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Directora general: Carmen Lira Saade Director fundador: Carlos Payán Velver Director: Iván Restrepo Editora: Laura Angulo

e cologlca octubre 2026

Venenos ambientales

Plaguicidas y megagranjas Números anteriores

Correos electrónicos: ivres381022@gmail.com • estelaguevara84@gmail.com

Presentación Leticia G. Yáñez Estrada Laboratorio de Género, Salud y Ambiente, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí Correo-e: lyanez@uaslp.mx

n este número de La Jornada Ecológica se abordan dos temas de crucial preocupación por su alto impacto en la salud ambiental humana y de los ecosistemas: el uso de plaguicidas altamente peligrosos y el incremento de las megagranjas porcinas en el sureste mexicano. Con respecto al tema de los plaguicidas se analizan aspectos desde la importancia de un cambio en la legislación del uso y aprobación de nuevas moléculas, hasta eviden-

cias científicas de las afectaciones a la salud femenina por la exposición a estas sustancias tóxicas. La Revolución Verde surge como una estrategia para incrementar la producción agrícola y la promesa de combatir la hambruna, siendo su principal pilar el uso exhaustivo de plaguicidas. Lejos de alcanzar este objetivo, las consecuencias de esta práctica son, entre otros: El surgimiento de los monocultivos.

Ejidatario de Chapab, Yucatán, muestra cítricos dañados por la contaminación Foto: cortesía Kanan Derechos Humanos en Mongabay

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El agotamiento de las parcelas cultivables. La disbiosis de los suelos (o sea el desequilibrio en la composición, diversidad o el funcionamiento de la microbiota). La contaminación de cuerpos de agua, suelo y aire. La producción de alimentos con baja calidad nutricia (por la pérdida del microbioma del suelo). La introducción de cultivos transgénicos acompañados con el uso indiscriminado

de glifosato (probable carcinógeno para humanos). La síntesis de nuevas moléculas más tóxicas ante la resistencia desarrollada por las plagas. La muerte masiva de abejas y otros insectos polinizadores, lo que está ocasionando una disminución en la producción de alimentos. Las afectaciones a la salud humana, entre otros. Existe suficiente evidencia científica de que todos los plasigue

guicidas tienen efectos tóxicos en la salud humana. Desde los que se ofrecen como de uso doméstico, los empleados en las campañas de salud para el control de enfermedades transmitidas por vectores, hasta los utilizados para la producción de alimentos y la actual afectación a las comunidades mieleras que experimentan una mortandad de abejas sin precedentes. Con relación al segundo tema, la península de Yucatán resulta atractiva a los industriales de las megagranjas porcinas por dos aspectos: su ubicación geográfica y por contar con un abundante recurso hídrico. Sin embargo, es un mito que esta megaindustria sea sustentable pues es extractivista y tiene un fuerte impacto socioambiental. Aproximadamente, el 47 por ciento de las megagranjas porcícolas están instaladas en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. El suelo de Yucatán es kárstico. Por su naturaleza porosa, su acuífero es vulnerable

El uso exhaustivo de plaguicidas, la muerte incuantificable de abejas y la megaindustria porcina atentan contra los derechos humanos por lo que urge una transformación de los modelos actuales. a la contaminación dada la fácil infiltración de aguas residuales. Y en el caso de las megagranjas porcinas, éstas son una verdadera amenaza ambiental, pues contienen una importante carga orgánica (un cerdo produce hasta cuatro veces más heces que el ser humano), orina, antibióticos y hormonas, entre otros. Contaminan así los cuerpos de agua, siendo los cenotes de principal preocupación y las parcelas cuando esta agua es empleada para riego. Otras consecuencias de las megagranjas son el alto consumo de agua y su contaminación (por cada kilogramo de producción de carne de cerdo se requieren aproximada-

La ONU pide alerta ambiental en Yucatán por las granjas porcinas Foto arriba: ©Martín Zetina @Cuartoscuro y Crédito: Martín Zetina En portada: en Holpechén, una parcela de soya genéticamente modificada, recibe la aplicación de plaguicidas Foto: Eric Vides octubre 2026

mente 6 mil litros por lo que su huella hídrica y residual es sumamente alta), degradación de los suelos, pérdida de la biodiversidad, afectaciones al ecosistema, generación de malos olores, entre otros. Pero además, un importante impacto a la salud pública de las comunidades mayas, así como el desplazamiento de la actividad porcina doméstica, indígena y campesina, y su impacto a las actividades económicas tradicionales (apicultura, milpa, turismo alternativo) acompañada del desalojo de comunidades mayas para dar cabida a esta actividad agropecuaria intensiva. Estas actividades, el uso exhaustivo de plaguicidas,

la muerte incuantificable de abejas y la megaindustria porcina, atentan contra los derechos humanos por lo que urge una transformación de los modelos actuales. Igualmente cambios en la política pública sobre violaciones al derecho al medio ambiente sano y del Acuerdo de Escazú y otros instrumentos de protección nacionales e internacionales. Este número incluye también los apuntes del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, sobre la violencia del Estado, la depredación, envenenamiento y otras violaciones a los derechos humanos en México. Dicho relator visitó nuestro país en meses recientes. Agradecemos profundamente a Iván Restrepo, a la editora Laura Angulo y a Estela Guevara, por dar voz en este importante suplemento del diario La Jornada a todos los problemas socioambientales, históricos y actuales, que sufren los pueblos de México.

