en el centro de Quilmes asciende a treinta y tres. Un número alto si se considera que se ubican en un perímetro total de cincuenta y seis manzanas, sin contar los cafés y confiterías dirigidas a un público, en su mayoría adulto, que busca un lugar tranquilo para sentarse a charlar. Esta cifra, a su vez, se justifica por la numerosa concurrencia durante los fines de semana y también los días miércoles y jueves.

En contraste con este panorama de luces y color, la ausencia de controles por parte del municipio y la evasión de responsabilidades por los dueños de los bares son facetas que opacan el brillo de la noche quilmeña.

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2:00 a.m. La previa se vuelve esquina. La Shell de Lavalle y Garibaldi comienza a poblarse con los primeros grupos. Es el lugar por excelencia que chicos y chicas eligen para encontrarse con otros amigos que se suman a la salida. Llegan desde Bernal, Ezpeleta, Quilmes Oeste y desde los barrios cercanos al centro.

Incluso desde ciudades vecinas, como Wilde o Berazategui.

Las calles se llenan de autos con potentes parlantes que inundan el aire de cumbia y reggaetón. El rock nacional tampoco se queda atrás. Otros, los menos, se inclinan por la música electrónica. A esta altura de la noche, transitar por las calles céntricas se convierte en una odisea por la cantidad de autos y motos que recorren las calles en interminable desfile. Los jóvenes definen a dónde ir.

¿Cómo habilitar un bar?

El primer paso para la apertura de un bar es dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Local, Empleo y Producción, a cargo de Guillermo Robledo, situada en la calle N. Videla nº 78. Allí, desde la Dirección de Habilitaciones, a cargo de Italia Tropiano, se confirma al interesado si la zona elegida es apta para la instalación de un bar. En tal caso, se le exige el cumplimiento efectivo de las medidas técnicas y legales requeridas para la apertura de un comercio, como lo indica la Ordenanza Municipal Nº 10.395/06. Cuando este paso se cumple,

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la municipalidad designa un inspector para verificar la veracidad de los datos consignados y el cumplimiento de las medidas de seguridad con las que debe contar el bar. Entre ellas se encuentran la escalera externa contra incendios –cuando se trata de un local que funciona en un primer piso–, matafuegos con cargas adecuadas a las características específicas del lugar, cargas de fuego –es decir, el tratamiento ignífugo que se les debe dar a las maderas y el material inflamable del lugar–, sistema de iluminación y salidas de emergencia señalizadas con puertas que abran hacia afuera. Si en la inspección se encuentra algún tipo de irregularidad, el lugar no es habilitado hasta tanto no sea subsanada.

Esto le sucedió a Jonathan Beratz, un joven que trabajó durante un año como encargado del bar Ceres (actualmente llamado Ripper). Beratz, con experiencia en el rubro, comenzó con los trámites de habilitación en diciembre de 2008. Sin embargo, a pesar de cumplir con todas las medidas de seguridad y los requisitos legales y técnicos exigidos, no pudo todavía abrir su bar. El problema: un plano mal hecho. Al momento de alquilar el lugar, Beratz no advirtió que el plano del local no era correcto y la falla fue detectada por los inspectores cuando examinaron su negocio. Beratz explicó que a los demás locales “no los controlan tanto como a un bar. A los bares les exigen más desde que ocurrió lo de Cromañón”.

Al parecer, desde el municipio los controles son eficientes a la hora de habilitar. Sin embargo, después de realizada la habilitación, empieza otra historia.

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3.00 a.m. Hora cero. En la entrada del Bar La Mentirosa, ubicado en Alvear y Garibaldi, una fila de jóvenes ansiosos espera ingresar. Están aquellos que tienen algún conocido dentro del lugar y que pasan enseguida (es decir, “los colados”) y están los que esperan el tiempo que sea para poder entrar.

La edad de los chicos oscila entre los 15 y 25 años. Se sigue con la cerveza y el fernet con coca. Además, se agregan el vino espumante y la bebida energizante con alcohol. Adentro, la gran mayoría está bailando. Para hablar con el que está al lado, hay que gritar, porque la música está a máximo volumen. Se pisan las zapatillas pero no a propósito. Al fondo del bar hay un patio con una barra. Si bien ese sector es más tranquilo, todos están parados.

Esta situación se repite en otros bares, como Primer Punto (Brown y Alem), Primer Piso (Lavalle y Garibaldi), Malamado (Garibaldi y Lavalle), Alguien (Alsina y Alvear), Essedra (Videla y Mitre), Dunkue (Garibaldi y Alvear), Lunáticos (Garibaldi y Brown), Un Jefe (Brown y Garibaldi), Cinema (Brown y Garibaldi), entre otros.

Y los controles ¿dónde están?

Una vez habilitado, el bar comienza a funcionar. Pero, en la mayoría de los casos, lo hace de forma irregular. En los últimos años se impuso en Quilmes la moda de bailar dentro de los bares, actividad para la cual no fueron habilitados.

Esta y otras faltas se repiten en todos los casos analizados.

Un dato importante para resaltar es que el municipio de Quilmes diferencia tres clases o categorías de locales para la actividad nocturna: bares, confiterías bailables y locales bailables. Raúl Devita, a cargo de la Dirección de Espectáculos Públicos y Bebidas Alcohólicas de la municipalidad de Quilmes, explicó que “los locales bailables venden entradas y se les cobra un canon del 10% del valor más alto de cada entrada que vende. La confitería bailable no cobra entrada y puede hacer baile. Puede vender bebidas alcohólicas siempre y cuando tenga el ReBA [Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas] al día. Los locales bailables pueden tener la música hasta 90 decibeles. Los bares no pueden hacer bailes, no pueden hacer shows; simplemente es un bar, puede tener música pero sin dj y tiene que ser tenue”.

En relación con esto hay que aclarar que, según lo dispuesto por la zonificación para el uso del suelo del partido de Quilmes, en el centro –o zona C1, perímetro delimitado por las calles Gaboto, N. Videla, Mitre y Olavarría– está prohibida la instalación de locales y confiterías bailables. Solo se permite la habilitación de bares. Por lo tanto, queda en evidencia que los locales del centro quilmeño donde actualmente se baila no son ni confiterías bailables ni locales bailables: son bares. Pero los bares no son los únicos que cometen irregularidades. El propio municipio está en falta al infringir la Ordenanza

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Municipal Nº 7.425/94. Esta ordenanza, que data de cuando Aníbal Fernández fue intendente de la ciudad, prohíbe la instalación en el centro de Quilmes de boliches, bares, café-concert, disco bar o similares. Por lo cual, no solo el gobierno del actual intendente Francisco Gutiérrez está en falta al permitir la apertura y el funcionamiento de este tipo de locales en el centro, sino que también los gobiernos de Federico Scarabino, Fernando Geronés y Sergio Villordo lo estuvieron.

Con relación a otras irregularidades, el jefe de División de la Municipalidad de Quilmes, Carlos Paladino, declaró que en los bares, además de estar prohibido bailar, tampoco se permite la presentación de bandas en vivo ni los espectáculos al estilo karaoke o canto bar. Por lo tanto, el baile no es la única actividad que se realiza sin tener permiso: en el bar Sudeste se realiza karaoke y en bares como Dunkue, Xantinos y Bashment es común la presentación de bandas en vivo.

Existen otras actividades irregulares comprobables a simple vista dentro de los bares. Una de ellas, ligada al baile, es la presencia de dj y la música que supera los decibeles estipulados para un bar. Otra es la cantidad de personas que ingresan a los bares. Estos lugares exceden la capacidad permitida, que es de una persona por metro cuadrado.

Con respecto a los controles, Devita afirmó que las inspecciones a los bares, que llama periódicas o de rutina, “se hacen cada 15, 20 días o un mes”. En esas visitas “se pide la habilitación, todos los papeles, certificado de policía, de bomberos, que cada seis meses se debe renovar, y el ReBA”. Y agregó: “Sin ellos se los puede multar o clausurar”.

Según Beratz, durante el período que trabajó como encargado del bar Ceres –desde diciembre de 2007 a diciembre de 2008– no recibió inspecciones municipales: “Lo que pasa es que justo era el cambio de gobierno y por eso no venía nadie. Recién en mayo vinieron por primera vez de la Dirección de Espectáculos Públicos, firmaron el libro de actas y nos aclararon que no podía haber espectáculos porque no teníamos habilitación para eso. Nos avisaron que el sonido no se podía exteriorizar, o sea, si vos pasas por la puerta no tenés que escuchar la música”. Después de esa vez, nunca más volvieron.

Según Devita, “no se le avisa a nadie de las inspecciones y se va a todos lados”. Recalcó: “No hay permisos especiales, donde se los pesca bailando se clausura, donde hacen show se clausura”. Sin embargo, la realidad es otra. Según los comentarios de un patovica que trabaja los fines de semana en uno de los bares más concurridos del centro de Quilmes –cuya identidad queda reservada para no comprometer su trabajo– “si al momento de la inspección el dueño del boliche paga la cometa, no pasa nada, así se esté bailando o haya exceso en la cantidad de gente dentro del boliche”.

A pesar de que los inspectores dicen salir las madrugadas de los días jueves, viernes, sábados y domingos, los bares continúan cometiendo irregularidades

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en su accionar. Con solo salir a recorrer las calles del centro de Quilmes un viernes o sábado por la noche se pueden encontrar bares repletos, con largas filas de jóvenes esperando entrar, la música sonando a máximo volumen y mucho alcohol por las calles.

Sin embargo, hay una realidad en la cual Devita se escuda: la municipalidad no cuenta con la cantidad de inspectores necesarios para realizar su tarea de controlar y hacer cumplir la ordenanza. Al respecto, dijo: “Para todo Quilmes tengo ocho inspectores, conmigo nueve, porque yo salgo con ellos. Podemos ir a Solano, Ezpeleta, el centro, Bernal, Don Bosco”. Además, agregó, esos inspectores cubren todos los rubros comerciales, no solo los relacionados con las actividades nocturnas y de espectáculos. “Con ocho inspectores, milagros no se hacen. Para cubrir la noche de Quilmes se necesitarían el doble o el triple”, reconoció el funcionario.

Otra de las irregularidades que se ven habitualmente es la venta de alcohol a menores de 18 años dentro de los bares y en los kioscos que permanecen abiertos hasta la madrugada. No solo se incumplen ordenanzas municipales, sino también la Ley Provincial Nº 12.547, que dice: “Artículo 1.- Prohíbese en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, la venta, expendio o suministro a cualquier título a menores de dieciocho años de edad, de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y graduación, en cualquier hora del día, aun cuando lo vendido, expendido o suministrado estuviere destinado a ser consumido o ingerido fuera del local […] La prohibición precedente comprende el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de dieciocho años de edad, en cualquier local, comercio o establecimiento, aun cuando ellas no procedieren de venta, expendio o suministro efectuado en los mismos”.

Ante esta situación, desde la municipalidad aducen que no pueden hacer mucho: “Nosotros no podemos pedir documentos a nadie. Lo único que podemos hacer, si le vemos cara de nene, es que le pida documento el patovica y que lo saque […] Pese a que tenemos poder de policía, no estamos facultados para pedir documentos”, informó Devita. De esta forma, desde la municipalidad desligan responsabilidades a la hora del control de la entrada de menores a los bares y del posterior consumo de alcohol dentro de estos lugares.

5.00 a.m. A partir de esa hora los bares cierran las puertas para que no siga ingresando más gente, pero dentro se sigue bailando hasta las 7 de la mañana.

