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ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD

PROMOVENTES: DIPUTADOS FEDERALES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. ESCRITO INICIAL DE DEMANDA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P r e s e n t e. Los abajo firmantes, ante Ustedes respetuosamente, comparecemos para exponer: 1. Que somos Diputados Federales integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión. Con el presente se acompaña como anexo 1, copia certificada de las constancias que acreditan que quienes suscribimos esta demanda, nos encontramos en funciones en la actual Legislatura. 2. Que tomando en consideración que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se integra de quinientos (500) Diputados, los suscritos representamos el 33% de los Diputados Federales que integran dicho órgano legislativo. 3. Que señalamos como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, derivadas de este procedimiento, el ubicado en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio B, tercer piso, oficina 300, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, en esta Ciudad de México y designamos como representantes comunes, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 62, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste, a los Diputados Federales Francisco Martínez Neri, José Hernán Cortés Berumen, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Norma Rocío Nahle García y Ernestina Godoy Ramos. 4. Que en términos del citado precepto legal, designamos como delegados a los licenciados en derecho Hilario Sánchez Cortés, Antonio Cabrera Solares, Alejandro Morales Becerra, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Jorge Alberto Lara Rivera, con cédulas profesionales números 834840, 2158976, 1293142, 4453101 y 1700129, respectivamente, expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos que legalmente correspondan.

5. Que con el carácter antes precisado, justificamos en términos de los documentos antes descritos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1º, 59, 60, 61, 62 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a demandar la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, en virtud de que se plantea la posible contradicción entre dicho ordenamiento legal y la Constitución General de la República, en los siguientes términos:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestamos: I. NOMBRE DE LOS PROMOVENTES: Los que se precisan en esta demanda, cuyas firmas se estampan en la parte final de este ocurso.

II. ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE EMITIERON Y PROMULGARON LAS NORMAS GENERALES QUE SE IMPUGNAN: 1. El Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores. 2. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE FUE PUBLICADA: Es materia de la presente acción de inconstitucionalidad, la Ley de Seguridad Interior, contenida en el Decreto expedido por el Congreso de la Unión, promulgado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 21 de diciembre de dos mil diecisiete. Con la presente demanda se acompaña como anexo 2, un ejemplar del Diario Oficial de la Federación correspondiente a la publicación del día 21 de diciembre de dos mil diecisiete.

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS Y, EN SU CASO, LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO SEA PARTE QUE SE ESTIMEN VULNERADOS: La norma general cuya invalidez se reclama son violatorias de los artículos 6o, apartado A, fracción I, 8, 16, primer párrafo, 21, 49, 73, 80, 90, 119, primer párrafo, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, diversos artículos del ordenamiento legal impugnado son violatorios de los artículos 1°, 6°, párrafo cuarto, Apartado A, fracción I, 7°, 9°, 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 17 párrafo segundo, 21 párrafos noveno y décimo, 22, primer párrafo, 29 párrafo segundo, 31 fracción III, 35 fracciones III y IV y 36 fracción II, 41 base I párrafo segundo, 49, 73 fracción XV, 76 fracción IV, 78 fracción I, 89 fracción VII, 99, 119 primer párrafo, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, la norma general cuya invalidez se reclama, contraviene los artículos 1, 2, 5.1, 13.1, 14.1, 16.1, 23.1, 27 segundo párrafo y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos los tratados y recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos que han señalado los riesgos para los derechos humanos de la militarización.

V. ANTECEDENTES. 1. El día 8 de noviembre de 2016, los Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 2. El 14 de febrero de 2017; la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 3. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, turnó de inmediato las referidas Iniciativas a la Comisión de Gobernación, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 4. En la Décima Tercera Reunión Ordinaria de 30 de noviembre de 2017, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobó el correspondiente dictamen, mismo que se turnó al Pleno de la Cámara de Diputados. 5. En sesión de 30 de noviembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de Seguridad Interior. 6. El 30 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, mediante oficio DGPL 63-II-5-3179, remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 7. El 1 de diciembre de 2017, por oficio DGPL-1P3A.-5156, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar el proyecto referido a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y

de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente. 8. En reunión de 13 de diciembre de 2017, los integrantes de las Comisiones Unidas, aprobaron por mayoría el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 9. En sesión del 14 y 15 de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó con modificaciones a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, la minuta con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de Seguridad Interior. 10. En sesión de 15 de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó la minuta con proyecto de Decreto del Senado de la República, por el que se expiden la Ley de Seguridad Interior, sin modificaciones y la envió al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 apartados A y E, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11. Con fecha 21 de diciembre de dos mil diecisiete, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. 12. Los mexicanos mantienen altos niveles de confianza en los militares. Las diversas Fuerzas políticas que suscriben la presente demanda de Acción de Inconstitucionalidad, somos conscientes de que el sesenta por ciento de los mexicanos le tienen confianza al Ejército. Inclusive se asume la responsabilidad de que esa misma mayoría está de acuerdo en que el Ejército siga realizando tareas de seguridad pública. 13. Esto obedece claramente a que nuestro Ejército Mexicano lleva a cabo funciones diversas en beneficio de la población además de las que se les ha encomendado desde hace varios años en materia de seguridad, que van desde atender y auxiliar en materia de desastres naturales hasta labores de alfabetización. 14. Por ello, es de nuestra mayor ocupación y preocupación, dotarle a las Fuerzas Armadas de un verdadero marco jurídico que sea acorde en la tutela y protección de los derechos humanos previstos en nuestra Constitución Política, así como a los parámetros internacionales que se suscitan en materia de seguridad, y que respete plenamente la naturaleza del quehacer propio del Ejército, Armada y la Fuerza Área."

VI. CONCEPTOS DE INVALIDEZ PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. La Ley de Seguridad Interior, es violatoria de los artículos 49 y 73 de la Constitución, en cuanto al principio de división funcional de poderes, debido a que el Congreso de la Unión carece de facultades, tanto expresas (explícitas) como implícitas, para legislar en materia de “seguridad interior”, por lo tanto, debe declararse su invalidez, en mérito de los siguientes argumentos:

Doctrinalmente existen diversos criterios de clasificación respecto del ejercicio de las competencias de los órganos del Estado, referidos a la actuación de los órganos legislativos. En un Estado federal, el principio de división funcional del poder se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas a los órganos superiores del Estado; en este sentido, el principio que cierra la posibilidad de actuación de las autoridades dentro del ordenamiento jurídico, es que todo aquello que no se encuentra expresamente facultado para las autoridades se encuentra prohibido, y que las autoridades sólo pueden realizar los actos dictados sobre bases expresas previstas en el ordenamiento y, en particular, en la Constitución. Este sistema competencial establecido en la Constitución se expresa positivamente de varias maneras: existen prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; existen competencias de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida y, finalmente, existen competencias de ejercicio obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia establecida en la Constitución. Ahora bien, en relación con los órganos legislativos del Estado, las facultades o competencias de ejercicio potestativo son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no, y en qué momento lo harán. La competencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales. Es decir, en este tipo de competencias, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las llevarán a cabo, sin que estén obligadas a ejercerlas. Por tanto, el órgano legislativo tiene la potestad de decidir, libremente, si crea o no determinada norma jurídica y en qué momento lo hará. Por otro lado, las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley. Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de leyes, puede encontrarse de manera expresa o implícita en las normas constitucionales, así sea en su texto mismo o en su derecho transitorio. Respecto de esto último, ello es así en tanto que las normas transitorias cumplen con la función de establecer las obligaciones, parámetros y tiempos para la adecuación de los cambios normativos establecidos por el órgano de reforma constitucional.

Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia: “Época: Novena Época. Registro: 175847. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 9/2006. Página: 1533. PRINCIPIO DE DIVISIÓN CARACTERÍSTICAS.

FUNCIONAL

PODERES.

SUS

El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas. Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 9/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.” (Énfasis añadido)

Así, el Congreso de la Unión carece de competencia para emitir la Ley de Seguridad Interior, pues lo hizo en uso de una facultad inexistente en la Ley Fundamental, transgrediendo el principio de división de poderes previsto en el artículo 49, así como el principio de división funcional de poderes contenido en el artículo 73, ambos de la Constitución Federal. En este sentido, el fundamento constitucional para legislar en esta materia resulta inexistente porque ni el artículo 21, ni el diverso 73, de la Constitución Federal, otorgan al Congreso de la Unión facultad para legislar en materia de “seguridad interior”. A mayor abundamiento, la competencia de las autoridades u órganos de cualquiera de los niveles de gobierno, la otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no una ley secundaria y mucho menos un reglamento. La “seguridad interior” no es una facultad otorgada al Congreso General para legislar a nivel federal, porque no existe base constitucional para ello. Actualmente, el Congreso de la Unión únicamente tiene facultades en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en los siguientes términos: 6

1. Los párrafos noveno y décimo del artículo 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución, confieren la facultad para legislar en materia de seguridad pública, de la siguiente forma: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. (…)” y “El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: (…)”; y la fracción XXIII establece: “Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.” 2. Por su parte, para legislar en materia de seguridad nacional, la Ley Fundamental lo hace en los siguientes términos: “XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.” Cabe señalar que la “seguridad interior” no debe considerarse ni complementaria, ni subordinada a la función de seguridad pública, pues como quedó establecido, ésta es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. No obstante, de la facultad del Congreso General para legislar sobre las bases de coordinación entre las autoridades federales y las locales en materia de seguridad pública no es posible derivar la facultad para legislar en materia de “seguridad interior”. En otro orden de ideas, como se indicó, la Constitución Mexicana en su artículo 73 enumera una serie de facultades a favor del Congreso de la Unión. Facultades, que posteriormente materializadas en leyes, amplían o reducen las esferas de actuación de los poderes federales. Independientemente de las leyes federales con apego a la Constitución, el propio texto constitucional enumera de forma expresa y limitada, una serie de facultades a favor de los tres Poderes de la Unión. Hasta aquí, parece muy claro que la Constitución tiene un particular empeño por ceñir la actuación de los poderes federales en base a facultades o competencias previamente enumeradas y limitadas. Enumeración y limitación que sirven de continente a la actuación de los poderes. Sin embargo, la propia Constitución contiene una disposición que permite la futura actuación de los Poderes de la Unión, rebasando el contenido expreso y limitado de las competencias conferidas. Esta puerta de escape de las competencias expresas está prevista en la fracción XXXI del propio artículo 73, la cual le otorga al Congreso de la Unión la

competencia “Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”. Es decir, la referida fracción XXXI, que contiene las facultades o poderes implícitos, faculta al Congreso de la Unión, en dos grandes campos: primero, para legislar con la finalidad de hacer efectivas todas las facultades otorgadas al Congreso en las veintinueve fracciones del artículo 73; y segundo, para legislar con la finalidad de hacer efectivas las facultades otorgadas por la Constitución, a los poderes federales. De ahí, que la Ley de Seguridad Interior que ahora se impugna, pretende establecer en su artículo 1, una facultad que no está conferida por la fracción XXXI, del artículo 73 de la Carta Magna. El referido artículo es del tenor literal siguiente: Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

En este caso, la única referencia constitucional a la “seguridad interior” precisamente se encuentra regulada en el artículo 89, fracción VI, como una facultad de Presidente de la República, de la siguiente forma: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Como puede advertirse, la fracción VI transcrita, por sí sola, tampoco podría facultar al Congreso para emitir una ley en la materia de “seguridad interior”, pues sólo regula las facultades del Presidente, no las del Congreso de la Unión. Esto es, que el Titular del Ejecutivo Federal, por acto de autoridad, puede interpretar la noción de seguridad interior para hacer uso de las Fuerzas Armadas, toda vez que se considera que el presidente tiene los elementos, la autoridad y la responsabilidad de preservarla. Ahora bien, suponiendo sin conceder que se hiciera extensivo el contenido de la fracción XXXI del artículo 73 Constitucional, en lo relativo a “(…) y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión” tampoco se lograría el objetivo de que el Congreso de la Unión contara con la facultad de legislar en dicha materia. De una interpretación semántica y teleológica de la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna, se desprenden dos facultades diferentes: la de

preservar la seguridad nacional; y la de disponer de las Fuerzas Armadas para seguridad interior y defensa exterior. No necesariamente se interpreta de lo anterior que seguridad nacional y seguridad interior equivalen a la misma función, se entendería que la defensa exterior corresponde al derecho internacional de guerra y humanitario, pero la redacción constitucional no es del todo precisa en el caso de la seguridad interior. Es por ello, que ese Alto Tribunal deberá interpretar los alcances que tiene la fracción VI del artículo 89 de la Ley Fundamental, a efecto de determinar si el Congreso de la Unión, a partir de una facultad que expresamente tiene el Presidente de la República, puede expedir la Ley de Seguridad Interior. No debe pasar por inadvertido, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96, aprobó la tesis de jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época. Registro: 192081. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 37/2000. Página: 551. EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUÉLLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A DECRETARLA. El artículo 89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de la República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior del país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto previstos por el artículo 29 constitucional- se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto constitucional, o por algún otro motivo, se prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado. Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los

efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXVIII/96), se publique como jurisprudencial, con el número 37/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

Esta expansión del concepto de “seguridad interior” sentaría las bases de un régimen extraordinario que permitiría a las Fuerzas Armadas participar en tales actividades. Más aún, la forma en que se define la seguridad interior en norma general impugnada no sólo extiende este concepto al de seguridad pública, sino que lo hace concurrente con el de seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional se origina por la necesidad de los gobiernos de alcanzar los objetivos nacionales, enfrentando las amenazas de los antagonismos internos y externos. Por eso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción VI, faculta al presidente de la República a preservar la seguridad nacional, para la estabilidad interior y para la defensa exterior de la Federación. De ese artículo resultan dos vertientes de la seguridad nacional: Una que es el orden interior y otra que es la defensa exterior de la Federación, aunque ninguna se precisa. Por ende, el Estado es responsable de la seguridad interior del país y de que la Constitución y las leyes se apliquen para que las instituciones nacionales se preserven. Así, el Presidente de la República tiene la facultad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, que son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para preservar los referidos componentes de la seguridad nacional, que son la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. A su vez, las Leyes Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, en los artículos 1, fracción II y 2, señalan que: Son instituciones armadas permanentes, que tienen las misiones de garantizar la defensa exterior y la seguridad interior, conforme ordene o apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales. Por otra parte, el Estado también tiene la función principal de brindar al pueblo seguridad pública, que es la protección de los derechos de las personas a su libertad, integridad, patrimonio y el mantenimiento del orden y la paz, previniendo y castigando los delitos. La Federación, las entidades federativas y los municipios se encargan de la seguridad pública con sus policías preventivas; sus procuradurías con policías ministeriales y agentes del Ministerio Público; sus tribunales con jueces, magistrados y ministros y sus centros de prevención, readaptación social y atención a las víctimas. 10

Por ello, la seguridad nacional (interior y la defensa exterior de la Federación) se encomienda a las Fuerzas Armadas, con base en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXIX-M, 89, fracción VI, 119 y 129 de nuestra Ley Suprema. Y la seguridad pública a las autoridades civiles, con fundamento en los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo expuesto, las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles tienen sus respectivos ámbitos de competencia, que no se deben transgredir. Así, el artículo 89, en su fracción VI, otorga al Presidente el carácter de Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, es decir, a) Del Ejército, b) Fuerza Aérea Mexicana, y c) Armada de México. De todo lo expuesto, válidamente se pueden concluir que el Congreso de la Unión no cuenta ni con una facultad expresa o explícita, ni con una facultad implícita, para expedir la norma general que ahora se impugna su constitucionalidad. En mérito de lo anterior, este primer concepto de invalidez debe declararse fundado.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. La Ley de Seguridad Interior, es violatoria del principio de legalidad, contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no fundar el acto legislativo, tomando en consideración lo siguiente: La garantía específica de legalidad, es fundamental, en cuanto a que sólo puede afectarse a las personas por autoridad competente, lo que se traduce en un régimen de derecho, conforme al cual toda autoridad, aun tratándose del Poder Legislativo, tiene dos claras limitaciones: las garantías individuales, que no deberá vulnerar, y las facultades que las leyes le confieran, las que no deberá rebasar. Por cuestión de método, se debe realizar el estudio del principio de legalidad por ser de estudio previo, dado que el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, situación que conduce a concluir que, de no respetarse el referido principio, por más que estuvieran cumplidos los demás, tal infracción conduce a estimar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, dado que no las facultades del Congreso de la Unión no están expresamente previstos en una ley formal y material. Además, debe imponerse declarar su inconstitucionalidad, por tratarse de una norma carente de fundamentación, la que subsistirá, en tanto no se modifique el correspondiente contexto constitucional. Cabe agregar, que el vicio de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior deriva de la circunstancia de que carece de fundamentación, ya que, como

jurisprudencialmente lo ha determinado el Alto Tribunal, para que un acto legislativo cumpla con tal requisito resulta necesario que el órgano que lo emite tenga la facultad para emitirlo. Al respecto son ilustrativas las tesis jurisprudencia y aisladas que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." Séptima Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Tesis 146, página 149.” “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentación y motivación, como si se tratara de una resolución administrativa, ya que estos requisitos, tratándose de leyes, quedan satisfechos cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental." Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, tomo 193198, Primera Parte, página 100.” “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPLICARLOS. Ni el Congreso de la Unión ni el presidente de la República, en el ejercicio de la función que a cada uno de ellos compete en el proceso de formación de las leyes, tienen obligación de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa función sólo requiere el respaldo de la Ley Suprema, y no hay duda alguna de que los artículos 65, fracción II, 72 y 73, fracción VII, del Código Fundamental, autorizan al Poder Legislativo Federal para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; en tanto el 89, fracción I, no sólo faculta sino que, además, obliga al titular del Ejecutivo a promulgar las leyes que el Congreso de la Unión expida. Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, tomo 139144, Primera Parte, página 134.”

En consecuencia, por las consideraciones antes expuestas, debe concluirse que la Ley de Seguridad Interior expedida por el Congreso de la Unión, carece de fundamentación, lo que se traduce en una violación a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo anterior, este segundo concepto de invalidez debe declararse fundado.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Los artículos 6, 11, primer y segundo párrafos, 12 y segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior, son violatorios de la garantía de salvaguarda federal, contenida en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a lo siguiente: Los artículos cuya invalidez se reclama, establecen lo siguiente: “Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional. Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas: Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.” Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo

requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.” (Énfasis añadido)

De la transcripción anterior, se advierte una clara violación a la garantía federal, contenida en el primer párrafo del artículo 119 de la Carta Magna. Así, el referido precepto constitucional, es del tenor literal siguiente: “Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.” (Énfasis añadido)

Cabe aclarar, que desde el 5 de febrero de 1917, fecha en que nuestra Ley Fundamental fue promulgada y hasta el 25 de octubre de 1993, día en el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 107, 122, así como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al artículo 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el contenido de dicho párrafo, estuvo previsto en el artículo 122. Aunado a ello, al revisar el Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, se advierte que al ser discutido el contenido del artículo 122, no hubo nadie quien argumentara a favor o en contra, por lo que fue votado en los términos propuestos. Por ello, para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, lo cual no es posible realizar, pues como se indicó, no existen elementos para ello. Incluso, al revisar los antecedentes legislativos que dieron origen al Decreto publicado el día 25 de octubre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, tenemos que, en la iniciativa del Ejecutivo Federal, presentada el 6 de julio de 1993, ante la Cámara de Diputados, en la exposición de motivos indicó lo siguiente: “Por ello, esta iniciativa propone modificar diversos artículos constitucionales y cambiar la denominación actual del Título Quinto. Es en este título donde se encuentra el cambio fundamental de esta

iniciativa, al proponer la nueva organización del gobierno del Distrito Federal. Se propone que se denomine "De los estados y del Distrito Federal". Para dar claridad al hecho de que el gobierno del Distrito Federal es de distinta naturaleza que el de los estados de la República, teniendo características propias. Esta iniciativa plantea normar las bases de organización del Distrito Federal en el artículo 122, que hasta ahora regula lo que se ha denominado por la doctrina constitucional como garantía federal y que determina obligaciones para los poderes de la Unión respecto a la protección a los estados federales, en los supuestos que expresamente se indican en dicho precepto. Por lo mismo, el único párrafo que actualmente tiene el mencionado artículo 122, se propone ubicarlo como primer párrafo del artículo 119 que también se localiza en el Título Quinto de la Constitución, dejando íntegros como párrafos segundo y tercero, las vigentes disposiciones de este último precepto. Con ello, se vacía de contenido el último artículo del Título Quinto y permite introducir en él las bases constitucionales de la organización del Gobierno del Distrito Federal.”

Incluso al revisar el dictamen propuesto por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se argumentó lo siguiente: “Así, el esquema de gobierno que se plantea en la iniciativa del Ejecutivo Federal que se dictamina, tiene su principal sustento en el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere las bases de gobierno estatales y municipales, lo que guarda congruencia con el Sistema Federal de nuestro país, al regular en el mismo apartado las generalidades concernientes al gobierno de las partes integrantes de la Federación y reconociendo al mismo tiempo la importancia y características especiales adquiridas por el Distrito Federal a lo largo de su historia. De este modo, es necesario el cambio de denominación al Título referido para que responda al contenido que ahora le es inserto, llamándose así "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal". El esquema propuesto en la iniciativa de que se trata se contiene en el artículo 122, de tal modo que la llamada Garantía de Salvaguarda Federal contenida en el mismo se traslada íntegramente al artículo 119, como un primer párrafo, a fin de tratar en aquél sólo los aspectos relativos al gobierno del Distrito Federal.”

Es decir, que tampoco existen elementos que puedan orientar una interpretación del artículo 122 Constitucional, contenido en el primer párrafo de artículo 119. Asimismo, el artículo 122 del Código Político vigente está inspirado en la sección IV, del artículo 49, de la Constitución norteamericana: “Los Estados Unidos garantizan a cada Estado de esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán cada uno de ellos contra la invasión, y a pedido de la legislatura o del ejecutivo, cuando la legislatura no pueda ser convocada, contra la violencia doméstica”. Esta hipótesis que consagra el artículo norteamericano son tres: dos, que son las mismas que contiene el precepto mexicano, y una nueva hipótesis: se garantiza a las entidades federativas una forma republicana de gobierno. Según la estructura del Estado federal norteamericano, la garantía de la forma republicana es esencial al sistema; lo mismo podría pensarse en el caso de México, ya que de acuerdo con los artículos 40 y 115 de la Constitución existe identidad de decisiones 15

fundamentales entre la federación y las entidades federativas, y una de éstas es precisamente la forma republicana de gobierno. Ahora bien, conforme a la doctrina debemos entender por garantía federal la protección que debe otorgar la federación a las entidades federativas. Es una garantía de protección que la federación debe otorgar a las entidades federativas, para intervenir en defensa de éstas ante toda invasión o violencia exterior y en los casos de sublevación o conflicto interior. La garantía federal, o sea la protección que la federación debe otorgar a las entidades federativas, está consignada, como ya se indicó, en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución, el cual establece dos hipótesis: a) Los poderes de la unión tienen la obligación de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior, y b) La misma protección les otorgará la federación en los casos de sublevación o conflicto interior, si esta ayuda le es solicitada por la legislatura local o por el Ejecutivo cuando el Congreso del Estado no se encuentre reunido. La segunda hipótesis (inciso b) del artículo 122 de la Constitución dispone que la federación debe proteger a las entidades federativas en caso de sublevación o conflicto interior, si esta ayuda le es solicitada por la legislatura local o por el gobernador, cuando el Congreso del Estado no se encuentre reunido. Esto significa, que tratándose de conflicto doméstico, la federación no debe intervenir de oficio, sino debe ser excitada por la legislatura local o en su caso por el gobernador. Esta segunda hipótesis tuvo gran apogeo de 1869 a 1874, esto es, desde el restablecimiento de la paz y del orden constitucional hasta las importantes reformas que restauraron el Senado y le otorgaron una serie de facultades novedosas en nuestra historia constitucional, pues en siete ocasiones las entidades federativas pidieron la intervención de los poderes federales; lo peculiar de esas peticiones fue que en esos casos se trataba de crisis, conflictos o problemas, entre el gobernador y la legislatura, y cada uno de ellos deseaba el apoyo federal en la contienda. En 1874, entre los nuevos artículos constitucionales figuró el que hoy es la fracción VI, del artículo 76, de la Constitución que atribuye al Senado la siguiente facultad: “Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos concurra con ese fin al Senado (...)”. La hipótesis del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución se aplica cuando los dos poderes mencionados están de acuerdo en solicitar a los federales ayuda para sofocar un conflicto doméstico, ya se trate de una sublevación o de una rebelión interior. Ahora, bien, la referida norma constitucional se refiere a los poderes de la unión, pero no precisa si todos tienen esta facultad, o sólo uno o dos de

ellos. Sin embargo, debe interpretarse en el sentido de que la solicitud para la intervención de la fuerza federal deberá realizarse al Poder Ejecutivo. Esta idea responde al hecho de que el titular del Poder Ejecutivo es el jefe del ejército y de la armada, y quien puede disponer de los mismos; además, la Constitución le otorga esta facultad al presidente: él debe disponer de esas fuerzas con miras a la seguridad interior y defensa exterior del Estado federal. Con base en lo anterior, debe estimarse que los artículos 6, 11, primer y segundo párrafos, 12 y segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Seguridad Interior, son violatorios de la garantía de salvaguarda federal, contenida en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que: 1. Ni las autoridades federales, ni las fuerzas armadas pueden implementar ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, sin antes recibir petición alguna por parte de alguna legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, sin aquélla no estuviere reunida. 2. El Consejo de Seguridad Nacional no puede limitar la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, mediante lineamientos, pues la intervención se puede realizar mediante una petición por parte de alguna legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, sin aquélla no estuviere reunida. 3. El Presidente de la República no es el único que puede ordenar la intervención de la Federación para realizar e implementar Acciones de Seguridad Interior en una entidad federativa, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pues la intervención se puede realizar mediante una petición por parte de alguna legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, sin aquélla no estuviere reunida. 4. La intervención de los Poderes de la Unión, cuando exista trastorno interior en alguna entidad federativa, no depende que el Presidente de la República someta previamente a consideración del Consejo de Seguridad Nacional, para que se determine la procedencia de la intervención de la Federación, pues la intervención se puede realizar mediante una petición por parte de alguna legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, sin aquélla no estuviere reunida. 5. Las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior no pueden ser de carácter permanente y tampoco requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, ya que la intervención se puede realizar mediante una petición por parte de alguna legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, sin aquélla no estuviere reunida. Esto es, que el Presidente de la República podrá ordenar, de manera discrecional, acciones de seguridad interior sin que exista ninguna

declaratoria y que por su parte las Fuerzas Armadas podrán identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior de manera permanente y sin declaratoria. Por lo que rompe con la concepción de diversos organismos internacionales que han señalado reiteradamente que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad debe ser de manera excepcional y temporal. En consecuencia, de lo anterior, este tercer concepto de invalidez debe declararse fundado.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, es violatorio del artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente: El artículo cuya invalidez se reclama, establece lo siguiente: “Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

De la transcripción anterior, se advierte una clara violación al artículo 6, apartado A, fracción I de la Carta Magna. Así, el referido precepto constitucional, es del tenor literal siguiente: “Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”

Las actividades de inteligencia que desarrollan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales, así como sus métodos de recolección de información, resultarían ser información que se ubica en la causal de reserva prevista en la Ley Federal de Transparencia.

No obstante, ello no se justifica que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior permita que toda la información que se genere con motivo de la aplicación de dicha normativa, sea considerada "de Seguridad Nacional" y clasificada conforme a la cual, la regla general es que toda la información en posesión de cualquier autoridad, como las encargadas de proteger la seguridad interior, es pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, y esas leyes, General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información señalan que la reserva tiene que llevarse a cabo cumpliendo los extremos de la denominada prueba de daño . En este sentido, el hecho de que el artículo 9 de la norma impugnada refiera que la clasificación de la información se hará conforme a la Ley de Seguridad Nacional y las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, pues justamente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 108 prohíbe que los sujetos obligados emitan acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada, y precisamente de lo que se trata de hacer con el artículo 9 impugnando es clasificar en términos generales la información que se genere con la aplicación de la Ley Seguridad Interior, inclusive antes de que se genere información alguna, lo que también está prohibido por el segundo párrafo del artículo 108, pues en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. Aunado a ello, no hay que perder de vista que actualmente contamos con una ley de observancia general en toda la República, que es reglamentaria del artículo 6o Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información. Por supuesto, nos referimos a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es clara en establecer en su artículo 108 que la clasificación de información reservada se realizará conforme al análisis caso por caso, mediante la aplicación de una prueba de daño. No obstante, lo que claramente se intenta con el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, es evitar la necesidad de entrar a un análisis caso por caso de la información que se genere con motivo de la aplicación de esa Ley; se busca que las autoridades que intervengan en las acciones de seguridad interior tengan la posibilidad indebida de simplemente responder que toda la información es de seguridad nacional y por tanto reservada, sin más ni más. Evidentemente, se ahorrarán la tarea de acreditar mediante la correspondiente prueba de daño que la información que se les requiera efectivamente tiene el carácter de reservada. Además, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 13, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y con la interpretación que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho del mismo, para restringir de manera legítima el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, el derecho de acceso a la información como parte consustancial de aquél, se debe cumplir con un test tripartito de proporcionalidad en el que se observe estrictamente, que las restricciones estén definidas en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material, sin embargo, lo que se busca con el

artículo 9 es dar la posibilidad de que todo un cúmulo de información, indefinido por su propia generalidad, se considere clasificado por el simple hecho de haberse generado por la aplicación de una Ley; por ejemplo, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá absurdamente clasificarse como reservada, aunque se prevea su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas. En estas condiciones, este cuarto concepto de invalidez debe declararse fundado.

QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. PRECEPTOS SUPREMOS VULNERADOS.- Artículos 14 párrafo segundo, 16 primer párrafo, 21 párrafos noveno y décimo, 31 fracción III, 35 fracción IV y 36 fracción II, 49, 73 fracción XV, 76 fracción IV, 78 fracción I, 89 fracción VII, 119 primer párrafo, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima inconstitucional el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), en tanto, el órgano emisor y promulgador de la norma pretenden configurar la seguridad interior como una materia de seguridad nacional en términos del artículo 73 fracción XXIX-M, a la vez que reglamenta únicamente la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto hace a la seguridad interior, a partir de lo cual dispone también que el objeto de la LSI es "regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior...", pero tal imprecisión e insuficiencia deliberadas excluyen de su aplicación y control efectivos a los Poderes Legislativo y Judicial, al conferirla exclusivamente al Poder Ejecutivo federal en la generalidad de sus preceptos, en la idea de militarizar y policializar sin control efectivo el territorio de la República, con detrimento del principio de división de poderes y el que estatuye que las instituciones policiales deben ser de carácter civil, en todo aquello que se relacione con la seguridad pública, ante el riesgo inminente de que las fuerzas armadas y de la policía federal se inmiscuyan todo el tiempo en ese tipo de asuntos arguyendo que la información de que disponen u obtienen, de supuestas acciones de seguridad interior, es reservada. Además, el legislador omite establecer normas generales tendentes a regular la función de la Guardia Nacional que es la institución legítima que, formada por ciudadanos, en todo caso, debería tener participación en la defensa de las instituciones de la República y en la salvaguarda de la tranquilidad, el orden y la seguridad interior de las entidades federativas al ser la que garantizaría mejor respeto y protección a los derechos humanos, dadas sus especiales características. El precepto de la Ley cuya invalidez se plantea, por no ser conforme con la Constitución, es del tenor siguiente: “Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de

seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia.”

En efecto, el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior (en lo sucesivo LSI, o la ley) implica violaciones constitucionales que la invalidan y que, en todo caso, hacen necesario modificar o dejar sin efectos, por deficiente regulación el citado precepto legal, en los siguientes temas: Pretende configurar sus disposiciones como materia de seguridad nacional, "en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX" de la Constitución, en tanto infiere el legislador que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, pero es incongruente pues ni siquiera señala como objeto de la ley, el "establecer los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes", situación que atenta contra la garantía de seguridad jurídica, entendiendo entre esos límites el que las acciones de seguridad interior no invadan la esfera competencial de las autoridades en materia de seguridad pública ni vulneren los derechos fundamentales de las personas, y como requisitos, la garantía de respeto a tales derechos y el control efectivo de tales acciones limita la materia de la seguridad interior, estricto sensu, a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluyendo el emisor de la norma lo que el Constituyente mexicano ha entendido por "seguridad interior", "la tranquilidad y el orden interior", "la defensa de la República y sus instituciones", "deber de proteger a las entidades federativas", y conceptos similares previstos en los artículos 31 fracción III, 35 fracción IV y 36 fracción II, 40, 41 párrafo primero, 49, 76 fracción IV, 73 fracción XV, 89 fracción VII y 119 primer párrafo de la Carta Magna; omisión y deficiente regulación con la cual trastoca los principios de división de poderes, supremacía constitucional, ejercicio de la soberanía popular y pacto federal, así como pone en riesgo la garantía de seguridad pública su objeto impreciso es regular "la función del Estado" para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia; pero excluye intencionadamente de tal definición de objeto, y en la generalidad de sus disposiciones, la función de los Poderes de la Unión distintos al Ejecutivo, que también son parte del Estado mexicano, respecto de la aplicación, limitaciones y control de dicha ley en las acciones de seguridad interior, pues reserva dicha aplicación de manera exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo federal y, en todo caso, la noción de "Estado" en la ley es infra inclusiva y deficiente. Pues bien, con independencia de si la LSI es o no materia de seguridad nacional, lo cual se plantea también en otro concepto de invalidez, dado que el artículo 73, ni parte alguna de la Constitución facultan al Congreso de la Unión a legislar en materia de seguridad interior, el caso es que, si la LSI fuese materia de seguridad nacional lo congruente habría sido adicionar la Ley de Seguridad Nacional y no expedir una ley no autorizada expresamente por el precepto en análisis. También es de hacer notar que la LSI no dispone en el artículo 1, como parte de su objeto, el establecer requisitos y límites a las investigaciones correspondientes, en tanto no limita y mucho menos controla con 21

efectividad los actos de las autoridades accionantes de la Ley en materia de seguridad interior; situación que tampoco es conforme con lo previsto en la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional, que cita el artículo 1 impugnado, pues si bien el Congreso tiene facultad (solo) para expedir leyes en materia de seguridad nacional, suponiendo sin conceder que la LSI sea de esa jaez, entonces lo congruente habría sido señalar también como objeto de la misma el establecer tales requisitos y límites, pero al no hacerlo así, además de incongruente la norma impugnada es inconstitucional al afectar la garantía seguridad jurídica, así como el principio de legalidad constitucional por deficiente regulación. La razón de no incluir la ley en su artículo 1, como parte de su objeto, lo referido líneas arriba, hace presumir fundadamente que, en el resto de sus disposiciones, tampoco establece controles efectivos con los qué hacer valer las garantías que comportarían el no rebasar esos límites y cumplir con eficacia esos requisitos. Con otras palabras, es de concluir que, desde un inicio, se dejó de plasmar esa regulación porque al establecerlo como objeto naturalmente les impelía a reconocer y garantizar controles efectivos a la actuación de las autoridades en materia de seguridad interior, todo ello en la aparente lógica de los órganos emisor y promulgador de la ley, que estiman que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, pero omitiendo establecer los requisitos y límites a tales investigaciones o acciones en esa materia. En un segundo aspecto, la norma del artículo 1 de la LSI es inconstitucional porque limita la materia de la seguridad interior, al disponer que lo es en términos de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atañe a la facultad y obligación del Presidente de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, soslayando que la fracción VII del mismo precepto supremo también le autoriza e impone el deber de disponer de la Guardia Nacional "para los mismos objetos", en los términos que previene la fracción IV del artículo 76 de dicha Constitución. La forma de leer la fracción VI pasa por leer también la fracción VII del artículo 89, en conexión con los numerales 73 fracción XV, 76 fracción IV, 78 párrafo segundo fracción I, y 129 constitucional, preceptos que, en relación con la Guardia Nacional y la seguridad interior, dicen: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (...) XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: (...) IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria (...) Artículo 78. ... La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV; 22

(...) Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: (...) VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76. (...) Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Entendiendo por tiempo de paz aquella situación de normalidad democrática en la que el Estado Mexicano no ha declarado la guerra a potencia extranjera alguna o en la cual no se sufra invasión o agresiones militares de otros países, aun si fuere el caso de sublevación o trastorno interior en alguna entidad federativa de que habla el artículo 119 primer párrafo de la Constitución, por lo que, ha de estimarse que, constitucionalmente, el uso de la Guardia Nacional es consustancial, aunque no únicamente-, al objeto de dar seguridad interior a los Estados y a la Ciudad de México. Ahora bien, el hecho de que el Congreso no hubiese expedido normas generales para organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional y el que no opere dicha institución en la actualidad, no obstante ser un deber previsto en la norma suprema del artículo 73 fracción XV de la Carta Magna, tal inactividad legislativa no significa que pueda ser válida la ausencia de participación de esa institución constitucional del Estado Mexicano en tareas relacionadas con la seguridad interior y con la ley que pretende regular esa materia, pues en todo caso, primero debió el Congreso de la Unión emitir dichas reglas y después, integralmente, expedir la LSI. De esta forma, aun asumiendo que fuere válida la participación de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales en asuntos de seguridad interna (aunque no lo sea sin el debido control de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación), se puede colegir la inseparabilidad de la necesaria actuación de la Guardia Nacional en esas tareas junto con las otras fuerzas de que habla el artículo 89 fracción VI de la Constitución, ello para la más eficaz protección de los habitantes de las entidades de la República y como una forma de control de los derechos fundamentales, en tanto que, como dice la fracción XV del artículo 73 constitucional, el respectivo nombramiento de jefes y oficiales se reservaría a los ciudadanos que formen la Guardia Nacional, en tanto que a los Estados y a la Ciudad de México compete la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por las reglas que expida el Congreso, lo que se afilia a la teoría del federalismo y a un ejercicio democrático de la soberanía popular, inclusive en casos de sublevación o trastorno interior.

De ahí que, al constreñir el artículo 1 de la LSI, la materia de seguridad interior a considerar que "sus disposiciones" son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto en la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior, la norma legal impugnada viola las normas y principios constitucionales invocados, pues, además de exceder el ámbito de atribuciones en cuanto a la materia de seguridad nacional, el Congreso de la Unión incurre en omisión legislativa de tipo parcial en competencia de ejercicio obligatorio al dejar de considerar en las acciones de seguridad interior a la Guardia Nacional, sin que sea óbice para concluir lo anterior el hecho de que el propio Poder Legislativo hubiere incurrido en inobservancia de lo establecido en la fracción XV del artículo 73 de la Carta Magna, sobre todo, sabiendo que el artículo 129 constitucional prohíbe a cualquier autoridad militar el ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, exceptuando, claro está, como ha sustentado en diversos criterios ese Tribunal Pleno, los casos en que actúen a petición de las autoridades civiles, sin que esa actuación pueda ser entendida como autorización al Estado Mexicano para vulnerar otras normas supremas. En ese orden de consideraciones, y sobre la idea de que la Guardia Nacional debe ser institución del Estado y de la comunidad que realice funciones de seguridad interior, es claro que entre los derechos y obligaciones de los mexicanos y los ciudadanos existe la de alistarse en la Guardia Nacional, sobre la cual el Senado o la Comisión Permanente, en su caso, deben dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria. Como la lógica arbitraria de los órganos emisor y promulgador del decreto que expide la Ley de Seguridad Interior es sólo facultar al Ejecutivo federal para determinar las acciones de seguridad interior, así como para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, con todo lo que ello implica, es decir, con empleo de inteligencia o de uso de la fuerza aparentemente legítima para ese objeto, es claro que la ley no pretende incluir al Senado de la República en la regulación y aplicación de la ley controvertida, pues indebidamente deja, además, de considerar que la Guardia Nacional ha de ser una institución del Estado que se enmarca en el ámbito de los derechos y obligaciones de los mexicanos, entre otras cosas, para asegurar y defender la tranquilidad y el orden interior, la República y sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, según señalan los artículos 31 fracción III, 35 fracción IV y 36 fracción II de la CPEUM, que al respecto dicen: Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (...) III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y (...) Artículo 35. Son derechos del ciudadano: (...)

Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; (...) Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: (...) II. Alistarse en la Guardia Nacional; (...)

Del contenido de tales preceptos, y su relación con la fracción VII del artículo 89 constitucional, se advierte que la Guardia Nacional tiene por objeto la defensa de la tranquilidad y orden interior, así como la defensa de la República y de sus instituciones, pues cuando se produce una sublevación, trastorno o conmoción interior como realización de las amenazas a la seguridad interior de las entidades federativas también se pone en riesgo a la Federación, caso que se extienda la situación anómala, tal como una chispa enciende la pradera, y por ende, la intervención de los Poderes de la Unión, no únicamente la del Ejecutivo, tendría que considerar el auxiliar a las entidades federativas con problemas de seguridad interior, entre otras, mediante el uso de la Guardia Nacional, conformada por ciudadanos, como defensores de la seguridad interior y de la defensa exterior. Luego entonces, una Ley de Seguridad Interior no podría dejar de considerar la regulación de la Guardia Nacional en las disposiciones que versan sobre acciones para reestablecer la seguridad interior, pues en ese ámbito y situación la referida institución tiene igual rango que las Fuerzas Armadas y que las fuerzas federales. Son las auténticas autodefensas, conformadas por ciudadanos, que nombran a sus jefes y oficiales, en respeto a la Constitución, y su conformación y puesta en operación fortalece el federalismo versus la concentración de Poder que el Ejecutivo quiere imponer con la militarización y policialización del país a través de la LSI aprobada por una parte de los legisladores. En ese tenor, según el artículo 73 fracción XV de la Constitución, es el propio Congreso de la Unión el facultado para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. Lo cual podría hacerse en diversas leyes, incluida la LSI. Sin embargo, queda claro que los órganos emisor y promulgador de la ley impugnada, además de rechazar la intervención necesaria o el control efectivo de los otros Poderes de la Unión, no comulgan con la idea de poner en manos de los ciudadanos la defensa de las instituciones y el orden interior, a pesar de que la Constitución les da a éstos intervención preponderante al punto de precisarlo en el apartado de derechos y obligaciones de los mexicanos, y de los ciudadanos. Es así que, la deficiente regulación del artículo 1, que involucra el contenido normativo de toda la LSI, implica soslayar que el Constituyente mexicano diseñó un régimen federalista y de división de Poderes para la atención de los riesgos y amenazas a la seguridad interior, inclusive a través de instituciones como la Guardia Nacional, más democrática y

cercana a la población de las entidades del país, pues el emisor de la ley se limita a señalar que sus disposiciones son materia de seguridad interior en términos de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución, así como de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 en materia de seguridad nacional. Pero, con independencia -como se ha dicho- acerca de, si la seguridad nacional se comprende o no en la regulación de la LSI y de si las disposiciones de esta son materia de aquélla, lo cierto es que una Ley de Seguridad Interior tendría que reglamentar toda una serie de preceptos constitucionales como los que se han venido reseñando, y no únicamente lo relativo a la actuación de las fuerzas armadas y federales que será ordenada por el Ejecutivo mediante la Declaratoria de Protección para la Seguridad Interior, y que revelan como finalidad el concentrar exclusivamente en el Presidente de la República y su Secretario de Gobernación, las decisiones sobre acciones en materia de seguridad interior con exclusión de los otros dos poderes de la Unión; lo cual resulta opuesto a las normas supremas invocadas y a los principios dimanantes de las mismas. Motivo por el cual, ese Tribunal Constitucional debe declarar la invalidez del artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior, para los efectos a que haya lugar. Finalmente, y en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 1 de la LSI, que señala de manera inexacta como objeto de la ley, el regular "la función del Estado" para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia, al excluir intencionada e injustificadamente de su objeto, y en la generalidad de sus disposiciones, a la función de los Poderes de la Unión distintos al Ejecutivo, respecto de la aplicación, limitaciones y control de dicha ley en las acciones de seguridad interior, pues reserva dicha aplicación de manera exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo federal, debe decirse que de una lectura atenta de las disposiciones de la Ley impugnada, se concluye que la noción de "Estado" que dicho artículo 1 establece al atribuirle la función que regula la ley en materia de seguridad interior es infra inclusiva, es decir, no incluye a todos los Poderes de la Unión que debe incluir, sino solo al Presidente de la República y sus dependencias. Ello es inconstitucional porque vulnera el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución, al reunir en un solo poder (el Ejecutivo) las atribuciones de los tres que integran el Supremo Poder de la Federación en materia de seguridad interior, que aquél asume como extraordinarias, sin seguir siquiera los parámetros del artículo 29 constitucional que se activa para restringir o suspender derechos fundamentales, a excepción de los insuspendibles constitucionalmente, siendo que la LSI también prescribe situaciones generales que materialmente implican la restricción de derechos humanos, aun cuando algunos de sus preceptos digan que estos se respetan plenamente. En efecto, dicho artículo 49, dispone que

El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Como ya se ha dicho supra, los Poderes de la Unión tienen atribuciones en materia de seguridad interior, pues el artículo 119 párrafo primero de la Constitución, dispone que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas, inclusive, en cada caso de sublevación o trastorno interior, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. De igual forma, al hablar del uso de la Guardia Nacional, los artículos 76 fracción IV, 78 fracción I y 89 fracción VII de la Carta Magna se otorgan facultades al Senado para dar su consentimiento, o no, cuando el Ejecutivo trate de disponer de la Guarda Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas. En todo caso, y entendidas en forma análoga con las acciones para la seguridad interior y la declaratoria de protección para la seguridad interior, existe en el artículo 29 constitucional, la atribución del Congreso de la Unión consistente en que hallándose "el Congreso reunido" este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, como pueden ser la sublevación o trastorno interior en las entidades federativas. De ahí que, aun cuando, en las disposiciones de la LSI, incluido su artículo 1, el legislador asume un supuesto respeto a los derechos humanos en la emisión de medidas en defensa de la seguridad interior (aunque de hecho la ley violente por sí algunos de esos derechos fundamentales), ya el solo riesgo de vulneración de esos derechos, hace inconcuso que, aunado al deber de proteger a las entidades federativas, que es a cargo de "los poderes de la Unión" y no únicamente del Poder Ejecutivo, es el Congreso el Poder del Estado Mexicano la autoridad que también debería conceder o negar las autorizaciones necesarias al Ejecutivo en una situación excepcional, como las del artículo 119 de la Constitución, pues resulta un hecho notorio de que prácticamente ya no existen mandos civiles en las corporaciones de seguridad pública, porque se ha puesto a mandos militares al frente de estas en los estados y municipios con mayores problemas de seguridad pública en el país. De ahí que, la Ley de Seguridad Interior cuando mucho consumará el proceso de militarización de las policías "civiles" no solo en cuanto hace a las acciones de seguridad interior, sino inclusive en los casos de instituciones de seguridad pública, funciones que, desde el punto de vista

de los párrafos noveno y décimo del artículo 21 constitucional, han de ser de naturaleza civil. Al respecto, se advierte, en todo caso, un estado de cosas inconstitucional, a la par que ello resulta vinculado al hecho también notorio de que la LSI, en sus artículos 12 y 33, limita la atribución del Poder Legislativo federal en materia de seguridad interior, reduciéndola a únicamente la recepción de la notificación de la Declaratoria de Protección para la Seguridad Interior, por su "Comisión Bicameral de Seguridad Interior" (integrada por tres senadores y dos diputados), así como a la recepción de un informe de las acciones realizadas que le envíe el Secretario de Gobernación, aun cuando el legislador diga que ello es "sin perjuicio de las facultades de control previstas en la Ley de Seguridad Nacional". Luego, es claro que el Poder Legislativo no solo estaría llamado a expedir una ley en materia de seguridad interior una vez que incluya entre sus facultades del artículo 73 constitucional esa atribución, es decir, no solo tendría atribuciones "en abstracto" como órgano legisferante, sino además en situaciones concretas como es "cada caso" de sublevación o trastorno interior, en los cuales, como Poder de la Unión el artículo 119 constitucional le constriñe a un hacer en forma de mandato cuyo contenido deóntico es "proteger" a la entidad federativa, mediante acciones concretas como podría ser la autorización que el Ejecutivo deba solicitarle, previo a la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior", a su prórroga o, inclusive, a la conclusión anterior al plazo propuesto, así como las relativas al control y evaluación, así como a la incoación del juicio político o declaración de procedencia en contra de servidores públicos sujetos a los mismos, para el caso que incurrieren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, o en graves violaciones a los derechos humanos, y no limitarse, como hace la ley a ser simple oficialía de partes en la recepción de notificaciones o informes del Ejecutivo sobre las acciones de seguridad interior realizadas o por realizar. Más aún, en el caso del Poder Judicial de la Federación, este también es excluido por completo de la toma de decisiones del Ejecutivo, en la medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no interviene en momento alguno, ni revisa oficiosamente las decisiones del Presidente de la República en materia de seguridad interior (como sí acontece, por ejemplo, en el caso del artículo 29 de la Ley Suprema), es decir, no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de las medidas adoptadas por el Ejecutivo federal, ni se advierte prima facie que los justiciables afectados por la aplicación de las acciones y demás actos de autoridades en materia de seguridad interior sean impugnables en juicio de amparo, pues la ley solo dispone, en su artículo 34, sancionar el incumplimiento de las obligaciones previstas en la LSI y en la Declaratoria respectiva "en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", y esto no precisamente como prerrogativa de los ciudadanos afectados sino, más bien, como régimen disciplinario en los que darían vista a los tribunales de justicia administrativa, solo quienes cuentan con la información reservada del caso, esto es, las autoridades

que realizan acciones de seguridad interior, por ser precisamente las que tienen en posesión la información reservada correspondiente al caso. De ahí que los particulares realmente están en el desamparo frente a cualquier arbitrariedad o injusticia de las autoridades en materia de seguridad interior, sin existir un medio de control efectivo como podría ser la intervención de los Poderes Legislativo y Judicial en la adopción, vigilancia, control y evaluación relativos a la adopción de medidas en esa materia, o a la aplicación de las disposiciones de la ley. Lo que acontece precisamente porque la ley no tiene por objeto regular la función de los Poderes del Estado Mexicano en la preservación de la Seguridad Interior, sino únicamente equipara al Ejecutivo con el Estado. Luego entonces, a pesar de que, diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, como se verá a lo largo de los conceptos de invalidez de la presente acción de inconstitucionalidad, son marcadamente opuestas a los derechos fundamentales de los mexicanos, tales como, la privacidad, la libre expresión, asociación, reunión, petición, tránsito y residencia, etcétera, comportando materialmente una restricción o suspensión de derechos humanos no declarada, y más aún pueden serlo las decisiones administrativas que en esas normas pretenden fundarse, según se verá en el presente escrito. En ese sentido, la inconstitucionalidad del marco normativo derivado de la expedición y aparente aplicabilidad de la ley radica en que, no son los poderes de la Unión los que acudirían en auxilio y protección de las entidades federativas en cada caso de sublevación o trastorno interior, sino únicamente el Ejecutivo, o bien ni siquiera este si hace caso omiso, sin control inmediato alguno, de tales disposiciones. De esta forma, el objeto de la Ley de Seguridad Interior, previsto en su artículo 1, que es regular "la función del Estado" para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia, pero sin prever la participación de los tres poderes con división funcional de competencia, en esa preservación, como objeto, vulnera por omisión a lo previsto en los artículos 119 párrafo primero, en relación con el 29 de la Constitución. Esto es así, porque, del texto del artículo 119, primer párrafo de la Constitución, claramente se desprende: que son los Poderes de la Unión y no únicamente el Ejecutivo federal quienes tienen el deber de proteger a las entidades federativas, en caso de sublevación o trastorno interior, y que esa protección se prestará siempre que sean excitados, o por la legislatura local, o por el gobernador, si la legislatura no estuviere reunida que si solo el Presidente de la República ocurre en su auxilio, se vulnera el derecho de los Estados y de la Ciudad de México a recibir adecuadamente la protección solicitada, en tanto, el incumplimiento al principio de división de Poderes de la Unión, se aleja de la auténtica concepción de Estado protector de la seguridad interior, en el marco del federalismo y de la garantía objetiva de respeto y protección a los derechos humanos.

De ahí que, aun cuando el artículo 1 de la LSI hace referencia a que el objeto de dicha ley es regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, esa redacción deviene insuficiente, pero incluso se constata que, desde un inicio, el Congreso de la Unión no quiso darle al Estado mexicano una definición congruente con el artículo 49 que señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que, incorrectamente, equipara al "Estado" en su función de seguridad interior, únicamente al Ejecutivo federal, y tampoco entiende, según se ve de las diversas disposiciones de la ley impugnada, que por "Poderes de la Unión" debe incluirse tanto al Ejecutivo, como al Legislativo y al Judicial (como garantes de la protección que deberían prestar a las entidades federativas en caso de trastorno interior o de sublevación, y siempre actuando a petición de estas). Con lo cual el legislador federal al emitir la ley subvierte el mandato del Constituyente que ordenó que sean los tres Poderes presten coordinadamente la protección que les sea solicitada por los Estados o por la Ciudad de México en esas situaciones excepcionales. Como también establece la ley en diversos preceptos (arts. 4-I y IV, 11, párrafos primero y segundo, 12, 15 y 16), el Ejecutivo federal puede emitir, por sí o a petición de las entidades federativas, ya sea la legislatura o el gobernador, cuando aquella no estuviere reunida, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y puede ordenar o realizar a través de las fuerzas federales y/o armadas otras acciones en esa materia, sin Declaratoria o prorrogar dicha declaratoria, estas últimas aun sin petición de legislatura o gobernador. Lo que, además, altera el principio del federalismo, pues según lo establecido en los artículos 40 y 41 párrafo primero de la Constitución: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Luego, es cierto que el federalismo, es uno de los principios de la Ley Fundamental que se ve alterado al describir de forma imprecisa el objeto de la ley, con la noción de "función del Estado", que pretende regular para preservar la seguridad interior. Pero el legislador también soslaya el principio de ejercicio de la soberanía popular que debiera ser ejercido "por medio de los Poderes de la Unión" en un caso de la competencia de estos (como es el prescrito en el primer párrafo del artículo 119 constitucional) y el de soberanía popular (que, constitucionalmente, también se expresa en los artículos 40 y 41, en el hecho de que esas normas supremas aluden al régimen interior de los 30

Estados Libres y Soberanos y de la Ciudad de México, unidos en una federación y según sus principios dimanantes, en los términos de las constituciones federal y locales respectivas, sin que estas últimas puedan contravenir las estipulaciones del Pacto federal). De ahí que, si la LSI, al fijar su objeto en su artículo 1, debió establecer que este consiste en regular la función de los Poderes del Estado Mexicano para preservar la Seguridad Interior, así como para establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia, incurre al menos en una deficiencia regulativa que, una vez visto el contenido integral de la ley, se advierte que excluye de su concepción de "Estado" a la intervención que en esa materia puedan tener los Poderes Judicial y Legislativo federal, lo que confirma la vulneración al principio de división de poderes. De tal forma que, al no disponer una redacción acorde al texto constitucional, además de vulnerar los principios supremos referidos, es claro que los órganos legislativos emisores de la ley trasgredieron, por deficiente regulación en el artículo 1, así como, por trasgresión directa y frontal en otros preceptos que se combaten en subsiguientes conceptos de invalidez, lo previsto en el artículo 119 primer párrafo de la Carta Magna, en relación con el 124 de la misma constitución, precepto que indica. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Esto es así, porque, si la ley dispone que solo uno de los Poderes de la Unión, -el Ejecutivo-, deba decidir por sí, o a petición de algún poder local legitimado, cuándo se emite una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en qué condiciones, cuáles serán las acciones a realizar, o cuánto es su duración o su prórroga, y acordar las acciones en la materia sin la intervención ni el control debidos de los otros Poderes de la Unión, a fin de proteger a una entidad federativa en cada caso de sublevación o trastorno interior, es claro que limita la posibilidad de que dicho Estado o la Ciudad de México en su caso, reciban la protección completa, adecuada y uniforme de los tres Poderes de la Unión, en la medida que la ley les escatima o escamotea la eficacia de la excitativa que, en términos del artículo 119 constitucional la legislatura local, o el gobernador si aquella no estuviere reunida, planteen. Es así que, lo que subyace a la intención del legislador al señalar con tal indeterminación el objeto de la ley en materia de seguridad interior, a regular la función del Estado, no obstante que, atendiendo a una interpretación sistemática y principialista debió establecer en su articulado la función de los tres Poderes de la Unión, a la postre tenemos que, la exclusión de tales controles afecta desde su artículo 1, en el modo, la intensidad y verificabilidad en que es dable la determinación y revisión de las acciones en seguridad interior derivadas de la figura de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, vista incluso desde la perspectiva de las entidades federativas, pues es evidente que es más fácil controlar la intervención federal cuando intervienen los tres Poderes federales que

cuando el Ejecutivo se arroga toda potestar al efecto, caso en el cual existe un mayor riesgo de caprichos o arbitrariedades en el ejercicio del poder, habida cuenta la máxima que reza: "Todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente". En las relatadas condiciones es que se estima que debe declararse la invalidez de la Ley de Seguridad Interior, por inconstitucionalidad asimismo de su artículo 1. Lo cual se solicita de ese Tribunal Constitucional. Ley de Seguridad Interior. Concepto de invalidez sobre las definiciones de ley, sobre "inteligencia" para la seguridad interior y el uso "legítimo" de la fuerza.

SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. PRECEPTOS SUPREMOS VIOLADOS.Son los artículos 1°, 6°, párrafo cuarto, Apartado A, fracción I, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 7°, 9°, 22 primer párrafo, 35 fracción III y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2, 5.1 Y 2, 16.1, 23.1 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se impugnan de inconstitucionales los artículos 4 fracciones VII y X, y 30 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), porque permite a las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollar actividades de inteligencia que incluyen la "diseminación y explotación" de información supuestamente para la toma de decisiones, sin especificar la ley qué se entiende por cada una de esas acciones ni cuál es su alcance, situación que se prestaría a abusos sin sanción, más aun si se tiene en cuenta lo que el diccionario de la lengua española define al respecto; aunado a que no se establece la forma en que se transmitirá dicha información en forma de banco de datos al operar la entrega-recepción de los recursos tras la finalización de cada gobierno federal, y específicamente durante el cambio de poder ejecutivo, tampoco se hace en algún artículo transitorio, ni se fijan los criterios para su desclasificación, soslayando el emisor y promulgador de la ley, que el artículo 6° párrafo cuarto, Apartado A, fracción I de la Carta Magna señala el principio de que toda información en posesión de las autoridades del Estado Mexicano es pública y, como excepción, el hecho de que la misma sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, "en los términos que fijen las leyes", así como que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Aunado a ello, al establecer la fracción X del artículo 4 de la LSI que, mediante el uso "legítimo" de la fuerza, el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, puede controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin distinguir el caso de que la resistencia derivada de una desobediencia civil sea pacífica o no violenta, del caso diverso en que sí lo es; sin que la aparente garantía de que "toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución" pueda ser sujeta a control efectivo por parte de los ciudadanos investigados, precisamente por no contar legal ni oportunamente con información alguna de que son sujetos de las acciones de inteligencia para la seguridad interior, espionaje que dejará a las personas, incluyendo líderes de opinión y a personas de bien, en la

indefensión ante cualquier injusticia o abuso ordenado o ejecutado por las autoridades en esa materia; y si bien el artículo 30 dispone asimismo como aparente garantía el que al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por dicha Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, ello, además de no brindar controles efectivos deja de disponer lo mismo para el caso de las acciones de procesamiento, diseminación y explotación de información, en las cuales también podrían utilizar métodos no lícitos o inconstitucionales. Los preceptos legales cuya invalidez se propone declarar, en las porciones normativas subrayadas, así como por su deficiente regulación, disponen: Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (...) VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior; (...) X. Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución. Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, la definición de ley incluida en la fracción VII del artículo 4 de la impugnada Ley de Seguridad Interior, resulta inconstitucional en tanto no es conforme con las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, ya que, autoriza a las fuerzas federales y a las fuerzas militares que realicen tareas de inteligencia para la seguridad interior, a realizar acciones de diseminación y explotación de información supuestamente para la toma de decisiones en esa materia; ello sin tomar en consideración el contenido polisémico de ambos vocablos: diseminación f. Esparcimiento, dispersión de algo por distintos lugares: la diseminación de la población crea núcleos rurales pequeños y muy alejados entre sí.

