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urbanismo

Viviendas de

inter茅s social,

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un dolor de cabeza

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Falta de una política habitacional clara, carencia de un tejido de ciudad bien planeado y fallas en la gestión de los gobiernos son algunos de los problemas que comparte la vivienda social de Chile y México. Esa realidad, de alguna manera, encuentra espejo en Colombia.

A

unque en Latinoamérica se han presentado movimientos importantes de impulso a la vivienda de interés social (VIS) con diferentes grados de éxito, es claro que estos presentan fallas importantes en su planeación a futuro. Los problemas más comunes no siempre están relacionados con la falta de dinero, sino con fallas en la administración por parte del Gobierno, así como con el desinterés general de la empresa privada encargada de su edificación.

Aprendiendo del vecindario

Así pues, la industria de la construcción, especialmente la dedicada a la VIS, se tipifica como una economía de escasez o de penuria, como la denomina János Kornai, y no porque falten los recursos, sino porque la demanda supera la oferta.

Por lo tanto, aprender a pensar y planear en un ambiente de escasez de espacios habitacionales idóneos, se vuelve prioritario e implica una responsabilidad para los administradores gubernamentales y los constructores. En el contexto colombiano, esa responsabilidad es apremiante, pues el Gobierno continúa con los esfuerzos por alcanzar la construcción de un millón de viviendas, 60% de ellas de interés social; y eso sin contar las 100.000 anunciadas por el nuevo ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras.

En el país austral, la vivienda para los pobladores pobres urbanos tuvo un gran impulso con la entrega masiva de subsidios durante los últimos cinco años de la dictadura de Augusto Pinochet, quien buscaba demostrar interés por ellos. En los 90, durante la transición del régimen

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Dos expertos en el tema de VIS, Alfredo Rodríguez, secretario ejecutivo de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación de Chile, y Alejandro Iracheta, coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio Mexiquense, recientemente participaron en el Foro La Vivienda en América Latina: Revisando Estrategias, desarrollado por la Universidad de los Andes, donde presentaron sus experiencias en el tema.

militar se inició la planeación para ampliar la cobertura de hogares y se consideró un gran avance, pero, según Rodríguez, “aún hoy no hay una política de vivienda, sino de financiamiento de la actividad de la construcción. Los primeros proyectos ganaron premios y dejaron satisfechos a muchos; sin embargo, unos años más tarde, con la llegada de las lluvias torrenciales, se presentaron fallas por falta de impermeabilización, pues los gobiernos impulsaron la cantidad y no la calidad, de allí que se eliminaron muchos requerimientos o especificaciones técnicas”.

Los primeros años del nuevo milenio fueron de crisis; se realizó un gran estudio donde se revisó todo lo construido por subsidios desde los 80 al 2001 y se detectó que 486 de esos conjuntos de vivienda, que

Esta estrategia de generación de vivienda originó una profunda crisis; muchos de los usuarios obtenían el subsidio certificando ingresos inexistentes, lo que causó que luego demandaran al Estado aduciendo incapacidad de pago. El Gobierno se vio entonces obligado a condonar cerca de 400.000 deudas.

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albergaban entre 900 y un millón de personas, estaban en malas condiciones, mal construidas y mal ubicadas (periferia de la ciudad). Pese a esto, afirma Rodríguez, el Gobierno los mostraba como una solución y los restaba del déficit habitacional.

Esta situación llevó a que en el 2002, con el gobierno de Michelle Bachelet, se implementará el programa Quiero mi Barrio para el mejoramiento de 200 barrios construidos, que beneficiaría a cerca de 500 mil personas. Después de cuatro años de gobierno se había intervenido parcialmente 76 conjuntos, un proceso lento debido a que el mejoramiento es

más costoso cuando no hay buenas bases. Este tipo de transformaciones suele tomar entre 10 y 15 años, según la experiencia de países como Inglaterra con casos muy similares.

De igual manera, esta estrategia de generación de vivienda originó un problema mayor: muchos de los usuarios obtenían el subsidio certificando ingresos inexistentes, lo que causó que en el 2004 estos deudores demandaran al Estado aduciendo su incapacidad de pago. El Gobierno se vio entonces obligado a condonar cerca de 400.000 deudas de este programa especial de trabajadores.

La industria de la construcción dedicada a la VIS se tipifica como una economía de escasez o de penuria, como la denomina János Kornai, y no porque falten los recursos, sino porque la demanda supera la oferta.

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A partir del caso chileno, Rodríguez enfatiza en que lo más importante es lograr una verdadera política habitacional, sin hacinamiento, mala construcción, corrupción en la asignación de subsidios... Una que dé a los beneficiarios la capacidad de mejorar sus condiciones de vida. “Mientras eso no se logre, los proyectos de vivienda se vuelven inútiles con el tiempo y los errores pasados se tornan costosos porque un buen administrador va a tener que arreglar los defectos del pasado”.

Finalmente, el experto chileno también recomienda tener claro en términos administrativos, de arquitectura, ingeniería y legales, cómo darles a los nuevos dueños la posibilidad de ampliar sus hogares.

