ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO

Echevarría deja Nayarit en calma, afi rma AMLO y lo invita a sumarse a su gobierno

ROBERTO GARDUÑO ENVIADO TEPIC, NAYARIT

A una semana de concluir el mandato de Antonio Echevarría García, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó formar parte de su administración. El anuncio se acompañó del reconocimiento por haber devuelto la tranquilidad a los habitantes de la entidad.

“Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando, nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, con razón porque ese es el trabajo de un buen periodista, me empiezan a decir ‘¿y en dónde?’, pero yo voy a invitarlo a que nos siga apoyando en el gobierno federal.”

En la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del gobierno local, el mandatario resaltó su valía porque significará atender a niños vulnerables con parálisis corporal, muy recurrente en esta región de occidente.

En las nuevas instalaciones aludió al compromiso de preservar los programas sociales traducidos en pensiones, becas, mejor y oportuna atención médica y educación: “esto es lo que llamamos estado de bienestar y es a lo que aspiramos, a que cada vez se mejore más la situación económica y social de los mexicanos, que podamos hacer realidad el ideal de que (tengan) seguridad social desde que nacen hasta que mueren, desde la cuna hasta la tumba; que no importe la condición económica para que todos tengamos garantizados los derechos a la salud, educación y a la seguridad social”.

Así describió la relevancia del inmueble: “teníamos la preocupación de que no bastaba con ese apoyo económico, que teníamos que ocuparnos de la rehabilitación. Lo acabo de mencionar ahora que recorrimos el centro: hay muchas niñas y niños con discapacidades menores, no graves, que con tratamiento, con terapias, con rehabilitación pueden mejorar.

“Si no tienen esa atención, porque no hay centros de rehabilitación, no tienen recursos económicos las familias, pues esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave de por vida.”

Y recordó que hace un mes firmó un convenio con Teletón, por el cual el gobierno aportará recursos públicos para que sus instalaciones no permanezcan subutilizadas y atiendan a 20 mil menores. El acuerdo es el primero, en su tipo –establecido con una asociación civil– en lo que va del sexenio.

De subrayar la importancia a la atención de niñas y niños, López Obrador pasó a reconocer el trabajo de Echevarría: “Yo opino que Nayarit tuvo la suerte de contar con un buen gobernador en estos seis años, bueno, cuatro, porque hasta eso lo limitaron, a mí también me están quitando dos meses. Se hicieron muchas cosas buenas en Nayarit. Toño fue un buen, es un buen gobernador que está todavía en funciones.

“Si yo fuese nayarita y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antonio Echevarría, yo diría: Nos dio seguridad, nos devolvió la tranquilidad a Nayarit, porque ya saben que yo soy andariego y desde hace muchos años recorro todo el país, y sé cómo se vivía, se padecía de inseguridad y de violencia en este estado y cómo cambiaron completamente las cosas. Por eso le agradecemos mucho a Antonio.”

Antes del acto, afuera del CREE, sobre la avenida Colosio, le esperaba un centenar de mujeres, niños y hombres que pretendían acercársele, estrechar su mano, entregarle pliegos con demandas o tomarse una selfi. Así lo hizo Roberto González, quien ayudaba a su papá a dar mantenimiento al elevador del edificio donde vivió López Obrador y su familia, en la unidad CopilcoUniversidad.

Una pareja madura, la señora Patricia Tovar y su marido Carlos Silva, llevó una figura en pasta de San Martín Caballero. El personaje esperó un año para pasar a manos del Presidente.

Ella platicó cómo se hicieron de la imagen. “Un día mi marido me dijo que le iba a comprar este santito para que lo protegiera, porque él andaba caminando mucho”.

Y el esposo, a quien se le nublaron lo ojos, se dijo seguidor incansable del tabasqueño. “Esta imagen es de San Martín Caballero, es el que rige a los escorpiones, él es muy noble y se quita la camisa. Huuuy, ya tiene más de seis meses, pero no había tenido la oportunidad, lo he seguido en todos sus andares. Para mí el es el libertador de México, es un ser humano extraordinario, de esos personajes que no se dan a diario”.

El presupuesto 2022 busca consolidar a la salud como prioridad

VÍCTOR BALLINAS

En la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, el gobierno federal destaca que la salud es una prioridad y constituye un derecho fundamental, por lo que se buscará la consolidación de un sistema con enfoque integral, transversal e intersectorial que garantice el acceso efectivo y gratuito de toda la población a servicios de calidad en ese rubro.

