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JESSICA XANTOMILA, ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y REDACCIÓN / P 7 Y
by La Jornada
El INE, sin facultades para posponer la revocación de mandato, resuelve el TEPJF
De forma unánime, el tribunal ordena ajustar el presupuesto para realizar el ejercicio democrático
JESSICA XANTOMILA
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene atribuciones para posponer el proceso de revocación de mandato y, por el contrario, al tener la obligación de garantizar su ejercicio, debe implementar las medidas y realizar los ajustes presupuestales necesarios para que en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales, se continúe con dicho mecanismo de participación directa.
En el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, aprobado por unanimidad y por el que se revoca el acuerdo del INE, se establece vincular a la Secretaría de Hacienda para que coadyuve en propiciar la obtención de los elementos necesarios, así sea “dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político electoral de participación ciudadana”.
En la sesión virtual, que inició con más de tres horas de retraso, Fuentes Barrera destacó que la insuficiencia presupuestal argumentada por el instituto “en principio no es una razón válida prevista en la normativa para dejar de desarrollar las actividades ya calendarizadas” sobre el desarrollo del proceso de revocación de mandato. Además, “fue incorrecto” que sustentara dicha determinación en la “existencia de una causa de fuerza mayor”, pues “incluso no se demostró fehacientemente la falta de recursos en este medio de impugnación, porque se omitió argumentar la imposibilidad de llevar a cabo otras medidas presupuestarias”.
Recordó que el Consejo General del INE “únicamente puede interrumpir el proceso de revocación de mandato conforme a las hipótesis previstas en la propia normativa, la cual señala que esto sucede cuando no se reúnan las firmas equivalentes a 3 por ciento de la lista nominal de electores o la dispersión correspondiente a 17 entidades federativas”.
Respecto de la vinculación de la Secretaría de Hacienda, el magistrado Felipe de la Mata afirmó que ello se requiere “a efecto de garantizar justamente el ejercicio pleno de la ciudadanía en la revocación de mandato, al ser autoridad para autorizar las erogaciones adicionales aprobadas. Esto en el entendido que el INE debe realizar los ajustes presupuestarios que correspondan a fin de que en el ejercicio de su autonomía constitucional determine áreas de las cuales pueda obtener recursos siempre que no se afecten funciones prioritarias fundamentales en los procesos administrativos y electorales necesarios para la función electoral”.
Precisó que además la respuesta de la citada secretaría, sobre la solicitud presupuestaria que haga el INE, tendrá que emitirse a la brevedad, “de manera fundada y motivada, en la que pormenorizadamente atienda completamente la petición”, y considere que se está en presencia de una obligación del Estado mexicano, que involucra la participación de la ciudadanía en la vida pública del país.
El proyecto analizado ayer se basó en el recurso de apelación promovido por los partidos Morena y del Trabajo, relacionado con el acuerdo aprobado el 17 de diciembre pasado, por el Consejo General del INE de suspender temporalmente el desarrollo del proceso de revocación de mandato, pues en el presentado por el presidente Andrés Manuel López se consideró que careció de legitimación procesal activa y de “un interés legítimo para acudir a esta instancia”, mientras que el que fue promovido por organizaciones civiles y ciudadanos, se señaló que el acto impugnado aún no surte los efectos jurídicos de manera que pudiera implicarles una afectación.
▲ Organizaciones civiles entregaron hace unos días las firmas de ciudadanos que apoyan la realización de la consulta para la revocación de mandato. Foto Luis Castillo
Decisión autoritaria, la denuncia contra consejeros: Murayama
Luego de que la presidencia de la Cámara de Diputados desistió de continuar con la denuncia contra los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobaron la suspensión temporal del desarrollo del proceso de revocación de mandato, el consejero Ciro Murayama consideró que dicha decisión se tomó tras “la amplia reprobación pública” que tuvo esta acción. En redes sociales expuso: “La presidencia de la Cámara de Diputados detiene su intención de perseguir penalmente a consejeros del INE. Menos mal. Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario”. A su vez, el consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que “frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad (académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones civiles, organizaciones gremiales, etc.) es fundamental”. Jessica Xantomila
Morena exige sanción política contra el instituto
Aunque la Cámara de Diputados se desistió de la denuncia penal contra los consejeros electorales por el acuerdo que frenaba la consulta de revocación de mandato, “tiene que haber una sanción política de esta intentona de cancelar derechos de la ciudadanía”, afirmó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
Al asistir a la toma de protesta de Michelle Núñez Ponce como presidenta municipal de Valle de Bravo, y cuestionado sobre la posición del partido en este tema, afirmó que la acción de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) buscaba suspender un derecho sin ser una autoridad competente para tomar la determinación.
Explicó que únicamente el presidente de la República puede establecer medidas de este tipo cuando hay un estado de excepción en la nación, pero requiere para ello la aprobación del Congreso de la Unión e incluso en esa situación no se pueden restringir los derechos políticos, a la vida, a la personalidad, a la no discriminación o a la libertad.
“Lo que ellos pretendieron fue, sin ser autoridad competente, a través de un acto administrativo, suspender un derecho fundamental establecido en la Constitución, lo cual es gravísimo”, agregó el dirigente del partido guinda.
No se trata de una persecución, sino de una consecuencia por las decisiones de los consejeros, recalcó.
Frente al recurso de inconstitucionalidad anunciado el martes por las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, el morenista expresó que dichas fuerzas políticas “están en contra de los programas sociales, no les gusta que ahora el dinero se destine a la gente que más lo necesita, extrañan sus moches y etiquetados”.
Para la oposición, aseguró, el PEF es un “trago amargo” pero para la ciudadanía “es una gran noticia, porque continuará la inversión histórica en la gente, pues con la cuarta transformación el dinero de los mexicanos dejó de ser un botín político”. Comparó que a diferencia de gobiernos pasados en los que “el dinero nunca alcanzaba y se destinaba a moches o se los robaban”, ahora representa una inversión histórica para programas sociales e infraestructura. De la Redacción
Propuesta permite ahorrar 900 mdp en la organización de la consulta
JESSICA XANTOMILA
Al recibir la propuesta del consejero suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Hamlet García, para ahorrar 900 millones de pesos en la organización de una eventual consulta para la revocación de mandato, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este organismo, Roberto Cardiel, indicó que será revisada “a la luz de la viabilidad técnica y operativa, así mismo se valorará en términos de la normatividad vigente”.
La propuesta plantea que en lugar de que el INE gaste mil 212.3 millones de pesos para contratar capacitadores, supervisores y personal técnico para instruir a funcionarios de casilla, se concurse “de manera urgente” una plataforma virtual de enseñanza para permitir que los participantes puedan prepararse a través de tutoriales por Internet y clases en Zoom, entre otras. Para ello, puntualizó García, “no se requeriría la celebración de los 40 mil contratos estimados para capacitadores y supervisores”. Indicó que esta plataforma tecnológica “podría contratarse fácilmente por no más de 50 millones de pesos y auguramos que cientos de empresas y universidades acudirían gustosas a competir”.
De hecho, refirió, “ya existe una avanzada plataforma de enseñanza en materia electoral operada por la Escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha capacitado a decenas de miles de ciudadanos y abogados”.
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ
