Debate 3 by La Jornada Zacatecas

No. 3 Año. 1 JUNIO 2016

La hacienda pública en México: incompleta y regresiva

Ciclo y operación del presupuesto participativo

Planeación y Presupuestos Participativos para un futuro diferente para Zacatecas

No. 3

Introducción Editorial Presupuesto Participativo: exploración de la propuesta En el pasado proceso electoral to-

dos los candidatos a gobernador coincidieron en una propuesta que puede cambiar de forma importante la estructura y el funcionamiento de la administración pública del estado: el presupuesto participativo. Dada la importancia del tema, hemos decidido dedicar el presente número del suplemento para examinar los diferentes escorzos de la propuesta: la situación de la hacienda pública que la justifica, su nacimiento, la experiencia originaria de Porto Alegre, sus rasgos definidores (sobre todo en gobiernos locales), la manera en cómo se estructura el ciclo presupuestal bajo este enfoque y las exigencias que tiene Zacatecas para pensar en una idea de este tipo. La intención es coadyuvar a la comprensión del Presupuesto Participativo para ilustrar el debate en torno a la pregunta: ¿cómo va a implementar el gobierno estatal entrante el compromiso que asumió en campaña de realizar el presupuesto participativo en Zacatecas? En el primer artículo Omar González muestra los problemas estructurales de la hacienda pública nacional: insuficiente y regresiva. Las finanzas públicas captan en impuestos el equivalente de 11 puntos del PIB, que completan con 4 puntos de ingresos petroleros. El contraste con países de economías similares a México es notable, por ejemplo Argentina pasa de los 30 puntos de captación fiscal respecto a su PIB. Esta insuficiencia de recursos para financiar el desarrollo es debida a la impunidad fiscal de los grandes capitales. Mientras no se reforme el esquema impositivo en este país y no sea gravada la

riqueza junto a los grandes ingresos, seguiremos con escasez de recursos públicos para atender salud, educación o seguridad alimentaria. Además, está la regresividad crónica en el manejo de las finanzas: los menos necesitados reciben mayores ventajas en la captación y asignación del dinero público. Por ello, la estructura presupuestal es causa activa en el crecimiento de la desigualdad en México. Mientras en otros países el Gini se mueve después de aplicar impuestos, aquí queda inmóvil. Con esta realidad se impone la necesidad de adoptar el mecanismo que pueda gestionar los cambios necesarios para mejorar sustancialmente el corazón de la economía del sector público: democratizar las decisiones en la generación de los ingresos y la distribución de los egresos del Estado. Es decir, adoptar el Presupuesto Participativo es una manera efectiva de contrarrestar la insuficiencia y la regresividad de los presupuestos públicos. El Presupuesto participativo tiene su origen en la presión de los movimientos sociales por la satisfacción de sus demandas, nos dice Velia Raquel Chávez. La presión tuvo efectos sobre todo en los gobiernos locales al que se exigió modelos de co-gestión con la sociedad civil organizada. En este contexto, Alejandro Flores muestra la experiencia pionera en el tema, en la capital del estado de Rio Grande del Sur, en Brasil: Porto Alegre. El desastre en el que la dictadura militar dejó ese país obligaba a pensar en medidas creativas que ayudaran a impedir tanto la corrupción como el despilfarro. Y esa medida fue justo

Directorio Raymundo Cárdenas Vargas Director de La Jornada Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx

el Presupuesto Participativo. Con la consolidación del gobierno del Partido del Trabajo, y con fuerte movimiento social, los años 90’s fueron de creación de nuevas experiencias de gobierno que revelaron sus resultados en poco tiempo: mayor inversión productiva, mejoramiento sustancial de los servicios públicos y, como consecuencia necesaria, aumento del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Aunque el Presupuesto Participativo no lo resuelve todo, la evaluación de la experiencia del mismo es muy positivo. Y ha resultado positivo, afirman Susana Chávez e Israel López, porque este mecanismo permite mayor transparencia en el ejercicio del gobierno (distribución social del poder), y hace presión hacia criterios progresivos de gasto, permite sistemas de recaudo más eficaces, promueve la integración y la Cohesión Social, impulsa la educación ciudadana y amplia considerablemente el ámbito de lo público. Sin embargo, no deja de tener sus dificultades: problemas en la eficiencia, sobre todo cuando no hay cultura organizativa en el trabajo conjunto gobierno-sociedad civil. Los retos para esta propuesta son, sobre todo, de corte organizacional. Juan Luis Rivera, presenta los componentes operativos del Presupuesto Participativo: requisitos generales, instancias responsables y proceso de elaboración. Desde la formación de ciudadanía de la sociedad, pasando por la descentralización y capacitación de los gobiernos locales en cuestión. La necesidad de contar con equipos especializados en el planteamien-

to y organización del presupuesto, además de armonizarlo tanto con los órganos de planeación del estado como con los planes de desarrollo municipal. Finalmente, se deberá tener claridad meridiana en todos los pasos del proceso de elaboración: preparación, convocatoria, identificación de agentes, capacitación, talleres de trabajo, evaluación de prioridades, formalización de acuerdos, y la obligada rendición de cuentas. Es vital contar con un diseño adecuado en la implementación de la propuesta de este presupuesto, ahí se juega el éxito o fracaso del mismo. Para finalizar el examen del tema, García Zamora ofrece el preocupante escenario social y gubernamental en el que se encuentra Zacatecas, donde son pocos los recursos que se usan para resolver los problemas de la población y además, se padece la falta de control social de los mismos. La solución que propone es no sólo el presupuesto, sino todo un sistema de planeación participativa y el control social de toda la administración pública para alcanzar el Desarrollo Humano del estado. El profesor Soto Esquivel aporta algunas propuestas que deberán contemplar los presupuestos públicos a fin de direccionarlos al Desarrollo y sacar al estado del actual estancamiento: eliminar partidas superfluas y apuntalar dos programas estratégicos, contra el hambre y de empleo juvenil. Con todos los aportes señalados, esperamos contribuir al debate público en la búsqueda de la efectividad y factibilidad de las nuevas propuestas que lleven a Zacatecas por los caminos del Desarrollo Humano.

Marco Antonio Torres Inguanzo

Marco Antonio Torres Inguanzo Director Editorial del Suplmento marco03abcd@gmail.com

La hacienda pública en México: incompleta y regresiva Omar Eduardo González Macías*

La capacidad recaudatoria de un Estado

-en un sentido limitado-, determina en gran medida la posibilidad que tendrá para atender con eficacia las demandas sociales, promover estrategias de desarrollo económico y cumplir con sus funciones básicas como el mantenimiento del orden social (poder coercitivo). Aún más, cuando el objetivo es contar con un Estado promotor del desarrollo humano, justo y equitativo, se requiere tener un sistema tributario eficiente y democrático acorde a tal propósito. Lograr aproximarnos a este horizonte normativo, no luce una tarea sencilla, pero en el contexto de un país como el nuestro, con enormes desigualdades económicas y sociales, persistencia de fenómenos como la pobreza y el desempleo, así como un lento crecimiento económico, es insoslayable buscar alternativas que generen los cambios que con urgencia requerimos. El breve texto que en seguida compartimos, busca motivar algunas reflexiones en torno al tema de la estructura fiscal mexicana, no sin antes advertir que en un asunto tan complejo y multidimensional como éste, no pretendemos ser exhaustivos, por lo que habrá aristas que quedarán abiertas a futuras investigaciones. Para ello, se presenta inicialmente un apretado diagnóstico de la situación de la hacienda pública mexicana, para continuar con las causas principales que producen dicha condición y, finalmente, sintetizar algunas propuestas que han surgido como posible solución.

¿Qué tan mal estamos? Los dos retos fundamentales a resolver en el sistema tributario mexicano son, por un lado, la baja recaudación fiscal, y por el otro las enormes desigualdades que este sistema genera, lo que en conjunto impide al Estado alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público que contribuyan a resolver efectivamente las necesidades sociales y fomenten el desarrollo humano. Desde una perspectiva histórica, la incipiente nación mexicana post independentista encontró enormes obstáculos para consolidar un sistema tributario que le diera la mínima estabilidad al país para cumplir funciones tan esenciales como la defensa del territorio. La recurrencia al endeudamiento como vía para financiar la administración pública nacional produjo inestabilidad social y de gobierno. En este escenario de fragilidad, la estabilidad política del porfiriato es la que permite tener un cierto equilibrio fiscal, se reorganiza la hacienda pública con una mayor recaudación de impuestos y se logran tener superávit fiscales. Sin embargo la recaudación seguía siendo muy baja, apenas 5.35% del PIB entre 1900 y 1910 (contra 12.7% de Brasil). Y con el agravante del costo social enorme: las desigualdades persistentes eran cada vez más

