Suplemento Político Debate by La Jornada Zacatecas

No. 1 AĂąo. 0 ABRIL 2016

Democracia ateniense y democracia moderna

MĂŠxico: la democratizaciĂłn frustrada

Proceso electoral 2016; del balance al porvenir

Introducción Editorial Democracia: transición en herradura La Jornada Zacatecas quiere contri-

buir a elevar la calidad de esta democracia estropeada y maltrecha que ahora tenemos. Para ello, una forma es difundiendo los mejores análisis que se hacen sobre la realidad y se forme un opinión pública ilustrada; y además, promoviendo el debate entre los actores políticos para que argumenten sus propuestas e intenciones. Pensamiento y deliberación son dos componentes que ayudan a superar la mediocridad democrática que padecemos. Este suplemento será un espacio tanto para la reflexión como el debate. El sistema de partidos está urgido de que las ideas y los programas regresen a formar parte central de sus actividades, y superen su dinamismo alrededor de la pura aritmética. Este primer suplemento es muestra empírica de esto que afirmamos: se les invitó a todos los partidos a participar alrededor de tres preguntas para que expusieran su visión, y sólo un par de institutos mostraron interés. Por ello, a fin de impulsar un verdadero debate, esa sección la trasladamos al segundo número para asegurar que participen algunos partidos más y se realice el objetivo: el debate. Este número está dedicado a repensar el diagnóstico y los retos de la democracia que ahora tenemos. Para ello, invitamos a investigadores de alto nivel a colaborar con nosotros. Todos coinciden en el diagnóstico: estamos ante una democratización frustrada. Alberto Olvera y Encinas Nájera coinciden en puntos centrales, como el caso de caracterizar la transición como un fracaso y objeto de desencanto. La democracia generaría una distri-

bución del poder de tal manera, que provocaría una sociedad más igualitaria y justa. Sin embargo, ocurrió lo contrario: desigualdad extrema, déficit de Estado de Derecho y una brutal corrupción. En 2010 tuvo lugar el giro de reversa y en lugar de eliminar el autoritarismo se extendió o pluralizó. Los poderes fácticos dirigen al país colonizando al Estado a través de la domesticación de los partidos. En término prácticos, los mecanismos de regreso los expone Olvera: se nulificaron algunos avances, como la equidad en la competencia, la autonomía de los órganos electorales y el control del financiamiento privado de las campañas. Esta situación es gracias a la brutal crisis de representación política: si los partidos políticos obedecen a los poderes fácticos es porque se han divorciado de sus representados. Encinas da cuenta de la privatización del Estado y su caída en un régimen “carcomido por la corrupción”. Por ello, en los retos está el propio rescate del Estado, la reconstrucción de los mecanismos de la representación y la solución de un problema central para que todo esto pueda ser posible: la corrupción. La colaboración de Rubén Ibarra muestra empíricamente en Zacatecas lo que Encinas y Olvera afirman: el estado de desencanto de la sociedad en la democracia lograda. Mediante un estudio de percepción revela que la población identifica política con corrupción. El desencanto mueve tanto la abstención electoral como la inacción política; y con ello, se configura una democracia de mala calidad que, dijimos, no resuelve los graves problemas públicos que padecemos.

Directorio Raymundo Cárdenas Vargas Director de La Jornada Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx

El 45 por ciento de los encuestados afirmaron que en Zacatecas no existe la democracia, y el 92 por ciento considera que es mucha la corrupción en el estado. Y en la garantía de sus derechos, llaman la atención los altísimos porcentajes negativos en distribución de la riqueza y en seguridad. Sin democracia no hay derechos sociales, ni políticos, ni económicos. ¿Y qué hacer para salir del pantano? Pensar la crisis pasa por regresar a los orígenes. Rescatar del subsuelo los principios y mecanismos originarios y contrastarlos con la realidad actual. En este sentido, Felipe Jiménez expone el origen de la democracia griega y sus diferencias con el otro momento estelar originario de la democracia, la Europa moderna. Y justo hay un punto de luz: la necesidad de repensar la (idea de) representación. Ricardo Bermeo hace un viaje por el diagnóstico de la crisis global y la imaginación creadora de los proyectos de la democracia radical. En el análisis da cuenta del ascenso de la extrema derecha que ha generado un mundo de desiguales extremos. Hay rutas: auto-institución de comunidades democráticas, y la combinación de participación de procesos electorales con la constitución de contrapoderes sociales. Muestra algunos actores y autores de las rutas de salida: la experiencia griega y al española con Podemos. Con el marco de la necesidad de participación y de los laboratorios democráticos municipales, entran dos autores que aquí exponen sus visiones: Raymundo Cárdenas y Moreno Jaimes. El primero hace énfasis en las bondades del enfoque de

Desarrollo Humano confeccionado por Amartya Sen, que vincula democracia y desarrollo; por ello, el avance de las reformas estructurales del peñismo son consecuencia directa de la falta de democracia. Así las cosas, la salida es justamente la participación ciudadana en la constitución de un sujeto político para reasumir el control del Estado. En esa misma dinámica urge poner en la agenda política la reconstrucción de los partidos políticos. Jaimes analiza el caso de los gobiernos locales; la mala calidad gubernativa en este nivel de gobierno se debe a su deficiencias en sus capacidades institucionales. El déficit democrático de los municipios manifestado en el extremo clientelismo y su impermeabilidad a las preferencias ciudadanas, se resuelve con la profesionalización de los servidores, con la reestructuración de la hacienda municipal y con la activación de la capacidad reglamentaria de los mismos. Hay rutas, pues. Finalmente, el maestro Virgilo Rivera, como actual autoridad del IEEZ, reconoce el desencanto en la democracia, pero cree que hay motivos de esperanza por la posibilidad de enderezar el rumbo, y una muestra de esto lo conforman algunos logros en el reconocimiento de los derechos políticos: la paridad de género y el voto migrante. En suma, les presentamos un suplemento de calidad con la expectativa de que contribuya a perfeccionar nuestras perspectivas analíticas y mejoren con ello las prácticas políticas. Cada mes, esperamos contar con su lectura atenta y obligatoriamente crítica.

Marco Antonio Torres Inguanzo

Marco Antonio Torres Inguanzo Director Editorial del Suplmento marco03abcd@gmail.com

Democracia ateniense y democracia moderna Por Luis Felipe Jiménez R

esulta ocioso preguntarse si las diferencias existentes entre la democracia ateniense y las versiones, angloamericana o francesa – en las que se ha inspirado nuestra tradición iberoamericana – son dos, tres o cuatro. No obstante, puede señalarse que la primera y más obvia es que la enorme extensión y la complejidad de un estado moderno convierte en incalculable la distancia que hay entre una y otra. Pero es bastante probable que la selección de otras dos o tres diferencias entre los atenienses y nosotros puede servir de auxilio a la hora de imaginarnos inmersos en la vida política de aquéllos. Por consiguiente, una segunda diferencia es de raigambre filosófica: los atenienses no crearon su democracia en nombre de la igualdad universal de los hombres, como hicieron estadunidenses y franceses, ni reconocieron jamás la aplicación universal de los principios democráticos como han hecho los ingleses en varias ocasiones a lo largo de los cambios de su historia constitucional. La democracia ateniense, como proclamó Pericles (s. V. a. C), ha sido un modelo para ser imitado por otros, pero los atenienses no se sintieron jamás impulsados a hacer nada por extenderla, a no ser como instrumento de utilidad política, fuera de sus fronteras. Sabían bien que una política de imposición les llevaría necesariamente al desprestigio no sólo con los extranjeros, sino al interior de la propia Atenas. Ahora que los atenienses de entonces, como los norteamericanos de hoy, eran nacionalistas y su interés prioritario radicaba en conservar su dominio sobre las naciones que dependían o fueron conquistadas por ellos, al punto que favorecieron abiertamente en el extranjero constituciones completamente opuestas a la democracia. Ciertamente, como decía Cleón – rival político de Pericles –, las características peculiares de la democracia ateniense – las libertades de asociación política y libertad de palabra – son enormemente desfavorables para una conducta uniforme y estable de los asuntos de un sistema democrático que requería dominar autoritariamente a sus colonias y quizás a algún aliado estratégico. Se puede concluir que, ciertamente, no había algo que funcionara mal en la democracia dentro de Atenas, sino que, sencillamente, los atenienses debían decidirse a no comportarse democráticamente fuera de sus fronteras, lo cual es apenas comprensible para cualquier nación que quiera conservar su hegemonía.

La tercera diferencia entre la democracia ateniense y las posteriores atañe a la tecnología política: la frecuentemente discutida falta de un sistema representativo en la democracia ateniense. Gracias a esa ausencia, la voluntad del pueblo se manifestaba en la Asamblea (Ekklesía) por cualquier número de ciudadanos que se hallaran presentes en las sesiones. Sin duda que a veces había períodos de apatía por parte de la gran masa de ciudadanos, pero la mayoría de las veces resultaba que las cuestiones políticas, los informes que daban los generales relacionados con sus campañas, y las decisiones sobre la paz y sobre la guerra, se sometían a una masa de varios millares de aficionados ante la opinión pública. Si se añade a ello la corta duración de la administración ateniense – sólo un año –, el hecho de que las autoridades tenían que responder, ante un tribunal popular, por su conducta si ésta no satisfacía, y la casi total ausencia de un sistema burocrático permanente, se ve al punto que la democracia operaba literalmente según la inmediata y cotidiana voluntad del pueblo. Un cuarto punto de comparación es el sistema ateniense de gobierno en relación con la administración. Los arcontes, en número de nueve, y, en teoría, los gobernantes, eran a mediados del siglo V, casi insignificantes: eran elegidos por sorteo entre todos los ciudadanos, y ni siquiera los atenienses, con su fanática insistencia en los derechos universales para todos los ciudadanos, deseaban una administración elegida por un medio tan azaroso. Éste fue uno de los lugares comunes en el que Platón y Aristóteles enfilaron sus ataques contra la arbitrariedad del gobierno democrático, pues no se elegía para dirigir los destinos de la polis al más virtuoso, sino a quien designaba la suerte (týxe). Los arcontes administraban las fiestas religiosas y algunas formalidades públicas. El poder real del gobierno residía en el cuerpo de los Diez Estrategos que eran elegidos y colaboraban en el Consejo de los Quinientos, cuyos miembros a su vez se elegían mediante un sistema mixto de elección y sorteo. En ese sentido, puede decirse en síntesis que se encontraban básicamente dos partidos en pugna, el de los pocos (oligarcas) y el de los muchos (demócratas). Los pocos promovían una oligarquía moderada, con la que se identifican Pericles y sobre todo su mayor publicista, el historiador Tucídides. Éste achaca al partido de los muchos la deter-

