Issuu

No. 4 Año. 1 AGOSTO 2016

¿Qué explica la corrupción?: cuatro teorías (no necesariamente contrapuestas)

La transparencia en el Sistema Anticorrupción de Zacatecas

Lo que no se mide, no se mejora

No. 4

Introducción Editorial El sistema Anticorrupción en Zacatecas: esperanza y escepticismo En México, y naturalmente en Zaca-

tecas, el problema de la corrupción está carcomiendo el progreso. Se le ha dedicado mucho tiempo y espacio en la academia y los medios de comunicación: se ha conceptualizado, medido y descrito los mecanismos con los que opera. Y es de tal importancia este problema que en las campañas los políticos la toman como bandera porque en sus respectivas mediciones de los temas que preocupan a la ciudadanía está en los primeros lugares, junto a la seguridad y el empleo. Y la importancia le viene porque no sólo es un problema moral, sino un severo obstáculo al crecimiento económico y la distribución de la riqueza. En otras palabras, la corrupción es causa de estancamiento y de la persistente desigualdad. Porque no se trata únicamente de desvío de recursos públicos a manos privadas, sino que neutraliza la persecución de los objetivos sociales de los programas de gobierno. Y el tamaño del problema en nuestro país es enorme, así lo mostramos en la Numeralia con lo que abrimos el suplemento. Una vez puestas las mediciones, se expone un artículo de la maestra Isunza que da cuenta de los estudios o principales teorías que tienen como objetivo explicar cómo y por qué surge la corrupción en los gobiernos. Las teorías nos dicen que la corrupción no brota por la pura condición moral de los individuos, sino por la debilidad de las instituciones que no pueden impedirla. Por ello, podemos afirmar que el tamaño de la corrupción es inversamente proporcional a la fortaleza institucional de un país.

Ergo, México se muestra como un Estado débil, lo cual explica también la enorme penetración del crimen. Otra explicación, que no riñe con la primera, es una disfunción social que se provoca por la desproporción entre las viejas normas y las nuevas fuentes de poder y riqueza. Así, si no hay medios efectivos de movilidad social, las medidas limitadas al fortalecimiento institucional serán, a mediano plazo poco efectivas, porque la causa social de fondo seguirá ahí. Así las cosas, observamos que la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está sentada sobre teorías institucionalistas y, por ello, si no se amplía la mirada a estrategias de distribución social del poder y la riqueza, su efectividad será muy limitada. Con estas consideraciones en la mesa, creemos que la iniciativa del SNA representa un avance por varios motivos, pero también no constituye la solución definitiva al problema. En este sentido, no podemos asumir ni el derrotismo que ve al Sistema como una pantalla de humo, ni el optimismo que piensa que se ha dado en el blanco del problema. Ambas posiciones no son objetivas. El avance se debe a que se logró impulsar una visión sistémica que capta la complejidad del problema, y ya no las iniciativas aisladas y de parche que son más que impotentes; y además, la organización de la sociedad civil junto a la academia ha impulsando el tema. El hecho de que los actores de la iniciativa sean de la sociedad civil que se organiza y se expresa masivamente sobre el tema

Directorio Raymundo Cárdenas Vargas Director de La Jornada Zacatecas direccion.zac@infodem.com.mx

a través de más de 600 mil firmas, es una señal de esperanza. Los partidos políticos se ‘defendieron’ lo más que pudieron y lograron tumbar algunas medidas (como la publicidad de las declaraciones patrimoniales), pero no pudieron detener el grueso de la iniciativa ciudadana, y eso, sin lugar a dudas, es una conquista exitosa. Pero tampoco debemos exceder las expectativas: para que la realidad del problema cambie aún falta mucho por conseguir, como nos lo dicen las teorías arriba mencionadas. En este marco presentamos el esquema de lo que se propone como Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Les ofrecemos la visión de conjunto del esquema que se piensa aplicar en Zacatecas a través de un croquis que nos permite observar la relación sinérgica entre los diferentes componentes del sistema: los organismos de transparencia, de investigación, fiscalización, de participación ciudadana y evaluación. Y con ello, ofrecemos la descripción y análisis de algunos de los componentes más importantes: el Consejo Ciudadano, la Comisión de Transparencia, la Fiscalía especializada y el organismo evaluador de políticas públicas. Carlos Torres nos deja claro que sin la decidida participación de la sociedad civil, el SEA no dará frutos. La participación organizada de las OSC’s ha crecido y su nivel de incidencia del mismo modo, tal es el caso (por ejemplo) de la Red por la Rendición de Cuentas. En ese contexto surge la propuesta de la conformación del Comité de Participación

Ciudadana que presidirá en Consejo Coordinador del SEA. Norma Julieta del Río describe el nuevo rostro del IZAI (antes CEAIP), con la reciente modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Zacatecas: tiene mayores facultades para ‘apremiar’ a los sujetos obligados para que trasparenten su acción. Marco Vinicio Flores fundamenta la propuesta de un dispositivo para hacer de la política pública un medio eficaz para elevar el nivel de vida de los ciudadanos: el Consejo Estatal Evaluador de Política Pública para el estado de Zacatecas. Es una propuesta importante que puede hacer la diferencia para monitorear y hacer recomendaciones de mejora de las estrategias, programas y proyectos dirigidos al desarrollo de la entidad. Enseguida, la colaboración de Jesús Ramírez, que nos expone la justificación y las funciones de la creación de la Fiscalía especial anticorrupción, instancia fundamental para que el Sistema anticorrupción funcione. Finalmente, el posicionamiento en torno a la implementación del SEA en Zacatecas de los partidos políticos. Se invitó a todos, pero tres respondieron. Así, contamos con las palabras de Judith Guerrero del PRI, Camerino Eleazar del PRD y Lupita Medina del PAN. De esta manera cerramos el presente suplemento, esperando que nuestros lectores tengan una visión lo más completa posible del tema en cuestión: la implementación del Sistema Anticorrupción en Zacatecas. Dicho lo cual, pase adelante…

Marco Antonio Torres Inguanzo

Marco Antonio Torres Inguanzo Director Editorial del Suplmento marco03abcd@gmail.com

¿Qué explica la corrupción?:

cuatro teorías (no necesariamente contrapuestas) Por María Ximena Isunza

Para combatir la corrupción es necesario antes, sin duda, saber a qué

se debe su extensión o su acontecimiento generalizado. Para ello debemos recurrir a las teorías que se han elaborado para tratar de explicar este fenómeno que cubre no sólo a México, sino a un cúmulo de países latinoamericanos y del sur de Europa. Con la explicación del presidente de México y una gama importante de connotados priistas en el sentido de que se trataba de un fenómeno cultural, las posibilidades de intervenir con éxito en la erradicación del problema estaban anuladas. Si es un rasgo de la cultura de los mexicanos debíamos, en el mejor de los casos, esperar decenas de años porque los cambios de patrones culturales de comportamiento son de larga duración. Pero dada la preocupación por resolver el tema, recurrimos a otras explicaciones más plausibles que nos dejen más conformes. Además, de evaluar a la luz de esas explicaciones la propuesta que actualmente se implementa en México llamada Sistema Nacional Anticorrupción.