Historias que se repiten Actualmente, México enfrenta una profunda crisis en el tema de VIS. Según Alejandro Iracheta, la construcción de vivienda es como un teatro donde el más rico elige en dónde se quiere hacer y cuándo ocupar

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“Es necesario hacer crecer las ciudades siguiendo un orden de expansión del tejido urbano, entendiendo que este se debe adaptar a las transformaciones del núcleo familiar, así como contar con el tamaño mínimo para las condiciones de vida antropométricas”.

el espacio; a los pobres, por el contrario, se les ubica en un lugar barato, irregular, sin servicios, abandonado por el Estado.

Esto trae consigo carencia de ofertas de suelo urbanizable y bien localizado para los pobres, una situación que se repite en la historia mexicana.

Así como ocurrió en Latinoamérica, de los años 50 a los 90, el país centroamericano aceleró el proceso de urbanización a través de créditos, subsidios y programas de ahorro previo. Sin embargo, el concepto de la vivienda institucional planteada en México como una gran solución hace 20 años y que recibía premios mundiales, se ha convertido en otro problema. “Ahora estamos hablando de los nuevos tugurios y viviendas abandonadas, que en México suman cinco millones según datos del censo del 2010. Esto ha favorecido la presencia de grupos delincuenciales, el vandalismo hacia la vivienda, la baja calidad de los transportes y la elevación del costo de vida, por ello la gente

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abandona las construcciones en búsqueda de un lugar más económico y seguro”.

Iracheta afirma que parte de la problemática radica en que “la VIS se ha desarrollado donde el constructor consigue el precio que le conviene, alejado de los centros económicos, urbanos o habitacionales, obligando a los habitantes a movilizarse aproximadamente seis kilómetros en un transporte de mala calidad y sin rutas bien diseñadas. Se les olvida que las personas deben salir a trabajar, al doctor y a todo lo que se requiere en un entorno urbano. Esta es una política hecha por políticos y desarrolladores que desconocen cómo hacer ciudad y cómo esta es un producto social”.

En este sentido, el especialista cuestiona el trabajo desarrollado por el Gobierno: “El Estado olvidó su responsabilidad de coordinar el desarrollo de la ciudad y se la cedió a los mexicanos. Su obligación era ofrecer una ciudad ordenada y compe-

titiva, y para eso debía tomar decisiones fuertes: evitar que la ciudad creciera hacia los cerros o lugares de riesgo, impedir que los pobres se asentaran donde pudieran porque no tenían donde pagar, pensar en la movilidad y en las estructuras…”.

A partir de esta experiencia, queda claro que se debe repensar en profundidad la forma como se está planteando la vivienda. Para ello, Alejandro Iracheta propone cinco pasos básicos: 1. Establecer una política de vivienda que asegure suelo urbanizable dentro de los centros urbanos.

2. Desarrollar ciudades integrales. Si se carece de terreno en la ciudad o cerca de ella para construir vivienda en grandes cantidades, se debe pensar en crear nuevas ciudades confortables.

3. Realizar proyectos con la gente y no para la gente. El comprador debe conseguir valorizar su inversión a través del tiempo.

4. Entender que la vivienda no debe res-

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ponder a las necesidades del financiador, sino responder, a mediano plazo, a la elevación de la calidad de vida de la gente y que sea fácilmente adaptable a los cambios.

5. Establecer un fidecomiso: esta figura se encargaría de negociar la tierra con los propietarios, las constructoras y las empresas desarrolladoras del plan maestro; y, una vez se aprueba el predio por la autoridad, se le venden macrolotes de uso habitacional a los desarrolladores. Esto permite ubicar la construcción de vivienda dentro de una ciudad y no en la periferia; así como se obtienen beneficios como el respeto al plan maestro, garantizar las condiciones de desarrollo urbano y aprovechar los espacios citadinos sin ocupar.

Finalmente, otro aspecto que llama la atención es el llamado a ingenieros y arquitectos sobre las buenas prácticas en su ejercicio profesional: “Tenemos una responsabilidad muy grande a nivel profesional, social, inclusive político, y la hemos hecho a un lado –sostiene Iracheta–.

No debemos dejarnos manipular por el negocio inmobiliario y convertirnos en

simples administradores de una obra sin ninguna aportación relevante”.

Analizando las experiencias de estos dos países cercanos, es necesario hacer crecer las ciudades siguiendo un orden de expansión del tejido urbano, entendiendo que este se debe adaptar a las transformaciones del núcleo familiar, así como contar con el tamaño mínimo para las condiciones de vida antropométricas, que para el caso de una familia compuesta por cuatro personas debe ser superior a los 56 m2.

Frente a la situación colombiana, donde esta “locomotora de la economía” tiene la meta de construir un millón de viviendas, de las cuales el 60% corresponde a VIS, Iracheta recomienda: “Si el Ministerio de Vivienda en Colombia está planteando un modelo habitacional novedoso, le diría: vivienda pequeña, alejada, sin que haga ciudad, que no responda a las necesidades del ambiente, que implique un costo de transporte adicional al propietario, solo genera una cosa: una grave crisis territorial. Así pues, lo que es un aplauso ahora, en cinco años puede ser un grave problema”.

“La VIS se ha desarrollado donde el constructor consigue el precio que le conviene, alejado de los centros económicos, urbanos o habitacionales, obligando a los habitantes a movilizarse aproximadamente seis kilómetros en un transporte de mala calidad y sin rutas bien diseñadas”.

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