minación fatal del destino de Atenas y le atribuye a la democracia la causa del desastre militar en Sicilia (415 a. C.). De modo que la democracia que admira el historiador es la del arconte que, como Pericles, se hace elegir veinticinco veces en veintiseis años y que respaldado por una élite que se presume más inteligente y menos codiciosa que una masa popular ambiciosa y estúpida, garantizan la legitimidad de la autoridad y la tranquilidad social. Así que como diría el historiador mencionado, la democracia ateniense en tiempos de Pericles, recuerda a la democracia moderna en que sólo lo es de nombre, pues de hecho es el gobierno de un primer ciudadano, como ocurre en Atenas, o de un bipartidismo como tiende a ocurrir en la mayoría de las democracias modernas o de una partido hegemónico que marca la orientación de su política a la que se acomodan los demás grupos en competencia, como ha ocurrido en la tradición mexicana. Y cuando ocurre este fenómeno en que identificamos al caudillo o al partido con el gobierno, no estamos sino ante la evidencia de que al ciudadano se le ha arrebatado el acceso al ámbito público y ha sido confinado al espacio privado de sus hogares o de sus trabajos particulares, quedando como único encargado de la res publica el líder político o la clase oligárquica monopolizadora de los cargos institucionales y, por consiguiente, de la “voz de la comunidad”. Esta situación fue el origen de la crisis de la democracia ateniense, la cual puede ser tenida en cuenta como un punto en común con la crisis de la democracia moderna, esto es: la pérdida de confianza en la autoridad, resultante del secuestro de la “calle” realizado por una casta política que desplazó al ciudadano común quitándole la palabra y el derecho a participar en la toma de decisiones que consideraba le atañían y donde concretaba su libertad. Con todo, la consecuencia directa de lo mejor de la experiencia democrática ateniense y su lección para la posteridad, fue que dio a los atenienses del siglo V a.C., el aliento necesario para sacar el mayor partido de las oportunidades que brindaba la igualdad ante la ley (isonomía), el derecho a ver y ser visto, oír y ser oído, tanto como a ser elegido. Y la clave de ello hay que buscarla en el entusiasmo que despertó entre ellos, pues lejos de sentirse fastidiados por las tareas legales o administrativas, los atenienses disfrutaban con ellas y veían en ellas la salvaguarda de sus libertades. De la misma manera asistían a la Asamblea. Prefirieron siempre asistir antes que dejar en manos de unos profesionales la toma de decisiones. Se asistía en pleno a los deba-

tes en la Asamblea hasta el final: los argumentos se discutían con seriedad, de manera que la prevalencia de un discurso era resultado del examen colectivo, no exclusivamente de la argucia y la picardía retórica. De no haber sido así, seguramente Atenas hubiese caído antes. Como he intentado mostrar hasta aquí, la democracia ateniense fue todo menos una utopía; de hecho fue todo lo contrario, es decir, una organización situada en la historia, con sus luchas internas, el sectarismo, las intrigas y las ambiciones personales junto a los demás defectos con que la caracterizan su detractores. Por ello, siempre tendremos que reconocer que la democracia, en general, está lejos de ser un sistema político perfecto. No obstante es un sistema dinámico, que – en medio de sus pugnas – se esfuerza en mejorase a sí mismo y en el que, en la medida que compromete a la mayor parte de la sociedad, se convierte en una tarea continua y generacional que esas mayorías se empeñan en perfeccionar de acuerdo a las necesidades y a los límites de cada época. Mas la democracia también es susceptible al declive en el ánimo de sus ciudadanos, lo cual puede llevarla a perecer, trayendo como consecuencia sus extremos opuestos: la anarquía o el autoritarismo. En el caso de los atenienses, después de la muerte de Pericles, las cosas no mejoraron, siguieron tiempos de gobernantes corruptos y aventureros, con un pueblo que se fue acostumbrando a la adulación y a la dependencia de los subsidios con que los profesionales de la política sometían a los sectores más vulnerables de la sociedad, aunado a una cada vez más intensa propaganda ideológica, todo lo cual hizo devenir a la democracia ateniense en un modelo negativo para la posteridad marcando el derrotero de cómo se puede llegar a una democracia demagógica y populista que le abrió el camino a la tiranía y mucho más tarde a la invasión extranjera de los macedonios. Sin duda lo mejor de la concepción ateniense de la democracia ha desaparecido y ha sido sustituida por otras concepciones de gobierno basados en fundamentos completamente diferentes. Sin embargo, donde quiera que los hombres hayan pensado seriamente en un gobierno justo, han tenido en el fondo de sus mentes el descubrimiento ateniense de que la primera tarea del gobierno es respetar al individuo y que de ese respeto surge el entusiasmo de cada hombre por su ciudad, por su forma de gobierno y por un proyecto político que se concreta en proyecto de vida colectiva, es decir, en simultáneo beneficio tanto para los individuos como para la nación.

Apuntes para el debate sobre ¿Qué Democracia? Por Ricardo Bermeo B

asta con que consideremos - de modo consistente- los envites políticos en curso. Las más recientes derivas de los proyectos progresistas, y/o de izquierda: Grecia, Argentina, Bolivia, Venezuela. Lo que está pasando en España, y en otros casos, revelan que no basta con gestionar el Estado, y que la “democracia representativa”, es una forma política que impide que los ciudadanos retomen en sus manos el control de sus vidas. La otra cara de la misma moneda, se encuentra en las elaboraciones teóricas, que están detrás de aquellas experiencias, sobre cómo construir “sociedades en movimiento”. Así, la pregunta sobre ¿Qué democracia?, plantea exigencias que suponen cuestiones inmensas, y de una urgencia acuciante. Aun cuando se trate de un planteamiento reduccionista, ordenaré las polarizaciones antinómicas –y antagónicas- en torno a esta cuestión, considerando como punto de partida, la incapacidad de la democracia liberal-representativa (y del socialismo –realmente existente-, en extinción), esta constatación ha impulsado otros proyectos teórico-políticos de democratización radical. Sin olvidar que, en los casos principales, estos proyectos, dan primacía a las prácticas, aluzadas por la elucidación (“pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos”). Son este segundo tipo de proyectos, los que, justo, en estos años, han avanzado desde los márgenes hasta el corazón del debate contemporáneo sobre la democracia. La crisis de la representación política, donde resuena el “que se vayan todos” del 2001 en Argentina, implica la pérdida de legitimidad de la clase política (profesionales de la política), elite -o casta-, que ha demostrado -una y otra vez-, utilizar sus posiciones para mantener y acrecentar su propio poder, privatizando la política, en beneficio de los suyos y de las elites para quienes gobiernan, de ahí la caracterización de este tipo de regímenes como oligarquías liberales, el gobierno de unos pocos, estableciendo libertades negativas (garantías) de las que goza la ciudadanía. Históricamente, estas críticas, no son en absoluto recientes. Sin olvidar que desde el nacimiento de la política, una creación greco-europea, de acuerdo con Castoriadis, ni en la democracia de las Polis griegas, (ni en la época republicana en Roma), existió la representación política. Justamente, el estudio de estas dos referencias, permitió a Rosseau, entre otros, la crítica a la de-

mocracia representativa, en los albores de la modernidad. Y, recientes investigaciones de las mismas, han mostrado una actividad política colectiva en la que no existía la representación política. Mientras tanto, la crisis de la representación, continua manifestándose con una acuciante fuerza, in crescendo, en la medida en que el capitalismo contemporáneo, liberado de todos los controles tradicionales, continúa con el desmantelamiento del Estado de Bienestar, y de los derechos políticos, económicos y sociales, socavando -día tras día- las condiciones mínimas necesarias para emprender transformaciones democráticas profundas. La gestión de las crisis, y las políticas austericidas, junto a las llamadas reformas estructurales, continúan concentrando el poder, en una elite cada vez más reducida, multiplicando las desiguales sociales, acentuando la gravedad de problemas, ecológicos, económicos, sociales. La democracia real es un obstáculo a eliminar. Se privilegian las respuestas represivas, autoritarias (heterototalitarias) que cierran los espacios político-democráticos, y reintroducen el esquema amigo/enemigo. El ascenso de la extrema derecha, es uno de los síntomas que expresan esta deriva. Así como el pasaje del Estado de derecho al Estado de Seguridad señalado por Gorgio Agamben. Estas tendencias pretendidamente “postpolíticas”, han transformado el debate en torno a la democracia, polarizándolo. Así tenemos, por un lado, un polo formado por quienes defienden –aún- la democracia representativa, cada vez más reducida a un “gobierno técnico”; o mediante el discurso sobre la gobernanza, que implica captura y control social por la vía del consenso. Simplemente se niegan las evidencias -demasiado gruesas para encubrirlas-, que muestran esas graves limitaciones. Los fracasos se suceden en tándem: Islandia; Grecia, el debate sobre el fin de ciclo de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, y un largo etcétera. Lo que esto revela es que la lucha por el poder diferencial entre las elites, viejas y nuevas, termina -finalmente- reproduciendo ab libitum, como único campo posible, la democracia representativa, El imaginario social dominante, impone, groseramente, la autonomía de lo político. En el otro polo, hay dos tendencias entre quienes critican los límites de la democracia representativa, y trabajan construyendo nuevas formas de composición política postliberal (democracia

directa; democracia absoluta; democracia insurgente etc.): una tendencia, está dada por la autoinstitución de comunidades democráticas, al margen -de modo programático-, de los procesos electorales (ejemplos: las corrientes autonomistas, zapatistas, movimientos indígenas, rurales y urbanos, que se deslindan de la vía electoral). Mientras otras corrientes, asumen como estrategia, combinar las dos vías: la participación en los procesos electorales, para utilizar el Estado como redistribuidor de renta, y la construcción de contrapoderes sociales y ciudadanos,

sin los cuales, de nada sirve ganar elecciones y ocupar las instituciones. A mi juicio, estas polaridades, en torno a ¿qué democracia? Nos obligan a una lucidez redoblada, especialmente cuando el objetivo es profundizar los procesos de democratización, con un Estado penetrado a distintos niveles, por la delincuencia organizada. En lo que sigue, me interesa mostrar algunas de esas claves, tomando como referencia el caso de España, en Europa. Dejando para otro momento, América Latina.

Breve semblanza sobre la situación y el debate en España (y Europa) Una experiencia que se ha convertido en referente global, (casi en paralelo a la claudicación de Alex Tsipras, en Grecia, que subraya el fracaso de “la democracia en un solo país”) es la de España: dividida entre, por un lado, las confluencias ciudadanas y partidistas, que conquistaron los ayuntamientos de varias de las principales ciudades españolas, y , en paralelo, o junto con, la meteórica irrupción de Podemos (un nuevo partido a la izquierda del PSOE). Como resultado del ciclo electoral español, 2014-2015, se ha puesto fin al bipartidismo, y se profundiza la crisis del régimen de la transición, que es apuntalado por poderosos intereses externos e internos. Independientemente de la salida al problema de la investidura, ya sea mediante el Acuerdo Pedro Sánchez-Albert Rivera (con la marginación de Podemos y las confluencias), o, bien, desde la convocatoria a nuevas elecciones, -según las encuestas, con resultados inciertos-. Como sea, se trata de una experiencia que ha llamado poderosamente la atención. España (y Grecia) tienen detrás de los proyectos y posicionamientos, de Podemos (y de Syriza), una potente -y múltiple- emergencia de movimientos “desde abajo”, que por momentos, evocan más el concepto de Raúl Zibechi de “sociedades en movimiento”, entre los cuales destacan, la PAH, los movimientos de ocupación de las plazas, las mareas, huelgas generales, marchas de la dignidad, entre otras. Mientras “desde arriba”, vemos dibujarse un mapa que exige replanteamientos estraté-

gicos fundamentales a escala europea. Una gestión de la crisis, mediante un férreo control neoliberal por parte de las elites financieras europeas; el papel central de Alemania; su huida hacia adelante al involucrarse militarmente en diversos conflictos; la entronización del Estado de seguridad, ante el enemigo interno/externo -el terrorismo yihadista-, acentuada por la crisis de los refugiados. La “confluencia perversa” de estas circunstancias forman el caldo de cultivo del ascenso de la extrema derecha en buena parte de la UE. La situación -y el debate- se polariza -así- entre un férreo cierre antidemocrático al interior de la fortaleza europea, y una posible ruptura democrática. El acontecimiento España (como antes el de Grecia), cobran, en este contexto, una especial relevancia. Esquemáticamente pueden sintetizarse 4 posiciones desde la perspectiva que nos ocupa. La primera posición, sostenida por Iglesias y Errejón, ha tenido sus momentos de gloria, de la mano de un manejo inteligente de los medios de comunicación, junto con un esquema teórico inspirado en Ernest Laclau, y la “Razón populista”, que daban frescura, y radicalidad al discurso de Podemos: substituyendo el eje izquierda/ derecha, por el eje abajo/arriba, pueblo/casta, etc., y un programa de gobierno progresista. El problema es que comenzó a “hacer agua” al evidenciar una estrategia electoralista, abandonando algunos planteamientos programáticos centrales, la auditoria de la deuda, la renta básica, etc. Cuestionada, desde dentro y desde fuera de los círculos podemistas. Parece evidente que sus errores estratégicos, terminaron pasándoles factura: las listas-plancha en la asamblea constituyente inter-