Luego, si las autoridades que recolectan y procesan información en materia de seguridad interior han de andar diseminando, es decir, esparciendo o dispersando dicha información por distintos lugares, y ello lesiona la

reputación o le imputa graves infracciones o delitos a una persona, es claro que afectará la vida privada, la moral o los derechos de tercero, sin que sea dicha información necesariamente cierta o caso de ser inexacta, pero con la agravante que en tal supuesto, si la dispersión o esparcimiento de dicha información es solo entre autoridades no podrá el afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición previo a su diseminación En ese contexto, la posible dispersión, diáspora o propagación que, de acuerdo al mismo diccionario son sinónimos del término "diseminación" relativo a esa información supuestamente reservada por ley en su artículo 9, vulnera asimismo el derecho a la privacidad y hace nugatorio el derecho a la protección de los datos personales, en detrimento de la garantía reconocida a toda persona en el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución. Motivo que debe mover a ese Tribunal Pleno a declarar la invalidez de la impugnada porción normativa del artículo de la LSI. Por otra parte, los vocablos "diseminación" y "explotación" que incluye la definición de ley no pueden ser elementos del concepto de "inteligencia para la seguridad interior", si se tiene en cuenta que en ningún otro precepto de dicha LSI se repiten. Luego, si el acápite del artículo 4 comienza diciendo qué es lo que se entenderá por cada una de las partes que contiene, es evidente no hay necesidad de acudir al citado glosario respecto de los posibles elementos de las definiciones para entender lo que la ley no trata en ninguna otra parte. Con otras palabras, sería ocioso, aunque pueda generar confusión y afectar la garantía de seguridad jurídica, si se incluyen términos extraños o ajenos a la propia ley en alguna de sus definiciones, como la que se controvierte, y en esa tesitura, si la palabra "diseminación" no se relaciona con ninguna parte de la ley respecto de la información ni es necesaria para la toma de decisiones en materia de seguridad interior, pero sí es una porción normativa que, al estar vigente, pudiera ser aplicada literalmente por las fuerzas federales o fuerzas armadas en acciones de "diseminación", sin posibilidad de defensa para los afectados dadas las características de dicha ley especial. Lo mismo puede afirmarse en el caso del vocablo "explotación", pues al autorizar el legislador que las susodichas fuerzas policiales federales y armadas realicen acciones de explotación de información para la toma de decisiones en esa materia, soslaya el hecho de que el diccionario que se ha invocado, define así dicha palabra: explotación 1. f. Obtención de un beneficio de algo: explotación de un negocio. 2. Abuso de alguien para obtener un beneficio: los trabajadores se manifestaron contra la explotación de la que eran objeto en la empresa. 3. Lugar donde se explota alguna riqueza: explotación petrolífera. Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe: explotación aprovechamiento, beneficio, utilización, rendimiento, obtención

factoría, empresa, industria, fabricación, plantación, cultivo, instalación abuso, chantaje, engaño, estafa, fraude

Como puede observarse, de una simple lectura de lo definido por el diccionario en comento, el vocablo "explotación" también presenta diversas interpretaciones, e inclusive sinónimos que, de aplicarlos el o los operadores jurídicos, al realizar tareas de inteligencia para la seguridad interior, podrían incluir cualquiera de esas acciones que se equiparan a "explotación". Lo cual se complica porque la información que se explota supuestamente es para la toma de decisiones en esa materia, y sin posibilidad de interacción de la persona investigada y cuya información se explota, de tal forma que desde un inicio quedaría en indefensión. Por otra parte, si bien en el artículo 30 de la Ley de Seguridad Interior, su segundo párrafo dispone una supuesta garantía consistente en que "Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", lo que evidentemente implicaría cumplir lo previsto en el artículo 16 constitucional en materia de intervención de comunicaciones privadas, mediante la respectiva petición fundada y motivada, así como el correspondiente registro, debe decirse que la sola existencia de garantías no implica que se respete el derecho subyacente en cada caso, pues bien puede acontecer que la autoridad que solicite la autorización judicial respectiva, a la postre, no obtenga el vo.bo. judicial, o que obtenga dicha información sin haberla solicitado, hecho irregular que es propiciado por el principio de reserva de la información de que habla el diverso artículo 9 de la ley, y que en otro concepto de invalidez se combate por su propia inconstitucionalidad. Algo similar puede ocurrir, de facto, en el caso de la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, la cual, según la Constitución está libre de todo registro y su violación será penada por la ley, pero si las fuerzas federales o las fuerzas armadas tuvieren urgencia de actuar, o cualquier razón aparentemente válida para obtener dicha información ante la posibilidad de que se pierda la ocasión de obtenerla, no hay forma de control alguna que sea a la vez eficaz para impedir la acción realizada, previamente a su realización, máxime si, como se ha aducido, toda la información en esa materia es reservada, aun la obtenida irregularmente, pues a fin de cuentas, información es información. Lo anterior lleva a considerar que, aun cuando el primer párrafo del artículo 30 de la LSI dispone también la presunta garantía consistente en que al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por dicha Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, ha de decirse que contiene una norma deficientemente regulada, pues, la norma impugnada, exclusivamente debió disponer que las tareas de inteligencia se realicen mediante el uso de cualquier método constitucional, que en el caso de intervención de comunicaciones es el único lícito, aunque no comporta la violación de correspondencia tradicional, ni lo sería respecto de la correspondencia por vía electrónica. Aunado a lo ya aducido, el párrafo final del artículo 16 constitucional también establece la garantía de que en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna; de ahí que si, como parte de las acciones derivadas de una Declaratoria de Protección a la Seguridad 35

Interior en su origen lícita, se impusiera al particular la prestación de proporcionarle al ejército diversa información existente en una casa, tal hecho sería ilícito por inconstitucional, aun cuando no se le obligara a dar alojamiento o alimentos, ya no digamos si esa información es o no calificada como amenaza a la seguridad interior, pues por lo pronto la obtención de datos personales sin la voluntad de su titular ya estaría consumada en vulneración también al segundo párrafo del artículo 16. En otras palabras, no todo lo lícito es, prima facie, constitucional ya sea conforme con, o en razón de jerarquía normativa, pues tal calificativa bien puede estar referida a un Reglamento, Declaratoria o Circular, Acuerdo, orden verbal de superiores jerárquicos, o en otras normas del ordenamiento, no obstante que algunas normas de diversa jerarquía, incluso legal, pueden ser ilícitas en sí mismas, ya que esto último solo es dable predicarlo respecto de normas que sean anuladas por la autoridad judicial competente, y mientras tanto gozan de presunción de validez y de aparente aplicabilidad. De ahí que solo deberían aceptarse métodos de recolección de información que sean y parezcan constitucionales, en razón de la trascendencia de las acciones y los derechos en juego, así como de la naturaleza de los operadores jurídicos más decantados por la literalidad. Ello incluye considerar que el legislador debió prever, inclusive en el artículo 14 de la LSI, que toda Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, al autorizar las acciones de inteligencia necesarias al objeto pretendido con su emisión, debería señalar los límites a las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo para la recolección de información, y que sean exclusivamente de las que se consideran válidas desde el punto de vista constitucional, de manera que cualquier información que no tenga relación alguna con posibles amenazas a la seguridad interior no sea obtenida, a efecto de que el personal de las fuerzas armadas, las fuerzas federales y demás coordinados que participen en esas acciones respeten realmente el núcleo esencial de los derechos, de por sí ya restringidos por el artículo 16 constitucional, aunque dicho precepto supremo también impone límites a la arbitrariedad, los cuales, una vez rebasados o incumplidos, no hay licitud. Asimismo, en cuanto a la redacción deficiente que dispone que, ... Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por la Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Ello, resulta inconstitucionalidad, porque además de no brindar controles efectivos para su aplicabilidad, deja de disponer tal garantía para el caso de las acciones de procesamiento, diseminación y explotación de información, en las cuales también podrían utilizar métodos no lícitos o inconstitucionales. Motivo por el cual, debe declararse su invalidez, por deficiencia regulativa, lo cual se pide de ese Tribunal Constitucional, pues, -contrario sensu-, podría interpretarse que no existe tal garantía en el caso de las acciones de procesamiento, diseminación y explotación, al dejar de establecer dichos límites al caso de la información en materia de seguridad interior.

Finalmente, por lo que respecta al presente concepto de invalidez, la fracción X del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, es marcadamente inconstitucional e inconvencional, al señalar como elementos de la definición de ley, en cuanto al concepto "uso legítimo de la fuerza", que el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, pueda controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin distinción de los casos en que dichos actos sean de resistencia pacífica o no violenta de aquéllos que sí lo sean. En efecto, por una parte, según define la enciclopedia Wikipedia, consultable en https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_no_violenta La resistencia no-violenta, desobediencia no-violenta, acción noviolenta, no-violencia activa o resistencia pacífica es una táctica de protesta relacionada a la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. En la práctica utiliza protestas simbólicas y actos de no-cooperación en las áreas políticas y económicas. Asimismo, otro concepto de resistencia se obtiene del diccionario alojado en la página electrónica https://es.thefreedictionary.com/Resistencia con el siguiente resultado: polít. resistencia pasiva Forma no violenta de lucha encaminada a conseguir logros políticos, sociales o económicos. Desarrollada por Gandhi, su programa de acción preveía la devolución de todos los títulos y homenajes, y el boicot a las escuelas, colleges, tribunales y autoridades. Algunos ejemplos de su resistencia pasiva fueron: el juicio por sus artículos publicados en Young India en el que Gandhi se reconoció culpable y solicitó para sí mismo la pena máxima (1922) o bien el movimiento a favor del autoabastecimiento de sal en las salinas, frente al monopolio de las autoridades coloniales (1931).

Por otra parte, aunque en ese tipo de acciones reviste especial importancia el uso legítimo de la fuerza, uno de los problemas de tal definición es que no existe en México una ley general del uso adecuado de la fuerza para ese tipo de acciones, ni puede ser legítimo, racional o proporcional su uso, cuando se trata de usar técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos, sobre todo al controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia civil pacífica. En ese sentido, se tiene el problema de imprevisión de la ley, pues la fracción X del artículo 4 impugnado carece de elementos definitorios para entender y distinguir de qué habla el emisor de la norma y cuál significado le ha de atribuir el promulgador y, sobre todo, su aplicador a los términos técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos y a los verbos controlar, repeler o neutralizar, inmersos en tal definición de ley. De ahí que, si la ley alude llanamente al uso de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, pero no precisan, siquiera genéricamente, cuáles son esas técnicas, tácticas o métodos, ni garantizan el uso de armamento no letal, sin que se sepa, al menos, si existen no protocolos a seguir, o su

tenor, y tampoco aclara o distingue si por "actos de resistencia" se refiere a los que se realizan con violencia o a los que se realizan en forma pacífica o no violenta. De esta manera, es de concluir que el contenido normativo o la definición de ley contenida en la fracción X del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior es marcadamente inconstitucional, al contravenir las garantías de legalidad y seguridad jurídica en transgresión a los artículos 14 y 16 constitucionales, inclusive ante la falta de certeza de lo que debe entenderse por tales acciones. Más aun, porque, en ese punto, LSI no obliga a las fuerzas federales o armadas a observar Código de Ética alguno, no obstante que ello es indispensable, pues una de las acciones de inteligencia a realizar en materia de información en materia de Seguridad Interior es su diseminación y explotación, pero recuérdese que si obraren datos personales cuyo titular no lo ha autorizado o información obtenida que no representa amenaza alguna a la seguridad interior, ello se traduce en abuso de poder, sobre todo si, aunado a ello, pudiera manipularse, alterarse o utilizarse fuera de contexto tal información, al diseminarla o explotarla. Si bien, por otra parte, el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, escuetamente dispone que “Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.”, la eficacia de esa disposición se limita a los integrantes de las instituciones policiales que siguen instrucciones derivadas de determinadas disposiciones normativas y administrativas, pero no aplicaría expresamente al actuar de las autoridades militares en asuntos de Seguridad Interior. Es así que, el hecho de utilizar indiscriminadamente, como posible definición legal, el uso de los métodos, técnicas, tácticas o armamentos (sin especificar cuáles serían estos) inclusive en protestas pacíficas o en asambleas o reuniones públicas (por ejemplo, contra el gasolinazo) que son lícitas y llevadas a cabo para presentar una petición, las cuales no pueden considerarse ilegales, ni coartarse ni disolverse, en términos de lo previsto en el artículo 9º constitucional, se traduciría, no obstante en el uso de una fuerza estatal al controlar, repeler y neutralizar discrecionalmente las manifestaciones populares (incluso empleando armamento letal o técnicas y tácticas o métodos fascistoides que, de ninguna manera, son legítimos). Cobertura que, sin embargo, en fraude de ley, a las fuerzas armadas y fuerzas federales, les permitiría eludir el espíritu de la norma, precisamente al hacer uso de la fuerza al amparo de la letra "legal" pero inconstitucional, cuestión que es inadmisible y sumamente riesgosa para la gobernabilidad democrática. En otras palabras, si el acto de resistencia civil deriva y es provocado en realidad por el uso ilegítimo y abusivo de la fuerza militar o policial, y es, por ende, oposición justificada a esta, por haberse utilizado frente a

manifestantes que primigeniamente realizaban una protesta pacífica en términos constitucionales, es evidente que la causa de la causa sería causa de lo causado, y eso no validaría el uso por las fuerzas federales y armadas de dichas técnicas, tácticas o armamentos para controlar, repeler o neutralizar; pero en razón de que dichas fuerzas determinarían, sin sujeción a parámetros o protocolos plenamente definidos en la LSI, qué conducta asumir en casos de supuesta o real amenaza a la Seguridad Interior, al final los ciudadanos quedarían indefensos frente al uso arbitrario del poder militar o policial federal autorizado únicamente por el Presidente de la República, pero no así por los demás Poderes de la Unión. En ese tenor, según el Diccionario de la lengua española © 2005 EspasaCalpe, entre otras cosas, se entiende por: Controlar 2. Dominar o ejercer autoridad sobre una o varias personas: controlar un territorio. Repeler tr. y prnl. Arrojar, echar de sí a una persona o cosa: repeler un ataque. Neutralizar Debilitar el efecto de algo al intervenir otra cosa diferente u opuesta: he comprado una vela perfumada para neutralizar el olor del tabaco.

Pero, si tales acciones se despliegan mediante el empleo de técnicas, tácticas o métodos y armamentos frente a protestas o manifestaciones pacíficas de ciudadanos, pretextando repeler, controlar o neutralizar actos de resistencia y supuestas amenazas a la Seguridad Interior, el uso de la fuerza no garantizaría legitimidad alguna, por la sencilla razón de que no sería racional ni proporcional; más bien, sería un mecanismo creado para reprimir el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, derecho de reunión y asociación, tránsito o residencia, sobre todo cuando opositores al régimen combatan alguna injusticia provocada por autoridades constituidas. Por lo tanto, ante la amplitud de la definición legal que tendría el impugnado concepto de "Uso legítimo de la fuerza", se debe considerar que ese entendimiento de los emisores de la ley vulnera los artículos 1º, 7º, 9º y 11 de la Constitución federal, y por tanto debe ese Tribunal declarar su invalidez. Puesto que, el atribuir por ley a los actos de resistencia ciudadana pacíficos, o de personas, que pueden ser de lo más variados, como, por ejemplo, las formas de lucha en ejercicio de las libertades de asociación y reunión en materia política, evidentemente configura un uso excesivo de la fuerza, y por ende, ilegítimo e inconstitucional sobre todo si dichos movimientos sociales de resistencia son no violentos, pacíficos y conformes con lo previsto en la Constitución y los tratados de derechos humanos.

En ese sentido, el artículo 9° de la Constitución reconoce que: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Tampoco es válido que las fuerzas armadas o las fuerzas federales realicen acciones de aparente uso legítimo de la fuerza, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, a partir de provocar mediante agresiones con diversas técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos a quienes llevan a cabo legítimos movimientos de resistencia pacífica, pues su utilización no sería racional ni proporcional, aun cuando en tales circunstancias los manifestantes respondieran a la provocación, pues también existe la garantía de legítima defensa que autoriza a las personas a repeler cualquier agresión actual, real, directa y sin derecho de parte de terceros o de autoridades. De ahí que la definición de ley sea deficiente y no tiene razón de ser, en tanto no distingue el empleo del uso legítimo de la fuerza cuando quienes realizan actos de resistencia lo hacen de manera pacífica frente a los que lo hagan violentamente y sin derecho. Motivo por el cual, también debe declararse la invalidez por inconstitucionalidad de la porción normativa impugnada contenida en la fracción X del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior. De manera adicional, ha de concluirse que la forma en que el legislador entiende la ley impugnada lo referente al "uso legítimo de la fuerza" es inconvencional y contraviene lo establecido en los artículos 15 y 16 del Pacto de San José, que dicen: Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Artículo 16. Libertad de Asociación 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

En ese contexto, la regla general de la libertad de reunión y asociación, si bien admite restricciones que sean "necesarias" en una sociedad democrática, ello no acontece en el caso de una ley de seguridad interior que supuestamente asume el respeto pleno a los derechos fundamentales, pues en interés de la seguridad nacional, el derecho a la resistencia pacífica de protesta contra un acto de autoridad no es motivo alguno para restringir tales derechos ni el ejercicio de la libertad de expresión, dado que está reconocido el derecho de reunión pacífica y sin armas. Como ya se ha dicho, incluso el artículo 9 de la Constitución, al disponer que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar, contrario sensu, implica que las reuniones no armadas y las que se realizan de manera pacífica, aun cuando sean actos de resistencia civil, no pueden estimarse ilegales ni pueden ser disueltas cuando tengan por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad. Incluso si hubiere injurias, ello no motivaría el uso de la fuerza pues las autoridades están expuestas a un grado mayor de escrutinio público, y disponen de medios legales de defensa en caso de que ello les afecta su honor y privacidad. De ahí que, también deba declararse la invalidez de la definición o de lo que entiende el legislador federal en el artículo 4, fracción X de la Ley de Seguridad Interior, dada su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

SÉPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ. PRECEPTOS SUPREMOS VULNERADOS.- Son los artículos 16 primer párrafo, 29, 49, 119 primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se impugnan los artículos 5, 11 y 12 de la Ley de Seguridad Interior, porque por una parte confiere únicamente al Ejecutivo la facultad de aplicación de la ley, quien podrá ordenar la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior, si bien contará con la participación de sus dependencias y de las fuerzas federales y fuerzas armadas en coordinación con otros órdenes de gobierno; por otra parte, excluye de la aplicación de la ley a los poderes Legislativo y Judicial, reduciendo la actividad del Congreso de la Unión, a través de su Comisión Bicamaral en la materia, a la simple recepción de la notificación de la Declaratoria emitida por el Presidente de la República y a la recepción de un informe del Secretario de Gobernación, pero sin mayor intervención en materia de Seguridad Interior. Los artículos cuya invalidez se plantea declarar, disponen lo siguiente: Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia. Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas: I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional. Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.

El artículo 5 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), no es conforme con las normas de los artículos 16 primer párrafo, 29, 49, 119 primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la medida que, desde un inicio, sus disposiciones cancelan el principio de división de poderes al conferir solo al Ejecutivo federal la facultad de aplicación de las disposiciones de dicha ley, sin observar para ello los parámetros previstos en el artículo 29 de la Constitución. Ello es así, aun cuando al facultar al Ejecutivo para aplicar la ley, su artículo 5, diga que esa atribución será a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, y en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, porque de todas formas resulta insuficiente por excluir a los Poderes Legislativo y Judicial de la aplicación referida. De manera similar, el artículo 11 de la misma ley que se impugna, deviene inconstitucional en la medida que también excluye a los otros dos poderes de la Federación “por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas” de manera 42

previa o con posterioridad a la emisión por el Ejecutivo federal de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y respecto de la orden del Presidente de la República de intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior. En efecto, por una parte, el emisor de la norma impugnada omitió prever el deber del Presidente de la República de pedir autorización del Congreso o de autoridad judicial alguna previo a emitir o publicar el Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior; situación que, desde nuestra perspectiva, es violatoria inclusive del artículo 119, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que dispone: Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

Pues, como se advierte nítidamente de su contenido, el precepto trasunto establece que los Poderes de la Unión, y no únicamente el Ejecutivo, prestarán igual protección a las entidades federativas, en caso de sublevación o trastorno interior, que son precisamente la materia de Seguridad Interior. En ese contexto es que, según la ley controvertida, la actuación del Poder Legislativo federal se limita, en términos del artículo 12 de la LSI, a la recepción ‘a toro pasado’ de la notificación de la Declaratoria referida, de parte de su Comisión Bicameral de Seguridad Interior, integrada únicamente por tres senadores y tres diputados, así como a la recepción de un informe de las acciones realizadas que le envíe el Secretario de Gobernación, conforme al artículo 33, aun cuando el legislador diga que lo informado es "sin perjuicio de las facultades de control previstas en la Ley de Seguridad Nacional”, pues, como se dispone asimismo en el primer párrafo del también impugnado artículo 11 de la misma ley, en las acciones relativas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior, que corresponde realizar a “las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno”, ninguna intervención relevante o de control efectivo tienen los Poderes de la Federación distintos al Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial de la Federación, este también es excluido por completo de la toma de decisiones relevantes del Ejecutivo, en la medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no interviene en momento alguno, ni revisa oficiosamente las decisiones del Presidente de la República en materia de seguridad interior, para determinar su constitucionalidad o no, como sí acontece, en contraste, en el caso del artículo 29 de la Ley Suprema de la Unión, es decir, la SCJN no se pronuncia sobre la validez o invalidez de las medidas adoptadas por el Ejecutivo federal, a pesar de que, diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, como se verá a lo largo de los conceptos de invalidez de la presente acción de inconstitucionalidad, son marcadamente opuestas 43

a los derechos fundamentales de los mexicanos; tales como: la privacidad, la libre expresión, asociación, reunión, petición, tránsito y residencia, etcétera, comportando materialmente una restricción o suspensión de derechos humanos no declarada, y más aún pueden serlo las decisiones administrativas que en esas normas pretenden fundarse. En ese sentido, la inconstitucionalidad del marco normativo derivado de la expedición y aparente aplicabilidad de la ley radica en que, no son los poderes de la Unión los que dicen acudir y cómo en auxilio y protección de las entidades federativas en cada caso de sublevación o trastorno interior, ni participan en la definición de en qué puede consistir o no ese auxilio, vulnerando así el mandato previsto en el primer párrafo del artículo 119 constitucional, ya trascrito supra. Pero es que, del numeral 119 constitucional, claramente se desprende:  que son los Poderes de la Unión y no únicamente el Ejecutivo federal quienes tienen en deber de proteger a las entidades federativas en caso de sublevación o trastorno interior, y  que esa protección se prestará siempre que sean excitados, o por la legislatura local, o por el gobernador, si la legislatura no estuviere reunida. De ahí que, aun cuando el artículo 5 de la LSI dispone que su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, esa redacción deviene insuficiente, porque el órgano emisor y promulgador de la norma omite darle a los Poderes Legislativo y Judicial una facultad similar de aplicación e interpretación de la Ley. Aunado a lo cual, se advierte asimismo que, el artículo 11 de la LSI, al disponer que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de los poderes locales competentes, vulnera el federalismo previsto como principio de en los artículos 40 y 41 párrafo primero de la Ley Suprema de la Unión. Esto es así, puesto que, de una simple lectura del primer párrafo del artículo 119 constitucional se advierte que en cada caso de sublevación o trastorno interior, la protección federal se prestará “siempre que sean excitados” los Poderes de la Unión por la legislatura local, o por el gobernador, si aquella no estuviere reunida, pero no se faculta constitucionalmente al Presidente de la República a ordenar la implementación de acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, mediante la emisión de la referida Declaratoria al suponer o existir amenazas a la Seguridad Interior, sino solo a petición debidamente motivada de la autoridad local competente, pues es de esa manera que puede verificarse si tales amenazas al orden interior comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla. De otra forma, el Ejecutivo al hacerlo “por sí” y sin contar siquiera con el consenso de los otros poderes de la Federación, podría incurrir en abuso de poder, al adoptar la práctica de ordenar a la federación (léase, fuerzas

armadas y fuerzas federales) de intervenir incluso donde no se requiera de acuerdo a las capacidades estatales. Sin que sea óbice a lo anterior mencionado, el que la fracción VI del artículo 89 autorice al Presidente de la República a disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, para implementar acciones de seguridad interior, pues atendiendo al principio de interpretación sistemática y teleológica de las reglas de derecho, las normas que lo facultan no existen ni se aplican aisladamente en el ordenamiento constitucional, sino conjuntamente con las demás atinentes del ordenamiento jurídico; por ende, su aplicabilidad tiene presupuestos, condiciones y requisitos que deben configurarse y cumplirse, incluso a nivel normativo, sin soslayar tal situación el emisor de las normas generales, como acontece en el caso de los artículos 11 y 12 de la Ley de Seguridad Interior que son materia de controversia, dado que, la interpretación constitucional requiere un escrutinio mucho más intenso cuando están en juego derechos fundamentales, como pueden ser: la vida, la integridad física, la libertad, la privacidad, y las demás libertades, así como la seguridad pública que también reconoce el orden jurídico nacional en el artículo 21 constitucional bajo esos principios. De lo aducido es, entonces, de concluir que dichos preceptos legales, no son conformes con lo establecido en el primer párrafo del artículo 119 constitucional, pues si dicho precepto supremo impone a los Poderes de la Unión el deber de prestar protección a las entidades federativas que, teniendo algún conflicto de la gravedad de una sublevación o trastorno interior, lo soliciten a los susodichos Poderes federales, es inconcuso que la ley que desarrolle esa norma constitucional debe prever mecanismos y disposiciones que permitan su aplicación también por cada uno de los poderes federales, a fin de que puedan cumplir dicha obligación. Con lo cual, los artículos 5, 11 y 12 de la LSI tampoco guardan congruencia con el artículo 49 constitucional que señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la medida que, exclusivamente, asignan al Ejecutivo la función de aplicar la Ley de Seguridad Interior, y de ordenar Declaratorias de Protección a la Seguridad Interior, con miras a la protección que deben prestar a las entidades federativas en caso de trastorno interior o de sublevación. Es así, que el legislador federal, subvierte el mandato del Constituyente que ordenó que sean los tres Poderes los que presten la protección que les sea solicitada por los Estados o por la Ciudad de México en esas situaciones excepcionales, lo que debería reflejarse incluso en la función de los tres poderes, de aplicar sus disposiciones, evidentemente, en el marco de sus respectivas competencias. Motivo por el cual, se solicita de ese Tribunal Constitucional declare la invalidez de las normas impugnadas, considerando deficientemente regulados los artículos 5, 11 y 12 de la Ley de Seguridad Interior, para los efectos a que haya lugar.

OCTAVO CONCEPTO DE INVALIDEZ. PRECEPTOS SUPREMOS VIOLADOS.Son los artículos 1, 7o., 9o., 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 29 párrafo segundo, 35 fracción III, 41 bases I párrafo segundo y III, Apartado C., primer párrafo, 99, 133 y 134 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2, 16.1, 27 segundo párrafo y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se impugna el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior porque de su contenido, contrario sensu, o de manera implícita, pueden considerarse como amenazas a la seguridad interior, -y ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior-, tanto las movilizaciones de protesta social como las que tengan un motivo político-electoral, si no se realizan de conformidad con la Constitución, lo cual es un contrasentido, pues las manifestaciones referidas son expresión de las libertades y derechos de reunión y asociación que la propia Constitución reconoce a toda persona y organización de objeto lícito. El precepto cuya invalidez se plantea declarar en la porción normativa subrayada, o en su integridad, pues dispone: Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

El artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior vulnera los derechos de reunión, asociación en materia político-electoral, libre expresión y libre tránsito, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, competencia, fundamentación, motivación, y los principios rectores de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad electorales, así como los preceptos supremos invocados con antelación; ello, porque de su redacción, es inminente que algún operador jurídico puede entender, contrario sensu, el ejercicio de esos derechos fundamentales como amenazas a la seguridad interior, y estimar, por ende, que tanto las movilizaciones de protesta social como las que tengan un motivo políticoelectoral y que no se realicen de conformidad con la Constitución, cuando no se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Es decir, el precepto legal sujeto a estudio, no solo comporta una prohibición en su contenido literal directo, sino que, de la porción normativa subrayada que expresa: que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se advierte de su contenido implícito y leído en sentido contrario una norma que autoriza al Presidente de la República para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, de considerar como amenazas a la seguridad interior, la circunstancia de que alguna de esas movilizaciones no se realicen de conformidad con la Constitución, y que, por ende, pueden ser materia de la Declaratoria susodicha, aunque sean infracciones de índole diversa a esa materia. Lo cual deviene absurdo.

En ese sentido, si bien la norma del artículo 8, prima facie, prohíbe considerar esos actos como amenazas ciertas a la seguridad interna de las entidades federativas, al final del día, la aparente prohibición, leída en sentido contrario, implicaría la permisión o autorización aduciendo la cual puede el Presidente de la República considerar ambos tipos de movilizaciones ciudadanas como amenazas a la seguridad interior y a tenerlas como materia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, de realizarse sin la debida conformidad constitucional, con todo lo que ello implica, como lo es la realización de acciones para la seguridad interior, la inteligencia para la seguridad interior y hasta el uso supuestamente legítimo de la fuerza. De esta forma, rebuscada pero posible, las fuerzas armadas y fuerzas federales, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno (antes, durante y después de efectuarse las movilizaciones ciudadanas o partidistas) podrían en acciones para la seguridad interior: identificar, prevenir, atender, reducir y contener cualquier cosa que estimen como riesgos y amenazas a la seguridad interior; recolectar, procesar, diseminar y explotar información supuestamente en esa materia (es decir, espiar), y utilizar técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución (es decir, reprimir), aun si esa resistencia fuere pacífica o no violenta, con tal que el señor presidente de la República, teniendo o no animadversión hacia los manifestantes interprete esos eventos -incluso, desde su convocatoria, realización o en momento diverso- como realizados de manera no conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto (des)calificarlos como amenaza a la seguridad interior, asunto que, -legal, pero inconstitucionalmente-, podría incluir en la Declaratoria respectiva. Ello, evidentemente deviene peligroso y una restricción inadmisible en una sociedad democrática que, en realidad, se erige en un riesgo y amenaza inminente al ejercicio de las libertades de los ciudadanos y demás mexicanos, limitantes que no armonizan con el deber de protección y garantía de los derechos fundamentales, sino precisamente con lo opuesto: su vulneración anunciada en ley. Lo absurdo es que, por una parte, las movilizaciones de protesta social y las que tengan algún motivo político electoral, siendo derechos fundamentales se puedan llegar a considerar como amenazas a la seguridad interior, siendo que no están contemplados como tales en el artículo 4 fracción II de la Ley de Seguridad Interior ni en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), precepto al que remite; tampoco se vulneran los principios en esa materia a que se refiere el artículo 3 de la LSI y 4 de la LSN, ni dice el artículo 8 impugnado, en qué casos concretos y determinados podría una movilización de esa índole ser estimado como amenaza a dicha seguridad interna, de modo que ameritase la aplicación de la Ley mediante la referida Declaratoria y sus acciones resultantes. De esa manera, si la ley no dice qué situaciones presumiblemente contrarias a la Constitución en que incurran los integrantes de las movilizaciones de protesta social y/o con motivo político-electoral pueden considerarse amenazas a la seguridad interior y activar, por ende, los

dispositivos legales referidos, es claro que con ello se violenta el principio de seguridad jurídica, así como de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad electorales, pues se pretendería privar del ejercicio de las libertades fundamentales, o incluso causar molestias a los manifestantes, que concurren en el caso del derecho a la movilización popular en actos por la democracia social o electoral y política. Como es sabido, las susodichas movilizaciones de inconformidad popular, así como las de carácter político-electoral, son derechos reconocidos a toda persona en el artículo 9o. de la Carta Magna, cuyo contenido esencial comporta ejercer tanto las libertades de asociación y reunión, como la legítima expresión de sus inconformidades y ofertas políticas o electorales que, a su vez, permite el artículo 7o. constitucional poder realizar sin censura previa y sin cortapisa alguna, como es propio de una sociedad democrática. Por otra parte, es autoevidente que las movilizaciones con un motivo político-electoral están permitidas a todos los ciudadanos, candidatos y partidos políticos en términos de los artículos 35 fracción II y 41 de la Constitución, así como el 16.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De ahí que, en todo caso, si hubiere alguna vulneración con motivo o en ocasión de alguna movilización, a los derechos de terceros, a las normas electorales, o bien alguna trasgresión del orden público o se cometiere algún delito, ello serían asunto de las autoridades de seguridad pública, o de la competencia del ministerio público y las autoridades judiciales, o bien, de las autoridades y tribunales electorales, en términos de los artículos 20, 21 o 99 de la Ley Suprema de la Unión, pero no tiene que ser un tema de pronunciamiento del Presidente de la República al expedir Declaratoria alguna, ni tampoco de acciones de las fuerzas federales y fuerzas armadas en materia de seguridad interior, pues de intervenir la autoridad militar en esos asuntos civiles se violentarían los artículos 13, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 17 párrafo segundo y 133 constitucionales, además de los mencionados con antelación, por razones de (in)competencia e indebida motivación y fundamentación de actos de autoridad. El asunto de la invalidez radica, por una parte, en que ni el Presidente de la República que emite la Declaratoria referida, ni las fuerzas armadas y fuerzas federales que la ejecutan, así como tampoco las demás autoridades federales que participan en la realización de acciones para la seguridad interior pueden ser autoridades competentes para determinar cuándo una movilización de protesta o político-electoral es conforme o no con la Constitución, ni para decidir las consecuencias jurídicas que podría traer aparejada la realización no autorizada de mítines post-electorales o de campaña electoral, o actos de resistencia civil pacífica para rechazar alguna política pública, o los que se convocan, por ejemplo, para pedir la renuncia o revocación de mandato de algún funcionario, o para demandar el cumplimiento de promesas electorales, aun cuando en dichas movilizaciones se profirieren injurias o amenazas contra servidores públicos u otras personas, pues en todo caso serían las autoridades y tribunales electorales quienes deben conocer y resolver el procedimiento

especial sancionador electoral incoado al efecto, o los jueces civiles, nunca los militares. Es de considerar que ninguno de los actos señalados en el párrafo que antecede configura algún supuesto de amenazas a la seguridad interior, en términos del artículo 3 de la Ley de Seguridad Interior ni de los artículos 4 o 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y no tiene sentido que el legislador haya establecido que si algún evento se realiza conforme con la Constitución no es materia de seguridad interior, pues ello dejaría en manos de los aplicadores de la ley, violando la garantía de competencia, la determinación de si considera o no como amenazas a la seguridad interior, activar las consecuencias de tales situaciones, como sería la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que ninguna amenaza sufre, y que, por el mero hecho de incurrir en cualesquier infracción a la Carta Magna, aun cuando no encuadren en los supuestos que las leyes señalan taxativamente como amenazas a la seguridad interior o a la seguridad nacional. En otras palabras: no toda acción o acontecimiento que se realice infringiendo algún precepto de la Constitución puede ser considerado como amenaza a la seguridad interior; de entender lo contrario, un operador jurídico dela norma (Presidente de la República, fuerzas armadas, o fuerzas federales, etcétera) podría llegar al extremo de pensar que, por ejemplo, si un grupo de personas que ya no cree en los partidos políticos o en las elecciones, ni tiene confianza en las autoridades se reúne y llama a no votar, ello no supone una amenaza a la seguridad interior, aun cuando se afirmara que no estarían realizando una movilización conforme a la Constitución, incluso si fuere pacífica y sin armas, en tanto que, el artículo 36 de la Carta Magna obliga a los ciudadanos de la República a votar, y el 38 impone como sanción aplicable, la suspensión de derechos políticos por un año a quien no cumpla con su deber de sufragio en las elecciones populares, pero, como se sabe, también existe la posibilidad de anular el voto en la boleta electoral, y los votos nulos se cuentan en la jornada electoral; aunado a que, en todo caso, la competencia para conocer y en su caso sancionar a quienes incurran en esas conductas, incluso vía movilización sería de la autoridad electoral nacional y del Tribunal Electoral, no del Presidente de la República, quien, al pertenecer a un partido o fuerza electoral, previsiblemente tiene o puede tener interés contrario, político o ideológico con los manifestantes, situación que puede viciar la emisión y contenido de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. En ese contexto es que, de validar el contenido del impugnado artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, o en caso de desestimar los conceptos de invalidez esa Suprema Corte, no obstante que la mayoría de Ministros decidan estimar inconstitucional dicho precepto, y fundados los argumentos planteados en los conceptos de invalidez, se llegaría al extremo -por quienes lo convaliden- de poner en riesgo de mayores y constantes restricciones a los derechos humanos coartando o dificultando el ejercicio de las libertades de asociación, reunión, expresión, tránsito, así como de participación política directa en los asuntos públicos del país o de sus entidades federativas, esto porque la consecuencia de una decisión desestimatoria o validatoria de la norma impugnada sería marcializar o