acentuadas, (ej. en 1910 el 70% de los mexicanos era analfabeto). De inflexión es el que ocurre con el modelo del desarrollo intervencionista, el “pacto social” que se instaura producto de la lucha de clases y la inclusión diversos de sectores antagónicos, generó un corporativismo que en conjunto con este modelo, propició una reforma fiscal que, sin incrementar sustancialmente los ingresos tributarios (en 1960 apenas recaudaba 6.1% del PIB siendo uno de los más bajos de AL), si logró expandir el gasto público, promover el desarrollo económico, el empleo, la inversión productiva y un crecimiento sostenido de la economía (con tasas de crecimiento promedio anual de 6.4% del PIB, en el periodo que va de 1959 a 1982). El agotamiento de este modelo llegó debido a múltiples factores, entre los que se destacan la política de déficit fiscal con un gasto público expansivo pero carcomido por la inflación, la corrupción, ineficiencia, burocratismo, el populismo corporativo (excensiones discrecionales, privilegios de líderes sindicales y funcionarios, subsidios regresivos), entre otros. Éste déficit era soportado con contratación de deuda cada vez mayor, o con los ingresos petroleros. En suma, se gastaba mucho más de lo que se recaudaba. Cuando vino la crisis en la caída de los precios del petróleo (1981-1982), el espiral de inflación, devaluación y pago de la deuda, puso fin a este modelo y se abrió una nueva etapa de política económica: el neoliberalismo. A partir de entonces (1982 en adelante), se privilegió el equilibrio fiscal (sobre todo para contener la inflación), se recortó considerablemente el gasto público, por consecuencia se dejó de tener un crecimiento económico sostenido (ahora con tasas promedio de 2.8% PIB anual). Estas condiciones fiscales, hicieron atractiva la inversión extranjera directa, el despegue de las grandes empresas nacionales y se orientó la economía hacia la exportación. A cambio, el Estado perdió potencia para ser promotor del desarrollo económico, se desfondó el mercado interno, y existe un estado de vulnerabilidad por la dependencia de la economía al desempeño de los mercados internacionales, con el riesgo latente de fuga de capitales. (Barcelata, 2012).

Capacidad recaudatoria reciente México está al fondo de los países de la OCDE en cuanto a recaudación tributaria, (Calva, 2012), mientras que países como Francia para el periodo 2004-2008 recaudaban el 46% respecto de su PIB, Suecia el 47.8%, Italia 42%, Canadá 33.1% o Corea del Sur 35.5%, en México la cifra era de 18%, es decir, nuestra tributación apenas alcanza la mitad del promedio de países de la OCDE (que es de 35%).

Comparado incluso con América Latina, para ese mismo periodo Brasil recaudó el 34.4%, Argentina 30.7%, y Costa Rica 23.1%. En este sentido, los ingresos por impuestos en México casi no han crecido, como si lo han hecho en el resto de América Latina, por ejemplo Brasil para 1990 tenía una carga fiscal que representaba el 28% con respecto de su PIB, para 2009 ésta cifra ya era de 32.6%, Argentina por ejemplo pasó de 16.1 % a 31.4% en iguales años de referencia (Elizondo, 2012). Por otro lado, como ya se dijo el bajo crecimiento económico que México ha experimentado desde los 80s dificulta incrementar la carga tributaria, hay una sociedad cuyo ingreso se encuentra estancado, como menciona Elizondo 2012, “tenemos un pastel que no aumenta, solo cambia su composición”, existen reformas pero se recauda sustancialmente lo mismo. Los dos ingresos tributarios de mayor peso en la política fiscal mexicana son por lejos el IVA y el ISR, el primero es un impuesto indirecto que grava el consumo (exentando alimentos y medicinas), y el segundo es un impuesto directo al ingreso, juntos recaudan el 87% de los ingresos tributarios, desglosado el ISR aporta el 50% y el IVA el 37% para 2010. Comparado con AL y la OCDE, lo que se recauda por ISR en Alemania de este impuesto representa el 11.4% de su PIB, Canadá 17.5% , Estados Unidos 15.1% mientras que México es del 4.7% de su PIB. En cuanto al IVA la brecha es mayor, México recauda la mitad que el promedio de países de AL y la OCDE que es de 6.8% y 6.7% del PIB frente a un 3.4% nacional para 2009. Ante la baja recaudación tributaria nacional y un gasto público siempre mayor a lo recaudado, la respuesta a ese desequilibrio ha sido cubrir ese déficit con la renta petrolera. Debido a esto, cuando el precio de la mezcla mexicana ha sido alto en los mercados internacionales, se ha tenido un gasto público laxo (por ejemplo en 2008 la renta petrolera representó un 7.4% del PIB). Sin embargo, actualmente los precios por barril de petróleo han estado a la baja, después de alcanzar máximos históricos por encima de los 100 dólares (2008, 2011-2014), al día de hoy el precio por barril se ubica en los 40 dólares. Entre todas éstas

oscilaciones, cuando las condiciones no son favorables –como es el caso- donde se combina escaso crecimiento económico con petróleo barato, la medida es el recorte al gasto público, en 2016 ya se han realizado recortes al gasto público por más de 132 mdp (equivalente al 0.7% PIB). Todo lo anterior, nos indica que la capacidad recaudatoria en México es históricamente débil e insuficiente, y el rezago con respecto a otras economías mundiales continuará creciendo de no actuar con urgencia.

Desigualdad persistente: la progresividad y regresividad en el gasto público Quizá uno de los problemas públicos más preocupantes en México es la desigualdad económica y social, dado su grado de incidencia en la pobreza, el empleo, la democracia y el desarrollo humano. América Latina es después de África la región más desigual, y México uno de los ejemplos más contundentes. En nuestro país coexisten brechas de bienestar entre el decil más pobre que son comparables a las Senegal (ingreso percapita anual de 1,823 pp) frente al 10% de población más rica comparable con Noruega (ingreso percapita anual de 55, 523 pp), o grados de escolaridad comparables a Haití (4.8 años promedio) frente a 12. 1 comparables a EU. El rasgo es pues una enorme concentración de recursos económicos y políticos en poquísimas manos, frente a un amplio sector empobrecido. Una forma que tiene el Estado para revertir la desigualdad son las políticas de gasto redistributivas, esto significa transferencias de renta pública hacia los sectores menos favorecidos (como en la teoría de Justica de Jhon Rawls). Es así como en países Europeos han amortiguado las inequidades en la distribución de la riqueza, por ejemplo en Polonia el coeficiente de Gini (indicador que mide la desigualdad –cuanto más próximo cero menor desigualdad-), es de 0.47 antes de impuestos, y después de éstos se reduce a 0.31. En cambio, como se observa a continuación en América Latina las transferencias aún no cumplen con efectividad un papel redistributivo:

Coheficiente de Gini de desigualad antes y después de transferencias fiscales, 2011 Antes de transferencias fiscales

Después de transferencias fiscales

Argentina

50.0

48.1

Brasil

56.0

54.3 45.6

Chile

47.2

Colombia

56.8

52.2

México

51.0

49.4 47.9

Perú

48.6

España

46.1

31.7

Polonia

47.0

31.0 30.3

Suiza

40.9

Corea

34.4

31.5

Japón

46.2

32.9

Fuente: Gráfico tomado de Elizondo, 2012.

No. 3

Se puede notar que en México prácticamente el indicador se mantiene estático antes y después de las transferencias, Suiza o Japón contrastan con una reducción de la desigualdad en casi diez puntos. Por tanto a pesar de que en el discurso se declare que ciertas partidas del gasto público buscan ser progresivas, en realidad puede ocurrir lo contrario como se observa en la siguiente gráfica: Como es evidente en la gráfica de arriba, menos de la mitad del gasto público -casi un tercio en 2008- se ejerce de forma progresiva. Lo más preocupante es que los gastos que son regresivos, es decir, aquellos que benefician más o se redistribuyen en sectores de ingresos medios y altos, representan la mayoría de los casos, lo cual indica que se da una mayor concentración de la riqueza entre los grupos pequeños y organizados, dejando a un amplio sector excluido. Los programas más progresivos son Oportunidades, e IMSS Oportunidades, además del Seguro Popular, por otra parte, los regresivos son los subsidios al sistema de pensiones contributivas, la deducibilidad de las colegiaturas, y algunos subsidios agrícolas. Esto es así entre otras cosas porque los primeros son programas más efectivos en cuanto a cobertura (inclusión) de los sectores más vulnerables, en cambio, por ejemplo, algunos subsidios agrícolas apoyan sólo a grandes productores y no a los de pequeña escala (según número de hectáreas), de este modo los apoyos son capturados por quienes más tierras, recursos e ingresos poseen, aumentando las brechas de desigualdad. En cuanto a los impuestos principales que mencionamos anteriormente (IVA e ISR) nos interesa ahora ver sus efectos en el ejercicio del gasto público. En primer lugar el IVA es progresivo en términos absolutos, significa que respecto del total de lo recaudado el que más paga es el 10% más rico, esta aportación al IVA por este decil más rico, es 36.18 veces superior a la aportación del decil más pobre. Pero es regresivo en términos relativos, en tanto que gravan una proporción mayor del ingreso de los deciles más pobres. En cambio, el ISR es un impuesto más progresivo en términos absolutos y relativos, dado que grava más a medida que aumenta el ingreso, en éste rubro el decil más rico contribuyó con el 57.9% de la recaudación total. (Elizondo 2012). De lo anterior, aplicar mayor impuesto en el IVA sería perjudicial en términos de justicia y equidad, (ej. La pretensión de eliminar la exención en alimentos y medicinas). Sin embargo, podría ser factible aplicar un mayor impuesto sólo a aquellos productos suntuarios o de lujo que son los que consumen los deciles más ricos. En cuanto al ISR

Coeficientes de concentración para el gasto público redistributivo: 2010

existe una importante fuga o evasión fiscal, en nuestro país no se gravan los dividendos o las acciones de las personas físicas, (además de operaciones bursátiles o retiro de capitales al extranjero). Esta parte de la renta queda fuera de la carga fiscal. Otra parte se evade vía la economía informal. Por último, es necesario señalar que el tipo de pacto social que deriva en determinado sistema tributario, es el reflejo de la capacidad de los diversos actores sociales de negociar sus intereses, los arreglos institucionales a los que llegan y el nivel de poder político que representan para la distribución de los recursos económicos. Así, el actual modelo, es por una parte, resultado y causa de las desigualdades existentes, el debilitamiento de las clases obreras y populares, así como de la erosión de las clases medias, y por la otra del fortalecimiento de las cúpulas empresariales y políticas.