México: la democratización frustrada Por Alberto J. Olvera

éxico vive un momento crucial de su historia contemporánea. El problema histórico de la impunidad generalizada de la clase política, sea por casos de corrupción, asesinato o desaparición forzada de personas, sea por omisión de acciones esenciales en materia de justicia y de políticas públicas, ha llegado a un punto límite. El cam-

na; las elecciones municipales, donde se sumaron tarde a las confluencias ciudadanas, y luego se atribuyeron un triunfo que no era propio, sin sacar las consecuencias estratégicas que le fueron señaladas reiteradamente. Mientras Podemos descendía en sus porcentajes en las preferencias electorales, (lo que implicaba un replanteamiento estratégico) Aunque en la recta final de la campaña electoral al 20D, consiguió una remontada, que permitió un triunfo político-electoral sin duda histórico. El problema central de la teoría política de Podemos, y el punto a debate es que opera a partir de la “autonomía de lo político”, concibe y ejerce la política, como una actividad de los profesionales de la política, a costa de la conformación de contrapoderes sociales y ciudadanos, dejando la definición del rumbo político, en manos de los “tomadores de decisiones”. El discurso democrático sufre así una radical reducción, y la cuestión se sintetiza en la pregunta: ¿Cómo afrontar la dependencia del rumbo institucional que aniquila las posibilidades materiales de generar cambios políticos profundos? Tal y como están demostrando tanto Syriza, como Podemos. Una segunda posición es el de las confluencias ciudadanas y partidistas, que lograron el triunfo en los ayuntamientos de algunas de las principales ciudades, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, etc., y poco después, en las elecciones al parlamento español. El problema general, es que a pesar de sus planteamientos programáticos progresistas, no han logrado concretar sus agendas, avanzan a ritmos muy lentos, y en general, parecen descuidar, la construcción de contrapoderes sociales y ciudadanos autónomos. Es posible anticipar, un proceso de desgaste y debilitamiento, similar al de los gobiernos progresistas en América Latina La tercera posición, a mi juicio, ha conseguido realizar valiosas aportaciones, tanto a nivel empírico-práctico, parte del mérito de Ganemos Madrid, puede ser reclamado por ellos, (y por el fenómeno de Manuela Carmena). Paradojas de la vida, ahora, es su estilo de gobernar, el

bio de época que se perfila es en realidad la culminación de un largo proceso de acumulación de indignaciones y de fracaso del proyecto de restauración autoritaria. La restauración en marcha tiene su origen en una democratización frustrada. Es preciso entender la naturaleza de este proceso para situar correctamente los retos que

que dificulta que Madrid se convierta activamente en un laboratorio democrático municipalista, aunque lo mismo pasa con los otros ayuntamientos. Lo que subraya la importancia de este análisis. Se trata de un patrón estructural, que vemos repetirse por doquier, y eso implica que la forma-estado, y el régimen de la democracia representativa, son límites que debe ser horadados para que pueda avanzar un movimiento democrático que logra articular las escalas local, nacional y europea. Su planteamiento central es la participación electoral, para poder gobernar, invirtiendo radicalmente las prioridades políticas, enfocando todas las políticas públicas para fortalecer la emergencia de contrapoderes sociales y ciudadanos, fortaleciendo su autonomía, lo cual no es nada fácil, teniendo en cuenta la tendencia a instrumentalizar la participación ciudadana con fines partidistas, basados en la gestión de lo común (bienes comunes) y en la defensa y ampliación de los derechos, se pueda devolver a los ciudadanos el control de sus vidas. Una cuarta posición, está representada por un tejido de socialidades emergentes, que venía desde antes del 15M (movimiento de ocupación de las plazas en mayo del 2011), que representó un verdadero parteaguas histórico en el imaginario político democrático español. Se generalizaron redes de activismo ciudadano, con posiciones a favor de la autonomía individual y colectiva, y que siguieron manifestándose en los diversos conflictos que movilizaron a la ciudadanía: vivienda, educación, salud, mujeres, etc., Aunque el trasvase de la militancia y de la ciudadanía hacia el terreno electoral e institucional, y las dificultades para su implantación en el territorio, barrios, periferias urbanas, pueblos, zonas rurales, etc., han generado un eclipse relativo de estas tendencias. Son experiencias que son un reservorio vital, para las nuevas luchas populares que necesariamente nos esperan.

enfrenta una verdadera democratización de nuestro país. La transición a la democracia y la consolidación de la misma son fases de un proceso mucho mayor: la democratización. Las elecciones libres pueden conducir a una verdadera democratización de la vida pública sólo si los procesos electorales dan pie a una serie de reformas que construyan instituciones operativas que progresivamente garanticen derechos civiles, sociales y culturales para la mayoría, o dicho en otras palabras, que construyan ciudadanía efectiva. La democratización, por tanto, implica la construcción de un Estado de Derecho, la efectivización de derechos de ciudadanía y el desarrollo de nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad que acoten el clientelismo, el corporativismo y otras formas de dependencia colectiva. En otras palabras, la democracia implica una ampliación de la política más allá del terreno electoral y la construcción de un Estado fuerte (entendido como Estado de Derecho). En México la transición a la democracia no fue seguida de un proceso de democratización. No hubo una destitución real del viejo régimen, pues no pudo romperse la infraestructura legal e institucional del viejo régimen; la constitución de 1917, en su versión modificada por el presidente Salinas (19881994), permaneció intocada en sus fundamentos, al igual que el resto del edificio legal; además, el PRI conservó un poder de veto en ambas cámaras, y la mayoría de las gubernaturas y presidencias municipales. Más aún, las estructuras corporativas priístas en el mundo sindical y campesino sobrevivieron a la derrota electoral. En suma, el viejo régimen continuó como institución y como cultura en la sociedad y en la política. Esta continuidad sustantiva fue facilitada por la incapacidad política de los partidos de oposición histórica al PRI de pactar los términos de la reforma radical del viejo régimen.

Lejos de tener un proyecto alternativo, PRD y el PAN simple y sencillamente copiaron las tecnologías y las prácticas del viejo partido oficial y renunciaron a reformar radicalmente el régimen autoritario.

El ciclo restaurador y el fracaso de los gobiernos del PAN La corta y débil primavera democrática mexicana, iniciada con la alternancia en el año 2000, duró menos de 10 años. Después de que se emitió en 2003 la Ley Federal de Acceso a la Información y se creó el IFAI, y de que en algunos estados y municipios se experimentó brevemente con mecanismos de participación ciudadana muy acotados, pareció agotarse la capacidad reformista de los gobiernos federales del PAN, y las clases políticas locales dejaron de promover el acercamiento a los ciudadanos, incluida la izquierda gobernante en la ciudad de México, que recreó un modelo paternalista-populista de relación con la ciudadanía. La derrota electoral del PRD en 2006 terminó de cerrar las expectativas de cambio. Pero fue en 2010 que se produjo la plena inversión del ciclo. Hubo 18 procesos electorales en otros tantos estados, todos los cuales se caracterizaron por la ruptura con los principios nodales que guiaron la lucha por la democracia electoral: equidad en la competencia, autonomía de los órganos electorales y control del financiamiento privado de las campañas. Con mayor o menor cinismo, los gobernadores de los estados intervinieron ellas, invirtiendo grandes sumas de dinero público y poniendo las estructuras administrativas de sus gobiernos al servicio de sus candidatos; los órganos electorales locales fueron convertidos en dóciles aparatos administrativos bajo el control de los gobernadores; los “poderes fácticos” entraron de lleno al financiamiento ilegal de las campañas a

través de todos los partidos. La operación de los ejércitos electorales implicó un costo tal que el principio de los topes a gastos de campaña se redujo a una reliquia de un pasado remoto y utópico. De entonces a las elecciones federales de 2015 se ha repetido este mismo patrón, a pesar de la reforma electoral de 2014, cuya promesa de controlar los gastos de campaña ha sido abiertamente burlada. El PAN y el PRD permitieron que el PRI consolidara, desde el congreso federal, un modelo de federalismo que trasladó enormes recursos y poder real de decisión en varios campos de la política pública a los gobernadores, sin correlato alguno con la rendición de cuentas. Un poder central acotado por el gobierno dividido, coexistiendo con poderes locales sin límites efectivos, fue la exitosa fórmula priísta aplicada en esta década. El PRI reconstruyó de la periferia al centro su poder. El proceso condujo ultimadamente al colapso moral y organizativo de los otrora partidos democráticos, PAN y PRD, convirtiéndolos en formaciones facciosas, distribuidoras de cargos y prebendas. En el campo de la sociedad civil se experimentó gran confusión política y una sensible mengua de la visibilidad pública de sus principales organizaciones y movimientos. La transición llevó a la mayoría de la sociedad civil organizada a intentar cooperar con los nuevos gobiernos democráticos, sin encontrar nunca mecanismos representativos e incluyentes con capacidad de influencia política efectiva. Si bien se amplió el campo de la política y del debate público, lo cierto es que el poder de influencia de una sociedad civil heterogénea y plural, con escasa densidad organizativa y social, fue muy pequeño.

La presidencia de la restauración Desgastado el PAN tras dos sexenios de gobiernos fallidos, el PRI encontró la vía libre para regresar al poder. El diagnóstico del equipo de su candidato-presidente Peña Nieto era que sólo desde un Ejecutivo empoderado era posible realizar los cambios necesarios que recuperaran la capacidad de gobernar del Estado mexicano, disminuida a niveles precarios en el período

de Calderón por la fragmentación del poder, la crisis de la seguridad pública y la ineficacia del Gobierno Federal. La vía para reconstruir la autoridad presidencial, en ausencia de mayoría priísta en el Congreso, fue negociar un pacto con el PAN y el PRD, partidos que habían quedado libres de las ataduras del expresidente Calderón, en un caso, y de López Obrador, en el otro, pues éste optó por formar su propio partido. Se trataba de la construcción de un presidencialismo de coalición, que aseguraría la aprobación de un amplio paquete de reformas legales, institucionales y de políticas públicas. La lista tenía casi 100 acuerdos, de importancia diversa, pero sin duda ambiciosos, incluyendo las reformas faltantes del ciclo neoliberal (fiscal, energética, regulatoria), pero también reformas del Estado necesarias para la consolidación de una democracia operativa (nuevo órgano anticorrupción, nueva reforma electoral, finalización de la reforma penal, empoderamiento del órgano garante de la transparencia, etc.). El “Pacto por México”, se convirtió en una ambiciosa estrategia para dotar al gobierno entrante de legitimidad política y proporcionarle un piso de gobernabilidad, centrada en la finalización del ciclo de reformas neoliberales, que quedó incompleta en el gobierno de Zedillo y que luego el propio PRI bloqueó durante los gobiernos panistas. Los cambios constitucionales y en leyes secundarias que se han promovido en el marco del Pacto por México no han tocado (ni está en la agenda) el núcleo duro del autoritarismo: no se proponen mecanismos eficaces de rendición de cuentas (el organismo anticorrupción es una vaga promesa); la creación de una procuración de justicia autónoma y profesional se ha pospuesto hasta 2018; hay un vacío de proyectos realistas para crear fuerzas policiales profesionales; lo mismo en materia de proyectos viables de profesionalización del servicio público; no hay proyectos para la reforma radical de los gobiernos municipales, que son el eslabón más débil del Estado mexicano; tampoco para controlar el poder discrecional de los gobernadores; no se cuenta con proyectos realistas de impulso a la democracia participativa, y se han bloqueado en leyes secundarias las candidaturas independientes y las