excluir de la competencia de los jueces de amparo, de los electorales y de las demás autoridades civiles, administrativas o jurisdiccionales competentes, el conocimiento, investigación y resolución de cualesquier conducta supuestamente irregular realizada a través de movilizaciones de protesta social o con motivos político-electorales cuando el Presidente de la República estime que estas no se realizaron o que no se realizarán conforme con la Constitución, o en tanto las fuerzas armadas y/o federales realicen acciones tendentes a verificar, -previamente o en forma posterior a una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior-, si, respecto de esos eventos públicos, se cumple o no, la pretendida regularidad constitucional, en caso de estimar a dichas movilizaciones como amenazas a la seguridad interior, y aun cuando las leyes de seguridad interior y de seguridad nacional no las prevean expresamente como tales. Incluso, podría ser opuesto al principio de imparcialidad, reconocido en el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución, el hecho de posibilitar que el Presidente de la República use de los recursos públicos que, puestos a su disposición, se erogan al disponer de las fuerzas federales y las fuerzas armadas para influir, mediante la Declaratoria de Protección y consecuentes acciones en materia de seguridad interior, tales como, la inteligencia y el uso aparentemente legítimo de la fuerza, para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y candidatos. Lo cual es inadmisible en una sociedad democrática. Es así que la expedición de la Ley de Seguridad Interior (LSI), reglamentaria de las normas constitucionales en esa materia no debería soslayar el deber estatal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución, con independencia que sus emisores y el órgano promulgador soslayan que el parámetro constitucional a desarrollar pasa por el principio de presumir fundadamente que las movilizaciones de protesta social y/o con un motivo político-electoral se realizan siempre de manera lícita, al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es en tal ejercicio de los derechos de reunión, asociación y de libre expresión en las que los ciudadanos y líderes de opinión despliegan sus convicciones democráticas y controlan popularmente el ejercicio del poder cuando haya motivos de reproche legítimo hacia las autoridades. Con otras palabras, la observancia de ese deber estatal, ha de traducirse en regulación que tienda a prevenir cualquier posible vulneración a los derechos fundamentales, a efecto de no convertir en destinatarios de las acciones y medidas preventivas y reactivas dispuestas en la misma, a personas ajenas a las conductas que signifiquen alguna amenaza a la seguridad (a que alude el primer párrafo del artículo 119 constitucional), tales como: rebelión, motín o trastorno interior o a las que señala el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, la regulación impugnada no debería confundir la manera legítima en que las personas realizan protestas o ejercen derechos de expresión, tránsito, residencia, reunión, asociación, petición o participación política en los asuntos públicos, y una LSI no debe ser pretexto para coartar o inhibir libertades bajo interpretaciones diversas de las fuerzas armadas y

federales, como podría acontecer respecto de las disposiciones del proyecto en análisis. En ese sentido, sería importante que se señale expresamente que, bajo ninguna circunstancia puedan ser consideradas como amenazas a la seguridad interior las movilizaciones de protesta social o aquellas que tengan un motivo político-electoral, ni serán materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. De otra forma, el Presidente de la República, al arrogarse facultades que no le competen, como es el de entender -bajo un método de interpretación contrario sensu-, cuándo una movilización de protesta social, o aquella que tenga un motivo político electoral, es realizado o no de conformidad con la Constitución, tiende a hacer muy peligroso el ejercicio de las libertades políticas y sociales de los ciudadanos y organizaciones legítimamente constituidas, pero que quizá son disidentes en un régimen que se excede en el ejercicio de la autoridad; pues, ante tal regulación prevista en ley no es difícil imaginar la multiplicidad de conflictos que, en lugar disminuir en base al diálogo y a la concertación, tenderán a agudizarse y aumentar en forma exponencial; lo que puede acontecer por ejemplo en las elecciones o en asuntos post-electorales, en las que el régimen gobernante en turno, deliberadamente equivocado en su percepción de la realidad social, intente intervenir y alterar el curso de los procesos electorales, es decir, la norma es en realidad un arma para su uso exclusivo en contra de la oposición y de la disidencia política, propio de regímenes antidemocráticos y tan autoritarios como se use de esa atribución inconstitucional. Motivo por el cual, se sugiere a ese Tribunal Pleno declare la invalidez total del artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, o al menos en la porción normativa que reza: que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ. PRECEPTOS SUPREMOS VIOLADOS.Son los artículos 1o., 6o., 14 párrafo segundo, 16 primer y segundo párrafos, 17 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1, 2, 13.1 y 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se estima inconstitucional los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), en tanto, el órgano emisor y promulgador de la norma pretenden configurar un régimen de opacidad de la información mediante acciones de inteligencia para la seguridad interior, las derivadas del uso "legítimo" de la fuerza y aun aquella que, en materia de Seguridad Interior, están obligadas a proporcionar las autoridades federales y los órganos autónomos que les requieran las autoridades que intervengan en términos de la LSI, sin que al efecto se establezcan límites de temporalidad o de contenido, excepciones, ni las razones específicas de su obtención caso por caso, aunado a la ausencia de garantías de respeto y protección de los datos personales de aquellos mexicanos y ciudadanos cuya información en realidad no tenga ese carácter.

Los preceptos legales cuya invalidez se solicita declarar, respectivamente dicen: Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley. En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.

En efecto, los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (o LSI), al disponer la reserva de la información y al considerar "de seguridad nacional" la que se genere al aplicar la ley, o bien, al requerirla de las autoridades federales y de los órganos autónomos por parte de las autoridades que intervienen en los términos de la misma ley, vulnera los preceptos constitucionales y convencionales invocados, así como los principios de temporalidad y máxima transparencia, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, fundamentación y motivación, toda vez que, del contenido de dichas normas legales, inter alia, se desprende: i. el diseño normativo de un régimen de opacidad de la información generada mediante acciones de inteligencia para la seguridad interior, o derivadas de lo que el propio emisor y promulgador de la norma entienden por el uso legítimo de la fuerza, o requerida a otras autoridades federales y de órganos autónomos ii. la inexistencia de límites temporales o de contenido a la información en materia de seguridad interior iii. la imprecisión de dar razones específicas de su obtención caso por caso cuando es requerida, y iv. la ausencia de garantías de respeto y protección de los datos personales de aquellos mexicanos y ciudadanos cuya información en realidad no tenga ese carácter. En efecto, al clasificar como información "de Seguridad Nacional" y, por ende, reservada, toda aquella información generada con motivo de la aplicación de la ley, el emisor de la norma, en el artículo 9 de la LSI dispone un régimen de total opacidad al manejo de la información referida, pues aun cuando diga el precepto que, por ende es "reservada", y que ello es "en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables", pretende situar su naturaleza jurídica entre los casos de excepción que prevé la fracción I del Apartado A, cuarto párrafo del artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que, en lo atinente, dispone: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

El precepto constitucional señalado proclama, por una parte, como regla general, el hecho de que "toda la información" en posesión de las autoridades que relaciona y la de los partidos políticos o sindicados, es pública y que, respecto de la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Por otra parte, cita como excepción, la reserva de información "temporalmente" por razones de interés público y seguridad nacional. Es por ello, que el emisor del artículo 9 de la citada LSI, al considerar "de Seguridad Nacional" la información que se genere con motivo de la aplicación de la misma ley, si bien matiza el legislador diciendo que ello es así "en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables". Con ello es claro que el emisor y el órgano promulgador de la norma acuden a un diseño normativo de completa opacidad de la información generada mediante acciones de inteligencia para la seguridad interior, o las derivadas de lo que el propio emisor y promulgador de la norma entienden por el uso legítimo de la fuerza, o que es requerida a otras autoridades federales y de órganos autónomos en esa misma materia. Sin embargo, tal opacidad, vinculada al hecho de considerar -según el artículo 9-, como de Seguridad Nacional toda la información generada mediante la aplicación de la LSI, no implica que toda aquella información que se obtenga de las acciones de inteligencia o de uso de la fuerza, o la requerida en materia de seguridad interior, sea necesariamente de esa naturaleza, pues bien puede acontecer que al aplicar la ley referida se obtenga información a la pretendida, y que no toda tenga relación con alguna amenaza a la seguridad interior de las identificadas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y que motivara inicialmente las acciones de las que derive su obtención. Inclusive, puede acontecer que al requerir los operadores jurídicos, información "en materia de seguridad interior" a una autoridad federal u órgano autónomo, finalmente, al remitir la información supuestamente requerida, por error envíe otra que no sea materia de seguridad interior, y por ende no pueda ser de aquella que, en la lógica del legislador, es considerada como de seguridad nacional. De lo antes expuesto, se estaría en presencia de una inexistencia de límites de contenido respecto de dicha información, pues aun cuando, prima facie, la generada al aplicar la ley es generalmente materia de seguridad interior, en ocasiones no lo es y, por tanto, resulta irregular que 53

el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, parta siempre de la premisa de que "la información que se genere" con motivo de la aplicación de esa ley sea siempre considerada "de Seguridad Nacional", cuando no siempre tiene que ver con la de seguridad interior, que es por cierto información específicamente distinta, en tanto habrá casos en que determinada información se refiera por ejemplo a datos personales de ciudadanos, personas o mexicanos que nada tienen que ver con posibles amenazas a la seguridad interior, porque no intentan sublevarse, causar trastornos ni desestabilizar las instituciones del país o de las entidades federativas, sino que, simplemente dicha información puede surgir al realizarse alguna acción de inteligencia o, inclusive, en alguna incursión de las fuerzas armadas o fuerzas federales que obtuvo información diversa o adicional a la buscada. De esta forma, lo inconstitucional radicaría en el hecho de que, por ejemplo, no siendo materia de seguridad interior, y que, pudiendo ser, en ciertos casos, información relativa a datos personales cuya disposición solo corresponde a su titular personalísimo, a final del día, esa información sea procesada, diseminada y hasta explotada, además de reservada para su auténtico titular, no obstante que, como regla general, deba ser confidencial y solo disponible para su titular. De ahí que el artículo 9 y, en su caso, el 31 de la Ley de Seguridad Interior, al dejar de prever límites sobre el contenido de la información, de manera que, aun generada con motivo de la aplicación de la LSI, determinada información referente por ejemplo a datos personales no deba ser considerada como de Seguridad Nacional, y por ende, que no sea reservada, ni protegida en pro su titular, es inconstitucional, en la medida que la regulación de su recolección, procesamiento, diseminación y explotación, son causa de molestias ilegítimas y también infringe lo previsto, tanto en la fracción II del apartado A, del cuarto párrafo del artículo 6o., como los párrafos primero y segundo del artículo 16, ambos preceptos de la Carta Magna, que respectivamente disponen: Artículo 6o. (...) (...) (...) Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: (...) II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (...) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...) 54

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Lo anterior, porque, además de que la ley impugnada, en ninguno de sus artículos ordena a las autoridades que intervienen en su aplicación, el fundar y motivar sus actos, de cualquier forma, aunque se estableciera ese deber expresamente, no podrían motivar ni fundar cómo es que pueden disponer libremente de información obtenida irregularmente o por error, pero que no es necesariamente información sobre amenazas a la seguridad interior. De ahí otro motivo de invalidez, por el estado de indefensión y molestias o agravio que su aplicación mecánica puede producirle a las personas ajenas al objeto de la ley, y cuya información haya caído en manos de autoridades en materia de seguridad interior. En todo caso, la LSI no contempla esos límites de contenido en la información generada en labores de Inteligencia para la Seguridad Interior. Por ejemplo, si algún ciudadano sospecha que datos personales suyos obran indebidamente en archivos o bases de datos procesados tras alguna acción de Inteligencia, quedaría en indefensión si se aducen razones de Estado para no permitirle combatir la ilegalidad del procedimiento de obtención y del manejo espurio de esa información, siendo él ajeno a cualquier asunto que pueda relacionarse con una amenaza a la seguridad interior. En esa tesitura, no podría el ciudadano ajeno a esas cuestiones, ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición al procesamiento, diseminación y explotación de sus datos personales que indebidamente se encuentren en manos de autoridades que intervienen en asuntos de seguridad interior, sencillamente porque no es enterado ni notificado de ello, quedando en total indefensión. En ese mismo tenor, pero respecto de la inexistencia de límites a la temporalidad de la reserva de información considerada en el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior como "de Seguridad Nacional" a aquella generada con motivo de su aplicación, precisamente el artículo 6o., párrafo cuarto, apartado A, fracción I, líneas arriba trascrito, aun cuando dispone que la información podrá ser reservada por razones de seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, también refiere que dicha reserva será "temporalmente", es decir que, aun si las acciones para la seguridad interior dan como resultado información cuyo contenido sea considerado como de seguridad nacional, no por ello su reserva será permanente, sino que debe acotarse en el tiempo. No obstante, la redacción del impugnado artículo 9 de la LSI no permite inferir si la reserva que deriva del hecho de lo que el legislador estima como información de seguridad nacional, sea permanente o temporal y, en su caso, por cuánto tiempo se mantendría esa reserva respecto de la totalidad de la información generada en la aplicación luego, por ejemplo, de la emisión de cada Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pues dicha opacidad no debe ser para siempre, no puede ser eterna. 55

Sobre todo, cuando, además, tras cada cambio de gobierno federal, dicha información pasa de manera inexacta o con alteraciones a posesión de un nuevo gobierno o titular del área de Seguridad Interior, si, incluso, desconocen los antecedentes de cada caso. Sin que la LSI regule, siquiera, en alguno de sus artículos ordinarios o transitorios lo relativo a la entrega-recepción de las respectivas bases de datos, cuestión que representa una deficiencia adicional a subsanar. De ahí que existe el riesgo de que dicha información no se transfiere en su integridad o se transfiera alterada, sin que existan en la ley previsiones que lo impidan; pues el hecho de que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior simplemente diga que la información referida es cosa de Seguridad Nacional, no garantiza ni la debida reserva ni la conclusión oportuna de la misma y su difusión posterior o puesta a disposición del público en términos de transparencia. Por lo cual, ha de estimarse deficientemente regulado el tema del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, y por ende se solicita de ese Tribunal Pleno declarar su invalidez por ese motivo, a efecto de que subsane, si fuere el caso. Finalmente, respecto del presente concepto de invalidez y por lo que hace a la imprecisión de dar razones específicas para la obtención de información, caso por caso, cuando es requerida, y habiendo tratado ya lo referente a la ausencia de garantías de respeto y protección de los datos personales de aquellos mexicanos y ciudadanos cuya información en realidad no tenga ese carácter, pero obre indebidamente en manos de las autoridades que intervienen en asuntos de seguridad interior, resulta también inconstitucional y contraventor del artículo 16 primer párrafo de la Constitución, el hecho de que el emisor de la norma controvertida haya dispuesto, en el artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior, que: En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.

Precepto de cuya lectura fácilmente se desprende que las autoridades que intervienen en los términos de dicha ley, no dan razones especificas o para la obtención de información, caso por caso, cuando es requerida a las autoridades federales u órganos autónomos que poseen dicha información, requerimiento que no se puede considerar como acción de inteligencia para la seguridad interior, en tanto que para su obtención, no se precisan métodos o técnicas de investigación, sino que simplemente, con base en un deber de colaboración es requerida a las diversas autoridades federales u organismos autónomos. Sin embargo, cuestión distinta es que en todos los casos deba proceder el requerimiento de información en materia, prima facie, de seguridad interior, pues la transferencia de esa información al ser de terceros, es decir, de personas distintas a la autoridad que rinde el informe, debe, en apego a los principios de legalidad y confidencialidad reunir ciertos requisitos, como ser una información susceptible de ser remitida a otra autoridad por razones debidamente justificadas, esto supone, en mi concepto, la obligación del requirente de fundar y motivar el requerimiento de información, con el qué probar que se trata de una información referente a seguridad interior, y concretamente a lo previsto en una Declaratoria de Protección a la 56

Seguridad Interior y en una norma constitucional o legal atinente, y que no existe óbice para su entrega, como podría ser el caso de datos personales de personas sin relación con las investigaciones ordenadas en la Declaratoria respectiva, o de información que circula por correo o telegrama, paquetería o mensajería en sobre cerrado o con alguna contraseña en el caso de mensajes o información transmitida vía electrónica, pues dicha correspondencia, en términos del artículo 16 constitucional visto en una interpretación progresiva está libre de todo registro y su violación será penado por las leyes. Además, la norma del artículo 31 de la LSI, evidentemente, no sigue un principio de reciprocidad, pues no proporciona información alguna a las autoridades requeridas, respecto de aquello de lo que tiene conocimiento y que es necesario para el ejercicio de las atribuciones de las autoridades requeridas, pero eso en modo alguno comporta o supone justificación legal alguna para prescindir del principio constitucional que dispone que todo acto de autoridad debe ser debidamente fundado y motivado, sin que baste, a tales efectos, la cita de los artículos 9 y 31 impugnados. De otra forma, se estaría en un estado de cosas en el cual los actos de algunas autoridades no estarían sujetas a control ni al deber de respeto a las normas constitucionales, y si, para el caso de toda obtención de información de inteligencia se debe realizar con pleno respeto a los derechos humanos, lo cual implicaría el deber de observancia de su artículo 16, es claro que, por analogía y con mayor razón, en el caso que la información se pretenda obtener sin el uso de técnicas de espionaje, con empleo de la fuerza, o por métodos de investigación similares, se debe también fundar y motivar el requerimiento en cada caso. De ahí que, si el artículo 31 tampoco dispone ese deber de fundamentación y motivación, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y debe invalidarse, porque además existe el problema de que ni dicho precepto y ningún otro de la LSI, ordenan a las autoridades federales u órganos autónomos, notificar a la persona cuya información pretenden obtener las autoridades en materia de seguridad interior, para que libre y oportunamente determine si ejerce o no su derecho de protección de datos personales si estima que no es responsable o partícipe de amenaza alguna a la seguridad interior, o si se opone al tratamiento de sus datos consistente en la recolección, procesamiento, diseminación y explotación por las susodichas autoridades militares o policiales. Motivo por el cual, se solicita de ese Tribunal Constitucional, declare la invalidez de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, y tener por fundado el presente concepto de invalidez, para los efectos a que haya lugar.

DÉCIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ. INCONSTITUCIONALIDAD POR VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Análisis constitucional de la Ley de Seguridad Interior en su integridad.

En un primer momento, analizaremos si la Ley en cuestión tiene un fin constitucionalmente válido, es decir que respalde su validez. En esencia de lo anterior, cuando se examina su conformidad constitucional, debemos de establecer que requiere de un fundamento constitucional el cual puede ser explícito o implícito1, lo anterior atendiendo a los propios fundamentos del Estado constitucional y del Estado de derecho. Ahora bien, a efecto de indicar si la legislación en estudio, tiene un fin constitucional implícita o explícitamente valido, debemos advertir lo señalado en el precepto 1o., de dicho ordenamiento el cual establece: “Artículo 1o. La presente Ley es orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad interior. Tiene por objeto regular la funciono del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia.”, indicado el fundamento constitucional que pernea en la Ley de mérito. Que no pasa inadvertido, que el principio de división de poderes, estipulado en el artículo 49 de la del Código Político de 1917, tiene como fin limitar y equilibrar el poder público, a efecto de impedir que un poder2 se coloque por encima de otro, para con ello evitar que un individuo o corporación sea el depositario de dos o más poderes de gobierno. La división de poderes no supone un fin en sí mismo, sino una técnica que exige un equilibrio entre los distintos poderes de la Federación y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías3. Que al respecto es aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 52/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Pág. 954, bajo el rubro y texto siguiente: DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página BARAK Aharon, “PROPORCIONALIDAD Los derechos fundamentales y sus restricciones”, editorial Palestra, 2017, Lima, Perú, Primera Edición, pp. 278. 2 Nos referimos a el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 3 Cfr. Acción de Inconstitucionalidad 1/2013, p. 25 1

117, con el rubro: ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.’, no puede interpretarse en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de carácter flexible, pues su rigidez se desprende del procedimiento que para su reforma prevé su artículo 135, así como del principio de supremacía constitucional basado en que la Constitución Federal es fuente de las normas secundarias del sistema –origen de la existencia, competencia y atribuciones de los poderes constituidos-, y continente, de los derechos fundamentales que resultan indisponibles para aquéllos, funcionando, por ende, como mecanismo de control de poder. En consecuencia, el principio de división de poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías4.

Que atento al anterior criterio jurisprudencial, el principio de división de poderes exige un equilibrio entre los distintos poderes de la Unión a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías. Que para evitar la vulneración de poderes existen prohibiciones implícitas referidas a la no intromisión, a la no dependencia y a la no subordinación entre los poderes públicos de las entidades federativas5, las cuales establecen: a). - La no intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. b). - La no dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma, y c). - La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del 4

Tesis P./J. 52/2005, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, julio de 2005, página 954. 5 Cfr. P./J. 80/2004. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, Pág. 1122

poder subordinante la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. Que la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior. Que atento al principio de división de poderes, la Norma Fundamental establece los ámbitos de actuación y las facultades de los poderes de la Unión necesarias para el ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que por lo que hace a las facultades establecidas en el artículo 73, fracción XXIX-M y 89, fracción VI de la Ley Fundamental al texto señalan: Artículo 73… I a la XIX-L… XIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. 89… I a la V… VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Que los artículos 73 y 89 de la Norma Suprema, fueron fruto de las iniciativas presentadas por los CC. Diputados Omar Fayad Meneses, Cesar Augusto Santiago Ramírez y Alberto Amador Leal, de fechas 8, 29 de noviembre del 2001 y 25 de abril del 2002. Omar Fayad Meneses sostenía en la exposición de motivos de su iniciativa6 que: Garantizar la seguridad, la defensa y soberanía del territorio de un Estado, y mantener la estabilidad de las instituciones que conforman su sistema político, económico y social, son conceptos que, desde hace algún tiempo, se han venido identificando con el significado de la Seguridad Nacional. Desde principios de los años ochenta, se han percibido esfuerzos importantes por desarrollar y esclarecer el concepto de Seguridad Nacional.

Cfr., Gaceta Parlamentaria del 8 de noviembre del 2001

Durante un largo periodo, la noción de seguridad tuvo un uso secundario, que derivó en un abandono teórico, lo que provocó que posteriormente fuera descartada por su imprecisión.

El autor de la iniciativa, hace una comparación del concepto de seguridad nacional en distintos países y nos dice que: En América Latina, como en otras partes del mundo, el fin de la Guerra Fría modificó y amplió de manera importante la discusión en torno a la Seguridad Nacional, que se ha venido alejando de las concepciones tradicionales que la anclaban a los aspectos militares, para incorporarla a un horizonte más amplio dentro de la vida de un Estado. Así, actualmente en Argentina se concibe al término de Seguridad Nacional como la situación en la que un Estado se encuentra resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, otorgándole libertad de acción para proseguir su propio desarrollo y progreso. En Chile se define como la condición alcanzada por un país como consecuencia del desarrollo armónico de su poder nacional, y de haber adoptado previsiones y acciones tendientes a atenuar o eliminar sus vulnerabilidades, de modo que se pueda asegurar el logro de los objetivos nacionales, pese a los riesgos y amenazas internas y externas. Para Costa Rica, la Seguridad Nacional se ve descrita en el precepto de la Ley General de Policía que dice "Al Presidente de la República y al Ministro del Ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas". También el empeño en conseguir una adecuada concepción de Seguridad Nacional entre los países desarrollados, no ha cedido. Así, para los Estados Unidos el concepto de Seguridad Nacional significa la defensa nacional y de las relaciones exteriores, la cual, estaba conformada por un sistema de seguridad llamado Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), oficina creada desde el año de 1947. Esta situación, ha cambiado sustancialmente después de los ataques del pasado 11 de septiembre, los que evidenciaron, que esta superpotencia del mundo, no era inmune a la vulneración de su seguridad nacional. Como reacción a estos lamentables sucesos, los Estados Unidos se vieron forzados a realizar diversas reformas en 61

materia de seguridad nacional, para renovar urgentemente lo que llamaron las "armas anticuadas" con las que trabajaban las fuerzas de seguridad de ese país, ya que, según aseveraron, sus leyes en la materia, no guardaron ninguna relación con los avances de la tecnología, lo que supuso un enorme obstáculo para hacer frente a los hechos que se suscitaron en su territorio. Las acciones que implementaron, incluyeron la creación en su gabinete, de la Oficina de Seguridad Interna que ahora coordinará las labores de seguridad a nivel nacional, incluyendo los servicios de inteligencia del FBI y de la CIA, junto con los militares, los responsables de los servicios de emergencia, y los gobiernos estatales y locales; la aprobación de una ley de visas para informantes; de la ley sobre seguridad aérea; y de la ley antiterrorista, que entre otras cosas, permite mayores facultades de acción al Servicio de Inmigración y Naturalización y elimina restricciones a los procedimientos de acceso a la información, escuchas telefónicas y órdenes de arresto, situaciones que al no haberse previsto con anticipación y por la celeridad con las que se aprobaron, fueron calificadas por algunos congresistas estadounidenses como atentatorias de las libertades civiles. Para España, el concepto de Seguridad Nacional se traduce en la protección al conjunto de bienes y condiciones que integran a la nación, en su Constitución señala que "corresponde a las Fuerzas Armadas, constituidas en Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". En Australia, la Seguridad Nacional se define como la protección del Estado y de las personas, así como de otras entidades y territorios en contra de: I. Espionaje; II. Sabotaje; III. Violencia políticamente motivada; IV. Provocación de violencia comunitaria, y V. Actos de interferencia extranjera. En México, el tratamiento que se le ha dado al tema, no ha sido homogéneo, lo que ha dado como consecuencia el arraigo en concepciones parciales o erróneas sobre la naturaleza y alcances de la Seguridad Nacional. Desde la génesis de nuestra actual Constitución, en el año 1917, el espíritu del Constituyente no contempló estas ideas que esbozan la conceptualización moderna de la Seguridad Nacional, debido a obvias razones que tenían que ver con la priorización de temas que preocupaban con mayor intensidad a los legisladores, y que enmarcaban el momento histórico que vivía nuestra patria.

De 1929, año en el que encontramos el primer antecedente de un mecanismo que permitía monitorear y analizar los problemas que pudieran afectar la conducción del país, y hasta el día de hoy, la definición y la práctica de la Seguridad Nacional, se han manejado como subsidiarias de la seguridad del Estado. La falta de una política real de Seguridad Nacional, a lo largo de los años, ha provocado que se desatiendan verdaderas amenazas que han permitido el crecimiento de la delincuencia organizada, la corrupción, el desarrollo regional desequilibrado, la desigualdad social y la destrucción ambiental, entre otros aspectos importantes que merecen mayor seguimiento y atención. De estos fenómenos, que han crecido a la par de conflictos y rezagos políticos, económicos, sociales y culturales, por su impacto en la sociedad, el más notable ha sido la gran dosis de violencia e inseguridad pública que se ha generado debido a un incremento inédito de la delincuencia y de las manifestaciones violentas asociadas a la misma. Delitos como el narcotráfico, secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas, entre otros, constituyen un grave atentado a la vida social, y son delitos que hoy, no conocen fronteras, y que han cobrado tal incidencia en nuestro país y en muchos otros, que actualmente están mereciendo un tratamiento de Seguridad Nacional en las estrategias desarrolladas por las instituciones de Seguridad Pública, lo que también ha propiciado que ambos conceptos sean confundidos y muchas veces equiparados. Pero si a la Seguridad Nacional la entendemos como aquella que deberá preservar las condiciones de paz, libertad y justicia en que se sustenta el orden jurídico constitucional, permitiendo el desarrollo soberano de un país, se deduce que ambos temas, el de la Seguridad Pública y el de la Seguridad Nacional, son distintos, pero están íntimamente relacionados, ya que la Seguridad Pública viene a ser una arista más de las que conforman el ámbito de competencia de la Seguridad Nacional. Los diversos acontecimientos que, durante los últimos años, y recientemente, se han suscitado en el plano nacional e internacional, hacen que en México sea aún más patente la necesidad de conceptuar, delimitar y regular, todos aquellos aspectos relacionados con la Seguridad Nacional. Los movimientos sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el crecimiento del narcotráfico, los incidentes sobre las intervenciones telefónicas, así como los recientes acontecimientos que pusieron en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad nacional del país más poderoso

del mundo, hacen urgente que nuestro país cuente con una sólida estructura jurídica en materia de Seguridad Nacional, que le permita corregir y hacer frente a situaciones que pongan en peligro las condiciones de paz, libertad y justicia en que se sustenta el orden jurídico constitucional, así como su sano desarrollo democrático y soberano. En México la ausencia de un concepto definido y de un adecuado y suficiente marco normativo en la materia, abre la posibilidad de que se presente un alto grado de discrecionalidad en la estrategia de la defensa de la Seguridad Nacional y en la toma de las decisiones derivada de esta situación, las qué de no cuidarse, podrían incurrir en violaciones flagrantes a las garantías individuales y a los derechos humanos. Es precisamente en este tema, el de la Seguridad Nacional, en el que no debemos permitir, y nunca debe ocurrir, que ésta vele por la seguridad del régimen en turno y por proteger intereses particulares vinculados al poder. Debemos evitar caer en la confusión entre el interés nacional y el interés de grupos, que puede pervertir la función de los organismos encargados de identificar los riesgos que afectan la seguridad de nuestra nación. Es en agosto de 1985, cuando el Ejecutivo federal crea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), la cual opera hasta 1989, fecha en que se establece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ambas oficinas dependientes de la Secretaría de Gobernación y que, por lo menos, en su nombre, ya albergaban el concepto de Seguridad Nacional. Actualmente el organismo con algunas facultades normativas específicas, que desarrolla actividades de inteligencia para la seguridad de nuestra nación, es precisamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Dicho organismo desconcentrado, según el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, tiene como atribución, el establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país; recabar y procesar la información generada por el sistema señalado, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes; realizar los estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones, y realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional. Estas importantes atribuciones, de las cuales, actualmente ningún país puede prescindir de ellas, encuentran su marco jurídico y normativo, sólo en la fracción XXIX del artículo 27

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se refiere a las funciones de la Secretaría de Gobernación y en el ya referido artículo 33 y el 34 del Reglamento Interior de esta misma Secretaría. También de alguna manera, inherente a sus atribuciones, dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, vienen realizando funciones de investigación e inteligencia ligadas a la Seguridad Nacional. Pero de manera específica, no encontramos en ninguna parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la referencia al término Seguridad Nacional, lo que pone de manifiesto que en México, nos estamos quedando rezagados y al margen de la evolución jurídica que ha impulsado los acontecimientos nacionales y mundiales, por lo menos en los últimos diez años. Estos organismos que realizan funciones de Seguridad Nacional, actúan dentro de un vacío constitucional, que es imperativo llenar, para acabar y evitar distorsiones y deformaciones estructurales y funcionales que puedan derivar en la posible arbitrariedad y absoluta discrecionalidad en su operación. En el artículo 89 constitucional, que se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la fracción VI le otorga al presidente la facultad de "disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación". Pero cómo se deriva de los conceptos vertidos en esta exposición de motivos, la visión contemporánea de la Seguridad Nacional se refiere a aspectos más amplios que sólo al ámbito militar; abarca la protección de los elementos constitutivos del Estado: Gobierno, Territorio y Población, frente a las agresiones externas o internas que lesionan o ponen en peligro la soberanía y la estabilidad o el desarrollo armónico de las instituciones sociales y políticas. La Seguridad Nacional, ahora se integra de una visión amplia y consistente que se basa en la democracia y en la estabilidad, en la convivencia pacífica y en la concordancia social; incluyendo también un modelo económico que ofrezca un sistema productivo que promueva el desarrollo sostenido. No obstante que el Ejecutivo Federal deriva sus facultades en esta materia a través de los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a los que se hizo

referencia, consideramos necesario incluir, dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la facultad de preservar la Seguridad Nacional, lo que vendría a fortalecer y dar fundamento constitucional a las funciones que en la materia realizan las dependencias del Ejecutivo. Como hemos explicado, los conceptos que abarca la Seguridad Nacional, como seguridad económica y financiera, la seguridad ecológica y ambiental, la seguridad alimentaria, el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, el narcotráfico, el crimen organizado y la contra inteligencia, implican una enorme responsabilidad en la que todos los mexicanos debemos ser copartícipes. Como han demostrado claramente los acontecimientos internacionales, ni la integridad territorial, ni la paz social están garantizadas permanentemente, ya que, en cualquier momento, pueden verse vulneradas por situaciones internas o externas; por lo que trabajar ahora en el fortalecimiento del fundamento y marco jurídicos de la Seguridad Nacional, es avanzar en la reducción de los riesgos que implica el afrontar situaciones y actividades que puedan afectar los intereses de nuestra nación. En México, debemos aspirar a desarrollar verdaderos procedimientos de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa que genere información privilegiada para la toma de decisiones. Esto supone, en principio, que a través de la regulación normativa de la Seguridad Nacional logremos mejorar las capacidades del sistema, y en particular, del control de las actividades de búsqueda de información y de contrainteligencia, de la coordinación en inteligencia estratégica, de la calidad de los análisis, de la racionalidad en el uso del presupuesto, de la optimización de la formación y de la capacitación del personal dedicado a esas tareas. En esta labor, el Poder Legislativo Federal, no puede mantenerse al margen. Esta Soberanía, en la que se encuentra representada la voluntad popular, no puede, ni debe, estar ajena a la problemática que en México presenta el tema de la Seguridad Nacional; en la que de manera urgente se requiere que todos participemos en la conformación de un sólido marco normativo y de una legislación moderna y especializada para enfrentar los dinámicos riesgos a los que nos enfrenta la vida nacional e internacional contemporáneas.