En ese lapso siempre se generan corridas callejeras que, motivadas a veces por el alcohol, producen autos rotos, gritos y algunos heridos. La policía no interviene o brilla por su ausencia.

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La queja de los vecinos El descontrol se vive en las calles del centro de Quilmes, sobre todo a altas horas de la madrugada, cuando el efecto del alcohol se hace evidente. Los resultados: peleas callejeras entre bandas enfrentadas o entre desconocidos, heridos graves, a veces algún vidrio roto, ruidos molestos causados por los motores de las motos y los autos –muchos de ellos preparados para las picadas– y por sus potentes parlantes, gritos y llantos. Los principales damnificados son, por lo general, los vecinos y los comercios más cercanos a los bares, sobre todo en aquellas cuadras en donde hay más de uno.

Por ejemplo, los vecinos denunciaron en Radio Quilmes FM 98.9 una picada que se corrió sobre la calle Garibaldi desde San Martín hasta Almirante Brown; no solo se vieron involucrados autos, sino también un motociclista que corría sobre la vereda compitiendo con los autos.

Evidentemente tanto las autoridades municipales como las policiales no se dan abasto con esta situación. Sin embargo, de ambas partes depende poder contener estos hechos a través del trabajo en conjunto. Tal es el pedido que realiza un grupo de vecinos autoconvocados, que presentó una carta –número de expediente 409110649/2009– dirigida al intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, y al capitán de la Comisaría 1º de Quilmes con jurisdicción en el centro, capitán Darío Blassi, solicitando “su urgente intervención, a los efectos de que por donde corresponda, se controle, se sancione y se impidan los desmanes y excesos de todo tipo que acontecen periódicamente durante las madrugadas de los días viernes, sábados, domingos y vísperas de feriados, cuando proliferan con inusitada frecuencia, grupos de jóvenes de ambos sexos que deambulan, muchas veces alcoholizados, profiriendo toda clase de gritos, cánticos, llantos, vociferando epítetos irreproducibles”.

Los vecinos no pretenden que la juventud no se divierta, ni que los bares cierren sus puertas. Solo quieren que se respete lo que ellos consideran un derecho básico: el descanso. Desde las 23 horas hasta las 7 u 8 de la mañana los ruidos son constantes.

Si bien el diario Clarín (en su sección zonal dedicada a Quilmes los días 7 y 14 de mayo de 2009) y algunos medios locales, como el semanario Nuevo Horizonte y el diario digital Quilmes a Diario, se hicieron eco de este reclamo, los vecinos aún continúan esperando la respuesta del intendente al pedido de audiencia que solicitaron al momento de presentar la carta. Por el momento, la situación parece no tener control ni aparente solución.

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VPH: el virus en la Argentina Thamara Costa Ortiz

Lidia tenía dos hijos chicos cuando su médico le diagnosticó cáncer de útero a causa del virus del papiloma humano (vph): “Yo estaba haciéndome los estudios de rutina luego de haber perdido un embarazo, cuando en el primer resultado el médico detectó el virus del papiloma humano. El virus había avanzado tanto que directamente el médico se arriesgó a decir que tenía cáncer. Mi mundo se vino abajo, mi primer reacción fue querer matar a mi marido, era una enfermedad venérea... ¡lo quería matar! Después en seguida pensé en los chicos, la más chiquita tenía 6 meses cuando me enteré y la más grande 9 años”.

Ella es una de las tantas mujeres que tienen el virus en sus cuerpos y una de las pocas que se animan a contar su historia: “Ahí vino la biopsia, que gracias a Dios dio negativo en cáncer. Y empecé con el tratamiento. Con mi marido elegimos el de ir matando al virus con un ácido. Es el más agresivo, pero el más eficaz. Mi esposo también tuvo que hacerse un tratamiento, porque no serviría de nada que a mí me ‘quemen’ para matar al virus y él siga teniéndolo... Sería algo de nunca acabar. Aún hoy 12 años después tengo que hacerme análisis periódicos, cada 6 meses o un año, depende de lo que decida el doctor, para descartar que el virus haya vuelto, y si lo hace tratarlo a tiempo”. Gracias a la rápida detección y tratamiento del virus, pudo luego tener un hijo más.

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El vph es una enfermedad de transmisión sexual que puede provocar desde pequeñas llagas hasta cáncer, tanto en hombres como en mujeres (estas son las principales víctimas). En Argentina el 15,5% de las mujeres sexualmente activas padece esta enfermedad y el 17,7% de los casos de cáncer de cuello de útero está relacionado con ella. “El cáncer de cuello uterino se da con mayor frecuencia en mujeres de bajos recursos que no tienen acceso a la medicina preventiva. Hoy en nuestro país solo se realiza un Papanicolaou el 20 o 30% de las mujeres. Su costo es muy bajo en Argentina, pero nunca se hizo un programa de prevención sostenido en el tiempo. Muchísimas son las mujeres que jamás se hicieron un Papanicolaou”, detalla la doctora Beatriz Sosa, quien realizó una Residencia de Tocoginecología en el Hospital Nacional Bernardino Rivadavia (Buenos Aires) durante los años 1979-1982.

Dolores no corrió con la misma suerte que Lidia. El virus desencadenó cáncer de útero, lo que hizo que tuvieran que realizarle una operación para removerle la parte enferma. Ella prefirió dar solo esos detalles, ya que no le gusta mucho hablar de su traumática operación. Existen muchas mujeres como ella que por pudor no se animan a hablar de su enfermedad.

En 2006 fueron lanzadas dos vacunas que previenen contra cuatro tipos de vph, entre ellos dos considerados de alto riesgo por ser los que pueden desencadenar cáncer. La vacuna llamada Gardasil es producida por el laboratorio MSD y la Cervarix por el laboratorio Glaxosmithkline. “La vacuna del vph seguramente será un adelanto enorme en lo que hace a la prevención de las infecciones por vph, algunas de las cuales pueden desencadenar el desarrollo de lesiones precursoras del carcinoma de cuello uterino”, opina la doctora Sosa.

A nuestro país la vacuna llegó el mismo año de su lanzamiento y fue aprobada en noviembre por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (anmat); afirmó en su comunicado oficial del 27 de octubre de 2006: “La anmat autorizó una nueva vacuna destinada a prevenir la infección por virus de papiloma humano (vph) de los tipos específicos 6, 11, 16 y 18, los cuales causan el 70% de los casos de cáncer de cuello de útero, adenocarcinoma in situ, neoplasia intraepitelial cervical de grados 2 y 3, y cánceres vulvares y vaginales relacionados con el vph. También son causantes de entre el 35 y el 50% de los casos de CIN 1, VIN 1 y VaIN 1, y del 90% de los eventos de verrugas genitales y papilomatosis respiratoria recurrente [...] La vacuna estará disponible en el mercado cuando se haya procedido al cumplimiento de liberación del primer lote, hecho que requiere aún de la inspección a la planta de producción del laboratorio elaborador, de acuerdo a lo establecido por la Disp. anmat Nº 6897/2000.

“Debe tenerse en cuenta que el uso de la vacuna no reemplaza los controles médicos habituales y no es terapéutica, por lo que no brinda protección a las mujeres que ya se encuentran infectadas con el vph. Asimismo, es necesario destacar que su eficacia protectora en hombres aún no ha sido evaluada”.

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Un mes antes de la aprobación, en octubre de 2006, el diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, Eduardo Fox, presentó un proyecto de ley por el cual se estipulaba la distribución obligatoria de la vacuna entre la comunidad femenina de la provincia. En su primer artículo establecía: “Impleméntense los medios necesarios para extender la vacunación obligatoria contra el virus papiloma humano (vph) en la población femenina del ámbito de la provincia de Buenos Aires, como método para la prevención del cáncer cervical y de otras lesiones precancerosas y/o infecciosas anogenitales y orales atribuibles al mismo, que afectan a ambos sexos” (Proyecto correspondiente al número D-2373/06-07-0).

La iniciativa ingresó en septiembre a la Comisión de Salud, donde fue aprobada menos de una semana después. Luego pasó a la Comisión de Presupuestos e Impuestos, pero fue despachada sin ser tratada.

Fuentes de la Comisión de Presupuesto comentaron que ante el cambio de dirigentes en el Gobierno en diciembre de 2007, el proyecto volvió a mesa de entrada, donde espera ser tratado nuevamente.

Por el momento, hasta que el proyecto ideado por el diputado Fox no sea tratado y aprobado nuevamente, la prevención del vph seguirá siendo un negocio para los laboratorios, quienes se benefician con el alto costo de los tratamientos de prevención y detección del virus.

Son pocas las clínicas donde la vacuna es aplicada. En Estados Unidos cada dosis (deben aplicarse tres en un período de 6 meses) cuesta 130 dólares; en

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Brasil, alrededor de 500 reales (cerca de 265 dólares); y, en Argentina, 926,4 pesos, lo que hace que no esté al alcance de las personas de bajos recursos que, como bien dijo la doctora Sosa, son quienes más padecen la enfermedad.

El martes 3 de junio de 2008 la ministra de Salud Graciela Ocaña lanzó un plan para que el examen del Papanicolaou (Pap) sea accesible a todas las mujeres. El plan se extenderá hasta 2011 y se concentrará en las cinco provincias argentinas más afectadas por problemas como cáncer de útero. La ministra de Salud quiere asegurar de esta forma que todas las mujeres de entre 33 y 65 años accedan al Pap por lo menos cada tres años. Este plan fue proyectado después de que una encuesta en 2006 arrojara como resultado que el 48% de las mujeres no se había realizado un Pap en los dos años anteriores.1 Julio de 2008

Caso histórico El 26 de julio de 1952 moría en Buenos Aires una figura polémica, Eva Perón. Tenía solo 33 años de edad. Un cáncer de cuello uterino había avanzado lenta y solapadamente. Eva nunca se había hecho un Papanicolaou, el método recién comenzaba a difundirse en el mundo.

Por la doctora María Beatriz Sosa El cáncer de cuello uterino enfrentó a partir de la primera mitad del siglo pasado los avances de dos métodos (el Pap y la colposcopía) que juntos podrían haberlo erradicado del mundo como una de las primeras causas de muerte por cáncer en la mujer. Eva Perón tuvo la desgracia de haber sido contemporánea de los grandes maestros de la citología y la colposcopía sin haber podido beneficiarse de sus descubrimientos.

Su caso podría haber sido paradigmático, al menos para la mujer argentina, que aún en nuestros días, sin conocer esta patología, sea del medio sociocultural que sea, conoce a Eva Perón. Sin embargo, muchas de ellas, al igual que Eva hace más de 50 años, nunca realizaron este estudio, y el cáncer de cuello uterino figura como la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer y la primera en algunas provincias.

Hoy muchas mujeres siguen muriendo al igual que Evita sin haber podido acceder a la medicina preventiva.

Nota del editor: en 2011 la vacuna contra el vph fue incorporada al Calendario Nacional de Inmunizaciones a través de la Resolución 563/2011 del Ministerio de Salud de la Nación. Gratuita y obligatoria, se aplica a las niñas de once años con un esquema de tres dosis (luego de la primera, la segunda debe aplicarse al mes y la tercera a los seis meses).