Fernando Bejarano Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)

Correo-e: coordinacion@rapam.org

Un conjunto de organizaciones enviamos un breve informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos con motivo de su visita a México. En él se destaca la grave situación por la que la población mexicana sigue estando expuesta a plaguicidas altamente peligrosos, vulnerando sus derechos humanos. Aquí lo resumimos.

o se ha cumplido el aspecto central de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre plaguicidas de alta peligrosidad (CNDH 82/2018) que fue aceptada al inicio del sexenio anterior. Esta recomendación indica que las autoridades de la Comisión Federal para la Pro-

tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deben elaborar, cada una, un programa sectorial con “objetivos, metas, estrategias y prioridades, para la reducción y prohibición progresiva de plaguici-

Aguas contaminadas con natas de plaguicidas Foto: PÁ66INA, periodismo de investigación

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rge una política de Estado que evite los riesgos asociados al uso de plaguicidas das altamente peligrosos que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas”. Esto permitiría prevenir y reducir la exposición a plaguicidas que representan riesgos para el desarrollo de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales y daños neurológicos. Además de evitar la muerte masiva de abejas, de peces, y eliminar plaguicidas muy persistentes presentes en agua, suelo o sedimentos, o que están incluidos en convenios ambientales internacionales. Hasta septiembre de 2025, siguen autorizados en México 200 plaguicidas de alta pe-

ligrosidad, de los cuales 161 están prohibidos en otros países, como se detalla en la lista de plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y prohibidos en otros países (2025), elaborada por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) y expertas de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Los datos mencionados consideran el decreto presidencial de prohibición de plaguicidas de 35 moléculas publicado en septiembre de 2025. Asimismo, Julio Berdegué, titular de la Secretaría sigue

de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció una “estrategia de reducción y uso adecuado de plaguicidas” y que estaría coordinada por cuatro secretarías de Estado; sin embargo, hasta la fecha no se han establecido mecanismos de participación ciudadana, particularmente de académicos expertos en plaguicidas y salud pública, de instituciones y organizaciones con experiencia en agroecología y agricultura orgánica, para definir los criterios de selección de futuras prohibiciones y discutir las alternativas. En las campañas de nebulización para control de vectores en 2026 se siguen recomendando plaguicidas altamente peligrosos como el clorpirifos, un neurotóxico infantil autorizado también en la agricultura y que fue aprobado para su prohibición mundial en el Convenio de Estocolmo, firmado por

México y que entró en vigor en 2004. La población en condición especial de vulnerabilidad En México, miles de niñas y niños crecen en comunidades agrícolas donde el uso intensivo de plaguicidas forma parte de la vida cotidiana. Viven, estudian y juegan a escasos metros de parcelas que son tratadas de manera recurrente con estos productos; con frecuencia acompañan a sus familias a las labores del campo, situación que se agrava con los jornaleros agrícolas. Esta realidad coloca a la niñez en una situación de exposición crónica, involuntaria y temprana a mezclas complejas de plaguicidas, en abierta contradicción con su derecho a la salud, a un ambiente sano y a un desarrollo pleno. Investigaciones encabezadas

En las últimas décadas ha aumentado el uso desregulado de plaguicidas y fertilizantes químicos en México, ubicando al país como el décimo primer consumidor de estos productos en el mundo Foto: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD México)

por la Universidad Autónoma de Nayarit, en colaboración con otros centros educativos y de investigación, han documentado de manera sistemática los efectos de estas exposiciones en la niñez local. Por ejemplo se han identificado hasta 10 plaguicidas distintos en el agua donde se pidió se lavaran las manos niñas y niños dentro de las casas en comunidades rodeadas de campos agrícolas, además se han detectado niveles elevados de metabolitos de plaguicidas en orina, lo que evidencia una exposición múltiple y continua. Muerte masiva de abejas por plaguicidas

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En México están autorizados 72 insecticidas que tienen una alta toxicidad para las abejas. Prioritarios para su prohibición en el país deberían ser el insecticida fipronil, y los neo-

nicotinoides imidacloprid y tiametoxam, no autorizados en numerosos países. La muerte masiva de abejas por plaguicidas es un tema de emergencia nacional denunciado y documentado de manera repetida por organizaciones de apicultores. Urge una política de Estado que prevenga riesgos asociados al uso de plaguicidas y cumpla con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. El informe fue enviado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit, del Departamento de Toxicología, Cinvestav, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, de Muuch Kambal, la Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on, y la Organización Nacional de Apicultores (ONA).

Yolanda Cristina Massieu Trigo Departamento de Relaciones Sociales Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Correo-e: ymassieu@gmail.com

l glifosato es uno de los herbicidas más usados en la agricultura en el mundo; fue introducido en 1974 por Monsanto y clasificado en 2015 como probable carcinógeno para humanos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en cerca de mil estudios científicos. Se demostró que este herbicida opera por genotoxicidad (daño en el ADN, ácido desoxirribonucleico) y estrés oxidativo (daño celular por presencia de radicales libres). En 2019, el Departamento de Salud del gobierno de Esta-

dos Unidos publicó un perfil toxicológico del agroquímico que coincide con el reporte de la OMS, y en 2020 se dio a conocer la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, integrada por mil 108 investigaciones científicas sobre sus efectos en salud y medio ambiente. Las conclusiones de un estudio de 2025 con ratas, a las que les fueron suministrados niveles controlados de glifosato y herbicidas basados en él, confirmaron mayor incidencia de tumores benignos y malignos. Se observó presencia en

Imagen: UNAM Global Revista

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lifosato: riesgos, evidencias y comercio binacional vida temprana y mortalidad por tumores múltiples. Estos análisis proveen información robusta que apoya la conclusión de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer sobre la suficiente evidencia de la carcinogenicidad del glifosato en animales experimentales. Más alarmante resulta otra investigación de 2024 en Puerto Rico sobre los impactos del herbicida en el desarrollo neurológico infantil a los 6, 12 y 24 meses de edad. Los resultados muestran que la exposición gestacional de las madres al glifosa-

to se asocia con un desarrollo neurológico temprano adverso, con retrasos más pronunciados a los 24 meses. Estos dos estudios son solo un botón de muestra del cada vez mayor sustento científico respecto a los efectos perjudiciales del glifosato en la salud. Su uso aumentó mil 500 por ciento entre 1996 y 2020, con la siembra y comercialización de maíz, algodón y soya genéticamente modificados (GM) tolerantes a dicho agroquímico. Por ello, el análisis y debate sobre este herbicida está indisigue

solublemente ligado a los cultivos transgénicos o genéticamente modificados. La tolerancia significa que no mueren al aplicarles glifosato. A nivel internacional, hasta 2020 había 526 eventos de transformaciones genéticas, principalmente en cinco cultivos: maíz, 45 por ciento; algodón, 12.7 por ciento; papa, 9.3 por ciento; canola,88.8 por ciento, y soya, 7.8 por ciento. Destaca la tolerancia a herbicidas (glifosato, glufosinato 2, 4-D y dicamba), que comprenden el 70 por ciento del total de cultivos GM en el mundo. La siguiente transformación en importancia la integran los llamados cultivos Bt, que son resistentes a insectos, es decir, producen toxinas con acción insecticida. De los tolerantes a herbicidas, la mayor parte (63 por ciento) tienen tolerancia al glifosato. Las repercusiones ambientales son serias, en 2024 Borges et al., de la Universidad de Campeche, nos recuerdan que la contaminación por plaguicidas afecta los sistemas marinos y terrestres a nivel global,