Primera explicación: el institucionalismo. En esta teoría no se atribuyen las causas de la corrupción a la mera conducta moral de los individuos, sino a la debilidad de las instituciones que no sólo no la impiden, sino la hacen posible o hasta la alienta. Las instituciones se entienden como las reglas permanentes que norman el comportamiento de los funcionarios y personal de los gobiernos. Y se centra en estas personas porque la propia definición de la corrupción (dada por Transparencia Internacional) es “el abuso de poder público en beneficio privado”. Y el poder público esencialmente se ejerce en el Estado. La cosa es que existen condiciones que permiten a los servidores públicos realizar actos de corrupción, y son las instituciones quienes ofrecen dichas oportunidades. Entre los factores de oportunidad están desde la anomia e ineficacia de las instituciones que ‘convoca’ a los ciudadanos a buscar atajos dentro de los aparatos burocráticos en turno; hasta ausencia total de regulaciones y contrapeso que generen impunidad ante los actos ilícitos. La Impunidad (la circunstancia en que no pasa nada) provoca el uso indebido de los recursos públicos. En este caso se supone que las instituciones deben estar construidas de tal manera que hagan imposible o muy difícil el manejo corrupto de los recursos públicos, o que si ocurren prevea consecuencias de alto costo para el que lo ejerza. Y eso se resuelve con arquitectura y funcionamiento de las instituciones: transparencia, castigos efectivos y rendición de cuentas. Es sobre este riel donde está montada la apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. Otra explicación asociada a la institucional es la llamada “Oportunidad Económica”. En esta se supone que los individuos se rigen por el comportamiento racional que maximiza sus utilidades y disminuyen sus costos. Es decir que la corrupción ocurre porque hay un cálculo costo-beneficio por parte de

los actores de esa conducta y, el cual les resulta positivo. Y como el “costo” son riesgos, pues la corrupción ocurrirá en ambientes de pocos riesgos para ésta. Se asocia a la anterior explicación porque la debilidad institucional es la que hace posible los ambientes de poco riesgo o alta tolerancia a la corrupción. De tal manera no se concibe este mal como una conducta irracional, sino como perfectamente racional pero en condiciones de impunidad. Para maximizar sus utilidades, los empresarios pagarán para obtener contratos o ventajas en las privatizaciones; y por los mismos motivos gastarán dinero en apoyo a campañas políticas, porque en esa lógica se convierte en una inversión de sus negocios. Por lo tanto, se cree que no es un problema en la conducta de los ciudadanos privados o los funcionarios particulares, sino de la estructura institucional que hace posible la ‘oportunidad’ de hacen negocios privados con uso de recursos públicos y la impunidad ante ello. Con las cosas así puestas, la solución es afinar los mecanismos institucionales que bloqueen esas ‘oportunidades’. La explicación funcionalista. Los funcionalistas (como Huntington) explican la corrupción como producto de una disfunción en las sociedades que están en procesos de transición (o de modernización) y que generan una desproporción entre las viejas normas y las nuevas fuentes de riqueza o de poder. En esos procesos la política se convierte en un camino a la riqueza: las nuevas ambiciones que no pueden encontrar lo que quieren en los negocios, pueden hacerlo en la política. Las causas de la corrupción son las mismas que las de la escalada de violencia e inestabilidad. La tesis primordial es que surgen como consecuencia del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las Instituciones políticas. Estos cambios socavan los fundamen-

tos tradicionales de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales, y complican tremendamente los problemas de la creación de nuevas bases de asociación e instituciones políticas que unan la legitimidad a la eficacia. La corrupción tiende "un puente entre quienes ocupan el poder político y quienes dominan la riqueza". Los nuevos millonarios compran bancas y de ese modo se convierten en participantes del sistema político en lugar de ser opositores de él. Existe la corrupción de los pobres y la de los ricos. Unos intercambian poder político por dinero; los otros dinero por poder político. En ambos casos se vende algo (un voto, un puesto, una decisión) en beneficio personal. Las funciones de la corrupción, así como sus causas, son similares a las de la violencia. A ambas las fomenta la modernización; ambas son sintomáticas de la debilidad de las instituciones políticas; una y otra son características de las sociedades pretorianas. Las dos constituyen un método por el cual los individuos y los grupos se relacionan con el sistema político, y en verdad participan en él violando sus costumbres. Ambos casos representan medios ilegítimos para presentar exigencias al sistema, pero en un caso se obtiene satisfacción, mientras que por medio del otro se lleva a cabo la protesta. El predominio de intereses extranjeros en un país determinado tiende a promover la corrupción, porque los extranjeros tienen menos escrúpulos para violar las normas de la sociedad, y porque su control sobre importantes fuentes de bienestar económico impulsa a empresarios nativos a tentar fortuna por medio de la política. El uso de la función pública como medio para enriquecerse implica una subordinación de las instituciones y los valores políticos a los económicos. El principal objetivo de la política deja de ser el logro de metas públicas, y es sustituido por la promoción de intereses individuales. Una consecuencia de este enfoque es que si no hay medios de movilidad en una sociedad que tiene despiertas sus ansias de hacerlo, la corrupción será inevitable. Por tanto, la clave es lograr los medios de movilidad social fuera de la política. En una sociedad como la mexicana donde la movilidad

está negada por una desigualdad sólida, las salidas de la corrupción seguirán siendo actuales, y los mecanismos institucionales serán siempre insuficientes. Sin cambios en la estructura de las oportunidades económicas, no podemos esperar cambios en la conducta de todos aquellos que invaden el Estado como espacio de oportunidad de beneficios privados. La disfuncionalidad de fondo es que se usa al Estado en funciones que son del mercado. La solución a la corrupción es corregir esa disfuncionalidad dándole fuerza a un mercado débil a partir de políticas económicas de equidad social. El último enfoque es el politológico. La observación de las mediaciones políticas en la reproducción de los patrones de comportamiento que generan la corrupción. Destaca en este esfuerzo Donatella della Porta con el análisis del surgimiento de lo que llama “los políticos de negocios”. Cundo ocurre el desvanecimiento de los partidos de masas y la consecuente desideologización de la actividad política, junto a un cambio generacional y el éxito electoral vinculado al cúmulo de dinero que se acompañe en las campañas, es que emerge una figura de un político llamado “de negocios”. Se encadena el clientelismo, los conflictos de interés y el financiamiento electoral. Los empresarios cooperan y la clase política otorga ventajas absolutas a estos. Dice “A este respecto, nuestro estudio sobre Italia demuestra que los partidos políticos, una vez contaminados por la corrupción, se convierten en agencias de socialización en la ilegalidad (…). Los administradores del sector público, nombrados por el partido, consideran su puesto como una compensación por la fidelidad a un líder político determinado y como un medio de incrementar sus propios recursos económicos o los de su jefe político”. El estudio de Donatella, desde Italia, clasifica a esos políticos de negocios en ‘operadores de caja’ y en ‘jefes’, y describe la mecánica de protección envolvente que hace de la corrupción una forma (informal) de institución política. Así las cosas, mientras los sistemas anticorrupción no contemplen la intervención en las mediaciones políticas no estarán atacando el dispositivo de reproducción encubierta.

En conclusión, al Sistema Nacional anticorrupción le está faltando observar cómo se van atacar las motivaciones de fondo como las causales de movilidad social, y se pueda observar la correlación entre movilidad y corrupción. Además, de una estrategia efectiva para cambiar elementos en el sistema político de representación que evite la sinergia negativa entre clientelismo y corrupción.

