A. SÁNCHEZ Y E. OLIVARES

Concentran 10 entes públicos 91% de los 69 mil mdp de cuotas que se deben al Issste

La mayor parte de lo que no se ha pagado por 20 años son ahorros de los trabajadores para su jubilación

▲ Directivos y gobiernos aplicaban los descuentos al salario, pero no aportaban al instituto. En imagen, el Hospital General Tláhuac. Foto Roberto García Ortiz

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Diez instituciones, gobiernos estatales y municipales concentran 91 por ciento de los más de 69 mil millones de pesos de cuotas que por alrededor de 20 años no se han pagado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). La mayor parte corresponde a los seguros de retiro en edad avanzada y vejez, es decir, los ahorros de los trabajadores para el momento de su jubilación.

Este es un problema que se acumuló durante varias administraciones federales, pero en 2020 se modificó la ley del organismo, con la finalidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retenga las aportaciones a las entidades que no cumplan sus obligaciones ante el instituto.

También el 2 de septiembre de 2021 entraron en vigor los lineamientos que deben cumplir las dependencias y entidades para realizar el pago de cuotas al Issste.

No obstante, persiste el rezago en el pago de 69 mil 270 millones de pesos, luego de que durante 2022 el organismo concretó 12 convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago por 3 mil 90 millones.

Ayer, el Issste informó que ya estableció contacto con los gobiernos municipales, estatales e instituciones educativas que mantienen dichos adeudos, con la finalidad de que elaboren su plan de pagos y cumplan con esa obligación.

Alberto Torres, director de Inversiones y Recaudación, aseveró que en diciembre de 2021 recibió el área con una cartera vencida de 72 mil 360 millones de pesos, de los que 8 mil 124 millones corresponden a cuotas y aportaciones del seguro de retiro, 2 mil 668 millones a Fovissste y 61 mil 568 millones por retiro en edad avanzada y vejez.

Durante el año se firmaron convenios con dos municipios y el gobierno de Quintana Roo, cinco ayuntamientos de Baja California Sur y cuatro organismos operadores municipales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Torres comentó que en los convenios se tomó en cuenta la capacidad financiera de las dependencias y entidades, así como su propuesta para cubrir el adeudo en un plazo menor a 20 años. También resaltó que este problema se originó por directivos y gobiernos que aunque aplicaban los descuentos a los salarios de los servidores públicos, no cumplían con las aportaciones al Issste.

Por otra parte, indicó que el año fiscal 2022 termina para el instituto con una reserva financiera de 120 mil millones de pesos, lo que garantiza su capacidad para responder a contingencias en materia de pensiones y jubilaciones. A esto se suman las gestiones para disminuir los adeudos de las dependencias públicas.

Abre la primera tienda de venta de cannabis legal en Nueva York

NUEVA YORK. La primera tienda de venta de cannabis legal abrió sus puertas ayer en el corazón de Manhattan, en Nueva York, con el permiso de las autoridades de la ciudad.

Más de un centenar de personas se precipitaron a la apertura de la tienda de Housing Works, organización sin fines de lucro, la primera con licencia en el estado de Nueva York (este de Estados Unidos), el cual ya entregó 36 autorizaciones desde el 21 de noviembre.

“La primera venta de cannabis legal para adultos representa un impulso histórico para esta industria en Nueva York”, se congratuló la gobernadora demócrata del cuarto estado de Estados Unidos, Kathy Hochul.

El estado de Nueva York, cuyo territorio se extiende hasta Canadá, favoreció a la asociación Housing Works, que ayuda a seropositivos, ex convictos y personas sin hogar, porque apuesta por entregar las 150 primeras licencias a comerciantes que han sido en algún momento condenados por posesión o venta de cannabis.

Ello, con el objetivo de reparar lo que considera un impacto injusto y desproporcionado de décadas de prohibición de la mariguana, en particular contra las comunidades afroestadunidenses y latinas.

El ayuntamiento prevé ventas de mil 300 millones de dólares en 2023 y la creación de entre 19 mil y 24 mil nuevos empleos en tres años.

Tribunal defi ne hoy si el Situam tiene derecho a emplazar a huelga

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

La dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) acudió ayer al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para encontrarse nuevamente con la jueza encargada de definir si la organización tiene derecho a huelga, quien les indicó que la resolución podría a darse a conocer hoy.

Luego de que el pasado miércoles integrantes del Situam acudieron a la sede del tribunal y bloquearon calles para exigir que las autoridades judiciales reconozcan su derecho a convocar al paro de labores, los inconformes fueron citados ayer para que se extiendan en su exposición de argumentos.

Ante la jueza Milene Montero Álvarez, encargada de analizar el tema, los sindicalistas reiteraron que la decisión de no admitir dos emplazamientos a huelga en días recientes con el argumento de que el Situam está regulado por el apartado B del artículo 123 constitucional –que agrupa a los empleados sin contrato colectivo de trabajo– implica desconocer que la organización ha ejercido este derecho durante más de 40 años.

“Ella nos dijo que con todos los elementos que le hemos dado va a tomar una nueva decisión, en la cual se encuentra trabajando desde ayer (miércoles), y dijo que cuando ves un documento por primera vez puedes tener una perspectiva, pero después tener otra cuando lo analizas a más profundidad”, indicó la secretaria general del Situam, Pamela Gómez Suárez.