formas de democracia directa (plebiscito y referéndum). Ahora bien, el proyecto restaurador enfrenta tanto límites internos al propio régimen como condiciones internacionales adversas. Los límites internos tienen que ver con la incapacidad para poner fin a la corrupción sistémica de la clase política y a su correlato, la impunidad. El Presidente y los partidos han colocado en el último lugar de la agenda la lucha contra la corrupción, práctica de la cual se ha nutrido la clase política y que resulta ya intolerable a la ciudadanía. Asimismo, la impunidad de los delincuentes y la ineficacia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad minan severamente la legitimidad del régimen. Los casos se suman sin tregua. El informe de la Comisión Internacional de Expertos Independientes, nombrada por la CIDH con el aval del gobierno, rindió un informe contundente sobre la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa que demuestra que ni la Procuraduría de Justicia de Guerrero ni la General de la República hicieron una investigación científica y fiable, sino que por el contrario su trabajo fue sospechosamente parcial y ofreció conclusiones insostenibles. Y esto es solamente la punta del iceberg de un problema gravísimo: la desaparición de más de 23,000 personas en los últimos 10 años y el asesinato de más de 100,000. Estamos hablando de una inconcebible impunidad de delincuentes y autoridades que ha causado una verdadera tragedia nacional. A esto deben sumarse los escándalos por los conflictos de interés que se le demostraron al Presidente y al Secretario de Hacienda en los casos de las casas que la constructora Higa les vendió en condiciones sospechosas, y la existencia de otros conflictos de interés entre altos funcionarios y la empresa OHL, tan sólo para mencionar ejemplos recientes a nivel federal. Una investigación independiente por una Comisión Especial del Congreso sería la acción lógica a tomar en un país democrático para despejar dudas. Pero la constitución no contempla esta figura, y curiosamente ningún partido ha propuesto crearla. Sin embargo, la impunidad más descarada se experimenta en los gobiernos subnacionales, dato correlacionado con el empodera-

miento de los gobernadores en el ciclo de transición. Este proceso se ha acompañado de una degradación de la vida pública local, y en los casos más graves, de una casi completa desintegración del propio Estado. Tales son los casos de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, cuya ingobernabilidad se asocia al empoderamiento del crimen organizado. México vive, todos los días, los efectos de la debilidad del Estado. Después de años de esfuerzos institucionales y del gasto de cientos de millones de dólares, las policías del país siguen siendo inconfiables, pues menos de la mitad de sus efectivos han pasado las pruebas de confianza. El desperdicio de recursos y la falta de seriedad de los gobiernos estatales y municipales en esta materia es verdaderamente criminal. Se percibe además un retraso deliberado por parte de los gobernadores en la implementación de la reforma penal, que debería conducir al fortalecimiento de las procuradurías de justicia de los estados. Peor aún, el Gobierno Federal no resuelve los grandes escándalos de violación a los derechos humanos (Tlataya, Ayotzinapa, etc.). La clase política torpedea los cambios institucionales imprescindibles para fortalecer el Estado de Derecho. Las condiciones internacionales tampoco son favorables. La caída del precio del petróleo y la crisis global obligan a un ajuste fiscal que necesariamente tendrá consecuencias dolorosas. Ahora bien, la inevitable consecuencia de la apertura económica del país es la atención internacional a los asuntos internos y la necesidad de contar con el aval de instituciones multilaterales para legitimar al gobierno, que se precia de ser democrático. La consecuencia de ello es que la ONU, la OEA y sus instituciones se han convertido en vigilantes de las credenciales democráticas reclamadas por el gobierno. Y no hay escapatoria de ello. Es preciso poner en el centro de la transformación del Estado mexicano la lucha contra la corrupción, empezando por anular a nivel constitucional el fuero de los políticos y altos cargos, crear la fiscalía independiente, acelerar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y autorizar legalmente al congreso a cumplir su función de vigilancia e investigación. Pero sólo la presión desde abajo puede dar lugar a estos cambios imprescindibles.

La transición al desencanto Por Alejandro Encinas Nájera1 A mediados de la década de los no-

venta, la opinión pública se volcó a festejar el arribo a costas nacionales de la tercera ola de las transiciones a la democracia. En efecto, 1997 fue un punto de inflexión en la historia de nuestra democracia. En aquel año el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y por primera vez los ciudadanos del entonces Distrito Federal pudieron votar por su jefe de Gobierno. La alternancia en el Gobierno Federal del año 2000 no hizo sino confirmar el fin de siete décadas de autoritarismo y el advenimiento de un nuevo ciclo político cuyas características eran aún inciertas, pero promisorias. No tuvieron que transcurrir muchos años para que el optimismo democrático claudicara ante un malestar ciudadano generalizado. Se trata de un desencanto que se nutre del supuesto de que la transición ha defraudado sus mejores promesas. ¿Cómo pasamos en tan poco tiempo del optimismo de la transición al desencanto con la democracia? En un artículo titulado “Ilusiones sobre la consolidación”, Guillermo O’Donnell ya había advertido que muchos de los países inmersos en la transición revirtieron en nuevas formas de autoritarismo. Otros permanecieron en una zona gris, intermedia, en los cuales las incipientes instituciones y prácticas democráticas coexisten con los mecanismos y el ejercicio autoritario del poder.2 México se inscribe en la lista de países que se quedaron a la mitad del camino, en una etapa híbrida que quizás sería conveniente conceptualizar como un tipo específico de régimen que ni es autoritario ni es democrático. En palabras de Porfirio Muñoz Ledo, “rompimos con un sistema pero no acertamos a crear otro nuevo. Incluso crece la conciencia de que estamos viviendo la prolongación perversa del régimen anterior, porque el autoritarismo no se terminó, sino que se repartió, y la venalidad no se extinguió, sino que se pluralizó”.3 Lo viejo aún no muere; da coletazos fuertes. Lo nuevo todavía no nace; tiene complicaciones de parto. Inmersos en esta encrucijada, conside-

ro fundamental reflexionar en torno a una serie de lastres que están ocasionando que nuestra germinal democracia, antes siquiera de florecer, esté marchitando. Democracia entre desiguales.- ¿Cómo explicar que de manera tan súbita se alteraran tanto las valoraciones públicas en torno a la democracia? La responsabilidad recae en buena medida en la sobreventa de expectativas: Se esperaba que la democracia, además de suponer elecciones libres entre una pluralidad de opciones que confluían en una arena política de pesos y contrapesos, traería consigo un país menos desigual y con mayor crecimiento económico.4 Contrariamente, los años de la democracia coincidieron con un acelerado proceso de concentración de la riqueza en pocas, muy pocas manos. Según el economista Gerardo Esquivel, la fortuna de cuatro empresarios mexicanos pasó de ser el equivalente al 2% del PIB en el año de la alternancia, a representar cerca del 9% del PIB en el año 2015.5 En paralelo, el número de personas en situación de pobreza ha ido en aumento. En su más reciente medición, Coneval reportó 55.3 millones de pobres.6 Conjugadas, estas cifras implican que las brechas de la desigualdad se han ampliado en los sexenios posteriores a la transición, una tendencia que se ubica en las antípodas de los valores democráticos. De acuerdo con el economista norteamericano Joseph Stiglitz, nunca en el mundo tan pocos han tenido una parte tan grande de la riqueza, mientras tantos han tenido una parte tan pequeña. Pero la riqueza que reciben las élites y los banqueros parece surgir de su capacidad y voluntad de aprovecharse de los demás. Esto es consecuencia de distorsiones en los incentivos existentes en los mercados, los cuales están dirigidos no a crear nueva riqueza, sino a arrebatársela a los demás.7 En el caso mexicano, no es que el Estado haya renunciado a su capacidad redistributiva, sino que la ejerce transfiriendo los recursos de modo inverso a lo que sucede en los estados de bienestar: las riquezas que se han acumulado en lo más alto se han produ-

Politólogo. Impulsor de la iniciativa Por México Hoy. Guillermo, O´Donnell, “Ilusiones sobre la consolidación”, en Nueva Sociedad # 144, JulioAgosto 1996, pp. 70-89 3 Porfirio, Muñoz Ledo, La ruptura que viene, México, Grijalbo, 2008 4 José, Woldenberg, “¿Dónde estamos?”, México, Revista Nexos, Octubre de 2015, consultado en: http://www.nexos.com.mx/?p=26473 el 29 de febrero de 2016 5 Gerardo, Esquivel “Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político”, México, Oxfam, 2015 2

cido a expensas de los de más abajo.8 El arribo a un nuevo régimen político tampoco fue sinónimo de crecimiento. La puesta en marcha de la competencia electoral fue concomitante a la desaceleración de la economía nacional. Para administrar la crisis, el Estado privatizó, recortó gasto público y se empequeñeció. Es discutible si existe o no una relación causal entre democratización del régimen político y la liberalización de los mercados, o si el primero fue una válvula de escape para compensar los ajustes draconianos del segundo. Lo que es indudable es que debido al paralelismo de dichos procesos, en el imaginario de amplias franjas de la sociedad mexicana la transición a la democracia significó empobrecimiento, desaparición de sus pensiones, privatización de los servicios, pérdida de su poder adquisitivo y devaluación de su moneda. Narcotráfico.- Por más sofisticada que sea en su diseño, no hay democracia que resista la proliferación de grupos criminales capaces de desafiar la viabilidad misma de un Estado e imponer su imperio en amplias porciones del territorio nacional. Ya sea en forma de cooptación, extorsión o financiamiento, para una democracia incipiente el contubernio entre política y narcotráfico es letal. Cuando en Temixco, Morelos, uno de los cárteles que disputan la plaza asesina a una alcaldesa que no había cumplido siquiera 24 horas en el cargo, además de acabar con una vida humana, el crimen va acabando con el derecho de la gente a elegir libremente a sus gobernantes. Cuando en Veracruz se perpetra un homicidio a un periodista y las autoridades en lugar de investigar criminalizan sumariamente a la víctima, también se socava la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a contar con múltiples fuentes de información. Cuando por medio de acuerdos inconfesables los partidos permiten que las mafias postulen a uno de los suyos a la presidencia de un municipio, como ocurrió con José Luis Abarca en Iguala, se abren las puertas a la vorágine y la barbarie. Las consecuencias letales de la penetración del narcotráfico en la política y las instituciones alcanzaron su cúspide con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzina-

pa. En este panorama desolador crecieron muchos de los jóvenes nacidos después de la alternancia y que en 2018 podrán votar por primera vez. Si bien no conocieron por experiencia propia los congresos monocolores o las páginas más oscuras del autoritarismo mexicano como la represión estudiantil de Díaz Ordaz o el halconazo, ¿qué significado tiene para ellos una democracia que silencia a sus periodistas y acaba con la vida de los más jóvenes? Desde finales de 2006 a la fecha, en el marco de la guerra en contra del narco van más de 22 mil desaparecidos y más de 100 mil muertos. El incremento abrupto en la tasa de homicidios es causa preponderante de que de 2000 a 2010 disminuyera la esperanza de vida de los varones mexicanos,9 algo que no sucedía desde que culminó la Revolución Mexicana. Si en muchos lugares del país los jóvenes no tienen otra alternativa de subsistencia que migrar o enrolarse en una guerra ya sea del lado de los sicarios o de los militares, ¿por qué razón elegirían la democracia por encima del antiguo régimen que no conocieron? Corrupción e impunidad.- México atraviesa por una profunda crisis de los valores democráticos, producida por elevados niveles de corrupción política y por la incapacidad de las instituciones de ejercer sus funciones regulatorias y hacer que todos los agentes cumplan con la ley. Entre la élite gobernante se ha propagado una sensación de impunidad, de ser una casta por encima de la ley y del resto de los mortales, de no ser responsables ante la ciudadanía y poder hacer lo que les venga en gana. Los valores republicanos son un estorbo para quienes conciben al Estado como un patrimonio privado y a sus instituciones como mercancías para comerciar. Funcionarios que utilizan el helicóptero de la institución a su cargo para viajar con su familia o consentir a una estrella del canal de las estrellas; Casas Blancas, especulación inmobiliaria, moches legislativos; entregas amañadas de obras, licitaciones y concesiones; contratación de publicidad gubernamental encubierta en programas de revista; legalización del fracking, de la “ocupación temporal” de tierras y depredación de manglares para construir edificios; la fuga