y se exacerba con el cambio climático, pues provoca transformaciones en la precipitación causantes de sequías e inundaciones. Ello modifica el uso de plaguicidas, principalmente aplicando más cantidad de la requerida en épocas anteriores, debido a la resistencia de algunas plagas. Se ha documentado que muchos organismos han tenido que desplazarse geográficamente y que el cambio de temperatura produce enfermedades en las plantas y causa daños en la reproducción de organismos como insectos, anfibios y peces. En el caso del glifosato, el aumento mencionado por su asociación a los cultivos GM ha ocasionado que prácticamente todos los ecosistemas se encuentren contaminados con este compuesto, incluyendo al ser humano. Estos evidentes daños a la salud ya le han causado a Bayer (que adquirió Monsanto en 2018) problemas con demandas en Estados Unidos. En 2023 un jurado de Missouri condenó a la empresa a pagar mil 560 millones de dó-

Muchas organizaciones no cejan en la lucha por la defensa de los maíces nativos Imagen: Greenpeace

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lares a cuatro demandantes que alegaron que el herbicida Round Up (nombre comercial del glifosato) les causó lesiones y cáncer. A tres de los cuatro demandantes se les provocó linfoma no Hodgkin, y argumentaron que fue provocado por el uso del herbicida en sus propiedades. En 2026, Bayer anunció pérdidas por 4 mil 146 millones de dólares en 2025 por los costos de las demandas en Estados Unidos debido a los efectos cancerígenos del glifosato. La empresa ha enfrentado 170 mil demandas en este país, de las cuales 65 mil siguen pendientes, y gastó otros 6 mil 900 millones de dólares en estos litigios. La firma está esperando una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que se espera para junio de este año, en la cual se aclarará si la falta de advertencia en las etiquetas del agroquímico es admisible según la legislación de distintos estados, dado que la Agencia de Protección Ambiental no considera cancerígeno al agroquímico y no permite advertencias en la etiqueta.

Si la sentencia es favorable, Bayer puede cerrar el capítulo, aunque ha alcanzado un acuerdo colectivo con los demandantes, aún no aceptado por la totalidad de ellos, por 7 mil 250 millones de dólares. Por las razones brevemente enunciadas se valora el gesto del gobierno mexicano, que a través de dos decretos presidenciales en 2020 y 2023, y reformas constitucionales en 2025, ha prohibido la siembra de maíz transgénico y promovido la sustitución del glifosato (hay opciones como el manejo integrado de arvenses o los herbicidas orgánicos). Es preocupante la airada reacción de Estados Unidos ante estas acciones de soberanía agroalimentaria, que condujo a un panel de controversias en el marco del TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) a fines de 2024, cuya resolución implica que México está obligado a importar maíz amarillo transgénico para consumo ganadero e industrial, al cual se le ha aplicado en el país vecino una cantidad considerable de glifosato.

Eric Vides Correo-e: erviboro@gmail.com

Everardo Chable Huehuetl Correo-e: echablehuehuet@gmail.com

Rémy Vandame Correo-e: remy.vandame@gmail.com

Itzel Pech Pech

Correo-e: itzelita.pech@gmail.com

an pas ado más de 10 años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el permiso para la siembra de soya genéticamente modificada (GM) en 2015, después de un largo proceso legal y organizativo liderado por apicultores, apicultoras, meliponicultoras, milperos y milperas en colaboración con académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y comercializadores de miel (ht tps: //w w w.jorna da.com.mx/2012/06/12/opi-

nion/020a2pol). A pesar de la prohibición, en la actualidad se reportan grandes extensiones de este cultivo en la península de Yucatán. En 2012, el gobierno federal había otorgado a la empresa Monsanto un permiso para sembrar hasta 253 mil 500 hectáreas de soya GM resistente al herbicida glifosato. Pero tres años después, en 2015, la SCJN otorgó una suspensión, debido a que el proceso de autorización de esta variedad había omitido el proceso de consulta previa libre

Parcela de soya genéticamente modificada en Holpechén Foto: Eric Vides

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oya transgénica: miles de hectáreas cultivadas en violación de la ley

e informada, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades mayas de la península de Yucatán, previsto por la Constitución Mexicana, y establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2017, el gobierno federal decidió cancelar el permiso de siembra, suspendiendo de facto la consulta. En 2020, tras varios juicios y apelaciones de la empresa que promovió la siembra de soya genéticamente modificada, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

confirmó la revocación definitiva del permiso. Durante los años previos y posteriores a la autorización hubo un fuerte debate en el sector apícola, gubernamental y no gubernamental, y agroindustrial sobre la posible coexistencia a largo plazo de la apicultura y la soya genéticamente modificada. En este debate, los promoventes de la soya argumentaban la asincronía del periodo de floración de la soya (verano) con los meses de cosecha sigue

de la miel (primavera) en la península de Yucatán. Los apicultores organizados, académicos y algunas organizaciones no gubernamentales, argumentaron varios puntos clave de mayor profundidad que la asincronía mencionada. Entre ellos, destacaba la reflexión sobre la impertinencia de promover cultivos intensivos y extensivos en una de las regiones con mayor biodiversidad del país, las afectaciones de usar la soya GM resistente al glifosato y por ende el incremento obligado en el uso de este herbicida con esta variedad de semillas, y el cambio de uso de suelo por la expansión de tecnologías asociadas a la agricultura industrial. La oposición a la siembra de la soya GM no terminó en 2015 con la decisión de la SCJN ni en 2017 con la revocación formal del permiso por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Apicultores organizados en colaboración con académi-

cos, en su búsqueda por saber si la decisión de la SCJN estaba teniendo efecto, realizaron monitoreos para conocer la naturaleza (transgénica o convencional) de la soya que se sembraba principalmente en el municipio de Hopelchén, Campeche. Los monitoreos y pruebas para identificar proteínas recombinantes (producidas por plantas modificadas genéticamente) se han hecho en cientos de muestras. Los análisis mostraron un aumento gradual de la siembra ilegal de soya GM a partir de 2015. Cada año se ha incrementado, no solo la superficie de soya, sino también el porcentaje de parcelas de soya genéticamente modificada. Tan solo en el municipio de Hopelchén, se pasó de sembrar 6 mil 851 hectáreas de soya a 42 mil 630 en 2024. Los años posteriores es decir, en 2024 y 2025, no se han realizado los monitoreos ya que significa un esfuerzo considerable que no necesariamente deriva en acciones gubernamentales para evitar que se