En la exposición de motivos indica que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019 México destinó mil 133 dólares por habitante para el gasto en salud, cifra muy por debajo de los 9 mil 54 dólares que utiliza Estados Unidos y también inferior a la de países latinoamericanos como Colombia y Chile, con mil 276 y 2 mil 232 dólares, respectivamente.

Resalta que el gobierno federal continuará “con este gran esfuerzo” de vacunación contra el Covid-19, para eso el proyecto del PEF 2022 prevé recursos por 11 mil 632.8 millones de pesos para la contratación de personal que contribuya a la atención de la población afectada por el Covid-19 y se prevé destinar recursos por 26 mil 500 millones a la adquisición de vacunas e insumos para su aplicación.

Asimismo, se indica que en virtud de que La Ley General de Salud prevé como derecho de la población no cubrir ningún costo de recuperación por los servicios, seguirá el impulso a las compras consolidadas de medicamentos

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al presentar el proyecto de Presupuesto 2022 a los diputados. Foto Luis Castillo y materiales de curación a fin de asegurar el abasto del sector, con especial cuidado en surtir oncológicos y vacunas en el que se procuren las mejores condiciones de oportunidad bajo procesos licitatorios transparentes que generen ahorros al erario.

Para eso, en el programa del PEF 2022 se destinarán 115 mil 316.3 millones de pesos en ese proceso, que serán ejercidos por la Ssa, el IMSS, el Issste, la Sedena y la Semar.

El IMSS es uno de los pilares de la seguridad social en el país y su presupuesto garantizará el acceso a servicios médicos en los tres niveles, se subraya en el documento, pues brinda protección a más de 80.3 millones de mexicanos (incluye 11.6 millones de personas beneficiarias de IMSS Bienestar).

Para 2022, el presupuesto del Seguro Social garantizará a sus derechohabientes el acceso a servicios médicos (consulta general, especialidades y alta especialidad), seguirá con las prestaciones en especie y en dinero que establece la ley, acciones que son necesarias para el bienestar individual y colectivo de las y los trabajadores y sus familias, señala el documento.

El gasto propuesto para el IMSS suma un billón 10 mil 840 millones 800 mil pesos, de los cuales aproximadamente 62.9 por ciento se destinará al pago de pensiones y prestaciones en términos de la Ley del Seguro Social.

Asimismo, se incluyen asignaciones para el Programa de Atención a la Salud por 259 mil 640.7 millones de pesos y se destaca que tan sólo para el pago de pensiones el IMSS destinará 636 mil 461 millones 100 mil pesos.

Al destinar recursos para caminos y carreteras habrá desarrollo económico

VÍCTOR BALLINAS

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se destaca, en la exposición de motivos, que entre las acciones que se tomarán para detonar el desarrollo económico se encuentran la construcción de caminos rurales junto con la modernización y conservación de las red federal de carreteras y de vías alimentadoras, a fin de propiciar la comunicación en las comunidades que presentan altos índices de marginación y concentración de población indígena.

Entre los caminos rurales incluidos en el plan se encuentran Los Herrera-Tamazula, San IgnacioTayolita, Badiraguato-Parral, así como la ampliación y pavimentación del camino Zontecomatlán- Xoxocapa-Ilamatlán. Resalta que se impulsará la construcción de caminos para comunicar 350 cabeceras municipales en Oaxaca y Guerrero y se proponen recursos por 4 mil 23 millones de pesos.

En la exposición de motivos del proyecto del PEF 2022, se indica que con la finalidad de realizar un gasto más eficiente del dinero destinado a la infraestructura carretera para construir, modernizar y preservar en óptimas condiciones los tramos rurales y alimentadores a nivel nacional, así como mantener la eficiencia operativa de la red carretera destinada a garantizar el desplazamiento de pasajeros y carga entre ciudades y recorridos de largo itinerario, en el subsector se concentra la mayor proporción del presupuesto, por lo que se propone una inversión de 37.7 mil millones de pesos.