Coneval, “Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas ”, consultado en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx, 28 de febrero de 2016 7 Joseph, Stiglitz, El precio de la desigualdad, México, Taurus, 2012, pp. 29 y 52 8 íbidem, p. 53 9 Canudas-Romo, Vlamdimir et al, “The stagnation of the Mexican male life expectancy in the first decade of the 21st century: the impact of homicides and diabetes mellitus”, en Journal of Epidemiology and Community Health, 69:28-34, 2015

La transición al desencanto espectacular de El Chapo de un penal de máxima seguridad; la insostenibilidad del Aeropuerto de Texcoco (en donde pretenden que aterrice el nuevo avión presidencial que costó una millonada); la cancelación del tren México-Querétaro; el encubrimiento de Peña Nieto a Moreira y el apacible retiro de Fidel Herrera como cónsul en Barcelona. Son las postales de un régimen carcomido por la corrupción. El gobierno mexicano ha claudicado a su vocación de servicio público, el único motivo por el cual puede ser legítima una relación de poder. La lógica sexenal no es servir al público, sino servirse de él. Si las elecciones son vistas como una inversión –comprar votos y el respaldo de los consorcios mediáticos, convencer a accionistas de colocar su dinero en una empresa riesgosa– la colonización del Estado es un botín que deja amplios dividendos. Una de las características del ejercicio de poder del grupo Atlacomulco es la inversión de los incentivos: premia la subordinación acrítica y castiga a quien hace bien su trabajo. Esto explica que por las mismas fechas en que desde Los Pinos presionaban a MVS Radio para silenciar la denuncia periodística de Carmen Aristegui, el presidente nombraba a un incondicional como secretario de la Función Pública para cuidarle sus espaldas. En resumidas cuentas en eso consistió la respuesta de Enrique Peña Nieto a la crítica social por la compra de una casa que costó más de 80 millones de pesos. La hermana gemela de la corrupción es la impunidad. Una alimenta a la otra. Las consecuencias de su conjugación son desastrosas. De acuerdo con datos del INEGI, en únicamente 0.2% de los delitos ocurridos en 2012 se dictó sentencia.10 Mientras los culpables no son castigados, miles de mexicanos a los que no se les ha demostrado culpabilidad viven en el encierro. En efecto, 46% de la población penitenciaria no tiene sentencia y comparte las prisiones con delincuentes11 En las deficiencias del sistema de justicia mexicano se expresan los efectos más nocivos de la relación entre corrupción e impunidad. Es falso que como sociedad nos hayamos vuelto indolentes. Por lo contrario, una consecuencia positiva de la transición es que ambos fenómenos tienen una mayor visibilidad pública y una menor tolerancia social.12 Si nuestros reflejos como so-

ciedad ante las desmesuras del poder no se han desactivado, habría que desentrañar por qué México, con una calificación de 35 sobre 100, es el país más corrupto de la OCDE, según en el Índice de Percepción de Corrupción 2015 de Transparencia Internacional.13 Hay una disociación entre lo que los ciudadanos reclaman y los gobernantes interpretan. La gente grita indignación y los gobernantes escuchan envidia. La denuncia es confundida con resentimiento. La ciudadanía padece la impotencia de quien sabe que pasan todas estas cosas y a la vez no pasa nada. Cuando los servidores públicos son los primeros en corromperse y los últimos en ser sancionados, se instaura la pedagogía perversa de la corrupción. Los cínicos andan envalentonados: tienen la certeza de que sus actos de corrupción no serán sancionados. Se sienten intocables. Partidocracia.- Cuando salimos de la noche autoritaria y amanecimos en la transición, el dinosaurio seguía ahí. Más que un partido político, el PRI es una cultura política. Mucho más fácil sacarlo de Los Pinos que de las mentes. Al instaurar la herencia revolucionaria a su imagen y semejanza, el priísmo inventó la política moderna en México. Se suponía que la transición se encargaría de desmontar dicha forma de hacer y concebir la política, pero en vez de ello, hizo metástasis en el sistema de partidos: el autoritarismo se pluralizó. Por una parte, el PAN en tiempos de Fox contaba con la fuerza que le daba el bono democrático para desensamblar el aparato de dominación priísta. Pero en vez lo convocó a cogobernar el cambio, montándose en su maquinaria corporativa, reproduciendo sus mismas prácticas y aliándose con los mismos poderes fácticos. Por otra parte, salvo casos excepcionales como el Distrito Federal, cuando la izquierda ha llegado a gobiernos estatales o municipales ha sido incapaz de demostrar que puede implementar políticas públicas diferentes, en clave democrática y progresista. Tomando en cuenta que en su gran mayoría quienes han gobernado con las siglas del PRD egresaron de las filas del PRI, esto no debería extrañarnos. Jesús Silva-Herzog Márquez sostiene que el pluralismo no acabó con el ogro filantrópico, sino que le agregó dos cabezas. Al PRI como partido

10 Carlos Galindo, “Seguridad Pública: Evaluación de la información disponible”, Temas Estratégicos Número 14, México, Instituto Belisario Domínguez, 2014, p. 12 11 Centro de Estudios sobre impunidad y justica de la Universidad de las Américas Puebla, “Resumen ejecutivo del Índice de impunidad Global”, consultado el 29 de febrero de 2016 en: http:// www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx 12 op. cit., José Woldenberg, “¿Dónde estamos?”…

subsidiado por el Estado se le sumaron dos agencias estatales: el PAN y el PRD. Politólogos como Richard Katz y Peter Mair denominan este proceso como la cartelización de los partidos políticos. “Estos compiten, ganan y pierden elecciones, discuten en el Parlamento pero, debajo de la rivalidad, se coluden para cuidar sus ventajas y privilegios. Definen las reglas y se reparten los beneficios.” Los cárteles hacen política para sí mismos, con lo cual van drenando el demos de la democracia.14 En vez de apertura, la crisis de ilegitimidad y de desconfianza ciudadana en las instituciones ha provocado que los partidos tradicionales se atrincheren para impedir el ingreso de nuevos competidores. Han demostrado un rechazo tajante a impulsar nuevas reglas que podrían propiciar un contexto de mayor exigencia. De entrada, registrar un nuevo partido político no será posible hasta que pasen las elecciones de 2018. Llegada esa fecha, quienes se propongan hacerlo tendrán que ingresar a un laberinto burocrático y notarial en el cual muchos quedarán atrapados. Incluso Morena, cuyo dirigente es el mejor posicionado en algunas encuestas rumbo a los comicios presidenciales, tuvo complicaciones para cumplir con las asambleas estatales y demás tramitologías enredadas que la ley contempla para otorgar registros partidistas. Algo similar pasa con las candidaturas independientes. Luego de que en las elecciones intermedias de 2015 se comprobara su potencial disruptivo, los partidos se dedicaron a ponerles candados y requisitos severos en las legislaciones locales, provocando que un derecho constitucional sea imposible de llevar a la práctica. En pocas palabras, la partidocracia se resiste a inyectar pluralismo y auténtica competencia a un sistema que languidece y está desprovisto de representatividad. ¿Qué se puede hacer? A pesar de lo hasta aquí dicho, no es momento de sucumbir ante el pesimismo. Es momento de sentirse indignado y transformar esa energía en organización. Hay una mayoría social silenciosa e inconforme que necesita una salida política que le dé voz, identidad y articule las demandas populares a través de propuestas concretas. La actual disputa obliga a construir lazos entre entre el archipiélago de resistencias, lo cual requiere generosidad, voluntad política y altura

de miras por parte de todos. Como cualquier disputa, ésta es, a fin de cuentas, un asunto de correlación de fuerzas. La derecha tiene la habilidad de aglutinarse de manera compacta, homogénea y disciplinada para defender intereses cada vez más unificados. Frente a un bloque con pocas fisuras, la indignación no puede desplegarse fragmentada, dilapidando su potencial en purismos y soberbia intelectual. Por lo contrario, lograr que el disenso se vuelva mayoría depende en buena medida de que partidos, movimientos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que buscan el cambio social, se reconozcan mutuamente, reivindiquen su diversidad, respeten sus autonomías y sus distintas formas de lucha, pero sobre todo, interpelen a la gente. Elaborar colectivamente un discurso catalizador que asimile los particularismos, para incorporarlos en una significación global es el gran reto que tenemos por delante. Ya lo dijo Ryszard Kapuscinski: no deja de ser curioso que el solo hecho de experimentar la miseria y la opresión, por más dolorosas que resulten, no es suficiente para que las personas tomen conciencia de que ni la una ni la otra forman parte del orden natural del mundo. Es imprescindible la palabra catalizadora, el pensamiento esclarecedor. Por eso los gobiernos autoritarios, más que al petardo o al puñal, temen aquello que escapa de su control: las palabras. Palabras que circulan libremente, palabras clandestinas, palabras rebeldes.15 Los demócratas tenemos una tarea doble por delante. En primera instancia hay que defender los avances en el país en cuestiones como división de poderes, transparencia, rendición de cuentas, pluralismo, libertades y derechos. No son poca cosa: costaron la lucha de varias generaciones e incluso la vida de algunos de los que nos precedieron. Pero al mismo tiempo no debemos caer en el conformismo ni dejar de impugnar y combatir los lastres que los poderosos le han endosado a nuestra democracia para anclarla en su estado actual. No hay sistema político que tenga garantizada su permanencia en el tiempo. Suponer que nuestra malherida democracia puede ser la excepción, implicaría dejar el camino libre a las pulsiones autoritarias que anidan en nuestra sociedad. Hoy la democracia requiere de demócratas.