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Como Botnia, pero en pleno conurbano Damián Javier Vidal

De las cuatro empresas instaladas en el municipio de Quilmes que producen papel, la papelera Massuh se ha convertido en el caso paradigmático por presentar la mayor cantidad de problemas contaminantes. El barrio más afectado es José Hernández, en San Francisco Solano; la alta concentración de agentes contaminantes en el arroyo Las Piedras, fruto de los desechos de la producción, la oxidación de los objetos, los malos olores de las emanaciones y los ruidos que producen las maquinarias son los efectos con los que tienen que convivir los vecinos, que acusan a la empresa de ser la culpable de que ellos padezcan altos niveles de plomo en sangre y del cáncer de varias muertes.

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La papelera Massuh tiene su principal entrada por Camino General Belgrano, en el kilómetro 14,5, entre Triunvirato y la calle 822. La Belgrano es una vieja ruta por la que pasan a diario miles de ómnibus y camiones. La calle 822 tiene, de un lado, manzanas de casas austeras, de material, con techos de chapa y, del otro, un largo paredón decorado con una fila de eucaliptos que no alcanzan a tapar el repulsivo hedor que trae el viento. A un costado serpentea una zanja de agua sucia, de un color cercano al marrón. Dicen los vecinos que esa tonalidad proviene del tanino que vuelca la papelera junto con otros desechos que vierten las graseras y los frigoríficos cercanos. La zanja desemboca en el arroyo Las Piedras, otrora limpio afluente y hasta pequeño balneario.

En mayo de 2005 los vecinos de José Hernández iniciaron una acción de recomposición ambiental ante la sospecha de que Massuh contaminaba y pidieron que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti) “sea el organismo técnico responsable de verificar las emanaciones y los efluentes”.

En el sector del barrio lindero a la planta, viven ocho personas que actualmente padecen cáncer de garganta. Son ocho casos documentados que, para los vecinos, son producto de estos problemas ambientales.

Antonio Gil, uno de los fundadores y presidente honorario de la Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación (colcic), falleció en noviembre de 2006 a causa de un cáncer de garganta. Angelita, su vecina, continúa la lucha de aquel hombre desde la acción del mismo colcic. La mujer recorre escuelas de la zona y reparte panfletos para concientizar a los alumnos sobre la importancia de no ensuciar ni contaminar.

Aunque la demora y falta de respuestas de la justicia los desanima, los vecinos insisten con sus denuncias y esperan que los jueces puedan demostrar que la contaminación del arroyo y sus consecuencias son indudablemente resultado de los procesos de la papelera.

En el barrio, habitado por 120 familias, cuesta mucho respirar. A poco de comenzar a caminar por sus calles, algunas de asfalto, otras de tierra, se sufre cierta irritación en la nariz y la boca; los ojos comienzan a picar y la garganta se cierra. Los olores se hacen cada vez más nauseabundos. “Es por el ácido sulfhídrico que usan en la papelera, en la Massuh”, dice Norma, una vecina que prefiere no revelar su apellido, y que dice estar acostumbrada a vivir de esa forma.

Osvaldo Tondino, titular de la Sociedad de Entidades de Fomento de Quilmes, explicó que desde hace más de 20 años los vecinos reclaman por la contaminación del suelo y el aire. Acompañó sus dichos con varias cartas documento enviadas por años a los intendentes de turno (Eduardo Camaño, Aníbal Fernández, Federico Scarabino, Fernando Geronés y Sergio Villordo), sin que, aseguró, ninguno se ocupase del problema: “Hicimos decenas de denuncias, pero no pasó nada”.

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Orlando Muñoz vive sobre la 822. Aseguró a un medio local que hay días en que los olores son muy fuertes, y hasta a ellos, que lamentablemente ya están acostumbrados, se les hace imposible soportarlo. Pero no solo malos olores padece el barrio; la corrosión que sobrevuela de manera invisible se manifiesta no solo en las personas, sino también en las cosas. Luis Sánchez dio pruebas de la oxidación que envuelve al barrio entrando a su casa, al 1200 de la misma calle, y acercando a la puerta unas monedas ya de color ceniza, y el picaporte del garaje y un crucifijo de plata ennegrecidos por la contaminación. Otros vecinos reunidos en el lugar mostraron todo tipo de objetos metálicos: llaves, cadenas y cajas de porteros eléctricos oxidados, botones y cierres de camperas oscurecidos por los químicos que, según todos acusan, provienen de la papelera.

Apenas un vecino se animó a contar su problema, se sumaron los demás.

Gisela, que nació en el barrio, mostró la espalda llena de ronchas de su hijo de 2 años: “Hace dos meses que las tiene, y le pican mucho”, dijo la joven mamá.

Trata la afección de su nene en el Hospital Argerich, después de haber visitado cuatro pediatras. Una señora mayor expresó que está mal de salud: “El médico me dijo que tengo plomo en la sangre”. A su lado, otra señora dijo que su marido falleció de cáncer en febrero de 2007 y que muchos vecinos del barrio fallecieron por el mismo motivo. Sostuvo (como ya lo hicieran los demás vecinos ante medios locales) que “nadie quiere que se cierren las fábricas, nosotros defendemos las fuentes de trabajo”. Y concluyó: “Lo que queremos es que nos dejen respirar”.

Proceso de producción de Massuh La empresa Massuh S.A. es una de las 30 fábricas de pasta de celulosa y papel que operan en Argentina y, como se explicó anteriormente, una de las cuatro instaladas en el municipio de Quilmes. Cuenta con seis establecimientos forestales que abarcan 10.000 hectáreas, cultivadas con eucaliptos grandis. Con esa madera, y otra comprada a terceros, se obtiene la celulosa de fibra corta producida en la planta semiquímica de Quilmes. La empresa produce pasta celulosa, papeles Kraft, papeles de embalaje (en bobinas): liners blanco, marrón, onda y otros; así como también papeles de impresión y escritura tipo bond, copybond, colorbond, dúplex, obra ahuesado, apunte y cartulinas, papeles encapados y resmitas. Massuh genera 50.000 toneladas de pasta celulosa por año para uso propio y fabrica 100.000 toneladas de papel de distintos tamaños.

Exporta 14.000 toneladas anuales a Estados Unidos, otros países de América, Europa y África. Dicen que las inversiones realizadas “permitirán ampliar la producción de papel a 115.000 toneladas, de las cuales 24.000 serán para exportación y 91.000 para el mercado interno”.

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La papelera Massuh tiene cuatro plantas industriales, dos en la provincia de Buenos Aires (la División Celulosa y Papel, en Quilmes, y la División Papeles Especiales, en San Justo) y dos en el Parque Industrial de San Luis. La División Celulosa y Papel es una planta integrada, compuesta por la Sección Celulosa, la Máquina de Papel 1, la Máquina de Papel 2 y el área de conversión de formatos. La planta está situada a metros del arroyo Las Piedras.

El origen de la firma se remonta a 1957, cuando Amin Massuh compró 40 hectáreas. Dos años después la empresa inició la producción de papeles monolúcidos. En 1966 instaló la segunda máquina papelera continua para papeles Kraft y liner; y en 1971, una planta de celulosa semiquímica adquirida a Sunds Defibrator. Para 1976 la papelera Massuh integraba (junto con Celulosa Argentina y otras firmas) la sociedad Alto Paraná S.A., la que, basada en créditos del banade, créditos externos avalados por el Estado y exenciones impositivas, construyó en Misiones una planta de celulosa de fibra larga blanqueada. Esta sociedad comenzó a producir en 1983.

Massuh continuó en expansión, absorbió empresas del ramo y abrió dos nuevas plantas en San Luis, bajo el impulso de las desgravaciones de la Promoción Industrial.

Entre 1992 y 1993 la compañía atravesó una situación delicada, pero no llegó al concurso preventivo. A fines de 1998, la empresa lo pidió: con una facturación anual cercana a los 120 millones de dólares, la deuda total ascendía a unos 100 millones de dólares, y entre los principales acreedores se encontraban tanto bancos como proveedores. Para diciembre de 2003, un proceso de reestructuración empresarial y patrimonial le permitió reducir hasta el 25% su deuda estructural, liberar fondos e invertir seis millones de dólares en la renovación tecnológica. La reestructuración incluyó, por un lado, la fusión de tres empresas (las papeleras Brillapel y Della Penna San Luis, y la metalúrgica Servicios Industriales Adasta) y, por otro, la capitalización de acciones ordinarias, seguida de un canje de deuda por capital social. El concurso preventivo fue aprobado en términos muy favorables para la empresa: se acordó cancelar los pasivos “en 10 años, en pesos y sin interés”. La capitalización le permitió adquirir una nueva máquina de papel con mayor capacidad y sistemas de automatización de punta.

Afirmaron desde la empresa que “el bajo consumo de madera por tonelada de pasta producida se debe al proceso nssc con un sistema de blanqueo con agua oxigenada que permite evitar completamente el uso de compuestos clorados.

La pulpa se produce con el método tcf (Totalmente Libre de Cloro), el menos

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aplicado a esta industria y el cual utiliza peróxido (agua oxigenada) en vez de dióxido de cloro”. Esto no es del todo cierto. Si se produjera un proceso tcf no quedarían restos de lignina y cloro en el arroyo. El técnico químico Daniel Ozbic aseveró que el proceso sin cloro es tan costoso que muchas pasteras lo declaran, pero que finalmente utilizan más cloro que agua oxigenada.

Clausuras El 1° de marzo de 2006 la planta de Quilmes fue clausurada, según dijo la licenciada Silvia Suárez Arocena, que por entonces era secretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires (el actual Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) porque “existían una serie de irregularidades en una línea de producción. La empresa tenía un cronograma hasta diciembre de 2005 que debían cumplimentar para adecuar su tecnología a las normas ambientales”.

La funcionaria explicó que los aparatos a presión son como calderas y trabajan con una fibra especial que debe estar en regla. Destacó además que “el clarificador de planta estaba fuera de servicio y que de los tres piletones solo uno funcionaba”. La papelera Massuh reabrió al día siguiente (2 de marzo de 2006), después de presentar el correspondiente estudio de aparatos sometidos a presión juntamente con el cronograma de correcciones y adecuaciones.

El 22 de abril de 2006 la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires volvió a clausurarla “en virtud de las múltiples irregularidades e infracciones a la Ley 5.965, y la persistencia de la alta carga contaminante de los efluentes líquidos que genera y vuelca en el arroyo Las Piedras”. La resolución señala que “la carga contaminante es tan grande (9.000 metros cúbicos diarios) que equivaldría a la contaminación realizada por 15.000 habitantes/día, provocando un daño inconmensurable al medio ambiente y a la población aledaña”. Las muestras tomadas arrojaron parámetros ilegales de sólidos sedimentables en dos horas y en diez minutos, dbo (cantidad de oxígeno consumido por los gérmenes aerobios para asegurar la descomposición dentro de condiciones bien especificadas de las materias orgánicas contenidas en el agua a analizar), dqo (cantidad de oxígeno expresado en mg/l consumido por las materias oxidables en las condiciones de ensayo, contenidas en un litro de agua), sulfuros y coliformes fecales. La resolución puntualiza que la empresa “hace varios años que viene prometiendo mejoras que nunca cumple” y que “hasta la fecha no ha presentado las modificaciones introducidas a las instalaciones de depuración del establecimiento, como tampoco ha logrado sostener los valores de líquido industrial residual dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente”. La Federación de Entidades de Fomento y Vecinales de la provincia de Buenos Aires ha denunciado reiteradamente a la empresa ante la justicia y ante el gobierno provincial por contaminar el aire y el arroyo Las Piedras: “El

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agua sale permanentemente caliente, no hay vida, está totalmente contaminado.