Este presupuesto incluye, entre otros, recursos destinados a proyectos del programa conservación rutinaria de tramos por 6 mil 868.3 millones de pesos, programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras por 4 mil 153.2 millones, proyectos para prestación de servicios por 5 mil 117.1 millones, entre los que destacan la construcción de la carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II, con mil 400 millones; la ampliación a cuatro carriles de la autopista QuerétaroIrapuato, con una erogación de mil 290.6 millones, y la México-Tuxpan, con un gasto programado de 825.6 millones de pesos.

Para asignaciones derivadas de proyectos de asociación pública y privada por 7 mil 355.3 millones de pesos, destacan los proyectos Arriaga-Tapachula por mil 49 millones, San Luis Potosí-Matehuala por 831 millones y Querétaro-San Luis Potosí por 787 millones.

Se indica que la carretera Los Herrera-Tamazula impulsará el desarrollo del sector minero al permitir la comunicación y acceso a la zona minera en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, identificada como una de las zonas de explotación más grandes de Latinoamérica.

Con esta vía se proporcionarán condiciones adecuadas para la atracción de inversión privada y el impulso económico de la región con el fin de proyectar al sector minero como un motor del desarrollo.

Por lo anterior, se propone en 2022 una asignación de 300 millones de pesos para continuar con los trabajos de construcción de los 101 kilómetros de longitud que comprende este tramo y que permitirá la comunicación terrestre entre Durango y Sinaloa.

Esta obra permitirá una mayor conectividad regional, lo cual dará importantes ahorros en el recorrido de hasta tres horas, lo que impactará el ámbito social y económico, además de dar accesibilidad a los servicios básicos de salud y educación a las 124 comunidades de Los Herrera, Altares, Ojito de Camellones, Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe de Urrea, Sahuatenipa y Chapotán en los municipios de Santiago Papasquiaro, Canelas y Tamazula.

Paquete fi nanciero es austero y atiende las necesidades de estados: Morena

DE LA REDACCIÓN

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, afirmó que el paquete económico 2022 es realista, austero y toma en cuenta las necesidades de los estados y municipios a fin de reactivar su economía y generar inversión.

El funcionario lamentó que existan políticos y autoridades que quieran revivir el Ramo 23, que usaba discrecionalmente una gran cantidad de recursos para las entidades y los ayuntamientos.

Agregó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que este lunes se realizará en la Cámara de Diputados, propondrá la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante el pleno el jueves 23 de septiembre a las 11 de la mañana.

La convocatoria tiene la finalidad de profundizar en el análisis económico del tercer Informe de gobierno, específicamente en lo relativo a la política hacendaria, así como del paquete para el ejercicio fiscal 2022, refirió Mier.

El coordinador de Morena en San Lázaro lamentó que aún existan algunos políticos y autoridades que exijan revivir el Ramo 23, con el que incluso los legisladores federales se convertían en cabilderos de los gobiernos estatales.

“Yo creo que esos políticos, gobernantes y autoridades deben estar convencidos de que no pueden existir nuevamente los fondos que se utilizaban de manera discrecional de espaldas al pueblo y que permitió que los diputados, en lugar de atender sus funciones legislativas, se ponían a atender los moches, bajar recursos, canalizar; se convirtieron en ejecutores, hacerle propuestas a presidentes municipales”.

Afirmó que para el siguiente año, el presupuesto dentro del proyecto para el Ramo 28, de participaciones federales a entidades y municipios, reporta un incremento nominal de 98 mil 87.4 millones de pesos con relación a lo aprobado el año pasado. “Es decir, vamos a pasar de 921 mil 402.6 millones en el presupuesto 2021 a un billón 19 mil 490.0 millones de pesos. Por lo anterior, en términos reales, la variación representó un crecimiento de 6.7 por ciento”.

Por otra parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que existe un compromiso, de la bancada priísta con los mexicanos que viven en los 132 pueblos mágicos, desde Tecate, Baja California, pasando por Real del Monte, Hidalgo, hasta Viesca y Múzquiz, Coahuila, para luchar por la recuperación de los recursos que estaban destinados a ese programa, desaparecido en 2019, y así asegurar la generación de empleos, desarrollo y estabilidad financiera para los pobladores de estos destinos culturales.

La SCJN reconoció el derecho de la mujer sobre su cuerpo: experto

EDUARDO MURILLO

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el aborto en Coahuila supera los alcances de otros casos en los que el máximo tribunal se ha manifestado sobre el tema, porque ahora sí se reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, afirmó Alex Alí Méndez Díaz, abogado y activista.