Deforestación en Bacalar Foto: Eric Vides

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siga sembrando soya genéticamente modificada. La expansión de la soya GM ha alcanzado otros municipios de la península en los estados de Yucatán y Quintana Roo causando un acelerado proceso de deforestación en los municipios en donde este modelo agrícola se ha implementado. Por otra parte se han acumulado otros elementos graves que demuestran la fuerte crisis derivada de la agricultura industrial en la península de Yucatán. Por un lado, estudios realizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) durante el 2022 señalan que a través de inspecciones en campos menonitas del municipio de Hopelchén, se encontraron cultivos de maíz transgénico. Esto indica un gran riesgo para la integridad genética del maíz criollo, para la agricultura campesina, y para la alimentación de la población en general. Por otro lado, en años recientes se han descrito grandes niveles de deforesta-

ción, así como daños a las abejas por el uso de plaguicidas. Después de 14 años de debate y denuncia, volvemos a afirmar que la coexistencia a largo plazo de los cultivos GM (transgénicos) y la producción de miel no es posible. Hoy cabe hacer nuevas preguntas: Para la sociedad civil: ¿vale la pena seguir defendiéndose de permisos dañinos cuando no se cumple su suspensión? y ¿tiene caso seguir haciendo monitoreos ciudadanos para documentar la presencia de soya GM cuando solo sirven para documentar el tamaño de la ilegalidad? Para el sec tor agrícola: ¿cómo controlar el flujo de semillas de cultivos prohibidos, una vez que han sido adoptados por una fracción de los agricultores industriales? Para el Estado, y en particular el Estado de derecho: ¿qué medidas tomar para garantizar que se cumpla la suspensión dictada por la SCJN en 2015 y la cancelación por el propio gobierno en 2017?

Leticia G. Yáñez Estrada Correo-e: lyanez@uaslp.mx

Rebeca Mejía Saucedo Laboratorio de Género, Salud y Ambiente, Facultad de Medicina, UASLP, SLP Correo-e: mejiarebeca@gmail.com

Andrea Rodríguez López Centro de Investigación en Salud Poblacional, INSP, Cuernavaca, Morelos

Correo-e: andrea.rodriguez@insp.edu.mx

os plaguicidas son comp u e s tos quí m i cos qu e fueron diseñados para matar plagas. Por definición entonces, son compuestos altamente tóxicos, tienen la capacidad de burlar nuestras barreras biológicas, por ende, cuando consumimos alimentos contaminados con éstos, los respiramos o estamos en contacto con ellos, nuestro cuerpo los absorbe y es a través de la sangre que viajan por todo el organismo causando impactos negativos en nuestra salud.

Los mecanismos por los cuales producen daños son diversos, queremos resaltar uno en particular que se le atribuye a los plaguicidas organoclorados (POC), y es que dada la semejanza entre la estructura química de éstos y la de algunas hormonas sexuales femeninas, tales como la progesterona y el estradiol, los POC actúan como hormonas sin serlo. Como consecuencia, alteran su producción, secreción, interfieren en sus funciones, así como en su eliminación; de ahí que a los

Un trabajador agrícola de Guanajuato fumiga una parcela tratando de controlar la plaga de chapulín del maíz. Así contamina tierras, aguas y aire Foto: Boletín del gobierno de Guanajuato

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a exposición crónica a plaguicidas puede alterar el ciclo menstrual POC se les considere perturbadores endocrinos, estas alteraciones inciden de manera importante en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, siendo éstas, una vez más, la población más vulnerada. Realizar estudios sobre las causas que modifican el ciclo menstrual (CM) es todo un reto, dado al comportamiento cíclico de las hormonas y porque éste puede verse afectado por diversos factores tales como, el uso de anticonceptivos, el empleo de la pastilla del día después, estrés,

depresión, el consumo de alcohol y drogas, práctica de deportes de alto rendimiento y ahora hay que sumar, la exposición a sustancias tóxicas clasificadas como perturbadores endocrinos. Un grupo de 30 adolescentes con una residencia de al menos cinco años en una comunidad agrícola, fueron capacitadas para registrar en un diario/bitácora, diseñado exprofeso, los eventos relacionados con su CM (ciclo y periodo), abundancia de sangrado sigue

(número de toallas sanitarias empleadas/día), síntomas premenstruales y menstruales. Y mediante el empleo de baterías se registraron aquellos factores que pudiesen también alterar el CM, tales como cambios de conducta en cuanto a hábitos y estilos de vida, el grado de estrés y los problemas sociales a los que se estaban enfrentando las participantes, el consumo de drogas y alcohol, la práctica de deportes de alto rendimiento y el empleo de métodos anticonceptivos. Al cabo de 15 meses, se analizaron sus niveles séricos de las hormonas LH, FSH, progesterona, y estradiol. Para evaluar la magnitud de su exposición a agrotóxicos, se cuantificaron los niveles plasmáticos de 12 diferentes plaguicidas organoclorados. El 75 por ciento de las adolescentes pertenece a familias de jornaleros agrícolas, el 44 por ciento tiene huertos en su casa, de las cuales el 43 por ciento ayuda en las labores de éste y un 64 por ciento usa plaguicidas.