Ahora están tratando de neutralizar para que la gente no se levante más, porque el color es borravino. Pero aun neutralizando el color, el envenenamiento que existe allí, los sulfuros y las dioxinas siguen dañando. Llamamos a un escribano público, vinieron ingenieros y bioquímicos, y durante 24 horas se tomaron muestreos del aire. El resultado mostró que había un elevado porcentaje de ácidos pululando en el aire; mezclados entre ellos, el ácido clorhídrico, el ácido sulfhídrico y el ácido sulfúrico. Se tomaron muestras de agua y dio como resultado que también estaba contaminada con un montón de productos químicos, además de sulfuros. Hay casos de cáncer en una de cada tres casas, los electrodomésticos están embolsados porque no duran más de seis meses”.

Atendiendo a la problemática social de la zona y manteniendo el compromiso asumido en 2007, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, dispuso a principios de mayo de 2008 una nueva clausura a la empresa, que se suma a la multa de abril del año 2007 y la clausura preventiva de 2006. Luego de que un grupo de vecinos denunciara por presunta contaminación ambiental a la empresa quilmeña, el juez platense dispuso que el inti controlara las emanaciones y efluentes de la Papelera.

Denunciada una vez más por los vecinos por presunta contaminación, se dispuso la clausura parcial de la planta en el sector donde funciona la ruidosa chipera: una máquina que muele los troncos de eucalipto de entre 22 y 42 centímetros de espesor y unos 3,20 metros de largo, que consta de 800 caballos de potencia y que necesita además un motor de 100 cv para comenzar a mover el engranaje y poder ser encendida. Esta máquina es capaz de moler un tronco en apenas tres segundos. En marzo de 2006, un operario de la planta, Fabián Kosiol (32 años) murió al ser succionado por la máquina 2, sobre la que había caído la primera clausura: “La producción de esta máquina se mide en metros por minuto y para favorecerla le habían agregado unos 25 metros más, lo que impedía que trabajara correctamente”, dijeron sus compañeros de trabajo.

Lo que no consta en la resolución del juzgado platense, y que era pedido por los vecinos, es la plantación de una barrera de gran cantidad de árboles en las inmediaciones del sector de la planta para no expandir aún más el ruido y para frenar la contaminación gaseosa.

La medida ordena a la empresa “insonorizar” la planta bajo apercibimiento de aplicar 30 mil pesos diarios, multa que sería utilizada en un futuro para reparar el daño ambiental. La medida deberá mantenerse “hasta tanto se lleven a cabo las tareas pertinentes para la insonorización”.

Luego de conocerse esta resolución de la justicia platense, desde la Federación de Entidades de Fomento de Quilmes se mostraron conformes, aunque cautelosos. Consideraron que este fallo, además de inédito, es incompleto, ya que atañe solo a la contaminación sonora. Para combatir esta forma de contaminación, la Federación presentó un proyecto de construcción de paredes en forma de L; ya hay 26 operarios realizando trabajos de construcción.

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Massuh utilizó una gran cantidad de abogados para dilatar la causa y logró un plan de reconversión del curso de agua a 5 años. Uno de sus abogados utilizó datos erróneos al enunciar ante una rueda de prensa que la pastera no contaminaba a la gente, sino solo el arroyo. Con ese dato solo se autoincriminó, porque se deduce que si se contamina al arroyo se contamina a la gente que vive en las cercanías.

Relevamientos En el sitio web del opds (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), entidad provincial que clausuró Massuh en marzo de 2006 y luego la habilitó, se puede encontrar un listado de las inspecciones que realizan semana tras semana. Y, en la semana del 25 al 28 de febrero de 2008 hubo una inspección realizada a Massuh. Los técnicos de la opds esta vez no realizaron ninguna clausura preventiva. El resultado de la inspección técnica, que volvió a encontrar violaciones a la normativa ambiental, terminó en una simple infracción. Massuh, como el resto de las papeleras argentinas, sigue funcionando, pero sus vecinos no gozan de buena salud, sobre todos los niños y ancianos.1

El Municipio Durante la gestión que encabezó el intendente Sergio Villordo (2004-2007), no se accionó contra Massuh. El por entonces subsecretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Tuzzolino, no atendía a los reclamos de los vecinos. Claudio Olivares es el actual secretario de Medio Ambiente e Higiene Urbana de la gestión de Francisco “Barba” Gutiérrez, la cual comenzó en diciembre de 2007, y encabeza un cambio de actitud, que, aunque tímido, demuestra cierta predisposición a la reapertura del canal de diálogo con la comunidad.

26 de febrero de 2008 Massuh S.A. Fábrica de papel Quilmes

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Relevamiento de las instalaciones y documentación relevante de competencia a este organismo.

Se infracciona por: • No declarar residuos especiales de mantenimiento; • Falta de residuos especiales generados en el proceso productivo; • Falta de croquis y ubicación en el acopio de residuos especiales; • No poseer protocolo de análisis de pcb; • No poseer cartelería de los transformadores; • Verificar los tambores oxidados sobre suelo natural y a cielo abierto.

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La problemática prioritaria del municipio son los basurales y la excesiva cantidad de antenas de radiocomunicaciones, por lo que entidades como colcic tienen que buscar apoyo en otras esferas gubernamentales. Tanto es así que esta ong recibe apoyo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.

No hemos podido entablar contacto con esta área, tampoco el intendente se expidió públicamente, ni existe información pública ni divulgaciones oficiales sobre esta cuestión. Tondino nos explicó que tuvo un diálogo con Olivares, en el que este expresó las dificultades que implica formar parte de una secretaría recientemente creada que tiene una agenda atestada de problemáticas ambientales. También se refirió a la imposibilidad de regular la actividad de la papelera por parte del municipio, porque ese trabajo le corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, afirmó Tondino, el titular de la cartera se mostró comprometido con la tarea de hacer respetar las normas ambientales para lograr una mayor calidad de vida de los vecinos, siempre respetando la política de la intendencia actual, la cual apunta a no tener que clausurar la planta y dejar sin trabajo a cientos de personas.

Hernán Menéndez Tuja, director de Industria y Evaluación Ambiental de Quilmes durante la gestión del intendente Sergio Villordo, afirmó en su momento, para un periódico local, que “los problemas comenzaron cuando Massuh construyó la planta semiquímica, allá por 1976, para transformar la madera en pasta de papel”. Reconoció que, además del vuelco de los desechos sin un debido tratamiento, existen emisiones gaseosas (que podrían controlarse con filtros en las chimeneas) y sonoras por la molienda de la madera que se transforma en pasta. El funcionario dijo que “la Autoridad del Agua tomó muestras de los cauces” para ver el grado de contaminación del agua. Se comprometió en su momento a buscar soluciones para los vecinos, pero no dio precisiones acerca de los plazos.

Las ONG colcic Ceferino “Quique” García, actual titular de la comisión, una ong creada a partir de la necesidad de concientizar de la importancia de la educación para la no contaminación, nos informó que el agua del arroyo Las Piedras está contaminada con lignina, un residuo orgánico basado en un grupo de compuestos químicos presente en las paredes celulares de las plantas. Se trata claramente de un desecho de la papelera Massuh y no de otras empresas fabriles del polo industrial de la zona. Hay también ácido sulfúrico, grasas y soda cáustica, que, según García, provienen de las fabricas “graseras” que descaradamente arrojan los sólidos al mismo arroyo, como la Sudamericana (ubicada en la intersección del

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Camino General Belgrano y el arroyo Las Piedras) y una grasera clandestina que trabaja los fines de semana por la noche. Zucamor, que también está en la zona de influencia, podría llegar a verter tolueno, pero esto no está probado; colcic no tiene datos precisos. Zucamor realiza un proceso posterior al de Massuh, más técnico, avanzado y moderno, ya que recibe pasta de papel celulosa de Massuh y lo sigue procesando hasta llegar al cartón corrugado.2

Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones Libres del Pueblo de Quilmes Osvaldo Tondino explicó que, de madrugada, se forma una nube baja y gris que dificulta mucho la respiración. Los vecinos afirman que vivir en el barrio “es como vivir dentro de una cámara séptica”.

Las enfermedades son muchas: broncoespasmos, ronchas y manchas en la piel, asma, problemas gastrointestinales. “Hay varios casos de cáncer, y no hay vecino que no tenga a alguien en la familia con problemas respiratorios”, afirmó a un medio local Ángela, quien estuvo a cargo del censo que reunió en un mes a 120 personas afectadas por estas patologías. Tondino denunció el papel del Estado: “¿Por qué tuvimos que ser las ong de la zona quienes nos hiciéramos eco de lo evidente? Ni las autoridades, ni la Justicia actuaron de oficio. Esto es lo que tiene que cambiar”.

La Federación ha enfrentado mucho antes que el pueblo de Gualeguaychú a la pastera local Massuh y la justicia determinó un plazo de seis años para terminar con las plantas depuradoras de líquidos arrojados al arroyo Las Piedras. García, colcic es una organización vecinal. Transformaron cursos de agua pestilentes en verdaderos espejos que devolvieron la vida a un ecosistema situado en medio de la ciudad. Limpiaron los arroyos San Francisco y Las Piedras en Quilmes. En 2005 plantaron 22.000 árboles en la ribera. El Ministerio de Obras Públicas bonaerense pone los fondos y ellos el trabajo. colcic fue fundada el 17 de noviembre de 1985 por vecinos e instituciones afectadas por las inundaciones. En 1992 obtuvo personería jurídica. En 1993 se le adjudicó la obra de saneamiento de la cuenca de los arroyos Las Piedras y San Francisco. En la primera etapa, que consta del aliviador del Arroyo Santo Domingo, el gobierno provincial invirtió unos 35 millones de dólares.

En 1994 obtuvo la provisión de 200 viviendas para vecinos afectados por la obra, para lo que se le adjudicaron 3 millones de dólares. Hasta 1998 la comisión controló la ejecución de la obra.

Ya en 1999 propuso firmar un convenio de limpieza, mantenimiento y parquización de los arroyos, que se concretó en 2004 y dio trabajo genuino a 75 personas de la zona. En 2005 lanzó la campaña de forestación “100.000 árboles para Quilmes”; se plantaron 12.000 árboles con 4.000 alumnos en 2 horas.

En 2006 se desarrolló la segunda etapa de saneamiento del arroyo Las Piedras, desde Bernal hasta San Francisco Solano, con 50 millones de pesos de inversión.

En 2008 se firmó el convenio de mantenimiento de 200 bombas depresoras de napas en un sector de Quilmes y se presentó la propuesta al Ente Coordinador del Riachuelo-Matanza para hacerse cargo de la limpieza del Riachuelo.

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de colcic, concluyó: “Aquí no se soluciona lo que no se quiere solucionar. Lo mismo pasa con el Riachuelo, aunque por suerte la política del más alto nivel, ordenada por el presidente, está cambiando. La peor contaminación que primero hay que erradicar es la de la corrupción, que destruye y permite que pase todo lo que está pasando”.

La tecnología que utiliza Botnia es de última generación. Las pasteras y papeleras de Argentina no cuentan con esta tecnología y los costos para actualizar las máquinas son muy altos. El informe que la papelera finlandesa Botnia presentó al gobierno de Uruguay sobre la planta que montó en Fray Bentos indica que la inversión en un principio fue de 900 millones y luego de 1.200, con un costo de 1.050 dólares la tonelada. La diferencia radica en hacer el chip y desmenuzarlo por tipo de fibra. El problema son los químicos utilizados en el blanqueo.

