JIM CASON, ESPECIAL PARA LA JORNADA, Y DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

“CLARÍSIMA VIOLACIÓN DEL T-MEC”

Productores de EU exigen acción contra México por prohibir el grano transgénico

El objetivo del decreto del gobierno mexicano es eliminar el uso del glifosato y proteger la salud de la población y el ambiente

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES WASHINGTON Y NUEVA YORK

La Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés) contempla emprender una acción legal en Estados Unidos para obligar a su gobierno a iniciar un caso contra México por violación a las disposiciones de biotecnología del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se ha sumado a la advertencia de la agroindustria de que la acción mexicana causará daños de miles de millones de dólares a los productores estadunidenses y a la vez elevará el precio de la tortilla y otros productos esenciales para los consumidores al sur del río Bravo.

La inconformidad de los grandes productores de maíz estadunidenses es resultado del decreto del gobierno mexicano del 31 de diciembre de 2020. En él se establece la eliminación gradual del herbicida glifosato y se faculta a las autoridades de bioseguridad a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado en la alimentación, hasta sustituirlo totalmente a más tardar el 31 de enero de 2024. Su objetivo es proteger la salud de la población y el ambiente. A raíz de su reciente visita a Washington, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, propuso a Estados Unidos aplazar el decreto de 2024 a 2025.

Sólo en el primer año de veto la industria perdería 3.5 mil millones de dólares, dicen Tendríamos una Navidad más feliz si registraran la disputa ahora mismo

“Esto es una clarísima violación del T-MEC, estamos instando a USTR [Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos] a que establezca un panel de disputa”, afirmó Angus Kelly, director de políticas públicas de la NCGA, que representa a unos 300 mil granjeros en Estados Unidos. En entrevista con La Jornada indicó que la NCGA contempla sus opciones legales para presionar a que su gobierno actúe cuanto antes. “Ya se nos acabó el tiempo.”

Kelly explicó que los granjeros estadunidenses ya están colocando sus órdenes para la compra de semillas para el cultivo del año entrante y que el maíz producido en 2022 y 2023 estará en el mercado más allá del plazo límite en que México dice que prohibirá el maíz transgénico. En respuesta al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se postergará la prohibición hasta 2025, otra fuente de la industria del maíz explicó que los granjeros necesitan certidumbre para tomar decisiones a largo plazo sobre inversiones en sus cultivos.

Presentar pruebas

T-MEC. En carta enviada al presidente Joe Biden la semana pasada, los líderes de 23 organizaciones estatales de productores de maíz y la NCGA lo instaron a que exigiera a México retirar el decreto de 2020 sobre una veda de importación de maíz transgénico y que se opusiera a todo impedimento sobre maíz biotécnico, incluyendo maíz blanco.

Bajo el T-MEC, acepta Kelly, México tiene derecho de presentar pruebas y datos que demuestren que el maíz transgénico es nocivo. “Si México dice que el maíz genéticamente modificado te puede enfermar, ¿por favor pueden presentar algunos datos? Hasta ahora, no han presentado ningún dato”, afirmó.

Los granjeros estadunidenses no pueden abandonar el cultivo de maíz transgénico, insistió Kelly. “Nuestros granjeros no desean cambiar el maíz genéticamente modificado, y no lo harán… Sería como sustituir electricidad con velas.” Señaló que aunque el precio del maíz y otros productos agrarios es más alto ahora que en algunas ocasiones del pasado, la agricultura en Estados Unidos es un negocio riesgoso y que la prohibición al maíz transgénico tendría impactos negativos tanto en Estados Unidos como en México.

De hecho, el NCGA junto con varias organizaciones de la industria maicera y agraria en Estados Unidos y México financiaron una investigación sobre el impacto de la prohibición propuesta por el gobierno mexicano. El informe fue elaborado por la consultoría World Perspectives, publicado en septiembre pasado, y proyecta el impacto potencial de varios tipos de prohibición de importación del maíz estadunidense.