No. 4

Sociedad civil:

elemento necesario para la rendición de cuentas

La importancia de la sociedad civil y la academia en la conformación de un sólido Sistema Estatal Anticorrupción

Por Carlos Eduardo Torres Muñoz* Pocos temas de la reconfiguración política

mexicana acontecida en los últimos cuarenta años, tienen un protagonismo civil tan marcado como el de la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia. Si bien, el proceso de transición democrática tuvo incursiones de diversos grupos de la ciudadanía sin-partido, ésta estuvo dominada por los actores políticos con intereses ideológicos bien definidos. Es casi un acuerdo general entre académicos y expertos, el que, un nivel alto de participación ciudadana, ajena a los partidos políticos y a la estructura paraestatal y no-clientelar, es de suma importancia para la calidad de la democracia, y en el caso de las transiciones a ésta, para su consolidación. En México esta conciencia se ha visto reflejada en el considerable incremento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), desde el proceso de arranque de la transición política, pero principalmente a partir de la década de los 80’s, luego de la crisis económica de 1982 y del Terremoto del 85, en la Ciudad de México. Entonces, a éste último fenómeno Enrique Krauze lo llamó “bautizo cívico”, y Carlos Monsiváis lo describiría en los siguientes términos: “(…) fue la conversión de un pueblo en gobierno y el desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también, la importancia súbita de cada persona.” De la red de OSCs, Convergencia de Organizaciones Civiles por la Democracia, nacida a inicios de los 90’s y actor fundamental en la defensa de la democracia en aquella década, a la Red por la Rendición de Cuentas, actor fundamental en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, la importancia de la participación cívica, fuera de las agencias gubernamentales, los partidos políticos y las estructuras de poder estatal, ha venido creciendo en nuestro país, con resultados positivos para la consolidación no sólo de la democracia, sino también para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. La sociedad civil organizada no solo coadyuvó a la posibilidad de la transición, también provocó la que quizá sea la acción más consistente en favor de la democracia y su consolidación, del primer gobierno de la alternancia: gracias al empuje del entonces conocido Grupo Oaxaca, la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la historia del país, vio la luz a inicios de aquel sexenio. Desde entonces, tanto los avances como las discusiones en torno a la temática de rendición de cuentas, han estado

principalmente en manos de la sociedad civil organizada y la academia, que cada día responden con más especialización en el tema, atrayendo a su vez más interés de la agenda pública y la comunidad nacional en general. Si atendemos a Octavio Paz, no podía ser de otra forma. Escribió el Nobel de Literatura, en su célebre ensayo El ogro filantrópico, identificando la raíz de la corrupción mexicana, en la persistencia del patrimonialismo español: “La corrupción de la administración pública mexicana, escándalo de propios y extraños, no es en el fondo sino otra manifestación de la persistencia de esas maneras de pensar y de sentir (…) personas de irreprochable conducta privada, espejos de moralidad en su casa y en su barrio, no tienen escrúpulos en disponer de los bienes públicos como si fuesen propios. Se trata no tanto de una inmoralidad como de la vigencia inconsciente de otra moral: en el régimen patrimonial son más bien vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y la privada, la familia y el Estado. Si cada uno es el rey de su casa, el reino es como una casa y la nación como una familia.” No es la clase política a la que interesa combatir lo que, quienes se encuentran ajenos a ella, reconocieron por muchos años como corrupción, y los miembros de aquélla, como una característica más del incomprensible (e incomprendido) régimen político de entonces. Ha quedado claro, y lo han demostrado varios, entre ellos Luis Carlos Ugalde (¿Porqué más democracia significa más corrupción? Nexos, Febrero 2015) que la pluralidad política no minimizó la corrupción, sino que la democratizó. Los controles políticos que, de acuerdo con la teoría, inhibirían este fenómeno, no funcionaron porque al final de cuentas la idea patrimonialista virreinal, quizá no esté anclada en nuestro subconsciente público, pero parece ser que si lo está en la comodidad cínica de algunos. Ante ello, el surgimiento de una sociedad civil cada vez más participativa, que ha sabido ser responsable con su indignación; síntoma a su vez, de un claro proceso de democratización, que incluye la concientización de los agentes sociales de la importancia de su participación. México hoy es otro. En el proceso de construcción de las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción, ha surgido con una fuerza inusitada, una voz no esperada, aunque, sí temida por la clase

política mexicana: la sociedad civil organizada, preparada y valiente. Teniendo como marco una nueva arquitectura institucional y democrática, totalmente distinta a la de hace apenas unos años, un grupo de académicos, activistas y líderes civiles y sociales, decidieron coordinarse para formular, vía iniciativa de ley ciudadana, una propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las siete leyes que habrían de formar parte del andamiaje jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción. Podríamos resumir el exitoso resultado de la convocatoria, en lo dicho por Eduardo Bohórquez, enlace de las organizaciones académicas y civiles con el Senado de la República, el pasado 13 de junio: “Por la sustentabilidad del sistema político y la continuidad de la democracia, los mexicanos y mexicanas necesitamos ver cambios y hechos. Las leyes no son suficientes para transformar la realidad, pero el diseño actual de nuestras normas e instituciones es el cimiento principal del Estado de Impunidad que caracteriza a nuestra democracia.” En los últimos meses este inusual proceso, en el que términos como Parlamento Abierto e Iniciativa Ciudadana, desconocidos para la agenda pública en nuestro país, han predominado, ha ocupado los espacios editoriales, la atención de los medios de comunicación y en general de una importante cantidad de mexicanos despiertos, atentos y resueltos a participar en la discusión de un tema que se ha vuelto toral y que ocupa, junto a otros de interés común, un lugar privilegiado entre sus preocupaciones, de acuerdo a diversas encuestas. El proceso ha sido bien conocido, y ha llegado el punto de continuar con el esquema para concluir exitosamente el objetivo. Hay que atender que sea idónea la conformación del Comité de Participación Ciudadana, que Presidirá el Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y el diseño y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción. En el primer caso, la recientemente promulgada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ha establecido los requisitos y características de quiénes deberán integrar este Comité de Participación Ciudadana, entre las que destacan la autonomía que éstos deberán tener, los elementos personales de probidad y prestigio y su contribución en la materia. También ha indicado dicha legislación los pormenores del proceso de selección, entre los que destaca la activa participación de instituciones de educación superior y de investigación.

Ahora bien, en el caso de la implementación de los Sistemas Locales, dicha ley, en su artículo 36, ha establecido las bases que deberán atender. Destacan: la equivalencia de su integración y atribuciones al del Sistema Nacional; la determinación de que la presidencia de dicho sistema se encuentre en su Consejo de Participación Ciudadana y los requisitos y procedimiento análogo a los de nivel federal para el nombramiento de los integrantes de este Comité Ciudadano. En Zacatecas además de los componentes del Sistema Nacional se ha adelantado la inclusión de una novedosa agencia estatal, con el título de Consejo Estatal de Evaluación de la Política Pública, símil al del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (mejor conocido como CONEVAL), que, apuntamos, deberá estar integrado por personas profesionalizadas en los ámbitos que habrá de medir, evaluar y analizar. La idea no solo es interesante, per se es buena y propositiva en el ánimo de que la rendición de cuentas no quede en la identificación del problema, sino en la ruta de la solución de éste. De suma importancia es que se atienda con sensibilidad, los requisitos establecidos por la ley, pero también, que se genere, en el proceso de gestación y discusión de los detalles de este Sistema Estatal Anticorrupción, apertura y confianza a la sociedad civil y a la academia en Zacatecas. Habrá que ser crítico con franqueza: en Zacatecas el desarrollo teórico e institucional en materia de rendición de cuentas es precario y principalmente estatista, es decir, surgido de la necesidad gubernamental de cumplir con obligaciones impuestas en el ánimo nacional, aunque ha habido avances y la cultura de la transparencia parece ir avanzando, lenta pero consistentemente. Por tal razón en nuestro caso se requerirá de una alianza que más allá de mera participación conlleve también un alto porcentaje de formación ciudadana en la materia. Para ello hay que considerar el fomento a la incursión en el tema de la academia local e implementar ambiciosos programas conjuntos de desarrollo teórico, investigaciones académicas y organización civil especializada, para lograr que el Sistema Estatal Anticorrupción, interesante proyecto institucional de rendición de cuentas, no quede en manos de unos pocos, inentendible e intransitable para la mayoría, y un mero esfuerzo insuficiente para todos. En este sentido, la participación de los medios de comunicación, las instituciones