Massuh invirtió en el 2008 6 millones de dólares en una nueva máquina de

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papel. El proceso de reestructuración empresarial y patrimonial le permitirá reducir hasta 25% su deuda estructural, estimada en $150 millones. Proyectan invertir 4 millones de dólares por año para adquirir maquinarias de punta que les permitan producir más eficientemente. Los vecinos esperan este tipo de soluciones.

Osvaldo Tondino enfatizó: “El juez plantea claramente que nosotros queríamos darle una oportunidad a la empresa, no incitar a que cierre: que tenga la posibilidad de hacer las plantas depuradoras y el control de los ruidos de la chipera donde se corta el eucalipto que vuelve loco a los vecinos”. Y el juez Arias aseveró: “Esta causa tomó un giro inédito, porque normalmente los vecinos lo que pretenden en estas situaciones es la clausura de la planta, y en este caso muchos de los vecinos trabajan en la misma planta que les produce daño. Entonces, no pretendían el cierre, sino más bien remediar estos aspectos para mejorar la calidad de vida de la región y evitar que los afecte en su salud y en sus trabajos”.

Queda claro el gran dilema que deben enfrentar los vecinos: seguir siendo afectados por la contaminación o estar afectados por la falta de trabajo.

Según su informe anual, Greenpeace reclama desde 2006 al gobierno argentino y al gobierno uruguayo la adopción y elaboración de un “Plan de producción limpia para el sector papel” que comprenda la eliminación del cloro en el blanqueo, la extensión del proceso de cocción y la realización del proceso de delignificación con oxígeno. Esta es una forma de reducir la cantidad de lignina que ingresa a las etapas de blanqueo. Los residuos de la delignificación con oxígeno pueden ser reciclados, ya que son orgánicos, y pueden servir hasta para fabricar aromatizantes, como explicó Ozbic. El blanqueo con cloro es una de las partes más perjudiciales del proceso de producción de papel; la pasta puede ser blanqueada con métodos que no emplean cloro (totalmente libres de cloro o tcf ). Para hacerlo se utilizan blanqueadores a base de oxígeno tipo peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), ozono y oxígeno gaseoso. Esta tecnología totalmente libre de cloro ha demostrado ser viable técnica y económicamente. Greenpeace busca que todas las plantas se conviertan completamente a tcf para el año 2015 y que se produzca una eliminación total de los efluentes de las plantas de pasta y papel. Al tratar y reciclar los efluentes dentro del proceso es posible reducir la cantidad de agua empleada y eliminar las descargas tóxicas. Esto ayudaría a que empresas como Massuh abandonaran procesos con gran porcentaje de cloro y un mínimo porcentaje de agua oxigenada.

Mientras tanto, frente a la falta de respuesta de las autoridades y del departamento de prensa de Massuh, el apartado de dicho departamento señala en su página de internet: “Conozca nuestras políticas de medio ambiente”.

Curiosamente, nunca aparece el link para pinchar. ¿Existirán esas políticas acaso?

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Me muero por vivir en tu barrio Adriana Gisele Álvarez

Las pequeñas casas que conforman las 53 manzanas del barrio San Juan en Berazategui están atravesadas por un tendido eléctrico de cables de media y alta tensión. En una de esas viviendas vive, desde hace más de veinte años, Sara Lazarte con su familia. Ella ceba mates mientras sostiene dos hojas de un cuaderno espiralado escritas de ambos lados (es una lista, la encabeza una niña de 14 años): “Es el censo que hicimos con un grupo de madres para llevar un control sobre los casos de cáncer en el barrio. Cuando se enfermó Lucas me di cuenta de que no era la única en esta terrible situación”. Su tono de voz mezcla indignación e impotencia: “Ya son 73 las personas fallecidas”.

Cuando a Lucas le diagnosticaron leucemia, hace cinco años, nadie pensó en ese momento que la causa provenía de los transformadores de energía ubicados entre las avenidas Dardo Rocha y Vergara, a menos de 20 cuadras de distancia del centro comercial de Berazategui. Estos transformadores contienen bifenilo

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policromado, comúnmente llamado pcb, un compuesto químico organoclorado elaborado por el hombre y de amplio uso durante el siglo pasado, en particular en equipos eléctricos cerrados. Es un refrigerante altamente tóxico que contamina el suelo, las napas y el agua de toda la zona, ya que una de sus características es que se desparrama con facilidad. Pero el mayor daño ocurre cuando los transformadores explotan o se prenden fuego, dado que el pcb se transforma en un producto químico denominado dioxina, una sustancia cinco veces más tóxica que el cianuro y causante de diversos tipos de cáncer.

El pcb es considerado como un “contaminante orgánico persistente”, es decir, permanece en el medio ambiente por largos períodos y está incluido en un listado de los doce contaminantes más peligrosos del planeta. Puede ingresar en el cuerpo a través del contacto con la piel, por la inhalación de vapores o por la ingestión de alimentos que contengan residuos del compuesto.

Utilizado como refrigerante de transformadores, en 1976 fue prohibido en Estados Unidos y Europa. Hoy existen alternativas al pcb mucho más seguras, como los aceites de silicón o ciertos tipos de aceite mineral dieléctricos, como queda claro en el trabajo realizado por Martín Julián Lio en el Seminario de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias Sociales de la uba, “El pcb y las ondas electromagnéticas: contaminación ambiental, obsolescencia tecnológica y organización social en el sur del Gran Buenos Aires”.

La serie de acusaciones que apuntan hacia la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica (Edesur) no son antojadizas, sino que se fundamentan en el tendido de cables de media y alta tensión (muchos de ellos incluso pasan sobre las veredas de las viviendas) y los transformadores de electricidad que contienen pcb. Estos se encuentran en los principales espacios verdes y en malas condiciones, lo que posibilita que se incendien fácilmente. Los bomberos de la zona afirman que a ellos se los llama cuando los transformadores comienzan a incendiarse, pero que no hacen nada hasta que llega la cuadrilla de Edesur (entre cuatro y cinco horas después) y asegura el corte del suministro eléctrico. Luego sí tiran agua.

En el barrio Rigolleau los vecinos observan cómo varios trabajadores de una empresa contratista cuyos carteles de obra en construcción rezan Bocardo S.A. (su sitio web no se encuentra disponible) realizan excavaciones. En un principio, quienes se atrevían a preguntarles a estos trabajadores sobre el verdadero propósito de estos trabajos recibían como respuesta un “nosotros no sabemos nada”. Pero el hecho de que esos empleados estuvieran permanentemente rodeados por patrulleros de la policía hizo que los vecinos sospechasen lo peor.

Finalmente, la verdad salió a la luz y lo que algunos creían podía llegar a ser una serie de refacciones que traería progreso a un barrio abandonado se transformó en una aterradora amenaza. Esos trabajos serían para colocar un cableado

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subterráneo de media tensión que conectaría a la subestación de las calles 21 y 145 con la ubicada a la misma altura en la avenida Dardo Rocha.

Mónica Colman, concejal del SI (Solidaridad e Igualdad) asegura que el gran problema es que “nunca se logra que un médico asocie la causa de la leucemia o cáncer como producto del pcb, porque nadie indaga qué es realmente lo que ocurre. Se atiende a las personas sin que se les pregunte dónde viven o si tienen un transformador cerca. Esto surge del propio relevamiento de los vecinos”.

Además del pcb, los campos magnéticos de las líneas de alta tensión acrecientan los riesgos para la salud. El biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba Raúl Montenegro, que preside la Fundación para la Defensa del Ambiente (funam), realizó un informe sobre la subestación Sobral en Ezpeleta, en el cual introdujo las nociones de “estándar precautorio” y “medida precautoria” como criterio para facilitar el principio precautorio, una medida legal tendiente a reducir el riesgo de enfermedades. Se ha determinado que hay siete enfermos por cuadra, lo que confirma que son enfermos del electromagnetismo proveniente de la subestación. Esto queda consignado en el volante que entregan los vecinos, denominado “Luz mala”. Cada subestación tiene un transformador que es el que hace la distribución de energía. Desde hace cinco años aquellos que se coloquen deben tener un refrigerante distinto al pcb. Esta es una de las razones por las cuales las causas no prosperan. Para la subestación Rigolleau se pidió un principio de precaución, pero, al igual que en el caso Sobral, no tiene resolución.

La concreción de los proyectos se realiza por medio de declaraciones juradas; Edesur garantiza que no afectará la salud. En Argentina se permite como contaminación electromagnética hasta 25 microteslas y en cuanto al pcb la provincia de Buenos Aires fija un límite de 2 partes por millón (ppm) de pcb, una exigencia mucho más estricta que la sugerida por los organismos internacionales para ser considerada “libre de pcb”, que establecen 50 partes por millón. “La medición del proyecto dice que no se contaminará si las obras se hacen como se dicen, no como realmente se llevan a cabo. ¿Qué podemos esperar si dice que los cables deben estar a 2,20 metros y hay lugares donde no supera el metro? Hay lugares donde pasa a 50 centímetros del caño del gas. La salud está en riesgo”, afirma Colman.

Los Vecinos Autoconvocados por la Vida (asociación que lucha contra la instalación de la subestación Rigolleau) presentaron un amparo en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, para evitar que comiencen las obras de ampliación energética de la planta. El juez se excusó de fallar porque faltaba el informe médico que debía hacer la municipalidad de Berazategui respecto de los posibles daños para la salud. Pero cuenta Colman: “Ziulu dijo además a Telenoche que ya estaba por expedirse y a nosotros no nos notificó nada, incluso no nos citó para una audiencia en la que se encontraban los representantes de una entidad sin fines de lucro llamada acucc (Asociación

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Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes), quienes hablaron más de Sobral que de la subestación Rigolleau y llevaron a una vecina de San Juan que ni pudo hablar”.

El médico y concejal Jorge Sívori del Frente para la Victoria atiende gratuitamente a muchos vecinos del barrio San Juan. Señala que esta situación es alarmante, tanto la del barrio San Juan como la de Rigolleau. “El tema está en que hay gente muerta muy joven. El juez dijo que no hay estadísticas, va a haber dentro de diez años cuando mueran muchos chicos más. Hace diez días murió una nena con cáncer de huesos. Los condensadores de pcb son nocivos, por eso se pide que sean subterráneos, que se hagan con cámaras blindadas. Existe un plano en el que se marca a los enfermos de algún tumor o cáncer y los muertos.

Es terrible porque hay dos enfermos o un muerto por manzana”, subraya Sívori.

Isabel Palacios, quien pertenece a la agrupación de Vecinos Autoconvocados por la Vida, afirma que “no hay asistencia oficial. Nadie se hace cargo de nada, ni de los tratamientos oncológicos, que son de altísimo costo. Las familias quedan destruidas”.