Debido a que la Seguridad Nacional tiene un carácter eminentemente estratégico para la continuidad y desarrollo de la nación, se hace indispensable otorgar la facultad de legislar en materia de Seguridad Nacional al Poder Legislativo, anteponiendo el principio del equilibrio entre poderes, como una de las condiciones para garantizar la consolidación democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho en el que vivimos los mexicanos. Estamos convencidos que únicamente con el balance entre poderes, se puede garantizar un ejercicio de gobierno responsable en materia de Seguridad Nacional, capaz de satisfacer las nuevas expectativas sociales que, en esta materia, esperan los mexicanos. En México, las labores de inteligencia se han regulado en decretos y reglamentos administrativos. En otros países, la tendencia es cambiar este tipo de instrumentos por reformas y legislaciones que dan permanencia, legitimidad y legalidad a tan importante función. Otorgar facultades en materia de Seguridad Nacional a nivel constitucional a los poderes Legislativo y Ejecutivo, es la gran oportunidad que tiene la LVIII legislatura de esta Cámara, de dar el primer paso necesario e indispensable para crear la base donde se inicie la edificación jurídica sólida que dé certidumbre a México y a los mexicanos en este, cada vez más delicado e importante, tema de la Seguridad Nacional. (…) Que, por su parte, Cesar Augusto Santiago Ramírez en su exposición de motivos sostenía que: Sin necesidad de consideraciones jurídicas o connotaciones políticas, la Seguridad Nacional por sí sola expresa para todo un concepto de la más alta prioridad y de la mayor jerarquía. Siempre ha estado implícita en la sociedad la estimación, prima facie, de que en algún lugar del Gobierno existe una estructura que tiene claro el concepto de Seguridad Nacional, y dispone de los elementos materiales y políticos para hacerla eficaz. Por eso, durante todos estos largos años de vida institucional del País se hizo explícito y evidente que las propias Instituciones de la República, cada una en el ámbito de su competencia, mantenían garantizada la seguridad de la Nación con los énfasis propios de cada una de ellas.

Sin embargo, en los últimos años y por razones propias de un modelo económico equivocado centrado en el Capitalismo consumista y en la pérdida de valores, para referirlo todo al disfrute de bienes materiales, a la acumulación irracional del capital y al establecimiento de parámetros sociales sólo medidos por la disponibilidad de efectivo, se ha ido creando una polarización social entre muy ricos e inmensamente pobres. Se ha ido generando una falta de cohesión social, que los franceses llamaron fraternidad, para ir accediendo a un entorno social individualista, pletórico de egoísmo que aspira a obtener dinero por medios lícitos o por ilícitos que puedan tener cierto barniz de aceptabilidad social. La sociedad se ha complicado en estos años de pensamiento único, y Naciones como la nuestra, no pueden ni deben de la noche a la mañana imitar el modelo de la más grande potencia del mundo, cuyo único medio de control social es a través de la cárcel. Hay más jóvenes en la drogadicción y en las listas de delincuentes que escuelas preparatorias y Universidades privadas de los Estados Unidos. De ahí el porqué, en los últimos años y ante la necesidad de garantizar la seguridad de la Nación, el concepto mismo ha empezado a tener urgente necesidad de definiciones, de formalidad legal para poder ser útil. De las múltiples acepciones del concepto y sólo para los efectos de esta propuesta, sugiero identificar dos corrientes: una, la que pretende que la Seguridad Nacional debe ser un asunto confiado al Ejecutivo y diseñado, exclusivamente, para atender cuestiones policiales o de la llamada "Inteligencia" que garantice ciertos niveles de Seguridad Pública a la población, por la cancelación de irrupciones violentas o de eventos que por cualquiera de las circunstancias de la violencia social pudiera agredir a la población en su conjunto. En esta noción se trata simplemente, de constituir un instrumento que legitime acciones y de un marco a la intervención del Ejecutivo en el nombre de la Seguridad Nacional. Esta parece ser la visión del Ejecutivo, que al inicio de su periodo intentó construir una estructura similar a la de los Estados Unidos, confiando en un súper asesor el uso del concepto Seguridad Nacional, para legitimar o dar pie a sus intervenciones en

los más diversos ámbitos de la vida Nacional. Esta es una posición discutible, que de todas maneras exige una acotación Constitucional y legal. La otra visión es la que entiende a la Seguridad Nacional como un interés supremo y como responsabilidad absoluta del Estado. Una visión que hace que la Seguridad Nacional se integre por la salvaguarda integral de los principios establecidos en la Constitución, la preservación de las Instituciones del Estado, la autodeterminación, la defensa del Territorio Nacional y por supuesto, todo lo que tiene que ver con asegurar el desarrollo económico, el orden jurídico y la paz de la Nación entera. Esta visión integral de la Seguridad Nacional distribuye la responsabilidad de su mantenimiento en las Instituciones de la República y elimina el voluntarismo o las tentaciones del abuso del poder que pueden permitir, incluso, que en nombre de la Seguridad Nacional se cometan abusos o se motiven complicaciones para la sociedad. El suscribir un concepto como el aquí sugerido, permite la claridad para poder establecer relaciones de coordinación con otras Naciones en un concepto de cooperación (entre Naciones) como el que se ha generado recientemente, con motivo de la instauración del terrorismo como la mayor amenaza a la Seguridad Nacional de cualquier País. Principiemos pues por intentar una definición conveniente del concepto de Seguridad Nacional que incluya la defensa, protección y salvaguarda del Estado, como Entidad soberana, y también garantice todos y cada uno de sus componentes intrínsecos: su independencia externa; su supremacía interna; el territorio y el patrimonio nacionales; el Gobierno Republicano y Federal con instituciones democráticas; y los grandes principios de libertad y justicia social como integrantes del proyecto Nacional definidos en la Constitución de la República. Un concepto con estas características sería garantía de paz social, la cual se logra sólo si es posible armonizar los elementos políticos, económicos, sociales y culturales, con aquéllos que son propios de las fuerzas armadas nacionales y de política interna, y que permiten asegurar la soberanía, impedir la vulnerabilidad

frente al exterior y fortalecer la viabilidad del proyecto Nacional. La Seguridad Nacional debe garantizar el mantenimiento del orden jurídico y el fortalecimiento de las instituciones, pero también es necesario que prevea los mecanismos para que el Estado pueda desarrollarse en condiciones de paz social, la cual sólo podrá lograrse cuando se obtenga una coordinación gubernamental capaz de realizar los grandes objetivos de la Nación que desde luego, nunca podrán ser confundidos con un mero centro de inteligencia, sino mejor identificados por las estrategias y los organismos apropiados que se encarguen de la planeación, la preservación y el enaltecimiento de los objetivos nacionales, que den certeza a la sociedad. Con esta visión será posible, sin duda, tener un diseño siempre actualizado de la Seguridad Nacional, puesto que corresponderá invariablemente a la necesidad de mantener la paz, enfrentando los desafíos internos y los nuevos retos que ya no sólo surgen de cuestiones nacionales, sino que han permeado el entorno internacional. En correspondencia a la importancia del tema, durante esta Legislatura se han presentado dos iniciativas que abordan la materia, una en lo tocante a la creación de una Ley de Seguridad Nacional y otra mediante la cual se propone facultar al legislativo en este campo y señalar en forma expresa al Presidente de la República como el responsable de la preservación de la Seguridad Nacional. Si bien los esfuerzos mencionados se consideran necesarios como parte del andamiaje jurídico que ha de construirse para una interpretación cabal del tema que nos ocupa, sostenemos que otra de las piezas fundamentales en materia de Seguridad Nacional, es el establecimiento en el propio texto constitucional tanto de los objetivos o intereses dignos de salvaguarda Nacional, como de los órganos facultados para la planeación, ejecución y evaluación de estrategias, así como la forma en que han de coordinarse las instancias implicadas. Por otro lado, es preciso incluir una fórmula que permita la reglamentación del precepto mediante una Ley de Seguridad Nacional que detalle y amplíe las bases contenidas en el artículo constitucional correspondiente.

En este sentido la propuesta consiste en adicionar al artículo 129 de nuestra Carta Magna, un par de párrafos iniciales definitorios cuyo objeto fundamental es establecer el alcance de la noción de Seguridad Nacional y sentar las bases que sirvan (de fundamentación) para expedir una ley de la materia que precise los medios para la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas correspondientes. Después de un somero análisis de algunas constituciones de otros países que llevan la vanguardia jurídica en el tema, entre las que podemos citar las de Francia, España, Venezuela y Chile, así como con base en los criterios establecidos por la técnica constitucional y legislativa, sostenemos que el rubro de Seguridad Nacional debe tratarse en el apartado de prevenciones generales, por ser responsabilidad y objetivo primordial del estado mexicano en su conjunto. No se trata ni de una garantía de carácter individual, ni forma parte, tampoco, de las obligaciones de un poder de la Unión en específico. Encontramos pertinente que la adición se haga al artículo 129, ya que es el único que alude expresamente a los organismos gubernamentales encargados de la Defensa Nacional, en concordancia por supuesto con lo establecido por el artículo 89 fracción VI. Recordemos que en la actualidad el artículo 129 hace referencia a las funciones que en tiempo de paz puede desarrollar la autoridad militar y subordina a ésta a los poderes civiles. Ahora bien, si tomamos en consideración todos estos argumentos, tendremos presente que la Seguridad Nacional va mucho más allá de la defensa que es sólo uno de sus componentes. En este sentido, sostenemos que es momento de repensar completamente el artículo 129 que tiene un contenido que a estas alturas de la historia del país resulta evidente y modernizarlo dándole cabida a las exigencias en el área de Seguridad Nacional propias del siglo que empieza. Estamos ciertos de que la viabilidad de la Nación mexicana depende de la protección eficaz que sólo un sistema de Seguridad Nacional que planee, ejecute y evalúe las estrategias y acciones necesarias puede otorgarle.

El representante de la Nación planteaba en concreto, el texto siguiente: Artículo 129. La Seguridad Nacional es interés supremo y responsabilidad exclusiva del Estado y comprende la salvaguarda integral de los principios establecidos en esta Constitución, la preservación de las instituciones del estado, la autodeterminación, autonomía e independencia de la nación mexicana, la defensa de su territorio y todas aquellas prevenciones tendientes a asegurar el desarrollo económico, el orden jurídico y la paz social. Para la planeación y evaluación de las acciones y políticas públicas en esta materia habrá un Consejo de Seguridad Nacional en el cual tendrán participación los Poderes de la Unión. La ley establecerá los lineamientos e instancias necesarios para el cumplimiento de los principios establecidos en este precepto. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. Alberto Amador Leal, en su iniciativa expresaba que: Un importante reto que enfrentan hoy nuestras instituciones democráticas consiste en crear un sistema de seguridad nacional que, además de salvaguardar la independencia y soberanía nacionales, contribuya a fortalecer nuestro Estado de Derecho y a garantizar la estabilidad política y la armonía social. Los fenómenos de crimen organizado, que se han manifestado con fuerza creciente en los últimos años, han hecho urgente la necesidad de rediseñar nuestro esquema normativo e institucional sobre la materia. Las amenazas a la seguridad tienden a aparecer y a multiplicarse cuando las agencias gubernamentales encargadas de garantizarla trabajan sin un marco legal o, en ocasiones, con referentes jurídicos inapropiados, lo que también propicia la afectación a las garantías individuales. De aquí que el primer paso para enfrentar eficazmente estas amenazas a la seguridad nacional sea realizar

algunas reformas constitucionales. Para empezar, no sólo necesitamos actualizar la concepción implícita y en cierta forma vaga que sobre seguridad nacional aparece en nuestra Constitución; sino que el país requiere que el Congreso tenga la facultad de legislar en la materia y un Poder Ejecutivo con facultades para ejecutar tal legislación y, con ello, diseñar e implementar una política de seguridad nacional que promueva la coordinación entre los diversos organismos y dependencias de la Administración Pública Federal responsables de resguardar la seguridad nacional: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado Mayor Presidencial. De esta manera, se introduciría energía, unidad, permanencia y amplitud de visión en las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad nacional. Además, es necesario que los gobiernos estatales sean capaces de establecer autónomamente sistemas de seguridad interna de las entidades federativas, que les permitan enfrentar inmediatamente y, al menos inicialmente con sus propios medios, amenazas de carácter local que pudieran afectar o estar vinculadas a la agenda de seguridad nacional. Estos sistemas de seguridad estatal sostendrán, si las circunstancias lo demandan, una estrecha relación con el sistema de seguridad nacional, y, cuando sea apropiado, los servicios de información e inteligencia federales compartirán información de acceso restringido con las autoridades estatales para que éstas puedan cumplir, lo mejor posible, con sus responsabilidades constitucionales. ¿Cuál es el concepto de la seguridad nacional? El Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo federal concibe que la seguridad nacional está "destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienestar y la integridad física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio." Aunque tradicionalmente nuestra doctrina de seguridad nacional se ha centrado en la preservación de la soberanía e independencia nacionales, así como en la protección de nuestra integridad territorial de amenazas externas, actualmente existen también fuentes de vulnerabilidad

de nuestra seguridad nacional que son de carácter interno. En este contexto la agenda de la seguridad nacional necesita ser ampliada y puesta al día tanto en nuestras leyes como en las políticas de gobierno. Por ejemplo, el Código Penal Federal proscribe una serie de conductas que estima ponen en peligro la existencia misma del Estado mexicano y las tipifica en el Título Primero del Libro Segundo como "Delitos contra la seguridad de la nación". Según el Código, estos delitos son traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración e instigación, incitación o invitación a ejecutar alguno de los anteriores. Claramente, hoy en día, esta lista es insuficiente. De ahí que en la reciente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se define la seguridad nacional, como: "Las acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional". De modo que, en la actualidad, la seguridad nacional está vinculada a un gran número de temas que escapan a su concepción tradicional. Ahora debe estar atenta al fenómeno migratorio, al deterioro de la ecología y el medio ambiente, la disponibilidad de recursos estratégicos, la gobernabilidad democrática, entre otros. Su principal ámbito de acción y atención está dirigido a atender riesgos; es decir, situaciones en las que daños a la vigencia del Estado de derecho y del régimen democrático están próximos. Típicamente, la palabra "riesgo" designa la probabilidad de que acontezca un evento, de oscuro origen y naturaleza frecuentemente ilegal o violenta, que acarrea daños al orden constitucional y a la estabilidad. De aquí que la tarea esencial de la seguridad nacional sea atender una agenda nacional de riesgos que experimenta transformaciones a lo largo del tiempo. Tal agenda define rubros de temas o eventos que el sistema de seguridad nacional debe atender de manera prioritaria mediante medidas preventivas o reactivas. La labor de los servicios de inteligencia tiene un carácter esencialmente preventivo y se desarrolló en diversas agencias civiles o militares.

Un instrumento esencial de la seguridad nacional es la inteligencia, la cual consiste en la generación sistemática de elementos de diverso tipo dirigidos a orientar la toma de decisiones de las autoridades públicas. Los productos de inteligencia son el resultado del análisis y la evaluación de la información recabada por las agencias federales y estatales de gobierno y alertan sobre amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional o a la seguridad interior de las entidades federativas. La inteligencia civil no consiste en la mera generación de información sino, principalmente, en el análisis al que esta información se somete. Acumular información y sistematizarla con un enfoque estratégico de riesgo para la seguridad nacional introduce en los productos de inteligencia el valor agregado de la síntesis, la relevancia, la integralidad y la oportunidad, lo cual permite a quien los utiliza optimizar el diseño e implementación de las políticas públicas y la formulación de las decisiones gubernamentales. En la actualidad, ningún sistema de seguridad nacional puede prescindir de un servicio de información e inteligencia. Como todo Estado democrático moderno, el nuestro necesita contar con sistemas de inteligencia para servir a la seguridad nacional y enfrentar con más altas probabilidades de éxito las amenazas a los derechos y libertades de la población, a la permanencia de las instituciones del Estado, y a la paz social. Para cumplir con su misión primordial, el sistema de seguridad nacional necesita obtener información de primera, definir con precisión la naturaleza y magnitud de la amenaza o riesgo, diseñar estrategias alternativas de intervención para enfrentar la amenaza o mitigar el riesgo, fijar criterios de evaluación para cada una de tales estrategias, proyectar escenarios probables, y confrontar costos y beneficios. Estos son los pasos principales pasos para producir inteligencia para apoyar la toma de decisiones de las autoridades encargadas de la seguridad nacional. Todo ello en el marco del Estado de derecho y de respeto a las garantías individuales. De ahí que, se hace indispensable la creación de un marco normativo que regule la actuación de un sistema de seguridad nacional y de las actividades de inteligencia que le son propias. Nuestra nación no podrá avanzar ni rápido ni lejos en sus objetivos de modernización política mientras el gobierno no enfrente con una estrategia eficaz y de largo aire el crimen y la inestabilidad en sus diversas vertientes. La consolidación democrática de México requiere de un Estado de derecho fortalecido y de una estabilidad

social perfectamente compatible con el ejercicio pleno de las libertades y los derechos civiles de la ciudadanía. … Con todo, a pesar de estos avances, México no cuenta actualmente con los instrumentos jurídicos suficientes para enfrentar las amenazas a su seguridad nacional. Como lo ha dicho el actual director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sin un marco legal adecuado y suficiente para la operación de un sistema de seguridad nacional, el Estado mexicano continuará debatiéndose "entre una situación de indefensión y una de ilegalidad." … Hace unos cuantos meses dos diputados de la fracción parlamentaria del PRI presentaron un par de propuestas de reforma al texto constitucional para adecuarlo a las exigencias de los nuevos tiempos. Primero, el 9 de noviembre del año pasado, el diputado Omar Fayad Meneses propuso reformas a los artículos 73 y 89 para otorgarle tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo federal facultades en materia de seguridad nacional. Por su parte, el 30 de noviembre del año pasado también, el diputado César Augusto Santiago Ramírez propuso adicionar dos párrafos al artículo 129 de la Constitución federal para establecer el alcance de la noción de seguridad nacional y sentar las bases para expedir una ley en la materia. … La presente iniciativa recoge la propuesta del diputado Fayad Meneses para reformar el artículo 73, recoge la propuesta del diputado César Augusto Santiago de dar contenido al concepto de seguridad nacional. Incluye, además, una propuesta de adición a los artículos 76 y 129 constitucional en la que se dispone el establecimiento de un sistema de seguridad nacional con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como el control del Senado sobre las organizaciones de información e inteligencia. Creemos que con estas reformas a tres artículos constitucionales se provee a la Constitución Federal de los instrumentos necesarios para responder satisfactoriamente a los nuevos retos que enfrenta ahora nuestra seguridad nacional.

Hay cuatro importantes grupos de razones para que la reestructuración de la seguridad nacional inicie con reformas de carácter constitucional. En primer lugar, los órganos de seguridad nacional estarán en posibilidad de cumplir con los altos objetivos que les han sido encomendados sólo si cuentan con un marco normativo a la altura de los retos. La magnitud de las amenazas potenciales que enfrentan actualmente nuestras leyes y nuestras libertades exige que la seguridad nacional se convierta en una de las preocupaciones centrales del Estado mexicano, lo cual debe estar claramente consagrada en nuestro texto constitucional. Con ello, el sistema de seguridad nacional gozaría de certeza jurídica y legitimidad política. Por el contrario, la incertidumbre jurídica de los órganos y las actividades de seguridad nacional, como la que hoy prevalece, sólo aumenta la ineficacia y favorece la comisión de abusos a las libertades individuales y a los derechos humanos. Las reformas constitucionales que proponemos podrían dar lugar, en legislación subsecuente, a la definición de los ámbitos y límites de la actuación del Estado en la defensa de su seguridad; es decir, un marco jurídico apropiado para la seguridad nacional no sólo provee a las agencias de seguridad de facultades claras y específicas, sino que, simultáneamente, acota y delimita su campo de acción, lo que protege las garantías individuales de la ciudadanía. Una vez aprobadas las reformas que proponemos, podrían establecerse controles adecuados a las actividades de inteligencia lo que evitaría la discrecionalidad, aseguraría su escrutinio por parte del Congreso y, con ello, garantizaría la rendición de cuentas del sistema de seguridad nacional. En segundo lugar, las reformas constitucionales son indispensables porque la legalidad y la permanencia de un sistema de seguridad nacional no deben ser puestas en duda en ningún momento. Tal sistema debe contar con el respaldo de la Constitución para que sea capaz de trascender una visión de corto plazo y sus acciones no obedezcan intereses de partido o de grupo. Sin claras directrices constitucionales las agencias de inteligencia podrían ser proclives a atender solicitudes de información ajena a los temas propios de su competencia, solicitudes que podrían provenir de grupos políticos que utilizarían la inteligencia para perseguir sus intereses particulares. De manera que una de las

múltiples ventajas de normar constitucionalmente los asuntos de seguridad nacional y las agencias de inteligencia consiste en evitar que los servicios de inteligencia que deben atender a los intereses del Estado terminen siendo instrumentos para alcanzar objetivos de grupo. Para que el sistema de seguridad nacional trabaje como un genuino aparato de Estado es necesario que sus fundamentos normativos provengan de la Constitución. En tercer lugar, cabe mencionar que para que el Estado mexicano actúe eficazmente contra las amenazas a la seguridad nacional es indispensable que el Congreso, el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados y el DF posean facultades para trabajar a favor de una nueva estrategia nacional de seguridad. Dotar de este tipo de facultades a estos dos órganos del Estado y al nivel de gobierno estatal requiere la aprobación de las reformas constitucionales que hoy proponemos. Por último, debemos mencionar que el trabajo legislativo que tendrá que realizarse en los próximos años en el ámbito de la seguridad nacional y de la inteligencia militar y civil será arduo y prolongado. Creemos que las reformas constitucionales que hoy proponemos podrían constituir el basamento jurídico sobre el cual podría edificarse, con un nuevo diseño, el sistema de seguridad nacional que México requiere. … En un régimen democrático, las agencias de inteligencia requieren de una legislación moderna y especializada que les permita manejar con prudencia y eficacia análisis que pueden representar apoyo valioso para que las autoridades ejecutivas tomen las decisiones acertadas a favor de los intereses del país, salvaguardando las garantías individuales. Si, en síntesis, como lo afirma el Plan Nacional de Desarrollo, debe darse "coherencia, unidad y amplitud de visión a la estrategia de seguridad nacional, elaborar definiciones actualizadas de interés y de seguridad nacional que se identifiquen con los propósitos del nuevo arreglo democrático del país y someter a los aparatos de inteligencia a los controles gubernamentales y al régimen jurídico", entonces cobra urgencia el diseñar de un marco jurídico que respete plenamente las garantías ciudadanas, asegure la coordinación entre las dependencias del Poder Ejecutivo federal, permita al Congreso legislar y conocer los asuntos de seguridad nacional y vigilar el

ejercicio apropiado de los recursos destinados a esta misma materia, faculte al Ejecutivo a proteger la seguridad nacional, y permita a los gobiernos estatales desarrollar sus propios sistemas de seguridad e inteligencia. Estos fueron los razonamientos de los autores de las propuestas en materia de seguridad nacional. Los Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en su Dictamen7 en el Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostenían en su parte conducente que: Las Iniciativas presentadas exponen la importancia de la Seguridad Nacional, la cual no se encuentra plasmada en nuestra Carta Magna, por lo cual se carece de una definición concreta, lo que ha dado como consecuencia el arraigo en concepciones parciales o erróneas sobre la naturaleza y alcances de la Seguridad Nacional. El Congreso Constituyente no vislumbraba la necesidad de definir la seguridad nacional, esto dado por el momento histórico que se vivía y que los legisladores tenían otras prioridades. Con la evolución de nuestro país, el establecer los lineamientos de la Seguridad Nacional se ha convertido en una necesidad. El concepto de Seguridad Nacional al ser tan extenso debe englobar la defensa, protección y salvaguarda del Estado, como entidad soberana, y también garantice todos y cada uno de sus componentes intrínsecos: su independencia externa, su supremacía interna, el territorio y el patrimonio nacional; el Gobierno Republicano y Federal con instituciones democráticas; y los grandes principios de libertad y justicia social como integrantes del proyecto nacional definidos en nuestra Constitución. La Seguridad Nacional tiene por objeto mantener el orden jurídico y el fortalecimiento de las instituciones, pero también es necesario que prevea los mecanismos para que el Estado pueda 7

Cfr. DICTAMEN DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-M AL ARTICULO 73 Y SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS del 10 de diciembre de 2002.

desarrollarse en condiciones de paz social, bajo la coordinación de los Poderes Federales. La materia de Seguridad Nacional por la importancia que conlleva ha originado que se hayan presentado iniciativas sobre el tema, buscando la creación de una Ley de Seguridad Nacional y la intervención de los Poderes Federales en el tema, ya que por ser de interés general no debe recaer en uno solo poder. III. Valoración de la Iniciativa. El sistema jurídico mexicano establece un esquema constitucional de protección a los intereses vitales de la Nación. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el proyecto de Nación, los objetivos nacionales permanentes para preservarlo y las medidas para su seguridad. Estas últimas están expresadas fundamentalmente en los artículos 29, 89 y 119 primer y segundo párrafos de la Carta Magna. Lo anterior sin menoscabo del umbral general de limitaciones a la actuación del poder público en esta materia, establecido por las garantías individuales. Sin embargo, aún está pendiente consignar los principios rectores de la materia de seguridad nacional, que le den transparencia y eficacia. Al respecto existe consenso en que la seguridad nacional no debe ser definida en el ordenamiento constitucional, en virtud de su carácter dinámico. Tampoco es viable plasmar principios tan amplios, que permitan confundir la tutela de los intereses nacionales. Por ello, el resultado del análisis de las iniciativas fue contundente en cuanto a la previsión de dos elementos fundamentales en la materia, el primero consistente en facultar claramente al Estado para poder hacer frente a las amenazas y riesgos a su seguridad y, el segundo, definir los controles y requisitos necesarios a las actividades de seguridad nacional para proteger los derechos humanos y las garantías individuales. No puede existir una reforma que sólo faculte a las autoridades, es un requisito indispensable prever la protección de los derechos de las personas, expresado mediante el establecimiento de límites

y requisitos a las investigaciones que se realicen en la materia. De esta manera, la responsabilidad de los legisladores que hoy integran el Constituyente Permanente, se expresa en dos formas, la primera previendo expresamente en nuestra Constitución la materia de seguridad nacional, precisando la facultad del titular del Ejecutivo Federal de preservarla y posteriormente dictando una legislación que proteja los derechos de las personas. Estos principios rectores encuentran un lugar natural en la Carta Magna. El primero de ellos debe ubicarse en el artículo 89 que establece las facultades y obligaciones del Presidente de la República, precisamente en la fracción VI, en la que se adiciona la atribución de preservar la seguridad nacional. El segundo de los principios debe ubicarse en el artículo 73. La iniciativa propone que el precepto normativo a incorporar en la Constitución, se establezca en la fracción XXVIII, actualmente derogada. … Estas fueron las reflexiones de los Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Que los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, en su Dictamen8 razonaron lo siguiente. Segunda.- La causa de no contemplar la facultad de legislar en materia de seguridad nacional, se debe a que la seguridad de la Nación se ha referido a la defensa contra fuerzas extranjeras, sin embargo, conforme las naciones evolucionan socialmente y los intereses ciudadanos se consolidan en la vida constitucional, se van tomando y adquiriendo nuevas formas de proteger a la integridad nacional, es por ello que este concepto tiene una justificación, no solo por la racionalidad legislativa a la que puede conllevar con su consecuente regulación en la legislación secundaria, sino también para clarificar una facultad que de suyo es propia de la competencia legislativa del Congreso, en virtud de representar a la Federación en su expresión popular, y por ende, el conducto jurídico por el que se emiten las normas para la Federación. 8

Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado del 29 de abril de 2003.