0 educativas, las asociaciones civiles, los municipios, los partidos políticos e incluso, los sindicatos, es de suma importancia. Una campaña estatal por la transparencia no vendría mal. Un esfuerzo interinstitucional, caracterizado por la intención de formar y educar para ejercer este derecho de acceso a la información, pero también el amplio concepto del ejercicio de rendición de cuentas. Solo así, en un amplio compromiso, que abarque a todos en la conciencia de que la rendición de cuentas es, no sólo un sólido instrumento democrático, sino también una actividad constante de coparticipación y responsabilidad colectiva incluyente, que puede, además de prevenir e inhibir la corrupción, mejorar los resultados del gobierno, la calidad de los servicios públicos, la moral política, la representatividad gremial e incluso, el nivel de bienestar, social e individual.

Tal como lo dice John M. Ackerman:

Es solamente a partir de un comportamiento pro-activo, creativo y de auténtica apertura por parte de los servidores públicos como emergen las anheladas sinergias. Además, dependen de la acción decidida, organizada y arrojada de los actores sociales y cívicos comprometidos con la transparencia.

Entonces podremos avanzar rumbo a lo que Guillermo O’ Donnell, llamó la accountabillity horizontal, en la que instancias del Estado encargadas de “supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar actos ilícitos” de otras instituciones, no sólo estén dispuestas a hacerlo, sino que se vean obligadas por la presión ciudadana, que podría verse resuelta a ejercer este control a través de lo que él mismo autor denominó la accountabillity vertical, es decir, las elecciones. En ello los medios de comunicación deben asumir un compromiso de control político, propio de las democracias deliberativas modernas: el de ser el altavoz de las demandas surgidas de la participación ciudadana y el uso por ésta de las herramientas que le proporcionen la transparencia y el acceso a la información. Ya decía Enrique Krauze, quien escribía en 1983, en Una democracia sin adjetivos: “La revista Proceso es hoy por

hoy, más efectiva que la Secretaría de la Controlaría.” Ninguno de los tres poderes, municipios, organismos autónomos, instituciones educativas, partidos políticos y sindicatos puede ser ajeno a la carga de legitimidad que brinda la transparencia y la inteligente rendición de cuentas. En el aparente estado de urgencia en el que se encuentran las instituciones por necesidad de credibilidad. Pero también, solo así, con formación e información requerida, se podrá lograr una efectiva coparticipación de actores civiles, sociales y políticos, en torno al concepto de rendición de cuentas, lo que podría aproximarnos a su vez a una dinámica de gobernanza a partir del interés y el impulso del involucramiento de la ciudadanía, en distintas facetas y roles, en un proceso tan complejo, como requerido hoy en nuestra democracia.

*Miembro de la ONG ‘Impacto Legislativo’, especializada en transparencia y rendición de cuentas e integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.

La transparencia en el Sistema Anticorrupción de Zacatecas Por Norma Julieta del Río

Instituto Zacatecano de Transparencia y Protección de Datos Personales IZAI, formara parte sin duda del Sistema Local Anticorrupción. Hagamos un poco de historia: el 25 de febrero del año 2015, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen con modificaciones constitucionales para formar el Sistema Nacional Anticorrupción. En abril del mismo año, en Zacatecas se dio el primer paso en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, al aprobarse por unanimidad en el Congreso del Estado el proyecto de dictamen remitido por el Congreso de la Unión, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear este Sistema, siendo Zacatecas el décimo Estado en sumarse a esta reforma Constitucional, y el 27 de mayo del 2015 se publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación. En este Decreto se estableció en el transitorio séptimo que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas se conformarían de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. El lunes 18 del presente mes se promulgo y público en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las demás leyes secundarias de este Sistema Nacional. Hace un par de días el Gobernador Electo Alejandro Tello Cristerna, dio a conocer que hará llegar al Congreso Local de manera inmediata en cuanto asuma su cargo, la propuesta de Ley para conformar el Sistema Local Anticorrupción.

Alejandro Tello conoce el tema muy bien, siendo aún Senador de la Republica le toco participar en la reforma de transparencia que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2014 y en la que dio paso al Decreto para combatir la corrupción publicado el 27 de mayo del año 2015, ambas reformas constitucionales que dieron vida al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción, que aunado a la reforma, modificación y derogación de las leyes secundarias que ya conocemos, están otras reformas que forman parte de todo un conjunto de ordenamientos normativos encaminados a la transparencia y rendición de cuentas, como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, las reformas a las Leyes de Coordinación Fiscal, Ley de Deuda Publica así como Contabilidad Gubernamental. En lo personal, participe con él en el Foro del tema hace algunos meses y conocí ahí su proyecto, que va de acuerdo a la Ley General, y ahí estará el IZAI, antes CEAIP como parte integrante de este sistema local. El ahora IZAI, antes CEAIP, ya dio su primer paso del proyecto pensado del Sistema Local Anticorrupción con la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, promulgada por el Gobernador Miguel Alonso Reyes el 2 de junio de este año, ahora es un organismo público autónomo especializado, responsable de garantizar la transparencia, y los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados conforme a los principios

y bases establecidos en la Constitución Federal, Constitución del Estado, Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Es un IZAI ya con dientes y con mayores facultades, habrá medidas de apremio y sanciones al servidor público o sujetos obligados que incumplan con la Ley, y en el caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. Habrá de propiciar un número mayor de capacitaciones y difusión sobre el acceso a la información, vigilando la actuación y cumplimiento de los servidores públicos obligados en transparentar la información pública, pero tendrá una especial atención en que los particulares conozcan los mecanismos de rendición de cuentas y como tener acceso a la información que por Ley debe de estar ya publicada en portales web, toda la información pública, generando confianza en los ciudadanos que ante cualquier negativa sin estar debidamente fundada y motivada, el IZAI obliga a su entrega. Se debe de evitar al máximo la opacidad, por ello el IZAI es clave en este sistema vinculatorio con las demás instancias, para que se abra la información pública, que se transparente la información que genera el Gobierno y los sujetos obligados, aquellos que pretenden esconder o sentirse dueños de esta información, obligarlos a su entrega, recordemos que de la transparencia se pueden conocer documentos determinantes para que se conozca si los actos de los sujetos obligados en

sus funciones, se hicieron apegados a derecho, de no ser así, entran las acciones de los entes fiscalizadores y desde luego en pasos siguientes, de las nuevas instancias sancionatorias que se crearan. El IZAI se coordinara entonces con la Auditoria Superior del Estado y con la Secretaria de la Función Pública para que los sujetos obligados cumplan con la transparencia y la rendición de cuentas. La tarea sigue, aún falta la Ley de Protección de Datos Personales, la integración del Consejo Consultivo y esto habrá de llevar al objetivo del sistema local: la integración de las instancias de transparencia y rendición de cuentas en el estado. Estaremos inmersos como Instituto de Transparencia en el en el desarrollo legislativo que se avecina, su implementación habrá de dar resultados y seremos todos vigilantes de ello. En conclusión, los órganos garantes del derecho de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales tenemos el firme compromiso de crear mecanismos que fortalezcan la democracia, crear factores que propicien la confianza social y la credibilidad en las Instituciones del País, muestra de ello, son las trabajos del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, donde somos parte y de comisiones temáticas de trabajo, aportando desde lo local a lo nacional, como antes nos tocó de lo nacional a lo local, y este sistema es vinculatorio al Sistema Nacional Anticorrupción, por ende todas las acciones bajan a las entidades federativas de igual manera.