De hecho, quienes padecen enfermedades por esta causa en el barrio San Juan no cuentan con ningún apoyo del Estado y en muchos casos los vecinos realizan rifas y eventos destinados a conseguir el dinero suficiente para construir las habitaciones esterilizadas que necesitan aquellos que ya tienen el diagnóstico de enfermo oncológico. Escriben cartas a las distintas asociaciones para conseguir

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el financiamiento de los tratamientos y a las autoridades de la provincia de Buenos Aires para que saquen los transformadores. “Nosotros hemos atacado la violencia con cultura y con arte a través de festivales de más de 800 personas, cinco murales, un monumento a la víctimas de la contaminación y la lucha de los vecinos; hemos colocado una virgen (la de Luján, patrona de la zona). Manos anónimas han atacado con pintadas y han quemado la virgen”, cuenta Isabel.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. El 23 de octubre de 2002 se sancionó la Ley 25.670 en la que se promueve la eliminación del pcb, objetivo que debe estar cumplido para el 1 de enero de 2010, cuando finaliza la concesión de Edesur. A partir de ese año, todos los aparatos cuyo contenido de bifenilos policlorados sea superior a 0,0005 partes por millón deberán ser descontaminados. La Secretaría de Política Ambiental Bonaerense prohibió la fabricación de pcb en el ámbito de su jurisdicción, al igual que el ingreso de esta sustancia y la instalación de transformadores, condensadores y recipientes que la contengan. “Obras de este tipo violan todos los derechos constitucionales, no solo los artículos 41, 42, 43, todos derechos que hablan de la propiedad, de la salud, del medio ambiente, la igualdad de derechos. Por eso veo un reclamo más que justo y nadie le puede prohibir a un ser humano que tiene un hijo enfermo que reclame. Esto es un genocidio silencioso y tenemos que unirnos porque el mapa que tristemente han confeccionado los vecinos de San Juan, Sobral (Ezpeleta) y Wilde va a ser un poroto”, afirma Isabel.

Según la normativa, quienes sean responsables de elementos contaminados deberán presentar, en el plazo máximo de un año a partir de la puesta en vigencia de esta resolución, un programa de eliminación o descontaminación, con el objetivo de desterrarlos de todo el territorio de la provincia. En el caso de producirse escapes, fugas o pérdidas de pcb en cualquier equipo o instalación, el poseedor deberá instrumentar medidas correctivas, para reparar el daño ocasionado, y preventivas, para disminuir los riesgos hacia las personas y el medio ambiente y evitar que el incidente o accidente vuelva a ocurrir.

Desde el Foro de Ambientalistas en Defensa del Río de La Plata afirman que “en los mapas de la muerte se ve cómo los cableados de alta y media tensión que unen las subestaciones enferman a los vecinos; esto está en la justicia. El juez Ziulu le pidió a la Universidad Nacional de La Plata un estudio, pero ocurre que esos relevamientos no son considerados idóneos por los vecinos por no ser sostenidos ni en el espacio ni el tiempo, lo cual no posibilita determinar la verdadera causa del cáncer”. Un estudio de ese tipo le daría un marco científico a esta protesta.

No existen datos oficiales de cuántos son los enfermos ni los fallecidos por pcb, ya que ningún médico puede asegurar que esa sea la causa ni el municipio ha realizado un censo con el rigor científico que la situación amerita. Tanto la Secretaría de Salud como la de Medio Ambiente desconocen la situación y Edesur se negó a aportar datos para demostrar lo contrario.

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La misma problemática del barrio San Juan se repite en Wilde, Ezpeleta (subestación Sobral), Ranelagh (barrio La Serranita) y, por qué no, a la vuelta de la esquina de nuestra casa. “Los vecinos a través de las ong peticionamos por un lugar mejor, un país mejor y un mundo mejor donde nuestros derechos sean respetados. Es lo que le exigimos al gobierno, que utilice los medios necesarios, que actúe”, aseguran los integrantes del Foro.

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Tener Karisma tiene su precio Matilde Moyano / Vanesa Arato / Paola Orlietti / Walter Sogos

¿Quién no fantaseó alguna vez con ser famoso? ¿Quién no se vio seducido por la idea de actuar, modelar o al menos aparecer “allá a lo lejos” en alguna publicidad y poder luego verse en pantalla como quien busca a Wally en la multitud? La demanda para este tipo de trabajos siempre existió, la oferta también: aparece habitualmente en clasificados de los principales diarios del país.

“Empleada/o. publicidad. Arcor. Fiat. Nike. $3500. Extras cine y tv. $150 día. Coca. Huggies. $2000 c/u. Presentarse en Agüero 1359, 2º P. 11 a 17 hs. 4824-2045 ** 4824-2598”: un aviso como este –tomado del suplemento Empleos de Clarín– se publica casi todos los días solicitando empleados para realizar publicidades de marcas reconocidas mundialmente y trabajar en televisión. Como vemos, figuran los teléfonos y el domicilio, pero se omite el nombre de la agencia.

Karisma Casting Scouting se presenta en su blog como una empresa proveedora de elenco para producciones audiovisuales. El lugar está dirigido por Pablo Marcelo Simone y su padre Eduardo Simone, pero el inmueble está a nombre de la mujer de este último, Erica Turk.

Para investigar su funcionamiento, conocer a sus responsables y empleados, tener contacto directo con las instalaciones, dos periodistas de un equipo de investigación nos hicimos pasar por personas interesadas en formar parte de esta agencia. “¡Te vamos a hacer famosa, reina!”. Así se nos dio la bienvenida a Karisma en nuestro primer contacto telefónico. N40 era el código del turno que nos asignaron para que nos presentáramos al día siguiente en Agüero 1359, en el segundo piso.

Llegada a Karisma Notamos que habíamos llegado a la dirección indicada porque en la puerta del edificio había un cartel confeccionado en hoja A4 que decía “Karisma 2° piso”.

En la puerta del edificio se encontraba una mujer de unos 40 años, quien nos comentó que estaba esperando que su hijo saliera de una sesión de fotos en la

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agencia. Le preguntamos si había tenido que pagar para que se incorporara al staff y respondió que había abonado 70 pesos.

Subimos las escaleras hasta el segundo piso y al llegar lo primero que vimos fue que la sala de espera estaba repleta de gente de diversas edades, entre los 2 y los 45 años.

Nos acercamos al mostrador, en donde nos anunciamos con el código que nos habían dado. Una recepcionista nos hizo completar una planilla con datos personales y experiencia en el rubro artístico. Además, para leer mientras esperábamos, nos dieron un folleto titulado “¡Algunas sugerencias!”, entre las cuales se encontraba la siguiente: “Que [las agencias o empresas] te muestren las producciones en las que han participado y/o algún resumen anual de sus colocaciones, como así también alguna documentación que certifique su alcance a los medios”.

Sentadas en el piso, ya que todos los asientos estaban ocupados, observamos que una de las paredes de la sala de espera estaba decorada con fotos de Pablo Simone junto a diferentes figuras: Gerardo Sofovich, Nicolás Repetto, Silvina Luna, Sebastián Wainraich, entre otras. La exposición de estas fotografías pretendía certificar una participación real de Karisma en los medios. El hecho de mostrar este tipo de fotos (que nos hicieron recordar inevitablemente al mágico Photoshop) nos reveló una evidente necesidad por parte de la empresa de construir credibilidad, utilizando figuras reconocidas en los medios que no necesariamente trabajaron con Simone.

Entrevista

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Cuarenta fueron los minutos que aguardamos en la sala de espera hasta que una voz anunció nuestros nombres: al fin había llegado nuestro turno.

Hugo era uno de los tres empleados encargados de entrevistar a la gente.

Morocho y de unos 25 años, procedió a darnos la bienvenida con otra advertencia que aumentó la sensación de “no aclares que oscurece” que habíamos comenzado a tener: “Chicas, en primer lugar quiero decirles que este no es un casting sábana”. Nuestro desconocimiento sobre esa expresión nos llevó a preguntarle a Hugo qué significaba: “Es cuando una persona tiene que acostarse con alguien para conseguir un trabajo”, dijo mientras lanzaba una mirada cómplice a un chico que, desde un escritorio ubicado perpendicularmente al nuestro, no dejaba de atender el teléfono que sonaba todo el tiempo.

Hugo continuó explicándonos que teníamos dos caminos para elegir. Uno consistía simplemente en que nuestros datos personales básicos quedaran en una base de datos, opción que él mismo reconoció que era una pérdida de tiempo, debido a que al tener solo un legajo sin fotografías íbamos a ser elegidas al azar.

Pero advertimos que en esa misma ficha de datos básicos figuraba una dirección de e-mail de Karisma acompañada por una frase que decía “enviar fotos a esta dirección”. Cuando se lo hicimos notar, no hizo más que ponerse nervioso, balbucear algunas palabras y fortalecer nuestra idea acerca de que algo andaba mal.

El otro camino consistía en abonar un importe que, en nuestro caso, era de 45 pesos (recordemos que al hijo de la señora que esperaba en la puerta le habían cobrado 70 pesos) en concepto de gastos administrativos, entre ellos una sesión de entre cuatro y seis fotos. Todo esto “para tener más posibilidades de ser elegido”, ya que ellos nos armarían un currículo artístico, el cual en teoría sería distribuido en las “54 productoras con las que trabaja la empresa, entre ellas Endemol e Ideas del Sur”.

“Mirá, nosotros no trabajamos ni con Karisma ni con ninguna castinera en particular. Cuando necesitamos gente, abrimos nuestra propia convocatoria que sale en la tele, en los diarios o en algún medio. A lo sumo nos contactamos con personas con las cuales ya trabajamos”, desmintió Patricia Vergara, la responsable de producción periodística de Showmatch, de Ideas del Sur. Mariela Suárez, del departamento de prensa de Endemol, también negó que su productora trabajara con la agencia de Pablo Simone.

Semanas más tarde volvimos a comunicarnos con Karisma para conocer cuáles eran las 52 productoras restantes con las que trabajaban. En la entrevista que habíamos tenido Hugo comentó que desconocía esa información y que lo consultáramos con el área de marketing.

Contestó a nuestro llamado una mujer que no supo responder a nuestra consulta y nos comunicó con otra persona. Mientras esperábamos, escuchamos con claridad una voz cercana al teléfono que decía: “Hacete cargo vos que estás hace más tiempo que yo”. Finalmente nos atendió otro empleado llamado Jorge.

Nos escuchó y habló con amabilidad, dijo varias cosas pero ninguna respondía a

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nuestra pregunta y nos propuso hablar con alguien de marketing. Luego de haber esperado varios minutos en línea, Jorge contestó nuevamente y nos informó que nadie podía atendernos, pero que de todas formas esa información que requeríamos era confidencial.

Cursos Otro de los beneficios que ofrece Karisma a quienes abonan el variable monto es la posibilidad de participar en cursos de teatro: – ¿En dónde son los cursos?-preguntamos.

– Acá.

– ¿En este mismo piso? Pero si no hay lugar…

– Quedate tranquila que acá se despliega todo.

Pero era difícil creerlo. El plano publicado en la sala de espera que cumplía la función de “plan de evacuación” mostraba claramente que el inmueble consta de dos salas de reuniones (llenas de escritorios), una sala de máquinas, un despacho, dos baños y el hall/sala de espera.

La única posibilidad era que esta empresa tuviera una tecnología tan avanzada como la taberna de Moe en el capítulo “La Ley Seca” de Los Simpsons, en donde el solo hecho de accionar una palanca cambiaba en pocos segundos las instalaciones.

Telenoche investiga Otras de las sugerencias del folleto que obtuvimos en la recepción era: “Antecedentes. Algo muy importante es determinar lo que esa agencia o empresa ha logrado en los últimos tiempos. Hay agencias o empresas ‘golondrina’ que solo perduran unos pocos meses y deben cerrar o emigrar a otra dirección”. La estrategia de esconder algo importante en un lugar evidente fue inaugurada por el protagonista del cuento “La carta robada” de Edgar Allan Poe y continuada por el autor de los cuentos Fashion time y Karisma, Pablo Marcelo Simone.