El 40 por ciento de las participantes presentaban problemas emocionales, no se detectó un riesgo eminente de consumo de alcohol o drogas, pero sí del empleo de la pastilla del día después y ninguna practicaba deportes de alto rendimiento. El 40 por ciento de las jóvenes identificaron periodos de amenorrea ya que únicamente tuvieron de cinco a ocho CM a lo largo de 15 meses. El 56.26 por ciento presentaron un CM irregular (menor a 24 días o mayor a 32 días), el 24 por ciento indicaron haber tenido sangrados irregulares (menos de cuatro días o más de siete días). Catorce de ellas presentaron alteraciones en su perfil hormonal, mientras que el 33 por ciento tenía niveles de prolactina fuera del intervalo de referencia. Las concentraciones plasmáticas detectadas de los POC indican que todas las jóvenes están expuestas a estos agrotóxicos. No obstante que a partir de 1970 y hasta el 2000, que fue prohibido

En los huertos escolares se enseñan formas de producir alimentos menos riesgosos para la sociedad, modos de producción libres de plaguicidas, ya que las sustancias químicas están invadiendo al entorno, contaminando los alimentos y los recursos naturales Foto: K. Julieta Herrera/Ichan Tecolotl

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su uso, la Secretaría de Salud era la única entidad autorizada para el empleo del dicloro difenil tricloroetano (DDT) para el control del paludismo, 26 de las adolescentes presentaron niveles elevados de DDE (metabolito del DDT). Mientras que 29 de ellas tenían lindano, insecticida que fue prohibido su uso en nuestro país desde hace aproximadamente 10 años y forma parte de las sustancias listadas en el Anexo A del Convenio de Estocolmo para su prohibición desde 2004. El haber detectado en plasma a estos dos compuestos se explica porque ambos son moléculas lipofílicas, lo que les confiere la propiedad de ser persistentes (vida media de degradación superior a 30 años), se bioacumulan y biomagnifican (incorporación a la cadena trófica). Además, la madre se convierte en fuente de exposición de sus hijos, ya que estos compuestos se pueden difundir a través de la placenta y del seno materno.

Aquellas adolescentes que presentaron niveles alterados de progesterona tenían niveles estadísticamente superiores del metabolito de DDT. Mientras que a aquellas cuyas concentraciones de estradiol estaban fuera del intervalo normal se les detectaron niveles elevados de lindano. Los valores de FSH también se vieron afectados por la exposición al plaguicida aldrin. El escenario de exposición no ocupacional a mezclas de plaguicidas al que se exponen estas adolescentes es complejo y más complejo aun es dimensionar las consecuencias en su salud reproductiva por las afectaciones a su ciclo menstrual. Para atender esta problemática, hemos diseñado un programa de intervención selectiva para disminuir los factores de riesgo; pero esta estrategia será infructuosa mientras se siga permitiendo el uso de agrotóxicos altamente persistentes a lo largo y lo a ancho de nuestro país.

Wilberth Nahuat Puc Subcomisario de Santa María Chi Correo-e: comisaria.santa.maria.chi@gmail.com

Rodrigo Llanes Salazar Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales,UNAM

erdos confinados, mayas presos

Correo-e: rodrigo.llanes@cephcis.unam.mx

as megafábricas porcícolas consisten en grandes proyectos de infraestructura que contienen naves donde están confinados decenas de miles de cerdos, todos ellos criados con múltiples hormonas y antibióticos, para ser destinados al matadero en “plantas procesadoras”, y cuyas partes, desde la cabeza hasta las pezuñas, pasando su sangre y su grasa, son empleadas para numerosas industrias. El capital aprovecha cada gramo del cerdo industrial. Sobre las tierras mayas de Yucatán, en donde antes florecía el henequén, ahora se han instalado cientos de fábricas de cerdos, las cuales han aprovechado las tierras ejidales a bajos precios, la fuerza de trabajo de alrededor de 40 mil henequeneros que quedó disponible después de su jubilación y liquidación anticipadas por el Estado en 1992, y abundante agua disponible, proveniente del acuífero que es considerado la mayor reserva de agua subterránea de México. Tan sólo el Grupo Porcícola Mexicano, la principal empresa del sector en la región, tiene una concesión de extracción de agua subterránea de más de 8 millones de metros cúbicos al año. Además de tierras, agua y fuerza de trabajo, la industria porcícola ha podido crecer en Yucatán debido a que el estado se encuentra libre de las fiebres porcinas clásica y la africana, las cuales han arrasado con millones de cerdos en otras partes del mundo, así como por el decidido apoyo del gobierno del estado. En 2024, Yucatán se convirtió en el tercer mayor productor de cerdo en México y en el

principal exportador de carne porcina, principalmente a mercados asiáticos. En la comunidad maya de Santa María Chi , una ex hacienda henequenera ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Mérida en la que actualmente viven poco más de 400 habitantes, las empresas Chumoxil y Pecuaria Peninsular (o San Gerardo), de la familia Loret de Mola, instalaron en 1986 la granja “Santa María”, la cual, con el paso de los años, se constituyó en un megaproyecto de 72 naves y una capacidad de producción de más de 45 mil cerdos de destete, gestación y maternidad en una superficie de más de 220 hectáreas. Aunque las decenas de miles de cerdos se encontraban confinados y los directivos porcícolas exigían medidas

Laguna de oxidación de una megagranja Foto: Patricio Eleisegui

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de bioseguridad para evitar posibles contagios de los cerdos –exigiendo la sanitización de quienes entran, así como la prohibición a la población local de tener otros cerdos que puedan infectar a los de la mega fábrica–, lo cierto es que sus efectos se perciben en toda la comunidad. Las emisiones de metano, amoniaco y el ácido sulfhídrico despedidos por las toneladas de desechos de la fábrica porcícola provocan una pestilencia que va mucho más allá del común mal olor de las heces fecales de cerdos y ha alterado la vida cotidiana de la comunidad. El “apeste” de la granja, como le llaman varios vecinos de Santa María Chi, ha hecho que actividades domésticas cotidianas como cocinar, comer, lavar la ropa o abrir las

puertas y ventanas para tomar el aire fresco se vuelvan agravios contra la dignidad. Al mismo tiempo que se protege a los cerdos confinados, sus aguas residuales eran descargadas sin permiso por medio de aspersores de riego en los montes de la zona, los cuales forman parte de un acuífero kárstico altamente poroso, con suelos muy delgados, llenos de oquedades, que tienen poca capacidad de retención de contaminantes. Por ello, las aguas subterráneas de la región, que son la única fuente de agua dulce de la entidad, son muy vulnerables a la contaminación. Desde 2023, diversos estudios de calidad de agua de pozos domésticos de Santa María Chi –que la población usaba para regar, lavar o dar sigue