No. 4

Índice de la pecepción de la Corrupción: Países de la OCDE

Percepción sobre frecuencia de la Corrupción:

Percepción de Evolución de la Corrupción en los dos últimos años:

Mediciones

de corupción en México México en 2014 obtuvo una calificación de 35 puntos de 100, ocupando el lugar 103 de 175 países. (Transparencia Internacional-TI). 200 millones de actos de corrupción en 2014 y 35 mil millones de pesos en “mordidas” (TI) Costo de la corrupción anual es de 1.5 billones de pesos. Y las empresas destinan el 10% de sus ingresos a sobornos. (Fuente: Banco Mundial) El porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados, es del 95%. Lo que genera una enorme impunidad. México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El Foro Mundial señaló que la corrupción es el principal obstáculo para hacer negocios en México.

Calificación: 35 puntos de 100 Lugar: 103 de 175 países INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓ EN MÉXICO

El 95% de los delitos no se denuncian Costo Equivalente al 9% del PIB 200 millones de actos de corrupción = 35 mil millones de pesos

Esquema de la

Propuesta para el Sistema Estatal de Corrupción COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SISTEMA

Se transformará en un nuevo organismo constitucional autónomo. Deberá transparentar la actividad pública. Mayor atribuciones para proteger el derecho a la información y la protección de datos personales. Ampliación de sujetos obligados. Facultad para interponer Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación.

SECREATRIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Facultada para prevenir, corregir, investigar y sancionar actos y omisiones de responsabilides administrativas. Y presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. El Titular de la Secretaría de la Función Pública, será nombrado por el Gobernador y ratificado por la Legislatura del Estado. Se creará una Oficina Virtual Anticorrupción, que permitirá presentar denuncias por posibles hechos de corrupción de manera anónima en una plataforma digital.

FISCALÍA ESPECIALIZADA

La Procuraduría General de Justicia del Estado deberá ser un órgano constitucional autónomo. Ya no dependerá del Poder Ejecutivo. Se deberá crear la Fiscalía especializada encargada de investigar los delitos de corrupción. Y crear nuevos tipos penales que castiguen la corrupción.

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN (Zacatecas)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINITRATIVA DEL ESTADO

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSEJO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Los informes de la ASE tendrían carácter público. Contará con la facultad de auditar en tiempo real (durante el ejercicio fiscal en curso) derivado de denuncias, con el objeto de investigar y sancionar actos irregulares.

Será un nuevo Tribunal Constitucional Autónomo. Sancionará a funcionarios estatales y municipales por responsabilidades administrativas.

Integrado por ciudadanos destacados por su contribución en la tranparencia y combate a la corrupción. Los miembros del Comité serán elegidos por consulta pública.

Será un Nuevo Organismo Constitucional Autónomo, Tendrá como atribuciones la evaluación de las políticas del gobierno estatal y de los municipales. El objetivo es hacer recomendaciones para mejorar la acción del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones.

No. 4

Lo que no se mide no se mejora Por Marco Vinicio Flores Guerrero /

Presidente de Educar e Innovar para Progresar A.C.

n la sociedad y en los académicos, siempre han surgido las preguntas sobre ¿si los gobiernos poseen la capacidad de conducir a sus sociedades hacia un futuro de prosperidad, equidad y seguridad, en vez de navegar a la deriva y naufragar? Luis Fernando Aguilar Villanueva, el filósofo estudioso de las políticas públicas del CUCEA, afirma que la cuestión acerca de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos se ha colocado en el centro de las disciplinas que estudian el gobierno y en el corazón de la preocupación ciudadana. Ahora surge el deseo por saber, ¿qué es lo que los gobiernos hacen bien, hacen mal o dejan de hacer? En los últimos años, resultó evidente que la sociedad está cansada de que las acciones emprendidas por los gobiernos no lleven a su sociedad a mejores estadios de bienestar, pese a tener los mejores propósitos para realizarlo y la legitimidad de su cargo. Es necesario saber si la formulación y ejecución de las políticas públicas son eficientes y cumplen con el objetivo para el que fueron planeadas, y para ello resulta importante evaluar sus acciones y el rol que realizan frente sus gobernados. Al momento, no hay herramientas estables que ayuden al gobierno estatal a tomar mejores decisiones presupuestales, existen mediciones internas que ayudan, sin embargo, no existe una fuente de información consolidada y objetiva sobre el funcionamiento de las instituciones políticas en el Estado de Zacatecas, que esté vinculada a la toma de decisiones presupuestarias. En general, el Plan Estatal de Desarrollo contempla acciones proyectadas, pero no hay mecanismos que nos permitan cerciorarnos de los resultados, si son satisfactorios y están abonando al horizonte colectivo o hay que corregir acciones para lograr mejores resultados. La planeación requiere de calidad y no hay manera de asegurarla, debido a la falta información sobre los impactos sociales de lo planeado. No hay una cultura que nos provoque mejorar el desempeño de la administración pública, que se sustente en una mejor formulación de políticas públicas para un uso más eficaz de los recursos. Existen evidencias serias de que la estructura institucional para la rendición de cuentas no ha sido funcional y requieren reformas que modernicen la administración pública y combatan la corrupción. La estructura presenta debilidades importantes ya que los órganos que se ocupan de la rendición de cuentas están subordinados políticamente. A inicios de la Administración de Miguel Alonso, se realizó un esfuerzo por que el Plan Estatal de Desarrollo 20112016 estuviera acompañado de indicadores y organismos ajenos a la administración estatal evaluaran el impacto de las acciones. En ese entonces, el gobernador estuvo dispuesto a medir su desempeño

conforme a estudios y objetivos elaborados por instituciones independientes, con reconocida capacidad técnica y moral, como lo es el PNUD, el CIDE y Transparencia Mexicana. El Dossier del Proyecto "México Estatal", era una evaluación integrada por 180 variables sobre la situación actual del estado y la transparencia en la administración gubernamental, permitían ubicar y comparar a Zacatecas con otras entidades del país. México Estatal 2011, era un documento que formaba parte del proyecto Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas de México, coordinado por Guillermo M. Cejudo y Alejandra Ríos Cázares del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y financiado con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México (PNUD), provenientes del Centro de Gobernabilidad de Oslo. El proyecto resultó atractivo mientras existió financiamiento para realizarlo, al Estado no le costó, sin embargo, se desconocen las razones por las que dejó de realizarse, y al final sólo fue una buena iniciativa. La evaluación, ayuda a corregir el rumbo de las políticas cuando es necesario, lo que no se mide, no mejora, por eso debe ser una constante, y no es posible estar supeditados a los presupuestos y disponibilidad de otras instituciones para realizarlos, la política evaluativa, debe ser de largo aliento, debe ser una política de Estado, no sexenal. Para ello, es indispensable construir desde la estructura gubernamental, organismos garantes de la rendición de cuentas y no estar a la expectativa de la voluntad del gobierno en turno, cuyo propósito último sea aportar elementos de análisis e información útil que deriven en la capacidad de atender las demandas de los ciudadanos. Eso implica avanzar hacia un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, con procesos de planeación y evaluación de objetivos, orientados a expandir las libertades de las personas para lograr una vida prolongada, saludable y creativa, para generar oportunidades y promover el desarrollo equitativo y sostenible. Hoy en día, el sentido de las evaluaciones ha terminado por anularse y dispersarse debido a la multiplicidad de indicadores que existe y a la falta de estandarización de metodologías de medición. El sistema de rendición de cuentas debe ser preciso, con indicadores muy concretos y sin dispersión, que se encuentren vinculados a los presupuestos ejercidos para poder producir resultados verificables con sus respectivos procesos estandarizados con mejores prácticas y así lograr la comparabilidad de la gestión pública de cada organismo en función de sus méritos. La red por la rendición de cuentas sugiere crear un nuevo sistema de responsabilidades que garantice el buen desempeño