13 Transparencia Internacional, “Corruption Perceptions Index 2015”, consultado en: https:// www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi_2015, el 29 de febero de 2016 14 Jesús, Silva-Herzog Márquez “El vaciamiento democrático”, Revista Nexos, Octubre de 2015, consultado en: http://www.nexos.com.mx/?p=26468 el 29 de febrero de 2016 15 Ryszard Kapuściński, El Sha o la desmesura del poder, Barcelona, Editorial Anagrama, 2011, p. 135

Ante la gravedad de nuestros problemas, la democracia participativa Por Raymundo Cárdenas Hernández

a etapa del neoliberalismo, o del capitalismo salvaje, está siendo denunciada y combatida en todo el mundo: es el centro del mensaje del aspirante a candidato presidencial en Estados Unidos, Bernie Sanders, quién no cesa de denunciar que el capital financiero adquirió más poder que las autoridades electas y que esa es la razón de fondo de los graves problemas económicos y de que los gobiernos sólo se preocupen en proteger esos intereses; es una parte principal de los mensajes del Papa Francisco que una y otra vez llama, sobre todo a los jóvenes, a movilizarse contra la exclusión, contra la economía que mata, que promueve el individualismo y el consumismo dañando gravemente a nuestra casa común; ha sido la bandera central de movilizaciones en todos los continentes de millones de personas que han cobrado consciencia de que el capital financiero mundial, mediante organismos como el Fondo Monetario internacional y las agencias calificadoras de riesgo, ha suplantado a las autoridades democráticamente electas, sobre todo a la hora de tomar las principales decisiones de política económica, socavando de esta manera los cimientos mismos de la democracia representativa y la misma soberanía de los Estados. En el devenir de su historia la humanidad ha aprendido que las luchas por el poder han sido causa de mucha violencia y sufrimiento. Como resultado de esa experiencia universal, la mayoría de las naciones han aceptado la importancia de la democracia, de darle al individuo una voz y un voto. La democracia realmente existente se basa en elecciones periódicas y está firmemente establecida en las constituciones de la mayoría de los países. A la vez se consolidó un compromiso con el debate público antes de tomar decisiones políticas, en especial durante los procesos electorales, que condujo a que partidos y candidatos, y después los gobiernos democráticos, estuvieran siempre obligados

a comprometerse con el bienestar popular. Ello propició, como afirma Amartya Sen en su obra clave “desarrollo y libertad”, que en distintas regiones de la India, las elecciones democráticas fueran la causa eficiente de la erradicación de las recurrentes hambrunas. En teoría, el gobierno que actúa contra los intereses de su pueblo es rápidamente sustituido por otro. Sin embargo, en esta época de la hegemonía neoliberal y de globalización conducida bajo sus principios, muchas de las políticas aplicadas por los dirigentes políticos y financieros de las potencias económicas y de los países bajo su influencia han estado marcadas por un desprecio fundamental al proceso democrático. El caso mexicano es paradigmático: ninguna de las reformas estructurales aprobadas en el actual sexenio fueron debatidas durante las campañas políticas y se impidió la consulta popular sobre las principales de ellas. Y lo mismo ocurrió con las reformas del mismo tipo aprobadas desde el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Durante dos décadas cuando menos, en el mundo entero se ha dado por hecho que no existe otro camino que la globalización neoliberal. El sistema internacional de medios de comunicación masiva ha sido el instrumento principal para la construcción de la hegemonía del pensamiento único. Hoy, esa hegemonía hace agua por todas partes. Hoy son millones quienes piensan que la eliminación de algo tan importante como los servicios públicos para garantizar derechos que son pilares del Estado de bienestar, es una decisión que no debería basarse solo en los juicios unilaterales de los expertos financieros (sin mencionar a las agencias de calificación que son muy propensas a equivocarse como lo vimos en el 2008), sin un debate público y el consentimiento informado de los pueblos involucrados. Es cierto, claro está, que las instituciones financieras son importantes para las economías, pero si el ob-

jetivo es mantener cierta legitimidad democrática y no caer en un régimen tecnocrático, las políticas deben ser sometidas a un proceso de debate público y persuasión con argumentos a favor, argumentos en contra y una doble revisión de dichos planteamientos. Las luchas de los griegos, españoles, portugueses, y otros, que han sacudido recientemente sus sistemas políticos solo se explican si recordamos que la democracia fue uno de los fuertes compromisos que asumió Europa después de la segunda guerra mundial, pero un segundo compromiso no menos importante fue con la seguridad social para evitar la exclusión y marginación de la gente. Por ello es ahora evidente que incluso, si hubiera sido ineludible cortar de tajo los fundamentos de justicia social europeos (de lo cual no estoy seguro), la acción debió ser acompañada de argumentos para convencer a la gente, en lugar de dar golpes como el del presidente Reagan contra la huelga de los controladores de vuelo, o el de la primera ministra Thatcher contra la de los mineros. El desdén por el público difícilmente podría haber sido más transparente en muchas de las decisiones políticas europeas. Como igualmente transparente ha sido el desprecio de los neoliberales que conducen a México, al imponer una reforma energética rechazada por la mayoría absoluta de la población. Si asumimos que la meta de todo gobierno democrático es reducir en lugar de aumentar la injusticia y que los servicios públicos son conquistas apreciadas por millones de personas, en especial por los más vulnerables, entenderemos que los cortes brutales en estos servicios socavan el compromiso fundamental que sostiene todo el andamiaje institucional de las democracias en el mundo. El acuerdo que impulsó el nacimiento del Estado de bienestar y los servicios de salud y educación nacionales en un periodo de rápido cambio social, fue la base de la etapa de mayor crecimiento

del bienestar global, y fue y sigue siendo un gran ejemplo de responsabilidad política para el mundo. Lamentablemente, las élites actualmente dominantes, los dueños del capital financiero, no dan señales de tener ni una pizca de responsabilidad social y mantienen su férreo control de los gobiernos nacionales para que no abandonen el camino trazado por ellos, so pena de imponer castigos y sanciones que incrementan el sufrimiento humano de los pueblos. En ese orden de ideas, cabe preguntarse cuáles son los retos que enfrentamos los mexicanos para lograr que nuestro país se sume a la lucha global por la sustitución del paradigma neoliberal, partiendo de que ya existen diversas experiencias y versiones de aplicación del paradigma del desarrollo humano, estructurado y difundido principalmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante los debates sobre el desarrollo de los años 70 y los 80, surgió la convicción de generar un enfoque alternativo que trascendiera al PIB como medida del desarrollo, primero poniendo un mayor énfasis en el empleo, luego en el crecimiento redistributivo, y por último en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. El enfoque del desarrollo humano, busca el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven. Se centra en crear mejores oportunidades y posibilidades de elección para todas las personas. En mejorar la vida de las personas, en vez de creer que el crecimiento económico llevará de forma automática a mejores oportunidades para todos. El crecimiento económico es un importante medio para el desarrollo, pero no un fin en sí mismo. El desarrollo humano consiste en dar a las personas más libertad y más oportunidades para vivir una vida que valoren. En la práctica, esto significa desarrollar las capacidades de las personas, y darles la oportu-

Ante la gravedad de nuestros problemas, la democracia participativa nidad de poder usarlas. Por ejemplo, educar a una niña le proporcionará habilidades, pero de poco le servirán si no tiene acceso al empleo en el futuro, o si dichas habilidades no son las requeridas en el mercado laboral local. Tres aspectos esenciales del desarrollo humano son vivir una vida sana y creativa, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos que proporcionan un nivel de vida digno. Hay muchos más aspectos importantes, sobre todo los que crean las condiciones necesarias para desarrollo humano, como son la sostenibilidad medioambiental y la igualdad entre hombres y mujeres. En atención a lo anterior, se puede afirmar que el reto principal de los mexicanos de hoy es dialogar masivamente para definir nuestra propia versión del desarrollo humano, y organizarnos para construir el sujeto político capaz de conquistar los votos necesarios para tener el derecho de asumir el control de las riendas del Estado para convertir en políticas públicas los principales ejes del nuevo paradigma. Como es evidente, asumo que lamentablemente los partidos progresistas realmente existentes no son el espacio adecuado para llevar a cabo ese gran debate nacional, pero que deberían serlo. Esa es una primera tarea que se nos

presenta de cara al proceso electoral del 2018 y a la celebración del centenario de la Constitución de 1917: movilizar a las bases de las distintas izquierdas para que recuperen a sus respectivas organizaciones para la discusión del modelo mexicano para el desarrollo humano. Una segunda tarea, que se debe acometer con plena consciencia, es la reconstrucción democrática de las organizaciones llamadas partidos políticos pero que no cumplen a plenitud sus funciones constitucionales. Es indispensable que los mexicanos asumamos la responsabilidad de regenerar el sistema de partidos, rescatándolos de las distintas camarillas que hoy los conducen para su propio beneficio. Esta segunda tarea debe llevarse a cabo al mismo tiempo que la primera, pues del debate político sustantivo podrán derivarse las cualidades indispensables de la nueva organización y las habilidades, competencias y compromisos que deben caracterizar a sus integrantes. Solo la discusión del “para qué” de la organización política de los progresistas mexicanos, y la conquista de la democracia participativa en los distintos institutos políticos, generarán las condiciones para abordar con seriedad la construcción de un polo político progresista

capaz de ganar las elecciones del año 2018, con un margen suficiente para emprender la aplicación del nuevo paradigma en todo el país. Cualquier otra iniciativa estará destinada al fracaso. Por ello hay que acometer ambas tareas desde ahora y desde la trinchera particular de cada quien. El proceso electoral local que se desarrolla en nuestra entidad puede constituir una oportunidad para dar los primeros pasos en la dirección indicada líneas arriba. Todos podemos presionar para que candidatos y dirigentes políticos se pronuncien sobre lo que piensan del desarrollo humano de los zacatecanos, y sobre las propuestas y compromisos concretos para medir e incrementar el índice estatal respectivo. Si partimos de la constatación de que hoy por hoy no existe en el planeta una democracia sin partidos políticos, y de que ya es evidente la insuficiencia de la democracia representativa, llegaremos a la conclusión de que todos debemos luchar por la regeneración de los partidos progresistas actuales, contra el sectarismo y las diversas posiciones francamente provocadoras, como las que se han expresado en distintas movilizaciones masivas en la Ciudad de México. Por último. Es pertinente señalar que la cada vez más frecuente elección de gobernantes improvisados y

sin el oficio político requerido, solo se explica por la ausencia de debate de los asuntos públicos en los propios partidos y en la sociedad civil, y por la inexistencia de mecanismos eficaces para propiciar una mucho mayor participación. La democracia participativa es una condición indispensable para que los zacatecanos seamos capaces de construir una sociedad del conocimiento y la información que nos dignifique, y que permita disminuir drásticamente el sufrimiento humano que conlleva la división de nuestras familias por la emigración de miles y miles de paisanos, o peor aún, la inserción de muchos a actividades ilegales. Nuestros jóvenes requieren ser incluidos en la sociedad, asegurándoles un lugar en una mesa, una cama en un hogar, un espacio educativo y una ocupación que los dignifique, y los paisanos que viven en Estados Unidos no deben estar obligados, por falta de oportunidades aquí en su tierra, a soportar el incremento de la frecuencia de agresiones a sus derechos humanos por ciudadanos enardecidos por el discurso irresponsable del aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Ambas fuentes de sufrimiento solo desaparecerán si elevamos la intensidad de nuestra participación política.

Democracia y calidad de gobierno en los municipios de México Carlos Moreno Jaimes

urante casi siete décadas, el régimen político mexicano no fue considerado una democracia. De hecho, el famoso novelista peruano Mario Vargas Llosa se refería a nuestro país como “la dictadura perfecta” debido, fundamentalmente, a la falta de competencia inter-partidista, a la extrema centralización del poder político en la figura presidencial y a la manipulación de los resultados electorales para asegurar el triunfo del PRI. Sin embargo, a partir de 1997, el panorama político mexicano cambió drásticamente al perder el PRI, por primera vez, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, tres años más tarde, el control de la presidencia de la República.