de beber a animales– han documentado la presencia de contaminantes como coliformes fecales, Salmonella, suspendidos sólidos totales, entre otros, muy por encima de los límites permisibles. Debido a los flujos de las corrientes de agua subterráneas, estos contaminantes afectan no solo a la población de Santa María Chi, sino que representan una amenaza a la salud de la región. Debido a estos y otros agravios, como la falta de consulta a la comunidad maya de Santa María Chi sobre la expansión de la granja Santa María, la falta de permisos como la autorización de impacto ambiental y de descarga de aguas residuales, en mayo de 2023, pobladoras y pobladores de la comunidad nos organizamos de manera pacífica para defender nuestros derechos como pueblo maya, instalando un campamento a unos metros de uno de los accesos de la megafábrica. En respuesta, la empresa demandó a Wilberth Nahuat, subcomisario de Santa María Chi, bajo los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad y despojo. No es la primera vez que la industria porcícola criminaliza a las personas defensoras de sus territorios. En 2023, a los pocos meses de que Santa María Chi comenzara su movilización y se criminalizara a su subcomisario, Amnistía Internacional publicó el informe México: tierra y ¿libertad?, sobre la criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, en el que incluyó el caso de tres personas mayas de la comunidad de Sitilpech por oponerse a la megafábrica Kancabchén II, con

una capacidad de producción de 48 mil cerdos. La producción de riqueza en la industria porcícola no solo requiere de la extracción de millones de litros de agua y del confinamiento de decenas de miles de cerdos, sino también de la inhibición de la protesta; necesita trabajadores y comunidades dóciles que se adapten a los cerdos confinados, no a mayas defensores de derechos, a quienes amenaza con prisión. Gracias a la movilización de la comunidad de Santa María Chi, la megafábrica fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en septiembre de 2025 y los cerdos fueron retirados en abril de 2026. Asimismo, en una audiencia reciente, el tribunal no encontró evidencias para imputar a Nahuat los cargos de los que lo acusa la empresa. Sin embargo, a pesar de estos logros, la megafábrica aún cuenta con permisos, como licencia de funcionamiento y sus cerdos han sido destinados a ser confinados en otras naves, aunque sus excremen-

Transporte de cerdos Foto: W. Nahuat Campamento de protesta pacífica Foto: W. Nahuat

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tos siguen en la comunidad, filtrándose al subsuelo, y la empresa aún puede apelar a la decisión del tribunal sobre el caso de Nahuat, o bien, criminalizar a las personas defensoras de futuros casos.

Por ello es urgente que el Estado mexicano cumpla plenamente con sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Escazú y garantice la integridad de quienes defienden la vida y el territorio.

Carlos Samayoa Coordinador de la campaña México al Grito de ¡Selva! Greenpeace México

Correo-e: csamayoa@greenpeace.org

a selva se contamina: el costo oculto de las megagranjas porcícolas

n la península de Yucatán, la selva no solo se está talando. También se está contaminando. Durante años, la conversación pública ha puesto el foco en los megaproyectos turísticos o de infraestructura. Pero hay otro modelo de desarrollo que avanza con menos reflectores y con impactos igual o más profundos, se trata de la expansión de las megagranjas porcícolas industriales. Hoy sabemos que no se trata de casos aislados. En Yucatán operan más de 500 granjas de este tipo, albergando promedios de entre 30 y hasta 50 mil cerdos en cada una. Más del 90 por ciento operan de forma ilegal, sin autorización de impacto ambiental. La mayoría están instaladas en zonas habitadas por comunidades mayas que han mantenido una lucha férrea contra ese modelo, y sobre un territorio particularmente vulnerable: un sistema kárstico donde el agua no corre por la superficie, sino bajo tierra. En la península de Yucatán, contaminar el suelo es contaminar el agua. Y contaminar el agua es poner en riesgo la vida. Las propias autoridades lo han reconocido. La Profepa ha documentado daños al agua, al suelo y al aire derivados de la operación de megagranjas porcícolas, particularmente cuando no cumplen con la normatividad ambiental. Las denuncias comunitarias coinciden. La calidad de vida de las personas se ha visto afectada seriamente por incesantes olores nauseabundos. Ahora el agua de los pozos huele mal, ya no se puede beber, y por si fuera poco, sigue

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Aguas residuales de las fábricas de cerdos Foto: W. Nahuat

también se han documentado numerosos casos de afectaciones a la salud. De esta manera, la producción industrial de carne a marcha acelerada está costándole muy caro a las comunidades en cuanto a salud y contaminación de su agua. El problema no es menor y tampoco es nuevo. Durante años, la expansión de la porcicultura industrial se dio en un contexto de vacíos regulatorios, autorizaciones fragmentadas y una débil coordinación entre autoridades locales y federales. Eso permitió que numerosas granjas operaran sin cumplir plenamente con la ley ambiental. Aparentemente, hoy se intenta corregir el rumbo. En febrero de este año, la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Yucatán firmaron un convenio para fortalecer la evaluación de impacto am-

biental del sector porcícola, mejorar la coordinación institucional y cerrar los vacíos que durante años permitieron irregularidades. El acuerdo es relevan te, pues reconoce implícitamente que el problema existe. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿llega a tiempo? Y también, ¿es suficiente para ponerle un freno a la debacle ambiental de la península ocasionada por esta expansión industrial? Porque mientras se diseñan mejores mecanismos de evaluación, el daño ya está ocurriendo. Y en un sistema ecológico como el de la península, interconectado, poroso y frágil, los impactos no se quedan solamente en donde ocurren sino que se expanden por todo el ambiente. Desde la campaña México al Grito de ¡Selva! de Greenpeace México, hemos insistido en

Pueblos mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo están coordinados para luchar contra las megagranjas Foto: Desinformémonos

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que no se puede hablar de desarrollo ni crecimiento económico mientras se compromete el agua o se implementa a costa de la degradación de los ecosistemas que hacen posible la vida en la región. Y tampoco se puede seguir tomando decisiones sin escuchar a las comunidades que habitan esos territorios, como regularmente ha sucedido hasta hoy. El caso de las megagranjas porcícolas es parte de un modelo que hemos visto replicarse por toda la península en distintos tipos de industrias en los que se externalizan costos ambientales y sociales, mientras que los beneficios económicos terminan concentrándose en muy pocas manos. Regular mejor no será suficiente si no se cuestiona ese modelo y se plantean alternativas reales. La necesidad de

establecer límites claros es más urgente que nunca. Se tiene que establecer con la máxima claridad posible dónde sí, dónde no y bajo qué condiciones, lo cual amerita espacios de trabajo y seguimiento constante entre autoridades, comunidades y especialistas, porque cuando el agua se contamina, no hay mitigación posible que repare completamente el daño. La selva maya no solo está siendo fragmentada y deforestada por carreteras, hoteles o megaproyectos turísticos. También está siendo erosionada desde su corazón de agua, esa reserva tan valiosa para la vida en toda la región. Y ahí es donde se juega una de las batallas más importantes de nuestro tiempo. El llamado a las autoridades locales y federales para proteger la selva maya de forma íntegra es de alta urgencia.