La seguridad nacional como materia legislativa no tiene por tanto, un desarrollo en la legislación secundaria, no tiene tampoco una certeza legislativa respecto a los órganos gubernamentales que la toman en cuenta dentro de sus actividades, o bien respecto de aquellos, que se han creado, y que se arrogan esta facultad de operación, que la tienen por la naturaleza jurídica de las dependencias centralizadas en esta materia, pero no encuentran un fundamento claro que les dé certeza y seguridad para operar y seguir desarrollándose. Tal es el caso, de la creación de órganos desconcentrados del gobierno federal que llevan a cabo tan importante labor, pero que no tienen una estructura firme a partir de leyes generales, que son públicas y que dan seguridad a los ciudadanos respecto de los límites y alcances de estas instituciones, sino mediante decretos del poder Ejecutivo, los cuales, no obstante, de compartir las características de la ley, por ser normas materialmente legislativas, no tienen un control y proceso legislativos que les dé persistencia a través del tiempo y seguridad para con la ciudadanía. Tercera. - La minuta propone no solo incorporar la materia de seguridad nacional, también, que las leyes que al respecto se emitan proporcionen los límites y condiciones de las investigaciones especiales que en la materia se lleven a cabo, es decir, procedimientos técnicos tendientes al cuidado y preservación de la seguridad nacional, que pudieren contemplarse en las mismas. Con ello no se quiere decir, que el contenido de las leyes de seguridad nacional, sean de investigación exclusivamente, con ello estaríamos dando a entender un concepto caduco de seguridad nacional, toda vez que lo que se busca es proteger en última instancia a los ciudadanos, tal es caso de la preservación del medio ambiente o la población en casos de desastres naturales, por citar solo dos ejemplos, son supuestos muy concretos en los que a todas luces se muestran materias que son de interés nacional y que repercuten en la estabilidad de las instituciones y de la ciudadanía, en suma, de nuestra Nación. Por tanto, no se ha de confundir conforme al texto propuesto, una especialidad normativa en las investigaciones. Así, se pretende en el segundo enunciado propuesto, que exista un control derivado de un Estado de Derecho y democrático, es decir, que para el caso de que existan procedimientos de investigación en virtud al desarrollo de la materia, se contemplen en ley, los limites y requisitos necesarios para llevarlos a cabo,

en aras también, de que no se violen garantías individuales. Con ello, se podría argumentar que el interés nacional es mayor que el interés de los particulares y que podrían existir casos de excepción cuya finalidad tenga como premisa fundamental el alcanzar el beneficio y bienestar de la Nación, irrumpiendo los derechos de los gobernados. Sin embargo, esto rebasa toda lógica constitucional, primeramente porque en nuestro régimen constitucional, la persona, el ciudadano, es protegido cabalmente contra cualquier acto de la autoridad, en segundo lugar, los casos de suspensión de garantías están contemplados expresamente en la Constitución, y por último, existen los instrumentos jurídicos de derecho administrativo, que se pueden emplear para salvaguardar los intereses de la Nación, cuando el actuar de los particulares son incongruentes con la actividad social y ponen en peligro la instituciones gubernamentales estratégicas. Por ello lo que busca, es simplemente el irrestricto respecto a las garantías individuales en contra de actos de autoridad, que se deriven de las investigaciones antes mencionadas. Cuarta. - Los legisladores que dictaminan, consideramos que la necesaria fundamentación de la ley sobre seguridad nacional, es necesaria para establecer las políticas en la materia, sobre todo respecto de aquellos, que beneficien y redunden directamente en la población y en la integridad de la Nación. El concepto que se desarrolle por las leyes secundarias tendrá que atender a necesidades y realidades concretas, que permitan crear un concepto de seguridad nacional adecuado, respetando los ámbitos de acción gubernamental los orgánicos de la administración pública centralizada, así como el manejo idóneo de la información que manejen las instancias que toma en su quehacer materia de seguridad nacional. Consideramos que el desarrollo que se le dé a la materia, no será conceptualmente difícil de llevar a cabo, ya que existen prácticas reglamentarias que han formado el actuar respecto a la seguridad nacional, por lo que esperamos, un puntual seguimiento a lo que legislativamente se requiere para hacer realidad esta facultad legislativa. Quinta.- Conscientes de lo delicado que implica el proporcionar otra facultad legislativa a la Federación,

atendiendo a la creciente gama de facultades legislativas que tiene comprendidas en el artículo 73 constitucional, no resulta improcedente, ya que las entidades federativas no se pueden arrogar facultades relativas a la protección del exterior de amenazas de cualquier índole, o bien habrá materias de seguridad nacional que será necesaria la participación de las entidades federativas, como puede ser el caso de desastres naturales, actos de terrorismo, narcotráfico, por citar algunos, en donde la colaboración intergubernamental es indispensable. Estas fueron, las consideraciones expuestas por los integrantes de las comisiones ordinarias citadas. De acuerdo con lo cual, se concluye que la legislación en estudio no tiene un fin constitucionalmente válido en razón de lo siguiente: Si bien las facultades previstas tanto en la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponibles para el Poder Ejecutivo Federal, representando por el Presidente de la República, disponen: “…XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes… IV. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación…”, es decir, otorgar al Presidente de República facultades para actuar en cuestiones de seguridad nacional -interior o exterior., estas no deben de ser entendidas como cuestiones de seguridad pública, conceptos que son ajenos y diferentes por su propia naturaleza.” El término seguridad pública, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dispuesto que está se encuentra íntimamente relacionado con las cuestiones civiles de seguridad, es decir con el bien común que persigue la propia colectividad para lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública9. Que, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 35/2000, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, visible en la página 557, bajo el rubro y texto siguiente ha señalado: SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Del análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 9

Acción de inconstitucionalidad 1/96.

10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados. Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXVI/96), se publique como jurisprudencial, con el número 35/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.

En la Acción de Inconstitucionalidad se elabora un concepto de Seguridad Publica e inician citando a la diputada Patricia Garduño Morales quien dijo que: ... la seguridad pública debe entenderse de manera integral a través del establecimiento de una política criminológica que atienda aspectos preventivos, punitivos y readaptativos, iniciando por un diagnóstico de la realidad delincuencial que permita el diseño de políticas de prevención y combate a la delincuencia, de operativos para una oportuna y eficaz actuación de los cuerpos

encargados de la seguridad pública y del combate a los factores criminógenos'

En la misma10, se sostiene que la seguridad pública es un servicio del Estado, resultado de las normas, políticas y acciones coherentes y articuladas, tendientes a garantizar o, en su caso, a restablecer el orden y la paz públicos, mediante los sistemas de prevención administrativa, de procuración e impartición de justicia, así como de readaptación social. Es, en consecuencia, la herramienta fundamental de la que se vale el Estado moderno para, en apego estricto a las atribuciones asignadas a los órganos responsables, evitar la comisión de ilícitos que dañen la convivencia ordenada y respetuosa, o bien sancionar a quienes los hayan realizado. La seguridad pública es la manifestación efectiva de la acción gubernamental, ejercida para salvaguardar la integridad de las personas, así como la de los intereses y bienes privados y públicos. Por lo tanto, el disfrute de la protección y seguridad pública, el amparo de la justicia, significa el respeto de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades públicas que constituyen elementos inseparables. Es así como la seguridad pública se considera no como un logro a posteriori, la consecuencia de una intervención represiva, sino como un fin policial al que se tiende a través de medidas preventivas. El concepto moderno de `seguridad' – se agrega- ha pasado de ser una de las obligaciones de los órganos gubernamentales a ser un derecho del hombre moderno y principal objetivo de su régimen político en tanto garantía de la libertad política de los ciudadanos. Los gobiernos pueden cambiar, los partidos desaparecer, las elecciones realizarse o no, los parlamentos existir o no, la economía estar en crisis o en abundancia, etcétera, pero la seguridad de las personas es lo mínimo que debe garantizar la soberanía de un Estado. Es necesario dejar sentado que la seguridad pública se ha constituido como elemento de todo un sistema de estructura social, pero por sí mismo no puede desempeñar el papel total que corresponde al sistema en su conjunto. La seguridad pública hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden públicos. Se trata de la protección que se genera a través de los mecanismos de control penal y del mantenimiento de la paz pública, mediante acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preventivas. Además, se asevera que los fenómenos han llegado en ciertas ocasiones e instancias a desbordar a las fuerzas de seguridad pública. Si éstas son incapaces de mantener la paz pública y el conflicto es de tal naturaleza que atenta contra los intereses de la Nación, la operación de las Fuerzas Armadas se hace necesaria, así sea solamente como medida complementaria.

Nos referimos a la Acción de Inconstitucionalidad.

En la Acción de Inconstitucionalidad, deja abierta la posibilidad de que las autoridades civiles soliciten a la militar que corresponda la colaboración de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia lo exija, participando así en las acciones de protección civil. En todo caso, las Fuerzas Armadas deben actuar bajo la dirección de su mando natural. En suma, concluyen que la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad pública, lejos de violentar el estado de derecho, tienden a consolidarlo. De igual, forma el artículo 21, noveno párrafo de nuestra Constitución Federal dispone: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”, otorgando facultades constitucionales y obligaciones emanadas del propio texto constitucional, en favor de las instituciones de seguridad pública, comprendidas en su caso, por policías auxiliares, de investigación, especializados, instituciones de prevención del delito o de sanción (ministerios públicos), entre otras; en ese sentido, el Ejército, Armada y Fuerza Área, no cuentan ni con los fundamentos –disciplinarios-, ni con las facultades constitucionales para poder actuar en cuestiones derivadas de la protección al derecho fundamental de seguridad en favor de los ciudadanos, por tanto, el otorgarles dichas funciones en un ordenamiento infraconstitucional, viola el contenido y fin ensimismo del artículo 21 constitucional, ya que dicha facultad es exclusiva e imperativa para dichas instituciones (entiéndase de seguridad pública, local o federal) y no puede sustituirse o redirigirse en favor de otras instituciones del propio Estado, ya que se estaría dejando de cumplir un mandato que la propia Constitución Federal establece y de la cual la estructura orgánica del Estado mexicano, se comprometió y obligó a cumplimentar. Asimismo, el décimo párrafo del artículo constitucional transgredido señala: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.”, estableciendo el carácter que deben de tener las instituciones encargadas de la seguridad pública o interior, el cual es de naturaleza CIVIL por disposición expresa, en ese sentido el establecer que las Fuerzas Armadas11, actúen en cuestiones de seguridad interior, tal como las define la Ley en estudio, viola el contenido del párrafo constitucional citado, toda vez que no tienen potestades constitucionales para actuar en materia de seguridad pública, ni mucho menos para sustituir el actuar de las instituciones públicas, en consecuencia, debe de generar la invalidez de la Ley en análisis. Algunas de las consideraciones del Constituyente Permanente, a través del Dictamen12 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, y con la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Senadores en torno a la Seguridad Publica fueron las siguientes: …Establece las bases sobre las cuales deberá construirse y operar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, enfatizándose que deberá privilegiarse la coordinación del Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno, a fin de lograr la integración de los esfuerzos en materia de seguridad pública, pero siempre en el marco de respeto al federalismo. Asimismo, la iniciativa propone elevar la capacidad de investigación de las policías, así como fortalecer sus tareas en materia de prevención del delito, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que regulará el ingreso, selección, permanencia, profesionalización, promoción, remoción, separación, sanción y reconocimiento a sus miembros. Ya que considera que es imperativo para el Estado mexicano proteger a sus policías de la corrupción y conceder a sus integrantes un proyecto de vida, y dignificar así su papel ante la sociedad.

Los integrantes de las comisiones ordinarias consideraban que la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal constituía una aportación importante en el proceso necesariamente más amplio de discusión sobre el diseño del nuevo sistema de impartición de justicia penal y de seguridad pública. 11

Artículo 4, fracción V de la Ley en estudio. Cfr. Gaceta Parlamentaria del 13 de diciembre de 2007.Esta modificación constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 12

Agregaban que, en efecto, el debate se había construido con la aportación de los legisladores, del gobierno federal y de las entidades federativas, de los poderes judiciales federal y locales, especialmente reconocidos en el Libro Blanco de la Reforma Judicial, así como de amplios sectores de la sociedad tales como organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones académicas, entre otros. Que reconocieron la existencia de una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado mexicano en su conjunto, en particular aquella generada por la delincuencia organizada. En otra parte de su Dictamen planteaban que: 3.Que se carece de una indispensable coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- para enfrentar el problema de la seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal. Esto es particularmente grave en el ámbito de las policías. El segundo aspecto es una construcción del andamiaje constitucional que otorgue al Estado mexicano las herramientas que requiere para combatir eficazmente a la delincuencia en general y en especial a la delincuencia organizada. Para el primer aspecto se introducen nuevos mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública y se definen con mayor claridad las atribuciones de las policías en materia de investigación y persecución de los delitos. Es importante destacar que estas funciones siempre se realizarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público. En cuanto a la delincuencia organizada se establece reglas que fortalecen las capacidades del Estado para combatir este fenómeno. El mensaje es claro, el Estado mexicano en su conjunto da una respuesta clara y contundente a este desafío y se dota a las instituciones de los instrumentos necesarios para acabarlo. Como medida para evitar abusos por parte de los policías en el ejercicio de esta atribución, parte importante de la reforma constitucional da prioridad a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a fin de que en los hechos actúen de acuerdo a las necesidades y retos que implica su función siempre en apego irrestricto a los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, expresaban que, en relación con la materia de seguridad pública, este precepto ha sido reformado a fin de establecer en términos precisos, la relación que existe entre el Ministerio Público y las policías en torno a la investigación de los delitos, además de regular la investigación preventiva y de inteligencia policial. Que la reforma, en su opinión, es congruente en relación con la regulación que existe en otros países donde la conducción y mando de las policías en el ejercicio de la función de investigación de delitos, está a cargo de un Ministerio Público y además realizan funciones de análisis e investigación preventiva. Aseveraron que la tesis sostenida por el Constituyente Permanente para aprobar estos cambios implica la necesidad absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública entre los agentes del Ministerio Público y los elementos de policía, sin embargo, se precisa que siempre que se trate de la investigación de delitos ésta actuará bajo la conducción y mando del 89

Ministerio Público en ejercicio de la función, es decir, éste consolida con la reforma, su carácter de controlador y eje rector de la fase investigadora. En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública, valoraron el estado actual tanto del sistema como de las policías municipales, estatales y federales. El sistema, -refieren- estará sujeto a reglas mínimas que se refieren esencialmente a que será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la operación y desarrollo de acciones tales como la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, y aquella que establece que la creación de fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que serán aportadas a las entidades federativas y municipios deberán ser destinados exclusivamente a estos fines. Las comisiones ordinarias plantearon que se establecen las bases mínimas a que deberán sujetarse las instituciones de seguridad pública, las cuales deberán ser de carácter civil, sin perjuicio de la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas en la materia, lo cual es acorde a la letra y espíritu constitucional, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96. Añaden que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, contemplado en la reforma los artículos 21; 73 fracción XXIII; y 115 fracción VII de esta Constitución, permitirá la coordinación de acciones en la materia con una visión federal, estatal y municipal, además de robustecer los elementos básicos de regulación por parte del órgano rector de dicho sistema. Esta reforma eleva a rango constitucional el Sistema creado en 1995, que no ha garantizado a plenitud que el servicio de seguridad pública se preste con eficiencia, a pesar de la amplia inversión presupuestal realizada. Consideraron también, que era necesario revisar el conjunto del sistema de seguridad pública a efecto de que sea congruente con la realidad de nuestro país, dotando a las instituciones de las atribuciones necesarias para cumplir su cometido. Ello, desde luego, con un equilibrio indispensable que evite cualquier abuso o peor aún la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Que para dar congruencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública, adicionaron el artículo 115, en su fracción VII, para especificar que será una ley expedida por las legislaturas locales de los estados la que regirá a las policías preventivas, con el propósito de que exista un mínimo de homologación, al menos al interior de cada entidad federativa. Finalmente, los integrantes de las comisiones dictaminadoras, señalaron que con esta modificación queda intacta la norma que señala que la policía preventiva esté al mando del presidente

municipal, lo que quiere decir, que tal y como sostiene la jurisprudencia de la Suprema Corte, la facultad de nombramiento del mando de la policía municipal seguirá estando a cargo de dicho funcionario. Que aunado a todo lo anterior, nuestra Código Político de 1917 en su artículo 70, establece que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto y que la facultad prevista en el artículo 72, inciso f), de la Ley Fundamental, se erige como un mecanismo de control, incluso, superior a la jurisprudencia; ello en razón de que la obligatoriedad de esta última se encuentra limitada por la ley; en cambio la interpretación del Poder Legislativo tendría formalmente el rango de ley ya que sus actos, pueden adoptar la forma de ley o decreto, y por ende, sería obligatoria para todos los órganos que la aplican así como para los gobernados, que deben cumplirla. Que haciendo una breve síntesis de los antecedentes de esta facultad de interpretación, en la Constitución Federal de 1824 apareció por primera vez en el artículo 165 la forma en la que se indicaba cómo debían resolverse las dudas que ocurrieran sobre inteligencia de los artículos de la Ley Fundamental y del Acta Constitutiva. Así, en la sesión del 9 de junio de 1824 se dio la discusión del artículo 64, en cuanto a la interpretación o modificación o derogación de las leyes o decretos, estableciéndose que se guardarían los mismos requisitos que se prescriben para su establecimiento. Durante esta sesión se llevó a cabo un debate que tenía como fin la argumentación tanto a favor como en contra de la aprobación de la interpretación legislativa. En esta discusión se escucharon argumentos de todo tipo, dentro de los que resaltan los de diputados como Florentino Martínez quien manifestó “que, si en la interpretación de las leyes intervinieran las dos cámaras, podría darse el caso que una interpretara de una forma y la otra de manera distinta, y no pudiendo convenir ambas, quedando así la ley incierta o confusa”. O como la de Crescencio Rejón, que argumentó, que “si corridos los trámites correspondientes, resultaba desechada la interpretación dada por una cámara, se podrían dar otras, hasta que se aprobara alguna, siendo imposible que se dejara de hacer, porque las cámaras no podrían dar interpretaciones exóticas é inadmisibles” entre otros tantos legisladores interesados en este tema y cuyos argumentos, fueron de los más destacados para aprobar la interpretación legislativa en el Constituyente de 1824. En la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 1836 en donde se aprobó por unanimidad de votos el artículo 5° que establecía que sólo al Congreso General toca resolver las dudas de artículos constitucionales, esta facultad se estableció en la Séptima Ley de las Siete Leyes Constitucionales de 1836. En el dictamen del Supremo Poder Conservador de 16 de octubre de 1839, se reitera que solo al Legislativo corresponde la interpretación y

declaración auténtica de sus leyes fundamentales. De ahí, que debía pasarse todo el expediente a la Cámara de Diputados, a fin de que el Congreso General dictara la declaración correspondiente interpretando algún artículo de la Constitución de 1836. Que sobre la importancia de este tema, el ensayo de una Constitución publicado en Puebla en 1841 denominado “Ocios de un Mexicano” analiza y establece en el Titulo II, artículo 1º referente al derecho de seguridad individual que: En las declaraciones de duda de ley, la declaración odiosa no retrocederá su efecto sobre hechos consumados, y sí la favorable para solo reponer lo que por mala inteligencia de ella fuere gravosamente ejecutiva. Pero si cualquiera de los extremos produce gravamen a una u otra parte, no tendrá efecto alguno lo que era de dudosa inteligencia, sino desde la declaración de su sentido.

De lo anterior inferimos, que las entidades federativas, ya conocían de las dudas de ley. Ahora bien, en el proyecto de Constitución del 25 de agosto de 1842, signada por José F. Ramírez Díaz y Pedro Ramírez Guevara dentro de las atribuciones de la Corte de Justicia se estipulaba en la fracción VIII del artículo 112 “el oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley general, y juzgándolas fundadas, consultar sobre ellas al Congreso, iniciando la declaración conveniente”; es decir, se imponía la obligación a la Corte Suprema de consultar las dudas sobre la inteligencia de una ley general. Aunado a lo anterior, correspondía al Senado resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores en el caso de la fracción 2 del artículo 148. Si el senado no diere su resolución dentro de los quince días de su recibo, quedará deferida aquella a la Cámara de Diputados. El artículo 63 de las Bases Orgánicas de la República de 1843 estipulaba que, en la interpretación, modificación, o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos, que deben observarse en su formación; aprobándose por unanimidad de votos el 28 de abril de 1843. La facultad interpretativa que nos ocupa, fue suprimida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el día 5 de febrero de 1857, pero se restablece, con la reforma del artículo 71, el 13 de noviembre de 1874 y posteriormente se vuelve a plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 hasta nuestros días. Que el Congreso de la Unión al ejercer la facultad referida, se convierte en auténtico intérprete, tanto de las leyes federales como de la Constitución, en este último caso la comparte con los congresos locales, en sus respectivos ámbitos de competencia. Que luego entonces, el procedimiento contenido en el inciso f), del artículo 72 de la Carta Fundamental, es conocido como duda de ley, mismo que 92

sigue el procedimiento de formación legislativa, y con el cual se caracteriza al Congreso de la Unión como intérprete auténtico. No obstante, la facultad contenida en el citado inciso f), del artículo 72 de nuestra Constitución, mediante la cual erige al legislador ordinario en intérprete vinculante, son nulas las veces que recurre a ella. Es por ello, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, P./J. 87/2005, localizable en la página 789, bajo el rubro y texto siguiente ha sostenido: INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES. La interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de modificación o derogación de aquéllas, aunque siga el mismo trámite legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido acorde con la intención de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se analiza, pues en cualquier otro caso se estaría frente al desbordamiento y consecuente negación del sentido del texto original. Además, las posibilidades de interpretación de la norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, pues éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido sistémico en el momento en que los operadores realizan una aplicación. Así, la interpretación auténtica tiene dos limitaciones: a) Las posibilidades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídico a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta no sólo las normas que se encuentran en una posición horizontal a la interpretada -artículos del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el que se interpreta- sino también aquellas normas relevantes de jerarquía superior o vertical Constituciones Federal y Local-, y los principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de inconstitucionalidad 26/2004 y sus acumuladas 27/2004 y 28/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y los Partidos Políticos Convergencia y Acción Nacional. 30 de noviembre de 2004. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón, Laura García Velasco, Raúl Mejía Garza y Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal Pleno, el cinco de julio en curso, aprobó, con el número 87/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de julio de dos mil cinco.

Que luego atento al criterio jurisprudencial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe atender al espíritu del Constituyente Permanente que se ve reflejado en las iniciativas, dictámenes y discusiones de las reformas y adiciones a los a los artículos 21, 73, fracción XXIX. M, 89, fracción VI de la Norma Suprema, a efecto de ver el sentido acorde con la intención de su creador.

Interpretar las normas jurídicas, por ende, significa otorgarles un sentido. En tratándose del Código Político de 1917, su interpretación adquiere especial importancia pues a través de ella se busca dar un significado a la Norma Fundamental que organiza la convivencia política y social de la República. La interpretación constitucional ha de orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, pues ésta constituye la base del resto del ordenamiento jurídico. Que las normas constitucionales al ser creadas por un órgano especial llamado Congreso Constituyente difieren de las normas ordinarias. La función del Constituyente, creador de la constitución, es diferente y superior a la del Congreso de la Unión productor de las leyes ordinarias, este último cobra vida solo en virtud de la Norma Suprema. La Constitución solo puede ser modificada en virtud de un procedimiento específico que exige requisitos formales más complicados que los que se requieren para reformar las normas ordinarias, y que están establecidas en el Código Político de 191713; es decir las normas constitucionales pueden modificarse únicamente a través de un procedimiento dificultado de reforma, que también deberá ser observado para incorporar nuevas normas al texto constitucional. A mayor abundamiento, La interpretación legislativa constitucional se lleva a cabo exclusivamente por el Congreso de la Unión, en aquellos casos en que la propia Ley Fundamental lo faculta para interpretar las disposiciones constitucionales; en el caso concreto, lo dispuesto por el inciso f) del artículo 72 constitucional, le otorga facultades para realizar tal interpretación. Se le puede considerar como interpretación auténtica a toda aquella que provenga del mismo autor; lo reiteramos, el artículo 72, inciso f) así lo establece. Es decir, a ningún otro poder ni órgano del Estado le atribuye la Constitución expresamente potestad para interpretar las leyes; excepción hecha en el párrafo decimo del artículo 94 constitucional. En esa misma línea, cabe advertir que el fin que establece el artículo 89, fracción VI14, de la Constitución Federal, como facultad eminente exclusiva del Presidente de la República, por lo que hace a la preservación de la seguridad nacional (interior o exterior), tiene una connotación diversa a la expuesta en la legislación en análisis, toda vez que pretende dar una dimensión comparada a la figura de la seguridad pública, excluyendo del actuar de las autoridades CIVILES, encargadas de la preservación de ese derecho fundamental (entiéndase seguridad pública), cuando se dicte una “declaratoria de protección a la seguridad interior”, figura prevista en la ley en análisis y que también es inconstitucional e inconvencional, ya que 13

Cfr. Artículo 135 constitucional. “IV. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación…” 14

no respeta los mínimos básicos formales que establece el artículo 29 constitucional y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, cabe advertir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que las facultades de las Fuerzas Armadas, deben de imperar en la protección de la seguridad nacional, ya sea interior o exterior, más no para servir en cuestiones de seguridad pública, como lo pretende regular la ley cuya validez se cuestiona. Al tenor de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuso al resolver el caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, que: “51. Este Tribunal hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los Estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Tal como ha señalado este Tribunal, “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. Exhortando a los Estados parte a la utilización mínima de las fuerzas armadas para cuestiones de seguridad interna, puesto que, por su propia naturaleza, esos actos le competente a las fuerzas policiales, a su vez considerando que un Estado Democrático de Derecho debe de respetar el funcionamiento adecuado de sus instituciones, lo cual incluye el establecer parámetros de validez en ese actuar, apegados siempre al marco constitucional/convencional. Por tanto, de incumplirse lo anterior, al ser un criterio vinculante y por tanto obligatorio para el Estado mexicano en su conjunto, se estaría generando una responsabilidad internacional de carácter regional. En tanto, se define que la Ley de Seguridad Interior tampoco tiene un fin convencionalmente válido, en razón de que las Fuerzas Armadas, no gozan con facultades para atender cuestiones de control policial -CIVILES-, de ahí que devenga de inconvencional. No pasa inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya establecido al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/199615 que las “Tesis: “EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad 15

acciones de la Fuerza Armada se pueden considerar como un apoyo para las tareas de seguridad pública; sin embargo, dicha resolución se emitió en el año 2000, con un marco conceptual, formal y material diverso al establecido a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, donde nos acercamos a un Estado Constitucional de Derecho en vías de consolidación, que promueve, respeta, garantiza y salvaguarda el pleno ejercicio de los derechos humanos y que solamente en determinados casos es capaz de restringir o suspender estos derechos, con el requisito formal de la emisión de la declaratoria de excepción correspondiente, a efecto de salvaguardar el “bien común”, como un elemento intangible y fin ensimismo del Estado. Al respecto Peter Haberle, nos indica que, se debe de “sostener el dualismo entre las tareas del Estado, por un lado y derechos fundamentales, por el otro”16, es decir un justo equilibrio entre la valor del Estado y el respeto irrestricto de los bienes sustantivos mínimos que establece nuestro texto constitucional, a efecto de garantizar un ejercicio integral que proporcione las mejores condiciones para alcanzar el ejercicio adecuado de la seguridad pública como elemento rector del Estado y bien constitucionalmente establecido para la ciudadanía, bajo la premisa de que únicamente las instituciones civiles pueden contribuir a su fortalecimiento a las tareas de combate a los delitos que pueden poner en riesgo las instituciones de un Estado Constitucional como el mexicano, por tanto la Ley de Seguridad Interior, no tiene un fin constitucionalmente válido.

DÉCIMO PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 29 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN ESTRICTO SENTIDO, ASÍ COMO AL DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. El artículo 16 constitucional regula el principio de legalidad, en una de sus vertientes de forma aplicativa, es decir, atiende al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios; en ese sentido la disposición en comento presente regular la figura de la seguridad pública y sustituirla por la seguridad nacional “interior”, las cuales en un inicio tienen dimensiones diversas y ámbitos de aplicación desemejantes. En ese sentido, el contexto en el que pretende desenvolverse la Ley de Seguridad Interior, es diversa a la que le compete como facultad discrecional del Poder Ejecutivo, toda vez que la Fuerza Armada no tiene como fin ensimismo responder por cuestiones de seguridad pública las cuales son de naturaleza CIVIL sino en cambio por cuestiones que atenten al principio de autodeterminación de los pueblos17, así como por interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.” 16 HABERLE Peter, “EL ESTADO CONSTITUCIONAL”, Editorial Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México, Ciudad de México, Segunda Edición 2016, pp. 234. 17 En atención a los principios del derecho internacional público.

parámetros que puedan poner en riesgo a las instituciones del Estado mexicano derivadas de ataques de otros Estados o bien por cuestiones internas en las que se estime necesario establecer una declaratoria de excepción para poder combatirlas (tales como revoluciones, guerras o guerrillas, entre otras); en observancia de lo propio, al no existir la declaratoria que prevé el artículo 29 constitucional, podríamos entender que el Estado mexicano se encuentra en tiempos de paz y consecuentemente, las atribuciones que le son conferidas mediante una ley nacional violan el principio de legalidad en su vertiente aplicativa. Así, los artículos 6 y 7 de la Ley en estudio señalan: “Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional. Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.”.

Al respecto cabe advertir que en un primer momento, el precepto 6o., regula la facultad discrecional para que las Fuerzas Armadas, actúen de forma unilateral para poder frenar los riesgos contemplado en la Agenda de Seguridad Nacional, lo cual transgrede el principio de legalidad, en virtud de que la Suprema Corte ha definido que, dicha actuar debe de estar fundado y motivado, por una situación especial que amerite una decisión de transcendencia en razón de la procuración de la seguridad interior, en ese tenor, se puede concluir que dicho precepto no prevé tales requisitos formales mínimos para actuar en casos de riesgo para el Estado, dejando de observar el contenido del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo a los anterior la tesis: P./J. 37/2000: “EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUÉLLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A DECRETARLA. El artículo 89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de la República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior del país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de 97

invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto -previstos por el artículo 29 constitucional- se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto constitucional, o por algún otro motivo, se prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado.”, visible en el Tomo XI, Abril de 2000 en la página 551, del semanario judicial y su gaceta. También es importante indicar que el precepto en estudio –entiéndase 16 constitucional-, establece en su último párrafo lo siguiente: “En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.”, definiendo que mientras no se dicte un estado de excepción tal como lo dispone el artículo 29 del propio ordenamiento constitucional (formal y material), el Estado mexicano se encuentra en tiempos de paz ya que la única vía para poder decretar la ausencia de la misma y por ende la generación del estado de excepción, es en estricto apego a lo que dispone el precepto 29, por tanto, también se genera una violación directa al artículo 16, último párrafo de la Constitución Federal. Que al respecto es aplicable el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la Novena Época, XXV, Enero de 2007, localizable en la página 2127 bajo el rubro y texto siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.

Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz Carona. A mayor abundamiento sobre la falta de fundamentación, resulta ilustrativa la siguiente Jurisprudencia emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la Novena Época, XXIII, Diciembre de 2005, visible en la página 162 bajo el rubro y texto siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en

consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.

DÉCIMO SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 129 CONSTITUCIONAL. FACULTADES QUE NO LE SON PROPIAS. Así, también se presenta una violación directa al artículo 129 constitucional18, en virtud de que se autoriza a las Fuerzas Armadas para actuar en cuestiones que le competente a las autoridades policiales – CIVILES-, cuando la propia naturaleza del artículo constitucional en mención, refiere que las funciones militares únicamente pueden tener vigencia en la propia disciplina militar, y cuando no exista un estado de excepción o un riesgo eminente para el Estado mexicano y sus instituciones, ya sea por seguridad nacional –interna o externa-, no existen elementos para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad. Por tanto, la cuestión principal engloba la situación de que, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas, deben de permanecer en los cuarteles y, aunque si bien el Máximo Tribunal de nuestro país, ha señalado que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio a las labores de seguridad pública19, estas no pueden sustituirse en ellas, es decir, no tienen “Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”. 18

Tesis: P./J. 38/2000: “EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la 19

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facultades para poder realizar sus labores cotidianas, sino simplemente efectuar un ejercicio de coordinación con ellas. Ahí la inconstitucionalidad de las potestades que otorga la legislación en estudio.

DÉCIMO TERCERO CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIÓN DIRECTA A LOS ARTÍCULOS 29 Y 27 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. TRANSGRESION A LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE EXCEPCIÓN. El artículo 29 de la Constitución Federal, dispone: “Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.”.

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Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”. Del análisis integral del precepto constitucional transcrito, se desprende en un primer momento la constitucionalidad del decreto de excepción, así como la suspensión o restricción (con sus evocaciones diversas) de diversos derechos humanos, exceptuando de lo anterior los considerados en la propia doctrina nacional como fundamentales para el ejercicio adecuado de la dignidad humana. Cuestión que en la especie no se ha emitido, por tanto, no es posible reglamentar un actuar en razón de la seguridad nacional exterior o interior, sino se ha emitido formalmente la declaratoria de excepción correspondiente como obligación constitucional, lo cual viola de forma directa el artículo 29 constitucional, generando la invalidez de la Ley en estudio. Asimismo, la Ley de Seguridad Interior, pretende en su capítulo segundo y tercero, denominados: “DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCION A LA SEGURIDAD INTERIOR” y “DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES”, reglamentar supuestos para la emisión de la declaratoria respectiva, trasladando de forma reglamentaria una facultad que confiere la propia Constitución Federal al Poder Ejecutivo, lo cual transgrede el contenido del artículo 29 constitucional, generando una violación indirecta al principio de legalidad, toda vez que no es válido trasladar una figura constitucional a una ley nacional (infraconstitucional); en ese caso, lo procedente sería emitir el estado de excepción y posteriormente reglamentar la situación fáctica y de iure, por ende los artículos 11 a 28 que contemplan el capítulo referido, son inconstitucionales y debe generarse su invalidez. No menos cierto es que dicha declaratoria, también transgrede la facultad que el propio artículo 29 constitucional le otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar en que supuestos si es procedente o no la emisión del Estado de excepción, cediéndola a la Secretaría de Gobernación -sin facultades constitucionales20-, en colaboración con los Estados y Municipios, así como las Fuerzas Armadas, para poder determinar en qué supuestos se debe emitir, lo cual también es inconstitucional21, además de que determina que en algunos supuestos se puede prescindir de dicha figura si no se encuentran frente a una situación de “Amenazas a la Seguridad Interior”, elemento que carece de fundamentación y motivación, que transgrede lo dispuestos en los artículos 14 y 16 constitucionales, bajo la protección de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, los cuales han sido analizamos por ese Máximo Tribunal y han dispuesto que todos los asuntos en donde pueda intervenir de forma auxiliar las Fuerzas Armadas deben “fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia”, cuestión que no se encuentra 20

Se pretende sustituir la facultad de revisión que le compete a nuestro Máximo Tribunal y trasladarla al ejecutivo de la unión, por conducto de la Secretaría de Gobernación, cuestión que le es ajena, tanto legal como constitucionalmente. 21

Inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 14 y 16.