¿Qué hacer?

Primero, los retos por resolver son claros: hacer una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y retire exenciones a clases de ingresos altos, incluya en su padrón de contribuyentes a las medianas y grandes empresas del sector informal, genere programas y gastos de calidad con criterios de progresividad absoluta, implemente mecanismos de descentralización (es decir, otorgue mayores facultades recaudatorias a entidades locales), articule la política económica a la social, simplifique la administración tributaria y por último genere mecanismos de descentralización fiscal. Segundo, para que lo anterior ocurra, se requiere impulsar procesos de democratización efectivos, por ejemplo mediante los presupuestos participativos en los espacios locales, en que se constituyen una forma de empodera-

Fuente: Tomado de Scott, 2012.

miento de la sociedad civil organizada. Así como mediante el acceso a las libertades fundamentales políticas, sociales y económicas que se han ido reconociendo a nivel mundial. Propiciar el desarrollo democrático redundará no solo en la mejora del ejercicio del gasto público, y por tanto el fortalecimiento del sistema tributario, sino en la reducción de las desigualdades. Tercero, Una propuesta que se considera potente y atractiva es la de una política social universal (Scott, 2012) que sea integral, equitativa y justa (a la manera Rawlsiana). Con ésta se eliminarían los errores de focalización (exclusión- inclusión), horizontal y verticalmente, y pueden ir desde la aplicación de un esquema de renta básica universal o focalizada (con criterios de territorialidad) hasta esquemas de pensión universal y protección social en salud.

*Docente del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Referencias: Calva, J.L. 2012. Prólogo. En: Reforma fiscal integral. Calva, J.L (Coord.). México. CNU Barcelata, H. 2012. Estado, gasto público y desarrollo económico. En: Reforma fiscal integral. Calva, J.L (Coord.). México. CNU Meyer - Sierra Carlos, E. 2012. Con Dinero y Sin Dinero… nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal. México. DEBATE. Scott Jhon, 2012. Protección social universal. En: Seguridad social universal. Hernández, F. (ed.). México. CIDE. Gobierno recorta gasto público para 2016. El Financiero. 17 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-banxico-carstens-videgaray-recorte-2016-politica-monetaria-peso.html Secretaria de Economía, 2016. Seguimiento al precio del petróleo. Disponible en: http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/energeticos.html

Los presupuestos participativos: Origen y objetivos Velia Raquel Chávez

Las sociedades tienen ahora un perfil

más competitivo, plural y diferenciado que se intensifica de manera continua en un mundo que tiene exigencias más complejas para ser gobernado. Los movimientos ciudadanos tienen como meta aumentar su presencia en las esferas de la vida colectiva y de ese modo luchar por sus derechos en un ámbito de institucionalidad que se orienta cada vez por los valores de la democracia.1 A través de los movimientos sociales la ciudadanía plantea ante la administración pública aquellas situaciones que requieren para su solución la intervención de ésta y que por alguna razón su atención ha sido postergada. La tarea de la Administración pública es compleja porque debe identificar el comportamiento de los movimientos ciudadanos atendiendo a su interés público, en su valor político y su preocupación social. La democracia alcanza su verdadero objetivo y dimensión cuando a través de los procesos de participación ciudadana la toma de decisiones permea en el ejercicio de la administración pública, así la ciudadanía puede involucrase activamente en la gestión de su ciudad y, gracias a su participación, hacer más eficaces las acciones de su gobierno. En ese contexto de la intervención de la ciudadanía en las acciones de sus gobiernos adquiere especial importancia aquella intervención que tiene como objetivo el gasto público, se abre así un espacio de debate en el que la ciudadanía es tomada en cuenta como parte fundamental en el proceso de construcción e implementación de las políticas públicas, que desde lo local, pretenden el mejoramiento de sus condiciones de vida. Estos mecanismos de participación ciudadana no pueden efectuarse sino de una manera sistemática y organizada, para ello es necesario diseñar aquellos instrumentos que relegitimen la toma de decisiones políticas por parte de los gobernados y a su vez, promuevan una profundización en la democracia local. En esta emergencia de procesos de innovación democrática encontramos como instrumento de la democracia directa, o democracia participativa al Presupuesto Participativo. El presupuesto participativo es una de las herramientas de democracia directa en el que la gestión local se basa en la cogestión y codecisión entre el gobier-

Desde la década de los 70, los movimientos sociales reclaman la mejoría de la calidad de vida de los barrios y de las ciudades. Esas demandas significaron siempre una lucha contra la concentración de la riqueza y el poder y un cuestionamiento a las políticas de distribución de los recursos públicos. Asimismo fueron una respuesta a la falta de participación de la población en la definición de los rumbos de la sociedad brasilera, combatiendo el autoritarismo impuesto desde 1964 por el régimen militar. En varias ciudades, como Vitória, Vila Velha (Estado de Espirito Santo) y Porto Alegre (Estado de Rio Grande do Sul), esos movimientos canalizaron también sus demandas para el debate sobre el presupuesto municipal, con el objetivo de disputar los recursos públicos para los sectores populares. Fue así que algunos gobiernos locales y las alcaldías, comenzaron a crear mecanismos visando la posibilidad de la participación de la población, en la definición de políticas municipales.2

no y la ciudadanía, así pues, al hablar de Presupuesto Participativo hablamos de la democratización de la gestión pública. El Presupuesto Participativo surge a finales de los años ochenta, siendo el ejemplo más emblemático el del gobierno municipal de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, mismo que fue seleccionado por el Programa de Gestión Urbana de la ONU (sección para América Latina) como una de las veintidós mejores prácticas de gestión pública. En la conferencia mundial de la ONU sobre problemas urbanos (HABITAT II), celebrada en Estambul en junio de 1996, fue escogida como una de las cuarenta y dos mejores prácticas de la gestión urbana del mundo, y en la misma época se incluyó como una de las recomendaciones de la Declaración Final de la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales para HABITAT II.3 El objetivo fundamental del Presupuesto Participativo es insertar en el ci-

clo anual presupuestario procedimientos de democracia directa. Esto implica que las decisiones no están reservadas para quienes detentan el poder político, sino que se incluye a la población mediante un proceso de consultas que favorece la priorización de las necesidades y la aplicación de los recursos en la atención de las mismas. Esta posibilidad de abrir el ejercicio de la acción pública, en relación al gasto público municipal, a la participación ciudadana, legitima las acciones del gobierno al integrar efectivamente a gobernantes y gobernados en la consecución de los fines de la Administración Pública, privilegiando la cercanía entre ciudadanía y gobierno tan propia de los gobiernos locales. Un elemento importante a considerar para poner en marcha un proceso presupuestario de esta naturaleza es la necesidad de que exista una férrea voluntad política y ciudadana para llevarlo

a cabo ya que si bien, como se ha dicho hasta ahora, legitima las acciones de gobierno, incrementa los niveles de confianza en las instituciones del gobierno local e incide en la efectiva atención de las necesidades prioritarias de la población y además, como efecto colateral, pudiera incentivar el cumplimiento ciudadano en la recaudación al generar certidumbre del destino de los recursos públicos, implica una ruptura del modelo tradicionalista de la representación democrática, generando una democracia más participativa y no limitada al ejercicio del voto, como ha sido mal entendida hasta ahora, ya que los ciudadanos no están habituados a este tipo de participación directa en la gestión pública y por otra parte, implica cambios profundos en las practicas institucionales y organizacionales del gobierno local, haciéndolo, sí, más eficaz pero no por ello más eficiente, sobretodo en el proceso de transición de un modelo presupuestario a otro.

1 UVALLE Berrones, Ricardo, “Perspectiva de la Administración Pública Contemporánea”. Ed. Instituto de la Administración Pública del Estado de México, 2007. 2 CHÁVEZ Teixeira, Ana Claudia y Otros, “Presupuesto Participativo: Democratización de la Gestión Pública”, ed. Polis, Sao Paulo, 2003. 3 FRANCÉS García, Francisco y CARRILLO Cano, Antonio, Guía metodológica de los Presupuestos Participativos. Alicante 2008.