En el año 2001 el programa periodístico de Canal 13 Telenoche investiga puso al aire un informe que denunciaba la estafa de una agencia de modelos llamada Fashion time (Llan Pol Meyer Group), la cual se disolvió luego de dicha denuncia. Esta agencia se encontraba ubicada en la calle Rivadavia 2890, piso 8, oficina 707 y uno de sus empleados era Pablo Marcelo Simone, quien luego del cierre creó junto con su padre la empresa Karisma Casting Scouting, donde continuó con la misma política de trabajo: la venta de ilusiones.

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Un periodista llamado Christian Sanz, director ejecutivo del periódico Tribuna de Periodistas, escribió varias notas sobre la estafa tanto de Karisma como de otras agencias de talentos. En sus escritos, que pueden encontrarse en internet, el periodista denuncia la corrupción de esta agencia y los varios intentos en vano de llevarla a la justicia. Nos pusimos en contacto vía e-mail para mantener una charla y compartir su trabajo con nosotros, pero lo único que recibimos en su respuesta fue una alerta y deseos de éxito. Así se refirió a los dueños de Karisma: “Son tipos complicados, a mí me enviaron varias cartas documentos y me amenazaron”.

Comprobante Otra sugerencia: “Solicita que te entreguen algo por escrito donde conste el tipo de servicio que te van a brindar”. Si una persona accede a abonar para formar parte de Karisma, le ofrecen una copia de una especie de contrato en el que, entre otras cosas, se comprometen a no generar expectativas. Tal vez a eso se refiere esta advertencia al decir “algo por escrito”. Pero tal vez debería referirse a que si una persona abona por un servicio, debe recibir un comprobante legal a cambio en el que “conste el tipo de servicio” que se le va a brindar. Pero a cambio del dinero, Karisma ofrece un recibo diseñado y fotocopiado por ellos mismos.

Garantía “Ustedes son blancas y rubias” fue uno de los elogios recibidos por Hugo, quien nos quería hacer sentir únicas e indispensables para el trabajo. Pero parecía que los halagos no le bastaban, ya que recurrió a defenestrar por la apariencia a algunas personas que ya estaban inscriptas en la agencia. Para ratificar una vez más que nosotras teníamos mayor posibilidad de ser seleccionadas, con una carpeta que contenía fotografías del staff, señaló a un par de personas de tez morena y dijo: “¿No vieron a las estatuas de chocolate que están paradas en la plaza de Once?”. La entrevista se volvió en ese instante insoportable. Queríamos irnos en ese mismo momento.

De todas maneras, permanecimos: – ¿Qué probabilidades existen de que nosotras quedemos seleccionadas?

– Algunas se creen que son Celeste Cid, y el hecho de que ella viva a dos cuadras de acá no significa que van a tener un trabajo ya. Hay que tener paciencia, mirá qué número tengo yo (tenía un carnet con el número siete mil y pico).

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– Y si entonces vos sos el siete mil y pico y ese número de “afiliados” asciende día a día, aunque Cris Morena necesite muchos extras, ¿qué posibilidad tengo yo de que me elijan a mí habiendo tanta gente disponible?

– Tenés que entrar al blog y fijarte si quedaste.

Cuando llegó el momento de decidir si aceptábamos formar parte de la agencia, le dijimos que no contábamos con el dinero y que podíamos acercárselo la semana siguiente, a lo cual Hugo nos respondió: “Tiene que ser mañana o pasado más tardar; ¿no llegan a juntar aunque sea para una?”. Finalmente, para no perder dos nuevas víctimas, nos extendió el plazo solo unos días más, pese a que la agencia incorpora gente en todo momento.

Nunca regresamos.

Blog Una sugerencia más: “Averiguá si la empresa tiene algún blog o página web donde consten los antecedentes actualizados de sus trabajos”.

Karisma posee un blog (de blogspot.com) en internet en donde publican los principales castings a donde fue enviado su elenco con las fotos de las personas que fueron preseleccionadas para diversas publicidades. Entre las muy pocas personas seleccionadas, aparece Gabriel Asdourian, quien participó en una publicidad de Renault. Se enteró de que su foto aparecía en el blog cuando nos contactamos con él. Su asombro al verse en la página web de Karisma se acrecentó cuando notó que el caché publicado allí era mayor que el que realmente obtuvo.

Nos contó su experiencia: “Soy una persona que lucha por lo que quiere, por eso uno de mis objetivos es hacer lo posible para trabajar de lo que estudié y que es mi vocación: la actuación. Así es cómo caí en Karisma”. Cuando le dijeron que tenía que abonar una suma de $20 se negó, pero terminó negociando con la persona que lo atendió, quien le ofreció un trabajito de extra que estaba a punto de salir para que luego con el pago de ese trabajo él abonara los gastos de la administración. Y así fue. Hasta hoy sigue manteniendo contacto con una persona de la empresa a quien llama cada tanto para consultar si hay trabajo, pero sin obtener una respuesta positiva desde hace varios meses.

Gabriel dice estar en desacuerdo con las agencias que “se abusan de la gente sacándole dinero para trámites que no lo requieren y prometiéndole un camino rápido a la fama. Considera que el speech que tienen dichas agencias es vergonzoso, porque le vende a la gente una ilusión, y que si pudiera hacer algo para acabar con esto lo haría. Sin embargo, no deja de reconocer que a él le sirvió en cierto momento de su carrera.

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Comunicación telefónica con Karisma para solicitar empleados

Al comunicarnos con la agencia nos atendió un tal Nico. Le dijimos que llamábamos de una productora para pedir cotización de extras femeninos para realizar sorteos en un programa llamado Automovilismo zonal, que se realiza en El Garage TV. Le consultamos si había alguna página web para ver a las modelos; dijo que no y que nos pasaría con la persona encargada. Escuchamos que llamaba a Eduardo (suponemos que se trataba de Simone), quien con tono de desconfianza preguntó con quién hablaba. Nicolás continuó al teléfono y comenzó a hacer las preguntas que Eduardo le indicaba. En una pausa que hizo mi interlocutor, pudimos escuchar cuando le decía que pidiera un número de documento. Dedujimos que habían advertido el ardid, que nada obtendríamos de ellos, y finalizamos la comunicación.

Al día siguiente, en un segundo intento, atendió otro empleado. La estrategia fue fingir que era la primera vez que nos encargaban una tarea así. Luego de charlar brevemente, derivó el llamado con el encargado del tema, Pablo Simone.

Nos informó de que para participar de una hora en vivo cada extra cuesta entre 80 y 100 pesos, que podía brindar el servicio con o sin factura y que iba a preparar un cd con fotos de los modelos para realizar la selección. A cambio

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pidió un número de teléfono para avisar cuándo debíamos pasar a buscar el material. Nunca llamó ni contestó los llamados posteriores.

Elencos y elenquitos Nos pusimos en contacto con el encargado de otra agencia de talentos para comparar la metodología de trabajo y ver cuáles son las principales diferencias entre Karisma y una agencia de buena reputación.

Esta agencia, ubicada en Juan María Gutiérrez 3821 (Palermo), se llama Elencos y elenquitos. La persona que nos abrió sus puertas fue Leandro Portolesi, director de scouting.

Leandro tiene 20 años de experiencia y asegura que “nunca se puede conformar a todo el mundo, pero si hay algo que indica que una agencia es trucha es que te cobren”. Y con respecto a la garantía de obtener trabajo por medio de una agencia aseguró: “La promesa en una entrevista es una locura”.

También nos explicó que para realizar un comercial las agencias de publicidad trabajan con productoras, las cuales pueden optar por hacer el trabajo de selección de actores por su cuenta o bien contratar a una castinera. Esta realiza el casting y convoca a una agencia de representación.

“Ahora las agencias grandes nos complementamos y nos unimos para combatir esto de las agencias truchas”, agregó. De esta unión nació la Cámara de Representantes de Actores y Modelos de la Argentina (crama), conformada por varios dueños de agencias que se considera que trabajan dentro de los parámetros correctos. crama intenta regular el funcionamiento de las agencias, ya que en nuestro país no existe un marco legal sobre el cual basarse. “Por ejemplo, el porcentaje por actor que se queda una agencia de representación es del 25%, pero no hay nada legal que indique que esto debe ser así, entonces puede ocurrir que las agencias que son truchas cobren por ahí el 30%, el 40% o el 50%”.

Para indagar un poco más acerca de esta situación, consultamos a Pedro Busetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (deuco). Señaló que la operatoria que utilizan en Karisma es deleznable pero no ilegal, debido a que no hay leyes que regule este ámbito, e informó no haber recibido ninguna denuncia contra la agencia. La representante legal del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (sutep) brindó básicamente las mismas afirmaciones.

En busca de un descargo Luego de varios intentos logramos conversar con Eduardo Simone, quien afirmó que trabajó en la agencia Fashion Time al igual que su hijo Pablo Simone.

Reconoció que dicha agencia funcionaba de forma irregular, pero sostuvo que

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ninguno de ellos lo aprobaba. “Pablo conoció un poco lo que es el mercado de salida laboral, los clientes, las castineras, las productoras. Pero ninguno de los dos estábamos de acuerdo con la forma de operar de la agencia”, dijo.

Con respecto a los logros de Karisma, nos aseguró: “Nosotros tenemos miles de personas que hemos enviado a castings y notas de pedido de castineras y productoras. Cientos y cientos de notas en estos tres años. Es más, nosotros empezamos a operar incluso antes de abrir oficina a la calle. Empezamos a operar directamente en internet con productoras y castineras. Teníamos un elenco hecho con gente que nos enviaba su currículum por internet y lo colocábamos telefónicamente. Así que cuando abrimos acá ya teníamos antecedentes de gente que había sido colocada en producciones artísticas… Una vez que vos vengas a acá te voy a dar información más precisa que imaginarás que por teléfono no quiero dártela, sino que quiero conocerte primero… Tenemos colocada mucha gente que hizo protagónicos, que son casos con caché muy importante”.

Quedó en contactarse con nosotros para concertar una entrevista personal con la cual poder documentar la seriedad de su empresa; sin embargo, nunca volvió a comunicarse ni atendió las llamadas realizadas por nuestro equipo.

La investigación, que ha apuntado a indagar la irregularidad con la que trabaja la agencia Karisma, ha dejado al descubierto un engaño: la promesa de la fama asegurada a cambio de 70, 40, 20 pesos… o lo que tengas.

Julio de 2009

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Cuando la historia se olvida Mariana Campana / Mauro Gasparini / Leticia Pautasio

Aunque muchos habitantes de Quilmes no lo sepan, la casa de Santa Coloma es la edificación más antigua del distrito. Construida a principios de 1800 por Juan Antonio de Santa Coloma, fue declarada patrimonio histórico nacional en 1945 y provincial en 1992 por su gran valor arquitectónico e histórico.1 Ubicada en La Paz y Roca, en la localidad de Bernal, la residencia que contaba con diecisiete habitaciones solamente mantiene ocho en pie. Desde 2005 se encuentra cerrada al público.

La finca, que pertenece al Obispado de Quilmes desde 1969, presenta paredes deterioradas por filtraciones, muros amarillentos por la humedad y una sala que fue clausurada en 2009 por riesgo de derrumbe. Despojada de la mayoría de sus muebles originales, solo conserva una mesa de madera grande y antigua con relieves artesanales.

En una de sus habitaciones se amontonan pupitres que hasta 2005 sirvieron a los alumnos que concurrían a clases de catequesis. El paso de los estudiantes dejó algo más que recuerdos: numerosos mensajes de amor escritos con corrector líquido pueblan puertas y ventanas.