de los funcionarios que tengan a su cargo la ejecución del PED. También sugiere la creación de un sistema de vigilancia social con la participación ciudadana en tres dimensiones para la rendición de cuentas: en el acceso a la información, en la justificación de la toma de decisiones y en las consecuencias. Ha llegado el momento de desarrollar una nueva forma de vinculación entre el gobierno y la sociedad, que vaya más allá de las exposiciones retóricas, que definan los alcances de la participación ciudadana, que evite la dispersión de esfuerzos sociales, por lo que se deben poner a disposición de la ciudadanía, los mecanismos y procedimientos que conviertan su colaboración en una contribución a la eficiencia y el cumplimiento eficaz de los resultados, haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, que permita obtener la retroalimentación ciudadana de manera exitosa. En el pasado proceso electoral, el ahora gobernador electo Alejandro Tello, realizó una propuesta muy innovadora e integral para combatir la corrupción y rendir cuentas a la ciudadanía, al que denominó Sistema Estatal Anticorrupción. El sistema propone adecuaciones institucionales e introduce un conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos para reforzar nuestro régimen jurídico destinado a la lucha contra la corrupción, persigue fortalecer y facilitar la cooperación de 5 instituciones que, con la independencia necesaria podrán articular sus esfuerzos para prevenir, combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. A grandes rasgos, al Instituto local de transparencia lo alinea con la Institución Federal; la Secretaría de la Función Pública, su titular deberá ser ratificado por la mayoría simple de la Legislatura del Estado, además ofrece crear la oficina virtual contra la corrupción, que permitirá a los funcionarios públicos señalar de forma anónima los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención; propone crear como un órgano especializado llamado Fiscalía de Combate a la Corrupción, dependiente de la PGJE a la que también transformará en la Fiscalía General del Estado, y será encargada de la investigación y persecución de los delitos relacionados con actos de corrupción; sugiere que la ASE realice auditorias en tiempo real y que sus informes tengan carácter público; estima crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dotado de plena autonomía constitucional; un Observatorio ciudadano; pero adicionalmente a ello, sugiere la creación de un organismo constitucional autónomo denominado Consejo Estatal de Evaluación de la Política Pública. Con ello dejó claro que su proyecto está decidido a impedir la corrupción y a luchar contra ella, que no va a tolerar

que se traicione la confianza de la ciudadanía y reitera la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo. Es una propuesta muy alentadora, que promete recuperar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones del Estado. El Consejo Estatal de Evaluación de Política Pública, atiende la problemática expuesta al inicio, porque el Sistema Anticorrupción, más allá de combatir la corrupción, medirá la eficacia directiva del gobierno, lo que permitirá avanzar hacia una contabilidad analítica de las diferentes actividades y servicios de las instituciones del Estado, de manera que nos dé a conocer los costos reales de cada política pública y de cada actuación. Este organismo se espera tenga como atribuciones la evaluación de las políticas públicas del gobierno estatal, municipales y que ayude generar información objetiva sobre el impacto de las mismas en la sociedad, que permita mejorar la toma de decisiones presupuestales. Por lo visto, se pretende impulsar un adecuado diseño del sistema de control y vigilancia de los servidores públicos, que permita cumplir con eficiencia y eficacia las acciones del gobierno para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el espacio público. Para hacerlo efectivo, se tiene que crear un espacio de articulación interinstitucional que permita generar un programa de fortalecimiento a la rendición de cuentas donde se incluyan al menos los siguientes elementos: Normas claras sobre el ejercicio del gasto público (contabilidad, auditoría y fiscalización); Vinculación en materia de acceso a la información pública y transparencia a los mecanismos de control y fortalecimiento del gobierno abierto; Normas relativas al régimen de responsabilidades; Mecanismos de evaluación y control, tanto del ejercicio del gasto público como de la política pública; Mecanismos de inclusión y participación ciudadana. El sistema buscará entrelazar secuencialmente el diseño de las políticas, con la aprobación de los presupuestos, el ejercicio cotidiano de los recursos públicos, la evaluación abierta de los procesos y resultados, y las consecuencias prácticas del uso de las facultades y los dineros públicos. Con ello esperemos, ahora sí, se garanticen las condiciones para tener una administración pública honesta, abierta y eficaz. Avanzar hacia la contabilidad analítica de las acciones del Gobierno permitirá reforzar la capacidad directiva y la conducción de la sociedad a mejores niveles de bienestar. La ciudadanía quiere saber no sólo en que gastan sus impuestos, si no que resultados tienen con dicho gas-

0 to y si ese gasto está justificado desde el punto de vista de la mayoría. La rendición de cuentas debe ir encaminada a evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos y las actuaciones reflejadas en los programas electorales y en los planes estratégicos de la administración pública; no debe referirse sólo al uso de los recursos, sino también a la consecución de los objetivos políticos.

No basta con crear las condiciones para asegurar el acceso a la información, la ciudadanía debe acostumbrarse a recibir cuentas claras de la gestión de sus autoridades y esto no podrá darse si no se convierte en revisora y vigilante de su proceder. La práctica de este régimen nos conducirá a una democracia en donde todos seamos los protagonistas de nuestro futuro.

Es vital que en Zacatecas se asuma la importancia de la rendición de cuentas en sus actuaciones cotidianas, de lo contrario, las políticas públicas no podrán obtener los resultados previstos, no se alcanzará la mayor eficacia en el ejercicio del gasto público, ni se consolidará el ejercicio democrático de la autoridad. Se debe dejar en claro que la rendición de cuentas no es un ejercicio de retórica, ni una

justificación postrera de las decisiones tomadas, ni un medio para sancionar conductas ilegales o perseguir actos de corrupción cuando ya sucedieron, si no que la rendición de cuentas es una parte sustantiva de la gestión pública transparente, comprometida con la calidad de sus procesos y resultados y con la consolidación de las prácticas democráticas del país.

Lo que no medimos, difícilmente lo mejoramos.