Pese a que en la actualidad, la alternancia y la competencia electoral se han convertido en hechos totalmente normales en la mayor parte de las regiones del país, los mexicanos están sumamente insatisfechos con el desempeño de la democracia. Por ejemplo, según datos de Latinobarómetro, a inicios de la década del 2000 más de 60% de la gente estaba de acuerdo con que “la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno”, pero este resultado ha ido en declive: en 2015 solo 48.4% estaba de acuerdo con dicha afirmación. De hecho, la satisfacción con la democracia en México es inferior en comparación con otros países de América Latina: en 2015, 78.1%

de los mexicanos reportaron no estar ni siquiera satisfechos a secas con la democracia, mientras que en Brasil y Argentina se manifestó en ese sentido 72.4% y 45.5%, respectivamente. ¿Quién es responsable de que la democracia mexicana tenga hoy tal descrédito? La respuesta es compleja, pero es muy probable que los gobiernos emanados de elecciones democráticas –provenientes de todos los partidos- tengan una gran parte de esa responsabilidad, principalmente los gobiernos municipales. Recordemos que los municipios fueron los primeros en experimentar el fenómeno de la alternancia partidista desde mediados de la década de los ochenta y que, al mismo tiempo, se beneficiaron de un proceso de descentralización político-administrativa, la cual los dotó de importantes responsabilidades en la

prestación de servicios públicos básicos; atribuciones regulatorias en materia de urbanización y una mayor participación en la operación de programas federales de desarrollo social. Si esto no fuera suficiente, los gobiernos municipales han decidido involucrarse –quizá debido al incentivo genrado por un entorno electoral competitivocada vez más en áreas de política pública que van mucho más allá de lo que les marca el artículo 115 de la constitución nacional, por ejemplo en políticas para la creación de empleos, en la provisión de servicios de salud y educación, en el fomento de proyectos productivos para mujeres y un largo etcétera. El problema es que los gobiernos municipales no han estado suficientemente preparados para enfrentar el reto de gobernar sociedades cada vez más complejas, con los instrumentos idóneos para incidir con

1 efectividad en áreas importantes de política pública, y bajo condiciones de competencia electoral. Dicho en otros términos, el talón de Aquiles de los municipios mexicanos es su débil capacidad institucional. Muchos de los procesos de los gobiernos municipales de México se realizan con un nivel bajo de institucionalización. Es decir que no existe una estructura de reglas y procesos que den estabilidad a las actividades de los gobiernos municipales. Lo anterior se explica por dos factores: la corta duración del periodo gubernamental de los ayuntamientos que parece ser insuficiente para el establecimiento de un programa sólido; y la prohibición de reelección consecutiva que durante décadas ha sido un desincentivo a las decisiones y programas con efectos de largo plazo. Un ejemplo de la ineficiencia institucional de los municipios es su poca capacidad reglamentaria. Según datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI, hay un número considerable de gobiernos municipales que no cuenta con instrumentos normativos para regular importantes aspectos como la protección civil, la obra pública municipal o la zonificación y el uso de suelo. Otro ejemplo de la debilidad institucional municipal es la ausencia de un servicio profesional de carrera en las administraciones públicas, lo cual da lugar a que el empleo público de las burocracias municipales sea una decisión discrecional de los alcaldes y no garantice un perfil profesional adecuado para el cumplimiento de sus responsabilidades. Para el 2008 solo 28% de los municipios contaba con un servicio profesional. Además de su baja institucionalización, los gobiernos municipales no ge-

neran ingresos fiscales propios. En la actualidad, México es una de los sistemas fiscales más centralizados en el mundo, pues el gobierno federal recauda 80% de todos los ingresos públicos. A pesar de ello, desde mediados de los ochenta, los municipios recibieron la responsabilidad de cobrar el impuesto predial como una alternativa para financiar las nuevas responsabilidades de gasto que fueron recibiendo. Sin embargo, los resultados no han sido nada alentadores, pues la recaudación del predial en México representa tan solo 0.13% del PIB, mientras que países de tamaño equivalente la recaudación del predial representa más de 3% del PIB. Por lo tanto, los gobiernos municipales son altamente dependientes de los recursos de otros órdenes de gobierno, pero sobre todo del gobierno federal. Resulta muy extraño que los municipios quieran involucrarse cada vez más en nuevas áreas de política pública sin antes fortalecer su recaudación propia. Otro problema importante es que los gobiernos municipales no son muy permeables a la influencia de las preferencias ciudadanas para la hechura de sus políticas públicas, pese a que, en teoría, son la instancia a la cual los ciudadanos acuden con mayor frecuencia, en comparación con las instancias estatales y federales. Una encuesta realizada en 2006 por Parás y Coleman muestra que la mayor parte de las personas encuestadas (70%) consideraba que los gobiernos locales ponían poca o ninguna atención a las demandas cotidianas de los ciudadanos.. Por otra parte, hay estudios que muestran pocas estrategias específicas para estructurar la participación ciudadana en la gestion municipal. Los mecanismos que se utilizan con mayor frecuencia son aquellos a los cuales los gobiernos están obligados a establecer

para obtener recursos de otras órdenes gubernamentales, por ejemplo los comités de planeación de desarrollo municipal. Sin embargo, otros métodos, sobre todo aquellos que implican una participación más sofisticada por parte de los ciudadanos como la evaluación y supervisión de la gestión gubernamental, se utilizan con mucha menor frecuencia. Sin duda, lo anterior contribuye a la pérdida de confianza de la población en sus autoridades municipales. Finalmente, quienes nos hemos dedicado a estudiar el desempeño gubernamental a escala municipal en México hemos encontrado evidencia muy sólida que indica que los gobiernos municipales no han sido eficaces en cumplir con una de sus funciones primordiales: la provisión de servicios de infraestructura básica como el agua potable y el drenaje, atribuciones que sí están explícitamente incluidas en la constitución mexicana como parte de las responsabilidades de los municipios. Por ejemplo, los recursos que el gobierno federal transfiere año con año a los municipios para que éstos los inviertan en proyectos de infraestructura social básica no parecen haber contribuido mucho a aumentar la cobertura de agua y drenaje de las viviendas, pese a que todavía hay localidades que padecen serias carencias de estos servicios. Este resultado puede reflejar un alto grado de indolencia por parte de las autoridades municipales, pero también implica que el principal obstáculo para mejorar los servicios básicos son los altos niveles de dispersión poblacional que caracterizan a una buena parte del territorio nacional, ya que resulta muy costoso llevar servicios a comunidades aisladas, sobre todo en el medio rural. La discusión anterior muestra claramente que la democracia electoral no necesariamente conduce a que los

gobiernos se desempeñen con una mejor calidad, sobre todo tratándose de los gobiernos municipales de México. Contar con elecciones libres, competidas y abiertas a la pluralidad y la alternancia no garantiza que los gobiernos sean permeables a las preferencias ciudadanas; tampoco que sus decisiones se tomen con adecuadas dosis de imparcialidad, si que los políticos electos tengan la disposición de capacitar y profesionalizar a sus cuadros administrativos para mejorar la efectividad en el logro de objetivos públicos. Por tanto, resulta muy claro que las ventajas de la democracia electoral deben complementarse con otro tipo de reformas que produzcan gobiernos de mayor calidad. ¿Qué cambios podrían impulsarse para lograr tales propósitos? En primer lugar, es necesario que los ciudadanos estén mejor informados de de cómo sus gobiernos deciden y actúan. Es decir, se requiere de una política de acceso a la información pública que no se limite a revelar lo que un gobierno hace y cuánto gasta sino que obligue a las autoridades a exponer las razones de fondo de sus decisiones, a explicar por qué se tomó una decisión y no otra y qué resultados concretos y medibles se derivaron de ellas. En segundo lugar, el aparato gubernamental debe de liberarse de la interferencia del clientelismo político-electoral, promoviendo leyes tendientes a la profesionalización de las administraciones públicas donde el mérito y el desempeño sean los criterios principales de acceso y permanencia. Finalmente, debe existir una mayor correspondencia entre el gasto público y la recaudación, responsabilizando de manera suficiente a los gobiernos locales a asumir el costo de sus decisiones.

Proceso electoral 2016;

del balance al porvenir Por J. Virgilio Rivera Delgadillo

Me resulta impostergable iniciar esta colaboración para el suplemento de La Jornada Zacatecas, sin antes reconocer un esfuerzo periodístico que ya se ha constituido en la entidad como un referente del acontecer de la realidad zacatecana. No es solo, así lo entiendo, un esfuerzo de La Jornada Zacatecas por construir y llevar adelante una versión de la verdad. Es una perseverancia, día a día demostrada, de la apertura a versiones distintas y hasta encontradas de

lo que hoy somos como entidad y de la generación de opiniones acerca del porvenir. Nada más y nada menos puede reclamarse del ejercicio periodístico en México y allende nuestras fronteras. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, puede y debe ser partícipe de éstas y otras iniciativas que traigan como consecuencia la construcción de ciudadanía, entendida como la capacidad de apropiarse de la conducción del Estado y del horizonte de la sociedad que deseamos; con bienestar económi-

co y con una anhelada justicia social, que para todos deseamos. Hoy es mi opinión a la que pronto habrá de concurrir la de mis colegas consejeras y consejeros del IEEZ; Olivia Castro, Adelaida Ávalos, Elisa Flemate, Manuel Ortega, Eduardo Noyola y Jesús Frausto, todos con opinión propia y una trascendente responsabilidad en la elección local presente y la concurrente del 2018.

Elecciones 2016 Ya la ciudadanía zacatecana forma parte de un padrón próximo o superior

al millón cien mil personas. Todos llamados a que este 5 de junio hagan uso de un derecho político fundamental de votar. Para reafirmar que, como colectivo social, reconocemos las vicisitudes de este gran país que es México, agobiado por la violencia, a la par que alentado por miles y millones de compatriotas que a diario entregan su inteligencia, esfuerzo y generosidad para que la República se mantenga en pie, firme y perseverando en la construcción de un país venturoso. Muchos desencantados por un sistema democrático que no alcanza a colmar las aspiraciones de una vida mejor, pero esmerados en que esta democracia, la nuestra, es la mejor forma de vida civi-

Proceso electoral 2016; del balance al porvenir lizada y que sin ella no habrá porvenir para nosotros, nuestros hijos y las generaciones por venir. Democracia que suele equivocarse, cuando la mayoría decide; pero que tiene la posibilidad de rectificar para enderezar el rumbo. Aquí y ahora, para decir una vez y cuantas veces sea necesario, que como sociedad rechazamos enérgicamente a la violencia y cualquiera de sus manifestaciones; la sexual, la laboral, la económica, la moral y tantas otras; de aquella que se ejerce en contra de las mujeres, de los menores, de los discapacitados, de los adultos mayores, de los desempleados, jóvenes y adultos sin porvenir cierto, de los que no tienen esperanza y de aquellos vulnerables que en nuestra sociedad existen. Para decir que no es el camino de la violencia o los saltos al vacío lo que

hoy como sociedad requerimos. La normativa electoral que hoy tenemos, es fiel reflejo de verdaderos avances de hoy somos como sociedad, pero también, fruto de las limitaciones de muchas aspiraciones y anhelos que no hemos podido alcanzar. Veamos el vaso medio lleno para decir que hoy el reconocimiento a la mujer de Zacatecas y del país, ya encuentra cauce para su incursión en la vida pública, en la representación popular. Que no es el todo, si así se quiere ver, pero que sí representa una plataforma de despegue y aterrizaje para conquistar otros espacios; en la vida familiar, en la educación y en la cultura, en el mercado laboral y en la vida social en general. Oportunidad esperada para que la mujer haga sentir su presencia en las urnas.