“En el fondo la diferencia es la pregunta constitucional que se responde. En la acción de 2007 la pregunta que respondió la Corte fue si la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México podía modificar la definición de aborto, del delito, y dijo sí, sí lo puede modificar, y por eso validó la reforma al Código Penal local.

“En el caso de Coahuila ahora la pregunta fue: ¿pueden los códigos no dejarle un plazo a la mujer para que decida?, y la Corte respondió: no pueden eliminar este derecho, esta posibilidad de que las mujeres decidan”, explicó Méndez, quien llevó varios de los primeros amparos sobre el aborto, que llegaron hasta la SCJN.

El abogado se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007 promovidas contra las reformas al Código Penal del entonces Distrito Federal, en donde se definió que no se comete el delito de aborto cuando ocurre antes de la decimosegunda semana de gestación.

Hasta ahora, la Corte había resuelto varios amparos y juicios constitucionales sobre el tema, pero en ellos sólo se manifestó sobre las facultades de los legislativos locales para normar su práctica o el derecho individual de las mujeres para acceder a esta intervención.

En el caso de Coahuila, la SCJN fue a fondo y gracias al nuevo sistema de jurisprudencias el sentido del fallo tendrá efectos generales, incluso en las 28 entidades donde sus códigos penales aún castigan el aborto con cárcel: “A partir de ahora las mujeres pueden hacer uso de estos argumentos para poder buscar la interrupción voluntaria en esos estados, y si se niega, poder activar los juicios de amparo que se requieren para que puedan cumplir su objetivo”.

Esto es, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en esas entidades aún tiene que pasar, en cada caso, por un juzgado donde deberán otorgar el amparo, con base en la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia.

Por ahora, únicamente en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo está permitida la interrupción en las primeras semanas.

El fallo de la Corte, además de permitir la práctica en el resto del país –amparo de por medio–, sienta una definición jurídica basada en la Constitución y en tratados internacionales que debe ser atendida por los gobiernos estatales y el federal.

“Es importante que el mensaje del ejercicio de derechos sea comunicado al personal médico, para que deje de tener en el centro la idea del delito, del Código Penal, como el punto de partida para la toma de decisiones médicas sobre el aborto. Creo que esa es una tarea principal y, por supuesto, los poderes ejecutivos tienen la facultad de enviar iniciativas a los congresos para estas adecuaciones de los códigos penales”.

Protestas en NL y Oaxaca

Grupos reducidos de Provida se manifestaron en Nuevo León y Oaxaca contra la despenalización del aborto. En la Explanada de los Héroes, en Monterrey, se enfrentaron verbalmente con feministas al contraponerse sus posturas. Al grito de “¡La maternidad será deseada o no será!”, jóvenes exigieron a las autoridades garantizar el aborto; sin embargo, los ánimos se exaltaron cuando las defensoras de la vida las insultaron e incluso algunas señoras rezaron y otras las señalaron con rosarios. Asimismo, unas 30 personas protestaron en Oaxaca para exigir a la SCJN respetar el principio de conciencia de los trabajadores del sector salud que se niegan a participar en la interrupción legal del embarazo.

Raúl Robledo, Yolanda Chio y Jorge A. Pérez, corresponsales

LLEGÓ LA ÉPOCA DE LA ELOTIZA En siete meses, 432 indagatorias contra mujeres por abortar

DE LA REDACCIÓN

Entre enero y julio de 2021 se abrieron 432 carpetas de investigación contra mujeres por haber abortado en 27 estados de la República, las cuales se deben revisar con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos de quienes realizan esta práctica en los casos permitidos, informó Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Subrayó que ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de criminalizar esa práctica de manera absoluta y su postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, coadyuvar en la revisión de casos.

Sobre las 432 indagatorias, 93 se encuentran en el estado de México, Nuevo León tiene 67 y en la capital del país hay 52. Siguen Tamaulipas, con 28; Querétaro, 22; Baja California y Guanajuato, 18; Hidalgo, 15; Veracruz, 14, y Michoacán, 13.

Aguascalientes y Sonora tienen 10 casos; Baja California Sur y Morelos, 7; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí, 6; Zacatecas, 5; Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, 4, así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit con 3.

Alanís Sámano recordó que el 8 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por abortar.

Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación, sostuvo la funcionaria.

La Arquidiócesis rechaza decisión de la Corte; “favorece la muerte”

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Arquidiócesis Primada de México, que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, rechaza la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la semana pasada declaró inconstitucional la penalización del aborto, y lamentó que en México “la ley se encamina a favorecer la muerte antes que la vida”.

En su editorial, el semanario Desde la Fe señala que el fallo “genera una visión machista más fortalecida, pues deja el problema de un embarazo inesperado a la mujer, sola, con todas las opciones abiertas y sin posibilidades reales de apoyo para dar vida.

“De manera sorpresiva, la SCJN resolvió rápidamente dos temas relacionados: que es inconstitucional penalizar el aborto cuando la mujer embarazada decida realizarlo, y que es inconstitucional que los Congresos locales le den personalidad al ser humano antes de nacer.”

Al respecto, la publicación señala que hay una gran contradicción con criterios de la misma Corte, lo que ha permitido en otras ocasiones que los congresos locales amplíen el catálogo de derechos humanos.

“Se refuerza así la tendencia legal de que el ser humano que no sea autónomo no merece la protección de la ley”.

Reitera que ambas decisiones dejan con más dudas que certezas como humanidad y sociedad. “Dejar la decisión del aborto de manera libre en la mujer embarazada, en primer lugar, invisibiliza al ser humano en gestación y, en segundo, al padre de ese ser humano, que no tiene posibilidad alguna, hasta el momento, de proteger la vida de su hijo, aun y cuando la Constitución federal dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ambos tienen el derecho a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. En esta resolución el hombre no cuenta, pero mucho menos el hijo”.

Agrega que los ministros de la SCJN determinaron que los estados no pueden dar personalidad al ser humano desde la concepción, pues no está en sus facultades modificar el concepto de persona. “Esta decisión, que niega a los legisladores locales la posibilidad de proteger al ser humano antes de nacer, es una invasión clara de facultades”.

Exhorta a todos los católicos a organizarse, a aquellos que ya lo han hecho desde hace mucho tiempo, enseñen a los hijos a respetar la vida y a buscar formar una familia que les dará la estabilidad necesaria para dar buenos frutos y seguir ayudando al prójimo.

Presupuesto para atender a migrantes no tendrá cambios, pese a crisis en el sureste

DORA VILLANUEVA

Con una crisis en el sureste del país que se ha vuelto el dique al que apuesta el gobierno federal para reducir el tránsito de ciudadanos centroamericanos que salen desplazados por la violencia y el hambre de sus comunidades de origen, los órganos especializados en dar atención a migrantes y refugiados tendrán menor o igual presupuesto el próximo año que ahora en 2021 y acumularán un recorte real de 17.1 por ciento respecto a los fondos que tuvieron en 2018.

Los recursos canalizados a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender a los migrantes no tienen minusvalías mayores respecto a 2021, pero este freno en la hacienda pública choca con flujos migratorios que se han multiplicado. De enero a julio, las solicitudes de refugio son 56.6 por ciento más altas que todas las recibidas en 2020 e incluso más del doble que las de 2018. El resto de personas en tránsito es mayor.

Con el presupuesto que actualmente hay para la atención a refugiados, prácticamente se atenderían con 690 pesos a cada una de las 64 mil 378 personas que han hecho una solicitud al gobierno mexicano en lo que va del año, dos de cada tres provenientes de Honduras y Haití.

A la política y servicios migratorios se prevén destinar mil 763 millones de pesos el próximo año. Al tener en cuenta el efecto de la inflación, el recurso prácticamente no cambia frente a lo presupuestado en 2021 al mismo fin. El Instituto Nacional de Migración (INM), principal destino de este gasto, tendrá mil 662 millones de pesos, sin un cambio anual, pero sí 16.8 por ciento por debajo de los fondos que tuvo cuatro años atrás.

Para la coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se proponen 58 millones de pesos, uno por ciento menos que en 2021 y 16 por ciento por debajo que cuando entró el gobierno actual. Sin comparación directa con el inicio de sexenio, debido a que antes se encontraba integrada con minorías religiosas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración tendrá un incremento anual de 2 por ciento.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas tendrá 42 millones el próximo año, 0.6 por ciento menos que el actual y 29 por ciento debajo de 2018; mientras toda la atención a refugiados también experimentará un recorte de 0.9 por ciento respecto al año pasado y un aumento de 53.5 por ciento respecto al inicio del sexenio, debido a las ampliaciones presupuestales que incorporó la Cámara de Diputados en 2019 y 2020.

