ANTONIO GERSHENSON

Invasión española de norte a sur

ANTONIO GERSHENSON

La competencia que supuestamente permite el aumento de la calidad de la producción, de la demanda y oferta equilibradas y del abastecimiento seguro a la población que consume servicios y productos es, en realidad, la fórmula para hacer crecer las ganancias y para acumular mayor capital.

Sabemos que un modo de generar mayor producción, aunque no sea la calidad su prioridad, es apoyarse y exigir la competencia para generar mayores divisas y no sólo eso, sino que las oportunidades de desarrollo y crecimiento, se van circunscribiendo únicamente a quienes cuentan con una planta laboral mayor a 251 personas contratadas y ventas de servicios por más de 3 millones de pesos. En esta forma de comerciar se observa la lucha de clases.

De tal forma que las vendedoras españolas de energía, Repsol e Iberdrola, son grandes empresas. Y ambas se promueven como las máximas beneficiarias para su amplia clientela mundial. Apoyan, según sus videos promocionales, en todos los rubros a la sociedad a la que le venden sus productos. “Estamos presentes en México desde 1999. En 2018, apostamos por un importante proyecto de apertura de estaciones de servicio, que actualmente suman más de 200 repartidas en 19 entidades”.

En su publicidad aseguran “Trabajamos también en Upstream, Lubricantes y Química, apoyándonos en empresarios locales, siempre con la calidad y transparencia como pilares fundamentales”. Hasta la fecha, desde 1999, las cuentas no han quedado claras, pues existen deudas con inversionistas locales y deudas morales con la población nacional.

Los resultados de su estancia en el país, evidencian grandes violaciones a la normatividad y a las leyes mexicanas. Pero también, los dueños de las empresas españolas, han mostrado una total falta de ética profesional. Son ejemplo de empresarios sagaces de “negocios tramposos” permitidos, por supuesto, por los jefes del Ejecutivo en turno.

Es importante hacer ejercicios de búsqueda, es nuestro deber civil. Cualquiera podrá indagar, por ejemplo, a través del ICEX España Exportación e Inversiones, o accediendo a cualquier acervo en diversas plataformas, la información es pública. Consulten los datos y podrán hacer cuenta de la enorme pérdida de recursos naturales. Se puede calcular, aproximadamente, a cuánto asciende el desfalco monetario y con datos de fuentes directas, obtendremos la causa de la insólita “traición a la patria” que los ex presidentes tecnócratas y neoliberales, consolidaron en sus administraciones.

En reciente conferencia matutina, Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), recordó algunos casos donde las trasnacionales han sido las únicas beneficiadas con la explotación de los recursos naturales mexicanos y con la venta de servicios, ilógicamente, caros. Mencionó, por supuesto, a las más estafadoras probablemente del siglo XXI. Ya sabemos que son la petrolera Repsol, Iberdrola comerciante de energía renovable y no renovable, o la Astillera de Vigo, una firma en quiebra, rescatada por Pemex. Esta última adquirida a sobreprecio –51 por ciento de las acciones–. El fracaso de este “negocio” fue la construcción de barcos llamados floteles, con capacidad para 600 personas con la necesidad de pernoctar. Ninguno se utilizó.

Fuero n 80 millones de euros, alrededor de mil 866 millones de pesos, los que desembolsó Petróleos Mexicanos. No se obtuvo ningún beneficio por esta compra. Con este tipo de despilfarros, disfrazados de inversiones, estaban logrando la quiebra de la paraestatal.

Podemos hacer una larga lista de “pésimos negocios”, según refirió Octavio Romero. Los contratos fueron una especie de permiso, aparentemente legal, para el robo al país y a un sinnúmero de incautos empresarios locales.

El ex presidente Felipe Calderón, también nos debe una explicación por los fraudulentos contratos a Repsol. Los ingenieros de esa compañía española, se dedicaron a simular la perforación de pozos existentes, para la extracción de gas natural en la cuenca de Burgos, pero tampoco se obtuvieron las ganancias y la cantidad del hidrocarburo prometidos. Los pozos explorados, eran casi estériles, señala el director de Pemex: “Tan sólo en una perforación se pagaba a la compañía 4.2 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos mensuales, durante cinco años, por no transportar absolutamente nada”.

Así que permitir el robo a las empresas ya mencionadas y a otras como Astillera de Vigo, OHL y otras más, ha sido una verdadera nueva invasión al país, de norte a sur. La “tregua” o respiro, de que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con una simple pausa para poner en claro la actitud de dichas empresas. No se trata de romper relaciones diplomáticas o de un desplante nacionalista. Pero sí dejó en claro que se revisarán los contratos y resultados. El pueblo de México no está dispuesto a continuar con el engaño como única forma de intercambio comercial. Ni con España, ni con ningún otro país del mundo.