Ésta reconoció que la juzgadora tomó en cuenta los elementos que destacó el Situam para defender su pertenencia al apartado A del artículo 123 y, por lo tanto, su derecho a llamar a huelga, pero adelantó que si la resolución final no les favorece, el colectivo seguirá realizando movilizaciones de protesta y podría presentar una queja formal contra el tribunal.

De acuerdo con Gómez, será hoy cuando probablemente se les informe si fue aceptado el tercer emplazamiento a huelga para exigir 30 por ciento de aumento salarial y también si fue reconsiderada la decisión de agrupar al sindicato en el apartado B.

Quejas laborales del T-MEC, resueltas sin aranceles ni bloqueo a exportaciones

JARED LAURELES

Obstaculizar o interferir en consultas sindicales, despedir o tomar represalias contra trabajadores por su afiliación sindical y favorecer a un gremio y obstruir a otro en la disputa de un contrato colectivo de trabajo (CCT) son algunas de las principales causas que han detonado las cinco quejas laborales en el contexto del T-MEC.

Según un balance de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), todas las quejas han sido atendidas sin paneles arbitrales ni sanciones arancelarias o bloqueos a las exportaciones.

Sólo el caso Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, no se aceptó, indicó la dependencia. En tanto, las otras cuatro quejas se han resuelto mediante mecanismos de reparación, entre ellas la de Manufacturas VU. No obstante, denunció la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), esta empresa con sede en Coahuila ha incumplido los compromisos, por lo que se podría reactivar el conflicto.

Como informó este diario en noviembre pasado, la LSOM prepara una segunda queja al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), debido a que la compañía de autopartes se niega a negociar un nuevo CCT, además de que se sigue reprimiendo a los trabajadores que expresan su apoyo a la liga.

El MLRR es un instrumento exclusivo para posibles violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva. “Basta con la presunción de denegación de derechos para que se active”, señala la STPS. De ser el caso, los panelistas de los países integrantes del TMEC pueden visitar los centros de trabajo para recabar información.

Las organizaciones sindicales independientes han sido las principales en promover el mecanismo laboral. El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios, Movimiento 20/32 ha presentado tres quejas en el contexto del TMEC: Tridonex, Panasonic y BBB Industries, esta última aún en investigación.

El Sindicato Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, también presentó una queja contra Teksid y ocho años después logró que la empresa lo reconociera como titular del CCT. Está en trámite una queja más por la huelga en Sombrerete. Otra queja se dio en General Motors de Silao, donde se anuló una votación debido “al robo de material electoral” e irregularidades para legitimar el CCT. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz finalmente obtuvo la representación.

EN CUATRO AÑOS SE HA INCREMENTADO 75%

Aumentará a 6 mil 310 pesos mensuales el apoyo a Jóvenes Construyendo el Futuro

JARED LAURELES

Para 2023, la beca que reciben los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará 20 por ciento, al pasar de 5 mil 258 a 6 mil 310 pesos mensuales, de acuerdo con las reglas de operación.

Se trata de uno de los programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador con cobertura nacional y contará con 23 mil millones de pesos el próximo año para la capacitación de las personas que participen, según el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde el inicio de la administración se han beneficiado 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, quienes reciben capacitación en empresas que les enseñan una

INAI: urgen acciones del Estado contra la opacidad

DE LA REDACCIÓN

El Estado mexicano debe diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana para acabar con la opacidad, de acuerdo con Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Es importante que el Estado mexicano contribuya en el diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas, de la mano de personas expertas y la sociedad civil organizada, para eliminar espacios de opacidad”, planteó.

Al participar en el Seminario Permanente Transparencia y Combate a la Corrupción 2022, Conferencia magistral “Hacia un Parlamento Abierto”, Alcalá Méndez expuso que el modelo de gobierno abierto surgió como una potencial alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, según un comunicado.

El comisionado del INAI recordó que el gobierno abierto surgió en un contexto de profunda adversidad, en un momento señalado como el inicio de una crisis en la democracia, derivada de la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones o autoridades.

“El gobierno abierto lo podemos definir en México como un esquema de gestión y de producción de políticas públicas, orientado a la atención y solución colaborativa de problemas públicos”, enfatizó. actividad laboral, a cambio de una remuneración económica que aporta el gobierno. Han participado 370 mil empresas de todo el país en la vinculación de aprendices.

El apoyo económico ha aumentado 75 por ciento en cuatro años, dado que en un inicio la beca era de 3 mil 600 pesos y a partir del primero de enero de 2023 será de 6 mil 310 pesos, un ajuste en términos del salario mínimo del próximo año.

De acuerdo con las reglas de operación publicadas ayer en el Diario Oficial y que entran hoy en vigor, el apoyo económico que otorga la STPS es hasta por 12 meses, a través de una cuenta bancaria y sin intermediarios. Los becarios contarán con seguridad social en ramas de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Podrán participar jóvenes que al momento de postularse no estudian ni trabajan. Serán causales de baja de los aprendices el hecho de ser beneficiario de otro programa social que otorgue becas educativas; incumplir con los horarios y actividades del plan, así como de los requerimientos solicitados.

Para la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se dará prioridad a quienes habiten en municipios con alto índice de rezago social, con alta incidencia delictiva y a integrantes de grupos históricamente discriminados, señala el documento.