Cristina Caldera Muñoz Médica Veterinaria Zootecnista Diplomada en ecotoxicología

Correo-e: dengue-gto-2010@hotmail.com

umigaciones en Guanajuato, ¿hay que abrir las puertas y ventanas?

Resumen de la contribución presentada al Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Dr. Marcos Orellana en su visita a México en 2026.

n 2010, en la ciudad de Guanajuato, hubo muertes de animales: insectos, golondrinas, parvadas de aves, abejas y mariposas monarca. Solo en mi casa, perdimos más de 100 peces y 25 cachorros en un año. Desde octubre de 2010, camadas muertas, malformaciones en cachorros, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas del sistema inmune y autoinmunes se comenzaron a observar en la ciudad. La aplicación de plaguicidas como el Temefós en aljibes, tinacos y tambos de agua potable de Guanajuato capital y en el resto del estado de Guanajuato se inició en 2007 (según fuentes oficiales), por la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato en la campaña contra el mosco transmisor del dengue. En México, campañas contra dengue utilizan y aplican insecticidas intradomiciliarios y en nebulizaciones vía vehículo, bajo la consigna de abrir puertas y ventanas para que pueda entrar el insecticida al domicilio argumentando que es inocuo para las personas y animales. Los ciudadanos acatan la consigna gubernamental con confianza ”por ser en beneficio de su salud”. Abortos espontáneos, bebés con malformaciones, falta de desarrollo físico y neurológico, entre otros problemas de salud, se han detectado en León desde 2007, y en Guanajuato capital y el resto del estado desde 2010, debido a la campaña oficial contra el dengue, afectando también ani-

males domésticos, la biodiversidad y el medio ambiente. Esto ha reportado enfermedades crónico-degenerativas, de sistemas: nervioso, inmune, endócrino, genito-urinario, enfermedades metabólicas y más. Los plaguicidas en su mayoría son inmunotóxicos, neurotóxicos, hepatotóxicos, alteradores hormonales (AH) y plaguicidas altamente peligrosos (PAP), Estos plaguicidas afectan el sistema inmune de diversas maneras: Inmunosupresión: el sistema inmune está suprimido o anulado, vulnerable al ataque de virus, bacterias, hongos, parásitos y sustancias químicas. Inmunodepresión: el sistema inmune está muy debilitado; en los dos casos anteriores no combate las células cancerosas. Inmunoestimulación o inmunopotenciación: alergias, asma, enfermedades autoinmunes como: lupus, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain Barré, disautonomía, etcétera. Cáncer en órganos hormonodependientes: páncreas, tiroides, riñones, híga do, mamas, ovarios, cérvico-uterino, próstata, testículos, cerebro, etcétera. Los insecticidas aplicados en esta región se dividen en varios tipos: 1) Larvicidas y reguladores Organosfosforados: Temefós o Abate, la OMS indica dosis de: 1mg/1lt de agua y lo que realmente se aplica es de

Cartel oficial de la campaña de la Secretaría de Salud de Guanajuato

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20 o 40 grs en un tambo de 200 lts, o de 100 grs o más en tinacos de 500 lts., por lo que las personas al usar el agua cotidianamente se exponen a dosis pequeñas y frecuentes que se bioacumulan hasta provocar una enfermedad. El Temefós y otros plaguicidas alteran la muerte celular programada o apoptosis “La apoptosis es un proceso muy finamente regulado.

Si ocurre un exceso o un defecto de apoptosis, se producen diversas patologías como malformaciones, defectos en el desarrollo, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas o aparición de tumores” y obviamente cáncer. Otros larvicidas: Spinosad, Metopreno, Piriproxifeno, Novalurón, Bacillus Thuringiensis sigue

Técnico de la Secretaría de Salud de Guanajuato fumigando dentro de una escuela en septiembre de 2024 Foto: tomada de elpipila.mx

son altamente tóxicos para las abejas y algunos se consideran plaguicidas altamente peligrosos (PAP). 2) Adulticidas: aplicados en exteriores. 3) Adulticidas rociados en Interiores Estos dos tipos de plaguicidas, al mezclarse con otras sustancias que alteran las hormonas u otros plaguicidas, generan cocteles tóxicos difíciles de valorar científicamente y provocan la exacerbación del dengue por los siguientes factores: Resistencia a los plaguicidas de los moscos y sobrepoblación de éstos, al hacerse más fuertes. Muerte de depredadores del mosco por exposición directa a los plaguicidas o por alimentarse de moscos envenenados, (insectos, anfibios, reptiles, aves, peces y mamíferos). Baja inmunidad de humanos y animales, pues la mayoría de los plaguicidas son inmunotóxicos. Contaminación de aire, agua, sedimentos y tierra. Pérdida acelerada de la biodiversidad. Por lo anterior a mayor uso de plaguicidas químicos, se presentan más casos de dengue y otras enfermedades, tanto infecciosas como crónico-degenerativas y cáncer. Por otra parte, la recomendación 082/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre a un medio ambientes sano y a la salud “, no se ha legislado para su regulación/prohibición, a casi siete años de haberse emitido.

La sobreexposición constante de la población –por cualquier vía– a plaguicidas altamente peligrosos y a los plaguicidas que ya están prohibidos en otros países nos

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dejan en un estado de total indefensión ante una campaña contra el dengue que, lejos de ser un beneficio, causa muy diversas enfermedades y padecimientos.

Es necesario que haya una revisión para evitar los plaguicidas en el medio urbano y utilizar alternativas no tóxicas, como la descacharrización constante.