“Al reconocer el fenómeno migratorio como parte relevante de la vida nacional, se fortalecerá la cultura sobre la migración (...), así como de la promoción del respeto y la valoración positiva de lo que las migraciones aportan a la cultura y al desarrollo de la nación”, comenta la Secretaría de Gobernación en los documentos entregados a la Cámara de Diputados. En salud, se duplican los recursos para el programa de asistencia pública de la Secretaría de Salud, en el que se inscribe el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y que, como consecuencia de las reformas a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, deberá atender a niñas, niños y adolescentes migrantes. Su presupuesto pasa de mil 598 millo-

▲ Los fondos actuales sólo otorgan 690 pesos para asistir a cada solicitante. En la imagen, cientos de migrantes salen de Tapachula, Chiapas, el 4 de septiembre. Foto Víctor Camacho

nes de pesos a 3 mil 475 millones y en éste 500 millones de pesos serán para construir albergues de menores en tránsito.

Esperan refugiados amparo ante negativa de expedirles una CURP

La SCJN votaría el procedimiento este mes para otorgarles derechos a la salud, educación y trabajo

EDUARDO MURILLO

Los migrantes que han solicitado el estatus de refugiados pueden tener una Clave Única de Registro de Población (CURP), con el fin de darles acceso efectivo a los derechos de salud, educación y trabajo, así lo propone un proyecto de sentencia que será discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El caso data de 2018, cuando nueve personas, procedentes de siete países distintos, solicitaron ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con base en el artículo 52 de la Ley de Migración (LM), el reconocimiento de su condición de refugiados por razones humanitarias.

Desde entonces, los migrantes han permanecido en nuestro país intentando obtener un trabajo formal, servicios educativos y de salud que les han negado la falta de un documento expedido por el gobierno mexicano que certifique su identidad, como la CURP.

En busca de este documento acudieron a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación sin lograr su cometido.

La LM permite otorgar este documento a las personas aceptadas como refugiados por razones humanitarias, pero los solicitantes no han tenido acceso a este derecho.

Derivado de la respuesta de la autoridad, los migrantes acudieron al amparo, donde denunciaron la violación a sus derechos “a la no discriminación, a la identidad y personalidad jurídica, así como el ejercicio de otros derechos derivados (salud o trabajo)”.

El juez de distrito que supo del juicio en primera instancia negó el amparo, por lo que se presentaron en un tribunal colegiado donde, ante la relevancia del tema, pidió a la SCJN atraer el asunto.

Así, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se hizo cargo del estudio y propone en su proyecto de sentencia otorgar el amparo, lo cual abriría la puerta para ampliar la protección a los migrantes.

En la propuesta se advierte “que las personas solicitantes de la condición de refugiado se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad y que, a pesar de que cuentan con derechos reconocidos, se han visto imposibilitados para acceder a ellos y ejercerlos efectivamente”.

En el proyecto se cita la última Encuesta sobre la Población Refugiada en México, de 2017, en la cual se apunta que había 54 mil 377 migrantes que habían solicitado este estatus.

El proyecto podría ser votado este mismo mes; si es aprobado por mayoría calificada, sentará jurisprudencia.

Analizan jesuitas causas de desplazamientos forzados

DE LA REDACCIÓN

La Compañía de Jesús exhortó a trabajar en las causas de la migración forzada en la región de Centroamérica. Tras analizar la problemática, la agrupación civil recomendó a los estados que realicen un cambio tributario que reduzca la desigualdad y los privilegios, y se encaminen a aumentar la productividad y mejorar el gasto público, entre otros.

Las representaciones del organismo en México y Centroamérica señalaron la necesidad de fortalecer a las micro y pequeñas empresas, así como un mercado común centroamericano y mercados locales de alimentos, además de promover un “empleo decente” y el acceso a tierras, recursos e infraestructura.

En el diagnóstico que hicieron sobre el tema, con base en el trabajo que realizan en Honduras, El Salvador, Guatemala y México, advirtieron que en la solución se requiere la colaboración y solidaridad entre países, sectores, organizaciones y personas.