“A lo largo de 10 años del plazo proyectado, la prohibición mexicana sobre maíz genéticamente modificado causará pérdidas de producción económica de 73.89 miles de millones de dólares a la economía estadunidense”, señala el informe. “Adicionalmente, Estados Unidos perdería 32 mil 217 empleos anualmente”, concluye, subrayando que la industria del maíz perdería 3.5 mil millones de

▲ La agricultura en EU es un negocio arriesgado, dice Angus Kelly, directivo de la agrupación maicera NCGA. En la imagen, un cultivo afectado por la sequía en Nashville, Illinois. Foto Ap

dólares sólo en el primer año de una prohibición.

Kelly, entre otros entrevistados por La Jornada, insistieron en que el impacto sobre México también sería grave. Según el mismo informe de World Perspectives, “el PIB de México se desplomaría 11.72 mil millones de dólares a lo largo de 10 años… Habrá una pérdida anual de 56 mil 958 empleos”. Advierten que el mayor impacto sería sobre los 55 millones de personas que viven en pobreza en México, ya que “en el primer año de una prohibición de maíz transgénico, el precio de las tortillas se elevaría 16 por ciento, seguido por un incremento de 22 por ciento el año siguiente y uno de 30 por ciento en el tercer año de una prohibición, comparado con lo que sucedería sin tal medida”.

La NCGA y sus aliados tienen prisa y su deseo es que Washington registre una disputa formal bajo el T-MEC cuanto antes. “Sabemos que el USTR tiene la capacidad y la experiencia legal para hacerlo. Tendríamos una Navidad más feliz si la registraran ahora mismo.”

A pesar del Título 42, miles buscan llegar a EU; la mayoría provienen de Venezuela

JESSICA XANTOMILA Y NÉSTOR JIMÉNEZ

Diseñado como un instrumento para contener de manera más eficaz los crecientes flujos migratorios por la frontera entre México y Estados Unidos, el denominado Título 42 ha resultado insuficiente para desalentar el cruce de personas que desean llega a esa nación, especialmente de origen venezolano.

No sólo arriban a territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos, sino que muchos de los que fueron expulsados bajo esa medida se han visto obligados a permanecer varados en México y no tienen otra opción más que refugiarse en albergues fronterizos saturados, sin empleos o en el mejor de los casos con trabajos precarios.

Tanto los migrantes que llegando a México como los que intentan ingresar a Estados Unidos en varias ocasiones viven en la incertidumbre, ya que por las deudas que adquirieron para la travesía, de miles de dólares que, regresar sin recursos a su país no representa para ellos una alternativa.

Por eso se ven en la disyuntiva de entrar a Estados Unidos, a pesar de la alta probabilidad de ser deportados de nuevo, regresar con sus familias a Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile, o quedarse en México, un nuevo objetivo que no estaba originalmente en sus expectativas.

“Lo que está en juego para ellos es su vida, y una decisión de ese tipo no la pueden tomar en tan poco tiempo… el que Estados Unidos les abriera primero las puertas de par en par (ya que al principio los recibía sin trabas) y después se las cerrara con el Título 42, ha sido un golpe muy fuerte. Ellos invirtieron todo para llegar a ese país”, dijo Gabriela Hernández, coordinadora del albergue Casa Tochan.

El número de venezolanos que buscan entrar a Estados Unidos por México creció en 2022. Por eso se estableció el Título 42 desde el 12 de octubre, bajo el argumento de reforzar los controles en materia de salud. La medida estaba proyectada para concluir el 21 de diciembre, pero diversos gobiernos estatales estadunidenses obtuvieron un amparo que lo mantiene vigente.

Si bien no existen cifras de la migración irregular, los reportes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación dan cuenta de la magnitud del movimiento por las detenciones de migrantes, renglón en el que los venezolanos ocupan el primer lugar en el presente año.

En sus estadísticas se muestra que de enero a octubre de 2022, de las 345 mil 644 personas detenidas, 72 mil 762 provienen de Venezuela. La cifra supera los 62 mil 657 casos de hondureños, 59 mil 797 de los guatemaltecos o los 34 mil 905 de cubanos.