La residencia posee una fachada austera, característica de una casa de campo de estilo colonial tardío, y fue construida por esclavos traídos de África que Una casa llena de historia. La casa toma el nombre de Juan Antonio de Santa Coloma, quien ordenó erigirla a finales del siglo xviii. En esa época constituía por sí misma un imponente paisaje y conformaba la única edificación visible entre la ribera de Quilmes y la Ciudad de Buenos Aires.

Según historiadores como Felipe Jorge Firpo y Gotardo Pedemonte, la casona fue testigo del primer enfrentamiento entre criollos e ingleses en la segunda invasión inglesa. En 1807, la residencia refugió a más de 10 mil hombres pertenecientes al ejército inglés, comandados por el general John Whitelocke. Las armas del viejo continente atacaron a los sirvientes, que se defendieron en forma improvisada. Una vez ocupada la casa, los soldados permanecieron una noche utilizándola como posta de descanso en su trayecto a Buenos Aires.

La familia Santa Coloma habitó la casa hasta 1829, año en que falleció su dueño. Sus herederos decidieron repartir la tierra entre sus familias: Cramer, Bernal, Lezica y Torres. Los hijos de Gerónima Lezica de Cramer, última propietaria del terreno, donaron la vivienda a la congregación de Hijas de María Auxiliadora, que en 1968 la convirtió en parroquia y en 1976 la entregó al Obispado de Quilmes.

El 10 de diciembre de 1945, bajo la presidencia de Edelmiro Farrell, la casa de Santa Coloma fue declarada patrimonio histórico nacional por iniciativa de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes.

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tallaron a mano los tirantes de madera que sostienen el techo de tejas. Los muros fueron construidos con ladrillos unidos con adobe y revocados a la cal.

Según un informe realizado en 2005 por la arquitecta Marta Oliva –presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y excolaboradora de la Dirección de Patrimonio de la municipalidad local– la edificación presenta una serie de “patologías propias del sistema constructivo y por la falta de mantenimiento y desajustes debido a intervenciones posteriores a su restauración que solo han contribuido a su deterioro”.

La casa es también víctima de la ignorancia por parte de los quilmeños.

Contribuye el hecho de que esté escondida entre la capilla María Auxiliadora y la casa del cura párroco encargado. Estas dos edificaciones ocultan a Santa Coloma de la vista del peatón, a lo que se le suma la inexistencia de placas o carteles informando su ubicación e importancia.

El director de Museos de la Municipalidad de Quilmes, Rodolfo Cabral, aseguró que “las habitaciones se fueron cayendo sin que nadie haga nada por salvarlas”, y al ser consultado sobre la situación actual de la residencia fue tajante: “Hay que hacer algo urgente”.

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Funcionarios y propietarios parecen no hacerse cargo del estado en el que se encuentra la edificación; aducen problemas económicos para su mantenimiento o simplemente se desentienden completamente del asunto. En los archivos de la Iglesia María Auxiliadora no hay registros de cartas enviadas por el Obispado a la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos desde 1992.

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Durante la gestión del intendente Fernando Geronés se intentó promocionar turísticamente a la casona y se buscó sin éxito recuperar el mobiliario original que, hasta hoy, está en posesión de los museos de Areco y Luján.

La última misiva fue enviada en enero de 2009 desde la Dirección de Patrimonio Urbano Ambiental del municipio de Quilmes. La intendencia solicitó “una inspección de la Comisión para corroborar los deterioros que presenta la casona, y el asesoramiento legal y técnico para implementar las acciones necesarias para su posterior restauración”.

Marta Oliva, que hasta ese entonces era funcionaria de la comuna quilmeña, explicó que el resultado de ese pedido fue la llegada de un equipo enviado por la Comisión el día 27 de enero, pero desconocía si estaba previsto tomar acciones concretas sobre el edificio.

En febrero de 2009, el secretario de Planeamiento Estratégico, Obras y Servicios Públicos, Tierras y Vivienda de la municipalidad de Quilmes, arquitecto Brian Reninson, renunció a su cargo y, junto con él, el equipo de trabajo de la Dirección de Patrimonio. Las nuevas autoridades municipales, Roxana González (Secretaría) y Adriana Estévez (Dirección de Patrimonio), pertenecen al partido de Avellaneda y “recién se están empapando en el asunto”, concluyó Oliva.

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Adriana Estévez afirmó que no tenía conocimiento de los resultados del equipo enviado en febrero por la Comisión. Pero en el expediente que posee la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos aparece una carta enviada a la arquitecta Estévez el 12 de junio de 2009 que autoriza “el apuntalamiento, como así también la ejecución de reparaciones”, aunque sin especificar quién estaría a cargo de la financiación.

La misma carta adjunta un informe realizado por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires en donde se detalla el estado actual del bien y recomendaciones para su futura refacción.

El director de Museos de la Municipalidad de Quilmes afirmó que la iglesia no posee personal capacitado ni medios económicos para realizar reformas de mantenimiento en la residencia. Asimismo, expresó que al gobierno de la Nación no le interesa la preservación de la casa, por lo que no destina presupuesto para ello, y que las autoridades eclesiásticas y municipales tienen otras prioridades más visibles socialmente, como mantener hogares y comedores. Sostuvo además que “es necesario que existan políticas culturales más fuertes que generen una amplitud en la oferta turística local”.

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Legislación El decreto ley que establece a la casa de Santa Coloma como monumento histórico nacional explica que la Comisión Nacional de Museos y el propietario deberán acordar “el modo de asegurar su conservación y el cumplimiento de los fines establecidos”. Por otra parte, la ley 12.662 que dio origen a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos establece que solamente cooperará en los gastos que demanden la conservación del patrimonio en caso “de que los inmuebles históricos sean propiedad de las provincias, municipalidades o instituciones públicas”.

Las sucesivas reparaciones de la casona de Santa Coloma fueron financiadas por la Dirección de Arquitectura de la Nación a pesar de que la ley establece que de ser propiedad privada la conservación del edificio recae en el propietario del inmueble. A partir de ello, el propietario, en este caso el obispado, deberá asegurar su conservación.

En septiembre de 2000 el entonces intendente Fernando Geronés y el obispo Jorge Novak firmaron un convenio en el cual la municipalidad se compromete a “refaccionar, pintar y poner en condiciones” la casona de Santa Coloma a fines de incluirla en el circuito turístico quilmeño.

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Siete años más tarde, en febrero de 2007, el Honorable Concejo Deliberante local sancionó la Ordenanza N° 10.633 en la cual se constituyen como patrimonio histórico-cultural y natural de Quilmes a todos aquellos lugares o sitios de dominio público o privado ubicados dentro del partido que posean valor histórico, arquitectónico, artístico o ambiental.

Al respecto, Marta Oliva explicó que la designación de la casona como patrimonio histórico municipal –que el intendente Francisco Gutiérrez anunció en su discurso de asunción– no tendría sentido porque la ordenanza 10.633 ya establece a Santa Coloma como tal.

Las reformas: consecuencias y propuestas La casa de Santa Coloma ocupaba en sus orígenes un terreno de media legua de frente (2.600 m) y una legua y media de fondo (7.800 m). En 1893, tras la muerte de su dueño, la finca fue dividida entre diez herederos, y actualmente se conserva solo una manzana aproximadamente del total de la propiedad.

En 1983 se produjo la última y más importante de las modificaciones en la estructura de Santa Coloma cuando la Comisión Nacional de Museos de Monumentos y Lugares Históricos realizó tareas de reparación de carpinterías, revoques interiores y exteriores, y pintura.

Esta reforma y la posterior colocación de membrana asfáltica en 1992 provocaron una serie de inconvenientes entre los que Marta Oliva destacó “la colocación de parches de mortero cementicio sobre el mortero original a la cal y la instalación de revestimiento de aluminio sobre la cubierta de azotea original de la casona”.

La Comisión informó de los problemas que causó esta última reforma e instó, ese mismo año, a la empresa contratista para que resolviera los nuevos inconvenientes.

Las tareas de mantenimiento continuaron en 1993 cuando se pintó la residencia y se la dotó de instalación eléctrica.

Oliva afirmó que “el nivel de terreno absorbente exterior es actualmente más alto que el nivel de piso interior”, por lo que existe la posibilidad de que el agua ingrese al edificio.

Asimismo, como resultado del paso del tiempo y el descuido, la residencia presenta otras patologías. Un informe realizado por la arquitecta Oliva detalla que sufre de “humedad ascendente y descendente en muros interiores y exteriores, evidenciada por las manchas y disgregación de los revoques interiores a la cal, así como grietas y fisuras en revoques exteriores. Por otra parte, exhibe pudrición y guillotinado de rollizos de palmera como consecuencia de las filtraciones provenientes de la cubierta de azotea”.

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En 1980, mientras que en Santa Coloma se realizaban tareas de refacción, la cátedra de Historia Argentina del Instituto Superior de Formación Docente en Museología y Bibliotecología de la ciudad de La Plata realizó un informe en donde predijo que “de continuarse con esta modalidad –reemplazar material obsoleto por otro de factura actual y diferente naturaleza– en poco tiempo la finca habrá perdido todo su material original y se habrá desvirtuado completamente su arquitectura primitiva”.

En el informe, la cátedra propone una serie de reformas con el objetivo de convertir a la casona en un centro cultural y religioso con miras al desarrollo turístico del lugar. “Podría establecerse –expone– un Instituto de Historia Quilmeña que a la par que conserve el carácter histórico del lugar se dedique a preservar todos los objetos y documentos pertenecientes al pasado de la región”.

En este sentido el documento propone restaurar el edificio con la mayor fidelidad posible utilizando la mayor cantidad de material original. A la vez, considera necesario desechar todo elemento moderno agregado en las reparaciones ya efectuadas.

Conjuntamente, se plantea la construcción de un edificio nuevo “adosado o independiente que, armonizando con lo existente, permitiere aumentar la capacidad de la finca y dotarla de los elementos más modernos dentro de la museología, la archivística y demás actividades relacionadas con la cultura”.

Rodolfo Cabral coincidió en este punto al referirse a que, de ser utilizada la finca como espacio turístico, haría falta la construcción de edificaciones anexas que provean servicios (baños, confitería, etc.) destinados al flujo de visitas.

Por otra parte, Marta Oliva describió en su informe una serie de propuestas entre las que se destacan las siguientes: “Remoción de la membrana existente en la cubierta para la posterior impermeabilización; remoción de revoques disgregados y colapsados para su posterior reposición; nivelación de la pendiente existente entre el jardín y el nivel del interior de la casona, previendo los desagües pluviales necesarios; demolición y posterior relocalización de los baños actuales, construidos sobre parte de los cimientos de la planta original de la casona”.

Por último, el informe recomienda la realización de excavaciones arqueológicas para la localización y relevamiento de los cimientos originales existentes, ubicación del aljibe y del muro de contención, cuyos restos son escasamente visibles desde la barranca.

El informe realizado en febrero de 2009 por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires retoma algunas de estas recomendaciones y patologías si bien destaca que el edificio “se encuentra en buen estado en general”.

Según el equipo enviado por la Comisión, es “de suma importancia buscar un uso apropiado para el inmueble, que deberá contemplar las características

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originales del bien”. Promueve también la instalación de un museo en la residencia.

Rodolfo Cabral propuso como posible método de conservación que Santa Coloma sea cubierta por una estructura de vidrio que la proteja de la erosión producto del clima, tal como se realizó en la casa que Sarmiento poseía en el delta.

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