La organización jesuita identificó siete causas estructurales de la migración forzada, entre éstas, la desigualdad de oportunidades para el desarrollo humano pleno asociada con un modelo económico; la desilusión hacia los procesos democráticos existentes y que se vincula con un modelo de Estado, y la deficiencia de los sistemas tributarios y de protección social. También la influencia del narcotráfico y el tráfico de armas, la inseguridad, militarización y sistemática violación de los derechos humanos; la vulnerabilidad frente a las amenazas inducidas por el cambio climático, así como el horizonte individualista de la vida unido al universalismo que prioriza las categorías globales sobre las locales.

Las provincias jesuitas advirtieron que, junto a la atención de las causas que generan la migración, las autoridades están obligadas a atender las necesidades inmediatas de ayuda humanitaria, asesoría u orientación legal y atención psicológica.

Otras propuestas son la universalización de la educación, la salud, el acceso al agua y al saneamiento como parte de las acciones para el bienestar de las personas. El documento plantea, por otra parte, que se deben fortalecer las fiscalías y organismos electorales, además de promover la construcción de puentes entre las élites y las bases.

Sancionan a 23 magistrados y 18 jueces por corrupción, hostigamiento sexual y laboral

El Consejo de la Judicatura Federal impuso las penas de 2019 a la fecha

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

De 2019 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sancionado a 23 magistrados de circuito y 18 jueces de distrito por comportamientos deshonrosos, entre ellos, hostigamiento sexual y laboral, nepotismo, así como corrupción.

En respuesta a una solicitud ciudadana de información pública, el Registro de Servidores Públicos Sancionados del CJF reportó 15 suspensiones del empleo, cargo o comisión, siete apercibimientos públicos y cuatro privados, seis amonestaciones, tres destituciones, dos inhabilitaciones temporales, así como una sanción económica, por mencionar algunos en contra de los impartidores de justicia.

La política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, a partir de la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha sido denunciar y dar seguimiento a estos casos. Asimismo, en su momento ha declarado que mantienen el compromiso de cero tolerancia a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.

Incluso la semana pasada, Arturo Zaldívar aseguró que desde que llegó a la presidencia del CJF se han iniciado más de 50 denuncias por acoso sexual y que hay tres jueces suspendidos, y no sólo eso, también dijo que dos jueces son investigados por el Poder Judicial de la Federación debido a que “llevaban años violando” a trabajadoras.

Entre los asuntos más trascendentes de los impartidores de justicia castigados por alguna irregularidad, se encuentra el caso del magistrado federal Fernando Reza Saldaña, integrante del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, a quien en enero de 2020 el pleno del CJF lo destituyó e inhabilitó por 10 años, acusado de hostigar de manera sexual a 10 mujeres y por contratar a la esposa del juez de Distrito de su mismo circuito, Javier Loyola

Dos impartidores de justicia “llevaban años violando” a trabajadoras

Sosa, en acuerdo y beneficio personal de dicho juez.

En ese entonces, el consejo de la judicatura informó que el togado también recibió una sanción y fue suspendido por “su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”.

A finales de marzo de este año, las autoridades suspendieron seis meses a José Luis Legorreta Garibay, magistrado federal del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa, Tabasco, por presuntos actos de violencia física, moral y sexual en contra de una colaboradora. Una semana antes, el magistrado Fernando Omar Garrido Espinoza, ex titular de Segundo Tribunal Tributario de Nayarit, también había sido inhabilitado por presunta violencia sexual “grave y prolongada” en contra de colaboradoras del propio tribunal.

A la lista se suma la destitución del juez Octavio Rodríguez Martínez, en abril, por actos de hostigamiento sexual, lo que el CJF consideró “falta grave”. Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, el juzgador estaba suspendido.

En mayo, el pleno cesó a José Luis Horta, juez federal que estuvo adscrito al distrito de Baja California por dejar en libertad a personas involucradas en el acopio y transporte de múltiples armas de fuego y cartuchos, y no vincularlos a proceso. Después de una investigación “profunda y un debido proceso sobre el caso”, determinó que el juzgador incurrió en un error inexcusable conforme a la normativa del Poder Judicial de la Federación, debido a que dictó su resolución con base en un tipo penal distinto al expuesto por la Fiscalía en su acusación.