No. 3

La experiencia en la implementación del presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil Alejandro Flores Espino

Brasil es el pionero en América Latina

en la implementación de los presupuestos participativos, y el caso más emblemático es el de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur (Rio Grande do Sul), ubicado en el sur del país, colindante con Uruguay y Argentina. Con el golpe de Estado de 1964, en Brasil se inició una etapa que se conoció como la dictadura cívico-militar, que duró hasta 1984; ahí comenzó a surgir la inquietud de cómo superar el sistema político-militar vigente que subyugó durante las dos décadas anteriores al país, y a partir de mediados de los años 80, con la llegada del presidente José Sarney en 1985, comenzó a engendrarse una transición gradual en la vida política nacional, y se pusieron en la agenda política los temas de redemocratización y participación popular, lo que dio lugar al acercamiento y, posteriormente, a los programas participativos. Ya con el triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) e instalado en la presidencia de Brasil, el nuevo gobernante, Fernando Collor de Mello en 1990, favorecieron las condiciones para el cambio político-social. Las condiciones del estado de Río Grande del Sur en los 80 eran desoladores: la pobreza, la desigualdad social, precariedad de la población, el atraso educativo y la corrupción, entre otras cuestiones lacerantes. El abandono por parte de los gobiernos anteriores tenían inmerso a todo Brasil en la extrema pobreza, y con el triunfo en las elecciones de 1989, el Partido de los Trabajadores instaló el nuevo gobierno en la capital del estado. El intendente o prefecto de Porto Alegre, Olivio Dutra, recibió unas finanzas desastrosas; 98 por ciento del presupuesto municipal se destinaba al pago de salarios del personal municipal y, evidentemente, el nuevo gobierno no iba a poder solucionar los problemas acumulados en el estado; la cuestión era cómo distribuir los recursos económicos, que eran escasos, y, sobre todo, cómo resolver las adversidades que arrastraban los municipios, los estados y el país. Siendo Porto Alegre el municipio más poblado del estado de Río Grande del Sur, la problemática era mayor que en el resto de los ayuntamientos; mucha población vivía en asentamientos irregulares, por eso, con la llegada de Dutra a la alcaldía, comenzó a idearse la estrategia a implementar para ser un gobierno que atendiera y propusiera mecanismos de solución a esas contrariedades; de esta forma, con las promesas de campaña, la población te-

nía que inmiscuirse y discutir cómo se debían distribuir los recursos con los que se contaba, y se inició así con un proyecto de presupuesto participativo, consistente en que ya no sólo los técnicos del gobierno y los de la oficina de presupuestos eran los que decidían, en dónde, en qué y cómo se invertirían, sino que ahora ya sería en conjunto con la población. La experiencia de Porto Alegre fue un ejercicio democrático puro, a diferencia de otros intentos de democracia de proximidad; el modelo de presupuesto participativo naciente en este municipio inició como una forma de evitar la corrupción y el despilfarro de los recursos: comenzó en las calles, en los barrios, con pequeñas reuniones entre vecinos. En 1989 y 1990, cuando la idea se gestaba, aún no había gran participación ciudadana, pero poco a poco se fue extendiendo más y más, en 1991 comenzó a tener un gran auge y se convirtió en un proceso de las masas en el municipio; la gente, emocionada, al sentirse incluida y al ver que las propuestas de su calle o barrio eran atendidas, se comenzó a difundir, hasta llegar a grandes participaciones. Para 1994 se contabilizaba una afluencia en las reuniones plenarias de 11 mil personas; en 1995, el número de asistentes a las asambleas regionales era de 14 mil ciudadanos, y habría que sumar que el número de asociaciones y organizaciones que se inmiscuían era de 100 mil personas activas. Una vez establecidas las bases del presupuesto participativo, se comenzó a estructurar bajo algunos esquemas organizativos, sin que fuera una estructura obligatoria ni rigurosa; al contrario, era flexible y adaptable a las demandas y sugerencias de la ciudadanía y, sobre todo, a las necesidades de cada lugar y/o región, además de que era variable porque entre más personas participaran, más grande era el nivel de discusión y de deliberación de los temas, así como el número de representantes que podía tener cada sector. El esquema organizativo que sirvió como base para el engranaje del presupuesto participativo es el siguiente:

Asamblea General Popular

Lo fundamental del esquema organizacional es que pretende enlazar el principio de territorialidad y el funcional-temático, es decir, que la población se vea representada en los temas más sentidos y necesarios, según sea el caso de cada región. Ahora bien, ¿cómo funciona este esquema? la ciudad de Porto Alegre se dividió de manera estratégica en 16 regiones, después se volvieron a segmentar y se crearon 28, según las características políticas, sociodemográficas, económicas, culturales y de afinidad asociativa. Las Asambleas Generales Populares se realizan en los diferentes barrios de cada región; son abiertas a todos los que deseen participar, sin distingo alguno ni político; en ellas se acepta a las organizaciones locales y delegados del presupuesto participativo; la municipalidad no tiene injerencia alguna en estas asambleas, aunque asistan miembros de los ayuntamientos para tener el control de los acuerdos que se tomaban; las asambleas plenarias reunían hasta 2 mil personas, y cada asistente sólo tenía que registrarse al entrar a los recintos para poder participar. Podían participar los mayores de 16 años, ahí se nombraba a los delegados para que asistieran a las reuniones regionales y expresaran los acuerdos de cada barrio. Los delegados regionales son, pues, los representantes de sus barrios, los que comunican los acuerdos y necesidades de cada barrio o colonia; estos delegados son honorarios, mandatados y revocables, así que ése era un mecanismo que impedía que se corrompieran; entre más participación exista en los barrios, mayor número de delegados regionales se podía elegir; se elige uno por cada 10 asistentes a las asambleas generales, y las demandas y sugerencias que se exponen en las regionales son llevadas al Consejo del Presupuesto Participativo. De manera paralela a las asambleas territoriales se comenzaron a desarrollar asambleas por sectores y tema, en las que se reunía a organizaciones establecidas que quedaban rebasadas en las territoriales; así pues, se plantearon cinco temáti-

Delegados regionales

Representación por sectores y temas

cas, en las que participaban los sindicatos de trabajadores, empresarios, comerciantes, agricultores, gremios estudiantiles, movimientos culturales, de género, ecológicos y culturales, así como ciudadanos en general. Los cinco grandes temas en los que se participaban eran: tránsito y transporte; salud y promoción social; educación, cultura y esparcimiento; desarrollo económico y política tributaria; y planeación urbana, luego se desprendió cultura de educación y fueron seis. El Consejo del Presupuesto Participativo es el nivel superior a escala municipal; en cada región se eligen dos representantes para que integren este consejo, además de un representante del sindicato de empleados del gobierno; el ejecutivo designa dos representantes del gabinete de planificación y dos de la coordinación de relaciones con la comunidad, estos últimos sin derecho a voto, y uno de cada plenaria temática, sumando así 44 con titulares y suplentes; este consejo es la instancia institucional que vincula la estructura participativa ciudadana con las unidades administrativas del gobierno; sus funciones son las de analizar, emitir veredictos a favor o en contra, proponer modificaciones de aspectos globales de la política tributaria y recaudadora del Municipio, también define la aplicación de recursos extra-presupuestales y discuten la forma en que se elaborará y entregará la ley de presupuesto al intendente. Por último, toda la estructura participativa se remata en los Congresos de la Ciudad, la dinámica gira en torno al plan anual que ha ido evolucionando hacia una planeación plurianual, que necesariamente desemboca en una planeación estratégica. El primer Congreso se celebró en 1991, al que se nombró Ciudad Constituyente y en el que se aprobaron las directrices, proyectos y acciones para la ciudad. El segundo Congreso se efectuó en 1995, cuando se discutió la reformulación del Plan Director de Desarrollo Urbano. En 2000 se llevó a cabo el tercer Congreso de la Ciudad, centrado en los ejes gestión participativa y calidad de vida.

Consejo del Presupuesto Participativo

Congresos

La experiencia en la implementación del presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil Si bien fue la primera, la experiencia brasileña no ha sido la única; sin embargo, el desarrollo de los presupuestos participativos se puede agrupar en tres etapas: la primera, de 1989 a 1997, la de experimentación, en la que varios estados y municipios de Brasil se iniciaron en la experimentación de las formas de presupuesto participativo; la segunda, de 1997 a 2000, fue la de masificación, en la que prácticamente todo el país puso en práctica los presupuestos participativos; y, por último, la de expansión a otros países de América y de Europa, de 2000 a la fecha. Empero, ¿qué fue lo que trajo consigo la implementación de este nuevo modelo de organización? La medición de las condiciones en las que vive un pueblo y las de ingreso, así como el nivel educativo y la esperanza de vida son indicadores que se expresan en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que es un parámetro mundial; ahora bien, mediante este índice se comenzó a corroborar el grado de desarrollo que tenía la población una vez insertado el nuevo modelo de Presupuesto Participativo; en 1991, en Porto Alegre,

el IDH era de 0.660, para el 2000 fue de 0.744 y para 2010 se incrementó a 0.805, siendo éste el municipio que mayor índice de desarrollo humano tiene en todo el estado de Río Grande del Sur; para este último fue de 0.746 en 2010, mientras que el IDH del país apenas era de 0.739, y para 2014 fue de 0.755. Si bien es cierto que el IDH se incrementó en Porto Alegre, no todo se resolvió con el nuevo modelo, puesto que el desempleo, la corrupción y la delincuencia siguen siendo males que laceran al país. En el aspecto económico, el Presupuesto Participativo del gobierno municipal de Porto Alegre destinaba entre 15 y 25 por ciento de sus ingresos a inversión productiva; entre 1990 y 1995 se incrementó el número de familias que contaba con suministro de agua potable, al pasar de 400 mil a 465 mil familias; en 1996, 98 por ciento de las familias tenía aprovisionado ya ese servicio; asimismo, para ese mismo año, 85 por ciento de hogares ya contaba con servicio de alcantarillado. Sin embargo, no todo fue miel sobre