Andanzas desde Medellín

Entre los casos de los miles de venezolanos expulsados de Estados Unidos a México por el Título 42 se encuentra el de Jona Carlo Vargas. Aunque nació en ese país, salió desde Medellín, Colombia, donde llegó a vivir hace más de un año. “Yo quería entrar a Estados Unidos para ayudar a mi mamá, tengo una tía que vive allá y es la que me iba a recibir”, compartió en entrevista.

Relató que ya conocía la medida de expulsión inmediata, pero se atrevió a seguir porque “me estaban diciendo que los venezolanos estaban pasando a pesar de ella, pero me agarró migración y me devolvieron a Villahermosa, Tabasco”. Tras ser deportado, la misma tía que lo espera en Estados Unidos pagó a un coyote para que lo cruzara. Tuvo que desembolsar 4 mil dólares (casi 80 mil pesos mexicanos) para que pudiera viajar, primero en avión

Jona Carlo es vigilante en la Ciudad de México y debe pagar $112 mil por su viaje

Por el frío, el INM apoyará a migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que pondrá en marcha acciones de ayuda humanitaria para salvaguardar la salud y la vida de migrantes que cruzan por el país ante la onda gélida que afecta diversas regiones. En coordinación y colaboración con otras instancias del gobierno de México, así como autoridades estatales y municipales, la dependencia agregó que conducirá a las personas en contexto de movilidad a albergues cercanos, donde se les dotará de cobijas, bebidas calientes y alimentos que les ayuden a evitar daños en su salud.

También dispondrá de enseres y otros artículos a fin de proporcionar ambientes cálidos en las áreas en las que se alojen, y mantendrá comunicación permanente para atender de manera inmediata cualquier caso de emergencia.

En un comunicado de prensa, el INM refrendó su compromiso con la defensa y salvaguarda de los derechos de las personas migrantes sin menoscabo de su nacionalidad o condición social, política o económica. De la Redacción de Cancún a Torreón, luego a Monclova, y después cruzar el río Bravo, donde voluntariamente se entregó, como le recomendaron, pero de nueva cuenta fue rechazado.

En sus dos regresos fue asaltado por policías estatales en Durango, donde lo acusaron de intentar robar un tren, pero no lo remitieron a una estación migratoria, y sin mayor papeleo a los dos días lo dejaron libre, ya sin dinero.

Ahora se encuentra en la Ciudad de México, donde trabaja de vigilante en el que le pagan 6 mil pesos mensuales, insuficientes para cubrir sus necesidades y saldar la deuda que tiene con su tía, de 5 mil 700 dólares (112 mil 783 pesos).

Con familia es más difícil moverse

Los perfiles de quienes han dejado Sudamérica son variados. También está el caso de Naydelis, de 34 años, quien lleva 12 meses en la búsqueda de llegar a Estados Unidos junto con su esposo y dos hijos de 13 y 7 años. En Venezuela trabajaba en la policía científica, mientras él era agente de tránsito, pero el sueldo ya no les alcanzaba, por eso decidieron irse a Ecuador en noviembre de 2021, donde nació su hija menor, ahora de nueve meses.

Sin embargo, por la falta de opor-

▲ Decenas de migrantes en un refugio improvisado en Matamoros, Tamaulipas, donde la temperatura al amanecer de ayer fue de 3 grados. Foto Ap

tunidades y la inseguridad en ese país buscaron irse a Estados Unidos en agosto de 2022. Como parte de su trayecto llegó a México en septiembre y desde hace poco más de dos meses viven en un albergue porque la aplicación del Título 42 frustró su camino.

“Nosotros teníamos nuestro vuelo hacia la frontera el 18 de octubre y lo perdimos, preferimos ver primero por la tranquilidad de nuestros hijos antes de continuar y que nos expulsen”. Aunque afirmó que su principal objetivo es llegar a Estados Unidos, “si en México nos ofrecen una estancia permanente nos quedaríamos”.

En otro caso, Fredy tiene muy claro el panorama. Después de dejar Venezuela hace más de cinco años y platicar a diario con cientos de migrantes a quienes vende arepas en la Ciudad de México, está seguro que el flujo no se va frenar por alguna medida que apliquen los gobiernos estadunidense o mexicano. “La necesidad sigue aumentando y las personas cada vez llegan en condiciones más precarias”.