Marisa Jacott Fronteras Comunes-Colectiva México Tóxico

Correo-e: toxicoscolectiva@gmail.com

Apuntes del doctor Marcos Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU.

n marzo de este año, la ONU anunció que, por primera vez, el gobierno mexicano autorizaba la visita a nuestro país de uno de sus expertos en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos. Durante 11 días, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el relator Marcos Orellana pudo escuchar las diferentes problemáticas ambientales y de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en México y casos que por más de dos décadas continúan sin resolverse. Al término de su visita, el doctor Orellana cerró con una conferencia de prensa (20 de marzo 2026) sobre el panorama general de lo observado y escuchado en el país emitiendo señalamientos por él calificados como fuertes alertas en cuestión de derechos humanos debido a la falta de atención y de regulaciones estrictas por parte del Estado mexicano. En este artículo se retoman algunas de sus opiniones sobre la problemática que se enfrenta en materia de políticas públicas y específicamente casos en la península de Yucatán –tema central de este número de La Jornada Ecológica– en relación a la mortandad masiva de abejas por el uso de plaguicidas, siendo los más críticos aquellos utilizados para el cultivo de soya transgénica; la expansión de megagranjas porcinas, y cómo han sido las persecuciones de entidades privadas y también del propio Estado contra las comunidades, con-

tra las y los defensores mayas, así como de los movimientos y organizaciones sociales que los acompañan. Entre los señalamientos del relator, destacamos: La ausencia en México de una ley general de sustancias químicas y una sobre plaguicidas altamente peligrosos, acompañadas por políticas públicas de corto, mediano y largo plazos. Respetar el derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos como la pie-

Millones de abejas mueren cada año en Campeche por el uso de insecticidas Foto: Reuters en La Jornada Maya

lertas de la ONU por falta de regulaciones en cuestión de derechos humanos dra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos. La preocupación por la proliferación de zonas de sacrif icio a lo largo del país debido al crecimiento industrial; por lo que llama al Estado a adoptar políticas y acciones concretas ya que son áreas donde la expansión industrial no ha ido acompañada de normas lo suficientemente robustas para asegurar una producción limpia y descargas cero de contaminación al agua. La obligación de garantizar el acceso a la justicia a

las comunidades afectadas por sustancias tóxicas, en particular por la contaminación del agua derivada de la actividad industrial. En esta visita mencionó que pudo conocer numerosos casos de madres y padres que han debido enterrar a sus hijos por la exposición a sustancias peligrosas, al igual de casos de trabajadores también expuestos a estos tóxicos que enfrentan enfermedades terminales y otros testimonios de numerosas personas que hablan acerca de la vida en comunidad, sabiendo que la exposición a sustancias tóxicas en cualquier momento puede generar una enfermedad mortal. Señala que parte de esta problemática se debe a que muchas sustancias tóxicas en México no están reguladas como en otros países como en Europa y Estados Unidos, que vienen a México a instalar sus empresas sabiendo que aquí pueden contaminar y en sus naciones no; por lo que resulta indispensable el fortalecimiento institucional y normativo. En México, la ley ambiental prohíbe la importación de plaguicidas que están prohibidos en sus países de origen. Sin embargo, esta prohibición muchas veces no se aplica cuando el gobierno está obligado a cumplir con el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Aborda la importancia de proteger a las personas que, por exposición a sustancias, presentan deterioro en su salud, en sus fuentes de sustento, en sigue

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Agroindustria: 10 impactos negativos

sus derechos culturales, en la armonía de sus ecosistemas. Señala con preocupación la problemática de de fensores ambientales cuyas estadísticas de asesinato y hostigamiento van en aumento. Son numerosos los casos de defensores ambientales que pierden la vida al movilizarse junto con sus comunidades para la defensa al derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio y sostenible, por lo que es necesario cumplir también con el Acuerdo de Escazú para lograr la protección efectiva de los defensores ambientales. Debe existir un alineamiento de la política pública con las evidencias científicas que genere una política pública orientada hacia la defensa de los derechos humanos. Sobre temas que el gobierno ha reservado por con-

siderar de interés nacional menciona que el interés nacional, desde la óptica de los derechos humanos, debe ser la protección de éstos donde el acceso a la información juega un rol ineludible e irreemplazable. Que los planes de justicia ambiental del que hablan las autoridades mexicanas eviten medidas cosméticas o que sean falsas soluciones, como lo son las plantas de tratamiento de agua que no tienen la capacidad de abordar carga tóxica, que no limpian hormonas ni antibióticos como es el caso de Yucatán con la expansión descontrolada de las fábricas de cerdos. La expansión industrial en Yucatán vulnera los derechos de la gente por el aumento descontrolado de fábricas de animales, especialmente de cerdos. Hay más de 500 fábricas, algunas con 50 mil y hasta 100 mil cerdos, cuyos vo-

Imagen: Jaltún, Investigación y Acción Colectiva

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lúmenes de residuos peligrosos, excretas y otros como el uso de hormo nas y de antibióticos en los procesos industria les de crianz a generan un tremendo impacto en los acuíferos ya que Yucatán tiene suelos kársticos donde el agua se encuentra a muy pocos metros de profundidad por lo que los contaminantes migran muy rápidamente a los acuíferos que proporcionan el agua que las comunidades utilizan. Actualmente se está enfrentando una triple crisis planetaria por la pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas, contaminación y el envenenamiento paulatino del plane ta con todos los impactos que eso genera además de la emergencia climática. El concepto de desarrollo sostenible no es un proceso aislado, sino que va de la mano con la protección

del medio ambiente y el desarrollo social. Todas estas violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) no han cambiado con los nuevos gobiernos, por lo que aún se continúa vulnerando entre muchos otros, el derecho biocultural de los pueblos de proteger su territorio, prácticas y conocimiento tradicional, relación intrínseca entre su cultura y biodiversidad. Estamos pues pendientes y esperando el informe oficial sobre la visita del relator especial que se presentará al Consejo de Derechos Humanos próximamente (2026) para avanzar en la defensa de los derechos humanos, el territorio y la justicia ambiental. También continuaremos señalando la mercantilización del medio ambiente que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace como toda una experta.

Zonas de Bacalar están completamente erosionadas Foto: Eric Vives

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