hojuelas, ya que, por ejemplo, el empoderamiento de la gente tuvo dos clases de problemas: los de acción colectiva y los del control social de los ciudadanos con la burocracia; los de acción colectiva se refieren a las dificultades que se tenían para que los ciudadanos más pobres y que vivían, por lo general, en las periferias o comunidades más alejadas, pudieran trasladarse a las plenaria, por lo que quedaban fuera de muchos procesos de participación y distribución de los recursos, obras y acciones. Los problemas de control social de los ciudadanos se refieren al bajo nivel de información y bajo poder de presión de negociación, sobre todo de las masas más vulnerables y con menos nivel educativo, que son los que menos exigen a los gobernantes claridad y transparencia en la aplicación de los recursos. La aplanadora situación globalizadora neoliberal y las tentaciones que otorga el estar en el poder fueron parte fundamental para que la corrupción hiciera meya en el sistema económico brasileño; los gobiernos de Lula y Dilma fueron marcados por episodios de corrupción, que desataron la

oleada de protestas contra las políticas globalizantes, como en el mundial de futbol, cuando salieron miles de brasileiros a protestar no sólo de Porto Alegre, sino también de todo el país, para reclamar por el grado de autoritarismo y corrupción, obedeciendo a organismos internacionales, puesto que se invirtieron miles de millones de dólares para la celebración de esa justa deportiva. El tema de Petrobras es un episodio que deja ver cómo el Partido de los Trabajadores pasó a ser el partido de la esperanza y la transformación al de los ambiciosos y corruptos. En 2011, con Dilma ya en el poder, la recesión alcanzó a Brasil, la economía creció solamente 1.3 por ciento, frente a 5.4 por ciento durante el periodo de Lula; en 2015 la recesión continuó y la inflación llegó a su nivel máximo en los últimos 13 años. En la actualidad, sin embargo, el PT está fracturado y las corrientes internas han comenzado a polarizarse, algunos piden volver a los estatutos y prácticas que lo llevaron a ser un partido de izquierda y de representación real de la población.

El presupuesto participativo y gobiernos locales Susana Chávez Delgado / Israel López Medina

Desde los años 70 los movimientos so-

ciales han enfrentado una lucha contra la centralización de la riqueza y el poder, que se refleja en la desarticulación ciudadana y el desequilibrio del sistema político contemporáneo, el cuestionamiento sobre la distribución de los recursos destinados a cubrir las necesidades en los municipios por parte del gobierno es cada día mayor, dando origen a la búsqueda de nuevos procesos de re-democratización en Latinoamérica, que permitan combatir los problemas relacionados con la gobernabilidad y legitimidad, promoviendo un escenario de democracia participativa. Este tipo de democracia no debe estar limitada a la elección de quienes nos han de gobernar, debe ser una extensión de las facultades de la sociedad hacia la asignación y uso de los recursos destinados a satisfacer nuestras propias necesidades, recordemos que los sistemas de participación ciudadana surgen como una condición necesaria para lograr una mejor calidad y que esto se logra a través de la organización social, transformando un proceso de participación delegativa en un derecho de participación democrática. Es en Porto Alegre (1989), en donde se origina este modelo de participación social en la asignación y administración de los recursos municipales, 140 municipios brasileros inician un proceso de re-democratización, cuyo objetivo era la implementación de un “Presupuesto

Participativo”, que lo llevó a ser público y premiado nacional e internacionalmente por sus grandes alcances. Los distintos escenarios de la democracia participativa local, así como los procesos de innovación se disponen en el marco adecuado del presupuesto participativo, en donde las decisiones no se toman solamente en el nivel político-técnico, sino que la población a través de debates, consultas y grupos representativos, determina, decide y da seguimiento al uso de los recurso públicos municipales y participa en los procesos de decisión de dónde y cuándo se habrán de asignar con base en sus prioridades, dando origen al diálogo entre el gobierno municipal y la sociedad para la definición de estrategias efectivas, es decir, el presupuesto participativo se entiende como un proceso en el que podemos actuar y decidir sobre los asuntos públicos en la asignación de los recursos. Si bien con ello se busca la participación de la población sobre las decisiones del presupuesto público, esto solo significa el punto de partida ya que representa también una herramienta de transparencia, control, enfrentamiento de la corrupción y el clientelismo, por lo que la participación de la población en la definición de las políticas municipales, no debe ser considera solamente como una opinión. Este proceso de participación ciudadana en los asuntos públicos presupuestarios busca la mejor solución a los proble-

mas plateados por la propia sociedad que se encuentra afectada de manera directa, y es a través del análisis y estrategias por parte del municipio que se busca satisfacer las necesidades planteadas. Otra de las características del presupuesto participativo es que logra una mayor transparencia en la distribución de los recursos públicos, es decir, se conoce a quien y de qué manera se aplican y distribuyen, lo que propicia un ambiente de reflexión activa y solidaria a causa de las oportunidades gestadas de conocer y dialogar los problemas y demandas del resto de la comunidad, mejorando la comunicación entre la administración municipal y la ciudadanía, lo que brinda un sentido de empoderamiento. Los recursos que se consideran limitados son gestionados de forma transparente, la participación comunitaria inicia con la definición de prioridades y da paso a la fiscalización social que lo convierte en un método de control ciudadano. Si consideramos la experiencia de Brasil, el presupuesto participativo representaría tan solo entre el 25 y 28% del presupuesto asignado al municipio para el ejercicio total, ya que el asignado a salarios y gastos corrientes y fijos queda fuera de ese marco. Es así como la experiencia publicada en Sao Paulo (2003), define al presupuesto participativo como un instrumento eficaz para importantes conquistas políticas, económicas y sociales, que se ven reflejadas en:

Mayor transparencia en la elaboración y ejecución del presupuesto. Mayor control social al presupuesto de las finanzas públicas. La construcción de nuevos criterios para la distribución de los recursos que posibiliten atender a los más pobres. Cambios en los sistemas de recaudo que permitan el aumento de los recursos públicos. El enfrentamiento de la corrupción y el clientelismo. El aumento de la legitimidad de la administración municipal. Compartir el poder entre el gobierno y la sociedad. El fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad. Afirmación de la cultura de diálogo y de la corresponsabilidad entre gobernantes y población para los recursos públicos. Movilización de sectores sociales organizados y no organizados. La educación para una ciudadanía. Una ampliación de la esfera pública.

No. 3

El presupuesto participativo y gobiernos locales Por otro lado, este modelo tiene un enfoque territorial, que contempla las particularidades y recursos específicos del municipio, de tal forma que aunque se estandaricen los métodos y procedimientos para la asignación, distribución y aplicación del Presupuesto Participativo, estos métodos son flexibles a las necesidades de la población, por lo que no se encuentra reglamentado constitucionalmente, sino que esta lineado por un reglamento interno, razón por la cual el compromiso y la voluntad política que estén dispuestos a adquirir por un lado el municipio y por el otro la sociedad es un punto esencial para iniciar el proceso del Presupuesto Participativo. Las condiciones fundamentales con las que debe integrarse el modelo de Presupuesto Participativo contemplan una serie de conocimientos técnicos y políticos por parte del gobierno municipal que coadyuven en la identificación de las características, problemas y necesidades referentes a la infraestructura, economía y políticas sociales, lo que brinda mayor certeza en el establecimiento de prioridades y en la identificación de problemas y soluciones estructurales que pudieran ser confundidas con efectos del problema, razón por la cual es necesario combinar las demandas de los ciudadanos con los criterios técnicos de carencia por parte del gobierno para así definir a que será destinado el Presupuesto Participativo, para ello se pueden establecer distintos criterios como: 1) criterios temáticos, con la definición de grandes temas que habrán de priorizarse como: salud, bienestar social, infraestructura, educación, empleo, etc; 2) criterios de distrito o barriadas, en donde se valoran las propuestas presentadas por la sociedad y; 3)criterios técnicos con la estimación del grado de dificultad para la realización de la inversión y así dar paso a la implementación de Políticas Públicas con base en las necesidades territoriales. Algunos elementos previos a la puesta en marcha del presupuesto administrativo. Para que el proceso de presupuesto participativo funcione debe de considerar

elementos previos a la puesta en marcha, como ya se hizo mención el compromiso de la clase política hacia la población es vital, la transparencia en la gestión de recursos y proyectos y el porcentaje presupuestario municipal que será destinado a este modelo de participación ciudadana forman parte de el mismo, así como el compromiso de la sociedad y los distintos actores. Los cambios en la cultura organizacional de los ayuntamientos que pretenden establecer el proceso del presupuesto participativo en su territorio deben estar encaminados a alcanzar los objetivos planteados, a los cuales a continuación se les da una breve descripción del proceso de su funcionamiento y operación, sin pretender que esta descripción sea un proceso definitivo en la implementación de este modelo. Antes de la implementación del presupuesto participativo, es necesario que que se generen alianzas, acuerdos y convenios entre la ciudadanía y la clase política municipal, los cuales no deben de ver este proceso de participación como una iniciativa de pérdida de poder, en este sentido, la puesta en marcha de esta iniciativa debe de contar con el acuerdo de todos los partidos políticos existentes en el municipio para que de esta forma la iniciativa tenga estabilidad y continuidad al momento de la relegación de partidos. Por otra parte, una importante condición previa a la implementación del presupuesto participativo es la honestidad y transparencia en la gestión municipal, asumiendo estrategias de gobierno colaborativas en la cual se aborda la capacidad para generar respuestas adecuadas a los problemas públicos planteados desde la ciudadanía, hacia el circuito de representación política, así como la rendición de cuentas y transparencia en la gestión. Otro elemento que se debe de considerar en la implementación de este sistema de participación local es la cantidad del porcentaje presupuestario que se someterá al debate y participación ciudadana, puesto que uno de los mayores problemas municipales es la adquisición de ingresos propios,