Una Fiscalía para la corrupción,

el reto para Zacatecas

Por Jesús Ramírez Díaz / l pasado 18 de julio, después de un complejo proceso legislativo, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y leyes secundarias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien la atención pública se centró principalmente en las nuevas normas relacionadas con la obligación de los servidores públicos para realizar sus declaraciones, la llamada Ley 3 de 3, y en las discrepancias que sobre el tema tuvieron los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, la realidad es que el nuevo marco jurídico de combate a la corrupción es mucho más robusto y completo. El Poder Legislativo logró integrar y aprobar una reforma con especial énfasis en la manera de perseguir y sancionar conductas constitutivas de actos de corrupción. Pieza medular del Sistema Nacional Anticorrupción lo constituye el nuevo marco jurídico para combatir y sancionar en los tres niveles de gobierno el fenómeno de la corrupción. Con esta premisa es que desde la reforma constitucional se mandató la creación de una fiscalía específica que investigue, prevenga y conozca de delitos en materia de corrupción. La propuesta de crear una fiscalía especializada con atribuciones específicas, resulta relevante ante la evidencia existente en diversos estudios como el realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad en el que se destaca, por ejemplo, que sólo el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivaron en penas privativas de la libertad y que entre 2000 y 2013, pese a existir diversos procesos judiciales en contra de 63 gobernadores, sólo 16 fueron investigados y 4 procesados. Lo anterior, sin duda, da muestra de la deficiencia institucional y legal que ha existido para perseguir y sancionar la corrupción en nuestro país. De acuerdo a las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la nueva Fiscalía Especiali-

Asesor Parlamentario en el Senado de la República

zada en delitos relacionados con hechos de corrupción tendrá autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus funciones, contará con unidades regionales en todo el país y con Agentes del Ministerio Público especializados. Para ser titular de la Fiscalía se deberá ser mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación, contar con título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad de diez años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a convocatoria abierta, la cual deberá realizarse atendiendo a la máxima publicidad y transparencia. Algunas de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción son:

Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de corrupción. Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos en materia de corrupción. Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir la comisión de delitos en materia de corrupción. Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las actividades realizadas y compartirlo con los integrantes

del Comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno para la investigación de delitos en materia de corrupción. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos en materia de corrupción. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría en el desarrollo de herramientas de inteligencia para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de corrupción y medir su riesgo regional y sectorial. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a hechos de corrupción. Ordenar el aseguramiento, decomiso o promover la extinción de dominio, según corresponda, de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto en caso de que este se vincule con los hechos de corrupción, en los términos de la legislación aplicable. Con estas nuevas reformas aprobadas por el Congreso es claro que el tema de combate a la corrupción es de la más alta importancia, y pese a sus críticos, nadie puede negar que se ha dado un salto importante en cuanto al marco jurídico para combatir estas prácticas tan dañinas para nuestro país. Sin duda aún falta ver la implementación y puesta en marcha de este

nuevo marco legal, pero considero que debemos ser optimistas y dar un voto de confianza. El reto para las entidades no es menor, ya que tendrán que alinear sus marcos jurídicos a las leyes nacionales. En el caso de Zacatecas, el gobernador electo, Alejandro Tello Cristerna, ha expresado en distintos medios de comunicación que una de sus primeras acciones después de su toma de protesta será presentar al Congreso del Estado su propia reforma anticorrupción alineada con la reforma federal. Esto sin duda son buenas noticias. Durante su campaña a la gubernatura de Zacatecas, Alejandro Tello presentó un bosquejo de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual está alineado a los objetivos de la reforma federal. El gobernador electo conoce perfectamente de qué trata esta materia, pues recordemos que como senador de la República le tocó aprobar la reforma constitucional en esta materia. En la armonización de las leyes locales no debe ni puede haber inventos u ocurrencias, ni desvirtuar el sentido de la reforma federal en aras de lograr un modelo original o por intereses personales, ello resulta peligroso, ahí están los casos de Veracruz, Quintana Roo o Sonora, en este último para el caso de la fiscalía se optó por crear una sola que conozca de delitos electorales y anticorrupción, lo cual a todas luces es inadecuado y contrario al espíritu del mandato federal. Si los gobernantes quieren recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad de sus gobiernos, es necesario que sin regateos y con todo el respaldo institucional promuevan una adecuada y clara legislación y política contra la corrupción en sus Estados, Alejandro Tello está convencido de ello y más aún ha sido un promotor de este tema desde siempre, no olvidemos que fue de los primeros senadores en presentar su 3 de 3 aun cuando esto no era obligatorio ni se había legislado.

CASAR, María Amparo. México: Anatomía de la Corrupción. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Insituto Mexicano de la Competitividad A.C. (IMCO), México, 2015 pág. 57-58

No. 4

Los partidos (y sus personajes) se posicionan en el tema En seguida se presenta la opinión de los partidos que quisieron dar su opinión sobre el Sistema Estatal Anticorrupción en Zacatecas. Se invitaron a todos, por supuesto. En esta ocasión se ofrecen tres posicionamientos, de tres personajes de tres partidos políticos: Camerino Eleazar Márquez, Judit Guerrero y Lupita Medina.

Camerino Eleazar Márquez Madrid (PRD)

La importancia del Sistema Estatal Anticorrupción Uno de los principales problemas por los que atraviesa México es la corrupción política. Dicho problema es una de las principales causas que ha impedido el desarrollo y progreso del país. El uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación de fondos, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad, el despotismo, son las formas que adopta. La corrupción generada en los espacios de la función pública es factor de delitos como la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y lavado de dinero. Por ello, durante los primeros meses de este año, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitieron públicamente su postura al respecto. El Sol Azteca se interesó en generar políticas de combate decidida a la corrupción. En México, la rendición de cuentas y la transparencia son temas en que la clase política ha hecho caso omiso. Existen inaceptables casos de corrupción y de conflicto de interés en que se han visto involucrados funcionarios de primer nivel de este país. Se ha evidenciado la falta de voluntad política e incapacidad jurídica del Gobierno Mexicano para sancionar a los responsables, un claro ejemplo es la “Casa Blanca” de la esposa de Enrique Peña Nieto. El PRD definió al Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia superior de coordinación entre todas las autoridades de los diversos órganos de gobierno a los que les compete la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de los recursos públicos, además se propuso que ésta cuente con una titularidad ciudadana.

En julio del presente año, luego de que el gobierno federal promulgara las Leyes Anticorrupción, cada una de las 32 entidades deberá conformar a nivel local un sistema que coadyuve a la erradicación y al combate permanente de la corrupción, con el propósito fundamental de que las autoridades y gobernantes actúen con rectitud, pero sobre todo para que mejore la calidad del servicio público. En Zacatecas (y en las demás entidades) es necesaria la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que vigile permanentemente el manejo de la función pública y castigue todo acto ilegal o irregular detectado o denunciado por la ciudadanía. Históricamente el PRD ha pugnado por el combate efectivo y eficaz de dicho problema, con la creación de leyes que obliguen a los servidores públicos a trasparentar y rendir cuentas de los recursos públicos que administran, así como sancionar a aquellos que las incumplan. Para combatir la corrupción se requiere de una política integral que contemple la formación cívica y ética desde la educación básica, que incluya métodos y procesos académicos que fomenten la cultura de la legalidad. Se requiere comunicar y concientizar a la población de los efectos nocivos que acarrea tal problema. Se propone que los entes encargados de vigilar y transparentar el uso de los recursos públicos tengan autonomía e independencia respecto de los poderes del gobierno. Así como otros deben contar con capacidad técnica y jurídica para investigar, perseguir y llevar a los presuntos delincuentes ante los tribunales. El PRD participará y promoverá para que el SEA en Zacatecas cuente con las características esenciales que se requieren para que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas, y para que quien infrinja la ley sea castigado, y así, recuperar la confianza de la población en las autoridades. En Zacatecas, los fines y objetivos que se plantean con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) son aceptables; sin embargo, si no existe una verdadera independencia y autonomía de la Fiscalía, así como una coordinación e interrelación entre los actores que la integran, no se lograran los objetivos planteados y serán únicamente elefantes blancos que engrosaran la burocracia del Estado.

Judit Guerero (PRI)

avanzaremos en la constitución del SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, que garantice un combate enérgico a este flagelo, que es un obstáculo para el desarrollo. Estamos a favor, e incluso que se tipifique en el Código Panel el delito de “corrupción”, para que se castigue de manera severa a los servidores públicos que incurran en ella.