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prevista en los artículos 6, 11, último párrafo, 26, segundo párrafo22, lo cual genera su invalidez. Finalmente, así cabe destacar que dicho fin constitucional -por lo que se refiere a la declaratoria de excepción-, de igual forma es acorde con lo establecido en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece en su precepto 27, lo conducente: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la

“Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. 22

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional. Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. (…) Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.”

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Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión…”, lo cual en resumen, establece la convencionalidad de la suspensión de garantías en caso de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado mexicano. Por lo cual, como se indicó al no existir una declaratoria de excepción o restricción de derechos humanos, se debe de traducir en el sentido de que el Estado Mexicano, se encuentra en Tiempos de Paz, lo que genera la inconvencionalidad de una legislación infraconstitucional que busca establecer lineamientos para atender un Estado de Guerra con base en el respeto de la seguridad nacional interior, cuando previamente no ha sido emitido el decreto correspondiente y verificado –validado- por nuestro Máximo Tribunal (facultad directa), a la luz de lo dispuesto en el propio precepto 29 de nuestra Ley Fundamental.

DÉCIMO CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACION DIRECTA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACION23, SEGURIDAD JURIDICA, PRINCIPIO DE CONTRADICCION Y DEBIDO PROCESO. El artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, establece: “Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.”, generando una restricción absoluta al derecho fundamental de acceso a la información. En ese tenor, se estudiará dicha restricción mediante el test de proporcionalidad, para verificar su conformidad con la Constitución Federal. En un primer momento, debemos indicar que dicho test se encuentra compuesto de 4 subprincipios, que son: finalidad constitucionalmente valida; idoneidad; necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Advertido lo conducente, se analizará el precepto en cuestión. 1. Fin constitucionalmente válido. De inicio, debemos referir que el artículo examinado si tiene un fin constitucionalmente válido, en razón de que pretenden salvaguardar el principio de seguridad nacional, establecido de forma explícita e implícita en diversos artículos de nuestro texto constitucional, tales como, el artículo 6, apartado A, fracción I, que señala: “I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 23

Artículo 6 constitucional.

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Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”, propiciando una reserva para el conocimiento de cierta información que pudiese afectar a la seguridad nacional y por ende a las instituciones que conforman el Estado mexicano. Bajo esa óptica, se concluye que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, tiene un fin constitucionalmente válido, toda vez que busca salvaguardar el principio de seguridad nacional. 2. Idoneidad. En esta grada del test24, se busca identificar si la medida legislativa artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior-, contribuye de agua manera al fin que busca el legislador, es decir, la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación. Identificado lo cual, en un primer momento, debemos indicar que el derecho intervenido es el de acceso a la información bajo el principio de máximo publicidad, en tanto que toda la información en mano de las autoridades que conforman el Estado de mexicano, es pública y, solamente puede ser reservado dicho acceso por cuestiones de seguridad nacional; en esa tesitura la legislación en comento, pretende salvaguardar el principio de seguridad nacional, vedando de forma absoluta el derecho de acceso a la información, en virtud de que establece que toda la información que se genere, derivado del ejercicio de las atribuciones que confiere la legislación en estudio, es de carácter restringido, ya que se determina que será considerada de seguridad nacional. Al respecto cabe advertir que, en diversos países de Latinoamérica, han señalado lo siguiente:

“SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a un derecho fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que hace a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. Finalmente, vale mencionar que la idoneidad de una medida legislativa podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.” 24

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1. Colombia. La ley 1712, "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA NACIONAL y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece en su artículo 4, lo siguiente: “Artículo 4. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.”, determinando que la información es de libre acceso y que solamente puede ser restringida excepcionalmente; a efecto de salvaguardar la máxima publicidad en el acceso a la información que tienen bajo su resguardo los sujetos obligados, atendiendo a los principios democráticos que rigen los Estados Constitucionales. Así el artículo 6, dispone en el inciso d): “Información pública reservada. Es aquella información " que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley.”, conduciendo a lo que deriva del artículo 19 de dicha legislación, la cual dispone que la catalogación de dicha información tiene que estar fundada y motivada por escrito por parte de la autoridad obligada, estableciendo el fundamento legal o constitucional, para poder vedar su acceso, bajo los siguientes rubros: “a) La defensa y seguridad nacional. b) La seguridad pública. c) Las relaciones internacionales. d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas I disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso. e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales. f) La administración efectiva de la justicia. g) Los derechos de la infancia y la adolescencia. h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país. i) La salud pública.”.

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En concordancia con lo establecido, se puede concluir que el ejercicio si bien puede estar vedado por razones de seguridad nacional, este no se puede decidir de forma abierta y arbitraria sin parámetro alguno, ya que siempre debe de estar fundado y motivo, con las atribuciones legales o constitucionales que limiten su ejercicio. 2. Chile Al respecto la ley 20.285, que regula el derecho de acceso a la información, señala en el artículo 1, que el acceso a la información, está regido por el principio de máximo publicidad25. De igual forma, indica que dicha información puede restringirse o negarse -artículo 21 de dicha legislación- cuando incluya, cuestiones de seguridad para la nación, lo que se traduce en: “3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.”, cuestión que en la especie, debe estar fundada y motiva, toda vez que el diversos precepto 22 de la Ley en análisis, indica: “Artículo 22.- Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación.”, en tanto que no deja de forma arbitraria que se califique como reservada o confidencial la información, sino por razones calificadas por un quórum que así lo determine, tratando que prevalezca su acceso y el principio de máxima publicidad que rige el acceso a la información en los Estados Constitucionales. 3. Argentina. La ley 27275, que reglamenta el derecho de acceso a la información para el caso de Argentina26, establece que se presume la publicidad de la información en todos sus sentidos, bajo el principio de que presunción de publicidad. Señalando también la información disponible en los sujetos obligados debe de tener la mayor vigencia y alcance del derecho a la información. Sin embargo, de igual forma, señala en el artículo 8: “Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: “Artículo 1°.- La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.” 26 “ARTÍCULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios: 25

Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley. Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican.”

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a) Información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas;”, propiciando la excepcionalidad del acceso a la información, por cuestiones de seguridad nacional, sin embargo, en el último párrafo, indica: “Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”, prevaleciendo la custodia de protección de los derechos fundamentales y las graves violaciones que se originen a los mismos, derivados del actuar del Estado. También, señala que la denegatoria del acceso a la información, debe estar fundada y motivada27, al tenor de que la falta de dicha fundamentación genera la entrega de la información. En el marco de lo anterior, se puede concluir que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, en razón de la restricción absoluta al derecho fundamental de derecho a la información, no es la medida más idónea, toda vez que viola de forma grave el ejercicio de dicho bien sustantivo, con el único fin de salvaguardar el principio de seguridad nacional sin establecer los límites o los fundamentos y motivaciones para poder vedar el ejercicio de forma arbitraria, sin que la información sea previamente calificada por el organismo garante del artículo 6 constitucional -INAI-, aunado a que el fin que persigue dicha afectación es únicamente salvaguardar el principio de seguridad nacional, sin mediar métodos o técnicas para identificar qué información si se relaciona con dicho principio o puede poder en riesgo a la instituciones que conforman el Estado mexicano; por tanto no puede establecerse que la medida legislativa sea idónea. Asimismo, no debe pasar inadvertido que el artículo en cuestión entra en clara contradicción con el diverso 27, que dispone: “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad “ARTÍCULO 13. — Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida. 27

La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida.”

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correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.”, ya que en un inicio deba el ejercicio de acceso a la información, sin embargo autoriza para poner a disposición a una persona que es detenida en la comisión de un delito; lo cual incluye la información obtenida con su captura y posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, sin embargo si la información es de información confidencial por ser de naturaleza reservada, derivada del ejercicio del principio de seguridad nacional, ninguna de las partes involucradas pueden tener acceso a la misma, lo cual transgrede el principio de contradicción que rige el nuevo sistema de justicia penal, que busca operar de forma oportuna, en razón de la protección del núcleo duro de los derechos fundamentales en materia penal, entendiéndose como el principio de debido proceso que debe de regir o imperar en toda actividad jurisdiccional o administrativa28, en donde este en juego el derecho fundamental de libertad personal. En tal virtud también se generaría una violación directa al debido proceso29, por lo que hace al derecho de obtener información y generar contradicción, con testigos o peritos, derivada de la incorporación de información para acreditar las situaciones de jure o de facto30 que nazcan de la intervención de las fuerzas armadas en las tareas CIVILES, es decir que le competen a la instituciones de seguridad pública -en razón del artículo 21 constitucional-, ya que la cataloga en su totalidad como de acceso reservado o confidencial, toda vez que entra en el orbe de la seguridad nacional. Al respecto cabe advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado: que la información necesaria para el adecuado ejercicio del derecho a la defensa, no puede vedarse o restringirse, del que emanó el criterio: “INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, 28 29

Resuelto así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 476/2014. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Artículo 8 (…) c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;…” 30 Tesis: 1a. CCCXLI/2015 (10a.): “DERECHOS HUMANOS. DE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE GARANTIZARLOS, DERIVA EL DEBER DE LAS AUTORIDADES DE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y EFECTIVA, UNA VEZ QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEL HECHO. De la obligación general de garantía de los derechos humanos deriva la obligación de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que las autoridades tengan conocimiento del hecho. El alcance del deber de investigar es parte del deber de garantía de las normas sustantivas violadas con un hecho en particular, como parte del derecho a las garantías y protección judiciales que tienen las víctimas y/o sus familiares de contar con un recurso adecuado y efectivo frente a violaciones de derechos humanos. Estos recursos deben sustanciarse con base en las garantías de debido proceso. Esta Primera Sala destaca que, en el marco de la obligación de garantía, se debe llevar a cabo la investigación de las alegadas violaciones a los derechos humanos con la finalidad de evitar la impunidad y restablecer, en la medida de lo posible, la plenitud de los derechos humanos.”

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PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.”, exigiendo una ponderación de derechos para poder salvaguardar y respetar el ejercicio de derechos fundamentales en un plano de igualdad, bajo la presunción de máxima publicidad y de acceso a la información necesaria para poder ejercer el derecho fundamental de defensa adecuada y con ello no vulnerar el debido proceso que impera en materia penal -adjetiva y sustantiva-. Así, la información tiene un valor instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. En esa tesitura el acceso a la información por cuestiones de defensa adecuada y debido proceso se debe privilegiar, de ahí la inconstitucionalidad del artículo en análisis.

DÉCIMO QUINTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. INCONSTITUCIONALIDAD DEL CAPÍTULO CUARTO DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE COMUNICACIONES Y DEBIDO PROCESO.

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Los artículos 29 a 31 de la Ley en estudio31, le otorgan facultades a las Fuerzas Armadas para poder realizar tareas de inteligencia, con las cuales podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Lo anterior, se traduce en una violación al derecho fundamental de inviolabilidad de comunicaciones, previsto en el artículo 16 -párrafo doce-, el cual dispone: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.”, estableciendo una restricción a las comunicaciones privadas como premisa mayor, ya que trata de salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad o al vida privada, que si bien no es absoluto, si debe de ser limitado de forma responsable y razonable32; por tanto autoriza al Estado para que en determinados casos y “Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas. 31

Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley. En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto se establezcan.” Tesis: 1a. XLIX/2014 (10a.): “DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO. Al igual que otros derechos fundamentales, el derecho a la vida privada no es absoluto, sino que puede restringirse en la medida en que las injerencias en éste no sean abusivas o arbitrarias. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias de terceros o de la autoridad pública, y prohíbe ese tipo de injerencias en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de ésta, como la vida privada de sus familias. Ahora bien, el Estado debe adoptar medidas positivas para impedir que la intimidad personal y familiar se vulnere por personas ajenas, pero no puede impedir a quien decide difundir aspectos de su vida privada que lo haga, so pretexto de proteger a la familia, pues en ese caso, ya no se está frente a la difusión de la información por parte de un tercero, que es ajeno a ésta, sino que se estaría limitando el derecho de una persona de divulgar la información que le es propia. En resumen, lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan impedir es que terceros difundan información de la vida privada ajena, sin consentimiento del titular; de ahí que si la injerencia en la vida privada de que se duele el tercero perjudicado, consiste en la difusión que hicieron otros miembros de su familia, sobre hechos que conciernen a la vida privada de ellas, y que involucran a éste, como causante de la afectación sufrida por ellas, entonces no puede considerarse que dicha difusión resulte arbitraria o abusiva, puesto que se realizó en ejercicio del legítimo derecho que les asiste de difundir información que les es propia, en la medida en que sea veraz, y que las expresiones utilizadas estén protegidas constitucionalmente, por no ser 32

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con previa autorización de la autoridad jurisdiccional, puede intervenir comunicaciones privadas para poder obtener información en la persecución de ciertos delitos -delincuencia organizada entre otros-; por tanto, la facultad discrecional y abusiva, por demás arbitraria que otorga en específico el artículo 30 de le Ley de Seguridad Interior, es inconstitucional, toda vez que no fija parteros para poder intervenir las comunicaciones y la vida privada de las personas, además de que deja de observar que dicha facultad debe de estar autorizada por la autoridad judicial, es decir un Juez Distrito de la materia, que autorice la intervención de una comunicaciones, que pueda resultar benéfica para la investigación de un delito. La violación de este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra -sin el consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial-, una comunicación ajena, con independencia de que, con posterioridad, se difunda el contenido de la conversación interceptada33. En conclusión, tanto nuestra Constitución Federal como la Convención Americana de Derechos Humanos, buscan garantizar los elementos mínimos para que se pueda intervenir una comunicación, tales como dicha autorización venga de un Juez competente, en donde haya ponderado sobre los derechos en juego y se haya decantado sobre una intervención al derecho a la intimidad o vida privada, para privilegiar un interés social, en la persecución de los delitos. Bajo lo anterior, se debe de concluir la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del “CAPÍTULO CUARTO. DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR”, toda vez que no establece los elementos formales mínimos para la intervención de comunicaciones, estableciendo que las Fuerzas Armadas, lo pueden hacer de forma unilateral, sin previa autorización de la autoridad jurisdiccional, además de que dicho privilegio, solamente opera para ciertos delitos, cuestiones que no está definida en dicha legislación, por lo cual se viola también el principio de taxatividad34. Además de que dicho principio opera frente a terceros, por lo cual no pueden tener acceso a dichas comunicaciones privadas de forma unilateral, ya que se estaría vedando el ejercicio pleno del derecho fundamental a la privacidad, cuestión que está consagrada como un bien sustantivo constitucionalmente reconocido.

absolutamente vejatorias, esto es, ofensivas, oprobiosas o impertinentes, según el contexto.” 33 Amparo directo en revisión 1621/2010. Tesis: 1a. CLVII/2011: “DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. PARA DETERMINAR SU VIOLACIÓN SE REQUIERE LA INTENCIÓN DEL TERCERO AJENO A LA COMUNICACIÓN. La intercepción de las comunicaciones privadas, a fin de consumarse la violación del derecho fundamental previsto en el artículo 16, párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de la intención del tercero ajeno a la comunicación. Esto es, se debe intervenir conscientemente en el proceso comunicativo y no como consecuencia de un error o casualidad. En este último caso, no se produciría consecuencia jurídica alguna, si aquel que interviene fortuitamente en una comunicación ajena, no difunde el contenido de la misma o afecta otro derecho. Asimismo, la violación al derecho fundamental en estudio requiere un medio de transmisión del mensaje distinto de la palabra o gesto percibido directamente entre dos individuos, esto último, con independencia de la posible violación al derecho a la intimidad.” 34

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Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis: 1a./J. 5/2013 (9a.): “DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN. La reserva de las comunicaciones, prevista en el artículo 16, párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone sólo frente a terceros ajenos a la comunicación. De tal forma que el levantamiento del secreto por uno de los participantes en la comunicación no se considera una violación a este derecho fundamental. Lo anterior no resulta óbice para que, en su caso, se configure una violación al derecho a la intimidad dependiendo del contenido concreto de la conversación divulgada.”.

DÉCIMO SEXTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. VIOLACIÓN DIRECTA AL ARTÍCULO 1°, TERCER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR PROTECCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES –EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO DURO QUE PREVÉ EL 29 DEL PROPIO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL. Finalmente, no pasa inadvertido que el elemento fundamental del decreto de excepción –previsto en el 29 constitucional., es el respeto tanto al Estado Constitucional de Derecho, así como a los elementos que sirven como barrera o contención para el Estado como lo son los derechos fundamentales, tomando como punto de partida la esencia de la doctrina italiana alrededor de una formación integral de derechos que sean la esfera de lo indecible aún en cuestiones políticas o legislativas, constituyendo un límite al actuar del ente político-jurídico; en esa tesitura puede concluirse que el artículo 7 de la Ley de Seguridad Interior, es inconstitucional e inconvencional ya que no ha hace una distinción sobre cuáles son los derechos que no se pueden menoscabar bajo ninguna circunstancia por ser considerados como fundamentales, sino únicamente refiere que deben de ser protegidos y garantizados. Sirve de apoyo a lo anterior, lo resuelto por la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador35, de cuatro de julio de dos mil siete, en donde dispuso: “54. La Corte considera que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción. Este Tribunal ha entendido anteriormente que se consideran como garantías indispensables aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, las cuales serán distintas según los derechos afectados. Tales garantías son aquéllas a las que la Convención se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. Esas garantías judiciales indispensables deben subsistir 35

Criterio vinculante para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011.

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para verificar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas específicas adoptadas en ejercicio de estas facultades excepcionales.”, concluyendo que los Estados partes no pueden prescindir de las garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales, cuestión que no aborda el artículo 7 de la Ley de Seguridad Interior generando con ello su inconvencionalidad. Bajo la premisa anterior, el arribo a la protección de derechos fundamentales es una cuestión general para todas las instituciones del Estado mexicano, por tanto, el ejercicio de esos derechos no puede menoscabarse ya que se estaría generando una violación directa al artículo 1, tercer párrafo de la Ley Fundamental.

DÉCIMO SÉPTIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Como es sabido, las fuerzas armadas se integran por el ejército, la fuerza área y la marina armada; su regulación constitucional se encuentra en los siguientes artículos: Artículo 5º, el servicio de las armas es obligatorio sólo en términos de la ley correspondiente. Artículo 10, prevé la existencia de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Artículo 13, jurisdicción militar sólo para integrantes de las fuerzas armadas y prohibición expresa de que civiles sean sometidos a dicha jurisdicción. Artículo 16, en tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna, lo cual no ocurrirá en tiempo de guerra pues podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Artículo 32, en tiempo de paz sólo los mexicanos por nacimiento pueden pertenecer a las fuerzas armadas. Artículo 73, fracción XIV, facultad del Congreso de la Unión para levantar y sostenerlas y para reglamentar su organización y servicio. Artículo 76, fracción II, facultad exclusiva de la Cámara de Senadores ratificar los nombramientos que haga el Presidente de la República respecto de los coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Artículo 78, fracción VII, facultad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de ratificar los nombramientos que haga el Presidente de la República respecto de los coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuando se encuentre en receso la Cámara de Senadores. Artículo 89, fracciones IV y IV, nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como nombrar a los demás oficiales de éstos. Artículo 123, apartado B, fracción XIII, prestaciones de seguridad social a los integrantes de las fuerzas armadas. Artículo 129, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

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Ahora bien, de un análisis sistémico y funcional de los artículos mencionados anteriormente se advierten dos circunstancias: la primera, que las fuerzas armadas son instituciones permanentes cuya actividad regular está encaminada a defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, y la segunda, que sólo en casos excepcionales, como es el tiempo de guerra contrario al tiempo de paz, su actividad puede ser ampliada, pero siempre ajustado a los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Al respecto es oportuno mencionar que el artículo 129 constitucional es uno de los pocos artículos cuya redacción vigente es la misma que la del texto original de la Constitución de 1917, es decir, no ha sufrido reforma alguna; lo anterior resulta importante al considerar que, al discutirse el citado precepto normativo, que en el proyecto de Constitución enviado por el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, era el artículo 128, que finalmente quedó como 129. Al discutirse dicho artículo, a ninguno de los diputados constituyentes le quedó duda del significado de la porción normativa que señala que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, con lo anterior se advierte que, si los propios constituyentes hubiesen considerado la posibilidad que en tiempo de guerra la autoridad militar ejerciera funciones distintas a la disciplina militar ello hubiese quedado manifestado. Una vez señalada la regulación constitucional y la limitación en su actuación es oportuno mencionar qué son las fuerzas armadas y cuál es su fin; así Miguel Acosta Romero define al ejército, en su sentido amplio que incluye la fuerza área y la armada, de la siguiente forma: … El conjunto de hombres, armas, máquinas y animales, costeados por el Estado, encargados de mantener el orden interno y externo del país, establecido y regulado por la Constitución y las leyes, y autorizado para ello por el propio Estado, comprendiendo tanto el ámbito terrestre como, el aéreo. …el nacimiento de nuestro Ejército, el cual surgió para defender y afirmar la personalidad del país, y mantener en firme la libertad, el orden y la paz … Al ejército en términos generales, lo podemos enfocar de dos maneras: Por un lado, en sentido social, y por el otro, como un medio de defensa o agresión (guerra). Nos enfocamos al primero, ya que el último aspecto, está inmerso en un importante número de los Ejércitos del mundo, de los cuales afortunadamente no formamos parte. El sentido social, es un sentido de paz, de seguridad para el país, es decir, custodiar la integridad nacional, y en el cual, se llevan a cabo funciones en bien de los ciudadanos. … Existe la necesidad en todo país, de organizar y conservar un Ejército, una Fuerza Armada, considerado como un elemento de poder necesario para asegurar su existencia y la de la nación, así como la defensa de su territorio, con relación al peligro interno o externo que se presente, y el Ejército Mexicano, no es la excepción de aquéllos que han surgido por necesidad, que son prácticamente todos.

De lo mencionado se advierte que las fuerzas armadas tienen como principal objetivo defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, en su doble vertiente, externa e interna. 115

Ahora bien, la previsión de que pueda participar en actividades para preservar la seguridad interior, no implica que pueda realizar actividades de seguridad pública, pues la distinción normativa se encuentra prevista en el artículo 21 constitucional, en lo particular al señalar distinguir las materias de seguridad pública, seguridad exterior y seguridad interior. En consecuencia, lo conducente es declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior toda vez que conforme a la misma le otorga al ejército participación en labores que son propias de las autoridades civiles como lo es la seguridad pública.

DÉCIMO OCTAVO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El artículo 8, en relación con las fracciones II y IV del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, es violatorio del primer párrafo del artículo 6, así como del artículo 9, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también vulnera el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y; 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), conforme a lo siguiente: El artículo cuya invalidez se reclama, establece lo siguiente: “Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

De la transcripción anterior, se advierte claramente que dicho artículo únicamente contempla dos tipos de movilizaciones que no serán consideradas Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, a saber: las de protesta social y las que tengan un motivo político electoral. Independientemente de que la Ley de Seguridad Interior adolece de la definición del término “movilizaciones” o “movilización” es claro que puede haber otro tipo de movilizaciones además de las dos señaladas con anterioridad como las religiosas, artísticas, deportivas, culturales, sociales que no sean de protesta o políticas que no tengan fines electorales, entre muchísimas otras. En consecuencia, la distinción que introduce el artículo impugnado hace que todas esas movilizaciones que no sean de protesta social o que tengan un motivo distinto al político electoral puedan ser consideradas Amenazas a la Seguridad Interior o incluso puedan ser materia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Las Amenazas a la Seguridad Interior, de acuerdo con la fracción II del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, son: “Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

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I. … II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional; III. al X. ...”

El primer aspecto que es importante señalar es que no se sabe con claridad si el artículo 3 al que se refiere la definición de Amenazas a la Seguridad Interior es el de la propia Ley de Seguridad Interior o es el de la Ley de Seguridad Nacional. Asumimos que no se trata del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, ya que dicho artículo trata sobre lo que se entiende por Seguridad Nacional, y el artículo 3 de la Ley de Seguridad Interior efectivamente sí habla de principios y lo hace de la siguiente manera: “Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior se observarán los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza.”

Por su parte el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional (referido en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Interior) establece lo siguiente: “Artículo 4.- La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.”

Ahora bien, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional (referido como Amenazas a la Seguridad Interior en el artículo 4, fracción II, de la Ley de Seguridad Interior) establece lo siguiente: “Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

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VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático; VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.”

Pues bien, el hecho de que se señale en el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, a contrario sensu, que movilizaciones que no sean de protesta social o que tengan un motivo distinto al político electoral pueden ser o serán consideradas Amenazas a la Seguridad Interior, es decir, que afectan los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación (establecidos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional) y los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad (establecidos en el artículo 3 de la propia Ley de Seguridad Interior) viola lo establecido en el primer párrafo del artículo 6 y en el artículo 9, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que atenta contra el derecho humano de manifestar públicamente las ideas así como el derecho de asociación o reunión. Así, los referidos preceptos constitucionales son del tenor literal siguiente: “Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.” “Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

El primer aspecto que hay que señalar es que la definición de Amenazas a la Seguridad Interior adolece de incongruencias graves. La primera es con relación a su propia naturaleza, ya que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española la definición de amenazar es: 1. tr. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien.

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2. tr. Dicho de algo malo o dañino. Presentarse como inminente para alguien o algo. Una epidemia amenaza a la población. 3. Dicho de una cosa: Dar indicios de ir a sufrir algo malo o dañino. La casa amenaza ruina. 4. tr. En desuso. Conducir, guiar el ganado.

Pues bien, puede apreciarse con claridad que en la definición de amenaza hay un grado de potencialidad o posibilidad, es decir, un hecho que no ha sucedido o que no sucederá necesariamente y eso se aprecia al ver los términos “que se quiere hacer algún mal” (no se ha hecho) o cuando dice “presentarse como inminente” o sea, que está por suceder prontamente (pero no ha sucedido) o que “da indicios de sufrir algo malo o dañino” (pero que no se ha sufrido). Sin embargo, la definición de Amenazas a la Seguridad Interior dice claramente que son “las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional” Es decir que la definición de amenaza no habla de una posible, inminente afectación, sino una afectación real y presente y ello va en contra de la propia naturaleza de lo que se entiende por amenaza. Pues bien, es muy grave que se afecte o se coaccione el derecho de manifestación pública de las ideas o el derecho de asociación pública considerando que ambas cosas afectan, de manera actual y presente, los principios señalados con antelación. Además, la distinción entre las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral y el resto de las movilizaciones no tiene ningún asidero lógico, racional o legal. No existe ningún motivo para darle un tratamiento especial a este tipo de movilizaciones. El segundo aspecto preocupante de la definición de Amenazas a la Seguridad Interior es que hace referencia a una afectación de los principios establecidos en el artículo 3 (no está claro de que ley, pero por las razones expuestas con anterioridad, se infiere que es el de la Ley de Seguridad Interior) y dichos principios no son principios de la Seguridad Interior, sino principios que aplican “al ejercicio de las atribuciones de Seguridad Interior”, es decir, que se refieren a la manera en que debe ejercerse, por ejemplo, la fuerza pública, la cual debe ser racional, oportuna, proporcional, temporal, subsidiaria y gradual. ¿Cómo puede considerarse una movilización en sí misma una amenaza a dichos principios? Ello demuestra claramente que considerar que las movilizaciones amenazan o podrían amenazar dichos principios es una forma de legitimar la limitación, control o coacción sobre el derecho de libre manifestación de las ideas y el derecho de asociación o reunión. Pero lo más grave de todo es que, al poder considerar a las movilizaciones que hemos señalado con anterioridad amenazas a la Seguridad Interior, también pueden ser materia de una Declaratoria de protección a la

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Seguridad Interior. Al respecto la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior la define de la siguiente forma: “Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: … IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior;” …”

Es decir que las movilizaciones que no sean de protesta social o que tengan un motivo distinto al político electoral pueden ser consideradas Amenazas a la Seguridad Interior y, en consecuencia, puede haber una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que habilite la intervención incluso de las Fuerzas Armadas, lo cual constituye una afectación grave y sin precedentes al derecho humano de libre manifestación de las ideas y al derecho humano de asociación o reunión. Lo anterior también vulnera el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y; 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto el artículo primero de nuestra Carta Magna señala: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Interpretar que las movilizaciones son una Amenaza a la Seguridad Interior o que en ellas deben estar presentes el Ejército, la Armada y Fuerza Aérea o las instituciones policiales federales en atención a su supuesta calidad de amenaza, en modo alguno atiende al párrafo segundo del artículo primero 120

constitucional, ya que ello no otorga la protección más amplia que mandata nuestra norma suprema, sino que establece limitaciones graves o restringe los derechos humanos de asociación y libre manifestación de las ideas, e implica una coacción implícita a los derechos humanos de quienes participan en dichas movilizaciones o de quienes, en ellas, manifiestan sus ideas. Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en sus artículos 18, 19 y 20 lo siguiente: “Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona puede manifestar su pensamiento colectiva y públicamente, incluyendo su religión o creencia; el 19 señala que todo individuo puede difundir sus opiniones por cualquier medio de expresión (incluidas las movilizaciones) y no hay nada que justifique considerar a las movilizaciones como Amenazas a la Seguridad Interior ni tampoco existe razón para hacer una distinción entre un tipo de movilizaciones y otro tipo. Finalmente, el artículo 20 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, por lo que no existe asidero constitucional y legal que justifique considerar a las movilizaciones como Amenazas a la Seguridad Interior, restringiendo el ejercicio de ese derecho, ya que la presencia de las fuerzas armadas en las movilizaciones constituye, en sí mismo, una forma de reprimir la libertad de expresión, y ello va en contra de las siguientes tesis aisladas: Época: Novena Época Registro: 172476 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 26/2007 Página: 1523 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo

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anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal. Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 26/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. Nota: Por ejecutoria de fecha 7 de enero de 2010, el Tribunal Pleno declaró improcedente la contradicción de tesis 53/2008-PL en que participó el presente criterio.