Para que los jóvenes, es especial aquellos que por primera vez harán sentir su presencia en la urnas, adviertan que más allá de las palabras, ha llegado la hora de que definan lo que quieren de este país para el presente y para el futuro. Sembremos, poco a poco y no con pocos esfuerzos, la conciencia en nuestras hermanas y hermanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras, que este país sigue siendo tan suyo como nuestro. Que acaso se fueron por la falta de oportunidades, pero que la historia no concluyó con su caso. Que existe de por medio el destino de miles y miles de jóvenes que desean construir aquí, en su patria chica, las mejores oportunidades de realización. Nadie ha dicho que la construcción de la democracia sea tarea sencilla. Ahí

donde los aciertos se combinan con hierros; donde sólo la perseverancia hace posible levantarse de las derrotas para ensayar nuevos caminos. No es sencillo entonces construir o reconstruir la vida social en base a la democracia; pero vale la pena decir que ese gran don de vivir en democracia hace posible errar y equivocarse a condición que tal democracia transcurra y fortalezca la paz social y al Estado de Derecho. Ámbito de libertad que con mucho esfuerzo, inteligencia y la vida propia, nos fue heredado por padres, abuelos y todos aquellos que nos dieron no sólo patria como se suele decir, sino la oportunidad de decidir, aquí y ahora, lo que a todos mejor convenga. Concurramos todos entonces, a ese gran propósito este cinco de junio.

Percepción ciudadana y abstención Un reto apremiante de nuestra democracia Una reflexión desde Zacatecas Por Rubén Ibarra Reyes Si bien es cierto que los factores que lle-

van al ciudadano a no participar en las elecciones, ni con su voto, ni con su militancia son varias. La crisis de credibilidad y –más aún– la percepción negativa de que gozan los actores políticos e instituciones en nuestro país, motivan a que la población se aleje (en su mayoría los jóvenes) de las urnas y de la vida política. El resultado: gobiernos carentes de legitimidad y sin respaldo social. Y sobre todo, una cultura política poco participativa y de baja calidad respecto a la democracia. A mayor percepción negativa, mayor abstención. Es importante recordar que la capital del estado tiene una interesante historia reciente en términos electorales. Después de una tradición priísta, en 1998 llega al poder por primera vez el PRD; y en el 2007, apenas nueve años después, el ayuntamiento es ganado por el PAN. Sin embargo, en 2010, el PRI vuelve al poder, con lo que en una década la alternancia ha sido un factor de análisis indiscutible, sobre todo porque, si bien es cierto que al comportamiento electoral lo ha venido determinando el voto diferenciado, es evidente que junto con ello, la participación ha presentado números bajos de manera importante, con escepción de 2010:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Está muy arraigado en el ciudadano la percepción de política = corrupción. Esto genera una cultura política poco participativa y, con ello, una democracia de baja calidad. Este tema ha ocupado un lugar muy importante entre los estudiosos de la teoría política contemporánea.1 La necesidad de desentrañar las relaciones entre el poder y la sociedad, o mejor dicho entre sociedad y gobierno; y, sobre todo, de la obligación que tiene este último para garantizarle una mejor vida del primero, ha llevado a teóricos como Guillermo O’Donnell,2 Robert Dhal,3 y Leonardo Morlino ha ocuparse de su estudio. Este último

* Doctor en Ciencia Política. Docente-Investigador adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAZ.

propone cinco dimensiones para medir la calidad de la democracia, mismas que a su criterio deben ser vistas desde tres aspectos: procedimientos (qué vemos) y que agrupa a las primeras dos dimensiones, resultados (qué se hace) en la que se ubica la tercera dimensión; y contenidos (soluciones desde la igualdad y la solidaridad), aplicados a propuestas del gobierno. De manera resumida, su propuesta (que hacemos nuestra) se puede comentar de la siguiente manera: 1. El gobierno de la ley, es decir, el fortalecimiento del estado de derecho, por encima de los intereses de la autoridad

o la clase política en el poder, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y la no intromisión del crimen organizado, generando la transparencia de las acciones de gobierno; 2. La rendición de cuentas, es decir, la garantía que tiene el ciudadano –y al mismo tiempo la obligación del gobernante– de conocer en qué se ejercen sus impuestos, y si se refleja o no en el apoyo para las próximas elecciones. Ésta puede ser reclamada por los gobernados (rendición de cuentas vertical) o verificada por los organismos e instituciones creadas para ello (horizontal). 3. La reciprocidad o correspondencia de las decisiones políticas a los deseos de los gobernados y la sociedad civil en general. Es la esencia de la representación política que los gobernantes hacen de sus gobernados, es decir, el cumplimento, gestión o negociación que los representantes deben hacer en la búsqueda del bienestar de los ciudadanos. 4. El respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un espectro de libertades; y 5. La implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica. La escasa participación de los ciudadanos, no sólo en los comicios sino también en la vida política, representa un grave obstáculo para el desarrollo de la calidad de la democracia; sin embargo, es fundamental postular que el abstencionismo no representa un aspecto meramente coyuntural, sino que es en realidad una postura ciudadana de rechazo

1 a las políticas públicas, a las decisiones y al desarrollo de los acuerdos entre las cúpulas políticas, dado que los gobernantes y sus decisiones no representan, las más de las veces, los intereses de la sociedad.

Percepción ciudadana en Zacatecas

Entre los meses de julio y agosto de 2014, aplicamos en el municipio de Zacatecas una encuesta a la población que se abstuvo de votar en los comicios de 2013. El objetivo: conocer la percepción que tienen sobre sus gobernantes y sus instituciones. La percepción de los ciudadanos hacia los partidos políticos es negativa: el 50% de los encuestados manifiestan que no votaron porque no confían en ellos, el 15% porque no les interesa y sólo el 0.5% por enfermedad. De hecho, a la pregunta: ¿qué opina de los partidos políticos? El 48.8% opina que no cumplen, el 25% que son malos, el 21% regulares y sólo el 4% que son buenos. El 39% opinó que las elecciones es una regular forma de elegir a los gobernantes, el 36.8% mala y el 23% una buena forma, con lo que queda claro que la transparencia en los comicios no es del todo clara. El 45% de los entrevistados considera que en Zacatecas no existe la democracia. Resulta fundamental decir que, en términos generales, la población entiende a la democracia –y bien entendida desde nuestra perspectiva– como la posibilidad de desarrollo, de bienestar, de representación, es decir, algo que está más allá de lo electoral.5 Los peor calificados son los legisladores federales, no se sabe quiénes son y por tanto no apoyan su trabajo. Es también interesante que, a pesar de ser los representantes más cercanos, los presidentes municipales no son los más conocidos y, además, la calificación es sumamente baja. Siete de cada diez de los entrevistados se entera por la televisión de los acontecimientos políticos, lo que muestra la influencia que ejerce este medio en la vida política y en la cultura del ciudadano, que no siempre es favorable. Es interesante la relación estrecha que existe entre las razones por las que no vota la población y los que manifiestan estar mejor informados, sobre todo los que leen el periódico y los que ven noticieros por TV, esto puede reflejar el claro descontento de la población. El 92% de los entrevistados considera que es mucha la corrupción en que vivimos. Nueve de cada diez entrevistados considera que la ley no se aplica igual para todos. Y su aplicación es también poco apoyada: seis de cada diez creen que a la hora de dictar sentencias, los jueces son influenciados por intereses políticos o particulares. Ocho de cada diez piensan que la delincuencia organizada influye de manera importante en los gobernantes a la hora de tomar

decisiones. Nueve de cada diez consideran que la policía de la capital no es competente. De hecho, existe una relación directa entre la percepción negativa de la policía, la corrupción y la proliferación de la delincuencia organizada, lo que nos permite inferir que, de acuerdo a los ciudadanos, el crimen organizado ha infiltrado a sus miembros entre los elementos municipales, encargados de prevenir los delitos. El otro aspecto fundamental es la rendición de cuentas. El 53% de los ciudadanos opinan que los informes de gobierno sólo sirven para favorecer la imagen del gobernante, el 24% que no sirven para nada y apenas el 22% para dar a conocer el trabajo que se hace. A la pregunta: a la hora de tomar decisiones, ¿qué consideran primordialmente los gobernantes? El 48% consideró que la opinión de su grupo o su propia opinión y el 36% la opinión de su partido. Como ejemplo, en el listado que aparece en el cuadro 5 se puede observar que, de acuerdo a la percepción ciudadana, la libertad de religión es el derecho que mayormente está garantizado por el Estado, con el 62%, y la justa distribución de la riqueza, el derecho con menor garantía, apenas el 2% considera que la riqueza se distribuye de manera equitativa en la sociedad.

Fuente: Encuesta aplicada a los abstencionistas de la capital de Zacatecas.

Reflexiones finales Queda claro que el abstencionismo es en buena medida un rechazo a la clase política y las instituciones, sobre todo a los partidos políticos. Sobresale en mucho la opinión que tienen los gobernados respecto a la corrupción en que vivimos, fenómeno que genera no sólo más corrupción sino, además, la debilitación acelerada del entramado institucional. La aplicación justa, equitativa y expedita de la ley debe ser la punta de flecha de la igualdad. El fortalecimiento del Estado de Derecho representa una tarea inmediata de nuestra clase política. Misma que debe garantizar la rendición de cuentas de manera transparente y, sobre todo, su evaluación debe ser real, dejando de lado el obscuro telón de fondo electorero que aparece en todo actual político. Anteponer los intereses colectivos a los de clase o individuales, genera políticas públicas a favor del ciudadano. Podemos resumir que la calidad de la democracia deberá ser alcanzada en el momento en que se fortalezca (y legitime, por supuesto) el accionar de las instituciones en favor de la ciudadanía, y que el marco normativo represente los intereses y necesidades de los mismos, impidiendo que los actores políticos tomen decisiones individuales o de grupo, y apuntando siempre a que la transición democrática es la búsqueda progresiva de mayor igualdad económica, política y social.

Fuente: Encuesta aplicada a los abstencionistas de la capital de Zacatecas.

Un fragmento de lo que aquí se presenta se publicó en: Ibarra Reyes, Rubén. La crisis democrática. Marginación y abstencionismo electoral en Zacatecas 1992-2007. UAZ, Zacatecas, México, 2009. 2 O’Donnell popularizó la idea de las “áreas cafés”, que caracterizan a las sociedades de América Latina. Éstas se ubican en las zonas periféricas a las grandes ciudades y a causa de sus circunstancias violan o simplemente ignoran constantemente las normas democráticas establecidas. Lo que hace necesario el fortalecimiento y consolidación de los rasgos democráticos. Ver: Gudynas, Eduardo. “Geografías fragmentadas: sitios globalizados, áreas relegadas”, en Revista del Sur, No. 60, 2005, pp. 5-6. 3 Quien contempla dos dimensiones básicas de la democracia: la participación a través del ejercicio efectivo de los derechos políticos y el debate público sobre las alternativas planteadas por los partidos en competencia. En realidad la obra en términos generales de Dahl está encaminada a elaborar esta discusión, sin embargo, en Poliarquía, encontramos un rico análisis sobre la necesaria tutela de los derechos y las acciones, así como del funcionamiento de las instituciones por parte de los ciudadanos. 4 Morlino, Leonardo. “Calidad de la democracia, notas para la discusión”, en Metapolítica, núm. 39, México, Febrero de 2005, pp. 37-40. 5 Si bien es cierto que, en la capital del estado, a diferencia de los municipios de alta y muy alta marginación, los servicios básicos de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica están cubiertos, la carencia de empleos y, sobre todo, de ingresos suficientes es la característica primordial. Más de la mitad no tiene empleo; los que lo tienen, la mayor parte se dedica a la industria manufacturera (obreros) o turística principalmente (empleados), los frutos o ingresos que se obtienen son básicamente para autoconsumo, es decir no generan plusvalor ni ganancia, lo cual origina un estancamiento grave de la economía familiar. Vale la pena agregar, que aún cuando se cuenta con un empleo, la tranquilidad de la familia no es tan simple, no es suficiente: de los que tienen ingresos, el 45% recibe menos de dos salarios mínimos mensuales para mantener a familias en su mayoría constituidas por al menos cuatro integrantes. Otro aspecto aun más preocupante es que el 14.9% manifiesta no recibir salario y sólo un 39.3% de los encuestados reciben un salario mensual superior a dos salarios mínimos.