algunos investigadores sobre el tema de participación ciudadana como Yves Cabannes (2004) menciona que “no existe un porcentaje óptimo de presupuestos municipales que lo pueda ejercer la ciudadanía, más bien, eso depende de las características y necesidades que se tenga en cada región, de la voluntad política y de la capacidad de presión ciudadana”, aunque la experiencia nos marca que este porcentaje debe ir en aumento año con año en la medida que esta experiencia se consolida y gana confianza tanto en el medio político como en la población. En este mismo sentido otra condición imprescindible para el desarrollo del presupuesto participativo es el compromiso de la ciudadanía en el establecimiento de la reglamentación y funcionamiento, es decir, el establecimiento de normas y reglas que rijan este proceso participativo local, la cual debe ser elaborada y establecida por la ciudadanía en conjunto con el gobierno municipal y un equipo técnico, sin olvidar a los grupos de interés como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Instituciones de Educación Superior (IES), Instituciones y Programas Gubernamentales, Grupos de Productores y Productoras de la región etc. Recordemos que uno de los grandes retos del presupuesto participativo es el gran segmento poblacional al que le son indiferentes los procesos que demarcan un desarrollo social. Un elemento adicional en este proceso, es referido a los cambios de la cultura organizacional de los ayuntamientos, debido a que la implementación del presupuesto participativo origina profundos cambios en las practicas institucionales por lo que estos procedimientos deben adaptarse a la nueva lógica de la participación, asegurando el acceso a la información para facilitar la toma de decisiones, se trata, en sí, de un cambio de una administración pública cerrada, de procedimientos y rutinas estandarizadas a una más dinámica y versátil en sus actividades y formas de resolución de problemas planteados y dispuesta a colaborar con la población. Por ultimo encontramos una gran lista de responsabilidades colaborativas entre la

ciudadanía y el gobierno entre los que podemos encontrar la información y capacitación de los actores implicados, difusión del proceso de participación, constitución del grupo motor, elaboración de auto reglamentos, preparación de asambleas y reuniones ciudadanas, priorización de propuestas y al finalizar una evaluación del proceso, como se hace mención arriba, este documento no pretende ser un proceso definitivo puesto que cada municipio, región o territorio tiene características distintas una de la otra, lo que dependerá más bien, de la adaptación según las necesidades de cada región. Podemos decir entonces que la lucha por una democracia que brinde condiciones de igualdad en los procesos de intervención de la administración pública municipal ha permitido nuevas formas de la dinámica participativa de la ciudadanía hacia los gobiernos locales, estos procesos permiten que los ciudadanos tomen la iniciativa de plantear soluciones estratégicas a problemas que los afectan, por medio de la designación y seguimiento de los fondos públicos, proceso al cual se le denomina como Presupuesto Participativo. Este modelo de presupuesto participativo sin lugar a duda representa un antídoto a los vicios que se han formado en las administraciones municipales y grupos de poder, debido a que es una herramienta transparente que enfrenta la corrupción y el clientelismo de los partidos políticos contemporáneos, frenando los procesos de desarticulación y aumentando la democratización y participación social, lo cual legitima la gobernabilidad democrática, luchando contra la apatía social y la resistencia de la clase política de la administración municipal. Para finalizar, es necesario enfatizar en que el modelo de Presupuesto Participativo integra un proceso en el cual la sociedad y el gobierno municipal trabajan en conjunto, empoderándose con el territorio y dando solución a los problemas que realmente lo atañen e impiden el desarrollo.

Ciclo y operación del presupuesto participativo Juan Luis Rivera R. Esparza Generalidades

La construcción de la sociedad mexica-

na del siglo XXI, tiene como una de sus principales asignaturas pendientes, la de apuntalar el desarrollo y consolidación de su vida política, de tal manera que logre concretarse la transición de una democracia meramente representativa, a una verdadera democracia participativa donde la gobernabilidad y la gobernanza se vuelvan una realidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El lograr el paso a una verdadera democracia participativa será posible sólo en la medida en que se logren establecer mecanismos sólidos y permanentes de partici-

pación activa de la ciudadanía en el quehacer gubernamental. Si bien la participación ciudadana ha mostrado ciertos avances en algunas etapas de la administración pública como es la planeación y su concreción en los planes y programas de desarrollo, esto resulta del todo insuficiente. Algunos de los rubros del ciclo de la administración pública donde resulta urgente el fortalecimiento de la participación ciudadana son entre otros, la formulación de los programas operativos anuales, la contraloría social de la obra pública, y la conformación de los presupuestos anuales de gasto. Es indiscutible que en caso de establecer los esquemas y procedimientos ade-

cuados, la participación ciudadana tendrá una serie de impactos sociales positivos. Entre estos se encuentran el de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública, incrementar la colaboración y confianza entre la sociedad y el gobierno (dando con ello mayor legitimidad a éste). Destaca especialmente, el que con la participación ciudadana activa, mejora sensiblemente la eficacia del gasto público para atender las necesidades sociales. Dentro de las alternativas de esquemas para incentivar la participación ciudadana, específicamente en el rubro de la asignación de los recursos públicos en obras, acciones y servicios sociales, ocupa

un lugar destacado el llamado Presupuesto Participativo. El presupuesto participativo es un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional. Entre otras cosas, incentiva la confluencia de la esfera política y la ciudadanía, a través de un proceso de toma de decisiones que pretende la asignación en obras y acciones sociales de una parte del presupuesto anual de la administración pública. Esta forma de presupuestar, se ha manifestado especialmente viable a nivel de los gobiernos locales, que en México corresponde a los ayuntamientos. El principal mecanismo de elaboración del presupuesto participativo, son las llamadas asambleas deliberativas, donde

0 se toman las decisiones para asignar una parte del gasto público en obras y acciones específicas, consideradas como prioritarias por la propia comunidad. Estas prioridades se convierten a su vez en proyectos que serán gestionados y aprobados o rechazados por las dependencias gubernamentales correspondientes y por la población votante.

Requisitos para la implementación de los presupuestos participativos Para hacer realidad la aplicación efectiva de los presupuestos participativos, al ser estos un mecanismo de gobernanza y democracia participativa, se requiere que tanto la sociedad como la administración pública cuenten con ciertas condiciones o características. Por el lado de la sociedad, se requiere de una construcción real de ciudadanía. En otras palabras, los ciudadanos deben de ser conscientes de la realidad política, social y económica de su localidad, así como de los derechos y obligaciones que su condición de ciudadanos les impone. De igual forma, es necesaria de éstos una voluntad por participar activamente en el quehacer gubernamental, involucrándose en las diferentes etapas del mismo, bajo la premisa de contribuir en el desarrollo social de su comunidad. De igual forma, es importante el desarrollo de la sociedad civil organizada, bajo las diferentes figuras de ONGs y OSC. Por su parte, en lo que respecta a la administración pública municipal, ésta requiere de las siguientes condiciones:

-Una visión de democracia participativa, especialmente a nivel de las dependencias y organismos, en la cual los funcionarios y empleados estén receptivos a la participación e involucramiento de la ciudadanía en el proceso gubernamental. -Descentralización y autonomía administrativa, esto es, que los ayuntamientos cuenten con respecto de los niveles estatal y federal, con las atribuciones y los recursos necesarios para poder echar a andar esquemas de presupuestación participativa. -Un marco normativo que regule adecuadamente la formulación y ejecución de los presupuestos participativos, de manera que puedan establecerse los mecanismos regulatorios y correctivos que contribuyan a lograr la eficiencia y eficacia requeridas y evitar desviaciones. -Un sólido proceso de capacitación en materia de democracia participativa, derechos humanos y técnicas de presupuestación participativa por parte de todas las instancias gubernamentales involucradas. -Establecer un monto o porcentaje mínimo garantizado de los recursos anuales que será asignado a través

de presupuestos participativos, de manera que se evite que este ejercicio se quede sin recursos. Instancias involucradas Para que resulte viable la experiencia de los presupuestos participativos, se debe de involucrar en ésta a todos los agentes sociales involucrados de una u otra forma en la formulación y ejecución de las políticas públicas, o por lo menos a aquellos de mayor trascendencia para las mismas. Los principales involucrados son:

-Sociedad civil organizada y no organizada. Deben establecerse mecanismos de diálogo y consulta popular que permitan el involucramiento activo de ésta. Es importante en este sentido facilitar el surgimiento y consolidación en la localidad de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales en muchos sentidos son pilares para la construcción de ciudadanía y la operativización de la democracia participativa. -Asociaciones empresariales y de productores. -El presidente, regidores y síndico del municipio. -Los responsables de las dependencias y organismos municipales responsables de concretar las obras y acciones contempladas en el presupuesto participativo. -Un equipo técnico municipal que brinde apoyo y asesoría sobre la viabilidad técnica, económica y social de las propuestas y proyectos ciudadanos. -Representantes de las dependencias y organismos de los gobiernos federal y estatal que operan en el municipio. -Dadas las características de los involucrados, así como la naturaleza de los presupuestos participativos, es importante que el área municipal específica que se encargará de su operación, gestión y seguimiento, se encuentre articulada en el marco del COPLADEMUN, de manera que se encuentre armonizada con el Plan Municipal de Desarrollo y con el resto de los presupuestos y políticas que conforman el programa operativo anual. Proceso de elaboración del presupuesto participativo Si bien los presupuestos participativos presentan variaciones en su implementación

en las diferentes experiencias históricas, podemos establecer algunos elementos comunes que conforman la parte esencial del ciclo de presupuestación. Tomando como ejemplo los manuales peruanos, se identifican ocho pasos:

1. Preparación del proceso. En esta etapa, la presidencia municipal debe proporcionar a los participantes cuando éstos estén inscritos. Entre la información estratégica se encuentra el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se derivan, resultados y evaluación de los presupuestos participativos anteriores, recursos disponibles para el presupuesto participativo, estadísticas e indicadores de la situación socioeconómica del municipio, etc. 2. Convocatoria, donde el municipio convoca al proceso de presupuesto participativo a través de los medios de comunicación, procurando que la población se motive a participar y cuente con la información básica necesaria sobre lo que es el presupuesto participativo, cuáles son los agentes que pueden participar y la forma de inscribirse. 3. Identificación de agentes participantes, donde el gobierno municipal se organiza para elaborar un documento donde se describa cómo será la inscripción de los agentes participantes, sean estos organizados o no organizados, precisando sus responsabilidades, así como el cronograma para el desarrollo del presupuesto participativo. 4. Capacitación a los agentes participantes, tanto ciudadanos como autoridades. Para la capacitación de autoridades y equipos locales, se pueden realizar talleres de capacitación cuyos temas y duración sean definidos con los mismos participantes. Algunos de los temas de capacitación pueden ser planeación, programación y elaboración de presupuestos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, participación ciudadana y organización civil, entre otros. 5. Desarrollo de talleres de trabajo, que son las reuniones convocadas por el municipio, donde se formula el presupuesto participativo. En estas reuniones el equipo técnico brinda el

apoyo necesario para realizar los talleres, prepara la información que se requiere y consolida los resultados, para el posterior análisis técnico y la evaluación de las propuestas de acciones. El resultado de los talleres se registra en Actas que todos los participantes deben firmar. Los talleres a su vez constan de varias etapas. En la primera, la presidencia presenta la visión y los objetivos del plan municipal de desarrollo, además de que se evalúan los resultados obtenidos por el presupuesto participativo del año previo. En la segunda, se identifican los problemas y potencialidades económicas, sociales y ambientales entre otros del municipio, se proponen las acciones y se definen de cada agente en el diseño y ejecución del presupuesto participativo. En la tercera etapa se definen los criterios para priorizar las acciones que se identificaron en la etapa anterior. 6. Evaluación técnica de prioridades, a cargo del equipo técnico, el cual aplica los criterios de priorización a las acciones. De igual forma, el equipo analiza la capacidad de financiamiento existente, presentando la lista jerarquizada de las acciones con sus respectivos costos, a los agentes participantes. 7. Formalización de acuerdos, a cargo de los agentes participantes, suscribiéndose un acta formal. 8. Rendición de cuentas, en donde el municipio debe llevar a cabo un riguroso seguimiento de la ejecución del presupuesto, debiendo mantener informada periódicamente a la sociedad de los resultados, además de satisfacer todas las críticas y señalamientos que ésta realice. Evidentemente, todo este ciclo de presupuestación se lleva a cabo en el ejercicio anterior al de la ejecución del presupuesto. Para fortalecer el cumplimiento del presupuesto participativo, éste debe complementarse con acciones gubernamentales tendientes a incentivar la participación ciudadana en los rubros de la contraloría social y la planeación estratégica, conformando así un auténtico sistema de planeación democrática a nivel municipal. Sólo hasta que los presupuestos participativos sean una realidad a nivel de los ayuntamientos, podrá impulsarse su aplicación hacia los otros niveles de gobierno, donde su operativización resulta más compleja.

No. 3

Planeación y Presupuestos Participativos para un futuro diferente para Zacatecas Rodolfo García Zamora A punto de culminar el proceso electoral

por la gubernatura de Zacatecas resaltan por un lado los datos contundentes de la persistencia del atraso económico y la marginación social, y en general, la falta de propuestas sólidas, técnicamente fundamentadas para revertir el subdesarrollo en la entidad por parte de los diferentes candidatos. En efecto con una población estatal de un millón 579 mil 209 habitantes, 900 mil de ellos son pobres, 290 mil sufren pobreza alimentaria, 500 mil son analfabetas funcionales, 50% de la PEA gana de 0 a 2 salarios mínimos; el 70% no cuenta con seguridad social, existen 120 mil 787 “Ninis” y el gobierno actual tiene una deuda de 11 mil 700 millones de pesos. En el proceso electoral actual se reiteran todos los vicios del sistema político y electoral mexicano, derroche criminal de recursos públicos, manipulación, acarreo, uso de las dependencias estatales, municipales y federales y la denostación, el ataque personal y la calumnia ante la falta de propuestas integrales y sustentadas para el desarrollo humano de todos los zacatecanos. En esta parte destaca la ausencia de propuestas de planeación y presupuestos concretos multianuales y de los equipos responsables de las políticas de empleo, alimentación y eliminación de la pobreza, salud, educación y seguridad humana. La constante de todos los candidatos ha sido el asistencialismo verbal, el discurso fácil de prometer dádivas y de resolver, sin decir cómo, todos los problemas no resueltos y profundizados por el gobierno de MAR. Dentro de la mercadotecnia discursiva los candidatos descubrieron que existen en el mundo y en México experiencias de presupuestos participativos y los integraron a su retórica como una promesa más de la campaña. Pero, en el contexto del “desarrollo del subdesarrollo en Zacatecas”, reflejado en las cifras anteriores y ante el desconocimiento de los candidatos de las políticas públicas de empleo y bienestar para resolver los problemas estructurales del estado es importante plantear que sólo la construcción del Poder Ciudadano y la aplicación de la Planeación y Presupuestos Participativos pueden generar un verdadero proyecto de desarrollo humano integral y sustentable para los siguientes treinta años. Los presupuestos son los instrumentos técnicos y sociales más importantes teóricamente en la asignación de la inversión pública por parte del gobierno para promover el desarrollo económico y social en beneficio de todos los ciudadanos. En ellos se expresan como se aplicarán los recursos económicos aportados por la Sociedad para la atención de sus demandas y solución de sus problemas. En teoría se supone que se consulta a los diferentes sectores de la Sociedad sobre sus problemas, sus demandas y propuestas para darles solución mediante planes, programas y proyectos de gobierno con una adecuada aplicación de esos recursos públicos. Sin embargo, tales supuestos no se cumplen ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, ni a

nivel municipal. Es la cúpula del partido dominante y sus aliados los que definen de espaldas a la Sociedad la forma en que se gastan los recursos públicos. Produciéndose así una doble distorsión: los presupuestos no se usan para resolver los problemas más importantes de la población como empleo, alimentación, salud, educación, bienestar y seguridad humana, por un lado, y por otro, la falta de control social y rendimiento de cuentas en el uso de los recursos públicos con la corrupción generalizada en el Gobierno Federal (la misma Presidencia de la República y los Secretarios de Gobernación y de Hacienda), en todos los estados y municipios. En el caso de Zacatecas, la ineptitud, corrupción, y la rapacidad del gobierno de MAR y de sus alcaldes refleja la ausencia de mecanismos de control social reales y el uso arbitrario de los recursos públicos que ha llevado la deuda estatal hoy a los 11 mil 700 millones de pesos. Frente a la degradación institucional de todo el gobierno mexicano, la corrupción generalizada y la impunidad, los presupuestos participativos pueden ser un instrumento muy importante en la construcción de ciudadanía participativa como soporte de toda la vida pública nacional. En efecto, promover este proceso en el cuál los ciudadanos participan en los planes de inversión anual, es decir, en la toma de decisiones acerca de dónde deben invertirse los recursos a las obras y servicios de los municipios y del Gobierno estatal resulta fundamental para erradicar la corrupción y la impunidad que caracteriza al gobierno estatal y federal. Este proceso se ha aplicado en diversas partes del mundo como Kerala en la India, Porto Alegre en Brasil y en varias regiones de Bolivia, Ecuador y Venezuela, generando una mayor participación de los ciudadanos en las políticas públicas de desarrollo, un mejor desempeño en los diferentes niveles de gobierno y haciendo más transparente la administración pública a favor de los sectores populares. Marta Harnecker (Planificando desde abajo, 2015) destaca como en esas experiencias se demuestra como los presupuestos participativos han sido un excelente medio de control de las administraciones públicas y de lucha contra la corrupción y el desvío de los recursos, ya que la gente no se limita a priorizar determinadas obras y servicios, sino que además se organiza para dar seguimiento a su ejecución: vigila que los recursos se apliquen correctamente en las obras y servicios socialmente determinados y con la calidad y tiempos acordados. Los presupuestos participativos para dicha autora permiten además reducir la burocracia y hacerla más eficiente mediante un control ciudadano permanente, se reduce la evasión de impuestos y en la época actual de austeridad forzada por la crisis económica mundial permite definir los criterios de asignación presupuestal evitando dañar el ingreso y bienestar de la población precaria y trabajadora. Pero, estos presupuestos tienen las limitaciones de acotarse a inversiones anuales de temas y problemas de corto plazo para resolver de forma