Época: Novena Época Registro: 164995 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LIV/2010 Página: 927 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS. El derecho de libertad de asociación consagrado en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe confundirse con la libertad de reunión prevista en el mismo artículo constitucional. El primero es un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa que implica entre varias cuestiones la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección. En cambio, la libertad de reunión, aunque es un derecho que mantiene íntima relación con el de asociación, consiste en que todo individuo pueda congregarse o agruparse con otras personas, en un ámbito privado o público y con la finalidad lícita que se quiera, siempre que el ejercicio de este derecho se lleve a cabo de manera pacífica. La diferencia sustancial entre ambos derechos es que la libertad de asociación implica la formación de una nueva persona jurídica, con efectos jurídicos continuos y permanentes, mientras que una simple

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congregación de personas, aunque puede compartir los fines u objetivos de una asociación, se caracteriza por una existencia transitoria cuyos efectos se despliegan al momento de la reunión física de los individuos. Amparo en revisión 2186/2009. Álvaro Jesús Altamirano Ramírez. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Tesis: Primera Sala Semanario Judicial de la Federación: Tomo XXXVIII Página: 224 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La manifestación de las ideas y la libertad de exponerlas, haciendo propaganda para que lleguen a ser estimadas por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, así como la perturbación del orden público, por lo que aquellas manifestaciones que tienden a hacer prosélitos para determinada bandería política o ideológica, no pueden constituir, entre tanto no alteren realmente el orden público, delito alguno, y reprimirlos constituye una violación a las garantías individuales. Amparo penal directo 4709/31. Camps Trujillo Federico y coagraviados. 10 de mayo de 1933. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Es claro que ese tipo de distinciones como la que estamos evidenciando podría constituirse en un modo de coacción o presión implícitos en contra de la libertad de expresión y asociación ya que podría instruirse la presencia de Fuerzas Armadas cuando algún tipo de expresión pública y colectiva no sea acorde con la ideología o los criterios políticos del gobernante en turno. Al respecto de los derechos humanos que a través del artículo 8 se vulneran, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en sus artículos 13, 15 y 16 lo siguiente: Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

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b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Artículo 16. Libertad de Asociación 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. Como puede apreciarse hay dos aspectos relevantes a considerar respecto de los artículos que hemos transcrito:

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El primero es que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Lo anterior es relevante porque el considerar de manera previa a las movilizaciones en general como posibles Amenazas a la Seguridad Interior y sujetas a una posible Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que habilite la intervención de la Federación se está llevando a cabo una restricción de la libertad de expresión por una vía indirecta, a saber: un abuso en controles oficiales como puede ser la presencia de las fuerzas armadas en dichas manifestaciones públicas y colectivas. El segundo es que cualquier restricción tanto a la libertad de pensamiento y expresión, como a la de asociación no puede llevarse a cabo de forma discrecional por parte de la autoridad, sino que los supuestos de su intervención y actuación deben estar fijados de manera previa y expresa en la Ley. Ello implica que la ley debería considerar las hipótesis normativas que deberían ocurrir (como consecuencia de las movilizaciones) para justificar, de forma ulterior y no anterior, la presencia de las fuerzas armadas en ellas, tal como lo señala la siguiente Tesis Aislada: Época: Novena Época Registro: 176748 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Noviembre de 2005 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CXLII/2005 Página: 35 ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE REUNIÓN. La garantía de libertad de reunión contenida en el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho de reunirse o congregarse para cualquier objeto lícito y de manera pacífica, por lo que su finalidad no puede estar en pugna con las buenas costumbres y las normas de orden público. En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 194 del Código Penal del Estado de México, al tipificar el delito de ataque a las vías de comunicación y a los medios de transporte, no viola la citada garantía constitucional, toda vez que para su acreditamiento basta la intervención de un solo sujeto activo, es decir, no tienen que reunirse varias personas para obstaculizar dolosamente una vía de comunicación o la prestación de un servicio público local de comunicación o de transporte; por lo que no existe vinculación alguna entre la determinación del legislador local de sancionar penalmente la conducta señalada y el derecho fundamental aludido. Amparo directo en revisión 1204/2005. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

En consecuencia y por todo lo señalado con anterioridad, este concepto de invalidez debe declararse fundado y en consecuencia, se solicita a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la delimitación al concepto de movilizaciones prevista en el artículo 125

impugnado: “de protesta social o las que tengan un motivo políticoelectoral”, y, en su caso, lleve a cabo una interpretación conforme de los alcances del precepto legal impugnado de forma tal que en el concepto movilización se preserve y garantice el derecho humano de asociación y de reunión en toda su extensión de conformidad con lo expuesto por nuestra Carta Magna y los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte.

DÉCIMO NOVENO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Los artículos 1, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23 y 24 de la de la Ley de Seguridad Interior, así como su artículo Segundo Transitorio, son violatorios de los artículos 73, fracción XXIX-M, 89, fracción VI y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente: Todos los artículos cuya invalidez se reclaman establecen facultades concurrente u obligaciones para los estados y municipios. Dichos artículos establecen lo siguiente: Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia. Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Acciones de Seguridad Interior: Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior; II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional; III. … IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior; V. … Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación

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con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia. Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional. Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. … Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes: I. Amenaza identificada y el impacto de la misma; II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas; III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada; IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada; V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de restablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes. Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener lo siguiente: I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá́ ; III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

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IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior; V. Las Fuerzas Federales participantes; VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley; VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y VIII. La temporalidad de la Declaratoria. Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas. Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación. Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades: I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas; II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria; III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior; IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla; V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia; VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;

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VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta Ley, y VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley. Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran. Artículo Segundo Transitorio. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados. Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos.

La emisión de los artículos impugnados claramente ocasiona una invasión a la esfera de competencia de los estados y municipios, ya que les impone obligaciones sin que tenga en modo alguno facultades para hacerlo. Hemos señalado en el primer concepto de invalidez, contenido en la presente demanda de acción de inconstitucionalidad, que el Congreso de la Unión carece de facultades, tanto expresas (explícitas) como implícitas, para legislar en materia de “seguridad interior”. Independientemente de lo anterior, en el supuesto que al efecto se determine la competencia federal para legislar en materia de “seguridad interior”, no existe atribución constitucional que faculte al Congreso de la Unión, para imponer a los estados y municipios determinadas obligaciones en la atención de los eventos identificados como Riesgos o Amenazas. Lo anterior es así ya que el artículo 124 de nuestro Pacto Federal señala que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, de ahí que la Federación no pueda imponer a los Estados y municipios obligaciones en materia de Seguridad Interior. Dicho lo anterior es importante señalar que el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior señala que “sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia”. A pesar de que no coincidimos en que la fracción XXIX-M del artículo 73 pueda ser fundamento de una Ley de Seguridad Interior, ya que dicho precepto se refiere a la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y

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límites a las investigaciones correspondientes, en el supuesto (que en modo alguno compartimos) que dicho precepto sí pudiera ser sustento para la emisión de la Ley de Seguridad Interior, no establece ningún tipo de facultad concurrente o de distribución de competencias para los estados o municipios, con lo cual las cargas y obligaciones resaltadas en todos los artículos impugnados están violando tanto el artículo 73, fracción XXIX-M como el artículo 124, ambos de nuestra Carta Magna. Lo anterior se corrobora con las siguientes tesis jurisprudenciales: Época: Novena Época Registro: 172739 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P. VII/2007 Página: 5 LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete. Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 130

Con formato: Fuente: 12 pto, Subrayado

Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita, Subrayado

1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

El Doctor Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explica el tema con profundidad en su ensayo sobre Facultades Concurrentes y Federalismo, publicado en el libro “Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo 2: Estudios Jurídicos” del cual nos permitimos transcribir el capítulo III relativo a los “Problemas de diseño y de entendimiento de la distribución competencial” el cual señala en las fojas 272 a 275 lo siguiente: III. PROBLEMAS DE DISEÑO Y DE ENTENDIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL El diseño constitucional y la realidad política no siempre se han correspondido. En nuestro país el principio de competencia normativa reconoce a todas las entidades federativas un estatuto jurídico común, permitiendo que cada una de ellas pueda desarrollar, a partir de los márgenes que marca la constitución, un marco más o menos amplio de actuación. la constitución mexicana recoge la cláusula federal en sus artículos 73 y 124, aunque la forma federal del estado se establece en el artículo 40. El artículo 73 constitucional establece las facultades explícitas del congreso de la unión para legislar, es decir, se delimitan las materias 131

que son competencia de las autoridades federales. Esta delimitación no es precisa, pues la última fracción (XXX), de dicho artículo establece36 las facultades implícitas para legislar (implied powers), que permiten ampliar considerablemente la esfera federal, tal como de hecho ha sucedido en el modelo original estadounidense. Las facultades implícitas son las que el Poder legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros dos poderes federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas; su función va en relación directa con las facultades explícitas. Entre unas y otras siempre debe existir relación, pues las implícitas no funcionan de manera autónoma. 37 Sin embargo, ha sido a través de las facultades implícitas que se ha ampliado el espectro de facultades federales. Las materias sobre las que puede legislar el congreso se encuentran en el amplio artículo 73 (treinta fracciones); sin embargo, otros artículos atribuyen facultades para legislar como: el artículo 26, en materia de planeación nacional del desarrollo; el artículo 27, en materia agraria y explotación del subsuelo; el artículo 28, en materia de monopolios, control de precios y protección al consumidor. Tanto el artículo 73 como el 124 suponen normas atributivas de competencias pero deben complementarse con otras normas que, a pesar de no otorgar competencias de forma positiva, prohíben a la federación o a los estados regular ciertas materias, constituyéndose en algunos casos en limitaciones materiales a las facultades legislativas enunciadas en los artículos mencionados. Por su parte, las prohibiciones a los estados pueden ser absolutas o relativas. Son prohibiciones absolutas aquellas que la constitución prevé que los estados jamás podrán realizar y se enumeran en el artículo 117. Son relativas, aquellas en las que la actuación de las entidades federativas está subordinada a la autorización del congreso de la unión, consagradas en el artículo 118. En este último caso, la autorización del congreso es condición necesaria para la existencia y parámetro de validez de las normas que, con posterioridad, dicten las entidades federativas. Lo anterior lo realiza el congreso a través de una ley marco o ley-base, si fuera el caso, o a través de un decreto, si se tratara de una autorización de carácter singular y concreto. Excepcionalmente, el Órgano reformador de la constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). En el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el congreso de la unión el

Igual que la constitución norteamericana (artículo 1, sección VIII, párrafo 18). Las facultades implícitas no se usan con frecuencia en México porque siempre que se ha querido hacer uso de ellas se ha acudido a la reforma constitucional. 36 37

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que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.38 A pesar de la reserva formal que hace el artículo 124 constitucional a favor de las entidades federativas hoy en día, la constitución guarda muy pocas materias para los estados. Lo anterior se debe a que el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para legislar en un desproporcionado número de materias, lo cual deja a los estados muy pocas áreas sobre las cuales pueden ejercer sus competencias legislativas. Esta alteración de la distribución competencial genérica demuestra que la constitución ha querido que sean los tres niveles de gobierno quienes participen en la regulación y ejecución de ciertas materias. Es muy relevante notar que en 1995 existían en la constitución federal cuatro materias concurrentes: educación, salud, asentamientos humanos y equilibrio ecológico. Hoy en día se puede hablar de cerca de doce leyes denominadas generales o de concurrencia y cinco de vinculación o coordinación obligatoria, como en materia de contabilidad gubernamental, archivos o seguridad pública. La primera ley que no distribuyó competencias pero sí obligó a la coordinación fue la derivada de la reforma al sistema de seguridad pública (1995).39 A partir de entonces, se ha experimentado un cambio fundamental en el texto constitucional y su régimen competencial que ha trastocado la integridad del sistema federal mexicano. La ausencia de un proyecto federal capaz de armonizar las competencias, las responsabilidades y los recursos de los tres niveles de gobierno se ha convertido en un obstáculo a la gobernabilidad, un desafío al régimen político actual y, en definitiva, en un difícil pronóstico para el federalismo. Ni la academia, ni el legislador han desarrollado una teoría constitucional clara sobre el fenómeno normativo que la expansión de facultades, competencias y reservas han provocado sobre los diferentes niveles de gobierno. En este contexto, es pertinente señalar que la corte no ha sido rediseñada solamente para el federalismo, sino para moderar los efectos legislativos de la pluralidad en curso y para evitar traslapes y abusos entre los poderes legislativo y ejecutivo federales. Con el tiempo, sin embargo, más de la mitad de las controversias constitucionales serían presentadas por los municipios (320 de 614, hasta 2005) en defensa de sus atribuciones constitucionales. Algunos ejemplos que denotan el papel de la corte en el federalismo actual son: la controversia constitucional 92/2010. En ella, el municipio de San Pedro Garza García reclamó del congreso de Nuevo León, la expedición de la Ley de Emergencia Policial, argumentando violación a los artículos 21 y 73, fracción XXIII, constitucionales; la controversia constitucional 50/2012, en la cual el municipio de Querétaro impugna el Tesis jurisprudencial de ubicación y rubro: “facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. sus características generales”. 87982. P./J. 142/2001. Pleno, novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XV, enero de 2002, p. 1042. derivada de la controversia constitucional 29/2000, Poder ejecutivo Federal, 15 de noviembre de 2001, once votos. Ponente: Sergio salvador Aguirre Anguiano. secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 39 En el artículo 21 constitucional se estableció la obligación de las instituciones policiales de los tres órganos de gobierno de coordinarse entre sí, razón por la cual se creó el sistema nacional de seguridad Pública. 38

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Código Urbano del Estado emitido por la facultad del ejecutivo local en materia de utilización, autorización, control y vigilancia de uso de suelo; la acción de inconstitucionalidad 4/2015, en la cual la CNDH impugnó la Ley de Extinción de Dominio de Quintana Roo, por el destino de los bienes de esta figura; y la Acción de inconstitucionalidad 6/2015, en la que la Procuraduría General de la República controvirtió la Ley en Materia de Trata de Quintana Roo, al regular aspectos de protección y derecho de víctimas, así como la reparación del daño.

En este orden de ideas, los artículos impugnados distribuyen competencias e impone obligaciones a las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Establecen la obligación de establecer esquemas de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a acatar los Lineamientos para la participación de las entidades federativas en Acciones de Seguridad Interior o para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos emitidas por el Consejo de Seguridad Nacional (compuesto por autoridades federales), el compromiso de contribuir en la atención de la amenaza, además de cooperar en su atención y bajo la coordinación de la autoridad federal designada. Así mismo, es necesario agregar que dicha distribución de competencias e imposición de obligaciones que realiza el Congreso, suceden sin que este tenga facultades para expedir una ley general en la materia. La Ley que se impugna tiene el carácter de “general”, dado que pretende distribuir atribuciones entre los órdenes de gobierno. En este sentido, en términos constitucionales es indispensable que el Congreso de la Unión cuente con la facultad expresa para expedir una ley general en dicha materia. Cabe destacar que el Senado de la República aprobó, el mismo día en que se aprobó el dictamen de la nueva ley, una reforma constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad citada. Como puede apreciarse el artículo 73, fracción XXIX-M no establece en modo alguno una facultad para que el Congreso de la Unión fije concurrencias u obligaciones para los estados y municipios y, al fijar la Ley de Seguridad Interior dichas concurrencias u obligaciones va más allá del precepto constitucional, con lo que lo vulnera gravemente e invade esferas competenciales de otros órdenes de gobierno, con lo que también vulnera el artículo 124 de nuestro Pacto Federal. Finalmente, el artículo 89, fracción VI, tampoco puede ser fundamento para el establecimiento de facultades concurrentes u obligaciones para los estados o municipios en la Ley de Seguridad Interior, ya que dicho precepto se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente de la República y en todo caso este precepto podría ser fundamento únicamente de una Ley que reglamentara el ejercicio de dicha facultad, pero en modo alguno establecer concurrencias hacia los estados y municipios. En consecuencia y por todo lo señalado con anterioridad, este concepto de invalidez debe declararse fundado, de forma tal que las cargas y obligaciones impuestas a las autoridades locales en los artículos ahora impugnados sean expulsadas del ordenamiento jurídico.

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VIGÉSIMO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Los artículos 20, fracciones I y II, 21 in fine y 22 in fine, de la Ley de Seguridad Interior son contrarios a lo dispuesto en los artículos 80, 89, fracción VI, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos que se controvierten en la presente demanda de Acción de Inconstitucionalidad, son del tenor siguiente: “Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al procedimiento siguiente: I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en términos del artículo 21; II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes; Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas. Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación.”

Los preceptos legales antes citados, desarrollan el esquema de colaboración previsto en la Ley para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones necesarias para la atención de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Al efecto, para la ejecución de los trabajos necesarios en la emisión de la Declaratoria, la ley establece: 1.- Un mandato claro y expreso para que sea la Secretaría de Gobernación la dependencia responsable de implementar los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, tal y como se observa del artículo 19 de la norma legal impugnada.

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2.- Dicho mandato, es acorde a lo expuesto en las fracciones XXV, XXVIII y XXX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con los artículos 2, 13, fracción I, 14 y 25, todos de la Ley de Seguridad Nacional, que reconocen la atribución del Titular del Ejecutivo Federal para dictar la política en materia de Seguridad Nacional y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional, además de que establecen la atribución del Consejo de Seguridad Nacional para integrar y coordinar los esfuerzos orientados para preservar la Seguridad Nacional, junto con la atribución específica del Secretario Ejecutivo del Consejo para celebrar convenios de colaboración generales y específicos tendientes a coordinar las acciones en materia de Seguridad Nacional con autoridades estatales y municipales y otras entidades de la Administración Pública Federal. 3.- No obstante lo anterior, los artículos ahora impugnados se apartan de la teleología antes prevista, enunciando hipótesis en las que se desarrolla la participación de las Fuerzas Armadas, disponiendo en el artículo 20, fracción I, que corresponderá a un Comandante de las mismas la dirección de los grupos institucionales que al efecto se integren conforme al artículo 21 de la Ley, quien será propuesto conjuntamente entre los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina. 4.- Dicha previsión se replica igualmente en el artículo 22 in fine del ordenamiento legal, al disponer contrariu sensu, que siempre que se requiera la participación de la Fuerzas Armadas, la dirección de los trabajos del grupo interinstitucional conformado en los términos antes señalados corresponderá siempre e invariablemente a un Comandante integrante de las Fuerzas Armadas. De lo anterior, se observa claramente una invasión injustificada a las facultades previstas en nuestra Carta Fundamental del Ejecutivo Federal, al establecer que los responsables de la dirección de los Grupos InstitucionalesInterinstitucionales creados, invariablemente corresponderá a un Comandante de las Fuerzas Armadas. Los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen con claridad la jerarquía normativa dentro del Poder Ejecutivo. En este sentido se establece que el Presidente de la República es responsable final del desarrollo de la función administrativa en el orden federal, misma que para efectos funcionales y de organización, se divide en administración pública centralizada y paraestatal. Por tal motivo, resulta contrario a lo dispuesto en tales mandatos constitucionales condicionar al Ejecutivo Federal a que invariablemente deberá designar a un Comandante de las Fuerzas Armadas siempre que éstas participen, pues en el caso debe preservarse la facultad del Presidente de la República de nombrar libremente a quien estime más apto para la dirección y coordinación del Grupo Institucional creado, sin que esto signifique el negar la posibilidad de que un integrante de las Fuerzas

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Armadas no pueda hacerlorealizar esta función, pues lo que se somete a revisión del interpreteInterprete final de nuestra Carta Magna, es la limitación impuesta al Titular del Ejecutivo Federal a que en todo momento e independientemente de las circunstancias que hayan motivado la emisión de la Declaratoria, el Grupo Interinstitucional conformado sea invariablemente seadirigido por un integrante de las Fuerzas Armadas quien lleve a cabo esas labores de dirección y coordinación. . Con ello se delimita de manera injustificada la labor del Jefe del Estado Mexicano a ser el responsable final del desarrollo de la función administrativa en el orden federal, sirviendo de referente la siguiente jurisprudencia emitida por esa Suprema Corte de Justicia: Época: Décima Época Registro: 2002582 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 178/2012 (10a.) Página: 729 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO. El presidente de la República tiene a su cargo el desarrollo de la función administrativa en el orden federal la cual, para efectos funcionales y de organización, se divide en administración pública centralizada y paraestatal; la centralizada tiene como principal característica la dependencia directa e inmediata de los órganos y subórganos que realizan dicha función con aquél, con base en un sistema de controles, mando y vigilancia de tipo jerárquico superior-inferior (de manera vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es indirecta y mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, los organismos que la componen se vinculan en distintos grados con la administración centralizada y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos mecanismos de control y vigilancia por parte de éste hacia aquéllos (de manera horizontal). Ahora bien, independientemente de que las relaciones entre el titular del Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales se den de manera distinta, lo cierto es que ambas realizan funciones públicas en el ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les corresponden en el marco de las leyes, los planes y los programas del desarrollo nacional que compete ejecutar al presidente de la República. De ahí que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito federal como responsable de la administración pública y pueda llevar a cabo sus atribuciones directamente por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada o indirectamente con la colaboración de las entidades de la administración pública paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman parte de dicho Poder en sentido amplio. Esta situación es aplicable en los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia.

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Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia 178/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de noviembre de dos mil doce. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 376/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017.

De igual manera, en ejercicio de la responsabilidad prevista a nivel Constitucional, el Presidente de la República quien tiene la libre atribución para determinar a los servidores públicos a su cargo o a los órganos que integran la administración pública en quien o quienes delega una función determinada prevista en la ley: Época: Novena Época Registro: 196952 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Administrativa, Constitucional Tesis: 2a./J. 68/97 Página: 390

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REGLAMENTOS. LA FACULTAD DE EXPEDIRLOS INCLUYE LA DE CREAR AUTORIDADES Y DETERMINAR SU COMPETENCIA. El presidente de la República tiene la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Constitución, facultad que incluye la de crear autoridades que ejerzan las atribuciones asignadas por la ley de la materia a determinado organismo de la administración pública; igualmente, se encuentra dentro de dicha facultad determinar las dependencias u órganos internos especializados a través de los cuales se deben ejercer las facultades concedidas por la ley a un organismo público, pues ello significa proveer a la exacta observancia de la ley reglamentada. Además, al tratarse de un organismo que forma parte de la administración pública, aun cuando sea un órgano descentralizado, es precisamente el presidente de la República, el titular de esa administración, quien constitucionalmente está facultado para determinar los órganos internos que ejercerán las facultades otorgadas por la ley, a efecto de hacer posible el cumplimiento de ésta. Amparo en revisión 480/84. Compañía Minera Río Colorado, S.A. 23 de agosto de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Santiago Rodríguez Roldán. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara. Amparo en revisión 1129/88. Compañía Mexicana de Ingeniería, S.A. 8 de junio de 1988. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretaria: Alicia Rodríguez Cruz de Blanco. Amparo en revisión 6458/85. Francisco Javier Vázquez Balderas. 1o. de febrero de 1989. Cinco votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1841/94. Francisco José Luis Gutiérrez Flores. 18 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Germán Martínez Hernández. Amparo en revisión 635/97. José Antonio Zendejas Mora. 25 de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Ma. Alejandra de León González. Tesis de jurisprudencia 68/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

Aunado a lo anterior, no sólo debe preservarse esa facultad del Titular del Ejecutivo Federal sino además, la construcción armónica delde las diversas obligaciones y atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública resultan fundamentales en la construcción y consolidación de un estado democrático de derechoDerecho, máxime que su actuación trascenderá invariablemente a la esfera jurídica de los gobernados,. Máxime que en las queel presente caso, ya previamente se ha desarrollado una arquitectura institucional alrededor de las autoridades civiles previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley de Seguridad Nacional, para que sean lascomo responsables del diseño y desarrollo de los trabajos de coordinación necesarios tendientes a atender 139

cualquier situación que represente un riesgo o amenaza a la Seguridad Interior (vertiente de la Seguridad Nacional). ), tal y como se desprende en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley de Seguridad Nacional,. Por último, el dictamen emitido y aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, no establece razones técnicas u operativas tendientes a justificar los motivos que den sustento para que un Comandante de las Fuerzas Armadas sea siempre e invariablemente quien dirija los trabajos del Grupo InstitucionalInterinstitucional previsto en el ordenamiento legal. En este sentido, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece: “Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: … XXV. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de colaboración que dicho Consejo acuerde; … XXVIII. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; … XXX. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional,”

A su vez, la Ley de Seguridad Nacional, ordenamiento legal que desarrolla el concepto genérico de la Seguridad Nacional, del que deriva la vertiente de la Seguridad Interior y Defensa Exterior, construyó un diseño institucional alrededor de que sean autoridades civiles las responsables de coordinar los trabajos necesarios para la atención de Riesgos y Amenazas a la Seguridad Nacional, exactamente los mismos riesgos y amenazas conceptualizados en la Ley de Seguridad Interior susceptibles de atenderse mediante la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Por ello, los artículos ahora impugnados se apartan del espíritu señalado, puesto que de manera armónica debió seguirse la misma distribución de competencias desarrollada tanto en la Ley de Seguridad Nacional como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, en su caso, ponderar la incorporación de los integrantes de las Fuerzas Armadas en los trabajos de dirección y coordinación de los Grupos Institucionales para la atención de las Declaratorias de Protección que en su caso sean emitidas; o inclusive ponderar la incorporación de que sea un integrante de las Fuerzas Armadas quien lleve a cabo esa labor, mas no hacer nugatoria la posibilidad de que sea una autoridad civil la que realice dicha labor. independientemente de que participen en la atención de la Declaratoria nuestras Fuerzas Armadas. Época: Novena Época Registro: 170675

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Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 48/2007 Página: 1080 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA CREARLOS. Conforme al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida por el Congreso de la Unión, es el ordenamiento mediante el cual se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, y en ella se definen las bases generales de creación de las entidades paraestatales, dividiendo la Administración Pública Federal en centralizada y paraestatal. Ahora bien, de la interpretación relacionada de dicho precepto constitucional con el diverso artículo 73, fracción XXX, de la Ley Fundamental, que otorga al Congreso de la Unión la atribución de expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades que la Constitución concede a los Poderes de la Unión, se concluye que en el ejercicio de esas facultades, conferidas de manera amplia al Congreso de la Unión, éste puede crear aquellas dependencias u órganos de la Administración Pública Federal que estime necesarios, pues su facultad no se agota o limita a la expedición de la Ley Orgánica relativa. Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 48/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Época: Décima Época Registro: 160268 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. II/2012 (9a.) Página: 662 REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE AUTORIZA EXPEDIRLAS A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

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Acorde con el criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenido en la tesis P. XIII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 5, de rubro: "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPEDIRLAS EN MATERIA DE IMPORTACIÓN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, al autorizar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para expedir reglas generales tendentes a regular el registro de usuarios de telefonía, así como la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía en cualquiera de sus modalidades, no contraviene los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque con exclusión de las facultades conferidas al Presidente de la República en los indicados preceptos constitucionales, el Congreso de la Unión puede expedir leyes donde autorice a los órganos de la administración pública federal para dictar reglas técnicooperativas dentro del ámbito de su competencia, esto es, mientras el citado órgano legislativo no interfiera en la formación de los decretos, reglamentos, acuerdos u órdenes, que corresponde al titular del Poder Ejecutivo, puede otorgar directamente a dichos órganos, la atribución de emitir reglas operativas de observancia general dentro del campo de una ley específica. Amparo en revisión 191/2011. José Paz Lieras Castro. 10 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

En consecuencia y por todo lo señalado con anterioridad, este concepto de invalidez debe declararse fundado y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de las porciones normativas que imponen la delimitación antes descrita para la dirección del Grupo Interinstitucional conformado.

VIGÉSIMO PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. El artículo 30 de la Ley de Seguridad Interior, adolece de inconstitucionalidad en virtud de que atribuye facultades en materia de inteligencia sin señalar en qué consisten ellas y en establecer de manera específica los procedimientos e instancias que deban participar en ellas, lo cual, es contrario a lo previsto por el artículo 16 Constitucional. El texto del artículo cuya constitucionalidad se impugna es el siguiente: Artículo 30. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

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Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley de Seguridad Nacional contiene la definición de inteligencia y los procedimientos relacionados con la misma, en los siguientes términos: Artículo 29.- Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional. Artículo 30.- La información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas. Artículo 31.- Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos.

Dentro de las actividades de recolección de información para la inteligencia, se encuentran diversas técnicas. Algunas de ellas, derivado del grado de intromisión en el ámbito de la privacidad de las personas, requieren para su desarrollo de la autorización del Poder Judicial. Tal es el caso de las denominadas intervenciones de comunicaciones privadas. En el marco jurídico mexicano, existen tres autoridades que puedenfacultadas para solicitar la intervención de comunicaciones privadas, a saber: el Ministerio Público, en el desarrollo de investigaciones derivadas de una noticia criminal (Fracción tercera del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales), la Policía Federal, en el desarrollo de investigaciones derivadas de la identificación de posible comisión de delitos (Capítulo XI de la Ley de Policía Federal); y las desarrolladas por el Centro Nacional de Seguridad Nacional (en términos del Capítulo II de la Ley de Seguridad Nacional). El texto cuya constitucionalidad se impugna, no define, en detrimento de la seguridad jurídica, la certeza y los principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad, si las facultades de desarrollar actividades de inteligencia concedidas a las fuerzas armadas implican la posibilidad de realizar directamente la intervención de comunicaciones privadas. La falta de certeza explícita abre diversas posibilidades a ese respecto. Una de ellas es que las fuerzas armadas realicen intervención de comunicaciones de manera directa, sin solicitar autorización judicial. Otra posibilidad es que las pretendan realizar de manera directa, solicitando autorización judicial. En esta segunda posibilidad se estaría ante la circunstancia inconsecuente de que unlas Fuerzas Armadas, sin precisarse en ley el área o unidad respectiva o el rango de su integrante de las fuerzas armadas, no se señalan rangos nio sus responsabilidades, solicite a un juez civil dicha autorización. Nos parece que dicha situación debe ser aclarada Ello conlleva en consecuencia la total falta de certeza jurídica del precepto legal impugnado, motivo por el cual procede a esa H. Suprema Corte de

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Con formato: Subrayado

Justicia, declarar la inconstitucionalidad del precepto impugnado, ya que no existe tal hipótesis constitucional. Adicionalmente a lo anterior no se detalla en el artículo que se combate la realización de otras formas de inteligencia, tales como operaciones encubiertas, uso de informantes, escuchas ambientales, cuentas simuladas entre otras, que si bien no requieren control judicial, en aras de la preservación de los derechos humanos y las exigencias contenidas en el artículo 16 constitucional sí deben contar con un régimen de previsión suficiente y detallado, de la misma manera en que dichas técnicas de investigación se regulan en la legislación correspondiente a autoridades civiles diversas. La omisión de tales extremos genera peligrosos vacíos en detrimento de la seguridad jurídica y la certeza de la población e incluso de las propias autoridades. En consecuencia y por todo lo señalado con anterioridad, este concepto de invalidez debe declararse fundado.

VII. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos suplir la queja deficiente que en su caso llegaran a presentar los conceptos de invalidez contenidos en este escrito inicial de demanda. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a continuación se cita: “Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005. Tesis: P./J. 30/2005. Página: 783. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN LA DEMANDA SE EXPRESAN DEFICIENTEMENTE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE. El hecho de que en una demanda de acción de inconstitucionalidad se expresen deficientemente los conceptos de invalidez, no trae como consecuencia que ésta sea improcedente, sino la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suplir esa deficiencia, de conformidad con el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que independientemente de que los conceptos de invalidez sean o no razonamientos cabales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad material o formal de una ley, basta el simple planteamiento de inconstitucionalidad, aunque sea deficiente, para que este Alto Tribunal proceda a su análisis. Acción de inconstitucionalidad 4/97. Diputados integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González.

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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de mayo en curso, aprobó, con el número 30/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dos de mayo de dos mil cinco.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

A esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pedimos se sirvan:

Primero.–– Tenernos por presentados, en tiempo y forma, promoviendo acción de inconstitucionalidad en los términos del presente escrito.

Segundo.–– Turnar este escrito y sus anexos al Ministro Instructor que corresponda, para los efectos de la admisión de la demanda y sus trámites subsecuentes.

Tercero.–– Se tenga por reconocida nuestra representación, en los términos de las constancias que se exhiben.

Cuarto.–– Tener por designados como representantes comunes a los Diputados Federales mencionados en el proemio del presente escrito.

Quinto.–– Tener por señalado domicilio para oír notificaciones y por autorizados a los delegados que se indican, para los efectos correspondientes.

Sexto.–– Tener por exhibidas las documentales que como anexos se acompañan a este ocurso, solicitando que sean valorados como legalmente corresponde.

Séptimo.–– Solicitamos, que una vez admitida la demanda, se dé vista tanto al órgano legislativo que emitió la norma cuya invalidez se reclama, como al órgano ejecutivo que la publicó, para que dentro del plazo de quince días rindan su informe.

Octavo.–– Una vez rendido el informe correspondiente o transcurrido el plazo para hacerlo sin que las autoridades enjuiciadas lo hubiesen hecho, y previa la formulación del proyecto que deba someterse a la consideración 145

del Pleno de ese Alto Tribunal, se dicte sentencia en la cual se declare la invalidez de la Ley de Seguridad Interior, que es materia de este juicio constitucional.

PROTESTAMOS LO NECESARIO Ciudad de MĂŠxico a 18 de enero de 2018.

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