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ 2104 DÍAS 2051 DÍAS

En nueve meses de este año, la Sedena sufrió casi 3 mil ataques cibernéticos

EDUARDO MURILLO

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó 2 mil 945 ataques cibernéticos a sus sistemas de cómputo durante los primeros nueve meses de 2022; los intentos de entrar ilegalmente en sus servidores se duplicaron a partir de septiembre, cuando se reveló la intrusión contra el Ejército por el grupo de hackers autodenominado Guacamaya.

Según un reporte elaborado por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, el número de ataques de este tipo pasó de 468 en agosto, a 979 al mes siguiente. La mayoría se clasificó como “intento de intrusión”, con un total de 800 casos registrados en septiembre.

Ese organismo castrense fue creado a partir de las reformas a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos promulgadas en febrero pasado. Se trata de un ente técnico operativo cuya finalidad es auxiliar en la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la seguridad militar.

Integrado por personal Diplomado del Estado Mayor, tiene entre sus responsabilidades mantener “estrecha colaboración con órganos afines, oficiales y particulares, a efecto de obtener los datos necesarios que sirvan de fundamento a sus informes y opiniones de carácter técnico para controlar las obras, instalaciones y organizaciones de la misma naturaleza, cuya importancia lo amerite desde el punto de vista militar y para llevar a cabo investigaciones en los campos científico y tecnológico”.

El reporte clasifica los ataques cibernéticos registrados por la Sedena en 12 categorías diferentes: programas maliciosos, intento de acceso desde un navegador que permite el anonimato, ataque por fuerza bruta, acceso proveniente de un origen que se encuentra en la lista negra por mala reputación, escaneo de vulnerabilidades, intento de intrusión, amenaza persistente avanzada, correo malicioso, acceso a redes de anonimato, ataque DDoS, phishing y acceso no autorizado a sistemas.

Luego de los intentos de intrusión, las técnicas más utilizadas para intentar ingresar a los sistemas del Ejército Mexicano son el phishing, con 101 casos, así como el escaneo de vulnerabilidades, con 50.

El informe incluye las cifras de 2021, cuando intentaron vulnerar los servidores 2 mil 291 ocasiones en todo el año, mientras de febrero a diciembre de 2020 fueron 7 mil 667 casos.

En ese año la técnica más utilizada por lo hackers fue el escaneo de vulnerabilidades, con un total de 3 mil 349 intentos, seguida por la inyección de códigos maliciosos, de los que se registraron 2 mil 155 eventos.

En noviembre, La Jornada informó que la Sedena desarrolla, junto con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, un sistema web para el cifrado de archivos que sustituya al de encriptación de arcanos, con el cual se espera reducir el efecto de estos intentos de ataque.

Esto permitirá “realizar un intercambio automático de llaves cifradas utilizando autenticación multinivel (además de usuario y contraseña, otras medidas como lector de huella digital y lector de tarjetas magnéticas) a fin de fortalecer su seguridad”, según el contrato para el proyecto que tendrá un costo de 11 millones 56 mil 266 pesos y estará en operación hasta septiembre de 2024.

Ordenan liberar cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Un tribunal colegiado de Tamaulipas concedió suspensión definitiva al senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordene “de inmediato” a las instituciones bancarias descongelar sus cuentas a fin de que pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos, ya que el procedimiento no se generó por una petición internacional.

Por unanimidad, los magistrados José Manuel Quistián Espericueta, Osbaldo López García y Carlos Manuel Bautista Soto confirmaron el fallo del juzgado octavo de distrito, que en agosto pasado otorgó la medida cautelar de los actos reclamados por el hermano del ex gobernador de esa entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En su demanda de amparo, Ismael García Cabeza de Vaca calificó de inconstitucional el embargo de tres cuentas abiertas en Banregio, así como una de Banorte.