inmediata y no el financiamiento de estrategias de desarrollo humano integral de mediano y largo plazo. Para superar la limitación anterior, Harnecker propone la planeación participativa como un proceso de construcción entre ciudadanos y gobierno de un proyecto integral de desarrollo sectorial, regional y humano, integral y sustentable que erradique el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Esta planeación no supone abandonar los presupuestos participativos, sino que los integra en una perspectiva de auténtico desarrollo humano de mediano y largo plazo. Las reflexiones anteriores son muy importantes para el caso de Zacatecas ya que no basta sólo con la consulta ciudadana sobre presupuestos, sobre proyectos y obras concretas. Es fundamental que todos los ciudadanos participen en todos los diagnósticos, en la elaboración de planes sectoriales, regionales y temáticos, en los programas, proyectos, presupuestos y en los mecanismos concretos de control social permanente con la construcción de los Consejos Sociales de Gestión y Control de Políticas Públicas y Presupuestos (evaluación y reingeniería social institucional). Zacatecas no puede seguir siendo territorio de pobreza, hambre, expulsión de migrantes y destrucción de sus comunidades, del agua, la tierra y el medio ambiente por parte de las grandes corporaciones en complicidad con los tres niveles de gobierno. La visión debe ser construir una estrategia de cambio a una nueva matriz productiva basada en la democracia participativa, la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte. Dejar de exportar minerales, agua y migrantes, para exportar manufacturas y servicios con alto valor agregado de ciencia y tecnología bajo una perspectiva de equidad social y sustentabilidad ambiental, con una participación ciudadana en el control social, el rendimiento de cuentas y evaluación de las dependencias y de todos los funcionarios públicos como única forma de acabar con la corrupción e impunidad actual en el estado. A partir de los elementos anteriores consideramos que la Planeación Participativa asume una gran relevancia para el futuro de Zacatecas con empleo, bienestar y seguridad humana para todos por las siguientes potencialidades:

1. Integrar a todos los zacatecanos en la construcción de la nueva institucionalidad del desarrollo equitativo y sustentable mediante el ejercicio de una ciudadanía plena. 2. Institucionalizar la participación ciudadana en la planeación, en la presupuestación, rendimiento de cuentas y control social de los municipios, el gobierno estatal, el Congreso y todas las dependencias públicas (incluida la UAZ) 3. La Planeación Participativa erradica el asistencialismo, elimina el ejercicio de la función pública como “propiedad” de los grupos po-

líticos y se convierte en escuela de ciudadanía y participación popular. Este proceso propicia la ciudadanización en todos los niveles de la función pública y la elevación del desarrollo humano de todos los participantes. 4. La Planeación y los Presupuestos Participativos permiten que socialmente se discuta y definan las prioridades económicas, sociales, políticas, y ambientales para todos los zacatecanos, acordando públicamente los presupuestos asignados para ellas y los mecanismos de rendimiento de cuentas y control social. Igualmente, definiendo públicamente los perfiles adecuados de los funcionarios necesarios para gestionar eficaz y honestamente los nuevos planes y presupuestos. 5. Esfuerzos ciudadanos de construir propuestas alternativas de desarrollo humano integral y sustentable como el realizado por el Bloque Progresista de la LXI Legislatura del Estado. organizaciones sociales, organizaciones productores, el magisterio democrático e investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas demuestran que la carencia de empleo, el hambre, la enfermedad, educación insuficiente y de mala calidad, son causa fundamental de las violencias de todo tipo que sufren nuestro estado. 6. Ante la debilidad institucional y técnica mostrada por los candidatos a la gubernatura durante todo el proceso electoral respecto a los problemas estructurales señalados, ante el riesgo de reincidir en la misma forma perniciosa de gobernar como MAR, caracterizada por la ineptitud, corrupción e impunidad, cualquiera que sea el resultado electoral, los zacatecanos no podemos dejar la administración pública estatal y el Congreso como botín del grupo ganador. La energía social positiva generada por el proceso electoral debe llevarnos a promover luego del 5 de junio la realización de Foros Regionales Ciudadanos de Planeación y Presupuestos Participativos sobre los problemas reiterados de empleo (en especial para jóvenes y mujeres), alimentación, salud, educación y seguridad humana. Definiendo los presupuestos respectivos para los siguientes cinco años, la integración de los equipos de gobierno y los mecanismos reales de rendimiento de cuentas y control ciudadano del desempeño de toda la función pública en forma permanente. La forma concreta de materializar la democracia participativa y el control social en toda la administración pública estatal es la construcción en todos los municipios y regiones del estado de los Consejos Sociales de Gestión y Control de Políticas Públicas y Presupuestos.

Hacia la construcción de un presupuesto público en beneficio de los más desprotegidos en Zacatecas Dr. Roberto Soto Esquivel

En sociedades democráticas, es posible

darle un sentido social a la formulación y ejecución del presupuesto público. Lo anterior se puede lograr por medio de los presupuestos participativos, los cuales son diseñados por la ciudadanía y el gobierno mediante un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal; quienes deciden qué obras y servicios se deberán desarrollar con los recursos públicos. Para ellos es necesario evitar que las áreas administartivas diseñen y establezcan sus propias agendas, lejos de integrar una agenda conjunta para el desarrollo integral de un Estado como Zacatecas. Las agendas de todas las áreas del Gobierno deben integrarse hacia la misma dirección y trabajar unidos, siendo parte de una misma organización y un solo objetivo: el desarrollo armónico y equitativo de Zacatecas.

Si se logra lo anterior, la fuerza resultante, en donde todas las áreas y sectores administrativos convergen, implicará que la política presupuestaria se dirija con un nuevo impulso hacia un objetivo común: Zacatecas.

1. La primera tarea presupuestal será alinear los recursos hacia ese objetivo común con el sentido de misión, que se desprende de los objetivos que todo

Plan Estatal de Desarrollo debe contener: alcanzar niveles superiores de desarrollo para todos. Si esto es así, la agenda presupuestal habrá de reorientarse para que los recursos y procesos se incluyan dentro de una estrategia global que contribuya a ese objetivo. Esto nos lleva a la propuesta del siguiente principio: 2.- Racionalización. Debe minimizarse toda posibilidad de que áreas de la administración estén desarrollando una duplicidad de funciones y se tenga un proceso presupuestal ineficiente, asignando recursos a tareas que duplican esfuerzos y que no contribuyen al objetivo general, esto implicará: >agrupar procesos similares para evitar duplicidad de funciones, >racionalizar el número de procesos, retirando o fusionando aquellos que resulten administrativamente innecesarios. Este criterio por sí mismo, implica un impacto general favorable en el proceso presupuestario ya que se tiene capacidad para reasignar recursos a áreas y procesos administrativos que

contribuyan al logro de nuestros objetivos y dentro de los ejes rectores que debe contener el Plan de Desarrollo Estatal. Lo anterior nos lleva a realizar algunas sugerencias viables que permitan reforzar y complementar las propuestas gubernamentales. Sugerencias particulares al presupuesto Lo que se plantea es redireccionar, reagrupar y/o eliminar rubros que sean considerados innecesarios, improductivos o que se dupliquen. Con lo anterior, es posible crear dos programas que beneficien directamente a la sociedad más necesitada: a) un programa que tenga como objetivo combatir el hambre, pero de manera más integral. Lo anterior no busca competir con el resto de los programas sociales sino fortalecer el objetivo último: Zacatecas. b) Priorizar la generación de empleo productivo con salario digno, en particular dirigido al sector de jóvenes, quienes son en principal motor de crecimiento de un estado. Se requieren general al menos 5,000 empleos al año, lo que permitirá generar un mercado interno dinámico y con efectos multiplicadores, para ello se requiere de tan sólo 650 millones de pesos para lograrlo. Por tanto, la disyuntiva es: construir glorietas, camellones, centros de feria u otra obra superflua e improductiva o damos a nuestros jóvenes la oportunidad de laborar y recibir un sueldo digno en su propia tierra; así como un programa integral que combata el hambre en Zacatecas. Entendiendo que el problema siempre es saber ¿Cuál es el origen del dinero? Se recomienda hacer, al menos, los siguientes ajustes:

I. Del apartado Oficina del Gobernador, 1. Disminuir en un 50% los rubros de comunicación con imagen institucional y agenda digital. 2. Los rubros de coordinación institucional y sistema de planeación democrática del Estado recortarlos en un 20%. II. En la Secretaría de administración 1. Sería importante ajustar el gasto en eventos cívicos al mínimo necesario (por ejemplo, a niveles de 2013). III. De la Secretaría General de Gobierno, se recomienda lo siguientes ajustes 1. Ajustar a un 50% la gestión estratégica de la gobernabilidad y política interior. Lo anterior es factible y viable lograrlo, sin embargo, dependerá de la voluntad de los gobernantes en turno, es por ello que se requiere cuestionarnos, ¿hasta cuándo la sociedad permitirá que los recursos públicos sean utilizados para beneficio privado e improductiva, olvidando la justicia social que deberían tener? La sociedad ha soportado muchos años la mentira y soberbia de los gobernantes, es necesario la organización para poder exigir lo que por derecho le corresponde. Se vienen tiempos difíciles en la económica mexicana, es por ello, que es urgente, manejar los recursos públicos de manera eficiente y en beneficio de los más necesitados, el motivo más fuerte de lo anterior es: por justicia social.