Los contratos fueron una especie de permiso, aparentemente legal, para el robo al país y a un sinnúmero de empresarios locales El entuerto salarial universitario

JORGE DURAND

El sistema universitario mexicano se caracteriza por ser desigual en cuanto a recursos, prebendas, condiciones laborales y salariales. En realidad, sería casi imposible establecer condiciones parejas, pero se podría aspirar a que no fueran tan desiguales.

La disparidad no sólo se da entre las universidades públicas y privadas, también entre las publicas nacionales, citadinas o estatales, y dentro de las mismas.

En muchas universidades, además del escalafón tradicional por categorías, los profesores pueden acceder a uno, dos, tres e incluso cuatro ingresos. Aunque en realidad, sólo uno es propiamente el salario y los otros son becas, estímulos u otros.

El salario universitario ha perdido notablemente su valor real, al igual que el salario mínimo neoliberal de los últimos 30 años y los aumentos nunca han superado 4 por ciento anual. Por eso se otorgan complementos salariales, para conjurar de alguna manera una explosión social y para fragmentar al profesorado universitario, que está más preocupado en acceder a recursos complementarios, que a organizarse. Rara vez hay una huelga de un sindicato universitario para demandar una mejora salarial.

El salario nominal es tan bajo que una de las prestaciones, la de la antigüedad de 2 por ciento de incremento anual, puede significar, con el tiempo, un incremento salarial de 30, 50, 70 por ciento, o más, del salario que ganaría un recién ingresado.

El segundo ingreso al que puede acceder un buen número de profesores es el de estímulos a la docencia que otorga la SEP. Se trata de un sistema parecido al Sistema Nacional de Investigadores (SIN), para fomentar la calidad en la docencia, la formación continua, mejoras en los planes de estudios, participación en academias, tutorías, etcétera. En algunos casos el sistema de estímulos funciona bien, en otros regular y en muchos otros es una verdadera angustia, tortura burocrática y dilema existencial. Los sistemas de puntaje varían de acuerdo con cada universidad y los periodos pueden ser anuales, bianuales o trianuales, lo que marca una gran diferencia. Este ingreso, es gravado con impuestos, pero no se considera como salario a la hora de la jubilación, una triquiñuela más de la Secretaría de Hacienda que afecta a los universitarios.

El tercer ingreso, al que pueden acceder los profesores que cuenten con doctorado y que se dediquen a la investigación, es concursar al SNI. La beca, puede significar un ingreso adicional de 30, 80 o 100 por ciento del salario neto, lo cual depende del nivel alcanzado. Ciertamente es un gran apoyo, para este sector del profesorado, pero mantenerse y subir de nivel implica un trabajo y un estrés considerable. En este caso, se trata de una beca y no se aplican impuestos, por lo que tampoco se considera como parte del salario a la hora de la jubilación.

Los investigadores que están en el SNI también pueden acceder a los estímulos de la SEP y lo que para algunos profesores significa un segundo ingreso, para éstos es el tercero. Otros profesores, los llamados técnicos académicos, que también pueden ser docentes y los profesores de asignatura, no pueden acceder a los estímulos y se quedan con su magro salario, sin ninguna compensación.

Es posible que algunos profesores puedan percibir otro ingreso, que se sitúa en territorio fronterizo. Algunos de ellos, de tiempo completo, pueden acceder a contratos parciales, medios tiempos e incluso tiempos completos, en otras instituciones públicas o privadas. Una sobrexplotación derivada, obviamente, de los pésimos salarios y el sistema de estímulos.

Finalmente, en algunas universidades y centros de investigación, se puede obtener a otros ingresos por concepto de proyectos, investigaciones, asesorías o consultorías, que se consideran como recursos externos y existen varias fórmulas para acceder a ellos. Estos recursos tienen un overhead (comisión por gastos institucionales) que puede oscilar entre 30 y 40 por ciento y que queda en la institución, lo que resta permite contratar a personal y pagar a los investigadores. Para lograr que esto funcione, y remunerar el trabajo realizado se hicieron fideicomisos y fundaciones. Pero ya se suprimieron muchos fideicomisos y por tanto la posibilidad de contar con recursos externos y overhead está cancelada. Por el contrario, todas las grandes universidades del mundo incentivan la búsqueda de recursos externos.

El entuerto del sistema salarial universitario promueve la búsqueda de ingresos adicionales por dentro y por fuera del sistema. Es una carrera de resistencia, hay que competir por cambiar de categoría, por mayor nivel de estímulos, por ingreso y permanencia en el SNI y por acceso a recursos externos. Cada trámite o convocatoria implica mucho trabajo burocrático, tiempo perdido, estrés, esperanzas y desengaños.

Los profesores de asignatura forman la base del sistema de trabajo precario universitario y tienen que esperar años o décadas para poder acceder a una plaza y, los que la tienen no pueden jubilarse, porque pierden todos los recursos “adicionales”, pero que en realidad serían equiparables a un salario normal.

Un verdadero entuerto, que significa literalmente: “perjuicio o daño que se causa injustamente a una persona”, a toda la comunidad universitaria.