El combate a la corrupción: un imperativo categórico del Estado mexicano La corrupción le cuesta a México más de 347 mil millones de pesos al año, lo que representa aproximadamente el 9% del PIB/Nacional, según el Índice Global de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia Internacional (IT). Ocupamos el lugar 95 de 168 países evaluados en ese sentido. Con los recursos que se van por el hoyo negro de la corrupción, se podrían resolver muchos de los problemas delicados que aquejan y que padece la Nación, como la pobreza y la exclusión educativa. Por ese motivo, el combate a la corrupción es un imperativo categórico del Estado Mexicano, que tiene que ver con la soberanía nacional y con el compromiso de construir un país más fuerte, autónomo, más justo, más productivo y con mayor bienestar colectivo. En este contexto cobra relevancia la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que considera entre otras cosas las siguientes iniciativas: la creación de una fiscalía anticorrupción, salas especializadas, el fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, además de la implementación jurídica de castigos severos, entre otras cosas. Para tal efecto se reformaron las siguientes normas de competencia federal: 1).-La Ley Orgánica de la Administración Pública; 2).-La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; 3).-El Código penal; 4).-Ley Orgánica de la PGR; 5).Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6).-Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y 7).-Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el PRI (ya lo planteó el líder nacional, Enrique Ochoa Reza) estamos en contra de la corrupción en el gobierno. Buscaremos con todas las medidas legales combatirla, para brindar confianza ciudadana, certeza jurídica y convivencia pacífica. En el caso de Zacatecas, ya lo comprometió el gobernador electo, Alejandro Tello,

María Guadalupe Medina Padilla (PAN)

Sistema Estatal Anticorrupción El Sistema Estatal Anticorrupción deberá de dar respuestas a la ciudadanía y generar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así mismo deberá ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Para el PAN, es una prioridad el combate frontal a la corrupción; reconocemos la desconfianza de la sociedad ante ese mal que impera en el país, y su combate lo asumimos como compromiso con la ciudadanía. Esta propuesta que persigue institucionalizar en nuestro Estado nuevos esquemas o mecanismos, los cuales en síntesis consisten en fortalecer un sistema estatal anticorrupción, entre otras instituciones que de manera armónica y sistemática vengan a consolidar ese objetivo, plasmado en las reformas a la Constitución Política Federal de mayo de 2015. Aunado a ello es un mecanismo que deberá generar estructuras sólidas, especializadas y dinámicas acordes a los nuevos tiempos y alineadas a los ordenamientos constitucionales. En Acción Nacional sostenemos que el Sistema Estatal Anticorrupción, debe ser un sistema integral y transversal, alejado de intereses personales, pues sus finalidades son muy claras: generar mejores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción. La corrupción es un cáncer, y es una urgencia para los zacatecanos brindar la atención para combatir ese mal.

Por primera ocasión el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas llevo a cabo un proceso electoral dentro del nuevo Sistema Nacional de Elecciones, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral; esto fue todo un reto para estas dos instituciones encargadas de organizar procesos electorales, la primera en el ámbito local desde hace mas de 18 años y la otra que surge con un nuevo nombre en la reforma constitucional de febrero de 2014, pero ya conocida por realizar las elecciones federales; sin duda una combinación de experiencias que garantizan una elección legal, imparcial, objetiva y transparente para la ciudadanía. En el marco de esta nueva forma de organizar elecciones, queda clara la intención que tiene el legislador al realizar una reforma en lo sustancial, desde el momento de elegir a los miembros de órganos colegiados de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que tendrán bajo su responsabilidad la organización de las elecciones locales, y donde el Instituto Nacional Electoral tiene como atribución seleccionar a través de un procedimiento de aplicación de examen, ensayo y entrevista a las personas que tendrán esta responsabilidad, lo que anteriormente era una atribución de la legislatura en el Estado de Zacatecas. La responsabilidad no es menor y por eso la importancia en la toma de decisiones para realizar un proceso electoral inédito en nuestra entidad, por primera ocasión se participa de manera conjunta y en coordinación con el Consejo Local y Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas, siempre atendiendo los Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo General de este organismo Nacional, situación que no fue sencilla, y sin embargo se realizaron todas y cada una de las actividades programadas. Decidimos por primera ocasión llevar a cabo el voto de los zacatecanos en el extranjero y el conteo rápido, actividades de gran relevancia y con gran expectativa en el resultado que obtuvimos, desde mi apreciación y con la experiencia vivida se realizo el mejor de los esfuerzos por parte de todos y cada uno de los integrantes de este Instituto, desde los consejos municipales y distritales ubicados en las zonas de mayor migración de nuestro Estado, participaron promoviendo la inscripción de zacatecanos que radican fuera de nuestras fronteras, tarea que no fue nada sencilla pero que se impulso en la medida de nuestras posibilidades. El conteo rápido una experiencia extraordinaria y de gran importancia para el desarrollo de este proceso electoral, con la participación del Comité Técnico del Conteo Rápido, integrado por los investigadores Doctor en Administración y Maestro en Estadística Experimental, Oscar Pérez Veyna; Maestro en Administración, Leopoldo Trueba Vázquez; Maestra en Mate-

mática Aplicada, Claudia Martha Campuzano Cardona; y el Doctor en Metodología de la Enseñanza, Martín Jorge Montes Nava, todos ellos destacados investigadores expertos en materia estadística, profesionales y catedráticos de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Zacatecas, desarrollaron un procedimiento estadístico que permitió estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de la elección de gobernador a partir de una muestra probabilística de 441 casillas, cuyo tamaño y composición se determino previamente de acuerdo a un esquema de selección específico, estimando los rangos y proyectando intervalos en el resultado del porcentaje de participación ciudadana y los resultados que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. La participación de la ciudadanía en la integración de mesas directivas de casilla es fundamental para el proceso electoral, es una actividad nodal en las tareas que como país democrático tenemos, entre más se involucren los electores en formar parte activa de los trabajos donde se reciben y cuentan los votos, más se convencen que el realizar las elecciones es un ejercicio cívico que forma parte de nuestra responsabilidad ciudadana, por este motivo se valora y agradece el apoyo que brindaron todos los funcionarios de casilla en este proceso electoral. La participación obtenida del 61.43% el pasado domingo 5 de junio en las urnas, es una muestra de que todos los zacatecanos estamos comprometidos en la toma de decisiones para elegir a nuestros representantes en un cargo de elección popular, y esa voluntad debe ser respetada por todos los actores políticos y se hace valer también por los organismos electorales que tenemos esa responsabilidad. Por primera ocasión logramos tener más del 50% de integrantes del género femenino en la Legislatura del Estado, para el periodo 20162018 tenemos a 16 mujeres diputadas, 9 de ellas elegidas por el principio de mayoría relativa y 7 por el principio de representación proporcional, sin duda un gran avance en materia de paridad de género; en los ayuntamientos, pasamos de 1 mujer alcaldesa a 16, logrando con esto un avance significativo en los resultados que se obtuvieron con la implementación de nuevas reglas para registro de candidaturas, donde por vez primera se hace obligatorio respetar la paridad cualitativa y cuantitativa. Sin duda la organización de los procesos electorales se enriquece cada vez más y vamos a la vanguardia, respetando la participación de toda la ciudadanía y con esto logramos tener representantes en los cargos públicos de manera paritaria, llegaremos al 2018 en una elección concurrente donde el nuevo sistema nacional de elecciones deberá dar los mejores resultados para beneficio del desarrollo de nuestro país.