Bloqueo debió solicitarse en Estados Unidos

En mayo de 2021, la UIF –entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo– ordenó suspender cuentas bancarias del entonces mandatario estatal, así como de algunos familiares, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la dependencia, la inclusión del senador panista en la lista de personas bloqueadas fue por la existencia de elementos suficientes para deducir que las cuentas en esas instituciones eran utilizadas para mover dinero de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional.

De esa manera, se exigió proceder bajo el argumento de que el agregado jurídico de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realiza una indagatoria sobre lavado internacional de activos, con lo que se persigue desmantelar la organización y prevenir futuras actividades ilegales en México y Estados Unidos.

Sin embargo, en el resolutivo los magistrados argumentaron que el bloqueo de las cuentas bancarias del quejoso no tuvo su génesis en petición expresa y concreta de una autoridad extranjera, específicamente de Estados Unidos, sino en el acuerdo emitido por el titular de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“La medida cautelar implementada en contra del solicitante del amparo no está justificada en una solicitud expresa de realizar dicho aseguramiento emitida por autoridades extranjeras u organismos internacionales que, conforme a un tratado bilateral o multilateral, cuenten con atribuciones en la materia y con competencia para realizar tal petición, sino únicamente en la seguridad del sistema financiero nacional.”

Asimismo, los impartidores de justicia consideraron que los agravios expresados por la autoridad en el recurso de revisión adhesiva son infundados. “Los argumentos encaminados a ampliar los motivos sostenidos por el juez de distrito para considerar que la concesión de la suspensión definitiva es contraria al interés social y contraviene disposiciones de orden público devienen inoperantes”.

EL VERDADERO RECALENTADO

▲ El frío fue el pretexto ideal para seguir enfiestados durante la Navidad. Foto Luis Castillo

Códigos penales de 22 entidades minimizan agresiones con ácido

DE LA REDACCIÓN

Sólo 10 entidades del país han establecido en sus códigos penales que el ataque con ácido y sustancias corrosivas se incluyan como violencia de género, sostuvo la diputada federal Ana Laura Bernal, del PT.

La legisladora lamentó que en los 22 estados en los que no está tipificado los agresores pueden recibir penas bajas por calificarse el delito bajo el rubro de lesiones, por lo que anunció la presentación de una iniciativa para definir, dentro del Código Penal Federal, penas de seis a 15 años de prisión y multas de hasta mil veces el valor de la unidad de medida y actualización –96 mil 222 pesos, de acuerdo con el valor vigente este año– a quien inflija una lesión con ácidos, sustancias corrosivas, químicas o inflamables.

Explicó que los ataques con ácido contra mujeres, principalmente en los que se daña su rostro, “son un acto sumamente repugnante que enfatiza el odio que existe hacia ellas y se considera uno de los más misóginos y horripilantes en contra de ellas, después del feminicidio”.

Al no estar definido en la mayoría de los códigos penales estatales “se trata de algo sumamente preocupante, porque este tipo de acciones violentas suceden en todo el país, por lo que si una entidad federativa no regula este tipo de hecho ilícito como en otros estados, se tipificaría posiblemente por el delito de lesiones, en que la pena es muy baja o peor aún, podría quedar impune”.

Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que en el país no existe un registro oficial sobre casos de mujeres atacadas con ácido, sustancias corrosivas, químicas o inflamables, a pesar de que dichas agresiones van en aumento.

Ante eso, insistió en la necesidad de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y castigar con medidas punitivas de privación de la libertad a toda persona que realice este tipo de “actos abominables”.

DESDE EL OTRO LADO

No hubo sorpresas

ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

LA COMISIÓN LEGISLATIVA que durante más de un año investigó los eventos del 6 de enero de 2021 encontró culpable a Donald Trump de ser el principal instigador de una intentona de golpe de Estado en esa trágica fecha. No fue una gran sorpresa, tomando en consideración las abundantes pruebas que el comité encontró en torno a la responsabilidad del entonces presidente cuando alentó a decenas de patibularios para asaltar el Capitolio, donde sesionaba el Congreso para declarar oficialmente a Joseph Biden presidente de Estados Unidos. Fue un hecho insólito, pero aún más significativo fue que los hechos sucedieran bajo el impulso y la dirección del presidente, saboteando las más elementales reglas de la democracia estadunidense. Así quedará registrado en los anales de la historia de ese país.

LO QUE NO está del todo claro es si el dictamen político de la comisión legislativa tendrá algún efecto jurídico. Tal vez la principal fuente de escepticismo provenga del propio Departamento de Justicia, donde decenas de abogados deliberan sobre la pertinencia y las bases jurídicas con las que se debe proceder para llevar a juicio al ex presidente. Se da por sentado que, en último término, quien deberá tomar la decisión es el abogado general de la nación, como responsable del Departamento de Justicia, no el presidente, quien ha demostrado un respeto irrestricto a la autonomía de esa rama del gobierno. Pero, si bien la independencia del abogado general de la nación facilita un proceso independiente en la aplicación de la justicia, también pone en entredicho los deseos de muchos que han invocado que se aplique el castigo que a su parecer merece Trump. La complicación estriba en los infinitos y barrocos medios de los que la defensa puede echar mano para complicar y alargar durante años un proceso que desde ahora se estima muy complejo.

EN EL PLANO jurídico, los cargos en contra del ex presidente van más allá de los que se derivan de su actuación el 6 de enero. Hay una docena más de acusaciones sobre su responsabilidad y la de su familia relativas principalmente al fraudulento manejo de sus empresas, incluido el pago de impuestos. En este terreno existe alguna posibilidad real de ver a Trump vestido de naranja, color del uniforme que usan quienes pagan una condena en las prisiones federales. Toda esta trama podría quedar congelada a raíz de la promesa de quien a partir de enero encabezará la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que ha prometido desechar todas las impugnaciones en contra de Trump y sus aliados.

Logra Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia “avances inéditos”

ALONSO URRUTIA

Aunque con algunas diferencias y retrasos en la respuesta de la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra sucia entre 1965-1990 ha obtenido “avances e información inéditos” con el ingreso a las instalaciones y acceso a los archivos militares. “Hasta ahora se han cumplido las expectativas de lo planeado” y ha habido una razonable colaboración gubernamental y militar”, afirma el integrante de la comisión David Fernández.

Fernández hace un balance del desempeño de la comisión, en el que destaca especialmente que han logrado consolidar la confianza con los colectivos de víctimas, como se corroboró en la primera audiencia pública que realizaron en Chilpancingo, Guerrero, donde la asistencia superó la estimada originalmente; por lo tanto, para 2023 se perfilan nuevas audiencias públicas cada dos meses en las entidades que fueron más sacudidas por la guerra sucia: Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco y nuevamente Guerrero, porque fue la entidad donde más se recrudeció.

Al concluir el primer año de actividad operativa, Fernández reconoció en entrevista que la renuncia de Aleida García Aguirre a la comisión, en septiembre pasado, obedeció a diferencias en la orga-

David Fernández, integrante de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra sucia entre 1965-1990, destaca la confi anza que han tenido los colectivos de víctimas para contar sus historias. Foto Víctor Camacho

nización y la logística, además de ser una llamada de atención en el seno de la comisión y en la parte gubernamental para superar estas complicaciones. “Aunque extrañamos sus aportes”, destacó que se ha podido reacomodar el trabajo para continuar la tarea.

El año ha sido productivo porque se definió con claridad la planeación –que ya comenzó a instrumentarse– y se cuenta con la ruta hasta concluir el sexenio, cuando concluye el mandato. Se tienen 12 contextos por entidad sobre las violaciones graves a derechos humanos, a partir de los cuales empezó el desarrollo de la investigación testimonial y documental con el histórico ingreso al Campo Militar número 1, así como al archivo de concentración de la Sedena, de lo que derivó un conjunto de visitas a instalaciones castrenses y la revisión de sus registros.

La comisión detectó que, en algunos casos, en las zonas militares no se halló la documentación correspondiente a esos años, por lo que se indaga si se destruyó o si se trasladó al archivo de concentración. Por ahora, “no la hemos dado por perdida del todo”, acota al referir que en esos años la legislación no obligaba a preservarlos. También, dijo, se indaga la forma en que se construyó y organizó el archivo militar para sistematizar la información, además de recrear la cadena de mando en ese periodo y un organigrama del Ejército.

Fernández destacó que no se han concentrado sólo en investigar los expedientes castrenses, sino que se revisó en el Archivo General de la Nación toda la documentación relacionada con la Dirección Federal de Seguridad y se ha tenido acceso a algunos fondos privados para determinar si tienen información que aporte a los objetivos de la comisión. En su consideración, en el avance para esclarecer las violaciones graves, ha sido fundamental la confianza que han tenido los colectivos de víctimas que se han acercado a la comisión para contar sus historias. Sin lugar a dudas, añadió, uno de los hechos más relevantes en este proceso fue el ingreso de estos colectivos al Campo Militar número 1.

A funcionarios de los sexenios pasados, la mayoría de las recomendaciones de la CNDH

JESSICA XANTOMILA

Desde 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 65 recomendaciones debido a graves violaciones a derechos humanos por actos de tortura, detención ilegal, violencia sexual y desaparición forzada, entre otras, principalmente a autoridades como la Fiscalía General de la República, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, la de Marina y la de Defensa Nacional. No obstante, más de 72 por ciento de dichos instrumentos son de casos que datan de 1994 a 2018.

Al revisar las recomendaciones de la CNDH, se observa que éstas han sido dirigidas por actos cometidos en 22 estados de la República, pero sobresalen Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

De acuerdo con información del organismo autónomo, las recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos surgen con la finalidad de proteger y defender las garantías fundamentales, “en aquellos casos en los que no es posible obtener otra forma de solución en favor de los quejosos o las personas agraviadas”.

Cabe puntualizar que si bien la mayoría de los instrumentos que han sido emitidos durante el periodo citado son de casos que sucedieron en sexenios anteriores, esto se debe a que en muchas ocasiones los agraviados presentaron sus quejas entre 2019 y 2022.

Entre las recomendaciones que la CNDH ha emitido desde 2019, hay algunas dirigidas a gobernadores y ex gobernadores, destacando el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue mencionado en instrumentos relacionados con el hallazgo en 2011 de fosas clandestinas en San Fernando, otra por desaparición forzada en 2018 y por dilación e irregular integración de las carpetas de investigación en agravio de migrantes en 2019.

Las recomendaciones que se han dirigido por actos cometidos en el actual sexenio son 15, de éstas seis en 2020. Entre las autoridades federales señaladas, predominan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y la de la Defensa Nacional.

Tortura en el Cereso de Apodaca, Nuevo León

Por uso excesivo de la fuerza y actos de tortura a consecuencia de las inadecuadas condiciones de habitabilidad que existen en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 Norte, en Apodaca, Nuevo León, así como otras violaciones al derecho a la seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia y a la verdad en agravio de los internos, la CNDH emitió una recomendación al gobernador de ese estado, Samuel García.

Indicó que tras una visita al Cereso, el 19 de septiembre pasado, se corroboró sobrepoblación, hacinamiento y que persiste la falta de actividades, debido al escaso personal de seguridad y custodia, así como de atención médica por el poco personal de salud.

En la Recomendación 232/2022, la CNDH expuso que en dicho centro las autoridades responsables fueron omisas al no atender factores e irregularidades prexistentes que inciden negativamente en la vida diaria de las personas privadas de la libertad y que se traducen en una vulneración al trato digno. Tales problemáticas, señaló, desencadenan incidentes como los del 7 y 8 de enero pasado, cuando si bien los reos ocasionaron disturbios en forma violenta, “también queda claro que las autoridades hicieron un uso excesivo e indebido de la fuerza que derivó en actos de tortura en agravio de 12” presos.

Frente a este contexto, la CNDH instó al gobierno de Nuevo León que realice acciones “para no seguir violentando los derechos humanos a la reinserción social, a la protección a la salud, trabajo y capacitación, a la educación, al deporte y a la vinculación con el exterior”, así como que se ejecute un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guardan la seguridad y la gobernabilidad.

Con información de la Redacción