NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ, CÉSAR ARELLANO Y REDACCIÓN / P 3 Y

INE: sólo dos entidades, con el mínimo de fi rmas para la revocación

DE LA REDACCIÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de una tarjeta informativa, indicó que de acuerdo con el reporte preliminar de avance en los apoyos recibidos a través del aplicativo móvil para la revocación de mandato con corte al 25 de diciembre de este año, se recibieron un millón 382 mil 31 firmas, de las cuales un millón 80 mil 898 se verificaron en la Lista Nominal, lo que representa 39.19 por ciento de avance respecto a los apoyos requeridos, 2 millones 758 mil 227 firmas. Destaca que 301 mil 133 presentaron alguna inconsistencia.

Únicamente dos entidades han alcanzado el número mínimo de firmas requerido para la realización de la revocación de mandato: Ciudad de México y Tabasco.

Detalla que 27 entidades tienen menos de uno por ciento de las firmas de su listado nominal de electores y que en estados como Colima, Nayarit y Sonora el número de firmas alcanzado es menor a 3 por ciento del número requerido en cada entidad. Además de que en 13 entidades el número de firmas recabado no supera 10 por ciento del mínimo requerido.

Refiere que el 25 de diciembre pasado, el INE recibió aproximadamente 2 mil 398 cajas con firmas en formatos físicos, las cuales serán cuantificadas y valoradas por la autoridad electoral. Informa que, respecto a la modalidad de recepción, un millón 370 mil 872 firmas fueron vía auxiliar y 11 mil 159 Por mi Apoyo.

Inconsistencias

En el caso de las 301 mil 133 firmas, precisa el INE, algunas de las inconsistencias encontradas fueron: la imagen no corresponde con el original de la credencial para votar, se envió unicamente el anverso o reverso, la imagen presentada no corresponde al físico de la credencial, imagen en blanco y negro, imagen ilegible, la foto viva no corresponde a la persona que emite su apoyo, la imagen de la persona que emite el apoyo no fue tomada directamente, entre otras.

El INE asevera que de lo anterior se concluye que la validez de las firmas recabadas en papel son la única puerta a una posible revocación de mandato del Presidente de la República, ya que los apoyos recabados a través de la aplicación no son suficientes para llegar al umbral establecido por la ley.

Recuerda que el 4 de febrero del próximo año el INE emitirá la convocatoria para la revocación de mandato si las firmas de apoyo alcanzan 3% de la lista nominal de electores en 17 estados.

PUBLICAN DECRETO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Lanzan programa especial para atender a poblaciones indígenas

DE LA REDACCIÓN

Con el objetivo de coadyuvar a resolver la situación de “pobreza, desigualdad e injusticia” que han enfrentado históricamente los pueblos indígenas y afromexicanos, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el programa especial para la atención a esas comunidades.

El programa, que dependerá del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pretende, entre otras cosas, garantizar el desarrollo social de esos pueblos y será de atención obligatoria para todas las dependencias de la administración pública federal.

De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2020 3.4 millones de indígenas vivían en pobreza extrema, lo que representa 29.2 por ciento del total de la población que reside en hogares originarios del país.

“En este sentido, la población indígena y afromexicana es la que presenta mayores niveles en los indicadores de carencia social”, señaló el INPI en un comunicado. Agregó que las desigualdades y pobreza en estos sectores “se profundizaron en el periodo neoliberal” debido a las políticas de exclusión.

El Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024 fue elaborado por el INPI en diálogo con las comunidades, conforme a los ejes generales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, detalló la institución.

El programa especial contempla fortalecer y aprovechar la diversidad cultural, social y económica del país; establecer políticas públicas con pertinencia cultural y perspectiva de derechos, diseñadas, ejecutadas y evaluadas en coordinación con los gobiernos y formas tradicionales de organización de los pueblos, y atender sus reivindicaciones y aspiraciones mediante cinco objetivos prioritarios.

Uno será promover el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en particular el derecho a la libre determinación, tierras, territorios y recursos naturales y participación y consulta desde una perspectiva integral, intercultural y de género.

Uno más es garantizar el desarrollo integral y el bienestar común de las regiones indígenas y afromexicanas, mediante el fortalecimiento de sus sistemas económicos, el mejoramiento de la infraestructura social y el aprovechamiento sustentable de sus tierras, territorios y recursos naturales.

También se fortalecerá y protegerá el patrimonio cultural tangible e intangible de esas comunidades, considerando sus expresiones artísticas, científicas, tecnológicas y filosóficas, particularmente la educación, la medicina tradicional, las lenguas indígenas y los medios de comunicación.

El cuarto objetivo es promover la perspectiva intercultural en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de la coordinación transversal de la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales con las autoridades indígenas y afromexicanas.

Y, finalmente, se impulsará un marco jurídico e institucional “que dé pleno reconocimiento a los derechos de esos pueblos, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, en especial su carácter de sujetos de derecho público, para la construcción de una nación pluricultural”.

Triquis exigen retorno seguro a sus hogares

EMIR OLIVARES ALONSO

Pobladores desplazados de la comunidad Tierra Blanca Copala, en la mixteca de Oaxaca, bloquearon ayer el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, para demandar que los gobiernos estatal y federal les brinden las condiciones para un retorno seguro a sus hogares, de donde huyeron hace justo un año debido a la violencia generada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

Recordaron que el 26 de septiembre de 2020 fueron víctimas de un ataque armado por parte de integrantes de ese grupo, al que calificaron como “paramilitar”, que resultó en el asesinato de Andrés Martínez, quien viajaba en su auto con tres de sus hijos (todos niños), quienes fueron heridos gravemente, además de otras personas lesionadas.

Esto orilló a 143 familias a abandonar su comunidad y desplazarse de manera forzada hacia otras zonas del estado. Desde enero de este año una representación de esta comunidad triqui –que cuenta con el apoyo del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente– mantiene un plantón permanente frente al Palacio de Bellas Artes en demanda de solución y la presencia de la Guardia Nacional u otra corporación de seguridad para que puedan regresar a casa sin temor por su integridad.

Señalaron que se han dado negociaciones con representantes federales y estatales, incluidos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pero “no hay ningún avance” y las familias siguen en el éxodo obligado. Pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador “que voltee a vernos” para resolver la situación.

El conflicto entre comunidades triquis en la mixteca oaxaqueña es añejo y constantemente hay ataques armados contra habitantes de la región. En la mayoría han sido señalados como responsables los integrantes del MULT. Por años las administraciones estatales y federales no han podido frenar esta violencia.

Los manifestantes recordaron que el 27 de julio, después de los trabajos de la mesa interinstitucional, se acordó el retorno de las 503 personas desplazadas y el MULT “lo impidió al realizar un bloqueo a la comunidad. Entre ellos estaba la diputada suplente de Morena por Tlaxiaco, Emelia Ortiz García, militante de esa organización paramilitar. Pese al acuerdo, ese grupo dijo que entrarían sólo 20 personas al día y rechazaron la presencia de corporaciones de seguridad. Eso

▲ Tras un año de desplazamiento forzado, bloquearon el Eje Central, en la CDMX, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde mantienen un plantón permanente. Foto Roberto García Ortiz

no garantiza nuestra seguridad”.

Exigieron que Encinas y Murat vuelvan a participar en las mesas de negociación, ya que sus colaboradores encargados “hasta ahora no han resuelto el problema y los paramilitares siguen acosando a nuestra comunidad”.